La (in)necesaria reconciliación social en Colombia.

8/14/2019 La (in)necesaria reconciliacin social en Colombia.

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La (in)necesaria reconciliacin social en Colombia.**Una invitacin a debatir la relacin violencia / poder.

Daniel Castao Zapata

Introduccin

Pero es que cul perdn? yo pienso esto: si all donde yo estudio hicieron eso, unencuentro de vctimas y victimarios, y me pareci lo ms absurdo, porque no contaroncon todas la vctimas? contaron solo con 10 o 15. Porqu no contaron con todas? a mme pareci tan horrible que ellos pidan perdn, pero a quin le estn pidiendo perdn?,porqu no le piden perdn directamente a la persona que afectaron?, nos estn pidiendo perdn a nosotros y nosotros vamos a perdonar algo que no sabemos a quin

hicieron y cunto dao ms hicieron? Que se pare el que me mat a mi hijo y me diga: perdneme , y eso ya es otra cosa. Pero van y ponen unos payasos, porque para mi son payasos. Y yo dije,dios mo, estos para mi son payasos . Perdn?, perdn?, cuntodao nos hicieron?, cuntas familias mataron?, ellos creen que es as de fcil,matamos un nio y perdn? mataron una familia entera y perdn? No, es a esa familia,a cada uno a quien le deben pedir perdn. Que es a la sociedad, pero si la sociedad losest aceptando tal y como estn, de hecho los apoyan.Entonces yo con eso no estoy, eso yo no lo acepto, y a mi eso no me parece. Yo piensoque para uno pedir perdn es porque uno tiene un arrepentimiento de corazn, y que sifue esta la persona que afect, a esta persona es que le voy a decir perdnem e. Y uno,si le nace, uno los perdona.Pero una madre no olvida. Yo revivo eso a cada rato, yo revivo la muerte de mi hijo,tanto, tanto, tanto que yo digoDios mo, cundo se va a acabar esto?, porque yo tengotemporadas en que a m me despierta el tiro, como yo estaba ah sentada con l,entonces me despierta como la explosin, y en el momento que abro los ojos me pareceque lo estoy viendo caer. Luego miro y estoy sola.

(Fragmento de entrevista realizada, en Febrero de 2008, a una vctima del conflictoarmado en la ciudad de Medelln)

En principio, este texto buscaba ser un acercamiento al problema del perdn en

el posconflicto colombiano; interrogando, desde algunos datos y acercamientosempricos el proceso de reinsercin social de excombatientes. Sin embargo, el perdn, como acto unilateral, como don, no puede ser considerado un fenmeno poltico, y desarrollar, a partir de all, lecturas que consideren a los acuerdosde paz, y a los programas de reinsercin social de excombatientes como

polticas del perdn, sera anular su naturaleza desinteresada, trivializar su sentido y profundidad: reducirlo a ser un elemento ms en una relacin social de intercambios. De manera que, en cierto sentido, hablar del perdn comoobjeto de programas sociales de reconciliacin sera desconocer su condicinde acto fundamentalmente libre, azaroso, imposible de ser aprehendido por

poltica estatal alguna.

Politlogo. Doctorando en Ciencias Sociales, UBA/CONICET** Presentado en las Primeras Jornadas Debates Actuales de la Teora Poltica Contempornea

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Las negociaciones polticas que afectan y definen la continuidad de un conflicto armadointerno, moldean a su vez las caractersticas de una nueva institucionalidad de posguerra, en la que, al menos potencialmente, se asiste a la reconstruccin social ymaterial del Estado. Actualmente en Colombia, se desarrolla un Programa deReinsercin a la Vida Civil de cerca de 31.0001 excombatientes de grupos paramilitares(PRVC). Este proceso ha sido interpretado por distintos analistas desde dos miradasopuestas: Por un lado, como el triunfo de la paz negociada y la recuperacin delmonopolio de la fuerza por parte del gobierno nacional; y por el otro como lainstitucionalizacin de rdenes de facto locales, conseguidos a partir del monopolio dela economa y la violencia en diversas zonas del pas. Conciente de la enorme distanciaterica y poltica que existe entre ambas lecturas, y de la importancia de construir ydefender el pensamiento crtico en Colombia, propongo en este trabajo hacer unacontribucin que complejice ambas miradas.

Especficamente me interesa indagar las caractersticas del proceso de reconciliacinsocial entre los excombatientes y los no combatientes en las comunidades dondeactualmente se desarrolla el PRVC. Ubicarnos analticamente desde este punto nos permite articular la discusin en torno a una pregunta fundamental: existe una relacin

antagnica entre el ejercicio de la violencia y el poder? Los intentos de respuesta a esta pregunta son una invitacin a la discusin, y el primer paso para lograr la construccincolectiva de nuevos marcos analticos e interpretativos del conflicto y el posconflicto2

en Colombia.

En el texto se esbozan los trminos para un debate ms amplio, y que en algn momentoser necesario desarrollar completamente, con algunos postulados en torno a la

violencia y la poltica formulados por Arendt (1958) y Habermas (1973). Pero en este1 Segn el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario: El proceso permiti la desmovilizacin de 31.671 integrantes de estas agrupaciones, entreellos aproximadamente 18.000 hombres en armas21 en 38 eventos que se extendieron entre el 25 denoviembre de 2003, cuando se desmoviliz el bloque Nutibara en Medelln, y el 15 de agosto de 2006,cuando lo hizo el bloque lmer Crdenas. Observatorio de Derechos Humanos y DIH. Impacto de laPoltica de Seguridad Democrtica sobre la confrontacin armada, el narcotrfico y los derechoshumanos. Presidencia de la Repblica: Bogot, 2008, Pg, 622 Reconociendo la complejidad del trmino posconflicto, en este texto lo utilizaremos para referirnos aal proceso que implica la reinsercin de decenas de miles de excombatientes ilegales, y los procesos deesclarecimiento de la verdad histrica, y reparacin y restitucin de tierras a las vctimas, que, dentro dela continuidad del conflicto armado, se viene desarrollando en Colombia desde finales de 2003, y que haimplicado la pacificacin y reestructuracin del poder poltico y econmico en distintas zonas del pas.Hablamos entonces de escenarios locales de postconflicto dentro del conflicto.

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caso, he buscado establecer algunas mediaciones, tanto tericas como histricas, quenos permitan cuestionarnos, y nos sealen el camino para pensar a partir de otrosmarcos filosficos la actualidad del conflicto armado en Colombia.

El texto est organizado de la siguiente manera; en la primera parte se hace una brevecontextualizacin del problema histrico que nos preocupa: el postconflicto enColombia, concretamente el proceso de reinsercin social de excombatientes paramilitares. En un segundo momento, y dando inicio a la discusin propiamenteterica, se trazan algunas lneas para construir una respuesta a la pregunta EnColombia, la violencia y la poltica son antagnicas? En este punto se dialogacrticamente con la investigacin y el marco terico utilizado por Alejandro Reyes(2009) para interpretar la relacin entre la guerra y la tenencia de tierra en Colombia, para lo que recurro a investigaciones y acercamientos empricos que chocan con losargumentos y la tradicin filosfica de la que se nutre. Luego, en la tercera parte deltexto, se esbozan algunas referencias que sealan una direccin a partir de la cualrastrear etnogrficamente las caractersticas de la relacin entre la violencia y el poder;en este momento, el mas emprico del texto, se ponen en dialogo los postulados tericos presentados en el segundo punto con testimonios relevados entre 2007 y 2009.

Finalmente, cabe aclarar que en este texto, no se encontrarn conclusiones, sino que,desde su inicio debe comprenderse como la presentacin de una nueva hiptesis y unnudo de discusin sobre el cual seguir trabajando, por ello de ninguna manera procuroarrogarme alguna pretensin de verdad ni de representatividad. Es simplemente unainvitacin al debate.

I. La reinsercin social de excombatientes paramilitares.

Colombia tiene una larga historia de desmovilizaciones de grupos armados; casi todasdesarrolladas en la dcada del 90 y protagonizadas por organizaciones guerrilleras demuy distinta ndole; no obstante, el caso que nos atrae en este anlisis es el de ladesmovilizacin de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo paramilitar que desde mediados de los ochenta cometi crmenes de lesa humanidad por los cuales, al da de hoy, se le imputa la muerte de ms de 10.000 civiles; manifest en

el mes de octubre de 2002 su voluntad de desmovilizarse. En ese momento, el pas tuvoque preguntarse porqu negociar con paramilitares?, esto es, bajo qu principio

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justificar la negociacin con grupos paraestatales como las AUC, cuyo accionar histricamente no se defini como una lucha poltica armada? La respuesta a estas preguntas no dependa de la voluntad negociadora del gobierno de Uribe, sino querequera la modificacin de la Ley de Orden pblico (Ley 548) que no permita negociar por igual con movimientos guerrilleros y paramilitares, considerados stos ltimos, ungrupo armado criminal.

Para negociar sera necesario convertir los mviles de los paramilitares en razones polticas de lucha armada, y de esa manera, reconocer un estatus poltico a unaorganizacin paramilitar que nos se configur como estructura poltica, sino que secaracteriz por ser un ejrcito privado al servicio de lites econmicas regionales. Noobstante, en el ao 2002, la ley 782 ampli la posibilidad de negociacin a todas lasorganizaciones armadas partcipes del conflicto interno. Con esta jugada poltica seincluy en la negociacin a los paramilitares, dejando por fuera a la delincuencia comny los narcotraficantes. As, apoyado en el marco jurdico que le brindaba esta ley, juntocon la ley 762 del Derecho Internacional Humanitario, el gobierno colombiano legalizy dio comienzo, el 23 de diciembre de 2002, al proceso de paz con las AutodefensasUnidas de Colombia, que finaliz el 15 de julio de 2003 con la firma del acuerdo de

Santa Fe de Ralito, en el que se expusieron diez compromisos recprocos por parte delgobierno y los paramilitares tales como desmovilizar la totalidad de los miembros de lasAutodefensas a mas tardar el 31 de Diciembre de 2005, garantizar las condiciones deseguridad de dichos ex miembros, el cese total de hostilidades, y no apoyar elnarcotrfico. A partir de esa fecha, y al da de hoy, se han registrado ms de 31.000desmovilizaciones de excombatientes ilegales de las AUC.

El modelo de implementacin de dicha desmovilizacin y los beneficios allestablecidos quedaron estipulados en la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) y en elDecreto 128 de 2003, los cuales dan cuerpo y fundamento legal al Programa deReinsercin a la Vida Civil (PRVC), objeto de nuestro estudio.

El PRVC se estructura alrededor de dos componentes bsicos:

- El componente de Asesoramiento Jurdico, con el que se busca resolver la situacin penal de los desmovilizados para que puedan ejercer sus derechos civiles con

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normalidad; y que estipula que slo sern judicializados quienes, al momento de ladesmovilizacin, tengan denuncias en su contra por crmenes de lesa humanidad (cercadel 10% de los integrantes de las AUC), que en ningn caso tendran penas mayores a 8aos de crcel; y, en caso de no poseer denuncias en su contra, el excombatiente esindultado y pasa a recibir los beneficios establecidos en el Componente de AsistenciaSocioeconmica.

- El componente de Asistencia Socioeconmica; consiste en un estipendio de dineromensual, para la manutencin del excombatiente y su familia (aprox US 200), laafiliacin al rgimen subsidiado de salud para l y su grupo familiar, educacin bsica ymedia, y capacitacin para el trabajo para el excombatiente; el desarrollo de tallerescolectivos e intervenciones individuales de asistencia psicosocial, y la asignacin de uncapital semilla para el desarrollo de un proyecto productivo; todos ellos por un periodode tiempo que oscila entre los 18 y los 24 meses, con la finalidad de lograr un procesode integracin social poco traumtico para los excombatientes, sus familias y lacomunidad receptora.

El PRVC, al igual que los quince procesos de desmovilizacin desarme y reinsercin

que actualmente existen en el mundo, se articula en torno a dos presupuestos: a) Larazn del programa es la reduccin de la violencia armada en la sociedad, y para ello elEstado debe elaborar una propuesta atractiva que logre comprar la voluntad de paz delos combatientes, y as evitar, bajo la coaccin de la prdida de los beneficios del programa, que vuelvan a ser una amenaza para la seguridad fsica de los habitantes de laciudad; y b) El modelo de reintegracin requiere que los excombatientes abandonen ytransformen su mentalidad militar o violenta, a cambio de una mentalidad legalista y

ciudadana, es decir, el PRVC puede ser definido como un dispositivo de pacificacinque construye a sus beneficiarios al tiempo que los asiste3.

3 En la actualidad existen 15 programas de DDR (Desarme, Desmovilizacin, Reinsercin) enfuncionamiento, algunos en sus primeras fases y otros en sus etapas finales. Estos programas, situados endistintos continentes: uno en Amrica (Colombia), tres en Asia (Afganistan, Indonesia y Nepal), y onceen frica (Angola, Burundi, Chad, Cte dIvoire, Repblica del Congo, Rwanda, Sudan y Uganda),desarrollan modelos de implementacin autctonos para cada una de sus fases, respondiendo a lasnecesidades y caractersticas especficas del conflicto armado vivido.

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La importancia y magnitud del proceso no se pone en duda, basta con sealar que,solamente en la ciudad de Medelln, durante los primeros cinco aos de implementacindel Programa de Reinsercin, se logr el retorno a la legalidad de los 4.200desmovilizados de los Bloques Cacique Nutibara, Hroes de Granada, Hroes de Tolovy algunos otros que actuaban en la ciudad y sus alrededores, de los cuales, cerca del80% continan activos en el programa. De manera que, aun teniendo en cuenta losreveses propios de este tipo de procesos, en los cuales se estima que cerca del 15% delos excombatientes retornen a la ilegalidad, el PRVC incorpora cambios profundos en ladinmica de la guerra en Colombia, y es necesario defenderlo como intervencin socialdel Estado y como estrategia de reduccin de la violencia armada.

As, a medida que se comenz a desarrollar el programa, se operaron simultneamentecambios drsticos en el mapa de la violencia del pas, generando, en sus primeros aosde implementacin, una significativa reduccin en la cifra de homicidios4. Estareduccin de la violencia extrema extendi, de la mano de distintos analistas y mediosde comunicacin, la idea de quela pacificacin social que vino de la mano de ladesmovilizacin de las AUC es producto del triunfo del Estado sobre la violencia

ilegal.

Sin embargo, este tipo de lecturas del nuevo escenario de la violencia desconocen(desconocen?) la idea cada vez mas acentuada que seala ala reduccin de los actosviolentos que vino luego de la desmovilizacin como un producto de la estabilizacin,

y en algunos casos legalizacin, del dominio paramilitar en sus zonas de influencia, y

no de la recuperacin e instauracin del poder del Estado.

Sobre esta hiptesis reflexionaremos a continuacin, y a partir de ella ingresaremos enla discusin que nos interesa y que define las caractersticas de la actualidadcolombiana: la violencia es la anttesis del poder?

II. La relacin Violencia / Poder

4 Ms adelante veremos que, segn informes recientes, en el primer semestre de 2009, en la ciudad deMedelln las cifras de homicidios volvieron a dispararse, alcanzando picos cercanos a los registradosentre 2002 y 2003.

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En una de las ltima investigaciones publicadas respecto del escenario de la guerra enColombia despus de la desmovilizacin de las AUC: Guerreros y Campesinos, eldespojo de la tierra en Colombia (Reyes, 2009), se seala que la violencia Colombianaha sido capaz de destruir el poder de la sociedad para plantear y resolver sus conflictos,causando una parlisis social prolongada, pero incapaz de generar nuevo poder.5 Segnesto, el caso colombiano demuestra que la violencia sistematizada impide reformar lasinjusticias estructurales que se pretende superar y, al contrario, ofrece ventajas al crimenorganizado y a todas las conductas predatorias de enriquecimiento mafioso y violento6

El trabajo de investigacin de Reyes en torno al proceso de despojo de la tierra enColombia es significativo por varias razones, una de ellas es la larga trayectoria delautor en esta temtica que redunda en una amplia documentacin y recoleccin empricade datos, sistematizados y presentados en su libro, ofreciendo un completo y minuciosoacercamiento al proceso de contrareforma agraria que, desde hace al menos una dcada,tiene lugar en Colombia. En este proceso, unas pocas familias de hacendados y seoresde la guerra, se han apoderado de casi seis millones de hectreas de las tierras msvaliosas del pas, reas de colonizacin agrcola y cultivos ilcitos. Pero paradjicamente, esa misma reconstruccin de la contrareforma que el autor ofrece,

contradice la hiptesis que busca defender y que apunta hacia la idea, que toma deArendt, de que la violencia y la poltica son mutuamente excluyentes. Sobre estodiscutimos a continuacin.

Arendt, en La condicin humana (1958), seala que la caracterstica de la Accin, comoactividad propiamente humana, es que siempre produce un nuevo comienzo, productodel consenso y la discusin racional de los sujetos. De manera que los hombres,

destinados a morir, son plenamente humanos en la medida que dan origen una y otravez a las condiciones de su sociabilidad.

Expuesta de manera brutal, pues Arendt es supremamente mas sutil y precisa en laconstruccin de sus argumentos, esta nocin, que posteriormente retomara Habermas(1976), segn la cual la voluntad de los sujetos, al estar libres de coacciones externas,

5 Reyes Posada, Alejandro.Guerreros y Campesinos: el despojo de la tierra en Colombia . Bogot: GrupoEditorial Norma, 2009, p. 1.2009:16 Ibdem.

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no puede ms que redundar en decisiones consensuadas y orientadas a la construccinde una sociedad cuya poltica es fundamentalmente legtima; esta ideal comunidad delhabla, en la que los sujetos discuten, definen y legitiman las decisiones de sus polticos, porque las reconocen como oportunas y moralmente aceptables segn su tradicincultural, segn su mundo de la vida, tiene al menos dos flancos de debilidad: a) lascondiciones de reconocimiento y aceptacin pueden ser producto de colonizaciones ofiltraciones de mbitos no estrictamente polticos, como la vida privada y la economa,en los espacios de discusin y decisin poltica. Esta colonizacin o mixtura entre losocial y lo poltico va a ser leda por los autores como una contaminacin del mbito puro de la poltica, y b) los espacios de discusin poltica corren el riesgo de ser controlados por lites econmicas que definan los criterios de reconocimiento ylegitimacin social, con lo cual la sociedad sera conducida a perseguir fines que laapartan de sus intereses y de la idea del bien comn.

Reyes, como hijo de esta tradicin terica, afirma que la creacin de la comunidad poltica es producto del consenso, y por lo tanto, la guerra en Colombia no ha sido msque la instrumentacin de la violencia por parte algunas lites econmicas con el fin deincrementar su capital a partir de la tenencia de tierras, pero dicho dominio territorial y

constante ejercicio de la violencia no puede ser considerado como un proceso deconstruccin del poder. Es lgico que desde su anlisis, que parte del presupuestoarendtiano de oponer la violencia al poder, no vea en este uso privado de la violencia de la que da cuenta magistralmente la presencia de aquello que define propiamente ala poltica, al Estado moderno, y al contrato social: la violencia originaria.

Se desconoce entonces que ese Estado moderno y el contrato (ficticio) del que este es

consecuencia, no son ms que el ocultamiento, que no quiere decir superacin nierradicacin, de la violencia que est en el origen mismo de la poltica. De all que, a pesar de la cantidad de material y evidencias de que dispone, las transformaciones en elmapa de la violencia en Colombia despus de la desmovilizacin de las AUC no seaninterpretadas por Reyes como la construccin de un nuevo poder, sino como eldesmonte de los paraestados regionales que destruyen la democracia y corrompen lasfunciones estatales.7

7 Reyes, Guerreros y Campesinos. Op cit. pg. 11

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En otra investigacin, publicada recientemente por ODECOFI, Colciencias, y el CINEP(2008), Echanda reflexiona sobre algunas dimensiones territoriales del conflictoarmado en Colombia. Se plantea all que la dinmica de los homicidios y masacrescometidas por los paramilitares entre 2002 y 2007 ha tenido una tendencia dedisminucin progresiva,8 de igual manera, all podemos observar que, teniendo encuenta la evolucin de la actividad de los grupos armados ilegales, y los combates conlas fuerzas armadas entre 1987 y 2007, la relacin de conflicto entre los grupos paramilitares y las fuerzas armadas ha sido histricamente la de menor intensidad, y a partir de finales de 2003 sta ha declinado hasta desaparecer .9

Fuente y procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,Vicepresidencia de la Repblica10

8 Echanda Castilla, Camilo. Dimensiones territoriales del conflicto armado y la violencia en Colombia .En Hacia la reconstruccin del Pas , Gonzlez, Fernn (Ed). Bogot: CINEP-ODECOFI. 2008: pg. 97

9 Ibidem. pg. 75. La informacin y grficos presentados por Echanda tienen como fuente el Informesobre el Impacto de la Poltica de Seguridad Democrtica del 2008, elaborado por el Observatorio delPrograma Presidencial de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario, del cual l hace parte.

10 1. Las guerrillas responden a la iniciativa de paz del Gobierno Barco escalando las hostilidades.2. Las acciones de las Farc llegan a un nivel muy alto como respuesta a la ofensiva militar contra

Casa Verde.3. Tras la terminacin de las negociaciones con las Farc el Gobierno Gaviria da inicio a la guerraintegral.

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Ahora bien, quiere decir esto que el Estado colombiano le gan la guerra al paramilitarismo, y que la negociacin del conflicto implica el renacimiento de la poltica en aquellas zonas y comunidades que estaban bajo el dominio paramilitar almomento de la desmovilizacin?11

Para dar respuesta a la pregunta formulada y exponer el sentido de las hiptesis propuestas, en adelante articular la discusin terica con algunos testimonios deactores claves en el proceso de reinsercin social de los excombatientes; no sin antesaclarar que aqu, el uso de este material emprico no pretende mas que ilustrar elanlisis, por lo que se aleja de su tratamiento como material demostrativo.

Seala Reyes que los nicos lmites que pueden alterar el curso de la espiral deviolencias son los acuerdos polticos entre adversarios colectivos, que establecen nuevaslegalidades para enmarcar las formas de tramitacin de los conflictos sociales. Esosacuerdos, y el poder que generan al permitir a los participantes actuar en concierto, sonlos hechos sociales que se oponen a la violencia.12 Si seguimos esta lnea argumental,

podramos decir entonces que la reduccin de los ndices de homicidios y masacres por parte de grupos paramilitares a partir del 2003 describe un escenario en el que laviolencia es superada por el dilogo y la negociacin entre el gobierno y las AUC, y que

4. Las Farc y el ELN ponen en marcha la realizacin de acciones contra la Fuerza Pblica con el propsito de despedir al presidente Gaviria y hacer demostraciones de fuerza ante el nuevo Gobierno.

5. Las Farc con el ataque a la base de las Delicias inician la campaa ms importante contra laFuerza Pblica.

6. Se produce la ms fuerte escalada guerrillera en la administracin Samper en medio delsabotaje de las Farc al proceso electoral del 26 de octubre.7. La recuperacin de Mit que coincide con el reinicio de las negociaciones con las Farc, marca

el comienzo de la trasformacin militar en el Gobierno Pastrana.8. Las Farc registran su ms elevado nivel de actividad tras la terminacin de las negociaciones

con el Gobierno Pastrana.9. El Gobierno Uribe logra una clara superioridad militar y obliga a los grupos irregulares a

disminuir su accionar.

11 Antes de continuar, y dar respuesta a la pregunta formulada, es importante hacer una aclaracin: Comose dijo arriba, este texto busca problematizar algunos presupuestos que construyen la interpretacin quetradicionalmente se hace del conflicto colombiano. Busco exponer algunas hiptesis alternativas, y lasrazones por las que considero que ellas pueden abrir nuevos sentidos al estudio de posconflicto enColombia, pero estas hiptesis son, adems de iniciales y tentativas, fundamentalmente una invitacin alejercicio del debate y la continua investigacin.12 Reyes, A. Guerreros y Campesinos. Op, cit. pg. 18

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las comunidades donde antiguamente operaban estos grupos han sido recuperadas por el Estado.

En su informe sobre el impacto de la poltica de seguridad democrtica, publicado afinales del 2008, el gobierno seala que a partir de 2007 no se registran combates de lasFuerzas Militares contra los grupos armados de autodefensa o paramilitares.13 Sinembargo, otras fuentes sealan que es justamente a partir de finales de 2007 que lasnuevas manifestaciones del paramilitarismo se tornan el principal actor del conflictoarmado. Como se ve en el siguiente grfico:

Evolucin del accionar de los Grupos Armados en los ltimos 20 aos

Fuente: Corporacin Nuevo Arco Iris14.

13 Observatorio de Derechos Humanos y DIH. Impacto de la Poltica de Seguridad Democrtica sobre laconfrontacin armada, el narcotrfico y los derechos humanos. Op, cit. Pg 29. Disponible enhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdf

14 Disponible en http://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66

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http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdfhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdfhttp://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66http://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66http://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdfhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdfhttp://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66http://www.semana.com/wf_PreliminarArticulo.aspx?idArt=131798&Ver=72P968EtptUn1YoDotOL5BaW3P7qxuylkldKFl65f9VOs66


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Esta contradiccin en los seguimientos cuantitativos del conflicto hace sumamentefrgil el piso sobre el cual se soportan las distintas lecturas respecto de lascaractersticas actuales del conflicto. De all la necesidad del debate y la construccincolectiva del conocimiento.El caso de la ciudad de Medelln es un ejemplo clave al respecto. All, con ladesmovilizacin del Bloque Cacique Nutibara en 2003 los ndices de violencia bajarondrsticamente. Pero a partir de Agosto de 2007 esta situacin cambi. Casi todos losanlisis coinciden en sealar que la criminalidad en la ciudad aument drsticamente enel ltimo ao debido a la lucha por el monopolio de la violencia ilegal Es decir, laruptura de la unificacin de las estructuras paramilitares desmovilizadas, con lareclusin y posterior extradicin de alias don Berna, 15 deriv en una fragmentacinviolenta en la que ninguna de las organizaciones ilegales que contienden [en la ciudad]ha podido hacerse al monopolio de la criminalidad, razn por la cual los ndices demuertes violentas van en aumento: mientras que en el 2008 hubo 1.044 homicidios, enlos primeros diez meses de 2009 se han presentado 1.717 casos y se estima que al cierredel ao la cifra sobrepase los 2.000, una cifra que no se vea desde el 2003, cuandolleg a 2.012 muertes violentas16.Lo que nos interesa sealar, es el hecho de que, mientras las fuerzas armadas ilegales

estuvieron bajo un mando centralizado, que negoci con el gobierno nacional y local ladesmovilizacin de sus combatientes, la violencia en la ciudad disminuy radicalmente.Pero una vez que dicha direccin perdi su poder de mando, la criminalidad en laciudad aument nuevamente. Este fenmeno fue conocido coloquialmente como ladonbernabilidad: trmino que refiere el carcter oscuro y superficial de la paz de los primeros cuatro aos despus de la desmovilizacin. Y que nos permite, al menossospechar que, a) una vez que un territorio y una poblacin se domina no es necesario

seguir ejerciendo la violencia armada de manera directa; b) la pacificacin que produjola desmovilizacin de las AUC no necesariamente est acompaada de la reconciliacinsocial; c) en distintas regiones de Colombia, en la que por distintas razones no estallaron

15 Alias don Berna fue trasladado el 24 de agosto de 2007 a la penitenciara de Cmbita, Boyac. Yextraditado a los Estados Unidos el 13 de Mayo de 2008.

16 Corporacin Nuevo Arco Iris. Medelln podr terminar este ao con ms de 2.000 homicidios. 25 de Noviembre de 2009. Disponible enhttp://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/603

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http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/603http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/603


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los fenmenos locales de donbernabilidad, el postconflicto obedece a la continuidad,negociada con el estado, de la trama y relaciones de dominacin ilegal.Es justamente sobre esta dinmica, o sospecha, que aqu nos interesa problematizar.

Segn el informe citado de la corporacin Nuevo Arco Iris, uno de los aspectos quems llama la atencin de la unificacin de la estructuras paramilitares desmovilizadas,que se constituy en Medelln y en varios municipios del Valle de Aburr entre los aos2004 y 2007, fue el aprovechamiento de los acuerdos con las autoridades municipales,los cuales favorecieron su penetracin en mbitos sociales y econmicos, actuando noslo como una organizacin con fines aparentes de reinsercin y reconciliacin, sinotambin con propsitos criminales. () [As], En el periodo de unificacin, laestructura constituida por aquellas organizaciones sociales, polticas, econmicas ymilitares creadas en Medelln y su zona metropolitana posterior a la desmovilizacin delBCN el 25 de noviembre de 2003, y reforzada por la dejacin de armas del bloqueHroes de Granada (BHG) el 1 de agosto de 2005, se caracteriz por mantener lacohesin alrededor de un proyecto centrado en lo urbano que combinaba prcticaslegales e ilegales. Las primeras, realizadas en el marco del programa que estructur laAlcalda de Medelln y el Gobierno nacional; las segundas, las propias de su dinmica

criminal.

Aqu nos interesan las prcticas legales a partir de las que se institucionalizarondominios (y dominadores) que antes operaban en la ilegalidad. Por ejemplo, a finales de2007, un mando medio desmovilizado de las AUC, ante la pregunta de qu es lo quems extraa de estar en las Autodefensas, responda lo siguiente:

Yo lo nico que extrao de ese tiempo, es el poder interactuar mas con la comunidad,en la solucin de los problemas de ellos. () En la actualidad solo puedo escuchar problemas y orientar la gente, primero le daba soluciones inmediatas. [Por ejemplo], siuna persona estaba violndole derechos a otra persona, entonces uno entraba no aejecutarlo, tampoco; uno llegaba y le deca:bueno hgame el favor, como usted vive enla casa del seor y le debe tantos meses de alquiler, hgame el favor y se va, retrese deaqu, que usted lo que est haciendo es robarle vulgarmente . Entonces en la actualidaduno no hace eso, uno lo que hace nicamente es orientar.Existe la Unidad Permanente de Justicia ac cerca, entonces uno orienta, ah, quetengo problemas de violencia intrafamiliar uno les dice: vyase para all, tengo

problemas de que no me paga el arriendo, uno les dicevyase para all. Uno ubicaa la gente, le va diciendo a qu parte va, qu pueden hacer all por ellos, porque uno yatiene el contacto con el inspector de polica, el contacto con la tcnica social de

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secretara y gobierno, tiene contacto con los psiclogos del PRVC. () Uno puede conel Ministerio de Justicia, tanto como con Secretaria de Gobierno, hacer el cursoactualizado de Conciliacin en Equidad entonces uno aprende un montn de cosas, peroobviamente a uno le queda ese trabajo emprico que haca anteriormente, y queobviamente dio resultado. Y dio buenos resultados (...) Si sera muy bueno uno poder

tener la posibilidad de acceder a esos cursos de capacitacin, de que muchos jvenes delos desmovilizados, que para m sera en su totalidad, que todos sepan qu es unaconciliacin en equidad, que todos sepan qu es una mediacin, que todos sepan hastadnde puede uno intervenir como ser humano para dirimir un conflicto, que nosolamente puede llegar a dar soluciones como si fuera un juez y decir: es que usted seva, o usted se muere, o usted hace tal cosa. Sino que uno mas bien oriente, sea comoun orientador, un mediador en la comunidad. Porque es la comunidad la que legitima almuchacho: es la mujer cansada de que el marido le pegue la que legitima al muchacho para que vaya y le pegue al marido, pa que vaya y lo eche o pa que en el peor de loscasos lo mate, y es la misma comunidad la que legitimaba ese accionar de losmuchachos en los barrios

Recordemos que quien pronuncia estas palabras, es un excombatiente ilegal, que operregulando violentamente las relaciones sociales del barrio en el que ahora vive comodesmovilizado, y en el cual, tericamente debera estar ocupando el mismo lugar en elespacio social que sus vecinos no combatientes. Sin embargo es claro que su relacincon los vecinos no es de ninguna manera horizontal. l conserva el poder, l continaejerciendo el control y define muchos de los conflictos y relaciones sociales dentro de la

comunidad, pero ahora incorporando en su direccin a las instituciones legales demediacin y solucin de conflictos.

En un valiente trabajo etnogrfico publicado en 2006, Madariaga describe las maneras yestrategias que los habitantes de un pueblo de Colombia implementan para vivir normalmente el control social que los paramilitares ejercan y ejercen sobre la vidacotidiana. Seala la autora:

Es interesante el hecho de que las personas con las que se realiz este trabajo no perciban diferencia alguna entre el paramilitarismo representado en las AUC, lascooperativas de seguridad privada Convivir y las empresas de seguridad privadaresultantes del desmonte de stas. Del mismo modo, el proceso de desmovilizacin delBloque Bananeros no ha tenido en su percepcin mayor repercusin que el hecho deque la sede de los paramilitares que oficialmente es la de una compaa de seguridad est ahora en el centro del pueblo. La continuidad que los pobladores perciben en los

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integrantes y los mtodos de los paramilitares no se ve afectada por lo que, para ellos,son simples cambios de nombre.17

As pues, podemos plantear la hiptesis inicial de que, al menos hasta finales de 2007 enMedelln pero posiblemente de manera continua desde la desmovilizacin hasta laactualidad en muchas otras comunidades del interior y costa del pas, la negociacin,desmovilizacin y posterior reinsercin de excombatientes, incidi positivamente en lareduccin de las cifras de homicidios y masacres, pero no porque el Estado hayarecuperado los territorios perdidos a manos de los ilegales, sino porquelas relacionesde dominio conquistadas violentamente por los grupos paramilitares se

institucionalizaron . Entonces, si pensamos que la violencia no es poltica y por ende no puede generar poder, cmo podramos explicar entonces esta institucionalizacin? Esella una politizacin del dominio violentamente constituido?

Creo que una posible entrada (o salida) a esta cuestin es recordar que la constitucindel Estado es producto de una violencia originaria, y que es potestad del soberano(quien es el nico autorizado para administrar esta violencia, y adems permanece por fuera del contrato) modificar las condiciones de su uso. Por ende, tiene la capacidad de

legalizar, constitucionalizar, toda violencia de facto que surge bajo su dominio ymilitarmente no puede controlar. Podramos decir entonces que, en Colombia, ante unaviolencia constituyente, y ante su instauracin como poder de facto en amplias zonasdel pas, el gobierno, en su papel de representante y administrador de la violenciaoriginaria, tiene la capacidad de absorber y hacer propias muchas de las relaciones dedominio construidas ilegalmente. La normalizacin de las zonas de antiguo dominio paramilitar pone en juego una lgica en la que el Estado hace uso de su capacidad de

constitucionalizar violencias de facto.

Reyes, en su bsqueda (que tambin podemos leer como una admirable apuesta tica),apela a la construccin comunicativa de la sociedad, en la que las negociaciones son laexpresin del nacimiento del poder a partir del consenso.18 Idea que comparto, perointerpretndola de manera distinta: creo que las negociaciones entre el gobierno deUribe y las AUC, son precisamente un escenario de nacimiento del poder, pero hay que

17 Madariaga, Patricia. Matan y matan y uno sigue ah: control paramilitar y vida cotidiana en un pueblode Urab. Bogot: Universidad de los Andes. 2006. pg. 3718 Reyes, A. Guerreros y Campesinos. Op cit. pg. 18

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tener en cuenta que a estas negociaciones, ninguno de los bandos enfrentados se presenta en situacin de derrota militar sino todo lo contrario, el dialogo se produce enel momento de mayor capacidad y desarrollo econmico y militar de cada una de las partes. La diferencia con Reyes radica en que l interpreta estos acuerdos como loshechos sociales que se oponen a la violencia, mientras que desde la ptica que aqu se propone, estas negociaciones pueden ser analizadas como una clarainstitucionalizacindel poder conquistado violentamente.

Creer que el desmonte de cualquier grupo armado ilegal a partir de conversaciones de paz produce un poder consensuado y representativo, es olvidar que todo contrato, ymucho mas el pacto de no agresin hobbesiano, es una negociacin en la que se definequin ser el legitimo administrador de la relacin entre violencia y poder. En trminosHabermasianos, las negociaciones de paz son precisamente eso:negociaciones , nodiscusiones racionales , interacciones estratgicas , no comunicativas . El embrujocontractualista precisamente est en olvidar el origen violento del poder, y de esamanera, invisibilizar a la violencia como potencia fundadora19.

Justamente el aporte fundamental que Hobbes hace a la teora poltica es haber develado

el fondo oscuro de la comunidad, sealando que lo que los hombres tienen en comn que los hace semejantes mas que cualquier otra propiedad es el hecho de quecualquiera puede dar muerte a cualquiera,20 de all que su nica alternativa seainmunizarse mutuamente, renunciando cada uno, en defensa de la vida propia, a usar laviolencia sobre el otro; la historia de los hombres se divide as en un antes y undespus del pacto de no agresin, y la manera de asegurar la permanencia einviolabilidad de este contrato, es olvidar ese antes, arrojndolo al mbito de lo

originario, lo natural, lo ya conjurado, considerndolo un origen del que no se puedevolver, un punto de no retorno.

19 En este punto debo ser claro, no defiendo la conquista violenta del poder, y me opongo a la idea de que,en estados democrticos, el poder sea conquistado por las armas, pero estas convicciones polticas, quecreo compartir totalmente con Reyes, no pueden encantar nuestro anlisis e impedirnos pensar queactualmente en distintas comunidades de Colombia, se produce la institucionalizacin de poderes localesy regionales construidos por el uso brutal e ilegal de la violencia armada.20 Esposito, Roberto.Communitas, origen y destino de la comunidad . Buenos Aires: Amorrortu. 2006, pg. 41

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Esta grieta originaria: el peligro constante y mutuo de morir a manos del prjimo, esconjurada por los hombres con la instauracin de un poder soberano que, administrandola violencia y garantizando la seguridad de los sujetos, se constituya en mediador entrelos hombres. La paradoja de esa mediacin, es que implica que desde entonces lasrelaciones sociales respondern a la economa vertical del intercambio Proteccin /Obediencia.

De manera que reconocer un poder como garante de la seguridad individual ycomunitaria, es construir un soberano. Pero este reconocimiento, fundamento del poder,no debe ser pensado como una expresin de la libertad humana ni como su negacinabsoluta. Las negociaciones de paz tampoco son expresiones del consenso democrtico:

son escenarios poltico/militares de reconfiguracin del poder, en los que se definen las

caractersticas particulares que de ah en adelante han de tomar la libertad y la

sociabilidad , mientras no surja otro escenario de reconfiguracin (refundacin?) social.

III. Es necesaria la reconciliacin?

Tanto del texto de Madariaga como del testimonio del excombatiente, se puede inferir

que, a partir de la desmovilizacin existe una dinmica de continuidad del ejercicio del poder paramilitar, con la diferencia de que ahora es ejercido de manera legal. Estahiptesis que pongo a consideracin, y que puede constituir una lnea alternativa parainterrogar el postconflicto, permite pensar un escenario poltico/social en el que lasestructuras de dominacin de la guerra continan operando al interior de lascomunidades, y la idea de queellos son los que mandan en el barrio es evidente paramuchos moradores y comienza a serlo para algunos analistas del conflicto.

Histricamente, en muchas zonas del pas, las reglas de comportamiento y resolucin de problemas han estado sujetas al criterio del grupo armado ilegal que all domina; puesestos, poco a poco, y a medida que fueron expandiendo su influencia en distintas reasde la vida local, se fueron consolidando como gobernantes de hecho, estos tipos degobiernos tiene caractersticas bien especficas, y que muchas veces son legitimadassocialmente: Centralizan todo el poder, mantienen el orden pblico; por lo general

regulan diferentes bienes pblicos; establecen mecanismos para solucionar conflictos privados e inclusive instauran un nuevo cdigo de conducta para la comunidad (que

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Segn uno de los testimonios relevados, actualmente en algunos barrios de la ciudad lasestructuras armadas ilegales

siguen manteniendo el control, siguen siendo autoridad. Autoridades muchas veceslegitimadas por la gente. Los proyectos sociales desarrollados en los barrios en estemomento pasan por [el filtro de los desmovilizados]: acceder a presupuestosmunicipales, acceder a presentar proyectos gubernamentales o no gubernamentales.

Pero, y aunque la existencia de este fenmeno es reconocido por los habitantes de los barrios y comunidades de tradicional dominio paramilitar, aun no existen relevamientosempricos ni informes acadmicos u oficiales que den cuenta de ello, confirmando onegando esta hiptesis. Hay ah entonces un campo de necesaria y urgente

investigacin.

Lo paradjico de esta situacin descrita es que sobre ella recaen, a la vez, argumentosque impugnan su carcter paraestatal o irregular, y argumentos que legitiman suejercicio y reivindican el control policivo ejercido por los desmovilizados en los barrios.Podemos encontrar por ejemplo a un habitante de una comunidad bajo dominio paramilitar que, sealando lo que en apariencia son dos ideas contrarias, da cuenta del

origen y la estructura misma del poder: en un momento de su testimonio confiesa quedado el pasado violento de los excombatientes, en el que seguramente cometieroncrmenes atroces, no cree posible la reconciliacin y el perdn. Sin embargo, al opinar sobre el ejercicio del control policivo por parte de los excombatientes, seala que paral:

es bueno tener esa gente en el barrio porque cuidan el barrio de que gente de afueraentre, algo que admiro mucho de ellos es que no son viciosos () Ellos tienen en claroque no pueden tomar, si ven que [alguien] est tomando le llaman la atencin. De loque [era el barrio hace unos] aos a lo que es ahora me parece que ha mejoradomucho

De este complejo fenmeno de legitimacin social del poder de facto tambin da cuentael estudio de Madariaga (2006) que citamos mas arriba. All por ejemplo la autoraregistra una declaracin de una mujer que manifiesta que en su comunidad la gente nole cree al ejrcito. La mayora est de acuerdo con que los paracos sean la

seguridad .22

22 Madariaga, P. Matan y matan y uno sigue ah. Op cit. pg. 36

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Arendt, Hannah (1993): La condicin humana. Paids. Buenos Aires.

Arjona, Ana Mara (2008): Grupos armados, comunidades y rdenes locales:interacciones complejas. En Hacia la reconstruccin del Pas, Gonzlez, Fernn (Ed).Bogot, CINEP-ODECOFI

Echanda Castilla, Camilo (2008): Dimensiones territoriales del conflicto armado y laviolencia en Colombia. En Hacia la reconstruccin del Pas, Gonzlez, Fernn (Ed).Bogot, CINEP-ODECOFI

Esposito, Roberto (2006): Communitas, origen y destino de la comunidad. Amorrortu,Buenos Aires.

Habermas, Jrgen (1999): Teora de la accin comunicativa. Taurus. Madrid.

Madariaga, Patricia (2006): Matan y matan y uno sigue ah: control paramilitar y vidacotidiana en un pueblo de Urab. Bogot, Universidad de los Andes.

Reyes Posada, Alejandro (2009): Guerreros y Campesinos: el despojo de la tierra enColombia. Bogot, Grupo Editorial Norma.

La (in)necesaria reconciliación social en Colombia.

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