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La huelga

de los trabajadores

textiles de Vitarte

de 1896

Condensado de: Historia de las luchas sociales del movimiento obrero en el Peru Republicano.

Autor: Rolando Pereda Torres, UNFV, 1982

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Antecedentes

Vitarte es una localidad que se encuentra a 13 km. de la ciudad de Lima, desde tiempos inmemoriales se le conoció con los nombres quechuas de Huanchihuayllas y Lomalargo, y con el nombre que actualmente posee desde que se asentó en ella la industria manufacturera textil. La tranquila población campesina y la fisonomía social de la zona sufrió un cambio brusco al nacer en ella el proletariado industrial moderno. Su primer dueño fue el colombiano Carlos López Saldaña, quien instaló el centro en el distrito del Rimac. Más tarde fue ofrecida en venta a la compañía Inglesa “Peruvian Cotton Mill” y ésta a su vez a la Casa “Grace y Cía)”.

En su ámbito se desarrollaron importantes acontecimientos para el sindicalismo nacional. Múltiples huelgas expresaron el deseo de los trabajadores de cambiar las condiciones de vida y trabajo que soportaban. “Estos acontecimientos sociales –afirma un autor–, fueron también los que con el correr del tiempo, marcaron un sello particular en el espíritu del vitartino, haciendo de él un elemento hecho para el sufrimiento y la resignación, pero auroleando su personalidad de una particular rebeldía que parece impulsarlo a otear su destino, avizorando siempre la estructura del porvenir”

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En 1896 se produjo un movimiento de masas que englobó no solo a la población de Vitarte sino también a los peones y jornaleros de las haciendas circunvecinas, que marcó el rol de avanzada del proletariado industrial textil en los acontecimientos políticos, orientados hacia el cambio social del Perú.

Los orígenes de la huelga en el marco del gobierno de Don Nicolás de Piérola.

Celso Soto, obrero textil, protagonista de las jornadas obreras de ese año, describe las condiciones sociales y de trabajo que soportaba el obrero en esos instantes:

«Entonces no existía organización obrera, pero las circunstancias por demás asfixiantes, de largas jornadas de trabajo; de prepotencias, penurias y calamidades, de inclemencias de tiempo, de fallecimientos sin las elementales atenciones, hacía que los obreros dieran rienda suelta a su bilis social, respetando siempre la propiedad privada.»

Como se puede apreciar, la explotación no tenía límites, a las horas excesivas de trabajo había que agregar la pésima alimentación y el pago de 30 centavos por día, por tales motivos los 300 trabajadores de Vitarte demandaron el aumento de sus salarios y mejores condiciones de trabajo, y como medio para conseguirlos recurrieron a la huelga.

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Presidente de la República era Don Nicolás de Piérola, recientemente elegido un año antes (1895) y no hacía mucho que su partido, el Demócrata, había declarado en forma escrita en sus principios: «que el trabajo es la revelación de la vida en todo ser que goza de ella; es la acción para ser digno de llamarse hombres; la vida nacional es la resultante de acción de sus asociados, desde la labor del hombre de ciencia y el artista, hasta la faena del rudo bracero. Condenar el ocio; dar facilidades al trabajo y estimularlo asegurándole hasta donde es posible su provecho material y honrarlo como es debido, tiene que ser cuidado preferentemente del Estado y de sus asociados».

Los principios aludidos, sin embargo, no guardaban proporción con la realidad nacional de fines de siglo pasado, no podría equipararse por ejemplo al hombre de ciencia y artista, generalmente proveniente de los estratos altos, con el bracero francamente marginado, explotado y no integrado a la vida política y económica del país.

Cuando habla de las facilidades hacia el trabajo, se refiere a la inversión y a las condiciones que ésta debía de encontrar para su adecuado desarrollo; desconocía Piérola el carácter de opresión que dichos capitales ejercerían sobre el trabajador, realidad que motivó justamente el conflicto laboral y social de 1896.

Pese a sus elucubraciones económicas y sociales, la

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imagen de Piérola era de popularidad en todos los estamentos de la sociedad limeña, poseía la aureola de haber iniciado una revolución contra Cáceres a quien obligó a dimitir del gobierno. Los trabajadores esperaban mucho de él, pero en términos generales lo apreciaban con simpatía. Basadre, analizando su comportamiento en el gobierno, dice: «…fue la suya una demagogia de regreso; con las modernas izquierdas tuvo de común el ataque a los poderosos, la comunión con los olvidados, el vivir el peligro, el sueño de un porvenir mejor; con las derechas, buscó el mantenimiento de las instituciones fundamentales de la vida social…».

Por tal razón gobernó con la idea de mantener un Estado fuerte, pensando en la legitimidad de las fuerzas del orden y el progreso; contó para tal efecto con la ayuda del civilismo con quien suscribió el pacto de la coalición nacional. En tal sentido, la presencia de la gendarmería en todo lugar se obstaculizara el desarrollo del país. Precisamente por la actitud antiobrera desplegada en el conflicto de 1896 en Vitarte, los trabajadores de este centro fabril conocieron en carne propia la verdadera política social de Nicolás de Piérola.

Los sucesos

Desde el comienzo, los reclamos de los trabajadores encontraron oposición del gerente de la fábrica, de

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nacionalidad inglesa, Señor Smith, y de los funcionarios de la empresa. Producido el conflicto, estos tomaron parte agrediendo a los trabajadores, hecho que se demostró más tarde cuando el diputado obrero Santiago Giraldo denunció en su cámara la herida del obrero Rafael Montellanos, producida por mango de revolver, declarando que fue realizada por un funcionario que él conoce.

Pretexto para la represión fue el incendio de dos mil sacos de algodón producido según el parte subprefectural a las dos y media de la mañana del viernes 28 de agosto. Los trabajadores a pesar de haber ayudado a dominar el incendio, fueron acusados de haberlo iniciado.

Roberto Vidaurre hizo en su cámara el descargo de los obreros vitartinos en huelga, al manifestar que antes que se produjera el siniestro los trabajadores habían acudido a su persona a fin de que interviniera en la solución pacífica del conflicto, y que con ese propósito se trasladó al a fábrica, y que mientras realizaba esa gestión, se produjo el atentado.

Por el mencionado incendio fueron apresados y remitidos a la cárcel de Guadalupe: Emilio Mendoza, presidente gremial; J. Zaña, tesorero; P. Montellanos y F. Collado; todos ellos pasaron seis años en prisión por un siniestro que no cometieron y que el mismo diputado Giraldo

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demostró con pruebas en su cámara que no habían tenido participación en los hechos mencionados.

Años más tarde, en 1946, el obrero Celso Soto, testigo y protagonista de huelga, con ocasión de la Asamblea de la Federación Textil de Vitarte, manifestó: «El incendio ocurrido en la fábrica fue fraguado, si se tiene en cuenta que el país convalecía de una guerra civil –y remarcaba–, ya habían como hoy, personas interesadas en tener sumisos a los obreros…».

Pieza principal para la detención y encarcelamiento de los trabajadores fue el telegrama que envió el subprefecto,

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coronel Tirado, al prefecto de Lima, en el que hacía –sin haber investigado previamente– la acusación de “incendiarios” a los huelguistas de Vitarte.

Producidos los hechos, el diputado Giraldo hizo denuncia en su cámara de la situación social que vivía Vitarte. Abogó por los detenidos y manifestó que el pedido de los trabajadores de conferenciar con el presidente de la República había sido denegado. Declaró que las huelgas eran un fenómeno común de la ley económica de la oferta y la demanda, y que incluso el propio Papa León XIII –en su Encíclica– la reconocía. Empero, sus palabras y sus peticiones fueron prácticamente rechazadas por la cámara de diputados, constituida en su mayor parte por personas vinculadas a la Banca, al Comercio y a la Agricultura, quienes controlaban el poder político y el sistema económico.

En sesión del jueves 3 de setiembre de 1896, Giraldo solicitó se enviara un oficio al Sr. Ministro de Gobierno para que informara sobre la detención de 24 obreros textiles acusados de “incendiarios”. Dicho oficio constaba de 14 puntos y su contenido fue archivado –y por tanto, ignorado–, y sería más tarde sacado a luz por el dirigente textil Demetrio Flores Gonzales, de la Biblioteca Nacional –Sala de Investigaciones–, en donde se depósito finalmente.

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La respuesta del Ministro de Gobierno solo consignaba el parte que la subprefectura de la provincia había remitido al despacho ministerial del Prefecto del Departamento, pero en el fondo no respondía a las preguntas hechas por Giraldo. El análisis de los hechos que harían después dicho diputado, demostraría todo lo contrario a los documentos oficiales.

De lo expuesto por las autoridades gubernamentales y por las diputaciones obreras, se saca la conclusión de que responsable de las medidas drásticas contra los obreros fue el intendente de Policía, Coronel Gonzalo Tirado, quien, enviado por las autoridades políticas de la capital, llegó a Vitarte al mando de un contingente que trajo debidamente pertrechado. Con ella impuso draconianamente el orden; una de las medidas fue imponer el trabajo forzado a los operarios el viernes 28, con un gendarme al pie de una máquina de hilados; denuncia que el diputado Giraldo hizo suya en la cámara al analizar el parte subprefectural, que el Ministro envió como respuesta a los 14 puntos pedidos por la Cámara Baja.

Giraldo lamentó el contenido del informe: «Todo habría podido imaginarme posible, contra la infortunada clase obrera en Lima en los tiempos de los gobiernos militares, pero jamás soñé siquiera que la clase obrera fuese víctima de las crueldades de un funcionario subalterno del gobierno

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popular del Excmo. señor Piérola, que so había subido al poder, ha sido a costa de sangre copiosamente derramada por los obreros de Lima en las jornadas de marzo […]».

El funcionario aludido era el Intendente de Policía, coronel Tirado, quien un día antes del siniestro –es decir, el jueves 27– llegó a la fábrica con una dotación de gendarmes a fin de hacer guardar el orden. Apresó a una veintena de obreros y los remitió a los calabozos de la Intendencia. Inmediatamente hizo circular una orden, a ser cumplida en la noche, en la que decía que os obreros debían recogerse en sus departamentos con prevención de que “todo obrero que después de las diez pusiese los pies fuera de los umbrales, fuese inmediatamente detenido por los gendarmes autorizados al efecto para descerrajarles un tiro en caso de resistirse”. Razón por la cual los obreros no pudieron salir de sus domicilios y menos cometer una obra delictiva. Más tarde se supo que tal incendio fue originado por manos extrañas con el objeto de incriminarlos.

Al respecto, el diputado Giraldo manifestó en su cámara: «Y, ¿es presumible siquiera, excelentísimo señor, que los desgraciados obreros en tal situación, pudieran haber salido a incendiar los algodones debidamente resguardados por un piquete de gendarmes? ¿Es posible que, como dice el subprefecto, hubiesen los obreros derramado aceite sobre las pacas para producir el incendio cuando no tenían ni

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por dónde salir a acometer tal empresa, a no ser por los resquicios de las paredes; ni contaban tampoco con fondos, ni almacenes de venta, para conseguir a tan avanzada hora latas de kerosene, que caso de haber pre-existido en la fábrica, habría sido materia de preferente denuncia del celosísimo Gerente de la Empresa, Mr. W. Smith, que como buen inglés, tiene muy buenas narices para olfatear estas cosas? Mucho menos se ha de suponer que el intendente haya andando tan lerdo que [no haya descubierto] ni aún los microbios de la conspiración, que él sabe descubrir con el especimen de sus reactivos químicos».

Lo cierto es que se inició una feroz represión que determinó que los trabajadores nombrasen una diputación especial, a fin de presentar sus quejas al Presidente de la República. En efecto, el mandatario los recibió en su despacho y luego de escucharlos, lamentó los sucesos ocurridos en Vitarte, a la vez que advirtió que no era aceptable el hecho de imponer a los propietarios el abono de tal o cual salario. Uno de los obreros pidió la libertad de los presos en la Intendencia. Piérola ofreció atenderlos oportunamente, pero su promesa no se cumplió, puesto que los detenidos pasaron seis años en la cárcel de Guadalupe.

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Balance

En conclusión, los ministros de Gobierno y Justicia, nunca respondieron los 14 puntos solicitados por el diputado Giraldo. A pesar de la insistencia del caso, los obreros volvieron al trabajo obligados por las autoridades. Algunos detenidos salieron en libertad días más tarde, pero los ya mencionados dirigentes pasaron seis años en cárcel, como ya se dijo.

Con justa razón Giraldo, quien se comportó ejemplarmente en la denuncia pública de este conflicto social, hizo acusación de emergencia del militarismo, que encuentra victimas propiciatorias en las clases obreras para conseguir sus fines. Su discurso en las cámaras del 3 de setiembre de 1896 en la parte final, dice: «Todo esto que estamos viendo, excelentísimo señor, no es nuevo, es la edición corregida y aumentada del viejo militarismo maldecido, que hoy sigue imperando en toda su honrosa desnudez; se conspira contra el Congreso, como se ha conspirado siempre; se ejerce la dictadura con máscara de ley como se ha ejercido siempre; no obstante ser la peor de las dictadura; inventar crímenes, forjar acusaciones, fraguar pruebas para arrojar en los calabozos de Guadalupe a inocentes y honrados obreros, es el más negro de los crímenes que imaginar se puede.»

Como se puede apreciar, la denuncia y crítica al Sistema y gobierno “popular” de entonces, es hecha con valentía por

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el diputado Giraldo, quien no sólo defendió a los obreros sino que deslizó la hipótesis de que los mismos fueron víctimas de una conspiración de los militares, que ya estaban en contra del gobierno de entonces.

Por otra parte, la clase trabajadora, con la lección aprendida en sus luchas por conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo en Vitarte, no sólo ganó experiencia política y sindical, sino que poco a poco moldeó su conciencia de clase e hizo que más tarde se adscribieran y fueran fervorosos militantes del anarcosindicalismo, y después, del sindicalismo revolucionario, que dentro del gremio textil pondrían las bases y objetivos del movimiento sindical peruano.