LA GUERRA DE 1879 En todo análisis sobre el conflicto limítrofe peruano-

ecuatoriano, no puede dejar de ser mencionado el accionar de Chile, cuya clase dirigente supo aprovechar en el momento preciso las contradicciones internas y la corrupción que desgraciaron al Perú.

Si Castilla supo colocar al Perú en el poderío militar más alto de la historia, comparado con los de sus vecinos sudamericanos, quienes le sucedieron en la presidencia no tardaron ni veinte años en traer por tierra dicha obra. Improvisados estadistas y corruptos políticos, enfrascados en una continua lucha por el poder, administrando el Perú como un gran latifundio, terminaron llevándolo a la bancarrota económica, cuya consecuencia fue el mayor descrédito del país a nivel internacional. Por su nefasta actuación sobresalen José Balta y Manuel Pardo, este último verdadero sepulturero del Perú por su carencia de visión geopolítica, al punto que tuvo frases que sólo pueden recordadas como testimonio de la supina ignorancia e imprevisión, como que nos precipitó a la más dolorosa tragedia republicana. Al observársele que estaba desmovilizando al ejército, lo que peligroso, y que el afán expansionista chileno hacía necesaria la compra de blindados(acorazados) para hacer frente a su potencial amenaza, Pardo contestó impávido " No necesitamos comprar blindados, pues nuestros dos mejores blindados son Argentina y Chile". Se refería al famoso tratado "secreto" de alianza con esos dos países, finalmente sólo concretando con Bolivia, que, como se sabe, aportó ni la más mísera chalupa para defender su mar incumpliendo el pacto de alianza cuando el Perú más la requería.

Todos conocemos lo que fue la infausta guerra del guano y del salitre, ante cuyo recuerdo nos asaltan reacciones encontradas, entre ellas la vergüenza y la rabia, sobre todo cuando advertimos que se dio entonces un entendimiento entre Chile y Ecuador en contra del Perú.

El desastre en el frente sur, donde Bolivia defeccionó, y las terribles derrotas en San Juan y Miraflores, fue responsabilidad de un político nefasto, sospechoso de haber actuado como instrumento consciente e inconsciente de los intereses de Chile. Nos referimos a Nicolás de Piérola, el invertebrado conspirador, cabecilla de varias revueltas fallidas en el período que precedió a la guerra de 1879, siempre asilado por los gobernantes chilenos quienes auspiciaron en todo momento sus aventuras, Piérola,

que se fijo la disyuntiva el poder o la locura, asaltó la presidencia nada más que unos días después de la victoria de Tarapacá, aprovechando el desdichado viaje del presidente Prado al extranjero. Y se convirtió en dictador, empezando por dividir el ejercito del sur, con lo cual facilitó la victoria chilena en ese frente; para luego "preparar" la defensa de Lima, sacando de los puesto de mando a los militares de profesión para sustituirlos por improvisados "coroneles" que reclutó entre sus adláteres. Resultó lógico de esto fueron las desgraciadas jornadas de enero de 1881 y la retirado de Piérola a la sierra, desmovilizando al ejército. Su propósito de rendirse para firmar un tratado entreguista con Chile fue entonces obstaculizando por la reacción patriota desatada en la cordillera andina. El joven general Andrés Avelino Cáceres, entiendo que "el espacio presupone al poder " fue quien enarboló allí la bandera de la resistencia liderando esa epopeya sin par que la historia ha inmortalizado llamándola Campaña de La Breña.

Contra lo que había supuesto Piérola, esa heroica resistencia, protagonizada por una selecta elite de militares y profesionales, apoyado por una enfervorizada masa campesina, obligó a los chilenos a evacuar las posiciones de sierra, replegándose a sus acantonamientos en la costa. Y la guerra se prolongó más allá de lo que habían supuesto. Piérola tardó poco en desnudar su protervas intenciones y al saberse que negociaba con los chilenos fue depuesto por el ejército de Cáceres, que con el parecer favorable de los pueblos del Centro proclamó a éste como jefe supremo de la república.

Desdichadamente para el Perú, Cáceres, queriendo dar a entender lo lejano que estaba de toda ambición política, no aceptó ese título, proponiendo más bien la conformación de una Junta de Gobierno en la que estuviesen representadas las distintas facciones políticas, a los afectos de impulsar la unidad nacional que en ese decisivo trance era un imperativo. Sus razones no fueron atendidas y prosiguió la anarquía.

Cáceres reconoció como mandatario al inefable Montero, otro gran error suyo, en tanto que los chilenos, de acuerdo con Piérola, inventaban para el Perú un presidente "regenerador", titulan que recayó en Manuel Iglesias. Así, contra los combatientes de La Breña actuaron en inicua alianza Chilenos y Peruanos traidores.

Sin armas, sin equipo, sin apoyo del gobernante al que en mala hora había reconocido, Cáceres obtuvo las brillantes

victorias de Marcavalle, Pucará y Concepción. Mas cuando éstas perecían revertir el decurso de la guerra, Iglesias lanzó su célebre Grito de Montán, que fue el inicio oficial de su accionar entreguista. Sobrevendría luego Huamachuco, hecatombe de dolor y de gloria, y poco después la firma del tratado entreguista en Ancón, saludado por Piérola como de conveniencia para los interese del Perú. Acto seguido defeccionó Montero en Arequipa y Bolivia pactó la paz con Chile, sucesión de hechos fatídicos que obligaron a Cáceres a reconocer lo de ancón como "un hecho consumado".

Pero para ser veraces debemos decir que en la mente del conductor patriota estuvo siempre latente la idea de recuperar lo perdido y cautivo, esto es Tarapacá, Tacna y Arica. Tal fue su ideal cuando entre 1886 y 1890 presidió el gobierno de reconstrucción nacional, sentando los cimientos de la difícil recuperación. Y el mismo ideal lo impulsó a presidir un nuevo período gubernamental en 1894, precisamente cuando se cumplían los diez años estipulados en el Tratado de Ancón como plazo para celebrar un plebiscito que definiese la situación de las provincias cautivas. Cáceres estaba dispuesto a reclamar el cumplimiento del tratado cuando ocurrió- como no podía ser de otra manera - una nueva sublevación de Piérola, quien con apoyo pecuniario de los chilenos y de la oligarquía peruana movió montoneras de Arequipa a lima, sucediéndose aquí algunos enfrentamientos. Asqueado ante tanta vileza y por impedir que se derramase más sangre de peruanos, Cáceres salió entonces del país, perdiéndose así toda esperanza de reivindicación. Piérola trasformado en presidente inició lo que la historia ha llamado la república oligárquica y por supuesto no hizo el menor reclamo a Chile. Su sucesor, López de la Romaña, so capa de captar recurso pecuniarios para la adquisición de armamentos, decretó un impuesto a la sal; pero su ministro de hacienda el pierolista Mariano Belaúnde dispuso de estos fondos en provecho propio, en un episodio más de esta historia de la infamia. Con tal apoyo Chile se negó a cumplir lo estipulado en Ancón y fue necesario la intervención norteamericana para recién en 1929 suscribirse el tratado de paz, por el cual el Perú perdió definitivamente los territorios de Arica y Tarapacá.

Fiel a su política artera, Ecuador aprovechó toda situación precaria del Perú para proseguir su silente invasión, posesionándose paulatinamente de territorios peruanos.

EL CONFLICTO DE 1941 El Perú tardó mucho en reponerse de la terrible tragedia que

fue la guerra con Chile. Su debilidad manifiesta y la corrupción de su clase política fueron causas suficientes para que en las primeras décadas del presente siglo acordase concesiones territoriales a Brasil, Bolivia y Colombia, doblegándose también ante Chile. Principal propulsor del entreguismo fue el dictador Augusto B. Leguía, representante en el Perú de los intereses del imperialismo norteamericano.

Ese corrupto tirano fue derrocado en 1930 por el comandante Sánchez Cerro, quien con esa decisión buscó evitar a toda costa la eternización de un mandatario émulo de Piérola que por sus poderes omnímodos pudiese convertirse en generalísimo de la fuerza armada, sobre todo en tiempo tan convulso pues era entonces tirantes las relaciones con Colombia.

Prioritario afán de Sánchez Cerro fue el fortalecimiento de la Fuerza Armada, a los efectos de que pudiese cumplir a cabalidad su rol de defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Quiso plasmar ese objetivo en la ley de leyes y convocó a la Asamblea Constituyente que en 1933 dio vida a una nueva Constitución, en la que fueron perfectamente fijadas las atribuciones y los fueros de la Fuerza Armada, parcialmente en los siguientes acápites:

Artículo 213.- La finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la república, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden público.

Artículo 153.- El presidente de la república no puede mandar personalmente a la Fuerza Armada, sin permiso del Congreso. En caso de mandarla, sólo tendrá las atribuciones de Comandante en Jefe, sujeto a las leyes y reglamentos militares y será responsable conforme a ellos.

Puede de ello inferirse que había nacido aún la no deliberancia de la Fuerza Armada que hoy conocemos. Y más adelante veremos la progresión comparando lo citado con los artículos relacionables consignados en la Constitución de 1979.

Ese mismo año de 1933 el presidente Sánchez Cerro decidió la recuperación de Leticia, que años antes cediera a Colombia el defenestrado Leguía. Una columna de loretanos había ocupado

Leticia en reacción de puro patriotismo y la Fuerza Armada fue puesta en alerta de guerra. Sánchez cerro dispuso la adquisición del armamento y equipo militar que fuera descuidado por la dictadura, motivando con su accionar el fervor patriótico desbordante. El 30 de abril se reunió en el Hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte) la más grande concentración de movilizables jamás vista en el Perú, todos dispuestos a marchar al frente de batalla en defensa de las justa reinvindicaciones territoriales de la patria. Y allí se presento Sánchez Cerro para pasar revista a las tropas. Era un momento crítico y sucedió lo impredecible. El presidente fue arteramente asesinado por un sujeto llamado Abelardo Mendoza, de filiación aprista. Nunca se llegaría a revelar quienes impulsaron las manos del asesino, pero por simple lógica puede deducirse que se movieron intereses que iban más allá del fanatismo partidario. Los sucesos posteriores sirven para apoyar este aserto.

Se hizo cargo del mando el mariscal Oscar R. Benavides, cuyo embajador en Colombia, el señor Belaunde, acordó la sesión definitiva de Leticia a Colombia, que de esta manera seguro su acceso al Amazonas, controlando prácticamente el paso del Perú a Brasil por ese río.

Y ya no hubo guerra, pero el armamento gestionado por Sánchez Cerro siguió llegando, de modo que la Fuerza Armada mejoró ostensiblemente su capacidad defensiva y ofensiva. Tal era la situación cuando en 1941 el gobierno presidido por el doctor Manuel prado Ugarteche, debió afrontar el conflicto con el ecuador.

Sucedió que tras 82 años de relativa calma, Ecuador desató la agresión inopinadamente. El 7 julio de 1941, nuestro país de vio conmovido al difundirse un comunicado del ministerio de relaciones exteriores que decía a la letra:

"Informaciones oficiales recibidas dan a conocer que las tropas ecuatorianas acantonadas en la provincia de El Oro, atacaron simultáneamente los puestos peruanos de Aguas verdes, Las Palmas y Lechugal, el día 5 de julio a las 10:00; nuestras fuerzas a cargo de esos puestos, rechazaron a los ecuatorianos".

Otro comunicado oficial, expedido el 11 de julio, informó lo siguiente:

"El día 10 de julio a las 09: 00 horas, fuerzas ecuatorianas de las guarniciones González Suárez en el río tigre, atacaron a las

guarniciones peruana de Bartra". Ese ataque fue rechazado, como también otro en el Pastaza.

Los ataques ecuatorianos se generalizaron en todo el frente de Zarumilla, lo que puso en evidencia la preparación de Ecuador para la guerra. Ante ello, la reacción peruana no se hizo esperar. A pesar de la sorpresa, la concentración de fuerzas fue rápida, constituyéndose para esta emergencia el Comando del Agrupamiento del Norte, que fue asumido por el general Eloy G. Ureta.

La batalla de Zarumilla se libró desde las 07:30 del 23 de julio. Ese mismo día fueron expulsadas de territorio peruano las tropas ecuatorianas iniciándose el 24 la conquista del territorio enemigo. Fue imparable el avance peruano, los días 25,26,27 y 28 de julio, ocupándose la provincia El Oro. La ofensiva peruana se detuvo el 31 de julio, al recibirse la orden de alto al fuego. Pero Ecuador no respetó el cese de hostilidades acordado entre ambas partes ese día, y traidoramente tendió emboscadas en Zapotillo, Chinchipe, Porotillo y Panupali, causando bajas a las patrullas peruanas.

En el Nor-Oriente se obtuvo también la victoria, durando la ofensiva del 31 de julio al 14 de agosto, culminando la campaña con la suscripción del Acuerdo de Talara, el 2 de octubre.

En esta guerra, la Fuerza Aérea Peruana tuvo su bautizo de fuego, y con marcado éxito. Su empleo fue eficiente y productivo, decisivo para obtener el triunfo, protagonizando acciones sobresalientes el alférez Renán Elías y el teniente José Abelardo Quiñones, quienes se inmolaron heroicamente. Dos preciosas vidas y dos aviones fueron el costo de una espléndida victoria.

El objetivo militar fue totalmente alcanzado, derrotándose al enemigo de manera indiscutible. Pero inexplicablemente el Perú accedió a negociar con la presencia en calidad de gerentes de representantes diplomáticos de Argentina, Brasil y lo Estados Unidos de Norteamérica; y para el colmo, Chile logró también dicho status. El Perú no debió permitir la presencia de Chile, habida cuenta de su velada y abierta alianza con Ecuador. Pero ése fue sólo el primer error. El presidente Prado no debió ordenar la desocupación de la provincia definitiva de la frontera. El presidente Pardo debió cobrar la indemnización de guerra - derecho del vencedor- para cubrir los ingentes gastos que tuvo que hacer frente a una agresión no provocada. En conclusión, la acción política estuvo lejos de consolidar el triunfo obtenido en

los campos de batalla. El objetivo estratégico se alcanzó, mas no así el objetivo político.

Con ese marco, el 29 de enero de 1942 representantes del Perú y Ecuador suscribieron en Río de Janeiro el Protocolo de Paz, Amista y Limites entre ambos países. A decir verdad, este acuerdo no fue para el Perú lo favorable que debió ser considerando su aplastante victoria militar. Y no cabe duda de que el gobierno peruano actuó bajo presión del secretario de estado norteamericano y el canciller Aranha de Brasil, cuando se efectuaba la Tercera reunión de Consulta de los ministros de relaciones exteriores de las repúblicas americanas, debatiéndose los grandes problemas de solidaridad y defensa continental, puestos en el tapete a raíz de la segunda guerra mundial que entonces se desarrollaba.

El artículo segundo del Protocolo prescribió la desocupación por parte del Perú de la provincia de El Oro en un plazo de quince días, trasladando sus fuerzas a la nueva línea de demarcación señalada en el artículo octavo. Esto fue escrupulosamente acatado, culminándose la desocupación el 11 de febrero.

El Protocolo fue ratificado por los Congresos del Perú y Ecuador comisionándose al capitán brasileño Bras Días de Aguilar para que previo estudio de la región fijara la definitiva frontera.

En aras de la paz, según se arguyó, y - bueno es siempre recalcarlo- pese a la victoria militar, el gobierno de Prado cedió a Ecuador aproximadamente 120,000 kilómetros, entre ellos los de la región de Sucumbios que Colombia había entregado al Perú en compensación por Leticia.

¿Fue pura casualidad que la región de Sucumbios atesorase la riqueza petrolera que hoy sustenta de la Fuerza Armada Ecuatoriana? ¿Qué papel tuvieron en este negocio las compañías petroleras angloamericanas?

Pero al fin, con el Protocolo de Río de Janeiro se consideró zanjado el problema limítrofe con el ecuador y si esto era así, podía caber impulso la "justificación" al sacrificio de la integridad territorial pese al triunfo de la campaña militar. La paz se creyó definitiva y las pocas voces discordantes fueron pronto acalladas.

En 1941 con Prado, como en 1859 con Castilla, el perú había cumplido a cabalidad los axiomas de guerra planteados por Clawsevitz: destruir al enemigo o quitarle la voluntad de combatir. El soldado peruano demostró una vez más su valor y su

heroísmo y se patentizó con meridiana claridad que sólo una Fuerza Armada poderosa y bien comandada podía alcanzar la victoria. Pero en 1941 como en 1859, el poder político no estuvo a la altura de su Fuerza Armada y renunció a sus justos derechos de vencedor. Las consecuencias negativas de este indebido manejo pronto habrían de palparse.

FALSO PAQUISHA No fueron necesarios 82 años, como los que transcurrieron

entre Mapasingue y Zarumilla, sino sólo cuarenta desde el Protocolo de Río de Janeiro, para que Ecuador azuzarse un nuevo casus belli, desconociendo sin lo que firmara tras su derrota militar.

Esos cuarenta años no fueron de absoluta paz entre ambos países, pues Ecuador provocó varios incidentes, sí bien no relevantes.

Luego de la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro, se procedió a la demarcación de la línea fronteriza, tarea que estuvo a cargo de una Comisión Mixta Peruano- Ecuatoriana. Pero cuando sólo faltaban demarcar 78 kilómetros en la Cordillera del Cóndor, Ecuador se rebeló contra la decisión arbitral de Braz Dias de Aguilar, argumentando la no- existencia del divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago. Esto frustró la materialización con hitos de ese tramo de la línea fronteriza, reabriéndose la discusión. De allí en adelante, esa argumentación ecuatoriana se ha repetido de manera constante, inclusive hasta el presente.

El presidente ecuatoriano Galo Plaza, poco antes de culminar su mandato (1948-1952), proclamó la vigencia del principal objetivo nacional de su país, declarando: "Que el ecuador no aceptará una frontera que no reconozca a sus inalineables derechos amazónicos y le proporcione una salida soberana al Marañón".

Otro presidente ecuatoriano, Camilo Ponce (1956-1960), poco antes de abandonar el poder insinuó la "inejecutabilidad del Protocolo de Río de Janeiro". Su sucesor, el inefable Velasco Ibarra, en su primer mensaje ante el Congreso ecuatoriano emitió un pronunciamiento mucho más audaz, al declarar que el Protocolo de Río de Janeiro era "nulo". Esta radical declaración fue confirmada por el canciller ecuatoriano José Chiroga, en setiembre de 1960, estando de visita en Bogotá, al soltar la

pintoresca pero peligrosa afirmación de que "el tratado es nulo de nulidad absoluta ". El siguiente paso en este sentido le dio el 22 de octubre del mismo año, al comunicar a los países garantes que el Protocolo había roto todo principio de derecho internacional. El gobierno peruano no actuó con el rigor que requería la circunstancia, trabándose más bien en un inútil intercambio de notas diplomáticas, sin adoptar ninguna decisión de tipo militar. La ingenua bondad de Castilla, la complacencia y "fraternidad" de Prado, hallaban en ello correlato, sin que se previera las graves implicancias que generarían en el futuro.

Los gobiernos que sucedieron, en la seguridad del superior poderío bélico del Perú con respecto de Ecuador, y considerando suficientemente válida la razón del derecho, permanecieron indiferentes ante las balandronadas de los dirigentes ecuatoriano, y, para no decirlo de otra manera, hasta se "acostumbraron" a la cantaleta de las pretensiones amazónicas, en tanto que en Ecuador estas alcanzaban consenso nacional, hábilmente manejadas por el tropicalismo político.

Pero en 1968 un hecho crucial ocurrió en el Perú. La Fuerza Armada, comandada por el general Juan Velasco, asumió el poder deponiendo al gobierno entreguista de Fernando Belaunde. Insurgió en defensa del petróleo, recurso energético de interés nacional, cuya posición se proyectaba perpetuar en beneficio de la Internacional Petroleum Company, transnacional que en el conflicto de 1941 había abastecido con petróleo peruano a la Fuerza Armada del ecuador, convirtiendo Talara en un enclave semicolonial de los Estados Unidos de Norteamérica en el Perú.

El general Velasco Alvarado, patriota a carta cabal y conocedor- como brillante soldado que era- que un país, para hacer respetar sus derechos, requería de una Fuerza Armada poderosa y bien entrenada, puso afanes en dotarlas de los requerimientos modernos, adquiriendo el armamento que le era indispensable y elevado con la adecuada profesionalización la moral del militar. Nunca desde los tiempos de Castilla, el Perú había sido tan poderoso y respetado, cimentándose el orgullo nacionalista.

En el pensamiento de Velasco Alvarado estuvo presente el hecho de que en 1979 se cumpliría el centenario de la infausta guerra del guano y del salitre y el cincuentenario del Tratado de Lima que Chile incumplía reiteradamente. De manera inconsulta y no respetando lo estipulado en ese tratado, el gobierno chileno propuso por entonces una salida al mar a Bolivia por territorio

que había sido antes peruano. La protesta peruana fue inmediata y poco faltó para que se llegara al casus belli, inclinándose esta vez Chile por el temor que le provocó el resurgimiento de la Fuerza Armada del perú. Pero al general Velasco Alvarado no se le permitiría ser el conductor del país en 1979. Intereses de la oligarquía peruana y de las transnacionales afectadas por su política nacionalista, determinaron su caída cuatro años antes, remplazándolo en el poder el general Juan Morales Bermúdez. Chile saludó con beneplácito la deposición del general Velasco Alvarado, pues no sólo se produjo el cambio de personas sino también- y fundamentalmente- un viraje político total.

Morales Bermúdez heredó una Fuerza Armada adecuadamente equipada para garantizar la soberanía e integridad territorial del Perú. Pero el suyo sólo fue un gobierno de transición, destinado a restaurar el poder a la oligarquía. Convocó así a elecciones generales, pero antes auspició la reunión del Congreso Constituyente autor de la Constitución de 1979, un verdadero parto de los montes, por lo menos en los capítulos referidos a la defensa Nacional, cuya expresa finalidad fue mermar los fueros de la Fuerza armada.

Expliquémonos. El artículo 272 de la Constitución de 1979 dice a la letra: "El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Dirige el Sistema de Defensa Nacional". Entiéndase: El presidente es el Generalísimo Jefe de la fuerza armada y la comanda directamente. Poder omnímodo similar al que se atribuyó de por sí al dictador Nicolás de Piérola, con las nefastas consecuencias que la historia registra, por que creyó que no había problemas en pasar de mandatario a estratega. Poder omnímodo que la Constitución de 1933 había anulado, como que fue orientada por inteligentes asesores, el principal de ellos José Luis Bustamante y Rivero, un auténtico demócrata.

El artículo 275 de la constitución de 1979 expresa literalmente: "Las Fuerzas Armadas están constituidas por el ejército, Marina y fuerza Aérea. Tiene como finalidad garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la república. Asume el control y orden e integridad en situación de emergencia, de conformidad con el Art. 231". Una lectura atenta de estas líneas nos indica que la Fuerza armada ya no controla el cumplimiento de las leyes y con la Constitución, con lo cual los gobiernos pueden hacer leyes y con la constitución lo que venga en gana. Se anuló así lo que estipulaba la Constitución de1933,

en el sentido que era atribución de Fuerza Armada preservar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

Y el artículo 278 de la Constitución de 1979 fue redactado en los siguientes términos": Las Fuerzas Armadas y Las Fuerzas Policiales no son deliberantes, Están subordinadas al poder constitucional ". Esto resulta en verdad aberrante, Cierto que la Fuerza Armada debe estar subordinada al poder constitucional. Pero es absurdo anularle la facultad de deliberar, sobre todo considerando que deliberar- según el Diccionario de la Real Academia - es pensar, opinar, sugerir. Luego la fuerza Armada no piensa, no opina, no sugiere, ni siquiera en aquello que es de su competencia, la Defensa Nacional.

Con el marco de esta Constitución fue restaurado en el poder, Fernando Belaunde, heredero de una Fuerza Armada aún poderosa, pero que empezó a descuidar por no sentirse identificado con ella.

Así las cosas, el 22 de agosto de 1981 el Perú fue informado de que tropas ecuatorianas habían invadido nuestro territorio, asentándose entre Comaina y el Puesto de vigilancia N° 3, posición que Jaime Roldós, presidente del Ecuador, se apresuro a denominar Paquisha, nombre éste de una población ecuatoriana situada a otro lado de la frontera. En inusual acierto, el presidente del Perú habló entonces de FALSO Paquisha, desde donde se había atacado a un helicóptero peruano que sobrevolaba territorio propio. Pero ya Ecuador había difundido la noticia a su manera, acusando al Perú de agresión armada contra una posición que infundadamente reclamó como suya.

Comandaba el Ejercito del Perú el general Rafael Hoyos Rubio, oficial decidido y disciplinado soldado, empeñoso sin ser brillante. Fue él quien, por orden presidencial, asumió la misión de dirigir las operaciones para recuperar territorio invadido. Se llevó a cabo la movilización general de la Fuerza Armada, dando a entender que además de recuperar el territorio invadido se invadiría territorio ecuatoriano. Se hablo de tomar Loja como prenda para obligar a Ecuador el cumplimiento cabal del Protocolo de Río de Janeiro, con la fijación definitiva de la frontera en la Cordillera del Cóndor. Para ello el Perú tenía aún la suficiente capacidad bélica y un comandante general empeñoso, de manera que se concibieron esperanzadoras expectativas.

Falso Paquisha fue recuperado el 30 de enero, prosiguiendo las tropas peruanas su progresión. Pero el 2 de enero el

presidente Belaunde ordenó "ni un milímetro más en territorio ecuatoriano". En vano se había movilizado a toda la Fuerza Armada, a un costo de trescientos millones de dólares. Y quedamos en lo mismo Ecuador, tras replegar sus tropas al otro lado de la Cordillera del Cóndor, se consiguió que se abrieran una vez más las acostumbradas negociaciones. Se llegó al absurdo tratado del vencido tratado de imponer condiciones para retirar sus fuerzas, cuando de acuerdo a los usos de la guerra al vencido no le queda otro camino que aceptar las condiciones del vencedor.

La rápida reacción de Fuerza Armada y la Consecución de una fase de su objetivo estratégico pudo lograrse merced a la capacidad y entrenamiento de sus componentes. El ejército vencedor en Falso Paquisha mantenía aún el poderío logrado con Velasco Alvarado. EL gran despliegue estratégico a un alto costo, sólo hubiese hallado justificación si se invadía territorio enemigo, tomándole prenda para imponer la demarcación de la frontera en los 78 kilómetros pendientes. Conseguido el objetivo militar, ése tenía que haber sido el objetivo político. En consecuencia, la orden de detenerse en la frontera fue un gravísimo error sin precedentes. No se había actuado así en 1859 con Castilla ni en 1941 con Pardo, aunque esta última vez el general Ureta fue urgido a detenerse, pero considerando que la seguridad nacional estaba por encima de los titubeos de gobernantes timoratos, prosiguió su ofensiva hasta alcanzar al éxito sacando provecho respaldada por la Constitución de 1933: la Fuerza Armada todavía no había sido declarada "no deliberante " y el presidente no era aún el comandante supremo investido del mando operativo. Hoyos en cambio, atacando disciplinadamente lo dispuesto por la Constitución de 1979,tuvo que detenerse cuando hubiese podido continuar el avance, pues el plan original firmado por Belaunde constituía una orden que pudo y debió cumplir hasta el final. Para un soldado de decisión firme, la coyuntura no hubiese admitido el retroceso.

Se venció en Falso Paquisha pero Ecuador no pagó indemnización de guerra. Y al imponer al vencedor nuevas negociaciones Ecuador se convenció. Y al imponer al vencedor nuevas negociaciones Ecuador se convenció de que los dirigentes peruanos carecían de firmeza, lo cual fue un incentivo para que no renunciase a sus pretensiones.

Poco tiempo después murió el general Hoyos, en un extraño accidente aéreo, tras haber desperdiciado la oportunidad de dar

cima al anhelo nacional de zanjar definitivamente el asunto pendiente con Ecuador.

TRAICIÓN A LA PATRIA Motivando Ecuador por la complaciente actitud del gobierno

peruano, advirtiendo además del poderío bélico del Perú, ya no esperó cuarenta años, tiempo transcurridos desde Zarumilla hasta el Falso Paquisha sino sólo diez para promover una nueva situación conflictiva. Así, en 1991 multiplicó los "falsos", creando los puestos fronterizos Falso Teniente Ortiz y Falso Soldado Monge. En ningún momento había interrumpido la infiltración en territorio peruano de manera subrepticia, pero ahora lo hacía de forma abierta y desafiante. Es que en esa década los gobernantes peruanos sumieron a la Fuerza Armada en una peligrosísima postración.

Debió creer el señor Belaunde que Ecuador había tenido el suficiente escarmiento en Falso Paquisha, lo que fue un error de apreciación, por decir lo menos. Y descuidó el equipamiento militar que heredara de Velasco Alvarado. Sólo eventualmente llegaron reemplazos y como no existió el adecuado mantenimiento, el material de guerra entró en absolescencia. Sólo en la postrera de su gobierno el señor Belaunde autorizó la adquisición de 24 aviones Mirage, aceptando el parecer del alto mando militar, que aconsejo mantener superioridad aérea sobre Ecuador, condición sine qua non para conservar en nuestra potencia combativa relativa.

En 1985 la presidencia fue asumida por el señor Alan García Pérez, líder del partido aprista, quien nada más que el asumir el mando, en pose teatral y dramática, autoproclamándose campeón de la paz de América, anunció la venta de los aviones Mirage que debía recibir el Perú, reduciendo a la mitad el pedido inicial. Esto a las claras fue desconocer la apreciación estratégica del alto mando militar y, aún más, fue poner en riesgo la propia seguridad nacional, toda vez que era conocida la carrera armamentista que había emprendido Ecuador, gracias a los dividendos proporcionados por su producción petrolera, obsequio que el Perú le diera en virtud del Protocolo de Río de Janeiro, como hemos ya explicado.

El presidente García nada le importó la opinión de alerta lanzada por voceros de la Fuerza Armada, que calificaron de inconcebible la venta de los Mirage. Al fin y al cabo, la decisión del Jefe del Sistema de Defensa Nacional estaba tomada y, por lo demás la Fuerza Armada había dejado de ser deliberante, no le cabía opinar. Así lo decía la Constitución vigente.

Signado por la corrupción galopante, ese gobierno hundió al país en una gravísima crisis económica, con el consecuente descuido y postergación de la Fuerza Armada. He aquí una trágica constante en la Historia del Perú: la poderosa Fuerza Armada que en 1859 forjara el presidente Castilla fue destruida por sus corruptos asesores en sólo 20 años, originando la tragedia de 1879. La que reconstruyera Velasco Alvarado también fue destruida por sus corruptos sucesores, pero esta ves en sólo 10 años. Al terminar su mandato en 1990, Alan García dejaba al Perú con la más grande crisis económica de su historia republicana, superior incluso a la que debió de afrontar después de la guerra con Chile, inerme por lo demás para contener con éxito las ambiciones expansionistas de sus vecinos. Si hoy se juzga a ese presidente por peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos, algún día se le habrá de juzgar por traición a la patria, ya que puso al Perú en incapacidad de afrontar con éxito- digámoslo de una vez- las reiteradas pretensiones ecuatorianas. En esa irresponsabilidad incurrieron los miembros de su gobierno y también los altos mandos del Sistema de Defensa Nacional, que no sólo avalaron su gestión sino que incluso fueron partícipes de la absurda opinión de que "adquirir armamento era iniciar una carrera armamentista en la región", cuando todos sabían que Ecuador se armaba aceleradamente.

PACTO DE CABALLEROS En las condiciones ya descritas, en 1990 accedió a la

presidencia de la república el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. El panorama económico era por demás nebuloso cuando el 16 de julio de 1991 un contingente de tropas ecuatorianas se introdujeron subrepticiamente en territorio peruano, en el tramo Bumbuiza - Cusumasa, frente al puesto peruano denominado Pachacútec. Hubo aquí el agravante de que la zona esta perfectamente demarcada, burlando lo cual y con la mayor prepotencia imaginable, los ecuatorianos derribaron el hito N° 51 estableciéndose impunemente en territorio peruano.

En estricto cumplimiento del resguardo de nuestra integridad territorial y de la defensa del sagrado suelo patrio, correspondía a la Fuerza Armada la misión de expulsar a los invasores. Pero esta vez había una cartilla de instrucciones, con notoria intromisión de la diplomacia en el campo militar, que obligaba a conversar, aún ante hechos de agresión consumada. Era inaceptable la presencia de tropas extranjeras en territorio

peruano. , era una ofensa imperdonable que sólo debía reparase con las armas que la patria había dado a los soldados para su defensa. Pero en vez de resolverse el incidente en el terreno militar, se traslado a la mesa de negociaciones, evidente señal de debilidad por parte del gobierno peruano.

El 26 de agosto el ministro de relaciones exteriores doctor Torres y Torres lar, hizo conocer que el Perú había acordado un Pacto de Caballeros con Ecuador, novísima figura en el campo de los tratados de límites internacionales, firmado por un país cuyo comportamiento nunca había sido caballeroso. Recuérdese que en 1941 no respetó el cese de hostilidades y tendió arteras emboscadas. Tradición seguida invariablemente, al punto de derribar un hito protocolizado para invadir territorio ajeno. ¿Qué hecho inusual había tenido lugar para hablar de caballerosidad? ¿Había exceso de ingenuidad o se trataba de evitar el agravamiento de una situación que hubiese sido adversa para el Perú dada la notoria debilidad de su potencial bélico?

Sea como fuere, ese Pacto de Caballeros acordó la fijación de una zona de seguridad común en los 20 kilómetros intermedios entre los hitos Bumbuiza - Cusumasa y Yaupi - Santiago, comprometiendo Ecuador de palabra a restituir el hito derribado.

De esa manera se renunció a la soberanía sobre territorio inalienablemente peruano y se dio por descontado que cumpliría su palabra un país que tradicionalmente siempre la había incumplido. Cabe aquí interrogarse, ¿se restituyó el hito? ¿Ecuador respetó la zona de seguridad? ¿Perú llegó a ocupar la zona de seguridad que le pertenece? Las respuestas siguen siendo secreto de estado y de esos temas debió hablarse en Itamaraty. Lo cierto es que fue ese extraño Pacto de Caballeros el inicio de una nueva forma de tratar los asuntos limítrofes.

Ese inusual procedimiento, inédito en el derecho internacional y por lo tanto creación del doctor Torres y Torres Lara, tuvo además otra connotación. Dio lugar a que por primera vez en el larguísimo diferendo sostenido con Ecuador, a causa de su terca y caprichosa ambición de usurpar territorios ajenos, que el Perú no repelía con las armas una invasión. Observamos la progresión de la actitud peruana desde la primera guerra: a) invasión profunda de territorio enemigo en 1859, con Castilla; b) invasión de mediana profundidad en 1941, con Prado y Ureta; c) rendición del enemigo y su expulsión de territorio peruano en 1981, con Belaunde y Hoyos Rubio y d) pacto de caballeros, sin expulsión del enemigo infiltrado, 1991.

Ello constituyó un éxito para los ecuatorianos, vanagloriándose de que por primera vez su diplomacia había sabido sacar provecho en una situación de un problema fronterizo allí donde en verdad no se había admitido antes su existencia y, lo más grave, presionando para resolver la cuestión fuera del marco del Protocolo de Río de Janeiro, el cual- para decirlos en términos vulgares- había sido perforado.

A decir verdad, ignoramos los objetivos políticos estratégicos de la actual condición gubernativa. Pero la paz que todos anhelamos no debe obtenerse a cambio de concesiones territoriales. Esa es la premisa básica e irrenunciable. La Defensa Nacional tiene hoy una misión establecida claramente por la Constitución. De allí que nos asiste la seguridad de que el planeamiento estratégico debe haber visado la necesidad de poner fin a los cada vez más seguidos y atrevidos avances ecuatorianos.

Creemos que por la mente de ningún peruano bien nacido pasa la idea de ceder un solo milímetro de nuestro sagrado patrimonio territorial. Por eso consideramos aparente el retroceso, como parte necesaria de un plan a mediano plazo, destinado a finiquitar la cuestión preservando incólumes los interese de la nación. El gobierno peruano le asiste por ello la obligación de recuperar y mantener la capacidad ofensiva de nuestra Fuerza Armada, a los efectos de ganar la guerra mental mediante el empleo de la estrategia disuasiva.

ALTO CENEPA Entre el Pacto de Caballeros y el conflicto del Alto Cenepa

sólo mediaron 4 años. No ya los 82 que transcurrieron entre Mapasingue y Zarumilla; ni los 40 que mediaron entre Zarumilla y Falso Paquisha; ni los 10 transcurridos entre el falso Paquisha y la destrucción del hito de Bumbuiza- Cusumasa. Si esta constante prosigue, tenemos un conflicto ad portas.

Fueron a todas luces difíciles los primeros años de gobierno del ingeniero Fujimori. La gravísima crisis económica y la subversión generalizada pudieron ser factores para que la Fuerza Armada continuase siendo ignorada en sus apremiantes necesidades.

El 5 de abril de 1992 fue alterado el proceso democrático, originándose asimismo una serie de cambios trascendentales en el manejo de la Fuerza armada. El Servicio de Inteligencia Nacional, subordinando al Sistema de Inteligencia de la Fuerza

Armada. El sistema pasa a ser manejado directamente por un representante del presidente de la república.

Se pone fin a la tradición de que el más antiguos de los generales en actividad acceda a la comandancia de su instituto, pues el nombramiento pasa a ser potestad del presidente de la república. Se rompe también la tradición permitiendo que el comandante general siga en su puesto definitivamente, no obstante haber pasado al retiro por límite de edad o por haber cumplido 35 años como oficial. Sin causa determinada son pasados al retiro casi todos los espadas de honor. Igualmente, sin mayores explicaciones, son invitados al retiro muchos otros oficiales. Queda obsoleta la frase "antigüedad es clase", pues los puestos de jefe de estado mayor, inspector general, etc. No son ocupados por orden de antigüedad, como se acostumbraba, sino que se transforman en cargos de confianza, a discreción del comandante general o de su superior el presidente de la república. En conclusión, cunde el desconcierto en la oficialidad de la Fuerza Armada, resquebrajándose la camaradería. Por ser notorio y evidente, esta realidad tiene que ser consignada.

Entre el 11 y 17 de enero de 1993, el presidente Fujimori visita Ecuador y reconoce públicamente la existencia de un problema fronterizo, lo que creíamos zanjado por el protocolo de Río de Janeiro. Asiste luego a la ceremonia de transmisión de mando en ese país y escucha impávido el discurso del señor Durán Ballén, nuevo presidente ecuatoriano, quien proclama para su país una salida soberana al Amazonas; el auditorio, incluido el presidente peruano, prorrumpe en aplausos, gesto que es tomado como un reconocimiento a tamaña pretensión y que es premiado en las calles de Quito con vítores y flores a su paso. De regreso al Perú el conmovido mandatario declara: "no compraré tanques compraré tractores; no compraré, fusiles compraré palas".

Fujimori convoca un Congreso Constituyente Democrático, que aprueba una nueva constitución en 1993, documento que en lo referido a la Defensa Nacional repite letra por letra lo consignado por la Constitución de 1979. Ergo, la Fuerza Armada no tiene injerencia en el cumplimiento de la Constitución y las leyes; no es deliberante y su comandante en jefe operativo es el Jefe del Sistema de Defensa Nacional, que es el presidente de la república.

Poco después se firman en secreto las Convenciones de Lima, en cumplimiento de las cuales el Perú abdica de sus

derechos en Arica establecidos en el Tratado de 1929. Complemento de ello a la suscripción del Acta de Lima, siendo canciller el señor De la Puente Raygada. Conocido el tenor de esos documentos se produce la reacción del pueblo tacneño luego la del todo el pueblo peruano, lo que motiva la reversión del patricidio, con gran disgusto de los chilenos.

Ese proceso fue puntualmente seguido por ecuador de que si el Perú aceptaba modificar los términos del Tratado con chile, aceptase hacer lo mismo con el Protocolo de río de Janeiro. Aunque todos sabemos que los tratados internacionales de límites y servidumbres tienen carácter de 2irreversibles2, el gobierno de Fujimori hubiera trastocado este axioma de no habérselo impedido el pueblo peruano.

Es difícil entender las mentalidades de quienes hoy tiene las riendas del poder en el Perú. Repárese que al arreciar las protestas contra las Convenciones de Lima, un parlamentario del oficialismo declaró: "Estos reclamos son nacionalismo trasnochados, lo importante es hacer buenos negocios". Chile en efecto, había iniciado ya un agresivo programa de inversiones en el Perú, adquiriendo empresas en diversos ramos, hecho sin precedentes. Recuérdese también que al desatarse la fiebre de las privatizaciones, un ministro peruano, consultado sobre si sería posible vender Petroperú a Ecuador, declaró sin titubeos: El Perú está en venta; si Ecuador puede pagar el precio de Petroperú, se le vende"

Difícil, repetimos entender esas mentalidades, sobre todo cuando cada cierto tiempo las agencias de noticias internacionales informan que Ecuador prosigue e incrementa su carrera armamentista, compra aviones Kfir en Israel y cuenta con instructores de ese país, en tanto que Chile continúa la modernización de sus fuerzas blindadas, manteniendo permanente una misión militar en Ecuador. Preguntémonos, ¿ en contra de qué país se realizan tales aprestos de guerra?

Como si todo ello careciera de importancia, en el Congreso del Perú se habla de reformas en la Fuerza Armada, empleándose la terminología propia del neoliberalismo, hablándose de que estamos en una "aldea global" y que existe la necesidad de que la Fuerza Armada sea sometida a un proceso de "reingenieria", teniendo por meta la "calidad total", lo que pasa por reducir su presupuesto y sus efectivos.

Con ministros y generales afirmando que "las guerras son cosas del pasado", con aparente clima de confianza y tranquilidad

con cambios y reformas en la Fuerza Armada, con una reiterada negativa a adquirir equipo y armamento disuasivo por que ya "no eran necesarios", se dio la nueva agresión ecuatoriana en 1995. Cronológicamente, sigamos paso a paso lo que ha sido el más reciente conflicto:

9 al 11 de enero.- Fuerzas ecuatorianas atacan a patrullas peruanas en la Cueva de los Tayos.

24 de enero.- El presidente ecuatoriano convoca a los embajadores de los países garantes; por primera vez reconoce dicha denominación en vez de los "países amigos" que hasta entonces había empleado.

26 de enero.- Un helicóptero ecuatoriano irrumpe en el espacio aéreo peruano atacando un puesto de vigilancia situado a cuatro kilómetros de la frontera.

27 de enero.- Un comunicado del comando conjunto anuncia que tropas peruanas han recuperado la Cueva de los Tayos.

28 de enero.- El gobierno ecuatoriano demanda la injerencia de la Organización de los Estados Americanos y del consejo de seguridad de las Naciones Unidas. Ambos organismos responden que los mecanismos para el entendimiento deben buscarse en el Protocolo de Río de Janeiro.

29 de enero.- Prosiguen los enfrentamientos. Tropas ecuatorianas infiltrados en Tiwinza derriban un helicóptero peruano con cinco tripulantes.

30 de enero.- En ofensiva peruana son desarticuladas tropas ecuatorianas que ocupaban la Cueva de los Tayos y otras bases dentro de nuestro territorio.

30 de enero.- Los garantes invitan al Perú y Ecuador a una reunión dentro del contexto jurídico del protocolo de Río de Janeiro; se acepta la propuesta, pero Ecuador advierte que si el Perú no declara un alta al fuego, retirará de la reunión a su vice- canciller Fernández de Córdova.

31 de enero.- Se inicia en río de Janeiro la ronda de reuniones por separados entre los garantes y los viceministros de relaciones exteriores del Perú y Ecuador.

01 de febrero.- El Perú plantea el cese del fuego y la creación de una zona desmilitarizada que quedaría bajo la observación temporal de los garantes.

02 de febrero.- Ecuador acepta el cese del fuego pero insiste en mantener el statu quo de la zona, con participación de observadores civiles y militares de cuatro países garantes.

05 de febrero.- Culminan las reuniones de Río de Janeiro con sólo un proyecto de acuerdo que el Perú se muestra dispuesto a firmar. El presidente ecuatoriano Durán Ballén, opuesto a la firma de ese acuerdo, anuncia que las negociaciones continuarán en Brasilia a nivel de embajadores.

06 de febrero.- El Perú anuncia su decisión de continuar las conversaciones. Por su parte, Ecuador informa que su vice - canciller seguirá al frente de las negociaciones a realizarse en Brasilia.

07 de febrero.- Nuevo ataque ecuatoriano sobre PV1 y otros puestos cercanos.

09 de febrero.- Nuevo ataque ecuatoriano sobre PV1 y Base Sur, hallándose en estos puestos peruanos miembros de la Cruz Roja Internacional.

09 de febrero.- Se inicia en Brasilia la segunda etapa de negociaciones, discutiéndose las condiciones del alto fuego. El Perú lo acepta si Ecuador retira sus tropas de la zona. Ecuador pretende mantenerlas, aunque propone una tregua humanitaria, provocando desconcierto de los garantes. Esa actitud finalmente se interpreta como una maniobra dilatoria para no firmar la declaración.

10 de febrero.- El gobierno ecuatoriano se muestra escéptico respecto a la declaración peruana de alto al fuego; sin embargo dice aceptarla. Llega el aviso de que Perú ha decretado cese al fuego.

14 de febrero.- A mediodía, el Perú declara un "cese al fuego unilateral", luego de que previamente sus tropas tomaron Tiwinza. Pese a ello, se registran ataques con misiles aéreos desde la base ecuatoriana de Coangos.

15 de febrero.- Al cabo de tres intensas jornadas diplomáticas, a la una de la madrugada se firma la Declaración de Paz de Itamaraty, siendo sus acuerdos principales el cese al fuego, el retiro de tropas y el envío de una misión de observadores.

17 de febrero.- Desconociendo lo acordado en Itamaraty, Ecuador prosigue sus ataques contra Base Sur, Cueva de los Tayos y Tiwinza.

19 de febrero.- Nuevos ataques ecuatorianos sobre Base Sur, Cueva de los Tayos y Tiwinza.

21 de febrero.- Recrudece las acciones. Hasta ese momento el Perú acusa la pérdida de helicópteros, dos aviones Sukoi, un avión A7 y un avión Camberra. Tropas peruanas al mando del general López Trigoso avanzan hacia Tiwinza.

22 de febrero.- Enfrentamientos en Base Sur y Tiwinza. 24 de febrero.- Los observadores de los países garantes

emprenden viaje hacia el PV1. 24 de febrero.- El presidente Fujimori iza la bandera

peruana en la Cueva de los Tayos. Aún a sabiendas de la presencia de periodistas acompañando a Fujimori, Ecuador lanza nuevos ataques sobre Tiwinza, Base Sur y Cueva de los Tayos. Los ataques aéreos los realiza desde Cóndor Mirador.

27 de febrero.- Cae un helicóptero peruano en Ampama. 27 de febrero.- Misión de avanzada de los observadores

militares arriba a Bagua (Perú) y Patuca (Ecuador).

28 de febrero.- El ejército peruano destaca dos nuevos frentes de infiltración enemiga, en Ampama y Chequiza, posiciones ubicadas en los alrededores del río Santiago.

28 de febrero.- Incumplido el compromiso firmado en Itamaraty, los países garantes aprovechan la presencia de los cancilleres del Perú y Ecuador en la ciudad de Montevideo y los presionan para firmar una nueva declaración de paz que ratifica la primera.

24 de marzo.- Ecuador vuelve a violar el acuerdo de cese de fuego en Tiwinza. Seis militares peruanos son heridos por ataque de patrulla ecuatoriana. La misión de observadores de los países garantes se instala en Bagua y en el PV1. Otro grupo hace lo mismo en el lado ecuatoriano.