La Fuerza Aérea Colombiana · 13 El libro que por iniciativa de la Fuerza Aérea Colombiana se...

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La Historia

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La Fuerza Aérea Colombiana y el término del conflicto armado: Victorias desde el aire

La Fuerza AéreaColombiana

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La Historia

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CONTENIDO

PRÓLOGO

Prólogo (Teniente General del Aire Carlos Bueno, Cdte. FAC).....................................................

PREFACIO

Prefacio (Andrés Dávila Ladrón de Guevara)...........................................................................

LA HISTORIA

Fuerza Aérea Colombiana y operaciones decisivas 1998-2015 (Ricardo Esquivel Triana)................

LOS CONTEXTOS REGIONALES

Antioquía. Proceso de consolidación de la seguridad 1990-2002 (Camilo Andrés Castiblanco Durán / Adriana Lucía Marín Ramírez / Andrés Cotrina Acosta / Javier Alberto Castrillón Riascos)................

La zona de distensión y su recuperación por la Fuerza Aérea Colombiana (Andrés Cotrina / Camilo Andrés Castiblanco Durán / Adriana Lucía Marín Ramírez / Javier Alberto Castrillón Riascos).............

La Operación Vuelo de Ángel, punto de inflexión en el conflicto armado colombiano (María Alejandra Santos Barón)

LOS ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICOS

Debates socio jurídicos al uso del término ‘minería criminal’ (Adriana Lucía Marín Ramírez)................

Illegal and criminal mining in Colombia, new alternatives in the face of trans-border issues (Javier Alberto Castrillón Riascos)...................................................................................................

La doctrina Jurídico Operacional como elemento preponderante en el éxito operacional de la Fuerza Aérea en el siglo XXI (Brigadier General del Aire Juan Carlos Gómez Ramírez)...............................

UN BALANCE FINAL

El aporte de las Fuerzas Militares a la paz en Colombia (Mayor General del AireJuan Guillermo García Serna)..............................................................................................

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Ricardo Esquivel TrianaCamilo Andrés Castiblanco Durán

Adriana Lucía Marín RamírezJavier Alberto Castrillón RiascosNelson Andrés Cotrina AcostaMaria Alejandra Santos BarónJuan Carlos Gómez RamírezJuan Guillermo García Serna

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PRIMERA EDICIÓNISBN 978-958-99118-3-9

COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANATeniente General del Aire CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS

SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE ESTADO MAYORMayor General del Aire LUIS IGNACIO BARÓN CASAS.

COMITÉ EDITORIALGrupo de investigación “Análisis en Contexto”Registro Colciencias COL01652382015072937

Jefe Jefatura Jurídica y Derechos Humanos Brigadier General del Aire JUAN CARLOS GÓMEZ RAMÍREZ.

Directora del Grupo de Investigación “Análisis en Contexto” Colciencias Teniente Coronel ADRIANA LUCIA MARÍN RAMÍREZ.

FOTOGRAFIASArchivo fotográfico institucionalwww.fac.mil.co

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓNwww.impresscolombia.com

Reservados todos los derechos©Fuerza Aérea Colombiana

Ricardo Esquivel TrianaCamilo Andrés Castiblanco DuránAdriana Lucía Marín RamírezJavier Alberto Castrillón RiascosNelson Andrés Cotrina AcostaMaria Alejandra Santos BarónJuan Carlos Gómez RamírezJuan Guillermo García Serna

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La Historia

Este libro fue financiado Por la Fuerza Aérea Colombiana

Los artículos publicados en el presente libro son responsabilidad exclusiva de sus autores.En ningún caso reflejan la posición oficial de la FAC o de alguna institución o dependencia

del gobierno nacional de Colombia. Su reproducción parcial o total es permitidabajo la condición de dar el debido reconocimiento al autor.

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AGRADECIMIENTOS

Como grupo de investigación que culmina un producto editorial, es imprescindible hacer el necesario reconocimiento a quienes, desde distintos lugares e instancias, hicieron posible el adecuado desarrollo del proyecto durante el año 2015, que permitió el aporte de fuentes primarias y secundarias para la elaboración del texto que hoy se entrega.

CACOM 1 Palanquero: Brigadier General del Aire PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA/ MY JEANNETTE CELENE ZA-PATA MONTES/MY ANDRES FELIPE MAYA PINEDA/TE GUSTAVO ESPITIA DIAZ/ST JOSE DAVID MUÑOZ ANAGUANO

CACOM 2 Apiay: Brigadier General del Aire RODRIGO ALEJANDRO VALENCIA GUEVARA / /TC HUGO BAHAMON DUSSAN / TC ALEXANDRA GUZMAN DURÁN

CACOM 3 Malambo: Coronel FARID KAIRUZ SANABRIA/ CR ALVARO BONILLA CASTAÑEDA/CT LIZETH ADRIANA NORIEGA/ ST LAURA ALEJANDRA SANTOS LEON/ AT ANDRES FELIPE OTALVARO/ AS11 ORLANDO DE LA CRUZ

CACOM 5 Rionegro: Coronel HECTOR LUIS CARRASCAL VARELA/ CR PEDRO ARNULFO SANCHEZ SUAREZ/ TC YESNID PINZÓN GUINEA

CACOM 7 Cali: Coronel RAFAEL ORDOÑEZ MERJECH/ CT HUGO FERNANDO BONILLA AVENDAÑO/ST MIGUEL ANGEL HERRERA CASTILLO

EMAVI Cali: Coronel JUAN CARLOS RUEDA CARTAGENA/ CT JULIO CESAR BASANTE BRAVO/ ST MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ

FT ARES Marandua: Coronel KERLY SÁNCHEZ PESCA

GAAMA Leticia: Coronel JULIAN GÓMEZ LINCE/ TC HUGO VALDERRAMA VIVAS/ ST LUISA NATALIA CASTELBLANCO GOMEZ/ T4 CARLOS CARLOS ALBINO PÉREZ/ AS11 JACKSON NAFORO BAUTISTA

GACAS Yopal: Coronel CIRO HERNAN ESPINEL LUENGAS/ TC DORIAN ROJAS PAEZ/ TE OSCAR AMARILES SANCHEZ/ST ANGELA MARIA MEJIA MARIN.

GAORI Marandua: Coronel FEDERICO GARCÍA LOZANO / TC RICARDO ROJAS LONDOÑO/ CT OSCAR DAVID CAMA-CHO MEDINA/ TE VICTOR ERAZO BUCHELI/ST JEISONDAVID TORRES MENDEZ/

General del Aire (R) JAIR PERDOMO ALVARADO

General del Aire (R) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY

Capitán CESAR AUGUSTO BETANCOURT MONTOYA

T2 HELDO PINEDA

Esp. Dra. LAURENT DANIELA MELO DURÁN.

AS13 JHON FREDY ROMERO OSORIO

AS14 LUISA FERNANDA CASTILLO FLORIAN

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

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PRÓLOGO

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La Historia

Teniente General del Aire CARLOS EDUARDO BUENO VARGASComandante Fuerza Aérea Colombiana

Colombia ha vivido a lo largo de su historia, grandes desafíos a su democracia, instituciones y sociedad; sin embargo, el esfuerzo excepcional de nuestras damas y caballeros del aire, ha contribuido indiscutiblemente al fortalecimiento y defensa nacional, hasta el punto de estar ad portas del fin del conflicto armado. Este es el tema central del libro, siendo además un testimonio de la lucha incansable que mantenemos como defensores y garantes de los colombianos y de la soberanía nacional.

Podemos sustentar que nuestro accionar valiente y decisivo, ha llegado a todos los rincones de la geografía patria. Sin embargo, casos significativos para la memoria histórica nacional como la operación “Vuelo de Ángel”, la retoma de la zona de distensión, el paso victorioso de los guerreros del aire en Antioquia, y en general todo el actuar de la Fuerza desde principios del siglo XX hasta la actualidad, son muestra del espíritu de lucha que nos caracteriza, siempre con el objetivo máximo de la paz. Todos estos hechos son una im-pronta en la identidad de las generaciones presentes y futuras, que con orgullo se muestra en estas páginas.

Así mismo, el arrojo constante en las diferentes operaciones que nos han llevado a ser la Fuerza determi-nante en el conflicto colombiano, siempre han contado con la observancia y cumplimiento juicioso de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, factores que no sólo otorgan legalidad, sino también legitimidad irrestricta frente a la sociedad. Esto ha sido posible gracias a la inclusión y consolidación de una doctrina y acompañamiento jurídico incondicional, que se convierte en un sustento adicional para la seguridad de nuestras tripulaciones.

El avance y liderazgo de la Fuerza Aérea Colombiana que ha logrado la supremacía sobre los actores arma-dos ilegales en el conflicto armado, es una tarea continua e inagotable que ahora debe ser dirigida para la consolidación de la paz, más aún, en un contexto de amenazas emergentes como la minería ilegal y criminal. Son este tipo de escenarios los que deben ser estudiados y enfrentados, siempre con el esfuerzo honesto que caracteriza a los miembros de esta Institución, evidencia de este importante aporte para la cultura aérea. Finalmente, lo que éste libro representa, es la muestra de la gran calidad humana y profesional de todos los oficiales, suboficiales y personal no uniformado, quienes hacen más fuerte el trabajo en equipo que hace grande a nuestra Fuerza. En este caso, un grupo de profesionales y militares con un solo objetivo: enaltecer nuestra divisa azul ante Colombia, el mundo y la historia.

Los invito a leer este libro, fiel testimonio de años de incansable lucha de hombres y mujeres del aire que han sabido enaltecer nuestro lema “así se va a las alturas”, cuya vocación de servicio los ha llevado a persistir en la búsqueda incansable de la paz nacional, la defensa de la constitución, la democracia, y las libertades.

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PREFACIO

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La Historia

El libro que por iniciativa de la Fuerza Aérea Colombiana se entrega a los lectores, constituye un novedoso e importante esfuerzo por llenar múltiples vacíos y enormes silencios en relación con la historia reciente de Colombia, en particular la de su conflicto armado interno y la del papel que en este ha desempeñado, de manera clave y protagónica, la Fuerza Pública.

El camino seguido, además de novedoso, constituye un ejercicio relevante, oportuno, para el propósito final tendiente a generar las condiciones para la construcción de la memoria institucional. Ello, como un aporte necesario a ese proceso complejo, múltiple, dialéctico, de disputa política, pero necesario, de construcción de memoria en que está inmersa la sociedad colombiana y que tendrá que ver, en últimas, con las condicio-nes en que se piense, procese y establezca la verdad, la justicia y la reparación y se siga un camino cierto de reconciliación.

En los distintos capítulos que componen el libro cabe señalar varios elementos que es importante tener en cuenta. Para empezar, y dado que constituye el primer ejercicio en esta dirección, posibilitado por una de nuestras Fuerzas Militares, hay un doble mensaje a considerar. De una parte, lo necesario e importante de que iniciativas semejantes sean prontamente adoptadas por las otras fuerzas y la Policía, de manera que en un lapso de tiempo relativamente breve, la sociedad colombiana cuente, para esa compleja discusión sobre la memoria, con múltiples miradas y algunas de ellas provenientes de quienes, desde sus misiones y funciones, han sido partícipes directos de lo sucedido. De la otra, la importancia de contar con estas miradas para suscitar un debate académico, inicialmente, en relación con los tópicos, las regiones, los actores, los períodos trabajados. En tal sentido, si el libro que se presenta es objeto de reseñas críticas, de cuestio-namientos a sus análisis e interpretaciones, bienvenidas estas pues para ello se produjeron los distintos capítulos que lo componen.

En segundo lugar, en un ámbito en el que la producción escrita, con el rigor que provee la formación aca-démica, no se ha desarrollado lo suficiente, este es, de por sí, un aporte que reabre una brecha que por diversas razones parece relativamente abandonada. Hay que remitirse a la Historia de las Fuerzas Militares que a modo de una Enciclopedia publicó Planeta, bajo la coordinación editorial del ya fallecido General Alvaro Valencia Tovar a comienzos de la década de los años noventa. En tal sentido, puede ser este un primer impul-so, necesario, importante, para la construcción de la memoria institucional de la Fuerza Pública colombiana y, por la misma vía, de su Historia Institucional, actualizada, organizada, estructurada en torno a diversos retos que el conocimiento de estas organizaciones amerita.

Cabe añadir cómo, al libro que aquí se presenta, es necesario añadir el libro sobre contexto del conflicto que próximamente publicará la Universidad Javeriana.

En esta publicación, titulada La Fuerza Aérea Colombiana y el término del conflicto armado: “Victorias desde el aire”, cabe destacar la plural composición del equipo de investigación, análisis y redacción. Se encuentra, allí, una interesante presencia de académicos cercanos a la historia y a distintas disciplinas de las ciencias sociales (sociología, ciencia política, relaciones internacionales, antropología), junto con personal de la Fuer-za Aérea Colombiana que se ha formado en estas o en la cercana disciplina del derecho. Se conjuga, así, una mirada múltiple, diversa, pero claramente rigurosa y sistemática en su abordaje de la realidad con todo y sus complejidades.

Al respecto, es central señalar que aun con diferencias en las interpretaciones y análisis, que de eso se trata la investigación en ciencias sociales como soporte fundamental del trabajo adelantado, en todos los capítulos se hace explícito un tratamiento cuidadoso de los conceptos, de los métodos de investigación y de la información primaria y secundaria que sirve de soporte. Hay, en particular, un uso muy cuidadoso de la información recabada en la propia Fuerza Aérea y en el trabajo de entrevistas con miembros de la insti-

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tución. Con lo cual, se cumple un propósito fundamental: incorporar visiones, análisis, recomendaciones de quienes, desde el interior de nuestra Fuerza Pública, tuvieron un papel relevante en el desenvolvimiento de los hechos.

El libro consta, entonces, de cuatro partes: la historia, los contextos, los análisis socio jurídicos y un balance final. En el primero, la historia, el doctor Ricardo Esquivel hace un bien justificado análisis de las transforma-ciones de la Fuerza Aérea que conducen a que juegue un rol fundamental en lo que en sus propios términos constituye “la victoria decisiva” en este caso contra un enemigo claramente definido: las Farc y que explica el hecho de que se sienten en la mesa de negociaciones con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 2010-2014 y 2014-2018.

En el segundo, los contextos, Andrés Cotrina, Camilo Andrés Castiblanco Durán, Adriana Lucia Marín Ramírez y Javier Alberto Castrillón Riascos se aproximan a dos casos regionales muy importantes: “Antioquía. Proce-so de consolidación de la seguridad 1990-2002” y “La zona de distensión y su recuperación por la Fuerza Aérea Colombiana”. Y María Alejandra Santos Barón desarrolla” La Operación Vuelo de Ángel, punto de inflexión en el conflicto armado colombiano”. Con una preocupación por presentar los contextos, la dinámica del conflicto y el conjunto de operaciones que, con un rol preponderante de la Fuerza Aérea Colombiana, dieron lugar a resultados exitosos, ambos trabajos permiten ejercicios de discusión interesantes dados los aportes novedosos en los enfoques y en la información procesada para los análisis. Es interesante, por ejemplo, el abordar el fenómeno del desplazamiento para entender el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en varias regiones y entender, así, la importancia de la intervención de la Fuerza Aérea con sus operaciones. Como es obvio, en varios de los aspectos presentados se pueden detectar necesidad de men-ciones más detalladas y análisis en torno a la relación de ciertos procesos con la presencia y actividad de determinados actores. Pero lo entregado da pie a formular las preguntas y a tener certidumbre de respuestas adecuadamente sustentadas en referentes empíricos.

En el tercero, los análisis socio jurídicos, Adriana Lucia Marín Ramírez, “Debates socio-jurídicos al uso del término ‘minería criminal’”, Javier Alberto Castrillón Riascos, “Illegal and criminal mining in Colombia, new alternatives in the face of trans-border issues” y BGA. Juan Carlos Gómez Ramírez “La doctrina Jurídico Operacional como elemento preponderante en el éxito operacional de la Fuerza Aérea en el siglo XXI”, hacen interesantes aportes a asuntos de relativa reciente incorporación en la compleja dinámica del conflicto. De una parte, en torno a la problemática de la minería criminal o ilegal, asunto que, en las actuales condiciones del conflicto, se ha constituido en referente importante y en desafío a resolver por la Fuerza Pública. El Brigadier General Juan Carlos Gómez Ramírez hace una interesante síntesis del papel jugado por la doctrina Jurídico Operacional, como soporte de los éxitos continuados de la Fuerza Pública, gracias al aporte soste-nido y preponderante de la Fuerza Aérea Colombiana. De nuevo, la juiciosa reflexión en torno a los términos, su significado, su alcance, su importancia estratégica, dejan planteados nichos de discusión académica y jurídica de la mayor relevancia.

Finalmente, el General Mayor del Aire Juan Guillermo García Serna, hace un balance que, recogiendo los aportes de cada uno de los capítulos del libro, sirve de referente para una reflexión profunda sobre la relación entre las Fuerzas Militares y la paz de Colombia. En un cierto sentido, así como el libro hace referencia a las “Victorias desde el aire”, estamos seguros que este tipo de trabajos servirán de soporte a tales victorias, pero en este caso desde los “escritorios”.

Andrés DávilaDirector Departamento de Ciencia Política,Pontificia Universidad JaverianaBogotá, abril de 2016

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Fuerza Aérea Colombianay operaciones decisivas

1998-2015

Ricardo Esquivel Triana1

Introducción2

En cualquier caso, Colombia existe como naciónen el mundo actual. (Bushnell, 1994, p. 15)

En febrero de 2012 Colombia logró que el grupo armado ilegal de mayor tamaño reiniciara diálogos para el cese de sus exacciones.3 Escasos cuatro meses antes la Fuerza Aérea Colombiana lideró la operación ‘Odiseo’ en la cual resultó neutralizado el máximo cabecilla de ese grupo denominado Farc.4 Podría inferirse que con esta operación la Fuerza Aérea fue decisiva para acercar el cese del conflicto armado en Colombia; como podría admitirse que una operación no era suficiente para debilitar al grupo y forzarlo a dialogar. Desde el concepto de victoria decisiva (Gray, 2012) ambas inferencias se confirman mutuamente.

En primer lugar, incluso en un enfoque de guerra popular prolongada el objetivo de la guerra es desar-mar las fuerzas del contrincante o “privarlas de su capacidad de resistencia, y no significa aniquilarlas a todas físicamente” (Mao, 1968, p. 160). En la operación citada el relevo del cabecilla, aunque abrupto, pudo ser fácil mientras más complejo debió ser restablecer la moral de subalternos que ven tocados a sus máximos jefes. Solo por esto la operación ‘Odiseo’ fue una victoria decisiva de la Fuerza Pública porque contribuyó a debilitar la “capacidad de resistencia” del grupo. Si se considera que desde 1998 se han desarrollado operaciones con resultados similares, la noción de victoria adquiere plena confir-mación.

1 Ph. D. en Historia. Asesor Historia - Fuerza Aérea Colombiana. Comentarios a: [email protected] Informe de investigación adscrito al proyecto ‘Historia FAC 1998-2015’, Grupo de investigación ‘Análisis en Contexto’ - Fuerza Aérea Colombiana (Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto). Los borradores previos se beneficiaron de comentarios de los oficiales FAC: CP. Edison Duarte Parada, CP. Nora Patricia Gutiérrez Rodríguez y ST. Javier Alberto Castrillón Riascos, como de la politóloga (PUJ) Dalia Rodríguez Q. Otra versión modificada se publicó como artículo en Esquivel, R. (2016, Enero-Julio). La Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado (1998-2015). Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 14 (17).3 Entre febrero 23 y agosto 26 de 2012 se realizó, en La Habana, el “Encuentro exploratorio” con el grupo para definir una agenda de diálogo para la paz. La mesa para dialogar sobre esta agenda se instaló en octubre de ese año, en Oslo (Noruega), y comenzó sus actividades en La Habana (Acuerdo general…, 2012).4 La transcendencia del dialogo entre el gobierno y ese grupo no necesita debate. Pero siendo aquel un ‘grupo armado organizado ilegal’, según el DIH, aquí siempre se mencionará así o con sus relativos: ‘grupo armado ilegal’ o ‘grupo ilegal’. Tampoco se asumen los términos del discurso usado por el grupo para describir su devenir porque, según un Manual de Redacción periodística, es un deber de responsabilidad social y de imparcialidad informativa (Mendoza, 2006, p. 1-29).

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En segunda instancia, lo decisivo de las operaciones hasta hoy es evidente al contrastar el reinicio de diálogos en 2012 con su precedente de 1998. Entonces la Fuerza Pública se recuperaba de dos años de ataques por grandes destacamentos del grupo. En parte por ello, a un mes de posesionarse, el presidente electo Andrés Pastrana (1998-2002) se reunió con el anterior máximo cabecilla y firmaron un acuerdo preliminar para iniciar diálogos. Pero enseguida el grupo lanzó una serie de 62 ataques contra instancias gubernamentales, el principal contra la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare). Aun así, para iniciar los diálogos, exigió desalojar la Fuerza Pública de una zona entre Ca-quetá y Meta y, de nuevo, en noviembre de ese año, el grupo lanzó contra Mitú (Vaupés) el más grande de sus ataques.

El contraste sugiere que, en 1998, el grupo tenía la iniciativa para imponer condiciones. Justo ante el ataque a Mitú la Fuerza Aérea Colombiana lideró la operación decisiva, Vuelo de Ángel, que al recuperar la ciudad frustró los planes de largo plazo de aquel grupo e inauguró el debilitamiento de este. Todo lo anterior nos lleva a preguntar ¿cómo la Fuerza Aérea se convirtió en el poder decisivo para el cese del conflicto? ¿Cómo se caracterizan las operaciones decisivas que lideró la Fuerza Aérea al efecto?

La respuesta tentativa es que, entre 1998 y 2012 la Fuerza Aérea Colombiana lideró las operaciones decisivas para acercar el cese del conflicto interno, como para preservar la integridad del territorio nacional. Si bien la Fuerza Aérea obedece a las directrices trazadas por el Gobierno a través del Co-mando General de las Fuerzas Militares, durante ese periodo la Fuerza Aérea inició su cuarto momento histórico.5 Su capacidad decisiva se demuestra con la diferencia en las operaciones que debió cumplir, bien fuera respuesta inmediata a ataques del grupo ilegal usando grandes destacamentos o a una decisión gubernamental, del mismo modo que cumplía la paciente labor de neutralizar a los cabecillas. Pero antes vale aclarar que es una victoria decisiva.

Según Gray (2002) el concepto victoria decisiva exige ciertas precisiones. Una de ellas es ratificar que el uso de la fuerza militar es un instrumento de decisión usado por los estados, aunque su resultado no siempre es la decisión esperada (Gray, 2002, p. 9). Otra precisión es que la victoria decisiva en lo militar conduce a decisiones políticas, en cualquier caso considerando una gama de opciones aceptables. Ejemplo de lo primero, es que el conflicto interno decidió que Colombia es un estado-nación que puede existir por sí mismo (Bushnell, 1994). Ejemplo de lo segundo, es que desde 1998 el grupo ilegal viene sufriendo derrotas militares pero su dirigencia no lo considera una derrota decisiva, aunque en 2012 acepta dialogar.

En este sentido la victoria decisiva puede manifestarse en tres niveles (Gray, 2002, p. 11): a) el opera-cional, cuando la victoria decide el resultado de una campaña, p. ej. la ‘Operación J.M.’ (2003-2005); b) a nivel estratégico, cuando la victoria decide quién gana en lo militar, p. ej. la serie de operaciones exitosas que llevaron a debilitar al grupo y sentarse a dialogar; c) la victoria decisiva a nivel político, es la que se está negociando en La Habana.

Pese a lo anterior un desafío para este capítulo fue cómo construir historia militar y esta sobre un perío-do inmediato. Siguiendo a Keegan (1995) sería inconcebible afirmar que en Colombia ha habido guerra,

5 Parafraseando a Valencia (1998), los cuatro momentos de la Fuerza Aérea Colombiana serían: 1) la instauración en 1916 de la avia-ción militar en Colombia, que alcanza hasta la proyección del poder aéreo sobre Leticia (1932); 2) el decreto en 1942 de autonomía operativa bajo el nombre Fuerza Aérea Nacional. Entonces, a raíz de los pactos de seguridad con Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, el país adquirió equipos y envió pilotos y mecánicos a especializarse en ese país; 3) la adquisición en 1969 de la flotilla de helicópteros UH-1H, junto con aviones Mirage-5 el año siguiente, que reflejan más las necesidades del país desde entonces; 4) la nueva proyección de poder aéreo desde 1998, que en parte se analiza en este capítulo.

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en cuanto ese autor sostiene que: “El desierto, la tundra, las selvas tropicales y las grandes cordilleras son inhóspitas al soldado y al viajero. El intento de combatir en terreno sin agua o sin carreteras es imposible y cuando en tal terreno se llega al combate suele tratarse de escaramuzas entre tropas espe-cializadas muy bien equipadas” (p. 97-98). Si bien este criterio nos ubica cómodamente en el concepto de conflicto interno. No obstante que en Colombia, durante los diferentes períodos del conflicto, el peso principal de neutralizar a los grupos armados ilegales correspondió a las Fuerzas Militares sería inicuo soslayar un enfoque de historia militar.

Si en un debate disciplinar, entre narrar acontecimientos o analizar estructuras, triunfó lo segundo, también se abrió paso la Nueva Historia de las Batallas. Destacado exponente de esta, Keegan (1990) al afirmar que los ejércitos se crearon para combatir enfatizó que la historia militar debe tratar sobre las batallas. Y continúa, porque es a través de lo que los ejércitos hacen, es decir, “ganar o perder batallas- como se cambian las vidas de las naciones y de los individuos” (Keegan, 1990, p. 40). Pero allí mismo advierte también contra la retórica de la historia, un peligro para el historiador (sobre todo en Colombia), donde solo importa lo que hicieron (o dijeron) los generales, los oficiales y los políticos, obviando la experiencia colectiva.

No obstante Keegan impone otra salvedad para una historia de las batallas en Colombia. Afirma que en los conflictos tercermundistas la experiencia de los soldados no es en batalla: “Porque hay una diferen-cia fundamental entre el tipo de escaramuza esporádica y a pequeña escala que es como la pequeña caldera del soldado y lo que entendemos como una batalla. Una batalla debe obedecer las unidades dramáticas de tiempo, lugar y acción.” (Keegan, 1990, p. 26) Excluye así a la principal característica de la táctica de guerrillas usada por los grupos armados ilegales: rehuir el combate, mientras realizan un constante desgaste o golpes de mano.

En consecuencia, en este capítulo, reivindicamos una historia de los combates, primero, porque como parte de su misión constitucional las Fuerzas Militares no pueden rehuir el combate con tales grupos; de hecho, el gobierno les impuso perseguirlos y responder a sus aleves ataques.6 Segundo, porque el combate irregular, análogo a las batallas, supone un conflicto de voluntades y debe conducir a una decisión,7 la derrota del otro en uno de los niveles citados arriba con Gray (operacional, estratégico o político). Pero, al reivindicar los combates se interpone otro desafío metodológico, que trasciende la esencia del conflicto colombiano: cómo construir historia (pasado) de un acontecimiento vigente (presente). La dificultad para el historiador es que no conoce todos los efectos de los acontecimientos (Sauvage, 1998, p. 66).

Por lo anterior, este capítulo debió orientarse como una historia del tiempo presente (o historia inmedia-ta). Es decir, acepta la necesidad de explicar el presente dada la aceleración de la historia. Pero siendo que la misma vigencia del conflicto impide consultar y/o exponer fuentes confidenciales, primero recu-rre a las fuentes publicadas aceptando el debate socio-político sobre la historia (Barros, 2006, párr. 14). Al respecto Keegan sugería dos técnicas: primera, reconstruir la experiencia humana en la batalla (e. g.

6 Son los gobiernos quienes deciden cómo emplear la Fuerza Pública: “Con los decretos 1268 (abril 18) y el 1362 (abril 29) de 1948, se asignaron a las Fuerzas Militares funciones de policía, debido al licencia¬mien¬to total del personal de la Policía (…) Desde en-tonces las Fuerzas Militares de Colombia no han regresado a sus cuarteles porque se les ha ordenado combatir” (…) a los diferentes grupos armados ilegales y al crimen organizado (Esquivel, 2001, p. 123).7 Una salvedad adicional aplica a nuestro caso de estudio: “Las misiones de combate de la FAC no necesariamente involucran la entrega de armamento; por ejemplo, una aeronave C-130 puede realizar una misión de combate cuando transporta tropas como parte de la maniobra militar para neu¬tralizar las amenazas, o una aeronave de comando y control realiza misiones de combate para dirigir las acciones bélicas en el campo de batalla.” (FAC, 2013, Manual, p. 79).

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el combate; Espino, 2001, p. 165), improbable por la restricción de fuentes acotada y solo promisoria a futuro con la tendencia reciente de memoria histórica. La segunda opción, fue la asumida aquí en lo metodológico, primero, al seleccionar los combates que militares y académicos coinciden en considerar decisivos; luego, presentar someramente los contextos geográfico y político en los cuales se produjeron; después, describir el combate en sí y, por último, un balance de sus resultados8.

Para cumplir lo anunciado este capítulo analizará seis operaciones decisivas, entre 1998 y 2014, en-cuadradas en tres ciclos de la evolución de la Fuerza Aérea Colombiana. En un primer ciclo, de 1998 a 2003, cuando confluye un proceso de reforma con la adopción de doctrina conjunta incluye las operaciones ‘Vuelo de ángel’ y ‘Delta’. Un segundo ciclo, de 2003 a 2008, reflejo de una política gubernamental ofensiva cuyo mayor desarrollo fue el bombardeo de precisión, incluye las operaciones ‘Universal’ y ‘Aromo’. Desde 2009 hasta el presente, un tercer ciclo, donde la Fuerza Aérea realiza el esfuerzo principal al tiempo que se activan más unidades conjuntas, incluye las operaciones ‘Sodoma’ y ‘Odiseo’. No obstante, el balance de las seis operaciones magnifica la capacidad decisiva de la Fuerza Aérea por cuanto simultáneamente cumplió cientos de misiones de aplicación de la fuerza y de control del espacio aéreo.

I- Reforma de la Fuerza Pública y nuevo enfoque operativo (1998-2003)

La naturaleza del conflicto armado interno en Colombia fue mutando en cada uno de sus períodos, transcurridos entre el siglo XX y el XXI. Esto significa que, según cada período9, variaron tanto sus cau-sas como sus actores de origen político y delincuencial (Sánchez, 2009, p. 23). Tal mutación reflejó un cambio progresivo en los esfuerzos nacionales para resolver el conflicto y, por ende, estimuló un ajuste en el modo de operar de la Fuerza Aérea. La escasa historiografía sobre la Fuerza Aérea en el conflicto colombiano describe el cambio desde un ocasional suministro de apoyo aerotáctico al Ejército Nacional, en operaciones de contra-guerrilla (Villalobos, 1993, p. 246, 336), hasta el permanente alistamiento para operaciones conjuntas y de combate directo (FAC, 2005, p. 184).

Desde el primer período del conflicto interno en Colombia hasta 1998, el gobierno incrementó esporádi-camente sus recursos para contener a los grupos armados ilegales. Incluso durante la década de 1990 cuando se intensificó el conflicto, las Fuerzas Militares pasaron de tener aproximadamente un número de 139.000 efectivos en 1992 a 146.000 en 1998, es decir un incremento solo del 5%. Aún sobre el número más alto, entonces, las Fuerzas Militares poseían una escasa superioridad de 2.3 a 1 frente a los grupos ilegales11 (Esquivel, 2001, p. 125).

8 Dicho autor describe cada batalla “a fragmentos” (Keegan, 1990, p. 89), entre otros incluye según el caso: Campo de batalla; El Plan; La preparación; El Ejército; Las tácticas; El bombardeo; Preliminares finales; La batalla; Infantería vs. Ametralladoras; Los heridos; Motivación para combate.9 Del conflicto armado interno en Colombia se dice que un primer período fue 1930-1932, con foco entre Soatá y Málaga (Guerrero, 1991); un segundo, bajo el eufemismo ‘La Violencia’, fue 1948-1957, con focos en los Andes centrales y Llanos Orientales; el tercer período, lo inició el MOEC, de Tulio Bayer, en 1961 (Sánchez y Peñaranda, 1997; Valencia, 1992). Este último ahora se subdivide en tres períodos: el primero, va hasta 1982, origen de grupos armados ilegales de izquierda (Farc, Eln, Epl) y de derecha (M-19); el segundo, 1982-1996, donde los anteriores grupos subsumen al narcotráfico y surgen grupos armados de extrema derecha (Auto-defensas ilegales); un tercer sub-período, 1996-2005, de “guerra contra la sociedad” (parafraseando a Pecaut, 2001). No obstante, citando el Protocolo 2 de Ginebra (1948) y dadas sus ínfimas cifras, se dice que no hubo conflicto ni guerra entre 1961-1982 (Gon-zález, 2013, p. 11). Más variantes sobre esta caracterización del conflicto en Comisión Histórica (2015), aunque allí no se diferencia entre la historia del país y la del conflicto.10 Se afirma que “El crecimiento [del Ejército] obedeció a una concepción estratégica de contención, bajo el eufemismo del ‘control del orden público’.” (Santos, J., 2002, p. 51)

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La Fuerza Aérea, durante esa década de 1990, tampoco tuvo un incremento significativo excepto por la adquisición en 1992 de aviones de instrucción y en 1993 de helicópteros livianos y pesados (43 Hughes, 23 Bell, 8 UH-60). Otras adquisiciones vinieron después en el marco del Plan Colombia, cuyo presupuesto se aprobó en julio del 2000 por el Congreso de EU, enfatizando la lucha contra el narco-tráfico y el fortalecimiento de la Policía Nacional.

No obstante, en diciembre de 1998, la recuperación de Mitú fue un hecho que alteró la naturaleza del conflicto al evidenciar la capacidad decisiva de la Fuerza Aérea para derrotar a los grupos armados ilegales en su intención de desestabilizar al país. Tal capacidad empezó a desarrollarse progresivamente en medio del debate entre dos enfoques doctrinarios: uno, que además de imitar a EU se ajustaba a las imposiciones de la guerra fría; el segundo, que intentaba responder a las necesidades nacionales frente al conflicto (helicópteros, no cazas bombarderos), al desarrollo de las regiones atrasadas (Satena) y responder a desastres.

La acción decisiva de la Fuerza Aérea en Mitú sobrevino justo cuando el gobierno iniciaba diálogos de paz con el grupo armado ilegal, lo que incrementó el impacto positivo de la acción sobre la solución ne-gociadora. Los diálogos se prolongarían durante más de tres años, sin cesar las hostilidades y mientras la Fuerza Pública consolidaba una reforma para adecuarse al conflicto.

Esta reforma para un nuevo período de conflicto, se intensificó también simultáneamente con el inicio del gobierno Pastrana y luego con el llamado Plan Colombia. EU suministraría a Colombia armas y en-trenamiento para combatir el narcotráfico, mientras el gobierno colombiano adelantaría programas de desarrollo alternativo con fondos propios y europeos. Dada la urgencia de fortalecer a la Fuerza Pública, en particular sus capacidades contra los grupos ilegales, el Plan Colombia adquirió mayor relevancia. La capacidad de la Fuerza Aérea, contra el narcotráfico y contra los grupos ilegales, sería la decisiva en el conflicto. La recuperación de Mitú inauguró un cambio en la forma de operar la Fuerza Aérea, sin abandonar su misión de asegurar el espacio aéreo colombiano.12 Un logro que fue aprovechado en siguientes operaciones o que llevó a desarrollar nuevos desarrollos tácticos y tecnológicos. La Fuerza Aérea des-plegó nuevas unidades, incorporó nuevas tecnologías, recibió nuevos equipos, adaptándose más a las condiciones de guerra asimétrica donde la velocidad, la sorpresa y la precisión superan las tácticas de guerrilla de los grupos armados ilegales. La neutralización del máximo cabecilla del grupo ilegal Farc, en noviembre de 2011, confirmó la efectividad de la Fuerza Aérea para hacer valer el control del territorio nacional por el gobierno.

11 Según las teorías vigentes la ventaja debería ser 10 a 1 para derrotar a los grupos armados ilegales; súmese a esa deficiencia que Colombia, distraída en el conflicto interno, tenía una desventaja de 24,5 a 1 para defender su territorio de los vecinos, como se explica en Esquivel, 2001, pp. 124-128.12 La recuperación de Mitú también figura como la primera de la serie de operaciones exitosas de la Fuerza Pública que desde 1998 incluyen las de: Puerto Rico y Puerto Lleras (julio 1999); Hato Corozal (agosto 1999); ‘Berlín’ (Santander, noviembre 1999); San Juan de Sumapaz (2000); ‘Gato Negro’ (Vichada, febrero 2001); ‘Tsunami’ (Nariño, mayo 2001), según El Tiempo (2001, agosto, p. 1-17).

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La Historia

Operación Vuelo de Ángel (Mitú - Nov. 1998)13:

Campo de combate: El departamento del Vaupés, con 54.135 km2, es uno de los más extensos de Colombia y es más grande que países como Costa Rica o Suiza. Hace parte de la reserva forestal de la Amazonia, en la zona de transición entre los llanos de la Orinoquia y la selva amazónica; cubierto en gran parte por bosques, con clima húmedo tropical y temperatura media de 27 grados centígrados. El departamento está habitado por unas 27 etnias indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas Makú, Arawak y Tukano, que representan 85% de la población del departamento. Su densidad poblacio-nal es de 1,35 habitantes por kilómetro cuadrado sumando Mitú, la mayor concentración de población, y los demás municipios; a su vez, el 37% de la población se ubica en zonas urbanas.

La población indígena del Vaupés se ha readaptado según los sucesivos embates de la extracción de recursos: entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, la del caucho. Desde la década de 1950, la explotación de maderas y especies exóticas. Desde la década de 1970, el auge del narcotráfico, impac-tando el crecimiento urbano de Mitú y Carurú. Desde la década de 1980, el oro superpuso otra ola de explotación que mantuvo a Mitú como centro de comercialización. No obstante el control del cultivo y de la producción de base de coca lo ejerció el grupo ilegal, primero sobre el Alto Vaupés y luego sobre el resto del departamento (Acnur, 2007, p. 7).

Mitú es la capital del departamento del Vaupés. Un municipio con cerca de 7.000 habitantes, ubicado a 200 m. de altitud sobre la margen derecha del río Vaupés, en la frontera con Brasil. Aunque en 1936 fue erigido el poblado, en parte para reafirmar la presencia colombiana frente a la influencia brasilera (Peña, 2011, p. 70, 81), hace apenas unos 40 años fue reconocido como municipio. Esa lenta evolución es atribuible a la baja densidad poblacional como a su ubicación.

El municipio constituye un resguardo indígena, excepto el área del casco urbano (5 km2). Fue un asen-tamiento ancestral de la etnia Cubeo, pueblo de la familia Tukano, sobre el cual intervinieron sucesivas misiones clericales. Ya en el siglo XX jesuitas y monfortianos indujeron la concentración de población en Mitú, convirtiéndose el municipio en polo de atracción de las comunidades indígenas para interactuar entre sí y con los servicios del Estado, como tal una expresión de democracia y de identidad colombiana en la Amazonia (Peña, 2011, p. 186).

Mitú está aislado del centro de Colombia. Por vía carreteable solo puede conectarse con la localidad de Monforth, a 54 km de distancia; aunque hay una extensa red de caminos que conectan a las comuni-dades del departamento. Tampoco es muy accesible por vía fluvial con el interior del país, dado que el río Vaupés abunda en raudales que limitan la navegabilidad. Desde el municipio de Carurú hasta Mitú el viaje puede tomar dos días. Por el mismo río Vaupés, que sirve de línea fronteriza con Brasil, desde Ya-baraté toma unas 24 horas para llegar a Mitú; así como el río se conecta con el río Negro y el Amazonas.

Por lo anterior la vía aérea se convirtió en la principal forma de acceso. La pista aérea de Mitú se remon-ta a la década de 1920, la que años después se amplió reorientándola en sentido norte-sur, en ambas ocasiones por iniciativa de las misiones clericales. Al efecto, cuenta con el servicio de vuelos nacionales de Satena y de servicios de carga regionales que cumplen otras aerolíneas (Alcaldía de Mitú, 2015).

13 La reconstrucción de esta Operación y de las demás en este capítulo sigue fuentes secundarias. Para el caso ‘Vuelo de Ángel’ las fuentes, aun las de miembros de la Fuerza Aérea, todas divergen en los detalles de cómo ocurrieron los hechos; para mayor objetividad el libro incluye sobre las mismas operaciones más descripciones realizadas desde otras disciplinas.

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Mitú es así un municipio importante, además del hecho de ser una capital de departamento, por reunir tres atributos relevantes para el futuro del país: uno, ser el polo de desarrollo de los resguardos indíge-nas alrededor; dos, ser un municipio expresión del dominio colombiano de la Amazonia y, tercero, por ubicarse en la frontera con Brasil.

Preparación: Ya en 1986 se registró un hostigamiento del grupo ilegal contra el cuartel de policía en Mitú, a la par con las exacciones contra la población. A partir de 1993 se incrementó la presión del grupo sobre la población a través del reclutamiento forzoso, el desplazamiento forzado, el tributo al cultivo de coca y la cooptación del aparato político local (Vicepresidencia de la República, 2003, p. 7).

Desde abril de 1996, con el ataque en Puerres (Nariño), el grupo venía realizando acciones ofensivas contra poblaciones y unidades militares aisladas, para dispersar los recursos de las FF.MM. y pasar de la guerra de guerrillas a la de movimientos.14 Si bien, a partir de acciones similares en Las Delicias y El Billar, las Fuerzas Militares pudieron reaccionar ante estos ataques con mayor rapidez, cantidad y calidad del apoyo aéreo; así como con planes “mucho mejor estructurados” (Pardo, 2004, p. 546). No obstante, en 1998, la seguridad en Mitú era cubierta por 90 efectivos de la Policía Nacional, más 30 auxiliares bachilleres indígenas.

A mediados de 1998 inició el nuevo gobierno elegido por los colombianos, que presidía Andrés Pas-trana. Este acordó, conforme a su campaña electoral, realizar diálogos de paz con el grupo ilegal Farc en una zona de distensión.15 No obstante, el grupo ilegal persistiría en sus acciones armadas, según informe que difundió su dirigencia dos días después del ataque a Mitú (Semana, 1998, Diciembre, párr. 1). El ataque contra Mitú fue el tercero del grupo en 1998, en marzo lo hizo contra la Brigada Móvil 3 en El Billar; en agosto, se tomó la base antinarcóticos de Miraflores auspiciada por Estados Unidos (Martínez, 2006, p. 288).

El combate: El domingo 01 de noviembre de 1998, pasadas las 4:00 de la mañana, unos 600 efec-tivos del grupo ilegal Farc (Restrepo, 1999) atacaron el municipio de Mitú.16 Siendo los blancos princi-pales el cuartel de Policía, la Caja Agraria y la pista de aterrizaje, también fueron objeto de ataque entre otros los edificios de la Registraduría, los juzgados, las sedes de Telecom, la Escuela de Administración Pública, la Fiscalía y el Vicariato. Al efecto el grupo empleó, además de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL-40 mm, morteros 60 mm (Radio Santafé, 2015), armas no convencionales.17 Hacia las 16:30 el grupo logró tomar el casco urbano. Al parecer, el grueso del grupo se desplazó por el río Vaupés, pasando por Miraflores (Guaviare) donde meses antes se desalojó a la Fuerza Pública (MOE, 2010, p. 6). El control de Mitú fue recuperado por la Fuerza pública al cabo de 72 horas.

14 Mao en su teoría de guerra popular prolongada aludió a tres etapas según la correlación de fuerzas, para las propias: defensiva estratégica; ‘preparación’ para la siguiente y, esta, la contraofensiva estratégica. Aparte aludió a tres “formas de lucha”: de guerrillas, de movimientos y de posiciones (1968, p. 176). Aplicadas a su país en 1937, donde fuerzas regulares chinas resistían la invasión de fuerzas regulares japonesas, subrayó que la guerrilla (golpea y huye) era un auxiliar y usada eventualmente por campesinos en cualquier etapa. El grupo ilegal Farc se inició en forma de guerrilla según el modelo cubano del ‘foco’ y en, la acepción maoísta, la etapa defensiva. En 1982, por decisión de sus cabecillas, habría pasado a la etapa de ‘preparación’ por incremento de efectivos, así que agregaron el ‘Ep’ (ejército del pueblo) a su nombre (CNMH, 2013, p. 114). Apenas en 1993 plantean desarrollar una guerra de movimientos, o sea, concentrar sus efectivos para golpear a la Fuerza Pública. En este intento fue que el grupo fracasó y ahora está sentado en la mesa de negociación.15 Más detalles sobre esta zona en el apartado siguiente de este capítulo.16 Otras fuentes mencionan hasta 1.500 efectivos del grupo ilegal. Aquí se prefiere la cifra más conservadora de 600 efectivos, porque aun así daría una ventaja a los atacantes de 6 a 1 contra los 90 policías de Mitú; también, porque no obtuvimos evidencia que respalde ninguna cifra.

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La Historia

En el Comando General de las Fuerzas Militares, considerando que Mitú era inaccesible por tierra y que la pista del municipio estaba controlada por el contrincante, se decidió lanzar una operación aérea desde San José del Guaviare. Este municipio, capital del departamento de Guaviare, está ubicado a 180 millas (300 km) de Mitú. En consonancia, el Comando de la Fuerza Aérea ordenó coordinar la operación a la Base Aérea de Apiay (CACOM 2),18 ubicada a 270 millas (490 km.). Para la operación en Mitú, la Fuerza Aérea empleó aviones de transporte táctico (CN-235) y pesado (C-130), aviones de ataque y combate AC-47T, AT-27, OV-10 y A-37, aeronaves de ala rotatoria utilitarios UH-60 y de ataque AH-60 (FAC, 2005, p. 200; Pardo, 2004, p. 543). Solo que los helicópteros no tenían autonomía para ir y regresar hasta Mitú (véase tabla 1).

Tabla 1- Distancias otros municipios y Mitú.

Hacia las 6:15 am., desde la base de Apiay se envió un avión AC-47T (popularmente llamado ‘Fantas-ma’) para apoyar a los policías que resistían el ataque; este llegó a Mitú hacia las 7:40. Veinte minutos antes, habían llegado dos aviones OV-10 Bronco para realizar bombardeo contra los atacantes. El segundo AC-47T, proveniente de la base de Tres Esquinas, llegó a las 8:45 para relevar al primero (FAC, 2005, pp. 193-194).

Eran las únicas “aeronaves que tenían capacidad de vuelo para llegar a Mitú y sostener combates durante tres o cuatro horas (…). Las tripulaciones harían contacto directo con el Comando de Policía de Mitú y así conocerían el lugar desde donde los atacaban y analizarían la situación para planear los apoyos.” (Martínez, 2006, p. 291) Para asegurar las comunicaciones, desde Apiay se envió un avión T-27 para que sobrevolara a 22.000 pies de altura, entre San José del Guaviare y Mitú.

No obstante, fue casi imposible que las aeronaves usaran su armamento. Los pilotos al establecer contacto radial con el cuartel de policía, fueron alertados que los atacantes disparaban desde el hospital y desde una escuela, sin precisar donde se ubicaban. El cuartel mismo estaba rodeado de viviendas civiles, desde donde otros miembros del grupo disparaban. Una dificultad adicional es que no había información cartográfica sobre Mitú. En Apiay se recurrió a un policía, que sirvió en Mitú, para levantar un croquis del casco urbano.19 Este se entregó al primer relevo de pilotos enviados al municipio sitiado; cada tripulación que regresaba ayudó a perfeccionar el croquis.

17 P. ej. lanzar pipetas de combustible, unas rellenas con gasolina y otras con explosivos y metralla.18 Comando Aéreo de Combate -CACOM. La Fuerza Aérea comprende seis de estos comandos, con base en Puerto Salgar CACOM 1, en Apiay CACOM 2, en Malambo CACOM 3, en Melgar CACOM 4, en Rionegro CACOM 5, en Tres Esquinas CACOM 6; también cuatro Grupos Aéreos, con base en Leticia GAAMA, en San Andrés GACAR, en Yopal GACAS y en Marandúa GAORI. Además cuenta con el Comando Aéreo de Transporte Militar -CATAM, en Bogotá y el Comando Aéreo de Mantenimiento -CAMAN en Madrid.19 El croquis se anexa en otro capítulo de este libro.

DISTANCIA MILLAS DISTANCIA MILLAS

Apiay a S. José 100 S. José a Mitú 180

Apiay a Mitú 270 S. José a Querarí 190

Apiay a Querarí 290 Mitú a Querarí 31

336 336 Mitú a Florencia 336

Fuente: Elaboración propia.

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Otra dificultad para la operación aérea fue disponer de una zona de aterrizaje cercana a Mitú. Sin olvidar que los aviones de transporte y los helicópteros no tenían autonomía de vuelo para viajar hasta el municipio y regresar. Otras poblaciones del departamento no tenían la seguridad adecuada para las aeronaves y las tropas. La única opción fue una pista al otro lado de la frontera, en Querarí, un puesto de vigilancia del ejército brasilero en el vecino municipio de São Gabriel da Cachoeira,20 a 56 km de Mitú. Pero tampoco había información disponible sobre las especificaciones de la pista, así que se envió un AC-47T para hacer reconocimiento, confirmar las coordenadas y tales especificaciones.

A través del Comando de la Fuerza Aérea se gestionó un permiso diplomático. El gobierno Pastrana invocó razones humanitarias para que Brasil permitiera establecer un puente aéreo, así reabastecer las aeronaves y evacuar los heridos. Mientras se obtenía el permiso, la Fuerza Aérea coordinó en Apiay que se concentraran los aviones de combate y transporte, como los equipos de tanqueo FARE,21 provenien-tes de todo el país. Se solicitó a la base antinarcóticos de la Policía en San José del Guaviare encargarse del suministro del combustible JP4 hasta Querarí. También en San José, la Fuerza Aérea concentró personal técnico, controlador aéreo, armamento, helicópteros y aviones.

En Apiay, se reunieron los primeros 120 soldados, con 6 helicópteros UH-60 y 2 helicópteros AH-60L (Arpía).22 A las 14:55 fueron enviados hacia San José para esperar la autorización brasilera. A su vez tendrían que esperar en Querarí a que el aprovisionamiento de combustible estuviera listo. Hacia las 16:00 horas se recibió la autorización de Brasil pero para usar la pista de Itibare, setenta millas al sur y por tiempo limitado; minutos después el grupo ilegal lograba copar el municipio.

Igual a las 16:00 el primer C-130 (Hércules), con 100 soldados, y un CN-235 Nurtanio, este traspor-tando tres tanques de gasolina (cerca de 1.500 galones), partieron de Apiay hacia San José. A mitad de camino se les ordenó dirigirse a Querarí, para arribar hacia las 17:30 horas, una vez reiterado el trámite ante Brasil. El C-130 fue el único enviado; la pista resultó más angosta y corta de lo que sus señales oficiales indicaban. En adelante, el transporte tuvo que hacerse en aviones CN-235, con capacidad solo para 50 soldados. Mientras, hacia las 17 horas, el AC-47T que sobrevolaba Mitú perdió comunicación radial con el cuartel atacado. Su tripulación pudo observar impotente como el grupo ilegal sacaba a los policías del cuartel y los conducía hacia embarcaciones a la orilla del río.

A las 17:30, desde San José partió una escuadrilla de 7 helicópteros, 5 UH-60 y 2 AH-60L, con 172 soldados del Batallón de Contraguerrilla 52 y 20 policías del Grupo Jungla. La mayoría de soldados de aquella unidad habían sufrido el ataque del grupo ilegal en El Billar; luego de pasar una temporada de reentrenamiento estaban dispuestos a cambiar su suerte. La orden era realizar un asalto aerotrans-portado en cercanías a Mitú; pero la noche llegó antes y dado que solo el helicóptero líder disponía de visores nocturnos, la escuadrilla debió seguir a Querarí (FAC, 2005, p. 195).

Considerando que en la selva la oscuridad es total, hacia las 18:00 se ordenó al AC-47T volar sobre Querarí para lanzar bengalas que iluminaran la aproximación de los helicópteros a la pista. Las aerona-ves y la tropa enviada a Querarí, debieron pernoctar allí. Sin agua, sin comida, las tropas del Ejército sin

20 Del lado brasilero, hacia 2003, se contaban 10 bases dependientes del Comando Militar Amazónico con sede en Manaos. Este incluye tropas de infantería de selva, ingenieros, un comando naval y dos aéreos, además de la Policía Federal (Vicepresidencia de la República, 2003, p. 15). Existe un acuerdo de seguridad entre los gobiernos de Colombia y Brasil, que facilita la colaboración en la zona.21 FARE: Forward Air Refueling Equipment, un equipo de reabastecimiento de combustible en áreas remotas.22 Los helicópteros UH-60 son dotación en la Fuerza Aérea y en la Aviación del Ejército. Pueden ser para transporte de tropa (Black Hawk) o para combate (Arpía) equipado con dos ametralladoras .50 y lanzacohetes (Martínez, 2006, p. 296).

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La Historia

comunicación radial y, además, el equipo para bombear el combustible falló. No obstante, a pesar de la falta de información precisa, a las 21:00 horas se realizó un pre-briefing23 decidiéndose improvisar los puntos de desembarco bajo la escolta de los helicópteros AH-60L.

De regreso el AC-47T, en la oscuridad, pudo detectar los movimientos del grupo ilegal mientras asegu-raban el control en Mitú. Se procedió a neutralizar con efectividad suficiente para causar grandes bajas entre el grupo (Martínez, 2006, p. 302). Entre tanto en Apiay, arribaron un avión C-130, dos CN-235 provenientes de CATAM, en Bogotá, y un AC-47T desde la base de Palanquero (Perea & Murcia, 2014, p. 31).

El lunes 02 de noviembre, siendo las 03:20 horas, un avión C-212 salió de la base de Tres Esquinas (Caquetá) hacia Querarí llevando equipos FARE y dos operarios para los mismos. Entre las 03:50 y 4:50 de la mañana partieron desde la base de Apiay hacia Querarí dos aviones CN-235 llevando combustible y alimentos. Hacia las 4:30 el AC-47T, los dos OV-10 y el T-27 reiniciaron sus operaciones. En Querarí, a las 5:30 horas se cumplió el suministro de agua y raciones para los 270 soldados concentrados allí y pudo ser reabastecido de combustible el componente aéreo táctico de la Fuerza Aérea.

La gestión diplomática ante Brasil logró una autorización solo para operar entre las 9.00 am. y las 15:00, hora colombiana. Así, desde la primera hora dos AH-60L hicieron selección de campos y ablandamien-to; posteriormente, los cinco UH-60 desembarcaron las tropas en lugares asignados a 7 kilómetros de Mitú, siempre escoltados por los AH-60L y por un AC-47 a mayor altura. “El enemigo fue detectado a las 09:45 horas por un Arpía, los UH-60L artillados procedieron al ataque.” (Perea & Murcia, 2014, p. 33) A las 11:30 horas terminó la primera fase de desembarco, 250 soldados.

Una hora y media después se inició el combate con el grupo ilegal, pero los helicópteros no pudieron dar apoyo por falta de combustible, así que solo el AC-47T y los OV-10 pudieron proveer cobertura. El grupo ilegal había montado 35 puntos de emboscada contra las tropas, que resultaron en la muerte de 16 efectivos del Batallón 52 y 4 policías, así como heridos 30 militares y 4 policías. Mientras el Comando del Ejército insistió en que debían reforzarse las tropas así como evacuar los heridos y muertos, lo que se cumplió durante el resto del día y la noche transportándolos respectivamente al Hospital Militar en Bogotá o a Villavicencio.

Una vez vencida la autorización brasilera, desde Querarí regresaron a San José 4 helicópteros de trans-porte UH-60. Igual, los CN-235 regresaron a San José y Apiay con los equipos FARE. Así que las tropas que combatían sobre Mitú solo quedaron con el apoyo del AC-47T, con sus equipos de monitoreo, y de los OV-10, con visores nocturnos y radios con seguridad de voz (Martínez, 2006, p. 304); sin mayor des-canso para las tripulaciones. Hacia las 17:00 horas, las tropas en tierra iniciaron un repliegue defensivo; a la misma hora que Brasil otorgó una nueva autorización para usar la pista de Querarí por 24 horas.

No obstante la autorización no fue informada a la base de Querarí. Así que cuando a las 21:00 arribó un CN-235 proveniente de San José con combustible, los brasileros retuvieron a la tripulación de la aeronave.24 Aclarada la confusión, a las 22:00 horas, helicópteros con visores nocturnos salieron de San José con otro grupo de soldados hacia Querarí; les siguieron tres aviones CN-235, volando solo por

23 Briefing: anglicismo que denomina una reunión previa al vuelo, donde se detallan los aspectos de la misión a cumplir y se verifican algunos procedimientos tácticos.24 Para Brasil las operaciones colombianas en Querarí excedieron el carácter humanitario, las considero operaciones de guerra y violatorias de los tratados internacionales. Por ello el gobierno brasilero envió luego una protesta oficial a su homólogo colombiano.

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instrumentos, Entonces, no todas las tripulaciones disponían de visores nocturnos debido a que Esta-dos Unidos restringió el suministro de ayudas a la Fuerza Aérea durante el gobierno Samper (Martínez, 2006, p. 304).

El martes 03, el grupo ilegal comenzó a huir. Ese día, de madrugada, el AC-47T detectó con su sistema FLIR a miembros del grupo que huían por el río, neutralizó a varios de ellos y les hundió una embar-cación. En conjunto, las aeronaves lograron destruir 17 embarcaciones (El Tiempo, 1998). Hacia las 8 am., el AC-47T detectó otra columna en movimiento y procedió a neutralizarla, causándole unas 80 bajas. El combate por el ingreso al casco urbano se intensificó desde el martes a las 16:00 y siguió hasta las 5:00 horas del día siguiente (Padilla, 1998). Al amanecer del miércoles 04 de noviembre, los primeros soldados entraron a Mitú. Cuatro manzanas a la redonda del cuartel de policía habían sido destruidas por el grupo.

Los balances: En el ataque del grupo ilegal contra Mitú resultaron 21 policías muertos y 10 heri-dos. Entre los civiles, 16 fueron muertos y otros 9 heridos. La recuperación del municipio por la Fuerza Pública se saldó con la muerte de 16 militares y 4 policías, heridos 20 militares y otros 4 policías. Pero el grupo ilegal se llevó secuestrados 61 policías, entre estos los miembros del mando policial y 14 miembros indígenas. Los secuestrados fueron internados en campos de concentración en medio de la selva, algunos por más de trece años y otros finalmente muertos en cautiverio.

Pese a tan trágico saldo, la recuperación de Mitú es reconocida como un éxito de la Fuerza Pública. “La operación Vuelo de Ángel fue el resultado de un programa de readecuación de las Fuerzas Militares, que dio vuelta a una situación reiteradamente desfavorable.” (Pardo, 2004, p. 546) El propósito del grupo ilegal, iniciado agosto de 1996 en Las Delicias, de pasar a la guerra de movimientos se frenó en Mitú. Sus ataques en masa contra unidades de la Fuerza Pública, en el suroriente del país, pasaron a ser una desventaja ante la capacidad de reacción y de alistamiento de la Fuerza Aérea Colombiana.

Operación Delta (Zona de distensión - Feb. 2002):

Entre el 7 de noviembre de 1998 y el 20 febrero de 2002, por decisión del gobierno Pastrana, funcionó una ‘zona de distensión’ que estuvo bajo control del grupo ilegal. Esta zona, además de prórrogas su-cesivas, fue ratificada como prerrogativa presidencial por la Corte Constitucional (2001). No obstante, durante los más de tres años que se mantuvo, el grupo no solo prosiguió sus acciones armadas sino que hizo de la zona una base del narcotráfico y otros delitos.

Campo de combate: La ‘zona de distensión’ incluyó cinco municipios, en detalle: La Macarena, Vistahermosa, Mesetas y La Uribe (estos cuatro del departamento del Meta), más San Vicente del Caguán (del departamento del Caquetá). Por ende, el Presidente ordenó a la Fuerza Pública retirarse de dichos municipios (El País, 2013), en suma un área de 43.090 km2 (véase tabla 2). En particular el Ejército debió abandonar el cuartel del Batallón Cazadores, en San Vicente, y la Policía Nacional cada uno de sus cuarteles por municipio.

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La Historia

Tabla 2- Municipios de la zona de distensión 1998-2002

Otra particularidad de la zona de distensión es que estaba incrustada en el Parque Nacional Natural de La Macarena. Tres de los municipios de tal zona eran parte del parque, a saber La Macarena, Vistaher-mosa y Mesetas. En particular Vistahermosa alberga una de las mayores concentraciones de cultivos de coca del país.25 Desde este municipio, siguiendo por el río Güejar que sirve al Parque como límite por el norte, se ubicaba una cadena de comercialización de la coca; todo controlado por el grupo ilegal (FIP, 2006, p. 3).

Aunque el Parque de La Macarena tiene tres sectores diferenciados, a saber: hacia el occidente, vegas de los ríos Duda y Guayabero; hacia el oriente, llanura selvática entre los ríos Güejar, Ariari y el Guaya-bero Sur; la Sierra de La Macarena, con alturas entre los 300 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. Predomina el clima amazónico norte, o sea, de tipo tropical con dos estaciones: una de lluvias, de abril a noviembre, de carácter torrencial (entre 250 a 450 mm mes); una estación de sequía, de diciembre a marzo, con temperatura hasta de 30° centígrados. Los ríos y quebradas son abundantes y bastantes caudalosos (González, 1990, pp. 120-122). Hasta aquí, un medio geográfico en el cual no debería haber guerra al decir de Keegan (1995).

En esta área el foco decimonónico de la colonización fue La Uribe, desde 1951 el eje de poblamiento se traslada a San Juan de Arama, el primer poblado que se fundó bajo el dominio español en los Llanos colombianos (Esquivel, 2002). La Uribe pasó a depender de San Juan en 1959, igual que otros caseríos que nacen entonces alrededor del Parque Nacional, entre ellos Mesetas, Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico (Meta). Entre 1979 y 1982 se produjo una avalancha de colonos en estos municipios, atraí-dos por el auge del cultivo de la coca, alterando los ecosistemas del Parque Natural (González, 1990, p. 129). Es en estas circunstancias que el grupo ilegal ganó influencia en el área.

25 En 2004, se estimó que en el Parque habían 2.707 Has. cultivadas y Vistahermosa se concentraba en Vistahermosa, según la UNODC (citado FIP, 2006, p. 5).

Municipio La MacarenaVista

HermosaMesetas La Uribe San Vicente

Extención 11.200 4.900 2.000 7.116 17.874

habitantesUrbano / Rural

2.700 / 11.500 6.200 / 11.100 3.000 / 10.470 976 / 9.300 7.288 / 40.000

Economía

Produccióncoca has. / kilosx mes

Agrícola; ganadera

3.200 / 2.200

Agrícola; ganadera

950 / 600

Agrícola; ganadera

420 / 280

Agrícola; ganadera

800 / 540

Agrícola; ganadera

5.000 / 3.400

AccesoAéreo; ríoGuayabero

Carretera; ríoGüejar

Carretera;trochas

Trochas; ríoDuda

Carretera; ríos

InterconexiónSan Vicentedel Caguan,Guaviare

Granada Uribe, GranadaCaquetá,Huila, Tolima,C/marca

Huila, Meta

Ataques grupoilegal

1977 1998 (marzo) 1998 (marzo) 1998 (agosto) Nd.

Fuente: Elaboración propia basada en Semana (1998, Octubre).

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Durante la vigencia de la zona de distensión, el grupo ilegal procuró extender su dominio atacando sistemáticamente los municipios colindantes. Así ocurrió en el departamento del Meta con Puerto Lle-ras, Lejanías, Puerto Rico, San Juanito, El Calvario, Mapiripán, Puerto Concordia (El Tiempo, 1999). Igual pretendió en el Tolima con Purificación, la Alpujarra, Villarrica, Icononzo, Algeciras y Roncesvalles, además de concentrar efectivos en Prado y Cunday. La intención era establecer un corredor desde el municipio de Colombia (Huila) hasta la zona de distensión, en límites con los departamentos del Cauca y el Valle, para facilitar los tráficos ilegales hacia el Pacífico (El Tiempo, 2000).

A julio de 2000, unos 24 municipios alrededor de la zona de distensión habían sido hostigados regular-mente. En consecuencia la Policía se retiró paulatinamente de esos municipios. En el Departamento del Caquetá, entre ellos El Doncello, Puerto Rico, El Paujil y Cartagena del Chairá, así como los corredores viales que conectaban estos municipios con San Vicente, Montañita y Florencia (Colprensa, 2013).

La preparación: Al establecerse en 1998 la zona de distensión por orden presidencial, la Fuerza Aérea determinó que el Escuadrón de Reconocimiento debía prepararse para asumir el control aéreo de tal zona. Durante la década anterior este Escuadrón había fortalecido sus capacidades para, entre otras, realizar aerofotografía, fotointerpretación, monitoreo de señales de radio HF y VHF; así como recibió un avión Súper King B-300 equipado como plataforma de inteligencia de señales. Así que el reconocimiento aéreo se convirtió en un medio para vigilar las actividades del grupo ilegal en la zona de distensión; misión que progresivamente debió incrementar sus horas de vuelo y el volumen de información al respecto (Esina, 2014).

Cuando en febrero de 2002 el gobierno Pastrana decidió recuperar el control sobre los cinco munici-pios, debió considerarse que en los planes del Ejército Nacional se preveían seis meses para lograrlo. Por su parte, la Fuerza Aérea preveía en su planeamiento facilitar el ingreso de las tropas de tierra en un plazo no superior a 15 días y entregó al Presidente la información sobre los objetivos para una operación aérea de 72 horas continuas (Perea & Murcia, 2014, p. 51).

La diferencia de tiempo es atribuible a la paciente labor de reconocimiento aéreo. En efecto, la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea había compilado en tres años información precisa a partir del recono-cimiento y vigilancia sobre la zona. Sobre esa información se logró identificar una serie de objetivos de la infraestructura que el grupo ilegal erigió allí para la producción y el tráfico de narcóticos.

El plan: La Fuerza Aérea comprometió a sus diversas instancias de planeamiento. Por encima de todo, al seleccionar los objetivos, se evaluó que ninguno incluyera alguno de los campos de concentra-ción de los secuestrados por el grupo ilegal. Los objetivos tampoco podían ubicarse en poblados o ale-daños a estos. Para lo primero, las tareas de información fueron coordinadas con las demás agencias de información de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El Comando de la Fuerza Aérea decidió excluir los objetivos próximos a zonas pobladas (Perea & Murcia, 2014, p. 51, 54).

Varios de los Comandos Aéreos tuvieron una parte de la operación: CACOM 1, en Palanquero, sirvió como base de lanzamiento de las aeronaves Kfir, Mirage y T-37; desde CACOM 2, en Apiay, se lanzaron las aeronaves A-37, AC-47T, OV-10 y T-27; CACOM 6, en Tres Esquinas, fue la base adelantada para la operación y recuperación de los T-27.

Por su parte, el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea dispuso de su red de comunicaciones VHF. Según Perea & Murcia (2014, p. 59), este sistema no garantizaba el contacto con las aeronaves al momento de descender sobre los objetivos para ejecutar su misión. Algo similar ocurría con la cobertura

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de radar, disponiendo solo del radar civil en Villavicencio para controlar el sector oriental de la zona objetivo y del radar de la base aérea de Tres Esquinas para el sector occidental.

El Comando de la Fuerza Aérea dispuso que el comando de la Base Aérea de Apiay (CACOM 2) desa-rrollara la operación. Allí se concentraron el personal y los equipos, incluyendo los técnicos en combus-tibles, comunicaciones, grupos SAR de búsqueda y rescate (Rubiano, 2002).

Para recuperar la zona se activaron los planes ‘Delta y Tora’. La primera, denominada Operación Delta, correspondió a la Fuerza Aérea. Se usaron 31 aeronaves en total, todas con la capacidad de emplear lentes de operación nocturna (NVG). Según el tipo de misión a cumplir y las capacidades del equipo, evidenciando la versatilidad del poder aéreo, se detalla su uso en la tabla 3, así:

Tabla 3- Misiones y aeronaves en Operación Delta (2002)

Misión Aeronave Tipo de aeronave

Ataque e interdicción

C-7 (Kfir) y M-5 (Mirage) S. José a Mitú

AT-27 y T-37

OV-10A (Bronco)

Interdicción y apoyo aéreo cercano

AC-47T (Fantasma) Apoyo aéreo cercano

AB-212 RapazHelicópteros

AH-60L Arpía II y III

Inteligencia, vigilancia y reconocimiento técnico

SA2-37 B y King 350 Avión plataforma

Asalto aéreo Bell 212, Huey II y UH-60Helicópteros para inserción de tropas y evacuar heridos

Despliegue de tropas B-707, C-130 y CN-235 Transporte

Fuente: Elaboración propia basada en Perea & Murcia (2014, p. 53).

El combate: A las 5 am. del jueves 21 de febrero, la Fuerza Aérea inició la ‘Operación Delta’ con el bombardeo contra los objetivos previamente fijados, 85 en total, entre campamentos, talleres, bodegas de repuestos y de insumos, una pista ilegal en La Macarena; en conjunto infraestructura dedicada al narcotráfico. Para ello se utilizaron bombas de 150, 200 y 250 libras. Un balance del primer día de operaciones registró 56 salidas de aeronaves y solo un Kfir impactado por fuego enemigo, este que pudo regresar a su base (EFE, 2002).

Después que terminó esta primera fase, la Fuerza Aérea continuó con las misiones de apoyo a las fuerzas del Ejército para la recuperación de las cabeceras municipales de la zona. A esta se le llamo ‘Operación TH (Todo Honor)’ (El País, 2003). Como tal, la Operación Delta se prolongó hasta el 26 de mayo de 2002, sumando “312 salidas con aeronaves de transporte e inteligencia y 233 salidas con aeronaves de combate” (FAC, 2005, p. 210); además de batir los objetivos previamente seleccionados, se brindó movilidad y apoyo logístico al Ejército.

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Motivación para el combate: Recién concluyó la Operación Delta y Tora hubo un reconoci-miento verbal a cada uno de los escalones que contribuyó a su éxito, notorio en cuanto participaron más de 10 tipos de aeronaves y se desarrollaron una gama amplia de misiones diferentes, todo con “cero accidentes” denotando un alto nivel de entrega (Rubiano, 2002).

Dado que Apiay se convirtió en la base de lanzamiento y recuperación de gran parte de las misiones de la Operación TH, luego tuvo que coordinar con los diferentes mandos participantes. Entre estos se incluyeron el mismo Comando de la Fuerza Aérea, así como los respectivos comandantes del Comando Específico de la Operación TH; el del Teatro de Operaciones; el de la Fuerza de Despliegue Rápido; el de la Cuarta División; el de la Séptima Brigada; los de las Brigadas Móviles 6ª y 7ª; y la Policía Nacional.

II- Política ofensiva y bombardeo de precisión (2003 - 2008)

Según Spencer (2011) los desarrollos previos además de debilitar al grupo ilegal “crearon las condicio-nes para atacar a los líderes medianos y altos [así que en 2007] mediante un bombardeo de precisión se dio el primer gran golpe dando de baja al Negro Acacio […] luego se continuó con Martín Caballero […] y a partir de entonces se siguió toda una secuencia de golpes importantes.” (p. 107). Si bien en el pasaje citado se reconoce a 2007 como el año de los golpes exitosos, y veremos que fue gracias a la evolución táctica de la Fuerza Aérea;26 también se sugiere extender tales desarrollos desde 2002 hasta 2010, una interpretación de mayor contenido político que evidencia la dificultad de construir historia inmediata.

Vale recordar que el lapso 1998-2001 para las Fuerzas Militares fue de ofensiva permanente y una reforma que reflejó la asimilación de lecciones aprendidas. Según Leal (2010) estos factores tendieron a la inercia entre 2002-2006, dado que se redujo las acciones del grupo ilegal pero sin propinarle algún golpe contundente (párr. 2). Por ello, afirma, la Política de Seguridad Democrática (Mindefensa, 2003) y su expresión militar, el Plan Patriota, fue tan ineficaz que llevó a su rediseño como Política de Conso-lidación (Mindefensa, 2007). Si a esta política, entre 2006 y 2010, con las mejoras en la inteligencia y las operaciones conjuntas, achaca los resultados destacados de 2007 y la misma ‘Operación Jaque’ en 2008 (Leal, 2010, párr. 3), no explica la inercia del período previo.

Por el contrario, Spencer (2011) subraya que desde 2002 la estrategia de las Fuerzas Militares fue exitosa. En tal estrategia los mayores éxitos se lograron con las operaciones ofensivas de las Brigadas Móviles del Ejército Nacional y su articulación al Plan Patriota; en el período aquellas pasaron de ser 8 a 17 brigadas. La primera fase del plan fue la operación ‘Libertad I’, iniciada en 2003, con la cual se frustró el cerco sobre Bogotá y Cundinamarca que pretendía el grupo ilegal. En la siguiente fase, se creó la Fuerza de Tarea Omega para volcar el esfuerzo sobre el sur del país; parte de este esfuerzo fue el inicio de las operaciones especiales contra los cabecillas del grupo ilegal (Spencer, 2011, p. 86).

Un factor que coadyuvó a este éxito fue la desmovilización de los grupos de autodefensas ilegales. Con estos grupos, luego de firmarse el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” en julio de 2003, los diálogos lleva-ron a una desmovilización gradual que concluyó tres años después. El proceso también llevó a expedir la ley 975 de 2005, de “Justicia y Paz”, para facilitar los procesos de paz, la reincorporación social de

26 Ya en 2001 se presentaron los avances en inteligencia aérea, como aviones con equipos de intercepción de radio y telefonía, de detección de calor; se incorporaron helicópteros artillados y blindados y se demostró una nueva técnica de bombardeo donde participaban aviones A-37, K-Fir C-7 y el AC-47T (El Espectador, 2001, Diciembre, p. 7A).

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los miembros de los grupos armados ilegales y la reparación a las víctimas27 (CNMH, 2014). Con menos frentes que atender, la Fuerza Pública pudo concentrar más recursos en las zonas que el Plan Patriota determinó prioritarias. No obstante, algunos desmovilizados pasaron a conformar las denominadas ‘Bandas criminales’ generando una evolución del conflicto.

La diferencia a considerar es que, antes de estas operaciones del 2007, el esfuerzo principal solían realizarlo las Fuerzas Especiales con la Fuerza Aérea como apoyo. Ahora, con una mejor inteligencia, a la Fuerza Aérea tocaba el esfuerzo principal y luego llegaban las Fuerzas Especiales a consolidar. Priest (2013) atribuye aquellos éxitos a un programa de la CIA con apoyo del Joint Special Operations Command (JSOC). Iniciado en 2003 para rescatar a tres estadounidenses secuestrados por el grupo ilegal, el programa mejoró los sistemas de inteligencia colombianos, pero no logró hallar a los rehenes ni neutralizar a los cabecillas del grupo (Priest, 2013, párr. 34, traducción propia).

Las soluciones llegaron desde la Fuerza Aérea. Allí los asesores estadounidenses propusieron usar ‘bombas inteligentes’. Para lograrlo, primero el presidente Uribe debió solicitarlas a su homólogo Bush. Luego se buscó adaptar el sistema Raytheon de los cazas estadounidenses a los A-29 Súper Tucano, sin éxito, pero funcionó en el viejo A-37 Dragonfly. Por último, el escollo legal lo resolvió un pool de abo-gados de la Casa Blanca, la CIA, los Departamentos de Justicia, de Defensa y de Estado: era procedente usar tales bombas contra los cabecillas de un grupo considerado una amenaza para Colombia y como narcotraficantes amenaza para EU; pero la CIA debía monitorear su uso para cumplir con la certificación de derechos humanos exigida por el Congreso de ese país (Priest, 2013, párr. 41-45).

No obstante, la Fuerza Aérea Colombiana debió desarrollar una nueva táctica para usar las ‘bombas in-teligentes’. El ataque aéreo lo inicia el A-37 que desde gran altura activa la bomba, seguido por los A-29 que volando más bajo lanzan bombas ordinarias sobre el mismo objetivo; así se buscaba ocultar el uso de la ‘bomba inteligente’. Luego un AC-47, también volando bajo, con sus ametralladoras neutraliza el área inmediata en tierra alrededor del objetivo. En septiembre de 2007, por primera vez, se empleó este recurso contra alias ‘Negro Acacio’ y, pocas semanas después, el segundo fue alias ‘Martín Caballero’. “La muerte de los dos cabecillas provocó la deserción masiva en los destacamentos que ellos dirigían e inauguró la desintegración del grupo ilegal” (Priest, 2013, párr. 49).

Operación Universal (sep. 2007):

Campo de combate: Entre San José del Guaviare y Barrancominas (Guainía). Barrancominas aunque es una localidad rural con menos de 1.000 habitantes, era un epicentro de la producción de coca entre los departamentos de Vichada y Guainía. Aquella localidad contaba con una pista de 1.800 metros, convertida en la vértebra del narcotráfico, con un promedio de 80 vuelos mensuales. Desde allí una flotilla de lanchas remontaba el río Guaviare para recoger la producción de coca del grupo armado, la que negociaban con los grupos de autodefensa, los narcotraficantes del Norte del Valle o los brasileños (Semana, 2007).

El objetivo sería alias ‘Negro Acacio’, el cabecilla quien controlaba el narcotráfico y la adquisición ilegal de armas en el oriente del país; con aquella actividad generaba hasta un 80% de los ingresos del grupo ilegal. Al efecto mantenía contactos internacionales, como demostró la operación que en 2001 produjo

27 Entonces se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; a su interior se formó el Grupo de Memoria Histórica, precedente del CNMH, cuyos productos iniciales fueron “Caja de herramientas” y “Memorias en tiempos de guerra”.

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la captura de alias Fernandinho, narcotraficante brasilero (Semana, 2001). Igual, en 1999 negoció con el funcionario peruano Montesinos la compra de un lote de fusiles. Estaba acusado de narcotráfico, se-cuestro, tortura, homicidio agravado, terrorismo, extorsión, hurto, entre otros delitos, por lo que existían 23 órdenes de captura y una solicitud de extradición en su contra (Semana, 2007).

La preparación: En 2001, la Operación ‘Gato negro’ tuvo como objetivo principal neutralizar al cabecilla. Con ello se desarticulaba el corredor de movilidad entre la Zona de distensión y los departa-mentos fronterizos, como desarticulaba el tráfico ilegal que, desde las zonas de cultivo en los departa-mentos del Guaviare, Vichada y Guainía, conectaba con los países fronterizos, con Surinam y Paraguay. Previamente la Fuerza Aérea adelantó misiones de inteligencia aérea, con sus aviones plataforma Awac y Orión, registrando con rayos infrarrojo la información de apoyo para la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, con base en Tres Esquinas (Caquetá).

La operación se desarrolló en Barrancominas (Guainía), liderada por la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y el Grupo Aéreo de Oriente (GAORI) de la Fuerza Aérea Colombiana. Aunque el cabecilla logró escapar, la operación condujo a la captura de alias Fernandinho, narcotraficante brasilero, así como la incautación de insumos, avionetas, vehículos venezolanos y brasileros, un cargamento de armas, entre otros materiales (Vásquez, 2001).

Desde entonces se cuentan seis intentos28 más de la Fuerza Pública para neutralizar al cabecilla (Be-doya, 2007). En 2007, como resultado de una efectiva tarea de inteligencia, se realizó la Operación Sol Naciente. Una operación conjunta, desarrollada por la Fuerza de Tarea Omega, y coordinada con la Policía Nacional y el DAS, dirigida a neutralizar a alias el ‘Negro Acacio’. La información de inteligencia se orientó no solo a confirmar la ubicación del campamento, también a constatar que no hubiera se-cuestrados allí (El País, 2007). Primero hubo un bombardeo de su ubicación, luego ingresaron las tropas para efectuar el barrido de la zona.

El combate: Con pocas horas de anticipación, en la Base Aérea de Apiay (Meta), el comandante del Escuadrón 211 recibió la orden de alistar tripulaciones para seis aviones en condiciones NVG. El liderazgo del comandante era desafiado con esa orden, cómo organizar de la mejor manera a los pilotos disponibles. Entre estos contaba con pilotos instructores y pilotos operacionales de gran experiencia, otros recién llegados de vacaciones o con poca experiencia, un grupo muy disímil. Aún más, cómo el Escuadrón podía realizar un ataque nocturno cuando nunca se había siquiera discutido sobre ello.

Hacia la medianoche, el comandante debió presentarse ante su jefe en la Base para recibir más deta-lles. El ataque lo realizarían dos A-37 y seis A-29B, contra un objetivo ubicado a 190 millas de Apiay. A cualquier hora desde ese momento. Muy pocos detalles, pensó el comandante, para una operación “que por primera vez se realizaría en la Fuerza Aérea, ocho aviones con NVG, ataque simultáneo a la hora H contra un objetivo que no sabía que era pero que suponía era muy importante.” (ESCOM 211, Informe Operación ‘Universal’, septiembre 25, 2007).

28 Intentos resumibles así: desde 2001 inteligencia del Ejército volvió a infiltrar su campamento en el Meta, se planeó una operación ‘Gato Negro II’ pero se frustró porque llegó a la prensa; en 2003, en límites entre los departamentos de Meta y Vichada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea efectuaron la operación ‘Zorro’, después de identificar uno de sus principales campamentos, no obstante logró huir (FAC, 2003); la operación ‘Implacable’ en Cumaribo (Vichada); en 2004 se ubicó su nuevo campamento, cuyo asalto tampoco produjo el resultado esperado; de nuevo se infiltró su campamento sobre el río Papunaua (Guaviare), en 2005, durante la operación Troya fue atacado el grupo de lanchas donde se desplazaba y volvió a escapar; un año después se logró infiltrar uno de sus anillos de seguridad, lo que llevó a la Operación ‘Sol Naciente’ cuando el cabecilla fue neutralizado.

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A las 01:00 horas, del sábado 01 de septiembre de 2007, se actualizó a las tripulaciones con solo un dato adicional: las coordenadas de un área general. Había que prepararse para el despegue en menos de 30 minutos, incluido un briefing de 5 minutos con los pilotos para explicar la maniobra a realizar. La hora de despegue cambió, se autorizó a las 04:00 horas. Los A-29B iniciaron su vuelo de crucero en dos escuadrillas de a tres aeronaves cada una, la segunda manteniendo contacto visual con la primera.

Desde el control de la operación se ordenó retrasar 15 minutos el ataque. Las aeronaves debían soste-nerse en sobrevuelo, problema para el comandante del escuadrón cuya aeronave solo tenía un tanque de combustible. Las demás aeronaves disponían de dos tanques, es decir, disponían de una hora más para sostenerse en vuelo. Pero a continuación se anunció un nuevo retraso mientras los A-37 despegaban. También la nubosidad aumentó obligando a desplazar el escuadrón a un nuevo sitio para sobrevolar manteniendo el contacto visual.

Recibidas entonces las coordenadas específicas y estimando su llegada al objetivo el líder de los A-37 determinó la hora del ataque. Las condiciones meteorológicas empeoraban con el pasar de los minutos así que el comandante del escuadrón, buscando mejores condiciones, ordenó proceder al punto y descender; en la transición la segunda escuadrilla se separó y tampoco se veía el terreno. A escasas millas del objetivo, a las 4:33 horas, los A-37 liberaron sus bombas y en seguida los A-29B picaron para liberar las suyas. Sin el peso de las bombas la aeronave del comandante de escuadrón pudo regresar con combustible suficiente a su base.

Mientras regresaban, los pilotos escucharon el reporte que desde un AC-47T confirmaba que el obje-tivo había sido impactado y la infraestructura del grupo ilegal había sido inutilizada. El bombardeo de precisión realizado por las aeronaves Súper Tucano, tuvo un margen de error de escaso un metro; ello usando bombas de 500 libras. (El Tiempo, 2007). Apenas en la base, al presentar su misión cumplida, el comandante del Escuadrón 211 escuchó de su jefe que el objetivo era alias el ‘Negro Acacio’.

El mal tiempo demoró una segunda fase. Tropas de Fuerzas Especiales que volaban a bordo de cinco helicópteros Black Hawk no pudieron realizar el asalto. Apenas a las 11:10 am. estaban de regreso en San José del Guaviare. A las 16:45 la Fuerza Aérea realizó un nuevo ablandamiento y una hora después vino el asalto al campamento. Este fue copado en solo 25 minutos, pero la oscuridad impidió hacer un barrido de la zona obligando a las tropas a emboscarse para pasar la noche. El domingo en la mañana, a las 07:00 horas se realizó un segundo desembarco (El País, 2007; El Tiempo, 2007).

Operación Aromo (oct. 2007):

Campo de combate: El área de la operación se encuentra entre los municipios de Zambrano, Carmen de Bolívar y San Jacinto. Esta área hace parte de la más conocida como los Montes de María, rodeada de sierras escarpadas y vegetación tupida, que corre desde el interior del país hacia la costa Caribe. El municipio de Carmen de Bolívar, el epicentro de la operación, tiene una extensión de 954 km2 y una población (a 2005) de 67.952 habitantes. Su geografía es quebrada, dada su ubicación dentro del sistema orográfico de los Montes de María.

Carmen de Bolívar, asentado sobre áreas indígenas descendientes del Finzenú, es fundación diecio-chesca del dominio español. Su actividad económica actual está determinada por la ganadería exten-siva y la producción de tabaco para exportación. Se une a través de la carretera Troncal de Occidente con la costa Caribe y el interior del país; por la Ruta del Sol con el César, por la Troncal de Oriente hacia los Santanderes y tiene acceso al Río Magdalena por carretera intermunicipal (Alcaldía de El Carmen,

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2013).

El objetivo era neutralizar al cabecilla del grupo ilegal que delinquía entre los departamentos de Bolívar y Sucre, alias ‘Martín Caballero’. Sus exacciones incluían la extorsión, el secuestro, la siembra de minas antipersonal y atentados terroristas contra la población y la Fuerza Pública. Por lo anterior se determinó que era un objetivo de alto valor estratégico (OMAVE) a ser neutralizado. La Fiscalía General de la Nación lo acusó, entre otros delitos cometidos de 1992 a 2006), de los ataques a Puerto López (Antioquia), San Cayetano, San Jacinto y Córdoba (Bolívar), de varios atentados terroristas en Cartagena y en las vías del departamento de Bolívar, el secuestro del ex ministro Araujo. En suma, era responsable de causar 420 muertos y 896 heridos civiles, así como de causar 218 muertos y 336 heridos entre miembros de la Fuerza Pública (Gélvez et al, 2014, p. 84-88).

La preparación: La información sobre el objetivo la obtuvo la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva (FUCAD). La Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas (2007; hoy CCOES) asignó a la Armada Nacional recoger la información sobre el objetivo. Una de las fuentes de información fue el mismo ex ministro Araujo, quien permaneció secuestrado por el grupo ilegal durante seis años (del año 2000 al 2006). El cabecilla también fue objeto de interceptación de las comunicaciones, de seguimiento perso-nal y desplazado de forma conveniente por la maniobra de fuerzas terrestres. Los anteriores factores llevaron a reducir el margen de error de su ubicación por radiogoniometría a 20 metros, en la zona rural del municipio del Carmen de Bolívar (Gélvez et al, 2014, p. 90). Confirmada su ubicación se ordenó aplicar el poder aéreo contra el objetivo.

Entre marzo y octubre del 2007 se desarrolló la ‘Operación Alcatraz’, dirigida contra el narcotráfico manejado por el grupo ilegal Farc en los departamentos de Bolívar y Sucre. En las dos primeras fases, en marzo y abril, luego de una intensa labor de inteligencia, tropas del Comando Conjunto del Caribe neutralizaron parte de las cuadrillas que delinquían en la zona (Mindefensa, 2007, Campaña, párr. 3). En la tercera fase, en octubre y llamada ‘Operación Aromo’, correspondía a la Fuerza Aérea neutralizar al cabecilla del grupo.

El 23 de octubre, hacia las 20:00 horas, se recibió en CACOM 3 (Malambo, Atlántico) la información para la operación, de parte de la Jefatura de Operaciones Especiales. Veinte minutos después se hace el planeamiento con el comandante del grupo de combate aéreo. De modo que a las 21:00 horas se dis-pone armar las aeronaves y llegado ese material, entre las 23:00 horas y las 05:00 del día siguiente se adelanta la configuración de las mismas. Después de actualizar alguna información, apenas a las 16:30 se ordena iniciar las misiones asignadas. En ese momento, con un briefing de solo 5 minutos los pilotos fueron enterados de su misión; una medida para garantizar la reserva sobre el objetivo a alcanzar.

Las tácticas: El 24 de octubre de 2007, desde la base de CACOM 3 despegaron dos aviones A-29B, a las 17:30 horas. Cinco minutos después les siguen cinco aviones A-37B; deben realizar una misión de ataque estratégico. A las 18:10 horas, se les sumó un avión SA2-37B para apoyarlos con la misión de servicios para el combate y operar como controlador aéreo. Para evitar que el grupo ilegal rastreara la operación, en las comunicaciones aeronáuticas se procedió como si fueran aeronaves comerciales.

Durante la operación los pilotos mantuvieron silencio de radio, al tiempo que debió preverse evitar la alteración del tránsito aéreo del sector. También se previó no afectar a las tropas terrestres, listas a corta distancia del objetivo para ocuparlo. Para esto el SA2-37B se mantuvo en sobrevuelo reconociendo con sensor infrarrojo para coordinar el asalto aéreo y las tropas de superficie; debe subrayarse que se trataba de una operación nocturna.

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El mismo día, a las 18:35 horas, despegaron un helicóptero AH-60L y en seguida un UH-60, con equipo de visión nocturna (NVG) con dirección al objetivo. El primero perteneciente al CACOM 5, con base en Rionegro (Antioquia), el segundo era de la Aviación del Ejército. El despegue se hizo desde la pista de Zambrano (Bolívar), sede de la Brigada de Infantería de Marina 16 (BRIM-16). El helicóptero AH-60L debía cumplir dos misiones: de apoyo aéreo cercano y de defensa aérea. El Arpía no podía disparar a más de 500 m. por fuera del área objetivo, para no afectar a las propias tropas que hacían parte de los cierres y observatorios. También debía designar dos zonas de desembarco, una 200 m. hacia el sur del objetivo y otra a 200 m. hacia el norte del mismo (Gélvez et al, 2014, p. 94).

El combate: A las 17:52 horas, dos A-37B lanzan bombas de precisión sobre el objetivo; en seguida y hasta las 17:54, los otros tres A-37B y los dos A-29 bombardean alrededor donde se encuentran los efectivos del grupo que protegen al cabecilla. “En un minuto y 47 segundos los aviones entregaron armas en una superficie de una hectárea lo cual demuestra el alto grado de precisión y coordinación de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea Colombiana.” (Gélvez et al, 2014, p. 93). En total se lanzaron 32 bombas, cuya precisión fue del 100% sobre el objetivo.

Pasado el bombardeo, a las 18:45 horas, arribó al objetivo el helicóptero AH-60L, escogió la zona de desembarco sur y lo preparó con cohetes y munición .50., como en seguida designó la zona norte al UH-60 e iniciaron el estacionario para la inserción de los comandos por rappel. En la primera zona, desembarcaron 18 comandos del BACOA29 para consolidar el objetivo; en la zona norte otros 17 para impedir la fuga de los efectivos del grupo. Mientras el UH-60 retornó a Zambrano por el otro destaca-mento de comandos, el AH-60L se quedó en apoyo de las tropas.

No obstante el bombardeo, los helicópteros fueron recibidos con disparos de los miembros del grupo ilegal, incluso de ametralladora M-60. Una vez desembarcados, los comandos de la segunda zona tuvieron que pedir apoyo de fuego, “comenzando así una combinación de armas tanto de la tropa como del Arpía con cohetes, munición calibre .50, ametralladoras, lanzagranadas, fusilería y bengalas durante varios minutos” (Gélvez et al, 2014, p. 104). Luego de solicitar alto al fuego iniciaron el registro y encontraron al cabecilla muerto, pese a que su gente de huida intentó llevarse el cuerpo; otros 18 efectivos del grupo también fueron abatidos por la Fuerza Pública.

Motivación para combate: “’Alcatraz’ fue una exitosa operación conjunta de las Fuerzas Mi-litares de Colombia donde la Armada Nacional aportó la inteligencia, la Fuerza Aérea realizó el ataque estratégico y el Ejército Nacional consolidó la operación” (…; Gélvez et al, 2014, p. 99). La Armada Nacional fue la fuerza que durante más tiempo enfrentó a la fracción del grupo ilegal en los Montes de María, perdiendo 242 efectivos entre oficiales, suboficiales e infantes de marina. La Policía Nacional también perdió unos 20 efectivos a manos del grupo en esa región del país (ARC, 2007, párr. 8).

III- Fuerza Aérea, la decisiva y unidades conjuntas (2009 - 2015)

En cierta perspectiva foránea el relativo éxito de Colombia, contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, es atribuible al desarrollo a largo plazo de capital humano en la Fuerza Pública. Esta tendencia la complementaron los asesores estadounidenses con la promoción de oficiales y funcionarios colom-bianos a posiciones de liderazgo (Moyar et al, 2014, p. ix). En otra perspectiva el desarrollo de una capa-

29 Batallón de Comandos, creado en 2002 durante el gobierno Pastrana, para atacar objetivos de alto valor y lanzar asaltos aéreos sobre el campo enemigo; primero dependió del Comando de Operaciones Especiales del Ejército (Ramsey, 2009, p. 98; Moyar et al., 2014, p. 30).

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cidad nacional a largo plazo es evidente por cuanto la Política de Seguridad Democrática (Mindefensa, 2003) fue continuación de la “Iniciativa para la paz” (1988) del gobierno Barco y de la “Estrategia contra la violencia” (1991) del gobierno Gaviria; estas dos, políticas con una visión político-estratégica del conflicto (Santos, J., 2007, p. 354). El aparente bache entre ellas lo explica el diferendo con EU durante el período Samper y el giro de énfasis que propició el gobierno Pastrana.

Después de las exitosas operaciones de 2007 y 2008, parecía que el conflicto se había estancado. Los críticos del primer gobierno Santos lo atribuyeron a la presión de este sobre la Fuerza Pública para neutralizar cabecillas del grupo ilegal (Moyar et al., 2014, p. 39); a su vez, este grupo mantenía la capacidad de daño y un número importante de efectivos. La presión generaba mayor competencia entre los componentes de la Fuerza Pública, como sus agencias de inteligencia eran reacias a compartir información más que todo la pertinente para las fuerzas de elite.

Así cada instancia tendía a responder solo por los objetivos asignados por el gobierno. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales –CCOES, creado en 2009 y dependencia directa del Ministro de Defensa, debía neutralizar a la cúpula del grupo ilegal. La Brigada de Fuerzas Especiales, que dependía exclusivamente del Ejército Nacional, debía neutralizar a los cabecillas de nivel medio. Las unidades elite, dependientes del Ejército, la Armada y la Policía, debían responder por otros objetivos; pero si alguna unidad regular o de inteligencia tenía información conducente a neutralizar algún cabecilla podía proceder.

La misma tendencia de despliegue de fuerzas elite implicó más tiempo peinando zonas rurales, algo que muchos miembros del Ejército preferían al disminuir la posibilidad de daños colaterales en áreas pobladas. No obstante, gran parte de la Fuerza Pública estaba dispersa en tareas de protección de la infraestructura nacional. Por ende, el grupo ilegal pudo recobrar su influencia en estas aéreas; lo que fue el principal logro del gobierno Uribe, la seguridad de la población, pareció afectarse con aquella tendencia (Moyar et al., 2014, p. 41-42).

La Fuerza Aérea, excepto por el componente aéreo incluido en el CCOES, debía garantizar para to-dos el dominio del espacio aéreo. [No obstante] Los análisis estadounidenses, de la National Defense University (Spencer, 2011, p. 90) y la Joint Special Operations University (Moyar et al., 2014, p. 36), coinciden en el papel decisivo de la Fuerza Aérea: antes, las fuerzas terrestres realizaron el esfuerzo principal contra objetivos de alto valor; ahora, con el bombardeo de precisión la Fuerza Aérea realizó el esfuerzo principal, luego las fuerzas elite aseguraban la zona y las demás fuerzas terrestres apoyaban tal esfuerzo.

Ejemplo de ello podría ser la Operación Sodoma, en 2010, que implicó la participación del CCOES, las Fuerzas Especiales y la Fuerza Aérea. Una operación decisiva por cuanto neutralizó a alias ‘Jojoy’, miembro de la cúpula del grupo ilegal y el cabecilla más agresivo desde 1996. “Su muerte definitiva-mente marcó el fin de una era.” (Spencer, 2011, p. 109).

Operación Sodoma (sep. 2010):

Campo de combate: El municipio de La Uribe, colinda con la Serranía de La Macarena. El campamento estaba ubicado a 26 km. al suroeste del municipio. Este tenía una extensión de 300 m2, con una cons-trucción en concreto y túneles de escape. Rodeado a su vez por otros 12 campamentos, que albergaban en conjunto unos 400 miembros del grupo ilegal (Bedoya, 2010). El complejo contaba con bodegas, áreas de reunión, enfermería, sastrería y maquinaria fabril; protegido con minas y ametralladoras anti-

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aéreas .50 y M-60. La seguridad del complejo se escalonaba en tres anillos, el primero era el inmediato al cabecilla; el segundo, a 100 metros, y un tercero a 500 metros. Conformaba así un perímetro con un efectivo ubicado cada metro en promedio.

Considerando que el destacamento del grupo ilegal que delinquía en los departamentos de la Orinoquia intensificó sus acciones, para su debilitamiento el objetivo era neutralizar al cabecilla alias ‘Mono Jojoy’. El prontuario de este sumaba más de 105 delitos, entre ellos lesiones personales, homicidio agravado, secuestro extorsivo, terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico; por los que acumulaba más de 8 órde-nes de captura y había sido condenado a más de 150 años de prisión (Gélvez et al, 2014, p. 109-111). Fue responsable de los ataques a la base de Patascoy (Nariño, 1998) y de La Carpa (Guaviare), de los secuestros de la candidata política Betancur (2002), del ex gobernador A. Jara, el asesinato de la ex ministra C. Araujo y el plagio de un niño, hijo de la política Clara Rojas. Por lo anterior se determinó que era un objetivo de alto valor estratégico (OMAVE) a ser neutralizado. En suma, era responsable de cau-sar cientos de muertos y heridos civiles, como entre miembros de la Fuerza Pública (Gélvez et al, 2014).

La preparación: Definido dicho cabecilla como uno de los objetivos, mientras una de las ‘burbu-jas’30 del CCOES actualizaba permanentemente la información, el Comando dirigía las acciones sobre el terreno para reducir paulatinamente el área de ubicación del objetivo (Gélvez et al, 2014, p. 114-115). Como esfuerzo conjunto y coordinado, en este caso, la ‘burbuja’ estuvo a cargo de la Armada Nacional, pero recibió los insumos de inteligencia técnica y táctica del Ejército Nacional; de inteligencia de imágenes aéreas y satelitales de la Fuerza Aérea; y de inteligencia humana de la Policía Nacional (Gélvez et al, 2014, p. 115).

Algunos intentos previos para neutralizar al objetivo fallaron porque los enlaces al interior de la Fuerza Pública necesitaban mejorarse o porque los anillos de seguridad del cabecilla fueron efectivos para impedir el acceso. En este orden, si con las tropas de superficie se determinó un área general de 10 km2; con la inteligencia policial la ubicación del objetivo se precisó dentro de 1 km2. Precisión esta que permitía el uso adecuado del poder aéreo. De modo que al planear la operación el esfuerzo principal recayó sobre la Fuerza Aérea.

Una premisa permanente de la operación fue la reserva de la información. Pese al flujo de información desde las diferentes agencias del Estado, solo unos pocos individuos en el CCOES, en la ‘burbuja’, en la planeación y en su preparación conocieron los detalles finales para neutralizar el objetivo. A media-dos de septiembre de 2010 cuando, de nuevo, se confirmó su ubicación hubo una febril actividad del personal de inteligencia de la Fuerza Pública para consolidar la información. Desde el viernes 17 de septiembre en la base militar de Larandia el alto mando intensificó los preparativos. En cinco días se ultimaron los detalles de la operación (El Diario, 2010; Semana, 2010b).

El área de la operación presentó dificultades adicionales, entre ellas: la abundante pluviosidad que afecta la movilidad en tierra; la permanente nubosidad que entorpeció el reconocimiento aéreo y la ve-getación espesa que dificultó identificar la infraestructura del área. Aquí la Fuerza Aérea aportó otro de sus atributos, los analistas de imágenes apoyaron el lograr el mayor nivel de precisión en la información. Determinando los rumbos de entrada, las zonas de desembarco, entre otros detalles que garantizaron el cumplimiento de las misiones aéreas (Gélvez et al, 2014, p. 118).

30 Burbuja es una denominación no oficial que define al grupo encargado de reunir la información sobre un objetivo específico (Gélvez et al, 2014, p. 114-115).

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Una de las misiones era de ataque estratégico, el bombardeo simultáneo sobre la ubicación del ca-becilla y sobre la disposición de armas antiaéreas del grupo ilegal. Esta última también con el fin de garantizar la superioridad aérea en el área de la operación. Superioridad que a su vez aseguraba la vida de las tripulaciones como de las Fuerzas Especiales al desembarcar. No obstante la principal limitación era el tiempo. Luego que la inteligencia policial ubicó el objetivo en un radio de 1 km2, debía procederse dentro de 24 horas antes que el cabecilla se moviera a otra ubicación.

Las tácticas: Como responsable del esfuerzo principal de la operación, la Fuerza Aérea compro-metió unos 30 aviones de combate, inteligencia, transporte y ambulancia; helicópteros de ataque, transporte y de rescate. Así como el apoyo del sistema logístico y su Centro de Comando, Control y Comunicaciones. No obstante, la “fase final del planeamiento desafió las capacidades distintivas, al proponer a las tripulaciones una hora de ataque a escasos 120 minutos del inicio del briefing.” (Rueda, 2011) Se emplearon 30 aviones y cerca de 27 helicópteros. El desarrollo de la operación correspondió a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Aviación del Ejército empleó 34 helicópteros, para transportar no menos de 700 efectivos.

El martes 21 de septiembre, en la mañana, comenzó el avance de las tropas de superficie. Pero solo en la madrugada del miércoles 22 se inició el bombardeo. Para este se usaron ‘bombas inteligentes’, cuya capacidad de acertar en la selva es casi milimétrica.31 Cumplido el bombardeo, se realizaría el desembarco de 400 comandos con apoyo cercano de los helicópteros Arpía. También apoyados por un AC-47T, que adicionalmente haría reconocimiento de las vías de acceso al campamento por donde po-drían huir los miembros del grupo ilegal. La tarea de los primeros comandos en desembarcar era copar a los guardias de los cerros aledaños al campamento, neutralizando su acción sobre las aeronaves de bombardeo (Semana, 2010a).

En suma siempre habría una aeronave con medios técnicos de inteligencia para ofrecer información de combate; y siempre habría una aeronave con armamento para apoyo cercano de las tropas. Estas misiones ocuparon más de 24 horas, pero se hizo el relevo oportuno de las tripulaciones (Gélvez et al, 2014, p. 120). Las aeronaves dispusieron de equipos de visión nocturna.

El combate: El miércoles 22 de septiembre de 2010, a las 01:00 horas se realizó el bombardeo sobre el primer objetivo, la ubicación del cabecilla. Una hora después de lo planeado, para garantizar su ubicación. Las aeronaves que debían atacar el segundo objetivo, las armas antiaéreas, no despegaron a la espera de que mejoraran las condiciones climáticas.

Media hora después llegó el primer grupo de comandos, que una vez desembarcaron debieron recibir apoyo de los helicópteros artillados y del AC-47T por la reacción de los miembros del grupo ilegal. No obstante se logró consolidar el área de desembarco, los combates se intensificaron alrededor del primer objetivo (Gélvez et al, 2014, p. 121). Ante esta reacción, hacia mediodía del miércoles fue necesario realizar un segundo bombardeo y desembarcar más tropas.

Otras aeronaves procedieron a neutralizar los puestos de guardia del grupo ilegal, en cada uno de los anillos de seguridad que rodeaban al objetivo. Después de 27 horas de combate los comandos pudieran avanzar hacia tal objetivo y confirmar que el cabecilla había sido neutralizado (Semana, 2010a). En la

31 Entre ellas: una bomba de gravedad de 500 lbs., acondicionada con un GPS para guiarla por láser (Raytheon’s Enhanced Paveway II) y que puede lanzarse desde una aeronave A-37 Dragonfly (Priest, 2013).

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La Historia

operación resultaron muertos más de 20 miembros del grupo ilegal. Entre los soldados 16 fueron heri-dos en combate. También murió uno de los perros anti-explosivos del Ejército.

Operación Odiseo (nov. 2011):

Campo de combate: Suárez (Cauca) fue elevado a municipio hace poco más de un cuarto de siglo. Por su ubicación en las estribaciones de la Cordillera Occidental y aledaño al río Cauca en sus inmediaciones se levantó el embalse e hidroeléctrica de Salvajina. De vieja estación de ferrocarril pasó a tener una carretera rudimentaria, que le comunica con los municipios vecinos de Buenos Aires, al norte, y de Morales, al sur; aunque el embalse aglutina un sistema de comunicación fluvial más denso. Su poblamiento es atribuido a la riqueza aurífera y otros minerales, que junto con las obras del embalse atrajo la inmigración (Alcaldía de Suárez, 2012).

Lejos del casco urbano de Suárez, por camino de herradura y ascendiendo a 2.000 metros de altura en la cordillera, se encontraba el campamento de alias ‘Alfonso Cano’. En una zona al norte del depar-tamento del Cauca que sirve de corredor con los departamentos del Tolima y Huila, así como da paso hacia el Pacífico (Noguera, 2011, Noviembre).

Alias ‘Cano’ fue cabecilla del Bloque Occidental del grupo ilegal, cuya área de acción era el Macizo Colombiano con injerencia en los departamentos del Tolima, Huila, Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Desde mayo de 2008 asumió como máximo cabecilla del grupo ilegal, por lo cual “era el principal Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico (OMAVE) asignado por el Gobierno al Ejército Nacional” (Gamba et al., 2012, p. 16). Entre otros delitos de los que fue responsable figuran la muerte de seis niños de la policía cívica en Algeciras (Huila, 1990); muerte de la familia Turbay en Caquetá (2000); secuestro de 9 civiles en Neiva (2001); secuestro y muerte de doce diputados del Valle del Cauca (2007); atentados con bomba en Toribío (Cauca, 2001) y contra el Club El Nogal (Bogotá, 2003); ataques con armas no convencionales contra las poblaciones de Florida, El Mango, Paujil, Miranda, Jambaló; reclutamiento forzado de menores.

Por lo anterior, en su contra existían más de 94 órdenes de captura por delitos como terrorismo, ho-micidio, secuestro y lesiones personales, entre otros. Ordenó los ataques contra las bases militares de Las Delicias (Putumayo, 1996) y El Billar (Caquetá, 1998), así contra la base de la Armada Nacional en el cerro Tokio (Valle). También de los ataques al municipio de Planadas (1994), a unidades del Batallón Caicedo (Purificación, 1994), el secuestro de policías en San Antonio (Tolima, 1994), emboscada a unidad policial en Ortega (Tolima, 1994), la muerte de cuatro policías en Dolores (Tolima, 1996). Fue condenado por la toma de Mitú en 1998, por el ataque a Puerto Lleras (Meta, 1999), por la masacre en Tierra Alta (…), por la muerte de un niño en Vistahermosa (Meta), por el ataque a unidades de la Fiscalía en San José de Apartadó (Antioquia, 2002) (Gélvez et al., 2014, pp. 129-132; Vanguardia Liberal, 2011).

La preparación: Desde 2009 la Central de Inteligencia del Ejército intensificó la recogida de infor-mación sobre el cabecilla. Unidades de Fuerzas Especiales hicieron reconocimiento de la zona donde se ubicaba aquel, incluso franqueando sus anillos de seguridad. El CCOES planeó una operación, realizada en mayo de 2010 sin éxito. El ciclo se repitió, lanzando una segunda operación en agosto de ese año. Y una vez más se repitió así, en junio 2011, se lanzó una operación con igual resultado fallido (Gélvez et al., 2014, p. 136, 139; Castrillón, 2011).

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La recogida de información se efectuó a través de medios de inteligencia humana (desmovilizados, capturados, infiltrados y análisis documental); inteligencia técnica (monitoreo de comunicaciones e interceptación de celulares). Esta tarea con acompañamiento permanentemente de unidades de la Fiscalía General de la Nación; e inteligencia de combate, cumplida por las tropas de la Quinta División en el área de operaciones.

El reconocimiento lo hicieron miembros de las Fuerzas Especiales, traspasando los anillos de seguridad del objetivo en cada ocasión previa a las operaciones. En total lograron infiltrarse en ocho ocasiones obteniendo detalles sobre la ubicación de campamentos, la identificación de los individuos allí y las evidencias que confirmaban la presencia del cabecilla (alimentación, rutina diaria, armamento, etc.). Las sucesivas operaciones, desde mayo de 2010 hasta julio de 2011, presionaron a que el cabecilla se fuera desplazando progresivamente hacia el sur. Desde el Cañón de Las Hermosas (municipio de Chaparral, Tolima), pasando por Planadas (Tolima) y Santa Ana (Huila), hasta llegar a Belalcázar (Cauca). (Las Fuerzas, 2011, p. 3)

Aparte de las operaciones directas contra el cabecilla, los anillos de seguridad fueron sucesivamente debilitados, desde marzo de 2010, por acción de las tropas de la Quinta División del Ejército y de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima. Subalternos o miembros de tales anillos fueron muertos o captura-dos en desarrollo de acciones en San Miguel, Planadas, Natagaima y Río Blanco (Tolima), en Aipe (Huila) y en Páez (Cauca). Además de la información recopilada en cada ocasión, el debilitamiento de su en-torno de seguridad condujo a que, en julio de 2011, el objetivo se desplazara hacia el Cauca buscando más protección (Gamba et al., 2012, pp. 60-62).

Inteligencia de la Policía confirmó que efectivos del grupo ilegal, en el municipio de Suárez, tenían la ta-rea de proteger al cabecilla (Bedoya, 2012). De hecho la Policía vigilaba a otro cabecilla, quien lideraba el Bloque Occidental del grupo y quien luego murió al lado del máximo cabecilla en la Operación Odiseo (Reportero 24, 2011). En suma se trató de una operación combinada y coordinada. Combinada entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea; coordinada entre las tropas del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General.

Los Estados Mayores de las Fuerzas Especiales del Comando General prepararon la operación durante los 19 días antes de su ejecución. Se escogieron cuatro bases de lanzamiento: Popayán, Cali, Tuluá y Palmira. Más de 30 helicópteros de la Aviación del Ejército y soldados de las Fuerzas Especiales se concentraron en la plataforma de lanzamiento para realizar la operación. [Fuerza Aérea] El apoyo aéreo cercano con más de 15 aeronaves de transporte, reconocimiento, combate, inteligencia, tácticas y aeronaves medicinales32 fueron empleadas durante la operación. (Las Fuerzas, 2011, p. 3).

Las tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional que inicialmente estaban concentradas en Tolemaida, comenzaron su despliegue una semana antes. Estas tropas hacen parte de la Brigada de Fuerzas Especiales, unidad que combatió al grupo ilegal en los Montes de María y algunos de cuyos efectivos participaron en la Operación Sodoma. El 04 de noviembre, a las 01:00 horas, las tropas comenzaron su embarque en aeronaves C-130. A las 5:30 estaban a bordo de los Black Hawk, pero el clima obligó a esperar.

32 Según la RAE (2001): “medicinal. adj. Perteneciente o relativo a la medicina”; es la palabra más adecuada, en vez de la pésimo traducción ‘medicalizada’.

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La Historia

La Fuerza Aérea comprometió en la operación 3 Aviones A-37; 5 Aviones A-29 Súper Tucano; 4 Heli-cópteros Arpía; 3 Aviones C-130, 2 aviones AC-47T y un helicóptero de rescate; para un total de 18 aeronaves (Infobae, 2011). Parte de la Aviación del Ejército se concentró en Palmira (Valle) listos para la acción, 30 helicópteros Black Hawk; algunas de sus tripulaciones estuvieron un año antes en la Operación Sodoma.

El combate: Odiseo fue una operación diurna, realizada a horas no comunes para diferenciarla de otras operaciones. La operación se lanzó el viernes 04 de noviembre de 2011 en el área del municipio de Suárez (Cauca). Hacia las 08:30 horas aeronaves A-37 y A-29 Súper Tucano, de la Fuerza Aérea, realizaron un bombardeo alrededor de la ubicación del cabecilla, su alojamiento y el de sus lugarte-nientes. En seguida 18 helicópteros Black Hawk de la Aviación del Ejército desembarcaron las tropas de Fuerzas Especiales usando la técnica de rapel, mientras recibían apoyo de helicópteros Arpía de la Fuerza Aérea. De la primera oleada de helicópteros siete fueron impactados por los efectivos del grupo que disparaban una ametralladora M-60 y una .50 (Bolaños, 2011).

Una aeronave de la Fuerza Aérea desde 5.000 pies de altura realizó el comando y control de todas las fases de la operación. A las 13:00 ya habían desembarcado 969 tropas en los diferentes sitios para bloquear las rutas de escape. La resistencia del grupo alrededor de la ubicación del cabecilla hizo necesario un segundo bombardeo. Los combates se sostuvieron durante el transcurso del día. Tomada la ubicación del cabecilla se procedió a identificar los muertos y recoger evidencias con personal del Cuerpo Técnico de la Fiscalía; del cabecilla solo estaba sus elementos personales.

Al caer la noche, se hizo otra inspección del alojamiento y sus alrededores. Justo a las 21:19 horas, en uno de los puntos de bloqueo, un efectivo de Fuerzas Especiales detectó con sus lentes de visión nocturna el intento de huida del que resultó ser el cabecilla (Gamba et al., 2012, p. 64-66; Gélvez et al., 2014, p. 137). La inmediata preocupación fue evitar que sus compinches recuperaran el cadáver, por lo que el AC-47T y los Tucano mantuvieron su apoyo a las tropas de superficie.

Motivación para combate: Una operación para dar con el cabecilla, en febrero de 2008, al sur del Tolima, en una operación para dar con el cabecilla se saldó con 40 bajas, entre heridos y muertos del Ejército. Luego en persecución del mismo, por las estribaciones del río Ata, 42 militares cayeron por efecto de las minas anti-personal sembradas por el grupo ilegal. En abril de 2010, mientras perseguían al cabecilla, dos helicópteros colisionaron causando la muerte 7 militares.

“Cuando la Fuerza Pública logra el objetivo, dar de baja a Cano y consolidar la estrategia el sur del Cauca, se nota un cambio en la guerra, quedando desestabilizado el secretariado y todas los atentados terroristas a gran escala. Las FARC sufren una pérdida que aún no se han podido recuperar, pues su reemplazo alias ‘Timochencho’ no está en el país y han perdido la iniciativa. Tal es así, que las FARC posterior a la pérdida de Cano no han podido consolidar una guerra de guerrillas, ha limitado sus operaciones, y ha perdido influencia en territorios, no tienen un líder representativo. Esto ha sido positivo para el ambiente político, que en medida de sus pérdidas, ofreció unos diálogos de paz, que fueron acogidos inmediatamente por el grupo insurgente.” (Gélvez et al., 2014, p. 137)”

Un balance, en noviembre de 2011, luego de la neutralización del cabecilla destacó cuatro factores que permitieron al estado colombiano debilitar al grupo ilegal (El Tiempo, 2011, noviembre). Primero, una política de estado que, como se citó más arriba con varios autores, puede remontarse al gobierno Barco (1988) pero a la que el gobierno Uribe dio un giro decisivo. Política que puede incluir mínimo tres

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aspectos: modernización de la Fuerza Pública, acción integral y consolidar capital humano. El otro factor, es la ventaja aérea que, desde 1998 con la recuperación de Mitú, frustró el plan del grupo para pasar a una guerra de movimientos y debilitó su dirigencia.

La Fuerza Aérea también fue clave en un tercer factor, la inteligencia. En efecto, las virtudes de la inteligencia aérea llevaron a recuperar en mínimo tiempo la zona de distensión y desde 2007 se com-plementaron con su modernización en otras Fuerzas para ubicar a los cabecillas del grupo ilegal. Un cuarto factor, ha sido la progresiva adopción del enfoque de operaciones conjuntas que inició también en 1998 con la ‘Fuerza de Tarea Conjunta’.

IV- A modo de conclusión: balance de operaciones decisivas

En marzo de 2015 el gobierno Santos anunció la suspensión de los bombardeos contra el grupo ilegal. El gobierno adujo que era en reciprocidad luego que este anunció un cese temporal de acciones vio-lentas. Pero el temor a los bombardeos lo admitió ya en 2012 uno de los cabecillas del grupo (Verdad Abierta, 2015, párr. 2). Así que estamos ante un efecto de lo decisivo que resultó el bombardeo de precisión realizado por la Fuerza Aérea Colombiana. En particular una consecuencia de la evolución de las capacidades de la Fuerza Aérea, incluyendo desde la adopción de sistemas de visión nocturna y de los aviones Súper Tucano, hasta las bombas guiadas por láser.

El bombardeo de precisión permitió, en 2002, recuperar la zona de distensión en muy corto tiempo. Como permitió, desde 2007, debilitar al grupo ilegal en sucesivas operaciones sobre las que hay algún consenso cuáles tuvieron mayor impacto en el conflicto (véase tabla 4). Una versión de prensa inclu-ye 12 operaciones de bombardeo (Verdad Abierta, 2015); otra alude al “Top 5” de los bombardeos, en orden de importancia, en las operaciones ‘Fénix’, ‘Sodoma’, ‘Odiseo’, ‘Sol naciente’ y en 1990 la operación ‘Colombia’ (Vanguardia Liberal, 2015). Otra más, resalta la sinergia Fuerza Aérea y Policía Nacional que entre 2008 y 2009 neutralizó 12 cabecillas del grupo Más reciente, en 2015, sendos bombardeos contra fracciones del grupo en Cauca y Chocó neutralizaron 54 de sus efectivos, entre estos dos cabecillas que fueron ‘negociadores’ en La Habana; hecho por el cual el grupo declaró el reinicio de sus acciones violentas.

Como se ha insistido aquí, un acierto que hizo decisivas estas operaciones fue usar el bombardeo de precisión contra los cabecillas del grupo armado ilegal. Tratándose de cabecillas de fracción (llámense bloques, frentes o columnas) su neutralización redundó, en varias ocasiones, en la desarticulación de las respectivas fracciones. Según el Ministerio de Defensa (2015, Junio, p. 1), entre 2010 y 2015, se neutralizaron 60 cabecillas de diferente nivel y otros 17.261 miembros (entre muertos, capturados y desmovilizados) del grupo. Otro balance especifica que fue entre 2007 y 2011 cuando se neutralizaron los máximos cabecillas.33 Lo cierto es que, desde entonces, el grupo decidió limitarse a usar tácticas de guerrilla y multiplicar los actos terroristas para mantener su vigencia como tal (Mindefensa, 2015, p. 18 y 2012, p. 13). Por lo mismo, no es casual que el porcentaje de municipios atacados por los grupos ilegales se incrementó en 2012 y 2013 (8% de 1.102 municipios; Mindefensa, 2015, Junio, p. 4).

33 Dos balances diferentes provienen de la misma instancia de Mindefensa y de la misma fecha (2015, junio): uno es el de la gestión del Ministro de Defensa saliente; el segundo va más atrás en el tiempo para sugerir las líneas de acción del Ministro entrante. En perspectiva de política estatal, la diferencia reflejaría el abandono definitivo de la tendencia instaurada desde 2002.

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Año Mes Operación / Tipo Área Cabecilla Fracción

2007Septiembre Sol naciente / Combinada Guainía ‘Negro Acacio’ 16

Octubre Alcatraz Bolívar ‘Martín Caballero’ 37, Caribe

2008Marzo Fénix Putumayo ‘Raúl Reyes’ Cúpula

Julio Gibraltar / Combinada Cauca ‘Dago’ 6

2009 DiciembreOriente / Coordinada FAC-Ponal

Antioquia ‘Danilo’ 9

2010

MarzoBaltazar / Coordinada FAC-Ponal

Tolima ‘Enrique Zúñiga’ 50

SeptiembreFortaleza II / Coordinada FAC-Ponal

Putumayo ‘Domingo Biojó’ 48

Septiembre Sodoma / Combinada Meta ‘Mono Jojoy’ Oriental

2011 Noviembre Odiseo / Combinada Cauca ‘Alfonso Cano’ 27

2012 Marzo Armagedón / Combinada Meta6 cabecillas: ‘Arcesio Niño’, ‘Gildardo’…

5

2013

Enero Elipsis / Combinada Córdoba ‘Jacobo Arango’ 57

AgostoDarién / Coordinada FAC-Ponal

Chocó ‘Silver’

2014 Enero Combinada Arauca ‘Franklin Morales’ 10

2015

Mayo Combinada Cauca ‘Jairo Martínez’ 29

Mayo Combinada Chocó‘Román Ruiz’ y ‘Emiro Chaqueto’

Noroccidente, 18

Fuente: Elaboración propia basada en Gamba et al. (2012); Gélvez et al. (2014); Mindefensa (2011, p. 32); Semana (2009, Diciembre 6); Vanguardia Liberal (2015, Agosto 4); Verdad Abierta (2015).

Tabla 4- Operaciones decisivas con bombardeo de precisión 2007-2015

El mismo gobierno al anunciar en 2012 el comienzo de los diálogos de paz sostuvo que esto era un efecto de las operaciones decisivas de la Fuerza Pública durante la década precedente. Dado que los diálogos se realizarían sin un cese de las hostilidades, puede ser simple coincidencia que ese año, en febrero, comenzó a aplicarse el plan de guerra34 ‘Espada de Honor’ (Mindefensa, 2012, p. 19; Semana, 2012, Febrero). El plan tuvo como objetivo inicial desarticular a los grupos armados y sus áreas base; es decir, no se centraría solo sobre los cabecillas sino más sobre las estructuras y sus redes de apoyo. Ya el mismo 2012 se divulgó como logro preliminar que solo el 41% de tales estructuras pudieron realizar alguna acción armada (Mindefensa, 2013, p. 14). Así para cumplir ese objetivo, el plan contempló una ofensiva simultánea con Fuerzas de Tarea Conjunta para cada una de las áreas predefinidas35 y apoya-das por unidades de policía judicial.

34 Plan de Guerra: “Es el principal documento dentro de los documentos secundarios de la defen¬sa nacional. Su elaboración corres-ponde al Estado Mayor Conjunto, con base en la decisión del Comandante General de las Fuerzas Militares, derivada de la apreciación estratégica militar general.” (FAC, 2013, p. 29).

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También al anunciarse el plan de guerra en 2012 se sugiere cuan decisivas fueron las operaciones mencionadas. El contexto estratégico sobre el cual se articula aquel admitía: “No hay amenaza nacional sino amenazas locales diferenciadas.” Para luego explicar: “Por cuenta de ello, la Fuerza Pública com-bate en la actualidad diferentes amenazas localizadas: el terrorismo de las Farc y del Eln y el crimen organizado…” (Mindefensa, 2013, p. 11). Es decir, los grupos ilegales reducidos en sus efectivos y en su iniciativa, se retiraron hacia pequeñas zonas de refugio. Aquel contexto se reiteró en balance del año siguiente, aunque el Plan Espada de Honor si sufrió reajustes enfatizando que debía persistir en la neutralización de estructuras y en la preservación de los avances de seguridad. En consonancia parece haberse restringido el “espectro de definición del enemigo, dándole una mayor relevancia al Eln y a las bandas criminales.” (Mindefensa, 2014, p. 12)

Si bien lo anterior confirma que las operaciones de bombardeo cumplidas por la Fuerza Aérea Colom-biana fueron decisivas para acercar el cese del conflicto armado en Colombia. La capacidad decisoria de la Fuerza Aérea se manifiesta en otros cientos de operaciones diferentes realizadas simultáneamente y que son parte de sus funciones militares. A saber, una de esas funciones es aplicar la fuerza y para cumplirla realiza operaciones de ataque estratégico entre las que se incluye, a su vez, el bombardeo de precisión.36 No interesa aquí explicar los tipos de operaciones de la doctrina aérea, además que su registro estadístico se somete a los énfasis de cada política de gobierno, pero la tabla 5 resume cuáles y cuantas fueron también decisivas.

Para el caso, desde 2003 la Política de Seguridad Democrática enfatizó en la defensa de poblaciones para contrarrestar la arremetida de los grupos armados ilegales. Al efecto la Fuerza Aérea garantizó la superioridad aérea, realizó misiones de ataque aéreo, de inteligencia aérea, de comando y control, entre otras. La tendencia decreciente de las cifras, de 33 a solo 2 o 0 operaciones, evidenciaría que la Fuerza Aérea contribuyó no solo a repeler en cada suceso a tales grupos sino a disuadir progresivamente otros ataques a poblaciones (FAC, 2008, Informe, p. 5; FAC, 2008, Memoria, p. 1).

Dicha tendencia decreciente permitió a la Fuerza Aérea ajustar los medios para intensificar los ataques estratégicos,37 entre los años 2006 y 2007, como se ve en la tabla 5. Más arriba se advirtió que, desde 2007, ello se hizo usando el bombardeo de precisión contra los cabecillas. Pero regularmente fue dirigido a destruir campamentos e infraestructura de los grupos ilegales. Luego, en 2012, la Fuerza Aérea debió intensificar tales ataques, también en respuesta al incremento de acciones terroristas mencionada más arriba; entonces se realizaron 934 operaciones de aplicación de la fuerza, es decir, de ataque, interdicción y apoyo aéreo; las dos primeras incluidas en el Plan Campaña Aérea, sumaron 553 acciones ofensivas (FAC, 2012, p. 1).

35 De las Fuerzas de Tarea –F.T. – se reforzaron la F.T. Omega, la F.T. del Sur del Tolima (Zeus) y la F.T. de Nudo de Paramillo (Aquiles). Se crearon cuatro más, a cargo del Ejército Nacional, la Apolo para el área del norte del Cauca, Pegaso para Nariño, Quirón para Arauca y Vulcano para Catatumbo. Una más, a cargo de la Armada Nacional, Poseidón para el Litoral Pacífico y, otra, a cargo de la Fuerza Aérea, Ares para Vichada; en total 9 F.T.36 Vale advertir el manejo equívoco que hacen medios de prensa sobre los conceptos “ataque estratégico” y “bombardeo “estra-tégico”. La misión u operación de “ataque estratégico”, aunque acción ofensiva desde el aire contra objetivos militares en tierra y agua, procura neutralizar los centros de gravedad del contrario (FAC, 2013, Manual, p. 87). El “bombardeo estratégico” se remite al paradigma doctrinal de las guerras mundiales cuando se bombardeó masiva e indiscriminadamente las retaguardias enemigas; pese a su nula efectividad, solo medio siglo después se adoptó paulatinamente el “bombardeo de precisión” (Haulman, 2014, p. 156).37 Dice ajuste de los medios porque fue después, en 2008, que la Fuerza Aérea recibió 15 aviones A-29, 8 aviones T-37, 4 helicóp-teros Huey II y 2 UH-60, y 3 aviones transporte C-295.

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La Historia

En consonancia destaca, a lo largo del período analizado, una tendencia homogénea de la Fuerza Aérea en la realización de operaciones de apoyo aéreo cercano, propias de la misión típica de contra-poder terrestre. Como tal el apoyo aéreo ofrece protección y ventaja táctica a las propias tropas de tierra que se encuentran en combate (FAC, 2013, Manual, p. 90); lo que significa que la Fuerza Aérea ha sido imprescindible en las operaciones del Ejército, la Infantería de Marina y la Policía. Entre 2011 y 2012, de nuevo, debió intensificar tal apoyo bien en la campaña contra el narcotráfico o dentro del Plan Espada de Honor.

La capacidad decisoria de la Fuerza Aérea es menos fortuita si se considera que en 2011 superó varios de sus indicadores de la década previa: el número de horas voladas (87.692 en octubre); el alistamiento de aeronaves (73,5%, siendo el promedio mundial de 70%) y, todo lo anterior, con el tamaño de flota más grande (319 aeronaves) alcanzado por el país (FAC, 2011, p. 9-11).

Tabla 5- Tipo y número de operaciones Fuerza Aérea.38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Defensa de poblaciones

33 21 19 7 2 2 (0) (2)

Ataque a campamentos / y estratégicos

109 242 304 757 690 443 (136) (47) (11) (10) n.d. (0)

Apoyo aéreo cercano

316 334 323 328 305 292 (119) 200 366 381 n.d. 133

Interdicción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 268 369 543 n.d. 244

Trazassospechosas

639 462 329 159 76 43 16 12 20 17 15 06

Aeronavesinmovilizadas

n.d. 12 9 13 45 92 101 52 84 113 166

Aeronaves inutilizadas

n.d. 7 7 7 9 15 15 32 28 43 25

Lanchasinmovilizadas

5 22 9 n.d. n.d. 3 10 20

Fuente: FAC. Informes de gestión, 2006 a 2014; Mindefensa (2010, p. 217, 230); Neira (2014). [Cifra parcial, entre paréntesis; n.d.: datos no disponibles].

38 Las operaciones con Aplicación de la Fuerza incluyen: Ataques estratégicos (contra el centro de gravedad del enemigo, sean cabecillas, infraestructura y medios de comunicación); Interdicción (ataques a movimientos y abastecimientos del enemigo con el fin de neutralizar, demorar o destruir su capacidad delictiva); Apoyo aéreo cercano (provee apoyo directo a las fuerzas de superficie para asegurar la supervivencia de las fuerzas amigas), concentrando el esfuerzo principal en las áreas del Salto Estratégico, buscando a través de este tipo de operaciones doblegar la voluntad de lucha del enemigo”… (FAC, 2010, Memoria, p. 1).

Por último, otro ámbito en el cual la Fuerza Aérea fue decisiva para acercar el cese del conflicto armado en Colombia, ha sido la lucha contra el narcotráfico. Aunque ya en 1984 el embajador de EE.UU. en Colombia, Lewis Tambs, denunció el nexo entre los grupos armados ilegales y el narcotráfico (El Es-pectador, 2010, párr. 4), apenas en noviembre de 2002 el gobierno Bush39 autorizó que la asistencia estadounidense contra el narcotráfico en Colombia se usara también contra la insurgencia (Moyar et al., 2014, p. 28).

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39 Evaluando el Plan Colombia Rabasa y Chalk (2001) objetaron que atacar el narcotráfico debilitaría a los grupos ilegales, apoyando la idea de una intervención del resto de Suramérica contra Colombia, cfr. (p. 93-94) y Esquivel (2003). Tal intervención fue tema en 1998 y 1999: desde el Senado de EU hasta la OEA (El Tiempo, 1998-12-7, p. 9A; Tiempo, 1999-06-9, p. 1A), con variada oposición de Brasil, Chile, Cuba y Perú (Esquivel, 2001, p. 73-75).40 Trazas aéreas, se refiere a la trayectoria descrita por un punto luminoso sobre la pantalla de radar; cfr. acepción RAE (2001). Diccionario de la Lengua Española (22. ed.). Madrid: Espasa.41 Marandúa, puesto adelantado del Comando Aéreo N°. 2, fue primero en 1994 estación de un radar TPS-43 operado por la Fuerza Aérea de EU; desde 1996 se hizo sede del GAORI (FAC, 2004, Agosto) y desde 2012 sede también de la Fuerza de Tarea ‘Ares’ (FAC, 2015, Marzo).

Con la reactivación, al año siguiente, del programa de interdicción la Fuerza Aérea Colombiana reforzó la defensa nacional. Al efecto, ese mismo 2003, EE.UU. prestó a Colombia 3 aeronaves Cessna Citation 560, plataformas para localizar las trazas40 de aviones ilegales y dedicados al narcotráfico. Las zonas de este control aéreo incluyeron las fronteras con Brasil, Panamá, Perú y Venezuela, y el mar Caribe (El Tiempo, 2003, Agosto; El Espectador, 2003, Mayo). La Fuerza Aérea logró reducir los vuelos ilegales que usaban el espacio aéreo colombiano, de 639 trazas sospechosas detectadas en 2003 se redujo a 6 en 2014 (Neira, 2014, párr. 12).

Del mismo modo, al tiempo que reducía los vuelos ilegales la Fuerza Aérea incrementó su efectividad contra los medios usados por el narcotráfico. Pasó de inmovilizar 12 aeronaves (2005) a 113 (2013), como pasó de inutilizar 7 (2005) a 43 (2013) aeronaves. Desde el 2007 el programa de interdicción se hizo extensivo a medios marítimos, incrementando la seguridad marítima de Colombia en asocio con la Armada Nacional. La interdicción aérea y marítima contra el narcotráfico redujo los flujos financieros y de contrabando de los grupos ilegales en Colombia, aunque estos se financian también con la minería ilegal.

Por lo anterior, y según dispuso el Plan Espada de Honor, en 2012 la Fuerza Aérea recibió a su cargo la Fuerza de Tarea de Acción Conjunta, Combinada e Interagencial ‘ARES’. Con sede en Marandúa (Vi-chada),41 en la base del Grupo Aéreo del Oriente –GAORI-, esta Fuerza tiene como propósito combatir el narcotráfico y a los grupos armados ilegales en los departamentos de Arauca, Vichada y Guainía (FAC, 2015, Marzo; FAC, 2013, Marzo). Este 2015, la Fuerza de Tarea ARES realizó una de las operaciones contundentes contra la minería ilegal, afectando en $20.050 millones por mes los ingresos del grupo ilegal (La Reportería, 2015, Mayo).

El papel decisivo de la Fuerza Aérea en el control del espacio aéreo de Colombia, hizo que los flujos del narcotráfico se desplazaran hacia otros países de la región. Por ello, la Fuerza Aérea asumió el esta-blecimiento de convenios y de procedimientos de interdicción con países como: Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Paraguay. También reforzando la interdicción en el Mar Caribe, “se han podido establecer contactos directos con Honduras, Venezuela, México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Beli-ce, Haití y República Dominicana, donde se han presentado excelentes resultados operacionales en la lucha mundial contra el narcotráfico.” (FAC, 2012, p. 6)

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La Historia

LOSCONTEXTOS REGIONALES

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Antioquia. Proceso de consolidación de la seguridad (1990-2002)

Camilo Andrés Castiblanco Durán42

Adriana Lucia Marín Ramírez43

Javier Alberto Castrillón Riascos44

Andrés Cotrina Acosta45

Introducción

La Fuerza Aérea Colombiana dio inicio con el presente informe al proceso de construcción de contexto social, político y operacional, como aporte a la construcción nacional de una memoria histórica inclu-yente y democrática; analizando uno de los momentos históricos de mayor convulsión y violencia en la historia reciente del país.

La investigación académica se realizó con el fin de triangular la información obtenida a través de fuentes primarias, tales como: testimonios y relatos de personal militar que afrontó el crecimiento, y escalamiento de la amenaza en esta región. Así mismo, se desarrolló el trabajo metodológico de recabar información primaria condensada en el Archivo institucional y operacional del Comando Aéreo de Combate N° 5.

Estos testimonios permitieron evidenciar lo que los documentos historiográficos y académicos ya enun-ciaban: el crecimiento cuantitativo de las acciones armadas del grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en este departamento, a lo largo de la década de los noventa.

Si bien los factores generadores de violencia fueron complejos y multivariados dentro de la región de Antioquia, se decidió centrar el interés expositivo en la incidencia de aquel grupo por dos motivos cen-trales: 1) es la organización al margen de la ley que mayormente enfrentó la Fuerza Aérea Colombiana; y 2) diversas organizaciones y centros de investigación señalaron que su presencia en la zona fue el desencadenante central de otras formas de violencia. Igualmente, dentro de este departamento pesan el mayor número de acciones violentas registradas, lo que convierte a Antioquia en una de las zonas centrales para el análisis de la violencia armada (ACNUR, 2005). De tal forma, fue elaborado un ejercicio de afinidad electiva (Weber, 1985), es decir, de elección deliberada de variables de investigación y de enfoques investigativos propios del interés de los investigadores.

El análisis se concentra en las dinámicas de violencia del grupo FARC, y en menor medida del grupo Ejército de Liberación Nacional (ELN) por ser el grupo armado ilegal con mayores acciones que afecta-ron a la población civil.

42 Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia - UAB.43 Magister en Derechos Humanos y DICA. Abogada.44 MSc in Theory and History of International Relations, London School of Economics. 45 Especialista en Resolución de Conflictos. Politólogo - Pontificia Universidad Javeriana.

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Los Contextos Regionales

El documento establece en primera medida, un análisis de la política internacional que rigió el hemis-ferio occidental en esa década, y que determinó de múltiples maneras, la forma en la que se definía, enfrentaba el crecimiento y escalamiento de la amenaza en la región antioqueña.

Por ello, es analizada la transformación de la agenda internacional, que centra su atención en el nar-cotráfico y financiación de la estrategia de defensa contra este flagelo, hasta un contexto tipificado por una lucha global contra el terrorismo en todas las regiones del orbe.

Estos elementos contextuales, permiten comprender con mayor claridad y precisión los objetivos que desarrolló el grupo FARC en la década de los noventa; movimientos que están registrados en los docu-mentos de las Conferencias del grupo armado, pero que a su vez muestran la finalidad de las acciones armadas que realizaban. Así mismo, son registradas las principales acciones desarrolladas por dicho grupo, tratando de esclarecer los fines perseguidos tras estas incursiones violentas.

Finalmente, es documentada la acción desarrollada por la Fuerza Aérea Colombiana para minimizar el enorme riesgo a la infraestructura y seguridad del país, estableciendo algunas operaciones emblemáti-cas y la transformación estratégica que sufre la Institución para hacer más efectivo su actuar.

Contexto Geográfico Antioqueño

Figura 1 Mapa Departamento de Antioquia. 2015

La ubicación y riqueza del Departamento de Antioquia ha sido de interés estratégico para los grupos armados al margen de la ley y los grupos que comercializan con el narcotráfico. Al tener salida al océano Atlántico y por su cercanía con la frontera con Panamá su ubicación es de gran interés ya que “(…) favorece el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas con Centroamérica y Panamá; adicio-nalmente, es un territorio estratégico a nivel militar porque sirve de zona de refugio y de corredor al suroeste y bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de Paramillo (…)” ACNUR, (2004, agosto). La región se caracteriza por estar ubicada sobre la Cordillera Central, su relieve está representado, por una parte, por áreas planas que comprenden las dos terceras partes del total del suelo, y que están localizadas en el valle del Magdalena, en Bajo Cauca, en las zonas próximas al departamento del Chocó,

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y en las zonas próximas a la costera región de Urabá; y por otra parte, el relieve está conformado por una extensa área muy montañosa que hace parte de las cordilleras Central y Occidental de los Andes, que componen una tercera parte del suelo antioqueño.

Estas condiciones geográficas han permitido el crecimiento de los grupos al margen de la ley; ya que estratégicamente representa una ventaja para el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales, por cuanto las bondades del área inciden en el crecimiento y sostenimiento de sus organizaciones. En particular la zona denominada el Cañón de la Llorona, corredor estratégico por la salida al Pacífico que éste representa:

La década de los noventa se caracterizó por la coexistencia entre las FARC y el ELN, logrando una capacidad ofensiva bastante importante que estuvo concentrada en los municipios de Zaragoza, El Bagre, Tarazá y Valdivia en el Nordeste. Las FARC hicieron presencia predominantemente en la margen izquierda del río Cauca, mientras que el ELN se ubicó en la margen derecha. Aun así, para finales de la década, debido a la incursión paramilitar, los grupos guerrilleros registraron niveles mínimos de acción en el Bajo Cauca y su ofensiva se trasladó a los alrededores de la región, a la zona oriental y a las selvas de Ituango. La consolidación del paramilitarismo dejaría al ELN bastante debilitado, por lo que las FARC adquirieron un mayor protagonismo en contraste con las demás organizaciones guerrilleras, por lo que la Fuerza Pública concentró sus ataques en esta organización guerrillera para asegurar el control eficaz del territorio. Un ejemplo de esto es que en mayo de 2004, por medio de la operación Motilón, el Ejército obligó a la guerrilla a internarse en las partes altas de la cordillera en el municipio de Ituango (Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz, 2014, p. 15).

Además de su importancia geográfica, el departamento de Antioquia se caracteriza por la gran diversi-dad cultural que tiene, producto de las constantes y diversas migraciones que han tenido a lo largo de la historia y que configuran una compleja red de identidades entretejidas.

Estas transformaciones demográficas pueden catalogarse en migraciones laborales, que se relacionan especialmente con el desarrollo de la económica cafetera, bananera y minera, impulsadas por lo que se conoce como la Colonización Antioqueña (Londoño, 2002); desplazamientos forzados causados por la violencia en Córdoba y el Sinú (Ríos, 2002); y migraciones provenientes del Chocó y Cartagena (Ríos, 2002). A estas migraciones, se suman los pueblos indígenas que se encontraban ancestralmente en lo que hoy se conoce con el departamento de Antioquia, pero cuyo territorio se ha ido desplazando hacia el norte, en el Nudo del Darién por la llegada de los diferentes grupos.

De lo anterior, se puede deducir que el complejo contexto social antioqueño se da por la confluencia de múltiples grupos en la zona, con fines e intereses diferentes sobre el territorio y la tierra que, sumado a la posición geográfica, se convierte en un espacio de disputa y violencia, interna y externa por el control de las zonas cafeteras y mineras.

Política exterior colombiana y crecimiento del grupo FARC:Plan Colombia y Derechos Humanos, 1992-2002

Para lograr comprender el contexto de seguridad de la región antioqueña y la respuesta del Estado, es necesario analizar las transformaciones en materia de política internacional y política exterior colombia-na durante el mismo período. Con el fin de entender las transformaciones en la estrategia de seguridad, el cambio en la forma que se percibió políticamente a aquel grupo ilegal en el discurso y la percepción en Estados Unidos y Colombia en una línea conexa.

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Para tal fin, son analizados los documentos del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el Departamento de Defensa y, trabajos académicos que exploran este fenómeno. A través de éstos, se discuten dos temas centrales: Narcotráfico y la amenaza violenta entre 1992-1998, y el cambio de la lucha antinarcóticos a la guerra contra el terrorismo entre 1998-2002.

Narcotráfico y amenazas, 1992-1998

La década de 1990 trajo consigo la influencia del narcotráfico y el crecimiento de los grupos armados ilegales como las FARC, que decidieron continuar en la ilegalidad posterior a la constitución de 1991 y la desmovilización de grupos como el M-19. Fue a mediados de este período que Colombia vivió un incremento inusitado en las acciones ofensivas de los diferentes grupos armados ilegales, generando un recrudecimiento de los impactos directos sobre la población civil en las áreas rurales e, inclusive, sobre áreas urbanas (ver gráfico 1). Para Echandía (2000, p. 2), el grupo amplió su accionar violento en 1994, en especial, contra la Fuerza Pública, multiplicando el número de emboscadas, ataques sobre poblaciones e instalaciones militares y de policía registradas en años anteriores. A este escenario, se sumó el aumento de las economías ilegales y, especialmente del narcotráfico, que se articuló a la di-námica de crecimiento de los grupos ilegales. Así, según Richani (2003, p. 19) las rentas obtenidas del narcotráfico parecen evidentes a finales de los años 80, “cuando las fuerzas guerrilleras comenzaron a adquirir más armas, expandir su radio de operaciones, y a crecer en número”. Según cifras del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP) (2010), a principios de los años 90 aquel grupo contaba con cerca de 8.000 hombres en armas, ya a mediados de esta década, poseía alrededor de 10.000 y, para el año 2000 poseía casi 16.000...”.

Gráfico 1. Actividades armadas de los principales actores del conflicto armado 1998-2008.

Fuente: CERAC en Durán (2011), p. 18.

En ese contexto, Estados Unidos continuaba con una política dedicada a la lucha antidroga, la cual fue su principal objetivo junto a la promoción de los derechos humanos después del fin de la Guerra Fría. Es en este ambiente, en donde se gesta inicialmente la nueva articulación político-militar entre Bogotá y Washington en torno al narcotráfico y los Derechos Humanos a mediados de la década de los 90.

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Estas transformaciones se pueden enmarcar en términos de la doctrina de seguridad nacional, la cual sirve de elemento orientador en materia de política exterior con respecto a la defensa de los intereses nacionales. En este sentido, se puede entender que es un concepto dinámico que responde a las va-riaciones de lo que se considera como amenaza para el Estado. Así, es posible encontrar tres períodos posteriores al final de la II Guerra Mundial: la contención al comunismo, la lucha contra las drogas y, la lucha contra terrorismo.

Sin duda, estas políticas han influido en el quehacer de la política de seguridad latinoamericana, encon-trando un escenario particular de lucha sobre diferentes amenazas de orden interno. De esta manera, la contención al comunismo con la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos46 sobrevino con la lucha contra los grupos armados marxistas y maoístas, para posteriormente, avanzar a una lucha contra las drogas y, contra el terrorismo posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Para los Estados Unidos, tanto el grupo FARC como el ELN se encontraban cada vez más envueltas con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el lavado de activos; lo cual las había convertido en una “insurgencia autosuficiente, financiada por actividades ilegales, no dependiente de apoyos externos”. Esto empeoró la situación de seguridad, teniendo en cuenta además, que actores al margen de la ley se fortalecían en las áreas fronterizas del país (sobre todo en la frontera con Ecuador, Brasil y Venezuela), generando problemas de control transnacional ocasionadas por las incursiones de estos grupos (Joint Staff, 1998, p. 10). Este asunto es contrastado por Naciones Unidas, quien argumenta que los grupos ilegales, particularmente las FARC, para ese momento generaban recursos a través de negocios con la industria de los narcóticos en Colombia (Farrell & Schmitt, 2012).

En consecuencia, la expansión del narcotráfico en medio de la crisis económica que golpeaba a Colom-bia a mediados de los años 90, según Chernick (2012, p. 220), creó una nueva clase de terratenientes y élites económico-sociales que usaban como sistema de lavado de activos, la compra de grandes extensiones de predios, llevando así, a un reordenamiento de la propiedad privada y la organización social. Este fenómeno fue replicado por el grupo FARC, las que se vieron favorecidas por la propagación de los cultivos ilícitos en zonas del sur del país, dominadas por estos, dando “una nueva y permanente fuente de recursos que condujo al incremento del reclutamiento, las acciones armadas, la movilidad geográfica, la capacidad militar y la preparación tecnológica” (Chernick, 2012, p. 220).

De esta manera, el tema del narcotráfico caracterizó las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia en la década de 1990, situación que no fue diferente en el gobierno de Ernesto Samper; marcado por el incremento de las acciones terroristas de envergadura, como la toma de Las Delicias (1996) y de Patascoy (1997) por parte del mismo grupo ilegal y, las masacres cometidas por las auto-defensas ilegales. En este sentido, con miras a borrar cualquier duda de su compromiso con la política global antinarcóticos. Samper puso gran énfasis en esta política, respondiendo así, al interés de Estados Unidos expresado en una carta que le envió Bill Clinton a la Presidencia de la República, en la que se “remarcaba la primacía del problema de las drogas en la relación bilateral” (Departamento de Estado, julio de 1994, p. 2).

46 La Doctrina de Seguridad Nacional enmarca una política de Estado en materia de defensa que, en el caso de las grandes potencias, es expresada a nivel exterior. En los diferentes sistemas de gobierno, según Colucci (2012), una política táctica como el contraterro-rismo está enmarcada y dirigida en un nivel mayor por una doctrina de seguridad nacional que desarrollará una guía y dirección más allá de una o más presidencias. Así, por ejemplo, la doctrina de seguridad nacional de contención al comunismo que empieza con la presidencia de Harry Truman (1945-1953), se extiende hasta el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).

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La amenaza que configuró en ese momento el narcotráfico a la seguridad nacional y a la salud pública norteamericana, hizo que se generará una estrategia conjunta entre Estados Unidos y Colombia para interrumpir el flujo aéreo de aeronaves ilegales, sobre todo, aquellas con drogas ilícitas (Bush, 2006), a lo cual se acoplaron medidas de colaboración judicial y combate al lavado de activos (Departamento de Estado, julio de 1994, p. 4). En este contexto, se aumentó la cobertura de radar en 1994 y, la Fuerza Aérea adquirió autonomía en el entrenamiento y capacitación de su personal para tareas de defensa aérea (Forero, 2015).

Por ello, el Estado colombiano fortaleció sus capacidades para contrarrestar las diferentes amenazas que se cernían sobre la sociedad y sus instituciones. En este contexto, es creada la Dirección de Inteli-gencia de la Fuerza Aérea en 1992 (Jefatura de Inteligencia-Fuerza Aérea colombiana, 2014) y en 1995 se adquiere una aeronave Súper King B-300, la cual se dedicó a labores de “inteligencia de señales, hecho que generó un avance significativo en lo referente a la inteligencia técnica” (Rivera, 2011).

No obstante, este no fue el único tema que sobresale en importancia en la relación bilateral, así como éste, los Derechos Humanos también toman un rol relevante para los Estados Unidos. Ambos temas (narcotráfico y Derechos Humanos) fueron cruciales en el proceso de evaluación política y aprobación de la ayuda militar a Colombia en Capitol Hill (Departamento de Estado, noviembre de 1994, p. 5), si-tuación que cobraba especial énfasis, dado el incremento de los secuestros extorsivos en el país como método usado por las FARC para financiar sus actividades, sobre todo en Antioquia.

El tema adquirió tal relevancia que la embajada creó en Diciembre de 1993 el Comité de Coordinación para los Derechos Humanos (HRCC por sus siglas en inglés), dándole a éste “un perfil mucho más alto en el contexto de las relaciones bilaterales” (Departamento de Estado, noviembre de 1994, p. 2). En este escenario, la administración Clinton diseñó una estrategia de cuatro puntos para promover en Colombia el respeto a los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado, la cual se concen-traba en: “1) Proveer educación y entrenamiento en Derechos Humanos a personal seleccionado de la Policía y Fuerzas Militares, 2) Combatir la impunidad al descartar de los programas de entrenamiento patrocinados por los Estados Unidos, a las Unidades culpables de violaciones a los Derechos Humanos, conduciendo a su vez, un monitoreo profundo sobre las Unidades apoyadas, 3) Subrayar al gobierno colombiano la centralidad de los Derechos Humanos como pilar de la política exterior de los Estados Unidos, y 4) Mantener la comunidad interagencial en Washington informada sobre el desarrollo y estado de los Derechos Humanos en el país y los esfuerzos de la embajada en su promoción” (Departamento de Estado, noviembre de 1994, p. 2). Este esfuerzo fue complementado en 1997 por la enmienda Leahy, que prohíbe el apoyo a Unidades militares que se sospeche hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos (Vaicius & Isacson, 2003). La estrategia llegó a ser una política de Estado continuada por el presidente Andrés Pastrana, posterior al mandato de su antecesor (1998-2002), quien delegó a su vicepresidente Gustavo Bell (nombrado a su vez Consejero de Derechos Humanos, dando al tema así una gran relevancia) la creación de un plan global para mejorar la situación de Derechos Humanos del país.

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De la lucha antinarcóticos a la guerra contra el terrorismo: 1998-2002

La elección del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) no sirvió para conjurar la ya latente y difícil si-tuación económica y de seguridad vivida en Colombia. La economía se contrajo por “primera vez desde 1931”, efecto acompañado por una debilidad creciente del sector bancario, “un desempleo que llegaba casi al 20 por ciento”, un déficit presupuestal insostenible y un peso ampliamente devaluado (Departa-mento de Estado, agosto de 1999, p. 3). Lo que fue acompañado por una estrategia más ofensiva por parte del ELN y las FARC, quienes “operaban ya en grandes formaciones de combate”, a la manera de una “guerra de movimientos”. Por tanto, “sus actividades progresaron de ataques de golpear y huir, a operaciones sofisticadas usando inteligencia, maniobras, fuego indirecto, y comando y control de varias unidades que atacaban en masa a su objetivo” (Departamento de Defensa, 1999, p. 9). Además, según Bagley, la “crisis económica en Colombia y el descontento popular causado por estas situaciones, fue-ron dos factores que generaron los problemas de criminalidad común y gobernabilidad enfrentados por el presidente Pastrana durante su primer año y medio de gobierno” (2000, p. 21).

En este sentido, el fortalecimiento de los grupos FARC, ELN y autodefensas ilegales, la persistencia del narcotráfico, la difícil situación económica, presupuestaria y el proceso de negociación, se sumaron para el desarrollo de una diplomacia por la paz, acompañada de la consecución de recursos para uno de los mayores esfuerzos de la política exterior de seguridad del siglo XX en el país: El Plan Colombia. Proyecto que fue el icono de la articulación entre la lucha antinarcóticos y antiterrorista, respondiendo a las grandes necesidades de seguridad del Estado y, de reingeniería de la Fuerza Pública Colombiana.

La situación de seguridad a mediados y finales de 1998 era compleja, como lo evidenciaron las tomas de Mitú y El Billar, los ataques en Antioquia a las poblaciones de Dabeiba y Mutatá, así como los blo-queos viales en la autopista Medellín-Bogotá y el Cañón de la Llorona (Entrevista a personal CACOM-5, 2015), los cuales ejemplificaron la posición guerrerista, el incremento en su capacidad armada y su ac-cionar ofensivo en contra de la población civil. Estos ataques fueron repelidos por la Fuerza Pública y, en especial, con el apoyo decidido de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). En el caso de Mitú, por ejemplo, la FAC contribuyó desde el Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2) a neutralizar y contrarrestar la amenaza, lográndose retomar la población, siendo éste, según el Presidente Andrés Pastrana, “uno de los mayores éxitos militares contra las FARC” de su administración (Embajada de Estados Unidos en Bogotá, noviembre de 1998, p. 2).

Esto fue desarrollado mediante la operación “Vuelo de Ángel”, en la que el poder aéreo hizo la diferen-cia a la hora de retomar la población de Mitú y propinar un duro golpe a las FARC. Esta operación se convierte en un punto de inflexión, al probar que sin el control (dominio) del espacio aéreo, una guerra de movimiento era imposible de sostener para las FARC.

Sin duda, este fue un balance preliminar que hacía pensar profundamente sobre las implicaciones militares de la zona de distensión. De manera clara, los 42.000 kilómetros cuadrados que en conjunto formaban La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y san Vicente del Caguán, se convirtió en una gran zona de acumulación del grupo ilegal, incrementándose así, el número de hectáreas de coca cultivadas y su capacidad de combate. Esto último, en términos de entrenamiento, logística y, mando y control, lo cual fue insumo para los ataques del grupo contra poblaciones, unidades militares y de po-licía. A todo esto, se sumaron las condiciones de abuso a la que eran sometidas la población al interior de la zona de distensión, siendo objeto de reclutamiento forzoso, cobro de extorsiones y desapariciones forzadas (Defense Intelligence Agency, octubre 2001).

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En términos del Plan Colombia, desarrollado en el marco de la Iniciativa Andina contra las Drogas, se buscó una proyección holística, la cual, requeriría no sólo de la participación de los Estados Unidos, sino también, de otras naciones. Así, este macro proyecto fue compuesto por cinco componentes globales: 1) Ayudar al gobierno colombiano en su ofensiva en las regiones cultivadoras de coca del sur de Co-lombia, las cuales estaban dominadas por las organizaciones al margen de la ley. Los fondos ayudarían a entrenar batallones especiales antinarcóticos, a adquirir 30 Blackhawks y 33 helicópteros Huey, y proveer otros apoyos, 2) Actualizar las capacidades colombianas para la interdicción de cocaína y trafi-cantes. Los fondos deberían ser usados para radares, mejoras en aeronaves y pistas, así como para la recolección de inteligencia antinarcóticos, 3) incrementar la erradicación de cultivos de coca 4) Crear caminos de desarrollo alternativo 5) Incrementar la protección de los Derechos Humanos, expandir el imperio de la ley, y promover el proceso de paz (Departamento de Estado, Enero 2000, pp. 3-4).

En el marco del Plan Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana se convirtió en un componente clave para el desarrollo satisfactorio del mismo, no sólo en términos de entrenamiento de las tripulaciones para los equipos de ala rotatoria, sino también, en términos del programa de interdicción conocido como ‘Air Bri-dge Denial’ –ABD (US Government Accountability Office, 2005). El programa estuvo dirigido a interrum-pir el flujo de vuelos ilegales y sospechosos de transportar drogas ilícitas sobre el territorio colombiano. Lo cual permitió un mejor recaudo en la información de inteligencia con el fin, de preparar las aeronaves en el cumplimiento de la función de interceptación (Nagle, 2013, p. 39). La pieza central en 1999 del ABD, según Isacson (2000, p. 5), fue el proyecto de actualización de la flota de aeronaves interceptoras A-37 Dragonfly, siendo dedicados cerca de $21 millones de dólares en mejoras y entrenamiento de pilotos, a lo cual también se sugirió incluir los OV-10 Bronco para cumplir este tipo de misiones.

De manera clara, la delimitación sobre el Plan Colombia como una iniciativa meramente antinarcóti-cos fue una dificultad a la hora de hacer operacional toda la ayuda militar que arribaba al país en el combate al terrorismo. A esto se suman las denuncias de varios pobladores de la zona de despeje, quienes aseguraban que las FARC se encontraban activamente reclutando menores de entre 13 y 15 años, desarrollando campañas de desaparición y tortura de pobladores que no estaban en línea con su accionar, ocupando tierras y propiedades, destruyendo el ecosistema local mediante la construcción de vías y trincheras, obligando a los campesinos locales a pagar impuestos de hasta el 30% sobre su producción, comerciando drogas por armas e, inclusive, apoyando vuelos clandestinos provenientes desde el exterior que soportaban estas operaciones (Departamento de Defensa, 2000).

Según Rabasa y Chalk (2001, p. 36), hubo diversos flujos de armas provenientes desde Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, posiblemente como resultado de vínculos entre traficantes de drogas, grupos ilegales y criminales rusos, por ejemplo, un cargamento de 10.000 AK-47 fue lanzado a la zona de distensión desde aeronaves de carga provenientes desde Jordania, plan diseñado por el entonces jefe del Servicio de Inteligencia peruano Vladimiro Montesinos.

Para tal período, la FAC ya contaba con una Jefatura de Inteligencia Aérea constituida, la cual esta-bleció el seguimiento y control aéreo de la zona de distensión (Jefatura de Inteligencia – Fuerza Aérea Colombiana, 2014). Todo esto fue desarrollado de forma articulada con las diferentes transformaciones implementadas en la Fuerza Pública que, según Echandía (s.f.), se sustentaron en la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en inteligencia, tecnología y estruc-turas de comando, control y comunicaciones.

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En este contexto, el gobierno colombiano se esforzó por persuadir a su contraparte en Washington con el fin de vincular la ayuda militar del Plan Colombia a la lucha contrainsurgente, lo que se articuló a su vez, con un reconocimiento por parte de los altos mandos de la Fuerza Pública sobre la necesidad de modernización y profesionalización de las mismas; todo esto, con el propósito de “desarrollar un rol y misiones más efectivas, incluyendo la misión antinarcóticos” (Departamento de Defensa, Marzo de 2001, p. 3).

Bajo este escenario, es lanzada la Operación Gato Negro en Febrero de 2001, la cual estaba dirigida a probar los nexos del grupo FARC con el narcotráfico internacional, y así mismo, despojar al grupo guerrillero de su principal bastión financiero y estratégico para el tráfico de drogas y armas, Barranco-minas – Guainía. Fue durante esta operación, en la cual participó la Fuerza Aérea Colombiana, que se dio captura al capo brasilero Fernandinho Beira Mar, uno de los mayores traficantes de drogas y armas de América Latina, logrando probar así, el nexo del grupo ilegal “con redes internacionales de este ne-gocio, específicamente con narcos de Brasil, Paraguay y Surinam” (Revista Semana, 2001). Sin duda, este fue un golpe político y financiero sobre este grupo ilegal, según Chernick, “el tráfico ilícito de coca se convirtió en una de las máximas fuentes de financiación de las FARC, alrededor del 50% o 60% de los ingresos de la guerrilla” (2012, p. 140).

En complemento, los militares y el gobierno colombiano se esforzaron cada vez más para que este grupo ilegal fuera calificado como terrorista a los ojos del mundo y, de esta manera, se gestará un cam-bio de percepción en el Congreso Norteamericano, permitiendo que la ayuda del Plan Colombia fuera ampliada para actividades contrainsurgentes y antiterroristas. En este período, se produjo el ataque del grupo contra el puesto de policía de San Adolfo (Huila), donde presuntamente los atacantes usaron cianuro para acabar con la vida de los policías en el lugar (La Jornada, Agosto 2002); la captura de los tres irlandeses del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Colombia, acusados de dar entrenamiento en terrorismo urbano y explosivos al grupo ilegal (The New York Times, Agosto 2001) e, inclusive, se denunciaron vínculos del mismo grupo con el Hezbollah ante los organismos de inteligencia de Estados Unidos (Defense Intelligence Agency, Octubre 2001).

El fin de estos movimientos era claro, mostrar al grupo como una organización terrorista con alcance internacional y, enviar un mensaje al gobierno estadounidense que, sostenía que las restricciones im-puestas por parte del Departamento de Estado al uso del equipo otorgado por el Plan Colombia, “limi-taba la capacidad de los colombianos para luchar contra el terrorismo” (Defense Intelligence Agency, Octubre 2001, p. 6). No obstante, los grupos FARC y ELN ya pertenecían a la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado desde 1997 (Sullivan & Beittel, 2014), siendo ratificado este estatus nue-vamente a finales del 2001 (Cronin, 2004).

El fin de la zona de distensión en febrero de 2002, y el recrudecimiento de la violencia desarrollada por organizaciones al margen de la ley, trajo consigo una gran frustración en la opinión pública colombia-na, situación que fue bien capitalizada por el candidato presidencial independiente Álvaro Uribe Vélez, elegido como presidente para el período 2002-2006, siendo reelegido hasta el año 2010. Para los Es-tados Unidos, Uribe mostraba un auténtico compromiso hacia una “estrategia antinarcóticos agresiva”, sustentada en el aumento del pie de fuerza, el establecimiento de una amplia red de inteligencia (red de informantes) y, aún más importante para Washington, el direccionamiento de más recursos financieros a la política de seguridad (Embajada de Estados Unidos en Bogotá, junio de 2002).

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En este sentido, la estrategia de seguridad del gobierno colombiano enfatizaba la consecución de cerca de 6.2 billones de dólares en un periodo de cuatro años (p. 4), para lo cual, fue designado el ministro de hacienda Roberto Junguito, quien desarrolló toda una serie de reformas tributarias para asegurar los recursos necesarios para la “Seguridad Democrática” (Colombia.com, Junio 2015). Para la administra-ción Bush, “la visión de Uribe de cómo direccionar el narcotráfico y el terrorismo en Colombia [tenía] mucho en común con el pensamiento del gobierno de los Estados Unidos” (Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Julio de 2002, p. 5) que, para ese momento, se encaminaba a una guerra global contra el terrorismo.47 Así, “el 30 de octubre de 2002 el Congreso estadounidense autorizó por primera vez el uso de recursos antinarcóticos en la guerra al terrorismo” (Calvo, 2008, p. 298).

Accionar armado del grupo FARC en el departamento de Antioquia(1995 – 2002)

La década de los noventa inició con dos fenómenos contradictorios: por un lado se estableció una apuesta política a favor de la paz y la democracia, como fue la Constitución de 1991; pero por otro lado, continuó la lucha armada contra el narcotráfico y el crecimiento logístico y armado de aquel grupo. Esta contrariedad, junto con otros factores, llevó a que el país experimentará un incremento estadístico de la violencia a partir del año 1995, tal y como lo evidencia el Informe Basta Ya (CNMH, 2011) y el Portal Noche y Niebla del CINEP (CINEP, 2010).

La presencia del grupo ilegal en la región se remonta a la década de los años 60, aunque su presencia para ese momento era menor y sin mayor capacidad de afectación a la institucionalidad o a la socie-dad antioqueña. La organización hizo presencia con la fundación del Frente 5 en 1971, el cual salió a la palestra tras la Quinta Conferencia, siendo un grupo muy pequeño y asentándose en San José de Apartadó. El Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005) señaló que:“Entre 1966 y 1969 se registró el nacimiento del frente 4 de las FARC en el Magdalena Medio, en el lado de Antioquia; a principios de los setenta surge el frente 5 en Urabá y el 9 también en el Magda-lena Medio. A raíz de la Séptima Conferencia de las FARC en 1982 donde se determinó la expansión de los frentes, nacen los frentes 34, 35, 36 y 37; el primero en límites con Chocó y los tres restantes en el nordeste antioqueño. Entre 1988 y 1991 se crean, a su turno, los frentes 46 y 47 en la zona de influencia del Magdalena Medio” (p. 2).

Así, a comienzos de la década del noventa es evidente el interés por apoderarse de zonas estratégicas dentro del departamento, y por aumentar su presencia en la región; disputando estos territorios con los grupos que los ocupaban previamente.

La presencia definitiva del grupo ilegal en la región se fortaleció en la segunda mitad de la década de los años 90, período en el que empezó a aparecer y a evidenciarse pruebas contundentes de la relación entre esta organización armada y estructuras del narcotráfico. Lo anterior, no sólo le permitió a tal grupo crecer significativamente sino que, a la vez, le permitió ejercer un control mucho más efectivo y geográfico de la región. El mismo informe del Observatorio del programa presidencial de Derechos

47 Adicionalmente, la estrategia de seguridad nacional no solo se centraba en un esfuerzo antinarcóticos y antiterrorista, sino tam-bién, en torno a la protección de la ‘infraestructura energética como el viaducto Caño Limón Coveñas, una fuente de energía para los Estados Unidos y de fondos críticos para el Gobierno colombiano’ (Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Julio de 2002, p. 12). Ciertamente, esta estrategia ya era parte de los objetivos de la Fuerza Pública colombiana y, en especial, de la Fuerza Aérea Colombiana que, a través de planes como el Tricolor en el Comando Aéreo de Combate No. 2 en Apiay y, Buho en el Comando Aéreo de Combate No. 5 en Rionegro, cuidaron la infraestructura vial y energética de sus zonas de influencia.

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ACCIONES POR DEPARTAMENTOS

N° DEPARTAMENTO FRECUENCIA %

1 Santander 182 26.1%

2 Antieoquia 103 14.8%

3 Caquetá 80 11.5%

4 Cauca 71 10.5%

5 Huila 50 7.2%

6 Boyacá 33 4.7%

7 Cudinamarca 31 4.4%

8 Meta 28 4.0%

9 Magdalena 17 2.4%

10 Tolima 14 2.0%

11 Cesar 6 0.9%

Total 615 88.2%

Humanos y DIH permite afirmar que “la expansión de las FARC siguió en la primera mitad de los no-venta. El frente 18, que se originó en el sur de Córdoba, se asentó también en el norte de Antioquia y el frente 47, que alguna vez se inclinó hacia el Magdalena Medio, se movió hacia el suroccidente del departamento” (2005, p. 2).

Este crecimiento no se presentó exclusivamente en el departamento de Antioquia, sino que se pudo comprobar que esta organización hizo un ejercicio de repliegue, al tratar de apoderarse de corredores territoriales en el sur del país (Cauca, Putumayo y Nariño), en los Llanos orientales (Meta, especialmente en la Macarena y en el vórtice interdepartamental del Caguán) y en la región del Magdalena Medio (Cho-có, Antioquia y Córdoba) (Pizarro, 2004). Empero, no fue Pizarro el único que atestiguo dicho repliegue, éste también fue documentado de forma más específica en la obra de José Domínguez (2011) y en los documentos del Observatorio del Conflicto Armado de la Universidad Nacional de Colombia.

El Informe sobre las FARC del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) es diciente al advertir que: “La guerra que libran las FARC continúa intensificándose en aquellas regiones que le garantizan su supervivencia económica. Por esta razón, concentran su actividad en las zonas que bordean la costa pacífica a través de los Frentes que integran el Comando Conjunto del Occidente o Alfonso Cano (algu-nas zonas del Valle, Cauca, Nariño y Huila) y el Bloque Noroccidental o Bloque Iván Ríos (regiones del Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre)”. (CNMH, 2013, p. 277)

Por ejemplo en la Tabla 1, a continuación, Domínguez presenta que del total de las acciones armadas que realizó las FARC, el 88.2% se centró en las regiones antes señaladas, siendo particularmente preo-cupante la situación de los departamentos de Santander y Antioquia, lo que reportaron el 40.9% de las acciones violentas que este grupo armado generó:

Tabla 1. Acciones armadas del grupo FARC por departamento

Fuente: Domínguez, 2011.

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De acuerdo con Alejandro Reyes, las FARC han mostrado dos propósitos específicos y vinculados entre sí. En primer lugar, las acciones violentas que fortalecieron la presencia social de la organización arma-da en la zona, lo cual le permitió influir de manera directa en controles políticos (electorales y fácticos) e impedir la aparición de otras formas de acción armada.

Esta relación fue generadora de violencia, en la medida en que se tipificó dentro de las regiones una relación de amistad/enemistad, tal como lo planteó Karl Schmidt (1931), haciendo que comenzasen a proliferar objetivos armados dentro de la población civil: aquellos que no se ajustaron a las normati-vidades del grupo, aquellos que parecieron proclives a otras organizaciones armadas o aquellos que defendieron las instituciones del Estado.

Empero, también es posible explicar el repliegue del grupo en estas regiones a la facilidad que tuvo el departamento antioqueño en generar corredores estratégicos que les permitieron consolidar rutas de tráfico de drogas, armas e insumos. De este modo, “El eclipse de los carteles más importantes abrió mayores oportunidades para que el ejército guerrillero de 20.000 hombres de las FARC sacara prove-cho de la próspera industria de la droga en el país. Lo lograron mediante el cobro de impuestos a los campesinos cultivadores en sus zonas de influencia y a través de la contratación de sus servicios a las organizaciones traficantes para proteger sus cultivos, los laboratorios de procesamiento y las pistas de aterrizaje” (Bagley, 2006, p. 11).

Sin embargo, la rápida evolución del grupo dentro de este negocio ilícito los lleva a desarrollar a mitad de la década de los 90 cultivos y rutas propias, incrementando su capacidad económica, y con ello su capacidad logística y de ensanchamiento territorial. “Sin embargo, alimentadas en buena parte por ga-nancias relacionadas con las drogas, las FARC crecieron a paso firme en número y armamento durante la década del noventa. En la segunda mitad de esa década, con frecuencia fueron capaces de derrotar o castigar severamente las fuerzas colombianas en combate” (Bagley, 2006, p. 13).

Este contexto sociopolítico e histórico, permite comprender con mayor claridad los procesos de apropia-ción territorial que desarrolló el grupo ilegal, en el norte de Antioquia, y que se tradujeron en una proli-feración de tomas violentas a las cabeceras municipales. Es necesario también agregar, los secuestros masivos en la Autopista Medellín-Bogotá y, en otras vías arterias del departamento, evidenciando en general una sensación de inseguridad y zozobra.

Todas estas acciones, que serán exploradas con mayor profundidad en el desarrollo de este documento, permitirán dimensionar, la intervención de la Fuerza Aérea Colombiana, y de Fuerza Pública en general en el departamento. En particular, la transformación del accionar de la Fuerza Aérea Colombiana a través del Comando Aéreo de Combate No. 5 -CACOM 5.

Por ello, es a través de la narración del contexto histórico que es posible comprender por qué la Fuerza Pública goza de una alta legitimidad en Colombia, y en particular en la región de Antioquia. El Coronel Pedro Sánchez,48 señaló al respecto que los lazos comunicantes entre la Fuerza Aérea y el sector públi-co y privado de la región fueron determinantes para lograr los avances militares que llevaron a que en el 2006, el departamento estuviera ya significativamente recuperado. A su vez, señaló que las acciones violentas del grupo ilegal en contra de la población civil la distanciaron de las comunidades de base y acercó a éstas a las Fuerzas del Estado.

48 Piloto por más de 15 años de la Fuerza Aérea Colombiana, y testigo directo del devenir histórico del conflicto en la región de Antioquia. Actualmente, se desempeña como Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate de Rionegro – CACOM 5.

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En ese sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica planteó que “El temor social inclinó la balanza a favor del Gobierno debido a varios factores: a la práctica indiscriminada del secuestro; a la destrucción que causaba el uso de cilindros bomba; al uso de minas antipersonal; a la posibilidad de caer en una “pesca milagrosa”, incluso a media hora de cada ciudad capital o intermedia; y a las extorsiones en campos y ciudades” (CNMH, 2013, p. 268).

Principales acciones violentas desarrolladas por el grupo FARCen la década de los noventa

El recuento de las dinámicas ilegales desarrolladas por este grupo en el norte de Antioquia se construyó a partir de la triangulación de documentos académicos, reportes periodísticos, el archivo institucional de CACOM 5 y las entrevistas realizadas a personal militar en el mismo Comando Aéreo de Combate.

Por lo que más allá de un recuento, el documento presenta una estandarización de las principales for-mas de afectación a la población civil, a la infraestructura y al Estado: “A lo largo de la guerra planteada por las FARC en este periodo, la guerrilla no hizo otra cosa que acumular diversos motivos de rechazo: por su relación con el narcotráfico; por la generalización de prácticas como el secuestro, la “pesca milagrosa”, el uso de cilindros bomba y de campos minados; por su falta de compromiso real con el proceso de negociaciones en el Caguán” (CNMH, 2013, p. 176).

En ese sentido, no se presentará un informe cuantitativo y censal sobre todas las acciones de esta organización al margen de la ley, sino que se mostraran de forma puntual aquellas que sean más representativas y dicientes del grado de afectación que el grupo ilegal generó.

Desplazamiento forzado

Para los fines del presente documento, es tomada la metodología propuesta por la Unidad para la Aten-ción y Reparación Integral a Víctimas en su Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia 1985-2013 (2013), según la cual se analizaron las rutas de expansión de las dinámicas de control territorial generadas por el conflicto armado interno. Para el caso antioqueño se señaló el Corredor Catatumbo – Urabá, que conecta la zona de Santander, Antioquia y Norte de Antioquia, con zonas estratégicas en el departamento de Chocó. Este corredor es uno de los focos del mayor número de hechos generadores de desplazamiento forzado, lo que derivó en una crisis humanitaria. Por esto, vale la pena leerla en términos estadísticos pero también en función de la consecuencia social que estas acciones significaron.

El citado informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas señaló que hubo un descenso significativo de las acciones generadoras de desplazamiento en la década de los noventa, lo cual no quiere decir que las cifras se mantengan altas y alarmantes en comparación con el resto del país (Figura 2).

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Figura 2. Desplazamiento forzado en Urabá y Córdoba

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, 2013.

Fuente: COHDES, 2013

Vale la pena señalar que las tendencias de este corredor no siguieron los parámetros del resto del país, en los que sí se presentó un incremento en la década en cuestión. Al respecto, CODHES, a través de su Sistema de monitoreo, mostró las tendencias nacionales del período:

Figura 2. Gráfico del desplazamiento forzado en Colombia entre 1985-2012

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En lo que sí coincide el informe de CODHES, que demostró la magnitud del fenómeno surtido a nivel de Antioquia, como el departamento con más alto índice de desplazamiento:

Esto quiere decir que, según CODHES, al menos 5.905.996 personas han sido desplazadas forzo-samente desde 1985 hasta diciembre de 2013 en Colombia. Tal cifra muestra que, en promedio, anualmente 203.665 personas se han desplazado dentro del país en los últimos veintinueve años. Los departamentos con mayor número de personas afectadas por los desplazamientos masivos durante 2013 son: Antioquia 3.774, Cauca 8.223, Chocó 2.496, Córdoba 1.053, Nariño 5.168 y Valle del Cauca 4.589. Estos departamentos son los que más reflejan presencia de grupos pos desmovilización en los últimos cinco años (CODHES, 2013, p. 2).

Abordado el análisis del fenómeno en los distintos municipios del departamento, hay dos conclusiones puntuales: A) existió una cifra elevada de casos de desplazamiento en el nororiente antioqueño y B) las tendencias del desplazamiento coincidieron con la estrategia de apropiación de corredores estratégicos para la salida de narcóticos y entrada de armas del grupo ilegal:

Tabla 2. Municipios y población desplazada (1995 -2005)

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Una de las consecuencias que generó el fenómeno del desplazamiento, en Antioquia y en otros de-partamentos, es la generación de unos éxodos –masivos y gota a gota- hacia las principales ciudades del país, creando en las periferias de las mismas, cordones de miseria y de pobreza extrema, que a la postre serían el foco de la aparición de formas de violencia común urbana.

El CNMH en su informe La Huella invisible de la Guerra. (2011), señaló que las dinámicas de despla-zamiento del departamento, también se concentraron en su capital y hubo ciclos sistematizados de la siguiente manera:

• 1985 – 2000: Desplazamiento gota a gota; disputa de territorios entre grupos armados.

• 2001 – 2003: Agudización del fenómeno del desplazamiento intraurbano. Aparición de Blo-ques de Autodefensas ilegales en las cabeceras municipales.

• 2004 – 2007: Desplazamiento gota a gota; minimización del accionar guerrillero y desmovi-lización de las AUC.

• 2008 – 2010: Aparición de Combos, Bacrim y demás formas de delincuencia organizada y común. (CNMH, 2011, p. 59).

Las dinámicas de violencia en Medellín, pusieron de presente el problema de las milicias urbanas del grupo FARC, y su capacidad de reclutar y vincular menores a estas manifestaciones de violencia urbana:Los datos que fueron corroborados por las fuentes orales consultadas para el informe del CNMH, se-ñalaron que “fuimos descubriendo que llegaba gente rara pero nosotros inocentes todo el mundo […] y después nos dimos cuenta que era de la guerrilla, su asentamiento lo hizo ahí [en la Loma]” (CNMH, 2011, p. 65). Esto trajo un doble proceso de vulneración y re victimización para esta población, en la medida en que gestó un conflicto entre estos milicianos del grupo ilegal y otros grupos que operaban en la región; y porque generó procesos de estigmatización sobre los habitantes de distintos barrios, como el Salado y la Loma.

Asimismo, el Coronel Pedro Sánchez afirmó que la acción oportuna de la Fuerza Aérea Colombiana minimizó el número de confrontaciones que se elaboraron en las inmediaciones del Cañón de la Llo-rona, apoyando las tareas que en tierra desarrollaron los hombres del Ejército y la Policía Nacional; información que a su vez quedó suficientemente evidenciada en el Archivo de Operaciones de CACOM 5, en los “Requerimientos”49 de vuelo.

Tomas Violentas

Durante la década de los noventa, el grupo ilegal atacó sistemáticamente poblaciones ubicadas en el nororiente y noroccidente antioqueño, generando ataques a las estaciones de Policía y los cascos municipales de los principales centros poblacionales de la región. Estos ataques tenían la finalidad de,

… crear corredores que permitían la comunicación efectiva entre el sur y el norte del país, y entre el occidente y el oriente. Por su posición, Antioquia conectaba al Atlántico con la antigua ‘zona de distensión’; a través de las vías que nacen en las bocas del Atrato y en Vigía del Fuerte. Por la vía a Urrao conectaba al Bloque Noroccidental. Por el sur, vía Bagado e Ismina se conec-

49 Documentos clasificados como Restringidos, y que por ello mismo no pueden citarse de forma pública.

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taba con Caldas y el Tolima (Rovira, Roncesvalles, Planadas y/o Marquetalia), por allí mismo se salía al Valle por Pradera y Florida o hacía el sur del país por Dolores, Alpujarra o Colombia (Huila), conectando con la Uribe y con el Meta. Así se conectaban el Bloque Noroccidental, Bloque Central, Bloque Oriental y Bloque Sur entre sí (Barón,50 2015).

Según el Mayor Jorge Iván Delgado Zapata51 y el Técnico SubJefe Rafael Jiménez Zuleta,52 durante la década de los años 90 fue muy común que se presentaran tomas guerrilleras en los municipios del noreste y noroccidente antioqueño: “La guerrilla de las FARC se empecinó en consolidar una ruta de salida de narcóticos y de entrada de armas por el norte del Choco en inmediaciones de Panamá; para ello era fundamental apoderarse del norte del departamento… Esa época fue muy dura, nos tocaba apoyar a tropas en tierra todo el tiempo, porque todas las semanas había una toma” (Delgado, 2015).

Estas tomas fueron manifestaciones de unas asonadas rápidas, en las que el grupo ilegal desplegaba un máximo 200 hombres, provistos con armas regulares e irregulares y que trataron de ser repelidos por las Estaciones Policiales de los municipios, y en muy pocos casos, por refuerzo militar. Las acciones se calcularon sin la agencia de operativos de refuerzo por parte de la Fuerza Pública, lo que significó que en varias ocasiones durarán tan sólo unas cuantas horas.

Uno de los hechos más infames, ocurridos en el marco de estas tomas guerrilleras, fue la utilización sistemática y desmedida de un arma no convencional como los cilindros de gas cargados de explosivos y “metralla”, capaces de generar profundos daños en la infraestructura militar y civil y que por su baja precisión de impacto, afectaron también las instalaciones civiles ubicadas alrededor de las Estaciones de Policía; información que se puede consultar en el citado Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, p. 202).

Según la revisión de prensa y los testimonios recabados con el personal militar de Antioquia, los muni-cipios más afectados por este tipo de acciones armadas fueron los siguientes:

Tabla 3. Municipios de Antioquia afectados por acciones militares 1995 - 2000

Fuente: Elaboración propia (2015)

NORORIENTE ANTIOQUEÑO

Municipio Frentes Fecha

Aquitania53 Frente 5° 20 de agosto de 1999

San Luis54 Frente 9° y 47° 27 de abril de 1999

San Carlos55 Frente 16° 26 de diciembre de 1990

Granada56 Frentes 9°, 34° y 47° 6 de diciembre del 2000

San Francisco57 Frentes 9° y 47° 30 de noviembre de 1998

NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Dabeiba58 Frente 5° 20 de octubre del 2000

Frontino59 Frente 34°, 5° y 58° 12 de junio del 2000

Uramita60 Frente 34° 14 de febrero de 1996

Caicedo61 Frentes 9° y 34° 13 de abril de 1996

Mutata62 Frentes 5°, 18° y 34° 3 de agosto de 1998

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50 Entrevista realizada al Mayor General del Aire Luis Ignacio Barón, Piloto de Helicóptero con más de 20 años de experiencia, y quien actualmente se desempeña como Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.51 Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana; Piloto con más de 15 años de experiencia en la región de Antioquia. Actualmente se des-empeña como Comandante de la Sección de Operaciones.52 Suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Experto en Archivos, con más de 22 años de experiencia en la región de Antioquia.Noticias del oriente antioqueño (1996) Edición central. Versión web: https://noticiasorienteantioqueno.wordpress.com/tag/conflic-to-armado/53 El Tiempo (1999) Horas oscuras en Aquitania. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28071654 Verdad abierta (2001) El Prodigio; el pueblo torturado por paras y guerrillas. Versión web: http://www.verdadabierta.com/victi-mas-seccion/desplazados/4644-el-prodigio-el-pueblo-torturado-por-paras-y-guerrilla55 Noticias del oriente antioqueño (1996) Edición central. Versión web: https://noticiasorienteantioqueno.wordpress.com/tag/con-flicto-armado/56 El Tiempo (2000) Informe de violencia en Granada. Verión web: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/informe-de-violen-cia-en-granada-antioquia/1544353657 El Tiempo (1998) San Francisco entre armas. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-92127558 El Tiempo (2000) Terror en Dabeiba. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-128236659 El Tiempo (2000) Otra vez las FARC. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-127732760 El Tiempo (1996) Guerra en el nororiente antioqueño. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-31875361 El Tiempo (1996) Qué pasa en Antioquia. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-31875362 El Tiempo (1998) Oleada de violencia en Antioquia. Versión web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-13301763 Entrevista al Mayor Jorge Iván Delgado Zapata. Mayo de 2015

Uno de los ataques a municipios, más representativos, fue la que se registró en Dabeiba, el 20 de octubre del 2000, en la que los miembros de la Policía fueron asediados con cilindros cargados de explosivos por parte del grupo ilegal.

Esta toma se inició con hostigamientos en Carmen de Atrato por parte de una cuadrilla del grupo ELN, y luego el ataque del grupo FARC a Dabeiba por dos días (jueves y viernes). La recuperación del control del municipio por parte de la Fuerza Pública se logró el día sábado en la madrugada. Las consecuencias del ataque fueron enormes: afectación a la población civil, daño a la infraestructura del municipio, un helicóptero UH-60 del Ejército derribado y 42 soldados muertos (Barón, 2015).

En apoyo a los miembros de la policía acudieron un avión AC-47 y dos helicópteros Black Hawk: “Entre el ruido de las explosiones, los 26 policías sobrevivientes alcanzaron a escuchar el sobrevuelo del avión fantasma que llegó a las tres horas de haber empezado la incursión y luego el de los helicópteros Black Hawk que llegaron con las tropas a los cerros que rodean a Dabeiba, en la tarde del jueves” (El Tiempo, 2000).

Al respecto, los Oficiales consultados en el Comando Aéreo de Combate No. 5, en Rionegro, señalaron que fue un día muy triste para la Institución, pero también un día en el que se evidenció el compromiso de garantizar la paz en la región: “… el piloto ya sabía que eso era muy peligroso y que se los podían ‘bajar’… Los impactaron y murieron todos, pero gracias a ello se logró repeler el ataque y salvar la vida de los hombres en tierra y de muchos civiles”.63

Así mismo, la toma de Dabeiba, y las lamentables consecuencias que conllevo sobre la Fuerza Pública, generó procesos de mejora y perfeccionamiento del actuar institucional: “Esta Operación generó la Doctrina de Asalto Aéreo Conjunto (primer manual) y dio impulso a la necesidad de generar doctrina conjunta en el entrenamiento de Pilotos de la Fuerza Pública. Es así, como en el año 2002, y con el apoyo del Plan Colombia se crea la Escuela de Pilotos de Helicóptero de las Fuerzas Militares en CACOM 4, en Melgar, Tolima” (Barón, 2015).

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Ataque a la infraestructura energética de la región

El grupo ilegal desató, desde la primera mitad de la década del noventa, una oleada de violencia, que consistió en atacar torres de energía, oleoductos y gaseoductos, afectando a la población civil que necesitó del servicio de energía eléctrica. Esto generó enormes gastos de reinstalación, acometida y protección a la red de torres de energía.

Estos ataques fueron sumamente efectivos, en la medida en que desestabilizaron y generaron zozobra en toda una región, atacando una estructura civil que no pudo ser protegida en toda su extensión, y que se logró sin necesidad de reunir a un gran número de hombres que llevaran a cabo exitosamente las operaciones. Los ataques a la infraestructura tendieron a ascender estadísticamente entre 1999 y el 2002: “Durante los últimos meses del gobierno de Andrés Pastrana en el 2002, las FARC llevan a cabo numerosas acciones militares en diversas regiones del país, incluyendo al Oriente Antioqueño, con la destrucción de torres eléctricas, redes de transmisión, voladura de puentes, bloqueos a la autopista Medellín-Bogotá, secuestros y masacres, y amenazas a las autoridades locales e instituciones del Estado” (Jaramillo, 2003, p. 109).

La efectividad de estos operativos y las enormes consecuencias económicas y políticas que éstas gene-raron, obligaron a que la Fuerza Aérea Colombiana, asumiese la protección de centros neurálgicos de la región para su protección y estabilización. Los resultados fueron altamente significativos y le generaron a esta institución una alta credibilidad y reconocimiento entre los sectores económicos de la región, afianzando su legitimidad y su relación armónica con el entorno.

Además, la Fuerza Aérea Colombiana realizó distintos apoyos a la OXY (Occidental Petroleum), en la protección del oleoducto Caño Limón – Coveñas, por requerimiento de la sociedad civil al gobierno nacional, el cual fue objeto de atentados en diferentes momentos por los grupos FARC y el ELN. Este apoyo al sector energético del país se sigue desarrollando de manera continua, tal y como lo documenta el archivo operacional de la Institución.

Secuestros masivos en la Autopista Medellín- Bogotá

Antioquia reporta una de las cifras históricas más preocupantes en materia de secuestro a nivel país, así lo documentó Gómez: “…Las zonas más afectadas por el secuestro, Antioquia, mil ciento dos (1102); Medellín ochocientos sesenta y cuatro (864); Cesar, setecientos cincuenta y nueve (759); Santander, quinientos noventa y cuatro (594); Norte de Santander, cuatrocientos setenta (470); Meta, cuatrocien-tos dieciséis (416); Valle, cuatrocientos diez (410); Bogotá cuatrocientos nueve (409); Cali, trescientos setenta y uno (371), y Cauca trescientos cincuenta y tres (353)” (Gómez, 2009, p. 47).

Como lo evidencia Jaramillo (2003), el interés del grupo FARC por estos secuestros masivos podría tipificarse en cuatro grandes objetivos:

• Demostración de su capacidad y poderío militar• Financiamiento de sus acciones irregulares por medio del secuestro• Posicionamiento estratégico en la región y control territorial sobre las poblaciones.• Elemento central para una negociación y lograr el intercambio de prisioneros.

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Estos cuatro factores también se sintetizaron en el trabajo de Caicedo, Manrique, Pulido y Millán sobre el secuestro en la región: “Los factores que motivaron estos desplazamientos obedecían a diferente índole: desde amenazas, secuestros, extorsión, hasta el sentimiento de inseguridad producido por el anuncio de tomas guerrilleras, retenes, o el señalamiento como colaboradores de algún bando”. (Cai-cedo, et. al, 2006, p. 15)

Este flagelo, que se concentró directamente contra la población civil, aisló una buena parte del territorio antioqueño de la ciudad de Medellín, haciendo muy difícil las operaciones de control territorial por parte de la Fuerza Pública. De este modo, como lo señaló el Técnico Jiménez “… tocaba entrar por arriba y recuperar las vías. La vaina estaba tan difícil que el Ejército le quedaba difícil entrar a combatir. Entonces nos llegaban requerimientos todos los días para apoyar a las tropas. Sin los helicópteros de la Fuerza Aérea no se hubiese podido acabar con ese problema” (Técnico Jiménez, 2015).

En este relato queda manifiesto que la capacidad de control territorial –que desplegó aquel grupo ilegal- le posibilitó una presencia nociva en el norte del departamento, lo cual obligó a que el Estado redefiniera su estrategia y política de seguridad y estrategia operativa y haciendo protagonista indiscutible a la Fuerza Aérea Colombiana. En ese sentido, fueron sumamente relevantes los sobrevuelos y patrullajes que desarrolló la Fuerza Aérea Colombiana, tipificado bajo el nombre de Plan Búho;64 el cual fue “la mejor manera de contrarrestar esta estrategia de las FARC, y el desarrollo de una red de apoyo con la FUDRA para recuperar las vías del nordeste, a la altura de La Ceja y Sonsón, y por el lado de Santuario” (My. Delgado, 2015).

Conclusiones

El departamento de Antioquia se ha configurado como uno de los epicentros históricos de la violencia en Colombia. Dentro de sus territorios, se han desarrollado todas las formas de violencia que el país ha vivido a lo largo de su historia republicana –guerras civiles del siglo XIX, violencia bipartidista en la mitad del siglo XX, acciones violentas asociadas al narcotráfico y organizaciones guerrilleras-; por lo que ha presentado indicadores y estadísticas muy sensibles en cada uno de los observatorios y sistemas de medición consultados para esta investigación (CINEP, ACNUR, COHDES, CNMH, entre otros).

Sin embargo, la década del 90 del siglo XX, se caracterizó por un incremento de las acciones violentas y armadas dentro del departamento, especialmente, por la intención del grupo FARC –a partir de la Séptima Conferencia- de tomar posiciones en zonas neurálgicas de Antioquia: Cañón de la Llorona, Urabá antioqueño, Nudo de Paramillo y las salidas a los océanos, territorios ubicados en el nororiente y noroccidente del departamento.

Al entrar a cualificar esta información, la investigación decantó fuentes primarias y secundarias, en-contrando que el repliegue dado por el grupo ilegal intentó imponer un control territorial sobre zonas que componían un corredor estratégico para la entrada y salida de narcóticos, armas y demás formas de contrabando.

A través de estos corredores, el narcotráfico, el secuestro extorsivo y demás formas de economía ilegal en las que se inscribió el grupo, generó un ambiente de inseguridad y zozobra que conllevó graves con-secuencias económicas, políticas y sociales para esta región. Tal y como lo señala el Centro Nacional de

64 Información recuperada del Archivo de Operaciones de CACOM 5. Fecha de consulta: mayo de 2015.

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Memoria Histórica (2013), esto conllevó réditos en su capacidad de delinquir, pero las distanció de las comunidades de base y de la sociedad en general; deslegitimizando sus fines y su forma de actuar; y lo que posteriormente, llevaría a que se le tipificará internacionalmente como un actor terrorista.

A la inversa con este distanciamiento entre la sociedad y el grupo ilegal,65 la Fuerza Pública se con-solidó como un actor legítimo en la región, muy bien recibido y valorado por la sociedad. Gracias a las operaciones militares conjuntas desarrolladas se logró contrarrestar y minimizar esta amenaza que se cernía sobre la sociedad.

El cumplimiento del Protocolo de investigación desarrollado en el Comando Aéreo de Combate número 5 –a través de entrevistas a Oficiales y Suboficiales, y trabajo de Archivo- visibilizó el papel fundamental que desarrolló la Fuerza Aérea Colombiana, conjuntamente con las otras Fuerzas, para contrarrestar el crecimiento del grupo ilegal, y para consolidar a la región antioqueña como el polo de crecimiento económico e innovación que hoy es.

Para citar unos casos muy puntuales, la Institución, a través del Plan Búho, logró liberar las principales vías del departamento del flagelo de los secuestros masivos, conocidos mediáticamente como “pescas milagrosas”; el resultado de estas intervenciones de la Fuerza Aérea Colombiana permitió reactivar el turismo dentro del departamento, el libre tránsito del comercio, reduciendo un miedo generalizado en la sociedad.

Gracias a la Operación Leopardo, y a otras tantas operaciones desarrolladas por el Comando Aéreo de Combate número 5, en las que se apoyó al personal del Ejército y la Policía, para repeler los ataques de los grupos ilegales, se logró reducir este tipo de prácticas irregulares, tal y como lo documentan las fuentes estadísticas consultadas.

Es de resaltar, que gracias a las fuentes orales y a los documentos de archivo consultados, el equipo investigador develó la magnitud del fenómeno de la violencia en esta región, con el fin de contribuir en ejercicios de reconstrucción de memoria, como aporte a la realización al derecho a la verdad.

65 Esta organización fue catalogada como Terrorista por los daños causados a la población civil con el fin político de la toma del poder (ONU, 2003).

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La zona de distensión y surecuperación por

la Fuerza Aérea Colombiana

Andrés Cotrina Acosta66


Camilo Andrés Castiblanco Durán68


Introducción

A finales del año 1998, se estableció en Colombia una zona de distensión mediante resolución emana-da de la presidencia de Andrés Pastrana con la que se declaró el inicio de un proceso de paz entre el gobierno y una organización armada ilegal. Dicha zona se instauró con el fin de llevar a cabo las con-versaciones de paz entre el 07 de noviembre de 1998 hasta el 07 de febrero de 1999, o sea solo tres meses. ¿Cómo se llegó a establecer tal zona? ¿Cumplió con el fin para el cual se creó? ¿Qué implicó para la Fuerza Pública asegurar dicha zona?

Para responder las anteriores preguntas, el presente documento tiene como objetivo ofrecer un con-texto socio-político de lo que se denominó la zona de distensión y su posterior recuperación. Si bien los estudios sobre la zona de distensión abundan, la mayoría se enfoca en la dinámica del conflicto armado interno o tienen un sesgo ideologizado en el que se desconoce los contextos socio-políticos y operativos en los que debe actuar la Fuerza Pública. Por ello, este documento esboza tal contexto desde una pers-pectiva interdisciplinaria, y basado en un amplio espectro de fuentes oficiales. Por ende no pretende ser un estudio exhaustivo, al contrario, busca tener una visión panorámica que sirva de referente para análisis más profundos a futuro.

Al efecto anunciado el documento se divide en cuatro apartados. En el primero se presentará una con-textualización geográfica y antropológica de la zona (departamentos del Meta y Caquetá). En el segundo apartado se examinará la dinámica territorial del grupo armado ilegal FARC, en función del contexto internacional y nacional que condujeron a conformar dicha zona. En tercer lugar se examinará la evolu-ción de la zona de distensión, en detalle se verá el antes, el durante y el después de la misma, luego las acciones violentas que se dieron allí y, también, la importancia de la Fuerza Aérea para la recuperación de la zona de distensión y la construcción de seguridad en la región. Finalmente, en el cuarto apartado, se verá el contexto de la recuperación de la zona de distensión.

66 Especialista en Resolución de Conflictos. Politólogo - Pontificia Universidad Javeriana.67 Magister en Derechos Humanos y DICA. Abogada.68 Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia - UAB.69 MSc in Theory and History of International Relations, London School of Economics.

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1. Contextualización geográfica y antropológica

1.1 Consideraciones geográficas

La zona de distensión (ZD), también conocida como zona de despeje, fue el área que desmilitarizó el gobierno de Andrés Pastrana Arango, mediante la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, “Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión” (Presidencia, 1998) para adelantar un proceso de paz condujera a la terminación de uno de los conflictos armados.

Si bien esta zona se conformó principalmente en los municipios de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, y La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y la Macarena en el Meta (ver mapa 1), se extendió por el suroriente colombiano abarcando otros territorios, por ejemplo, en Guaviare y Vaupés. Esta vasta área del territorio colombiano, ha sido tradicionalmente una zona de convergencia de una diversidad de grupos sociales y étnicos, en función de los procesos de colonización durante la construcción histórica del Estado Nación.

Mapa 1 Departamentos y Municipios del Suroriente.

Fuente: Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2001).

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Geográficamente, los departamentos de Caquetá y Meta están ubicados entre la cordillera Central y Oriental, es decir, establecidos entre la zona de desarrollo temprano, la zona andina y la sabana, y la zona de desarrollo tardío, o los bosques amazónicos, teniendo entonces diferentes formaciones geofí-sicas caracterizadas por el piedemonte caqueteño y del Meta, así como las riberas a lo largo del rio Caguán que recorre los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Observatorio del programa Presidencial de DDHH y DIH, 2003; Vásquez, 2013).

La zona de distensión, al estar situada en el área media y baja del rio Caguán, está caracterizada por la riqueza de los suelos de las terrazas y las llanuras aluviales. No obstante, su estructura agraria se concentra en la ganadería desde el piedemonte hasta las llanuras amazónicas. En consonancia, la fertilidad del terreno y su ubicación entre las cordilleras también ha servido a la producción extractiva de dos mercancías que han impactado fuertemente en la historia de la región: el caucho y la coca. En otras palabras, la riqueza del suelo ha facilitado la adjudicación de amplias extensiones para lo que en un momento fue el caucho y luego el cultivo de coca; productos que han expuesto la débil estructura social y económica del territorio. (Vásquez, 2013).

1.2 Consideraciones antropológicas del Meta y Caquetá

El municipio de San Vicente del Caguán ejemplifica una intensa movilidad de pueblos indígenas en la zona. Allí habitan seis pueblos diferentes: dos de origen amazónico (Piratapuyo y Tucano) y cuatro de origen andino (Pijao, Emberá, Chami y Nasa). Según los antropólogos Domínguez y Gómez (citados SINCHI, s.f.), el Caquetá fue zona de colonización desde el siglo XVI por medio de las corrientes fluviales que alimentaban a la Amazonia Occidental. Los ríos, desde entonces, se convirtieron en los canales de movilización y llegada de diferentes colonos y otros pueblos indígenas.

A principios del siglo XX, con la bonanza cauchera, muchos de los pueblos indígenas que habitaban a las orillas del río Caguán se desplazaron huyendo de las exacciones que sufrieron de los caucheros y que caracterizaron aquella época. Como consecuencia, tales pueblos terminaron desplazándose hacia los ríos Caquetá y Orteguaza (Chaves, 2000). Esta dinámica socio-económica, se va a repetir desde

Departamento Municipios

Meta

1. Villavicencio. 2. Acacías. 3. Cabuyaro. 4. Castilla la Nueva. 5. Cumaral. 6. Cubarral. 7. El Calvario. 8. El Castillo. 9. Fuente de Oro. 10. Granada. 11. Guamal. 12. La Macarena. 13. Lejanías. 14. Mesetas. 15. Puerto Gaitán. 16. Puerto López. 17. Puerto Lleras. 18. Puerto Rico. 19. Restrepo. 20. San Carlos de Guaroa. 21. San Juanito. 22. San Juan de Arama. 23. San Martín.24. La Uribe. 25. Vista Hermosa. 26. Mapiripán. 27. Barranca de Upía. 28. Puerto Concordia.

Caquetá

29. Florencia. 30. Albania. 31. Belén de los Andaquíes. 32. Carta-gena del Chairá. 33. Curillo. 34. El Doncello. 35. Milán. 36. Mon-tañita. 37. Morelia. 38. Paujil. 39. Puerto Rico. 40. San José de Fragua. 41. San Vicente del Caguán. 42. Solano.43. Solita. 44. Valparaíso.

Guaviare45. San José del Guaviare. 46. Calamar. 47. El Retorno.48. Miraflores.

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mediados del siglo XX con la proliferación de grupos armados ilegales y con la llegada de la coca a la región. Como tal una dinámica caracterizada por la violencia para el control de los cultivos (Serje, 2005), la cual se constituyó en una de las formas de promover desplazamientos de los pueblos indígenas y su reubicación.

En el trabajo de campo realizado en los departamentos del Vichada, Casanare y Amazonas, se pudo evidenciar la forma en la que el narcotráfico afectó la presencia de los pueblos indígenas en estas regio-nes. Tres aspectos ilustran esta afirmación: la primera de ellas, es la presencia de grandes cultivos de coca en zonas de resguardo, con la consecuente afectación cultural sobre las comunidades. Al respecto vale la pena citar el estudio de Serje (2005) en el que se evidencia la magnitud del fenómeno en esta región y cómo tales cultivos fueron un factor en la dinamización de la violencia en esos departamentos. Esto se puede ver en el mapa 2 sobre cultivos de coca.

Mapa 2. Cultivos de coca 2000-2006

Fuente: SIMCI (2006)

Un segundo aspecto, sobre cómo el narcotráfico afectó a los pueblos indígenas, fue la proliferación de pistas clandestinas en zonas de resguardo indígena y el establecimiento de dinámicas de control e imposición. La información recabada en el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), pone de presente el es-fuerzo que adelanta la Fuerza Pública, para identificar estas pistas clandestinas, y para evitar que sigan afectando a las comunidades de base. Lo anterior, queda suficientemente demostrado en el mapa 3, construido por el Grupo de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana en GAORI.

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Mapa 3 Pistas ilegales en asentamientos indígenas

Fuente: Jefatura de Inteligencia – GAORI (2014)

Finalmente, un tercer aspecto, la labor de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana en las regiones de la Amazonia y la Orinoquia logró evidenciar cómo el grupo armado ilegal intentó apoderarse de los prin-cipales ríos y afluentes en esta región debido a que estos ofrecían una red de comunicación estratégica en el territorio. A través de estos ríos el grupo ilegal impulsó una red de contrabando de mercancías, narcóticos, armamento y, actualmente, para el desarrollo de la minería ilegal y criminal. Estas redes de narcotráfico les quitaron a los pueblos indígenas su medio de comunicación y transporte tradicional, confinándolos e impidiendo que desarrollaran sus actividades económicas con regularidad.

1.3 Dinámicas sociales y culturales en la zona de distensión

Para la década del 90, Colombia se hallaba en una situación en la que era perentorio definir las con-diciones para un acuerdo de paz. En tal sentido, el presidente Andrés Pastrana Arango creó la zona de distensión (Pastrana, 2005), lo que implicó la salida de las Fuerzas Militares del área definida, y con ellas se disolvió el control que tenía el Estado allí. Evidentemente, este hecho tuvo como consecuencia cambios en las dinámicas sociales, culturales y económicas, pues durante 3 años el grupo ilegal se convirtió en el actor que rigió la vida cotidiana de la población.

Una vez se firma la resolución, se procede a la paulatina desmilitarización del Batallón Cazadores, que para la época estaba compuesto por unos 1.600 hombres (Ariza, 2014). Este hecho trajo consigo un cambio en las instituciones que administraban la zona, así como las reglas de juego que se esta-blecieron con ellas, pues el grupo ilegal impuso unas condiciones específicas para continuar con las conversaciones. Por ejemplo, además de pedir la desmilitarización, impusieron una ‘policía cívica’ en los que sus miembros debía escogerlos el alcalde de cada municipio y portar un uniforme especial, no obstante, el control de sus acciones iba a estar mediado por el grupo.

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Las características de estas condiciones conllevaron a que el grupo ilegal asumiera funciones de auto-ridad en la zona y con ello, ejerciera el control social. De esta manera, durante el tiempo que estuvo la zona de distensión se presentaron diferentes dinámicas asociadas a la autoridad con tintes absolutistas. Al respecto, Contreras (2010) recoge los testimonios de un grupo de estudiantes de colegio -para ese momento- sobre su vida cotidiana en esta época. En esos testimonios se menciona que al principio de la zona de distensión se tenía una noción de seguridad aparente, pues empezaron a disminuirse los robos, asesinatos y cualquier tipo de disturbio. En principio porque el grupo armado castigaba con gran severidad a quienes incurrieran en alguno de estos delitos. Pese a esto, en sus testimonios, cuentan cómo después de un tiempo empezaron nuevamente los hostigamientos a la población, en muchos casos consecuencia del mismo control que ejercían.

En algunos reportes de derechos humanos, realizados por el gobierno de Estados Unidos durante esos tres años, se registraron también hechos que vulneraron a la población, entre los que se encuentran: el reclutamiento de menores -estimando en 1000 niños-; ejecuciones sumarias como parte del sis-tema de justicia armada; restricción de la libertad de culto, discurso y congregación (United States Department of State, 1999, octubre). El grupo tampoco cumplió el acuerdo que tenía con el Gobierno de Colombia, el no utilizar la zona para realizar acciones armadas, almacenamiento y expansión de los laboratorios y cultivos de coca.

Por otra parte, tanto en los reportes de inteligencia de Estados Unidos y como se constata en los testi-monios recogidos por Ariza (2014) y Contreras (2010), el grupo ilegal también ejerció control económico de la región. Por un lado, expandieron los cultivos de coca y por consiguiente la demanda de personas que se encargaran de cultivar, recolectar y producir la pasta de coca. Estos, por lo general, eran cam-pesinos de la zona que a falta de otras oportunidades durante estos años en esos departamentos, y el bajo desarrollo industrial y económico, trabajaban como cultivadores o raspachines70 (Thoumi, 1999). Adicionalmente, muchas de las actividades económicas terminaron relacionadas o involucradas con lo que hacía el grupo ilegal en la zona. En los testimonios se evidencia que los habitantes de San Vicente del Caguán terminaron en una relación de cooperación y subordinación, por ejemplo, para el transporte de dinero, de coca y de otros elementos dentro de sus propias mercancías o medios de transporte:

70 Los raspachines se denomina a las personas que recogen las hojas de la mata de coca.

“En realidad fueron varias veces. Mi papá como lo mencioné anteriormente se dedicaba al co-mercio, por eso tenía que recoger su mercancía que llegaban a través del rio. Bueno, recuerdo que en varias ocasiones llegaban barcas muy grandes cargadas con bultos; la primera vez re-cuerdo que eran dos barcas que tenían capacidad para 50 personas cada una y estaba repleta de esos bultos. Me dio mucha curiosidad esta situación y le pregunté a mi papá que contenían esos bultos, él me respondió que era dinero de la guerrilla. Estas barcas llegaban de rio abajo; por allá queda Cartagena del Chairá, Remolinos y Cristales. Es una zona que produce bastante coca, ese territorio es muy cocalero. También hay mucho raspachín (personas que raspan la hoja de coca para sacar el polvo); según me han dicho la economía se mueve también por la ganadería. Descargaban los bultos en el puerto y cargaban unos camiones y se los llevaban. La verdad no sé a dónde ibas esos camiones”. (Citado Contreras, 2010).

Por otro lado, en relación con la economía y propiedad de los habitantes de estos municipios, se reportaron varios hechos en los que el grupo ilegal se apropió de las cabezas de ganado y las zonas para ganadería, a través de amenazas y extorsiones (United States Department of State, 2000). Estos crímenes conllevaron a que muchas personas se desplazaran y abandonaran sus tierras y pertenen-

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cias con las consecuencias que trae este fenómeno. No obstante, la presencia del grupo ilegal en las cabeceras urbanas, como San Vicente del Caguán, y el auge económico que se pensaba, iba a traer su relación con los negocios ilícitos también hizo que muchas personas migraran a esas cabeceras en busca de beneficios, lo que trajo consigo varios problemas de sanidad y vivienda, pues la ciudad no estaba preparada para esa llegada:

“Según las estadísticas que yo conocí (…) San Vicente era un pueblo que había pasado de 30.000 habitantes a 80.000 habitantes en tres años. Y eso hoy por hoy se puede notar, al me-nos en los barrios de invasión, que son unos 15, y pues se formaron en la zona de distensión. (…) Recuerdo mucho un día que íbamos para el colegio normal y de repente toda una especie de potrero, de al menos unas 500 hectáreas, se llenó de pequeños cambuches o pequeñas tiendas, a los cuales empezó a llegar gente, a llegar campesinos, y pues ahora entiendo que hubo un proceso de desplazamiento masivo porque según entiendo desde allá se iba a lanzar todo un proyecto político. (…) [y] o hasta ahora no entiendo si esta gente llegó por la bonanza cocalera que hizo la guerrilla o porque tal vez fueron desplazados por una manera violenta hacia el casco urbano, pero realmente la población del casco urbano aumentó muchísimo (…) y se notaba que no era gente de Caquetá, bueno en parte había un porcentaje de Caquetá un porcentaje de las veredas, sin embargo recuerdo que llegó mucho paisa, llegó mucho caleño, mucho negro, mucho chocuano”. (Citado Contreras, 2010).

La concentración del grupo ilegal en esta zona, le facilitó así mismo la expansión a otras zonas de país, como los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés (United States Department of State, 2000, diciembre), en donde se incrementaron los terrenos destinados para el narcotráfico, con la ampliación de cultivos de coca y la construcción de pistas de aterrizaje para el transporte de la pasta de coca y el abastecimiento de armas y municiones.

2. La zona de distensión: contexto internacional y derrota política del grupo ilegal

El desarrollo de la zona de distensión (1999-2002) en Colombia como vehículo de negociación entre el Gobierno Colombiano y el grupo ilegal, no sólo se asumió a nivel local, sino también a escala interna-cional en términos de la lucha antinarcóticos y la aplicación de una política antiterrorista, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este sentido, es pertinente preguntarse ¿cuál fue la percepción existente sobre la zona de distensión antes, durante y después de su fin? Sin duda, esta coyuntura política que duró cerca de tres años, trajo secuelas particulares sobre la percepción externa del conflicto colombiano y, en particular, sobre el grupo armado ilegal y sus formas de ataque contra el Estado. Lo que a todas luces, significó a la larga una derrota política para el grupo y, un respaldo de la comunidad internacional a las instituciones colombianas. Esto será explicado a partir de tres etapas: una previa a la instauración de la zona de distensión (1996-1999); durante su existencia (1999-2002) y, las consecuencias que trajo consigo.

2.1 La etapa previa a la zona de distensión, 1996-1998: terrorismo y narcotráfico

El desarrollo de la transición del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) al de Andrés Pastrana (1998-2002), estuvo marcada por una redefinición de las relaciones con Estados Unidos y el surgi-miento del optimismo por el desarrollo de un proceso de negociación sobre el cual se forjó buena parte de la elección pastranista. En este contexto, los problemas de seguridad en Colombia ya se articulaban

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con escenarios más amplios, enraizados en el desarrollo de industrias ilegales con connotaciones he-misféricas. Para Mason (2004), “muchos de los riesgos internos que Colombia confronta están también vinculados con dinámicas de seguridad regionales, hemisféricas y globales que son dominadas por actores estatales y no estatales”. Lo cual termina recayendo en los dos grandes temas de referencia internacional para mediados de los años noventa (y aún vigentes), la lucha antinarcóticos y la defensa de los derechos humanos. Se puede decir, que a partir de aquí se forjó la percepción internacional sobre el proceso de paz en la presidencia Pastrana, articulándose de manera conveniente a las preferencias demócratas en Estados Unidos y europeas por una salida negociada a la violencia en Colombia.

Para 1996, el vínculo entre grupos ilegales de izquierda y derecha con el narcotráfico en la región andina latinoamericana fue un elemento sensible para la seguridad del continente. En este sentido, con el fin de la Guerra Fría y con la amplia percepción del comunismo como un sistema fallido, los grupos armados ilegales como Sendero Luminoso y Farc de manera creciente se “convirtieron en un hibrido de política y empresa criminal” (Steinitz, 2001, p. 2). Bajo este presupuesto, es implementada la guerra antinarcóticos desde principios de los años 1990, siendo Estados Unidos su principal aliado, política que no sería diferente durante el mandato de Ernesto Samper. Según Serafino (2001, p. 6), el interés dominante de la política exterior estadounidense hacia Colombia para ese momento, gravitó en torno a la lucha contra la producción y transporte de drogas ilegales, a lo cual se adhirieron preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos emanadas desde el Congreso.

A mediados de los años 1990, la caída de los carteles de Cali y Medellín dejó en manos de grupos atomizados de traficantes independientes el control de este negocio ilegal, lo cual impulsó el empodera-miento ofensivo del grupo ilegal. La nueva generación de “mini carteles” se apoyó en esta organización ilegal para proteger sus operaciones de narcotráfico; siendo complementado por el incremento de cultivos ilícitos al sur del país, propiciados por un desplazamiento de los cultivos ilícitos desde Perú y Bolivia como consecuencia de la política de interceptación empleada por las Fuerzas Militares del Perú (Otis, 2014, p. 4).

Con relación a los derechos humanos la situación no era distinta, organizaciones como Human Rights Watch (HRW), registraron varias infracciones sobre la sociedad colombiana propiciadas por la situación de violencia que impulsaban los grupos armados ilegales. Según esa organización, en 1997 los “ase-sinatos políticos, secuestros, el uso de minas, y ataques a objetivos civiles, incluyendo buses públicos” hacían parte del repertorio de los grupos ilegales de izquierda y de derecha (Human Rights Watch, 1997). Esta tendencia se vio exacerbada en junio de 1998 por el anuncio del grupo ilegal Farc de con-siderar como objetivo legítimo de sus ataques a todo periodista que, a su parecer, realizara “apología al militarismo”. Estos hechos, junto con la ejecución del ciudadano austriaco Johan Kehrer y el alemán Alexander Scheurer en las selvas del Chocó (Human Rights Watch, 1998), pusieron la mirada de la comunidad internacional sobre este grupo.

2.2 Implementación de la zona de distensión: el grupo ilegal en el centro de atención internacional, 1998-2002

Sin duda, la plataforma negociadora del presidente Andrés Pastrana significó una apuesta política arriesgada con miras a terminar con un conflicto. Esfuerzo que también iba encaminado a direccionar el problema del narcotráfico y la crisis humanitaria que vivía Colombia en aquel momento. Situación que hallaba asidero en la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en gran parte del territorio nacional. No obstante, para hacer viable el proceso de paz caracterizado por el despeje de 42.000 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Meta y Caquetá, se consideró por parte del gobierno

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colombiano, articular todo un sistema de “presión internacional” sobre el grupo armado ilegal en vista a lo que sería una negociación de “larga duración” (Embajada de Estados Unidos en Bogotá, 1998, noviembre, p. 5)71. Bajo este presupuesto, durante la implementación de la zona de distensión, la comu-nidad internacional sirvió de testigo sobre los vínculos del grupo con redes de tráfico internacional de drogas y armas, y el terrorismo internacional, consolidando de igual manera ante la percepción foránea, su carácter de infractor de los derechos humanos de la población colombiana. Asunto que a la larga, significó una victoria política para el gobierno colombiano sobre la imagen externa del grupo ilegal y sus apoyos internacionales.

En este sentido, es posible destacar dos aristas políticas que se observaron en el desarrollo del proceso de paz de Pastrana. Por un lado, el papel del grupo ilegal en el terrorismo internacional y, por otro, como infractor de las libertades y derechos fundamentales. Estos factores se evidenciaron y llamaron la atención en el concierto internacional de Estados Unidos, Europa y, las Naciones Unidas.

Sin duda, para los Estados Unidos, el grupo ilegal se encontraba ahora más que nunca inmiscuido en el negocio de los narcóticos al no recibir apoyo financiero directo proveniente del extranjero, dependiendo también, de la extorsión y el secuestro para financiar sus acciones violentas (Embajada EU, 1998, noviembre, p. 8). Bajo este panorama entre diciembre de 1998 y enero de 1999, representantes de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, y del grupo ilegal72, con la mediación de Álvaro Leyva, sostuvieron varios encuentros en San José de Costa Rica para discutir temas neurálgicos para el go-bierno Clinton, como lo eran el narcotráfico y el secuestro de ciudadanos de ese país. En particular, el caso de los tres indigenistas Terrence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay secuestrados en febrero de 1999 y asesinados posteriormente por el grupo ilegal (United States Department of State, 1998, diciembre).

Durante los encuentros, el grupo subrayó el desarrollo alternativo y la reforma agraria como pieza cen-tral de la lucha antidroga. A la vez, el gobierno estadounidense presionó a los representantes del grupo ilegal para que cesaran sus ataques sobre intereses de Estados Unidos en Colombia y renunciaran al secuestro como práctica de lucha (United States Department of State, 1998, diciembre). En ambos casos, los representantes del grupo negaron su participación, admitiendo sobre el narcotráfico sólo un papel dentro de la larga cadena de este delito, el de cobrador de una cuota a los intermediarios del negocio. En este mismo sentido, sobre el tema del secuestro, alias ‘Raúl Reyes’ respondió que el grupo ilegal deploraba esta “acción barbárica”, citando como argumento los documentos de La Uribe de 1984 que condenaban esta “táctica de guerra” (United States Department of State, 1999, enero, pp. 6-8).

En este contexto, las Fuerzas Militares colombianas, en febrero de 2001, lanzaron la operación “Gato Negro” dirigida a probar ante la comunidad internacional los nexos entre el grupo ilegal y redes del narcotráfico internacional. Esta operación conjunta entre Ejército, Armada y la Fuerza Aérea Colombia-na, “desplegó a un total de 3.555 combatientes entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales durante 70 días” (Chávez, Morales & Vargas, 2003) en la zona de Barrancominas (Guainía). Como resultado de la operación, al lograrse la captura de Alberto D’ Costa, alias Fernandinho, uno de los ma-yores narcotraficantes de Brasil y Latinoamérica, se comprobó ante la opinión nacional e internacional el vínculo latente del grupo ilegal en los tráficos de narcóticos y armas con redes criminales de Brasil, Paraguay, Surinam, México y Venezuela. (CEESEDEN, 2014).

71 En adelante Embajada EU.72 Por parte del gobierno colombiano participó Juan Hernández, jefe de gabinete del presidente Andrés Pastrana y, el senador con-servador Jairo Rojas. En nombre del gobierno de Estados Unidos asiste John D. Feeley, miembro del Departamento de Estado. Y por el grupo ilegal alias ‘Raúl Reyes’ y otro miembro alias ‘Olga’ (United States Department of State, 1998, diciembre).

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En esta línea, es posible observar que la diplomacia de seguridad73 se sustentó principalmente en la lucha contra el narcotráfico, articulándose a todo este fenómeno de manera instrumental, la moder-nización de la Fuerza Pública como componente principal del esfuerzo bilateral (Colombia – Estados Unidos) en el combate a este flagelo. Para el Gobierno de Andrés Pastrana, no solo los grupos armados ilegales se constituían en “fuerzas desestabilizadoras” del Estado, sino también, el narcotráfico en un nivel mayor, llegando a ser causa de distorsiones económicas, concentración de tierras, corrupción, multiplicador de violencia, financiador de los grupos armados ilegales y, desincentivo para la inversión (Contraloría General de la República, 2006, p. 2).

En consonancia, en octubre de 1999 se presentó un proyecto denominado “Plan Colombia: Plan para la paz, el desarrollo económico y el fortalecimiento del Estado”. Su argumento no solo giraba en torno a los mecanismos ilegales que ponía en marcha el narcotráfico74, sino también “los malos resultados de la economía [lanzaban] hacia el narcotráfico a personas que no tienen oportunidades en el mercado laboral” (Contraloría General de la República, 2006). Por esto, se propuso implementar cinco estrategias complementarias: 1) la recuperación de la economía; 2) la lucha contra el narcotráfico; 3) la reforma de la justicia y la protección de los derechos humanos; 4) la democratización y 5) el desarrollo social y el proceso de paz (Contraloría General de la República, 2006, p. 5).

Sin embargo, la búsqueda de recursos para la implementación global del Plan Colombia, trajo consigo las preferencias políticas de los donantes, quienes presionaban por otorgar mayor prioridad al compo-nente social (en el caso de los donantes Europeos) o, a su componente militar y de seguridad (en el caso de Estados Unidos) (Chernick, 2012). De esta manera la ayuda recibida de Estados Unidos contenía un fuerte “componente militar, incluido el adiestramiento de batallones del ejército y de la policía antinar-cóticos, la interdicción de aeronaves y la modernización en logística e infraestructura para las Fuerzas Militares y de Policía” (Contraloría General de la República, 2006, pp. 6-7).

Este enfoque estadounidense se estructuró en torno a cinco ejes: 1) Ofensiva en áreas sembradas; 2) Interdicción más agresiva en la zona andina; 3) Mejoramiento de habilidades de la Policía Nacional en erradicación; 4) Desarrollo alternativo y 5) Reformas al sistema judicial y defensa de los derechos hu-manos. Con respecto a este último aspecto, el Gobierno colombiano también desarrolló una estrategia de señalamiento al grupo ilegal, como una organización infractora de los derechos humanos, argumento que tuvo alta acogida y ganó un espacio internacional debido a los abusos cometidos en contra de la población civil a lo largo del territorio y, sobre todo, en la zona de distensión75.

73 Es aquella diplomacia ejercida por agregados militares, embajadas, ministerios de defensa, o inclusive, jefes de Estado, con miras a complementarse con el cumplimiento de la política exterior, “estableciendo puntos en común en torno a las políticas de seguridad y defensa, fusionando la contribución civil y militar hacia un solo objetivo” (Arancibia, 2013, p. 4). En este sentido, la intención es avanzar de manera conjunta frente a los desafíos de limitar conflictos armados y responder a los nuevos desafíos provenientes de amenazas no tradicionales.74 La percepción de crisis ayudo a que los Estados Unidos apoyara el Plan Colombia. Según el Departamento de Estado “Los trafican-tes de drogas en Colombia suplen ahora cerca del 80 por ciento de la cocaína usada en los Estados Unidos. Los cultivos de coca en Colombia se han duplicado de 50.000 hectáreas (aproximadamente 124 mil acres) en 1995 a 100.000 hectáreas o cerca de 247 acres en 1998. El cultivo de amapola para la heroína se ha expandido de casi nada a cerca de 6.000 hectáreas o casi 15 mil acres, produciendo heroína de pureza suficiente para suplir más de la mitad de la demanda estadounidense… Insurgentes marxistas y paramilitares de derecha financian sus actividades con cientos de millones de dólares con las ganancias anuales de los narcóticos… La profunda recesión también ha minado los recursos del gobierno colombiano para responder al conflicto civil, impedir el comercio de narcóticos, o direccionar la presión política y social” (Departamento de Estado, 2000, enero, p. 2).

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75 “A partir del momento en que se creó la ZD en el área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán en Caquetá, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena en el Meta1, se comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros del grupo ilegal violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes de la región, consagrados en la Constitución Nacional y protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Retenciones, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de per-sonas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron denunciados permanentemente por la población. Esto sin mencionar las amenazas constantes a las autoridades públicas encargadas de ejercer justicia así como la pla-neación y ejecución de acciones dirigidas a atacar a las poblaciones colindantes” (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2003).76 Organización chií libanesa, con un brazo político y otro armado, que rechaza la influencia israelí en la región árabe y, específi-camente en el Líbano, desde principios de los años 1980. Hezbollah es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, y la Unión Europea.77 Según documentos desclasificados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para finales del 2001, se encontraban en Colombia cerca de 30 hombres argentinos entre los 25 y 35 años recibiendo entrenamiento de liderazgo y explosivos en la zona de distensión. A su vez, un segundo grupo de igual número de hombres recibía entrenamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Santander (Defense Intelligence Agency, 2001, octubre).

No obstante, el nexo del grupo ilegal con el narcotráfico no era el único elemento que lo vinculaba con el crimen global. Además de esto, fueron constatadas sus relaciones con organizaciones terroristas internacionales, convirtiendo la zona de distensión, en un nodo de encuentro para actividades ilegales transnacionales. Prueba de ello fue la captura, a mediados del 2001, de tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Bogotá acusados de dar entrenamiento en terrorismo urbano y explosivos al grupo colombiano (The New York Times, 2003). Hecho que fue exacerbado por las denuncias reali-zadas por organismos de inteligencia colombianos en Estados Unidos, donde se declaraban supuestos vínculos entre este grupo y Hezbollah76 (Defense Intelligence Agency, 2001… Dragon Tower).

También se conoció, en círculos de defensa estadounidenses, la dinámica del grupo ilegal colombiano en “actividades organizacionales con extremistas antigubernamentales argentinos”, quienes eran en-trenados en Colombia77 con el fin máximo de “apoyar el retorno de los Montoneros”, grupo terrorista activo en Argentina durante los años 1970 (Defense Intelligence Agency, 2001… Farc Links). Con estos hechos se evidenció que el grupo ilegal era una organización terrorista con alcance internacional y, enviar un mensaje al gobierno estadounidense, el cual sostenía que las restricciones impuestas por parte del Departamento de Estado al uso del equipo otorgado por el Plan Colombia, “limitaba la capacidad de los colombianos para luchar contra el terrorismo” (Defense Intelligence Agency, 2001… Dragon Tower, p. 6).

Así mismo los abusos cometidos por el grupo en la zona de distensión en contra de la población civil, los secuestros, reclutamiento forzado, y las ofensivas desde la zona de distensión en contra de poblados y unidades militares (Embajada EU, marzo de 2001), pusieron en duda el compromiso real del grupo ilegal con un acuerdo de paz, sobre todo por sus infracciones contra los derechos humanos. En junio del 2000, la búsqueda por crear un respaldo robusto al proceso de paz, llevó a convocar la visita de una comisión internacional en la zona de distensión. Esta se conformó por representantes de Europa, Japón, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, quienes de manera unánime señalaron al grupo por infringir de manera sumaria los derechos humanos mediante prácticas como el secuestro y los ataques a la población civil (Embajada EU, 2000, julio).

Sin duda la falta de compromiso del grupo ilegal con los diálogos de paz, la extensión de sus redes criminales con el narcotráfico y el terrorismo internacional y, sus recurrentes infracciones contra los derechos humanos, fueron una sumatoria de factores que llevaron al fracaso el esfuerzo gubernamental por la paz. Así los diálogos significaron una catástrofe para la popularidad del gobierno nacional, pero

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condujo a una victoria política a largo plazo manifiesta en la degradación de la imagen política del grupo y su percepción internacional, llegando a catalogarse de forma indiscutible como una organización terrorista de alcance internacional (Global Security, 2015). En palabras del representante especial de Naciones Unidas para los diálogos del Caguán (James Lemoyne) los actos terroristas en contra de acueductos y la infraestructura eléctrica, así como los secuestros (incluido el de un avión de Aires), significaron crímenes en contra de la población civil que, en términos generales, destruyeron la nego-ciación (Embajada EU, 2002, febrero).

El grupo ilegal durante la zona de distensión manejó un doble discurso, es decir, por un lado envió un mensaje a los colombianos y a la comunidad internacional de “compromiso y una verdadera intención de paz”. Por otro lado, como lo explica el General Ulloa:

“Las Farc usaron el terreno cedido por el gobierno para perfeccionar su infraestructura, el centro de transporte logístico y ampliar las vías de comunicación entre el Caguán y el Pacífico, el Caguán y el Ecuador y el Caguán y Venezuela y así usar estos corredores de movilidad para el tráfico de droga y armamento. Paralelo a esto, y más grave aún, atacaron y desplazaron a las poblaciones que estuvieran dentro de estos corredores de manera sistemática con todo tipo de armamento”. (General del Aire, Flavio E. Ulloa, entrevista personal, septiembre de 2015).”

Al efecto la inteligencia aérea jugó un gran papel en la obtención de información confiable que llevaron al Ejecutivo a decidir la suspensión del diálogo de paz y recuperar la zona de distensión (Comando Aéreo de Combate No. 1 -CACOM-1, 2002). Información que constató las vías terrestres de acceso, pistas de aterrizaje ilegales78, infraestructuras para mantenimiento y resguardo de transporte vehicular, crecimiento de los cultivos de coca, relaciones con terroristas internacionales en la zona despejada y, además, la continuación de atentados terroristas, secuestros y ataques a poblaciones (Pastrana, 2002). De esta manera es posible afirmar que el grupo ilegal “dejó vacía la silla del diálogo” y, por ello, el Presi-dente Andrés Pastrana decidió “poner fin a la zona de distensión a partir de la media noche” del 20 de febrero de 2002, ordenando a las Fuerzas Militares recuperar el lugar “teniendo especial cuidado con la protección de la población civil” (Pastrana, 2002).

Ahora bien, no sólo existió un esfuerzo en materia de construir una percepción aceptada internacional-mente por los actores del sistema internacional con respecto al grupo ilegal. De igual manera otro de los elementos que se articuló y fue accionado con más fuerza, fue la llamada “diplomacia por la paz”, instrumento de la política exterior del gobierno Pastrana, dedicado a la consecución de recursos para financiar una reestructuración económica y social de las regiones azotadas por la violencia y el narco-tráfico y, además, una posible etapa de pos-acuerdo.

Esta innovación del establecimiento colombiano, buscaba la “colaboración de los gobernantes de las naciones industrializadas y de los organismos internacionales”, con el objetivo de “llevar salud, educa-ción, empleo, servicios públicos y vías de comunicación a [las zonas más afectadas por la confronta-ción] para consolidar la paz” (Departamento Nacional de Planeación, 1999, p. 116) de haberse logrado en las negociaciones.

78 Como fue transmitido en la alocución presidencial del 20 de febrero de 2002, en los sectores de Yaguará, La Julia, Los Lobos, y Sachene Sudeste se ubicaron pistas clandestinas, que sumadas a las demás detectadas, llegan a un número de más de 25. Además, se observaron áreas taladas para cultivos de coca en La Tunia y en las riberas del río Guayabero. Por otro lado, carreteras en medio de la selva que comunicaban la ZD con Chiribiquete rodeadas por construcciones y lugares de carga. Finalmente, se logró encontrar campos de entrenamiento, e inclusive, una posible prisión para albergar secuestrados (Pastrana, 2002).

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En esta línea, se estableció el “Fondo de la Paz”, dedicado a buscar la “ayuda de los países desa-rrollados para realizar las grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional”, construyendo de esta manera, “alternativas diferentes al conflicto armado y (…) los cultivos ilícitos”. Dicho Fondo, según la Presidencia, se nutriría de recursos “provenientes de fuentes domésticas y de la cooperación internacional”, para lo cual, Colombia tomaba como argumen-to, el concepto de la “responsabilidad compartida”. Este principio, definido en 1998 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostiene que el narcotráfico halla sus insumos tanto en la oferta de los estados productores, como en la demanda de los estados consumidores, generando consecuencias adversas en todas las esferas institucionales (sociedad, economía, seguridad, y política), por ello, las soluciones deben venir desde ambas orillas, haciendo énfasis en medidas de prevención y salud pública (Organización de las Naciones Unidas, 1998).

Ciertamente un plan tan ambicioso requeriría el apoyo financiero de diversos donantes, por lo cual fue-ron sumados los fondos dedicados a impulsar la economía y el desarrollo social otorgados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo79. Se complementó con la presión diplomática para hacer que otros Estados en “Europa y Asia incrementaran su asistencia a Colombia” (Departamento de Estado, 2000, enero, p. 4). En este aspecto, es realizada una conferen-cia de donantes en Madrid en julio de 2000, en la que es aprobada la entrega de $ 619 millones de dólares dedicados a proyectos de desarrollo social. En esta conferencia, España fue el mayor donante con $ 100 millones; Japón y Noruega otorgaron $70 y $20 millones respectivamente (Rabasa & Chalk, 2001, p. 64).

3. Evolución de las exacciones del grupo ilegal en la zona de distensión

La mayoría de informes sobre el tema dan cuenta de una reducción de las acciones violentas en la zona de distensión, en contraste con el periodo de tiempo inmediatamente anterior. Pese a esto, los mismos informes explican que esto no puede ser asociado a un fenómeno de pacificación de la región, sino que obedece a una mutación de las formas delictivas y a un encubrimiento de esas formas de violencia. El objeto de este apartado será analizar esos contrastes estadísticos que comparan el antes, el durante y el después de la zona de distensión, cualificando esa información con las dinámicas armadas puntuales que se presentaron.

Los informes analizan desde distintas perspectivas el fenómeno en cuestión. Sin embargo, tres ejes temáticos son transversales y servirán como dimensiones argumentativas para este apartado: en primer lugar, destacan la posición geográfica del Valle del Caguán, y el uso como retaguardia que el grupo ilegal le dio durante el periodo en cuestión; en segundo lugar, muestran cómo el grupo siguió realizando acciones violentas durante este periodo, violando las bases normativas de la mesa de negociación; finalmente, muestran la eficiencia de la Fuerza Pública en el proceso de recuperación, y en particular, del poder aéreo para recuperar zonas en territorios minados y de difícil acceso para las tropas de tierra.

79 La influencia y poder de voto de Estados Unidos en los organismos multilaterales fue un gran plus para la consecución de estos fondos. Según el Departamento de Estado, “los Estados Unidos no está solo en la ayuda a Colombia. Con [su] apoyo, el FMI ha aprobado un nuevo programa de $2.7 billones” [avalando inclusive] “un requerimiento de Bogotá por casi $3 billones en préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo-, presionando al mismo tiempo,’ a otros donantes a realizar lo mismo” (Departamento de Estado, 2000, enero, p. 6).

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Las discrepancias encontradas en los informes referidos, también son de interés para su análisis aquí, en particular dos de estas tensiones: en primer lugar, después de la recuperación de la zona de disten-sión el grupo ilegal se vio seriamente afectado en sus acciones armadas, lo que explica que después del 2002 no pudieron volver a evidenciar el poder exhibido durante las administraciones presidenciales de Ernesto Samper y la primera mitad del gobierno de Andrés Pastrana. En segundo lugar, se resaltan las consecuencias negativas que trajo consigo la desmilitarización de esos municipios.

Al efecto se contrastarán tres fuentes de información: las entrevistas realizadas a personal militar de la Fuerza Aérea Colombiana que tuvieron un papel protagónico en el proceso de recuperación del territo-rio; la información secundaría (libros, artículos e informes); y la información de archivo encontrada en las visitas de campo en CACOM 2 Apiay (Meta).

3.1 Antes, durante y después de la zona de distensión: Un análisis estadístico

Observar la evolución del grupo ilegal en la región del Caguán es remitirse a la evolución de su llamado ‘Bloque Oriental’, conformado en 1992 como un espacio de retaguardia en el que se asentaron los principales cabecillas, debido a la posibilidad de resguardar y proteger el territorio; para tal fin el grupo armado se apoderó de las entradas fluviales de la región: los ríos Gaviare y Meta; así como se fortaleció en las zonas de frontera con Venezuela, a través de los departamentos de Arauca y de Santander.

Hacia 1993, el grupo se expandió en la región con varias cuadrillas, llamadas ‘Frentes’, las 7, 42, 43, 26, 31 y 40 que se van a asentar en los municipios de Mesetas, Uribe, Puerto Rico, Vistahermosa, La Macarena, Puerto Lleras y San Juan de Arama. Las número 22, 27 y 32 en la región del Sumapaz, al oriente del departamento de Cundinamarca. Las 31, 27, 38, 28, 10 y 45 se van a ubicar en el de-partamento de Arauca, sobre la frontera con Venezuela, vital para sus fines económicos. Finalmente, las cuadrillas 1, 7, 16, 39 y 44 se apoderaron de zonas en los departamentos del Guaviare, Vichada y Guainía (Fundación Ideas, 2013).

Esta expansión del grupo ilegal generó una oleada de violencia entre los años 1994 y 1998 que van a significar el mayor número de acciones armadas en la historia reciente del país y que fue la razón que presionó a la Presidencia de Andrés Pastrana para proponer un proceso de negociación.

Sin embargo su auge no se prolongó, ya que para el final de la zona de distensión y el primer período del gobierno del presidente Álvaro Uribe, la capacidad efectiva de ejercer presencia y control en la zona de influencia se diezma considerablemente. El gráfico 1 muestra la tendencia estadística de crecimiento del número de efectivos del ‘Bloque Oriental’ del grupo ilegal, en tres cortes de tiempo: 1992, 2002 y 2011. Esta tendencia se hace mucho más evidente si se contrasta con el número de municipios en los que el grupo ilegal logró influencia efectiva en los mismos rangos de tiempo (véase Tabla 1); se eviden-cia una cresta de influencia en el año 2002, y un decrecimiento altamente significativo para el 2011.

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Gráfico 1. Número de integrantes del Bloque Oriental

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013)

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2013)

Tabla 1. Municipios con influencia del grupo ilegal Farc: 1992 – 2011

Al respecto Echandía (2013), sobre el proceso de declive del grupo, argumentó que éste no tenía la capacidad real de crecimiento que pretendió mostrar durante la década del 90, y que su infraestructura no le permitía mantener la guerra de movimientos que trato de implementar.

Para un análisis más detallado del fenómeno de seguridad que se presentó en la región, en los infor-mes del Observatorio de Derechos Humanos y DIH se evidencia el declive del poder del grupo armado posterior a la finalización de la zona de distensión. Se demuestra que el grupo ilegal perdió la capacidad para desarrollar acciones armadas, en particular las de alto impacto como, por ejemplo, el ataque a la Base de Miraflores o al municipio de Mitú. El mapa 4, que muestra la evolución desde el comienzo de la década del noventa hasta el final de la zona de distensión, plantea un debate al señalar que con el go-bierno del presidente Uribe el grupo incrementó sus acciones; debate que corresponde a otro apartado.

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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República (2013).

Mapa 4. Actividad armada de Farc en la región del Caguán

3.2 Acciones violentas del grupo ilegal durante la zona de distensión

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La zona de distensión fue, y ha sido, objeto de múltiples cuestionamientos por parte de la opinión pú-blica y de la academia, que encuentran que el gobierno Pastrana formalizó un proceso de paz con una organización ilegal que no tenía voluntad real para ello y para acogerse a los acuerdos que se llegaran a pactar. Desde el día que se instaló el proceso cuando el entonces jefe del grupo, alias Tirofijo, no hizo presencia en la mesa dejando su silla vacía, el grupo ilegal dio muestras de soberbia y desdén al exigir la desmilitarización del territorio.

Esto quedó constatado, adicionalmente, en las acciones armadas que desarrollaron en los primeros días de instauración de la zona de distensión, desafiando al Gobierno y a la sociedad en general:

“La intención de dar un uso táctico a la zona de distensión se evidenció con la escalada de ac-ciones que las Farc realizaron en julio de 1999, con antelación al inicio de las negociaciones. En este momento, la ZD se utilizó como plataforma de los ataques hechos a los municipios ubicados en los alrededores. Estos ataques pusieron al descubierto el propósito de las Farc de avanzar en su «plan estratégico» mientras se llevaban a cabo las conversaciones con el gobierno. La escalada del grupo ilegal buscaba, en primer lugar, ampliar el dominio territorial a partir de la ZD, donde concentró un componente de importancia histórica, y en segundo término, contribuir al desgaste del gobierno, que era blanco de fuertes críticas a causa del uso que las Farc le daban al escenario de las negociaciones”. (Echandía, 2013, p. 55).

Durante la instauración de la zona de distensión, el grupo ilegal se comprometió a brindar contextos de respeto y protección a la población civil asentada en ese territorio. Sin embargo, las denuncias sobre acciones que violenta del marco de los acuerdos y que infringían el Derecho Internacional Humanitario se empezaron a cometer desde el comienzo del proceso de negociación. Los reportes indican que fue común que el grupo ilegal violentara los derechos fundamentales de la población civil, centrando sus represalias en aquellos que calificaban como colaboradores del Estado y de la Fuerza Pública:

“A partir del momento en que se creó la ZD, se comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros del grupo ilegal violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes de la región, consagrados en la Constitución Nacional y protegidos por el Dere-cho Internacional Humanitario. Retenciones, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de personas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron denunciadas permanentemente por la población. Esto sin mencionar las amenazas constantes a las autoridades públicas encargadas de ejercer justicia así como la planeación y ejecución de acciones dirigidas a atacar a las poblaciones colindantes”. (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2006, p. 2)”

Los reportes de las agencias de noticias sobre la situación de las comunidades y los de las agencias de inteligencia del estado, coincidieron en advertir las exacciones que el grupo armado estaba generando (ACNUR, 2002; Amnistía Internacional, 2002; El Tiempo, 2002).

Pero las acciones del grupo tenían por propósito establecer un corredor estratégico, lo que les llevó a atacar los municipios aledaños a la zona de distensión. Al respecto, el Coronel Bahamon80 señaló que la labor de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana evidenció que las acciones del grupo armado se dirigían a ensanchar los territorios de control del grupo hacía el Occidente del departamento del Meta

80 El Teniente Coronel Hugo Bahamón Dussan es el Comandante del GRUA en Cacom 2.

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y el Oriente del departamento del Caquetá, lo que les permitiría afianzar la entrada de armamento de contrabando y de insumos para la fabricación de pasta de coca, y la salida de narcóticos. Por ello la Fuerza Pública concentró su actuar en las zonas inmediatas a la de distensión (Bahamón, H., entrevista personal, mayo 2015).

En ese mismo sentido, el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (2006) hace un recuento de accio-nes armadas puntuales que el grupo ilegal desarrolló, para consolidar tal expansión territorial:

“Las Farc desataron una ofensiva que se dirigió fundamentalmente a golpear los municipios cercanos al área desmilitarizada. Las acciones en Caquetá tuvieron como epicentro los mu-nicipios de El Doncello y Puerto Rico, donde luego de retomar la iniciativa, la Fuerza Pública causó 40 bajas en las filas de las Farc, mientras que se registraron aproximadamente 37 agentes de la Policía como desaparecidos. Simultáneamente, en Valparaíso la Policía repelía el ataque de las Farc que intentaban tomarse por asalto la población. En el combate murie-ron dos agentes y varios civiles. Paujil también fue escenario de los combates. En Meta los más intensos enfrentamientos se libraron en jurisdicción de los municipios de Puerto Lleras y Puerto Rico, donde se registraron ataques a los puestos de la Policía, mientras el Ejército logró neutralizar la ofensiva y dar de baja a un elevado número de guerrilleros” (pp. 6-7).”

La crueldad de las acciones del grupo, para ampliar su zona de influencia, puede documentarse de manera más específica a partir de lo que vivió la población. El informe de Amnistía Internacional (2002) reporta las infracciones puntuales que documentaron en la zona: “Las violaciones del derecho inter-nacional humanitario realizadas por la guerrilla, tales como el reclutamiento de niños de tan sólo 13 años, el homicidio directo y arbitrario de 13 miembros de una comunidad gnóstica en mayo de 1999, junto a la zona de distensión, en el municipio de Puerto Rico (departamento de Caquetá), y el secuestro y ‘desaparición’, también fuera de la zona, del pequeño Andrés Felipe Suárez, de tres años de edad, perpetrado en abril del 2001, presuntamente por las Farc” (pp. 7-8). Como estas podrían enumerarse muchas otras acciones en las que se afectó de manera directa a la población civil.

Hay un consenso entre los investigadores, al señalar que el grupo ilegal fraguó, desde la zona de dis-tensión, la mayoría de las acciones armadas que desarrollaron durante este periodo en las regiones del suroriente y suroccidente del país, organizando secuestros, extorciones, tomas violentas a municipios y estaciones de Policía; amenazas y asesinatos selectivos contra sectores sociales que no compartían sus ideas, entre muchas otras acciones contra la población civil y contra las autoridades estatales.

También se ha tipificado la práctica del confinamiento como un delito generalizado que se presentó en la región. Los pobladores no tenían libertad de movilización dentro o fuera del área despejada. El intento de ejercer funciones de poder llevó a que el grupo estableciera un régimen autoritario y violento, en el que se exigía a la población comportarse acorde con los lineamientos que instauró. Se documentaron denuncias sobre el control social, por ejemplo al obligar el pelo corto a los hombres, restringir el tránsito después de ciertas horas de la noche, impartir clases obligatorias de doctrina propia del grupo, y otras restricciones a los derechos y libertades individuales (Acnur, 2007).

De igual manera el grupo ilegal asumió el privilegio de ejercer justicia y quiso tramitar los conflictos y problemas de orden público que se presentaran en la zona: deteniendo a ladrones, interviniendo en fe-nómenos de violencia intrafamiliar, etc. Sin embargo, como está documentado en distintos testimonios orales, la forma de impartir esta justicia era tendenciosa, privilegiando a aquellos que les apoyaban en la zona, e impartiendo justicia arbitraria.

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Otra de las acciones desarrolladas por el grupo desde la zona de despeje fue la intimidación sistemática contra los líderes políticos y los actores económicos influyentes de la región, a quien esta organización extorsionó sistemáticamente. Incluso esta capacidad llegó a un nivel muy alto, cuando el grupo ilegal intimidó a la elite política del país, encarnizándose con los políticos del occidente del país: “El poder de intimidación de la guerrilla en medio de las negociaciones del Caguán se expresó en el incremento de los secuestros de dirigentes políticos, con los que buscaban presionar el intercambio de guerrilleros pri-vados de la libertad en las cárceles del país y de la práctica de la extorsión, mediante la aplicación de la «Ley 002», que hacían exigencias económicas a las personas más pudientes” (Echandía, 2013, p. 58).

Por último, el grupo incrementó el número de hectáreas con cultivos de coca durante el proceso de negociación, consolidando estructuras muy vinculadas al narcotráfico al interior de los llamados Bloque Sur y Bloque Oriental. Esto se evidenció, por ejemplo, por la actividad de alias el “Negro Acacio”, quien desarrolló relaciones ilegales con carteles de la droga en Brasil, y con productores en Perú y la región del Putumayo y Nariño.

Salas (2014) al analizar los alcances geográficos que determinan la violencia en Colombia, establece que cuando se lee el comportamiento del grupo ilegal en la década de los años 90, y su petición del despeje de esta zona del país para la celebración de los diálogos de paz, es necesario comprender la apuesta económica de esta organización para consolidarse en el negocio del narcotráfico. Dicho autor demuestra que hay un aumento significativo en el número de hectáreas de coca en la región y espe-cialmente en las zonas de influencia del grupo ilegal, puntualmente en las zonas aledañas al Caguán. Esto sustenta lo referente a su ofensiva a la cual se hizo referencia más arriba en este documento (véase Gráfico 2).

Gráfico 2. Cultivos de coca en las inmediaciones de la ZD.

Fuente: Salas, L. (2014).

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3.3 Consecuencias de la zona de distensión: la Fuerza Aérea y la construc-ción de la seguridad

De manera indiscutible la percepción internacional sobre el grupo ilegal se deterioró notoriamente, llevándolo a ser considerado como una organización terrorista e infractora de los derechos y libertades, que indiscriminadamente afectaba a la población en sus ataques contra el Estado colombiano. Esta percepción fue exacerbada por los abusos cometidos por el grupo en la zona de distensión y por el aumento de sus acciones armadas, aun cuando se encontraban en medio de un proceso de negocia-ción (Bouvier, Chernick, Rettberg, & García-Durán, 2012). El final de la zona de distensión en febrero de 2002, se dio en un marco internacional de lucha contra el terrorismo por cuenta de los atentados en Estados Unidos en septiembre de 2001. Asunto que entendió de forma apropiada la propuesta política del candidato Álvaro Uribe Vélez, enfatizada en la recuperación de la seguridad como insumo funda-mental para el crecimiento de los demás sectores estatales (político, económico, financiero y social).

En términos de la expansión del narcotráfico, fuente principal de financiación del grupo ilegal, se re-gistró un aumento notorio de cultivos de coca en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo entre 1998 a 2002 (Manrique, 2004). Esto repercutió en un aumento de toda la red de tráfico ilegal, que se extiende inclusive hasta el 2006 con respecto al número de trazas aéreas81 ilícitas identificadas (GAORI, 2015).

De esta manera, en el año 2004 son detectadas 462 trazas, en el año siguiente 329, y para el 2006 se registraron 159. Ya en el año 2007 y 2008, hay una reducción representativa de 88 y 54 respec-tivamente, lo cual demuestra la consolidación de la Fuerza Aérea Colombiana en su misión de ejercer soberanía aérea en el territorio nacional. Por otro lado, es posible observar como éste fenómeno de vuelos ilegales se traslada hacia Venezuela, en una suerte de “efecto globo”82 que acogió el occidente del Estado Apure (GAORI, 2015).

En este sentido, el programa Air Bridge Denial (ABD)83 apoyado por el gobierno de Estados Unidos y conocido también como “Programa para la Supresión del Tráfico Ilícito Aéreo de Estupefacientes y Sus-tancias Sicotrópicas”, del año 2004, fortaleció las capacidades colombianas para el control aéreo. Éste complementó el “Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de los Es-tados Unidos de América y el Gobierno de Colombia” del año 1962 (Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia, 1962). El programa ABD le dio a la Fuerza Aérea Colombiana la responsabilidad de supervisar y coordinar el esfuerzo (Gobierno de los Estados Unidos y Gobierno de Colombia, 2004).

Se considera que el GAORI se activó en 1996 para apoyar las tareas antinarcóticos, año cuando se “constituyó como un puesto adelantado orgánico del Comando Aéreo de Combate No. 2” (Cortés, 2004). Previamente, en 1994, aquella unidad militar se había dotado con un radar perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) y operado por militares estadounidenses, “quienes se encargaban de la seguridad interna como externa de las instalaciones y así mismo el soporte técnico requerido” (Cor-tés, 2004). El soporte pasó en 1998 a la empresa Northrop Grumman. Finalmente, en 1999, la USAF modernizó el radar del GAORI dándole el mando y control a la Fuerza Aérea Colombiana, no obstante los Estados Unidos continuarían prestando el mantenimiento necesario.

81 Trazas aéreas, se refiere a la trayectoria descrita por un punto luminoso sobre la pantalla de radar.82 Para Thoumi (2001), el efecto globo se traduce en aquel fenómeno que al ser presionado se desplaza a otros lugares, tal como lo hace el aire en un globo.83 El programa ABD adquirió connotaciones regionales en el área andina; no obstante, fue suspendido en el año 2001 cuando “la Fuerza Aérea peruana derribó por error una aeronave, provocando la muerte de un misionero americano y su hija” (Crisis Group, 2005, p. 26). El programa fue reinstalado en Colombia a partir del 2003, con los resultados ya citados en materia de reducción de trazas ilegales, a lo que se le sumó la firma de un acuerdo de interdicción aérea con Perú en octubre del 2002.

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Es posible advertir que el apoyo a la estrategia antinarcóticos pasó a articularse con la lucha antiterroris-ta. Esto a consecuencia de los atentados terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Así, los recursos y equipos que en el plan Colombia se encontraban limitados a actividades antinarcóticos y se les amplio su destinación a un enfoque anti subversivo en agosto de 2002 (Crisis Group, 2005, p. 21).Aunque tal articulación fue impulsada también por la acción diplomática del gobierno de Andrés Pastra-na, fue él quien usó el “Plan Colombia para fortalecer a las Fuerzas Militares y la Policía”. Será entonces el gobierno de Álvaro Uribe el que capitalice la “combinación de políticas de seguridad y antinarcóticos” (Crisis Group, 2005, p. 21).

Ciertamente, para los Estados Unidos, el presidente Álvaro Uribe mostraba un auténtico compromiso hacia una “estrategia antinarcóticos agresiva”, sustentada en el aumento del pie de fuerza, el estableci-miento de una amplia red de inteligencia y el direccionamiento de más recursos financieros a la política de seguridad (Embajada EU, 2002, junio). Para esto fue designado Roberto Junguito, como Ministro de Hacienda, quien desarrolló una serie de reformas tributarias dirigidas a garantizar los recursos necesa-rios para ser invertidos en la Seguridad Democrática (Colombia.com, 2002).

Para la administración Bush, “la visión de Uribe sobre cómo direccionar el narcotráfico y el terrorismo en Colombia [tenía] mucho en común con el pensamiento del gobierno de los Estados Unidos” (Embajada EU, 2002, julio, p. 5) que, entonces se encontraba en una guerra global en ambos frentes. Así, “el 30 de octubre de 2002 el Congreso estadounidense autorizó por primera vez el uso de recursos antinarcóticos en la guerra al terrorismo” (Calvo, 2008, p. 298).

En este escenario el apoyo decidido de la Casa Blanca, capitalizado por la diplomacia colombiana, fue un gran impulsor de la transformación de la Fuerza Pública. Así se destaca “el seguimiento a los obje-tivos y resultados del Plan Colombia con el mantenimiento del diálogo bilateral de alto nivel con todas las ramas del poder público en los Estados Unidos, en particular con el Ejecutivo y ambas bancadas del Legislativo” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 266). De esta manera el gobierno de George W. Bush mantuvo su apoyo a Colombia a través de la “Iniciativa Regional Antidrogas para el área An-dina; el programa de Financiamiento Militar Extranjero; los recursos de la Agencia Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo, USAID; y los recursos de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 267).

La respuesta afirmativa que recibió Colombia, respecto a la ayuda militar estadounidense, se manifestó también con la visita de personalidades políticas y militares de este país, que sirvieron para destacar los progresos del Plan Colombia ante el Congreso de los Estados Unidos. Se destacan así, en el año 2005, las visitas de Condoleezza Rice, Secretaría de Estado (2005-2009), del General Bantz J. Craddock, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y varias delegaciones bipartidistas del Congreso. Visitas realizadas en momentos cuando el mismo Congresos de ese país analizaba la “continuidad del Plan Colombia, las ventajas de suscribir un tratado de libre comercio con los países andinos y la ayuda para el programa de desmovilización” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006, p. 267).

Es con este respaldo que se gesta un fortalecimiento de la Fuerza Pública colombiana, abonado por un ambiente domestico favorable manifiesto en el creciente repudio de la opinión pública hacia el grupo ilegal. El gobierno Uribe obtuvo allí un capital político inmenso para desarrollar sin inconvenientes su plataforma de gobierno dedicada a la seguridad democrática. “La lógica subyacente [era] que sólo más poder de fuego y más despliegue espacial de las fuerzas armadas [podían] equilibrar el creciente pode-río territorial de la guerrilla y la enorme influencia regional del narcotráfico” (Tokatlian, 2001, p. 211). Así la política de seguridad se articuló al Plan Colombia, ampliando su espectro a la lucha anti subversiva;

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sinergia que se concentró principalmente en el sur de Colombia debido al gran número de cultivos de coca y actividad armada ilegal en esa zona del país (Otis, 2014).

Previamente se fortalecieron las capacidades de transporte de tropa con la llegada de helicópteros Blackhawk y Huey, apoyo que tenía mayor dedicación al Ejército colombiano (Tokatlian, 2001). Pero ya a mediados del año 2000 se vio como uno de los principales inconvenientes la escasez de pilotos y tripulaciones para los equipos de ala rotatoria que serían adicionados en el Plan Colombia. Conclusión expuesta por una comisión del Congreso estadounidense que visitó Colombia para esa época y que llevó a implantar un programa conjunto de entrenamiento e incorporación para solventar esta debilidad (Embajada EU, 2000, abril, p. 2). Así mismo, en el 2001, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional Randy Beers subrayó la importancia crucial que tenía “la escuela combinada de vuelo de la Fuerza Aérea [dado que] el éxito del Plan Colombia dependía de la escuela en Melgar” para suplir las necesidades de tripulación de las aeronaves provistas por la ayuda militar (Embajada EU, 2001, septiembre, pp. 2-4).

No obstante, esta no sería la única influencia de Estados Unidos extendida desde tiempos de la zona de distensión a un escenario de fortalecimiento de la política de seguridad. La existencia de un pre-supuesto dedicado a la recolección y transmisión de inteligencia en tiempo real y, el mejoramiento de las capacidades ofensivas y de precisión de la Fuerza Aérea Colombiana fueron la otra cara de la gran transformación de la política de seguridad colombiana que, sin duda, terminó por inclinar la balanza a favor del Estado.

Ciertamente el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central de Inteligencia (en su orden NSA y CIA, por sus siglas en inglés), aprobado a principios del 2000 por el presidente George Bush (Pachico & Tate, 2013), incidieron en la evolución reciente de la política de seguridad colombiana que, en poco más de una década, logró propinar las mayores derrotas a los grupos armados ilegales. Éxitos militares que, a su vez, se apalancaron en el gran salto tecnológico dado por el uso de bombas guiadas de alta precisión (Precision-guided munition – PGM) (Pachico & Tate, 2013).

Tal apoyo fue estimulado, en el 2003, cuando el grupo ilegal secuestró a los contratistas estadouniden-ses Thomas Howes, Keith Stansell, y Marc Gonsalves en las selvas del Guaviare; evento que atrajo un mayor interés sobre Colombia por parte del gobierno estadounidense y sus agencias de inteligencia. Ese mismo año se instaló un centro de inteligencia combinado (Intelligence Fusion Cell) en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, articulándose en los esfuerzos de búsqueda y recolección de información de los organismos de seguridad colombianos. El objetivo de esta acción combinada era encontrar a los contratistas estadounidenses en poder del grupo.

Este escenario de lucha irrestricta contra el grupo ilegal se facilitó por la designación como una organi-zación terrorista y narcotraficante (con alcance internacional). Como se vio, un resultado de su derrota política derivada del fracaso de la zona de distensión enmarcado en una política global de lucha contra el terrorismo. Esto facilitó la aprobación de los presupuestos para financiar los programas de apoyo militar a Colombia después del 2003, no siendo un asunto menor, la articulación perfecta con dos órdenes ejecutivas emanadas desde la Casa Blanca: la primera que aprueba las operaciones de la CIA contra organizaciones terroristas internacionales y, la segunda, firmada a mediados de los años 1980 por el entonces presidente Ronald Reagan, que autoriza acciones de ese país en contra de traficantes internacionales de drogas (Pachico & Tate, 2013).

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En este contexto y después del 2007, se dan varias de las mayores victorias en contra de los cabecillas de alto nivel del grupo ilegal. Casos como los de alias ‘Martín Caballero’, ‘Negro Acacio’, ‘Raúl Reyes’, ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’ (véase Ilustración 1), se deben a la conjunción de intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y una diplomacia de seguridad de Colombia que ha sido efectiva y eficiente. Contexto en el cual el gran articulador de este esfuerzo mayúsculo ha sido la Fuerza Pública y, en par-ticular, la Fuerza Aérea Colombiana.

Ilustración 1. Operaciones contra cabecillas de Farc y ELN (2007-2013)

Fuente: Pachico & Tate, 2013.

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Al analizar el proceso, es posible dilucidar como el final de los años 1990 significó una transformación de los organismos de seguridad del Estado colombiano en términos globales y en cada uno de sus frentes (operacional, humano, tecnológico y doctrinario). Tal período fue un punto de inflexión en el cual, las Fuerzas Militares se vieron inmersas en un proceso de profundo cambio en:

“Los ámbitos institucional, doctrinario y tecnológico, que se [expresaron] en la profesionalización del Ejército, la adecuación de la doctrina militar a las realidades de la confrontación, la mayor efectividad en el planeamiento y conducción de las operaciones, la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en inteligencia, tecnología y las estructuras de comando, control y comunicaciones”. (Presidencia de la República, 2008, p. 111).

Para el presidente Andrés Pastrana, el proyecto de reestructuración de las Fuerzas Militares estaba diri-gido a aumentar su “eficiencia y eficacia”, a través del fortalecimiento en su armamento, pie de fuerza, ofensiva, respaldo legal, integración con la comunidad y, capital humano (Pastrana, 1999). Desde esta perspectiva se implementó el Plan Colombia, y posteriormente, se constituyeron mecanismos imposi-tivos internos, destinados a fortalecer la consecución de recursos destinados al fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado. Así, el Plan Colombia sirvió como la “estructura económica para el desarrollo de la más grande transformación que han tenido” las Fuerzas Militares, a lo que se le sumo, “la implementación en el año 2003 del impuesto al patrimonio” (Morales, s.f.).

Estos desarrollos permitieron la aplicación eficaz de la fuerza del Estado y el desplazamiento más rápido, preciso, y de mayor número de tropas a los diferentes puntos de la geografía colombiana. Fue una reforma militar que dotó al “Estado de nuevas capacidades para enfrentar a los grupos armados irregulares logró frustrar el paso de las Farc hacia un equilibrio estratégico e impedir que utilizaran de manera táctica la zona de distensión” (Presidencia de la República, 2008).

Si bien el gobierno de Andrés Pastrana fue un punto de partida en los cambios contemporáneos de las Fuerzas Militares, el gobierno de Álvaro Uribe capitalizó estos cambios para fortalecer la presencia de los organismos de seguridad. En este orden se activaron tres nuevas divisiones (VI División, VII Divi-sión, y VIII División) y se construyen varias estaciones y subestaciones de policía. “Además, se crearon seis batallones de alta montaña, sesenta batallones de contraguerrilla, once agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, nueve batallones y catorce compañías de apoyo y servicio para el combate” (Schultze-Kraft, 2012, p. 210). En términos de la Fuerza Aérea su capacidad operativa fue mejorada mediante la adquisición de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, entre ellas, “veinticinco Súper Tucano de fabricación brasileña y trece K-fir de fabricación israelí” (Schultze-Kraft, 2012, p. 411).

Por otro lado se registraron avances significativos en la realización de las operaciones militares, entre los cuales se cuenta “la introducción de comandos conjuntos, en el 2004, y la creación de la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas (JOEC) en el 2008”. Éstos Comandos Conjuntos, buscaban in-crementar “la capacidad de las Fuerzas para desarrollar e implementar operativos conjuntos en una región determinada bajo un solo mando” (bien sea del Ejército, de la Armada, o de la Fuerza Aérea) (Schultze-Kraft, 2012, p. 410).

De igual manera el desarrollo de la inteligencia conjunta fue otro gran avance que apoyó la iniciativa de la Fuerza Pública. Para esto, la JOEC se encargó de “incrementar la capacidad de inteligencia tác-tica, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía, por medio de la centralización de la inteligencia producida por cada una de las fuerzas”. Sumando a esto la implementación de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), “como respuesta a la creciente necesidad del Estado de coordinar e integrar sus agen-cias de inteligencia (Schultze-Kraft, 2012, p. 411).

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4. La recuperación de la zona de distensión

Los aviones, inclusive helicópteros, serán fundamentales para llevar a las fuerzas terrestres a la selva, lanzamientos por paracaídas serán importantes para mantener abastecidas a las fuerzas terrestres en la selva; y el apoyo aéreo cercano y los refuerzos de movilidad aérea serán la carta de triunfo que prácticamente garantizará que nuestras fuerzas terrestres nunca pierdan la batalla en la selva contra los grupos armados ilegales. Por lo tanto, inclusive en la selva, el poderío aéreo será esencial para derrotar a estos grupos. (Searle, 2004)

Una de las exacciones del grupo ilegal en la zona de distensión fue la siembra sistemática de minas antipersona, una forma de evitar la entrada de las tropas para recuperar el territorio. Los testimonios de los oficiales consultados confirman lo que la inteligencia militar había documentado con suficiencia.Por ello se le ordena a la Fuerza Aérea Colombiana que desarrolle operaciones focalizadas que permi-tieran la neutralización del grupo ilegal y que abriera rutas de entrada para las tropas de tierra. Para cumplir tal tarea la Fuerza Aérea se había preparado con anticipación, ello gracias al proceso de tecni-ficación, cualificación y perfeccionamiento que inició con el Gobierno de Andrés Pastrana, con recursos propios y externos principalmente provenientes del Plan Colombia. El mismo presidente Pastrana al ordenar el cese de la zona de distensión mostró aerofotografías de los campamentos fortificados del grupo. “Dichas fotos, fueron producto del constante trabajo de inteligencia aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, la cual jugaría un papel muy importante en la interdicción, preparación de las zonas de desembarco y movilidad de las tropas durante la Operación Delta y Tora, que inició el 21 de febrero de 2002 con el fin de recuperar la zona de distensión” (Sánchez, 2014, p. 15).

El proceso de tecnificación y cualificación de la Fuerza Pública, en particular de la Fuerza Aérea Colom-biana, se consideró un procedimiento adecuado para enfrentar la amenaza armada que representaba el grupo ilegal en la década del noventa: “A partir de 1999, la Fuerza Pública comenzó a recuperar la iniciativa que había caído en picada al final del gobierno de Samper. Entre 1999 y 2001, gracias al incremento en la movilidad y a la mayor capacidad de reacción aérea, los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares registraron un crecimiento sostenido, que se aceleró en forma significativa desde 2002” (Echandía, 2013, p. 56).

Como parte del proceso la racionalización del uso del poder aéreo quedo plasmado formalmente en el documento Manual de Estado Mayor Fuerza Aérea. En este se evidencia que la cualificación no fue solamente en la parte tecnológica, sino en la planeación y estrategia interna: “El Macroproceso de Pla-neación, Programación y Presupuestación de la Fuerza Aérea Colombiana (PPBS), se lidera y desarrolla a través del Sistema Integrado de Planeación que corresponde a la integración y articulación de los Estados Mayores de Planeamiento y Coordinación para los diferentes niveles de planeamiento de la Fuerza” (Colombia F. M., 2003).

Estos adelantos permitieron que la Fuerza Aérea Colombiana desarrollara exitosas operaciones aéreas que llevaron a darle golpes militares contundentes al llamado ‘Bloque Oriental’ del grupo armado ilegal, y a acelerar el proceso de entrada de las tropas, y de recuperación de la zona.

Entre 1998 y el 2006 se presentan las operaciones aéreas más importantes y significativas en la historia del país, desarrollando una estrategia ofensiva que va a contrarrestar e impedir que pudiera consolidarse el plan adelantado por el grupo ilegal, de evolucionar a una “guerra de movimientos”, de apoderarse de vastas zonas del territorio, y de generar la sensación de que tenían el poder real para tomarse ciudades.

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Al contrario, como mencionan Echandía (2013) y Salas (2014), el grupo inició un declive en su capa-cidad armada y de afectación del orden. Esa visión académica es corroborada por los oficiales de la Fuerza Aérea que reconocen que la nueva estructura tecnológica, y las diversas dinámicas de operati-vidad desarrolladas, permitieron que esta Fuerza asumiera protagonismo en la lucha contra los grupos ilegales. En estas palabras del Coronel Bahamón se sintetiza tal argumentación:

“La Fuerza Aérea es una antes del Plan Colombia, y otra después del mismo; ganamos en capacidad militar y operativa; fortalecimos la inteligencia propia y conjunta; recibimos asesoría especializada que nos permitió comprender el mejor uso que podíamos hacer de nuestros recursos… Cuando nos pidie-ron retomar la zona de distensión teníamos la capacidad real de hacerlo, atacando ordenada, sistemá-tica y simultáneamente en varios puntos estratégicos… Las Farc no esperaban esa capacidad de res-puesta, por eso los tomamos por sorpresa y les golpeamos en esa medida” (Coronel Bahamón, 2015).

La visita de campo realizada en CACOM 2 –Apiay-, en GAORI, en el Grupo Aéreo del Casanare –GA-CAS- y en el Grupo Aéreo del Amazonas –GAAMA-, permitió evidenciar este incremento operativo, y los efectivos resultados que se lograron gracias a este trabajo; pero también permitió, para efectos de este documento, comprender la magnitud de la transformación operacional. Esto puede observarse en el mapa 5 que representa de forma gráfica la cuantificación y cualificación de las operaciones aéreas desarrolladas, desde CACOM 2, en la zona cercana a la región del Caguán, y en contra del grupo ilegal.

Mapa 5. Operaciones Aéreas CACOM 2

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana, DICOP (2015)

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Este mapa muestra una estrategia gubernamental que se propone desarticular las relaciones entre el grupo ilegal y el narcotráfico (por ejemplo, a través de las Operaciones Gato Negro); cortar las comu-nicaciones entre las cuadrillas del grupo (Operación Delta, CACOM 2); o proteger las redes de infraes-tructura, eléctricas y de hidrocarburos (Plan Tricolor). Estas operaciones conjuntas, fueron lideradas por la Fuerza Aérea Colombiana y permitieron contrarrestar el poder del grupo en los departamentos del Meta, Caquetá, Guainía, Vaupés y Arauca (zona de influencia del grupo ilegal).

Así mismo, en términos de calidad, la implementación de los Informes de Inteligencia y de Viabilidad (2002), y la transversalidad del tema del Derechos Internacional Humanitario (DIH) en esos informes de viabilidad dieron transparencia a las operaciones que se realizaron en adelante.

Pero una de las tareas más importantes que se propuso la Fuerza Pública fue impedir la articulación que venía fraguando el grupo ilegal entre sus cuadrillas, con la finalidad de rodear a la ciudad de Bogotá. Al decir del General Barón, el grupo procuró:

(…) crear corredores que permitían la comunicación efectiva entre el Sur y el Norte del país, y entre el occidente y el oriente. Por su posición, Antioquia conectaba al Atlántico con la antigua ‘zona de distensión’; a través de las vías que nacen en las bocas del Atrato y en Vigía del Fuerte. Por la vía a Urrao conectaba al Bloque Noroccidental. Por el Sur, vía Bagadó e Ismina se conectaba con Caldas y el Tolima (Rovira, Roncesvalles, Planadas y/o Marquetalia), por allí mismo se salía al Valle por Pradera y Florida o hacía el sur del país por Dolores, Alpujarra o Colombia (Huila), conectando con la Uribe y con el Meta. Así se conectaban el Bloque Noroc-cidental, Bloque Central, Bloque Oriental y Bloque Sur entre sí” (Mayor General del Aire Luis Ignacio Barón, entrevista personal, 2015)84.

84 El Mayor General del Aire Barón, es piloto de helicóptero con más de 20 años de experiencia y actualmente se desempeña como Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares.

Esta peligrosa iniciativa del grupo fue contrarrestada por la acción de la Fuerza Pública a través del incremento cuantitativo de las Fuerzas, la generación de estrategias conjuntas y articuladas que lleva-ron a dar importantes golpes y a desbaratar los planes trazados por el grupo ilegal (Echandía, 2013).La labor de la Inteligencia de la Fuerza Pública constata que, para finales de la década del 90, el grupo ilegal había intentado consolidar un corredor estratégico que partía de los territorios que comprendió la zona de distensión, y que llegaban hasta Venezuela y Brasil, atravesando los departamentos del Vichada y de Guainía, valiéndose de la red fluvial y terrestre existente, y aprovechando la escasa presencia insti-tucional en dichos territorios. Allí delinquió la cuadrilla 44 del grupo, bajo la dirección de alias el “Negro Acacio”, desarrollando una red de narcotráfico con apoyo de cárteles de la droga brasileros.

Para contrarrestar esta iniciativa y darle golpes contundentes a esta actividad ilegal se desarrollaron las labores de radar y monitoreo de salida de aeronaves por esta frontera; también se conformó una Fuerza de Tarea Rápida –Ares- que combatiera al narcotráfico en esta región. Esto permitió focalizar los puntos en los que operaba el grupo, los principales corredores de narcotráfico, y organizar operaciones que cortaran estas acciones.

El mapa 6, permite georeferenciar lo anteriormente señalado. El mapa pone al descubierto la conexión que trató de realizar el grupo ilegal entre los departamentos del Meta y el Casanare con Venezuela y Brasil, evidenciando que la zona de distensión se estructuró con el ánimo de generar un espacio de

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retaguardia al sur oriente del país, que le permitiera al grupo financiar las acciones violentas que de-sarrolló en el resto del país.

Mapa 6. Corredor estratégico

La importancia de cortar con esta estructura económica fue fundamental para invertir la correlación de poder y para diezmar definitivamente la capacidad de acción del grupo. Esto llevó a los estudiosos del tema a afirmar que el Estado colombiano ganó definitivamente la guerra contra ese grupo, cuando entendió que cortando sus estructuras de financiación lo dejaba sin capacidad organizativa y operativa; confirmando que la operación área más importante fue la que permitió debilitar la cuadrilla 44.

Podría señalarse que el final de la zona de distensión y la recuperación definitiva del territorio no se produce con la entrada de la Fuerza Pública al perímetro señalado, sino cuando se corta y se rompe la estrategia iniciada por el grupo ilegal, aglutinar a un número considerable de cuadrillas en el Oriente del departamento del Meta y del Casanare, para monopolizar los cultivos de droga y las rutas del nar-cotráfico en esta región.

El mapa 7 permite visualizar el intento de concentración de cuadrillas en el vórtice de los departamen-tos del Meta, Casanare, Vichada y Guainía; justo donde se ubican los corredores de movilidad hacía Venezuela y Brasil, y en lo que fuera –durante la segunda mitad de los noventa- la zona donde mayor número de aeronaves con narcóticos saliera del país. La acción conjunta realizada por la Fuerza Pública, desde la Fuerza de Tarea Ares ubicada en GAORI, logró quitarle este corredor estratégico al grupo ilegal, empujándolo hacía Venezuela.

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana, GAORI (2015)

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Mapa 7. Cuadrillas del grupo ilegal Farc en la región del Meta y el Casanare

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana, GAORI (2015)

Analíticamente este es el después de la zona de distensión, y el momento real de recuperación. Sin embargo, cabe señalar que la recuperación de esta región del país exigía también un proceso de con-solidación por cuenta de otras entidades del Estado, por ejemplo: incrementando escuelas y hospitales, fortaleciendo el aparato de justicia regional, mejorando la malla vial, entre otras manifestaciones de la infraestructura institucional.

A modo de conclusión

La llamada zona de distensión establecida por el gobierno de Andrés Pastrana sirvió para propósitos diferentes a los que inicialmente se le fijaron. Su duración definida para tres meses en el comienzo, con sucesivas prórrogas pasó a ser de más de tres años. Más que una zona para el diálogo entre las partes, se convirtió en epicentro de los abusos del grupo ilegal contra la población, así como en base para lanzar acciones armadas y terroristas contra la Fuerza Pública.

En la zona y territorios aledaños, entre 1998 y 2002, se incrementaron las áreas dedicadas al cultivo de coca. Fenómeno que agudizó los procesos de desplazamiento de núcleos de población, afectando tanto los resguardos indígenas como la urbanización forzada de los municipios comprometidos.

Se registró un cambio en la percepción de seguridad entre la población, motivado por la disminución de delitos comunes y la agudización de las violaciones a los derechos humanos por cuenta del grupo armado. Se destaca el aumento en el reclutamiento forzado de menores de edad y en la ejecución de personas por disposición del grupo.

La zona de distensión en como escenario para los diálogos de paz entre el gobierno y el grupo ilegal, confirmó el estrecho vínculo entre este grupo y las redes del narcotráfico a nivel internacional. Vínculo complementario a la acogida dentro de la zona de miembros de organizaciones terroristas internacio-

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nales, desde el IRA hasta los Montoneros. Las visitas de delegaciones gubernamentales y de organis-mos multilaterales sirvieron para corroborar tales nexos del grupo con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

La zona de distensión sirvió para que el grupo ilegal fortaleciera su acción violenta y aumentara sus efectivos, tendencias que comenzó desde mediados de la década de 1990. Desde allí se incrementó el secuestro extorsivo, los ataques a poblaciones y destacamentos de la Fuerza Pública, como factores que impulsaron el narcotráfico. La misma zona sirvió de campo de concentración de los secuestrados políticos y de la Fuerza Pública, a partir de las exacciones del grupo en otras zonas del país.

Aunque la Fuerza Pública fue desalojada de la zona por orden presidencial, siguió cumpliendo su misión en los municipios aledaños y en la recolección de información sobre las actividades ilegales del grupo. Al efecto, la Fuerza Aérea Colombiana siguió ocupándose del control aéreo para suprimir el narcotráfico, de mejorar las capacidades de transporte de fuerzas y las de inteligencia para debilitar a la dirigencia del grupo.

Precisamente la Fuerza Aérea encabezó la recuperación de la zona de distensión en 2002. Una vez que el mismo gobierno Pastrana determinó la finalización de la misma, la institución puso a disposición de la Fuerza Pública en conjunto toda la información recolectada y sus capacidades desarrolladas en los años que funcionó dicha zona. Desde entonces la Fuerza Aérea ha contribuido a recuperar la seguridad allí y a debilitar aún más la dinámica del grupo ilegal.

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La Operación Vuelo de Ángel, punto de inflexión en el conflicto

armado colombiano

María Alejandra Santos Barón85

Introducción

El conflicto armado colombiano ha estado caracterizado por los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y grupos al margen de la ley como las FARC, ELN y grupos de autodefensas. De esta manera, durante este conflicto se han producidos diferentes puntos de inflexión. Estos puntos se pueden enten-der como momentos de quiebre históricos, en donde se producen cambios en las dinámicas políticas, militares, económicas y sociales; que se ven alteradas por fenómenos externos o internos. “La noción de turning point —o punto de inflexión— hace referencia a momentos especialmente significativos de cambio; se trata de eventos o transiciones que provocan fuertes modificaciones.” (Roberti, 2012, párr 50). Como lo señala James A. Rawley, los puntos de inflexión, “sugieren coyunturas importantes en el curso de la historia, cuando la fuerza se encuentra con otra contra fuerza con tal intensidad, como para hacer posible un cambio.” (Rawley, 1967, p. 1) Igualmente, en los años noventa, se produjeron diferentes puntos de inflexión como los ataques de las Delicias, El Billar, la toma de Miraflores y la toma de Mitú.

Durante la década de los años noventa, Colombia vivió una época de violencia, caracterizada por los enfrentamientos violentos entre las Fuerzas Militares y los grupos al margen de la ley. Igualmente, en el transcurso de esta época el Estado colombiano tuvo problemas para consolidar su aparato estatal, ya que al disputarse y enfrentarse con grupos al margen de la ley, el monopolio de la violencia legítima estaba debilitado.

Los ataques a las Delicias, el Billar, la Toma de Miraflores y la Toma de Mitú, demostraron la debilidad estatal y constituyeron duros golpes a las FF.MM. Estos ataques corresponden a una estrategia política militar de la guerrilla para consolidar su poder territorial en el sur del país, con el propósito de crear un corredor estratégico de movilidad hacia las fronteras con Brasil y Venezuela. Sin embargo, con la respuesta de las FF.MM, en cabeza de la Fuerza Aérea bajo la Operación Vuelo de Ángel, se logró frenar la estrategia militar de la organización ilegal.

De esta manera, la Operación Vuelo de Ángel (O.V.A) realizada por la Fuerza Aérea Colombiana fue uno de los puntos de inflexión en el conflicto armado colombiano, esto por el poder aéreo utilizado que logró

85 Candidata a Magister en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, Politóloga del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente trabaja en la Fuerza Aérea Colombiana, en la Jefatura Jurídica de Derechos Humanos, en la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto. Es miembro del grupo de investigación “Análisis en Contexto”. Este capítulo se basó en el trabajo de grado de la autora, para obtener su título profesional como politóloga. Agradecimientos especiales para el General Yair Perdomo, quien colaboró en la investigación.

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alterar las asimetrías entre las FF.MM y la organización ilegal. Esta operación freno el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, siendo esta una asimetría que favorecía a la guerrilla. Así, el presente artículo pretende analizar por qué la Operación Vuelo de Ángel, puede considerarse como uno de los puntos de inflexión del conflicto armado colombiano.

El capítulo está divido en los siguientes apartados: en la primera parte, se explicarán los años noventa en el conflicto armado; y en la segunda parte, se analizará en que consistió la Operación Vuelo de Ángel. Esta última parte consta de tres sub-partes: la primera, la toma de Mitú; la segunda, la O.V.A y la tercera, después de la Operación.

La pregunta planteada para la investigación fue, ¿Por qué puede considerarse la Operación Vuelo de Ángel como el punto de inflexión del conflicto armado colombiano, teniendo en cuenta que esta opera-ción cambio la asimetría de poder entre las FF.MM y las FARC?

El presente capítulo cuenta con una investigación claramente cualitativa, en donde se escogió la tipolo-gía de estudio de caso. Esta metodología permite el estudio y análisis un caso específico, encontrando las particularidades del caso. Igualmente se utilizará este método de investigación, en donde “se utilizan las descripciones interpretativas (palabras) más que estadísticas (números) para analizar los significa-dos subyacentes y patrones de relaciones sociales.” (Universidad de Valencia, s.p, párr1)

El enfoque que se va a privilegiar en la investigación, es el enfoque neo institucionalista ya que este permite entender los fenómenos políticos mediante el estudio de las instituciones, así “la investigación de los fenómenos políticos parte de las instituciones, como rasgo estructural de la sociedad, o de la forma de gobierno. Sin embargo, se postula que este análisis debe estar también informado por un escrutinio del comportamiento individual, las ideas y los intereses en juego, tanto individuales, como grupales.” (Losada y Casas, 2008, p. 179). En ese sentido, en el artículo se analizarán las instituciones y las relaciones de poder del Estado, las Fuerzas Militares, y la organización ilegal FARC, entendida como una organización al margen de la ley.

En este marco, “El resultado de la investigación podrá ser pertinente para el Estado Colombiano, espe-cialmente para las Fuerzas Militares ya que este estudio les permitirá tener una investigación académi-ca sobre el poder aéreo y su influencia en la alteración de la asimetría. Así mismo, esta investigación es relevante porque permite analizar una operación militar que resulta exitosa para el Estado Colombiano. Igualmente, este trabajo resulta pertinente para la ciencia política en la medida en que permite relacio-nar un concepto militar con un concepto académico, y permite entender las relaciones de poder que se presentaron entre la organización ilegal y el Estado colombiano.” (Santos, 2014, p. 10)

Teniendo en cuenta la coyuntura actual de Colombia, en donde se presenta un proceso de paz con la guerrilla, es necesario evaluar las operaciones más relevantes del conflicto armado interno colombiano, ya que se pueden identificar los escenarios disuasorios, en donde por medio de la acción militar se logra hacer retroceder a la guerrilla.

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1. Los años noventa en el conflicto armado colombiano

La época de los años noventa presentó una dinámica violenta dentro del contexto del conflicto armado colombiano, por los fuertes enfrentamientos que se presentaron entre las FFMM, las organizaciones ilegales como las FARC, ELN y las autodefensas. Igualmente, es en este tiempo que la guerrilla FARC, logra ejecutar ataques estratégicos en el sur del país.

Durante los años noventa, las Fuerzas Militares recibieron duros golpes contra sus Batallones, Briga-das, Puestos de Control, Puestos de Policía, entre otros. Los ataques militares a las Delicias, el Billar, Miraflores fueron parte de un planeamiento estratégico de la organización ilegal para crear un corredor hacia la frontera de Venezuela y Brasil. Esto con el propósito de mantener un control territorial en el suroriente del país.

Un factor fundamental en el incremento de los ataques militares perpetuados por las guerrilla en los noventa, fue el aumento de los cultivos de coca. “Colombia (…) paso a tener más de 100 mil hectáreas en 1995 y 150 mil hectáreas en 1996.Esta nueva actividad, que transformó el papel de Colombia en el negocio de la coca, también modificó la guerra de guerrillas (…) Las áreas de expansión de la coca fueron las selvas del sur, donde los grupos más significativos de las Farc tenían asiento.” (Pardo, 2008, p. 626) De esta forma, se puede evidenciar la relación entre los cultivos de coca y la presencia de las FARC, en el sur de país. “La nueva fuente de recursos les dio a las FARC un nuevo horizonte políti-co-militar y una nueva base social. La financiación le permitió a este grupo armado, en particular a los llamados bloques de frentes Oriental y Sur, aumentar numéricamente e incrementar sustancialmente su capacidad militar.” (Pardo, 2008, p. 626) Con el crecimiento de las finanzas de la guerrilla impulsadas por el narcotráfico, fortalecen su capacidad económica para planear los ataques y movilizar su pie de fuerza en el sur del país.

Por iniciativa de la Fuerza Pública, en el Gobierno de Cesar Gaviria, se lanza el ataque contra Casa Verde, uno de los “santuarios de las FARC” y donde se encontraba a los miembros del Estado Mayor de la organización ilegal. “Los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares se incrementaron en virtud de la llamada “guerra integral contra la guerrilla” lanzada tras el fracaso de los diálogos de paz con la Coordinado Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).” (Echandia, 2008,p. 6) En el ataque contra Casa Verde se utilizaron diferentes recursos militares como helicópteros, aeronaves K-fir entre otros. “Al cabo de intensos bombardeos con aviones de guerra, tropas del Ejército asumieron ayer el control del área de influencia guerrillera en La Uribe y avanzaban ayer hacia Casa Verde, cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” ( El Tiempo, 1990,párr 1)

Mas adelante, “durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), las FARC, que ya contaban con una mayor capacidad ofensiva derivada de la acumulación de experiencia en la preparación y conduc-ción de ataques, escalaron su accionar con el propósito de dar el salto de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos.” (Echandia, 2008, p. 6) Un ejemplo de esto fueron los ataques de las Delicias, el Billar, y la Toma de Miraflores.

De esta forma, en 1996 se produce el ataque en las Delicias (Caquetá), contra una base militar del Ejército. “Era la primera vez que una compañía, establecido en una base previamente fortificada, con armamento y equipo completo, con adecuado entrenamiento general era totalmente destruido.” (Par-do,2004, p. 632)86 Este ataque de la organización ilegal era con “fuego nutrido de ametralladoras, gra-nadas de fusil y de mortero. Decía el operador de radio que el ataque principal lo estaban dirigiendo con artillería pesada, probablemente se refería a cilindros de gas, rellenos de explosivos y metralla.” (Pardo, 2004, p. 628) Con este ataque las FARC demostraron a las Fuerzas Militares sus capacidades bélicas.87

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Otro ataque estratégico para la guerrilla fue el ataque conocido como El Billar. Éste fue realizado el 1 de Marzo de 1998, en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), contra el Batallón Contraguerrillas No 52. “Esta era la primera vez que una unidad especializada en la lucha contra la insurgencia perfec-tamente entrenada y con mejor dotación de las FF.MM, era atacada por un actor irregular.” (Pardo,2004, p. 636).

Después del ataque de El Billar, el 3 de Agosto de 1998, se produce lo que se conoce como la Toma de Miraflores, contra la Base de Policía Antidrogas, en el municipio de Miraflores (Guaviare). Este “enfren-tamiento, que duró más de 20 horas, dejó como saldo 9 muertos, 10 heridos y 22 militares desapare-cidos.”( El Espectador, 2008)

Así mismo, como lo señala Camilo Echadia, “el Ejército sufrió un duro revés en su empeño por debilitar la retaguardia estratégica del bloque sur (…) las FARC atacaron las bases de la Policía en Miraflores (Guaviare) y Uribe (Meta), así como las instalaciones del Ejército en Pavarandó (Urabá); en desarrollo de estas acciones murieron cerca de 100 personas entre uniformados y civiles y fue secuestrado un centenar de miembros de la Fuerza Pública.” (Echandia, 2011, p. 13) Estos ataques debilitaron a las Fuerzas Militares. Igualmente, el Estado Colombiano estaba debilitado por su poca eficiencia en el control del monopolio legitimo de la violencia. Asi, “el Estado colombiano, debido a la falta de presencia en todo el territorio nacional y a la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza, no integra ni cohesiona la población y el territorio y ha reducido su capacidad para mediar y canalizar los conflictos y tensiones sociales. Estos son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo cual es la causa del surgimiento de diversas expresiones de “parainstitucionalidad”, tales como los grupos privados de justicia y defensa, las mafias de narcotráfico y los movimientos guerrilleros.” (Escobar, 1998)

Ahora bien, como lo muestra la siguiente gráfica, para 1996 las FARC ya se encontraban en la etapa de guerra de movimientos, los ataques perpetrados durante este año y hasta 1998, son el reflejo del paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Esto se debe a la estrategia militar de la guerrilla de propiciar golpes a unidades militares, durante un tiempo prolongado,con armamento pesado y uti-lizando una cantidad alta de combatientes. Asi,dejan las emboscadas, y los ataques de repliege, para pasar a un enfrentamiento prolongado con las Fuerzas Militares. Los casos mencionados anteriomente, de los ataques a las Delicias, El Billar, Miraflores reflejan precisamente ese cambio de estrategia.

86 Por otra parte, el éxito de esta operación de la guerrilla, radica “en el dominio de la zona, tanto de los ríos como de los caminos en la selva, del conocimiento de la situación y de los movimientos de las unidades militares, de su capacidad de reunir cuatrocientos hombres, sin ser detectados por la inteligencia militar, y de esperar el momento adecuado para realizar el golpe de mano.” (Pardo, 2008,p. 631) Esta operación, refleja el paso de las guerras de guerrillas a la guerra de posiciones, en la medida en que las FARC, realizan un ataque prologando, con un pie de fuerza relativamente alto, y el enfrentamiento contra la Compañía del Ejército fue con artillería pesada.87 Como lo menciona Rafael Pardo, “las operaciones desplegadas por estos dos bloques de frente de las Farc, tuvieron desde 1996 una característica novedosa: eran propiamente militares, con grandes unidades y teniendo como objetivos bases militares y policiales fuertemente defendidas, muy distintas a los hostigamientos, emboscadas o asaltos a pequeñas unidades, que había predominado en las tres décadas anteriores.” (Pardo, 2008, p. 626)En este orden de ideas, a partir del año 1996, las FARC ponen en práctica, su modo de operar,(ubicación, detección, asedio y copamiento) para atacar unidades militares.

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Gráfico 1. Etapas de la Guerra Popular Prolongada de las FARC-EP.

Fuente: (Santos, 2014, pág. 19)88

El Bloque Oriental de las FARC en “1993 se le asignó un área de injerencia que comprendía nueve departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.” (Paz, 2015, p. 5) Teniendo en cuenta que este Bloque fue el que lideró los ataques de las Delicias, El Billar,Miraflores y Mitú, se puede deducir que su apuesta de control territorial estaba enfocada a la creación de un corredor de movilidad hacia las fronteras de Brasil y Venezuela. Respecto a esto, el Gr Perdomo menciona que “de esta forma todos esos puntos (Miraflores, Carurú, las Delicias, el Billar) eran lanzas que estaban dirigidos, hacia la frontera con Brasil y Venezuela.” (Santos, 2014, p. 65)

Prueba de ello es la ubicación geográfica de los municipios de Puerto Leguizamón, Putumayo (De-licias), Cartagena del Chaira, Caquetá (El Billar), Miraflores, Guaviare, y Mitú, Vaupés. Al trazar una linea entre estos municipios se puede deducir que el control territorial de éstas, era fundamental para la organización ilegal, para asi tener un corredor de movilidad. Si lograban mantener esos territorios, tenían controlado una parte importante del sur del país, el siguiente mapa muestra el trazo de “la linea estratégica de control de las FARC”.

88 Este gráfico fue sacado del Estudio de caso realizado por la autora del artículo, para obtener su título como Politóloga, con base a una entrevista que se le realizó al General Perdomo.

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Fuente: (Santos,2014, p. 23)

Mapa 1. Corredor Estratégico de las FARC 1996-1998

Por otra parte, mientras por la vía militar se apoderaban de esos territorios, por la vía política conse-guían otros. Cuando se inicia el proceso de paz del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, las FARC solicitan el despegue de varios territorios en el departamento del Metá. “El pedido hecho por las Farc a comienzos de 1998, de desmilitarizar los municipios de San Vicente del Caguán, la Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, como requisito para iniciar conversaciones de paz, fue ratificado a mediados del año y aceptado por Pastrana, como presidente electo.” (Leal, 2002, p. 150) Vale la pena aclarar que más adelante se va a retomar este punto.

En conclusión, la década de los años noventa fue violenta por los ataques producidos por la organiza-ción ilegal en diferentes zonas del país, sobre todo en el sur, con los ataques a las Delicias, El Billar, y Miraflores. Estos son otros puntos de inflexión que marcaron la época de los años noventa. Ahora bien, la guerrilla siguiendo los planteamientos estratégicos de las Conferencias, y bajo la tesis de la guerra popular prolongada se encuentran en la etapa de la guerra de movimientos, los ataques en esta época son precisamente un reflejo de esta etapa. Para 1998, Colombia vivía uno de los períodos más violentos de su historia. Con los ataques producidos, la organización ilegal pretendió crear un corredor de movi-lidad en el sur del país, con salida hacia las fronteras, para tener un control territorial que le aseguraba el tránsito de tropas, y el tráfico de drogas ilícitas.

2. La Operación Vuelo de Ángel

El siguiente apartado se enfoca en analizar la Operación Vuelo de Ángel (O.V.A), entendida como la operación militar que logró alterar las asimetrias entre la Fuerza Pública, y la organización ilegal, por el poder aéreo utilizado. De esta forma, este apartado tiene tres subpartes, la primera describe la toma de Mitú, en donde se explicará en qué consistio la toma; la segunda analiza la Operación Vuelo de Ángel; y la tercera pretende explicar qué pasó después de la O.V.A, ya que esta operación se convirtió en un precedente militar para las Fuerza Pública y el Estado Colombiano.

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2.1 La toma de Mitú

La apuesta más estrátegica de la organización ilegal, durante los años noventa, fue la Toma de Mitú. Este ataque se produjo eL 1 de Noviembre de 1998, en la capital del Vaupés. “ Con 1.200 de sus hombres, las Farc iban tras el último lugar de la amazonía cubierto por presencia policial:apostados en el puesto de policia de Mitú, 75 policías, entre oficiales, suboficiales y agentes, intentaban defenderse sin posibilidad de recibir apoyo inmediato, a pesar de estar en una capital de departamento.” (Perdomo, 2006, p. 288)

Por una parte, este ataque de la organización ilegal tenía tres propósitos, el primero relacionado con linea estratégica de control territorial, mencionada anteriormente. De esta forma, controlar Mitú, era demostrarle al país que eran capaces de tomarse una capital de departamento, y dada la posición geo-gráfica de Mitú (cercanía con la frontera de Brasil) asegurar ese territorio, era tener controlado un punto estratégico con la frontera, creando así el corredor de movilidad. El segundo propósito, era fortalecer su posición política en la mesa de conversación con el gobierno del Presidente Andrés Pastrana.“Con miras a maximizar su posición negociadora con Pastrana, las Farc se tomaron la población de Mitú, capital de departamento” (Palacios, 2012, p. 159) Por último, el tercer propósito estaba relacionado con el reconocimiento internacional del estatus de beligerancia al demostrar el control del territorio.

“La intención de la guerrilla no era solo dar un golpe efectista y salir, sino quedarse definiti-vamente -o por lo menos algunas semanas- en esta población, reclamando de la comunidad internacional un reconocimiento de su estatus de beligernacia, algo que quizás algunos pocos países hubieran hecho, basandose en precedentes históricos y en la terminología internacio-nal, que se aplica a movimientos insurgentes que llegan a dominar una parte importante del territorio.Inclusive,llegamos a tener información de que alli pensaban lanzar una especie de gobierno autónomo sobre una porcion de territorio para generar un hecho político.” (Pastrana, 2005, p. 93)

En este orden de ideas, las estrategias militares y políticas de la organización ilegal, para 1998, le estaban dando resultados contundentes.Además, con la estrategia militar de la guerra popular pro-longada, les permitió realizar ataques, para así fortalecer su estrategia política de la “toma del poder.” Igualmente, bajo el contexto del proceso de paz con Pastrana, la guerrilla logró demostrar su poderio militar con la toma de Mitú.

“El Bloque Oriental de las Farc, integrado por los frentes 1,7,17,44 y por la Columna Movil Juan José Rondón, que sumaban no menos de mil trescientos hombres atacaron a Mitú.” (Pardo, 2008, p. 639) Esta toma, estaba liderada por Henry Castellanos, alias Romaña, y como comandante del Bloque estaba Jorge Briceño Suarez, alias Mono Jojoy. “Los guerrilleros atacaron el cuartel de Policía, y sus alrede-dores, en un radio de tres manzanas, que quedaron prácticamente arradas, utilizando armas no con-vencionales, como cilindros de gas rellenos con gasolina, pegante inflamable, y pentolita, además de gradanas, que lanzaban desde las mismas viviendas de los atemorizados pobladores.” (Pastrana, 2005, p. 94) Las FARC eligieron Mitú porque les representaba una ventaja asimétrica89 favorable respecto a

89 Para efectos del concepto de asimetría se trae a colación, el concepto de Steven Metz, el cual define que la asimetría es “actuar, organizar y pensar diferente al oponente con el fin de maximizar las ventajas, explotar las debilidades del adversario, obtener la ini-ciativa, o alcanzar una mayor libertad de acción. Está puede ser estrategia-política, estrategia militar o una combinación de ambas.” (Metz y Johnson II, 2001,párr. 26)

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las Fuerzas Militares. “Mitú era en ese momento el punto más alejado de la geografia colombiana con una concentración importante de Fuerza Pública. Era el lugar al que podían atacar con ventaja porque los refuerzos tardarían mucho tiempo en llegar.” (Perdomo, 2006, p. 289) Igualmente, otro factor que favoreció la Toma fue que “el sitio más cercano para lanzar la operación aérea era San Jose del Gua-viare, ubicado a 180 millas de Mitú.” (Perdomo, 2006, p. 293) Por tanto, el radio de alcance de los helicópteros (200 millas)no alcanzaba para regresar a San Jose del Guaviare. (Perdomo, 2006, p. 293)En Mitú la presencia estatal estaba liderada por la Policía, como lo relata John Frank Pinchao, “no-sotros éramos un grupo aproximadamente de 75 policías, en su mayoría patrulleros recién egresados de las escuelas de formación policial, quienes, al contrario de lo que comúnmente se piensa -que son inexpertos y no aptos para el combate- se defendieron como tigres. Fuimos atacados por unos 1500 guerrilleros al mando del Mono Jojoy, quien delegó funciones en comandantes guerrilleros como Urías, Romana, Patesopa, y otros. La verdad no esperaba que emplearan tantos guerrilleros para esta toma, pues como lo dije, era prácticamente un pueblo tranquilo y esto no tenía antecedentes.” (Martin y Jaramillo, 2014,párr 10)

En Mitú la presencia estatal estaba liderada por la Policía, como lo relata John Frank Pinchao, “nosotros éramos un grupo aproximadamente de 75 policías, en su mayoría patrulleros recién egresados de las escuelas de formación policial, quienes, al contrario de lo que comúnmente se piensa -que son inexpertos y no aptos para el combate- se defendieron como tigres. Fuimos atacados por unos 1500 guerrilleros al mando del Mono Jojoy, quien delegó funciones en comandantes guerrilleros como Urías, Romana, Patesopa, y otros. La verdad no esperaba que emplearan tantos guerrilleros para esta toma, pues como lo dije, era prácticamente un pueblo tranquilo y esto no tenía antecedentes.” (Martin y Jaramillo, 2014,párr 10)

2.2 La Operación Vuelo de Ángel

Ahora bien, para contrarrestar la Toma de Mitú, las Fuerzas Militares lanzan la Operación Vuelo de Ángel (O.V.A) Ésta consistió en el apoyo aéreo a los Policias y el ataque aéreo a posiciones de la organización ilegal. El poder aéreo90 se vio reflejado en la utilización de aeronaves de ala fija (AC-47 Fantasma, C130 Hercules, OV -10 Bronco, T 27 Super Tucano, C235) y aeronaves de ala rotatoria (Helicópteros Black Hawk y Arpia). En ese sentido “la primera decisión que tomaron las FF.MM, fue enviar un avión fantasma AC-47 y 2 aviones OV -10 Bronco, para que estos realizaran los primeros bombardeos, y sirvieran como apoyo aéreo para los policías que estaban en Mitú.” (Santos, 2014, p. 37) Igualmente, para retomar Mitú, los Generales Freddy Padilla de León, Comandante de la VII Brigada del Ejército, el General Jaime Humberto Cortes Parada, Comandante de la Cuarta División, junto con el entonces Coronel Perdomo, Comandante de CACOM 4, empezaron a planear la operación. En el momento en que la organización ilegal se tomá Mitú,las FFMM realizan un calculo estratégico de la importancia de recuperar la capital.Respecto a esto el Gr (r) Perdomo comenta:

90 El poder aéreo es “el uso militar de recursos aeroespaciales para defensa de la nación y apoyar su política extranjera. Más aún, es la aplicación de instrumentos aeroespaciales para el logro de los objetivos del liderazgo nacional.” (Ogan, 1991,párr 1.)

“Cuando comenzamos a valorar todo y a realizar el análisis durante el ataque a Mitú nos dimos cuenta que ellos ya tenían todo preparado, atacaron La Uribe, el Billar, y las Delicias, hicimos la flecha trazando estos puntos y nos preguntamos esta gente para donde van. Cuan-do atacan Miraflores, usted mira la cronología y se da cuenta que ellos estaban caminando y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces cuando dicen Mitú, nos dimos cuenta que o vamos

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por Mitú o perdemos media Colombia, que era parte del plan de las FARC. Cuando se presentó esta situación, nos dimos cuenta que teníamos que salvarle la vida a la gente y al Estado.” (Santos, 2014, p. 65)

Por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), “el Comando de la Fuerza Aérea dispusó de cuatro Black Hawn, dos UH-60 de transporte y dos tipo Arpía de ataque, tres aviones fantasma, tres OV -10, un Tucano T-27, y dos Hércules c-130” (Rueda, 2008, p. 640) El apoyo aéreo prestado por el Avión Fantasma fue fundamental, para disminuir la intensidad del ataque, sin embargo, para el 1 de Noviembre en la tarde, los policias “que resistian en el puesto se entregaron ante la superioridad de los atacantes” (Pardo, 2008, p. 640) Un factor que disminuyó la efectividad del poder aéreo fue que para ese entonces, las Fuerzas Militares no tenían cartografía de Mitú,por tanto al momento de lanzar los bombardeos, no había mucha precisión, y se podía afectar a la población civil. “Habíamos olvidado a Mitú, no teníamos mapas discriminados por cuadrantes, ni grillas del terreno para que los policías en tierra pudieran darnos instrucciones precisas.” (Perdomo, 2006, p. 294)

Sin embargo, ese problema se resolvió cuando por instrucciones del General Perdomo, se realizó un mapa con indicaciones de personas que conocían la capital y lo complementaban cuando las tripula-ciones regresaban. (Perdomo, 2006, p. 295) “Para contrarrestar esta dificultad, el entonces Coronel Perdomo, quien dirigió la operación, mandó llamar a un agente de la policía que había estado en Mitú y por esta razón conocía la capital. Así, este le hizo un mapa de Mitú, ubicando el Hospital, el colegio, el puesto de policía, entre otros.” (Santos, 2014, p. 37)

Estos mapas se crearon bajo la denominación de grillas, como lo menciona el Gr Perdomo:

“Se nos presentó un problema relacionado con la precisión de los ataques. Así, cuando la Policía nos pedía apoyo, mire que nos estaban disparando desde la Iglesia, pero uno alcanza-ba a ver la punta de la Iglesia, pero no sabíamos cuál era. Entonces que nos tocó hacer, nos inventamos en Apiay, una cosa que se llama las grillas, entonces tomábamos las fotos de los pueblos y lo dividíamos en cuadros. Así, a cada puesto de Policía, le entregamos una foto con las grillas, y nosotros teníamos otra. Por ejemplo, cuando atacaban un pueblo, la Policía decía me están atacando el Cuadro C, y nosotros cuadriculamos las fotos. Ellos nos decían el cuadro y nosotros aquí lo dibujamos, entonces sabíamos a donde mandar el ataque exactamente. Así, todos teníamos esos mapas y cuando nos pedían el apoyo, nosotros sabíamos dónde actuar.” (Santos, 2014, p. 65)

Sin embargo, para el caso de Mitú no tenían estas grillas al iniciar la Operación, ya después se fue configurando el mapa, como se muestra en el siguiente mapa que realizaron policías y pilotos para la retoma de Mitú.

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Mapa 2. Mapa de Mitú en Grillas

Fuente: (Perdomo, 2013, p. 23)91

Como no había una pista aérea cercana a Mitú, las Fuerzas Militares, utilizaron una pista en la frontera de Brasil. “ Era una pista construida por el gobierno brasilero para ejercer soberanía de frontera y que tenía unos ochocientos o mil metros de largo.Pensaba que alli podríamos aterrizar aviones Hercules C 130,aviones Caza 235 y los helicopteros uh-60 de transporte y de combate.” (Perdomo, 2006, p. 296) Esta pista fue una ventaja para las FFMM en la medida en que esta les permitió desplegar todo el poderio aéreo,resbastecerse y pernoptar,fue desde alli que los Hércules, los Helicópteros Black Hawk, y los OV 10 lanzaron la Operación. Respecto a esto el Gr Perdomo comenta que “no teníamos una pista entre San José del Guaviare y Mitú para transportar los aviones, entonces tuvimos que tramitar un permiso para utilizar una pista que hay en la frontera en Brasil. Una de estas pistas era Itibare esta quedaba a 70 millas a distancia al Sur, quedaría a 280 millas, entonces no podíamos llegar. Igualmente, ellos nos estaban haciendo un monitoreo y estaban escuchando nuestra frecuencia y cuando nos dimos cuenta el operador de radio de las FARC-EP, nos dice ¡aquí nos vamos a quedar! Eso nos motivó más.” (Santos, 2014, p. 68)

“Las FARC-EP realizaron un cálculo estratégico basado en las distancias entre Mitú, y los lugares en los cuales se podría lanzar una operación. Sin embargo, no contaron con que las FF.MM encontrarían una pista en Brasil, en donde pudieron aprovisionar a los aviones y helicópteros. Entonces, el cálculo estratégico se convirtió en una asimetría de poder que era una ventaja para las FARC-EP y una debilidad para las FF.MM.” (Santos, 2014, p. 42) Sin embargo, cuando se utilizó la pista en Brasil, este asimetria

91 Gráfica proporcionada por el General Yair Perdomo.

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se alteró terminando por favorecer a la Fuerza Aérea. De esta manera, se puede evidenciar que cuando el Estado combina su poder nacional, en este caso la diplomacia, con el poder militar, puede alterar las asimetrias y asi maximizar una debilidad de la organización guerrillera.

Mientras la tropa de Ejército se transportaba hacia la pista en Querari, Brasil, “El avión Fantasma detectó a los guerrilleros de las Farc que se reagrupaban, organizaban cordones de seguridad y se movian por rio y por tierra. Bajo un incesante bombardeo, la Fuerza Aérea dio de baja un número importante de sub-versivos, la retoma apenas comenzaba” (Perdomo, 2006, p. 302) Uno de los instrumentos aeroespacia-les que fue clave en la Operación Vuelo de Ángel, fue el avión fanstasma este “era el más importante, porque era el que tenía mayor duración de tiempo, y en ese avión podíamos meter a gente para que hiciera monitoreo de comunicación. Ellos escuchaban todo lo que pasaba y nos ayudaban a orientar, porque no teníamos equipos de interceptaciones de comunicaciones. El fantasma tenía un sistema que se llamaba FLIR, y con este sistema podíamos ver los movimientos de la guerrilla.” (Santos, 2014, p. 70)

Uno de los factores de éxito de la Operación Vuelo de Ángel, radica en la utilización de las capacidades inherentemente estratégicas del poder aéreo como lo son la velocidad, la flexibilidad, la maniobrabilidad para atacar los centros de gravedad del enemigo. Esto se ve reflejado en O.V.A en la medida en que el avión fantasma pudo bombardear posiciones de la guerrilla.También con la utilización de la pista en aérea en Brasil, esto les permitío tener mayor flexibilidad y maniobrabilidad. En ese sentido, “el poder aéreo tiene una serie de ventajas asimétricas (capacidades a las que el enemigo no se puede enfrentar con paridad ni contrarrestar de ninguna forma). Por ejemplo, la capacidad del poder aéreo de llevar a cabo ataques de precisión en todo el mundo puede desempeñar una función importante en las ope-raciones de contrainsurgencia.” (Peck, 2007) Igualmente, respecto al poder aéreo, como lo menciona Hayward “sus contribuciones más significativas son, probablemente, en los ámbitos de la movilidad, inteligencia y la conciencia de la situación”92. (Hayward, 2009, p. 14)

Así mismo, “cuando la guerrilla pasa a la guerra de movimientos y se agrupa en grandes unidades militares, queda expuesto al poder aéreo. Por tal razón, en esta etapa de la guerra popular prolongada es que el poder aéreo logra ser más efectivo, porque el enemigo está agrupado en grandes unidades y está expuesto a los ataques que el poder aéreo logre efectuar.” (Santos, 2014, p. 34) De esta forma, en Mitú cuando la organización ilegal se agrupó quedó expuesta a los bombardeos y ametrallamientos que realizó la Fuerza Aérea.

Una de esas ventajas asimétricas es que “cuando se producía un bombardeo del Avión Fantasma, este logra atacar el centro de gravedad de las FARC-EP, porque el poder aéreo demostrado ofrece “la capa-cidad de perseguir directamente objetivos.” (Vargas 2010, p. 25) Así, cuando se identificaba un objetivo, el avión podía lanzar un bombardeo y generar muchas bajas, porque el enemigo estaba concentrado en un solo lugar. Así mismo, el poder aéreo tiene la capacidad de alterar la asimetría de poder, ya que por sus características particulares tales como la flexibilidad, la versatilidad, la movilidad y la respuesta, logran que exista superioridad aérea y se logra atacar los centros de gravedad.” (Santos, 2014, p. 43) Igualmente, esta “asimetría que aprovecharon muy bien las FF.MM, fue el poder aéreo ya que esta les permitió obtener una ventaja en el teatro de operaciones. En la Operación Vuelo de Ángel, el uso de los helicópteros y aviones de ala fija, fueron vitales para retomar la capital del Vaupés. Así, las FF.MM utiliza-ron helicópteros Black Hawk UH-60 y helicópteros AH-60 Arpía, que se utilizan para combate. También utilizaron el avión AC-47 Fantasma, que proporcionó apoyo aéreo; el avión C-130 Hércules, y el avión

92 Cita traducida del inglés por la autora.

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Caza 235 para el transporte de las tropas; aviones OV-10 Bronco para el combate y apoyo aéreo; y un avión Tucano T-27 para la retransmisión de las comunicaciones.” (Santos, 2014, p. 43)

Para el 2 de Noviembre de 1998, con el constante apoyo aéreo del Avión AC-47 Fantasma y los OV-1O,ya se preparaba el desembarco en Mitú para recuperar la capital. Así como lo menciona el Gr Perdomo “completamos un contingente de 270 soldados en Querarí (…) le pedí al Capitán Garzón que usará una zona de desembarque a más de cinco millas del pueblo y desplegará la primera oleada de la operación, cerca de Mitú para retomar la población” (Perdomo, 2006, p. 301) Con el trabajo conjunto y coordinado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía, las Fuerzas Militares se preparaban para el desembarco. De esta forma, con los helicópteros Arpía se atacó a las FARC con el propósito de ablandarlos, “a las 11:3º de la mañana terminó el desembarcó de 250 soldados, y la 1:20 de la tarde, empezaron los combates entre la guerrilla y el Ejército. Las FARC calcularon las distancias y ubicaron 35 emboscadas” (Perdomo, 2006, p. 303)

Finalmente, el 3 de Noviembre, “el AC-47 ubicó, a través del sistema FLIR, (…) un grupo grueso de guerrilleros que huía de Mitú por el río, les hundimos un bongo y dimos de baja a un gran número de ellos.” (Perdomo, 2006, p. 305) Igualmente, “el fantasma ubicó otra columna guerrillera y fue en este ataque donde hizo un mayor número de bajas. Para el académico español de la Universidad de los Andes, Román Ortiz, especialista en guerra de guerrillas (…) ese bombardeó acabó todo el frente 37 de las FARC, aproximadamente ochenta guerrilleros.” (Perdomo, 2006, p. 306) El hecho de acabar en un solo bombardeo con casi todo un frente, es un indicador de la efectividad del poder aéreo. Es quizá por esta razón que la guerrilla se percató de las debilidades de concentrarse en grandes unidades, porque quedaban totalmente expuestas.

Respecto a esto, el General Perdomo en una entrevista señala que “la gente que estuvo en Mitú nos contó que la Guerrilla utilizó tres volquetas de obras públicas, para sacar a sus muertos porque ellos no los dejan. Se presentaron tantos muertos, porque yo sabía dónde estaba la guerrilla, yo sabía dónde era el sitio de concentración, desembarco y donde estaban las lanchas. A raíz de eso, simplemente verificamos y mandamos el ataque. Por eso fueron tantos muertos. El impacto mundial fue grandísimo, porque era un capital de departamento, pero la gente no sabía que Mitú era pequeño. Se tomaron el Estado, la cabecera del Vaupés, entonces eso impacta. Tenían ya San José del Guaviare, y se tomaron Mitú, para crear la República independiente de Marquetalia.” (Santos, 2014, p. 70)

Como bien se sabe, para este año 1998, la guerrilla estaba tratando de demostrar su poderío militar. Con la Operación Vuelo de Ángel se revierte su estrategia militar de pasar a la guerra de movimientos, y las devuelve a la primera etapa de la guerra popular prolongada, la guerra de guerrillas. (ver gráfico 1) Es quizá por esta razón, que la O.V.A se convierte en el uno de los puntos de inflexión del conflicto armado colombiano, ya que gracias al poder aéreo utilizado, las FFMM lograron alterar y cambiar la estrategia militar de las FARC. En este sentido, el Gr Perdomo afirma que:

“Mitú representó el punto de quiebre de la ofensiva guerrillera y el momento en el cual las Farc entendieron que teníamos la voluntad suficiente para enfrentarlos en cualquier lugar de la geografía colombiana, de día o de noche. Después de Mitú ellos tuvieron que volver a su esquema de guerra de guerrillas y al terrorismo, porque su estrategia de juntar muchos guerrilleros los exponía a grandes bajas por cuenta del poder aéreo.” (Perdomo, 2006, p. 306)

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Igualmente si se analiza la correlación de fuerzas para esa toma, el uso de las aeronaves de ala fija y de ala rotatoria,93 que fueron 23, con la inexistencia de una capacidad de contrarrestar el poder aéreo por parte de la guerrilla para el año de 1998, esta correlación favorece positivamente a las FFMM. “La subversión desde hace varios años busca revertir la desventaja estratégica en la que quedó cuando la Fuerza Aérea modernizó su flota de aviones y helicópteros de reconocimiento y combate, al tiempo que el Ejército, la Armada y la Policía también fortalecieron sus divisiones de aviación. Todo eso le ha permitido al Estado penetrar en zonas consideradas casi como “santuarios” de la guerrilla y del propio ‘Secretariado.” (El Siglo, 2012) Sin embargo, como lo señala el General (r) Héctor Fabio Velasco, ex Co-mandante de la FAC “En 1999 las Farc adquirieron en un país centroamericano unos misiles de éstos, pero ese armamento requiere una preservación muy especial en un ambiente seco y frío, en la selva o en climas tropicales no se conservan bien, porque se dañan muy fácilmente” (El Siglo, 2012) De esta forma, se puede evidenciar como después del 1998, las FARC empiezan a tratar de conseguir misiles tierra –aire para compensar esa debilidad estratégica de la guerrilla.

Una asimetria que benefició a la organización ilegal fue el pie de fuerza, “por una parte las FARC-EP contaban con aproximadamente mil doscientos hombres (Perdomo, 2006, p. 288) que pertenecían al Bloque Oriental compuesto por los Frentes 1, 7, 17,44, y por la Columna Móvil Juan José Rondón. (Pardo, 2004, p. 639) A diferencia de la Policía que contaba con 75 policías, entre oficiales, suboficiales y agentes. Ahí se puede evidenciar una asimetría que favorece a las FARC-EP pues en la toma, contaban con mayor pie de fuerza que las FF.MM. Ahora bien, cuando las FF.MM lanzan la operación, “la respues-ta del Ejército provino de los batallones de contraguerilla 7, 52,53 y 54 con un total de mil doscientos hombres.” (Rio 2008, p. 345)” Eso sin contar que se alteró la correlación de fuerzas de la organización ilegal, por el uso de los instrumentos aeroespaciales.

Igualmente, otro factor que favoreció a las Fuerzas militares es ese miedo que tiene la organización ilegal hacia los helicópteros y aviones. De esta forma, el General Perdomo comenta que:

93 En total fueron utilizados 23 aeronaves, entre las cuales se encuentra “Helicóptero U-60BlackHawk, Helicóptero UH60 Arpia, Avión AC-47 “Avión Fantasma, Avión C130 “Hércules”, OV -10 Bronco, Avión C235, y avión T-27 Tucano” Esta información fue rastreada de fuentes bibliográficas, recursos de internet como la página web de la Fuerza Aérea Colombiana y de conversaciones telefónicas y entrevistas con el Gr Yair Perdomo Alvarado.

“Los próximos ataques los hizo distantes: me atacó la Uribe, me atacó Puerto Lleras, Puerto Rico, y me atacó un puerto por allá que se llama Hato Corozal, entonces comenzó a medirme todas las fuerzas, yo tenía aviones en la base de Marandua, y en Tres esquinas. Posterior a eso, cuando yo oigo “teléfono rojo”, pienso que este me va a atacar y yo no tengo ningún avión, entonces se me ocurrió que los aviones de entrenamiento volarán la zona. Así que les dije a unos instructores de entrenamiento, que volarán diferentes zonas, entonces cada uno iba a volar por diferentes zonas. Por allá estaban hablando, porque la triangulación de los radios, daba que estaban allá. Entonces cuando oímos las triangulaciones, nos dimos cuenta que iban a hacer los ataques en esos puntos: en Saravena, Puerto Lleras,Orito, Uribe y Puerto Rico, me iba a hacer cuatro jugadas. Por lo tanto, yo les dije vamos a hacer lo siguiente, váyanse y vuelan sobre estos pueblos, uno tiene que estar en el punto a las siete, el otro a las seis y media, usted a las seis y cuarenta, usted a las cinco, y usted a las cinco y media. Entonces comiencen a hablar entre ustedes, porque él los va a estar escuchando, digan lo que quieran pero digan que van a atacar, que están esperando la autorización para atacar. En la conversación, el “Mono Jojoy” dice cancelamos la situación y nos vamos por estafetas y aplazamos la estrategia.” (Santos,2014, pág 45)

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Por otra parte, el uso de los instrumentos aeroespaciales, generó una ventaja positiva para FFMM ya que por los bombardeos y los ametrallamientos, se logró dar de baja a una cantidad considerable de guerrilleros, como se señaló anteriormente. Finalmente, después de los últimos bombardeos realizados por la Fuerza Aérea en Mitú, la organización ilegal se empieza a replegar por el rio Vaupés, utilizando diferentes rutas de escape. El siguiente mapa evidencia las rutas de escape de la guerrilla, cuando se estaba finalizando la Operación Vuelo de Ángel.

Mapa 3 Rutas de Escape FARC.

Fuente: (Perdomo, 2013, p. 11)94

Por otra parte, en Mitú, la organización ilegal utilizando las asimetrias, empleó armamento no conven-cial, “habían lanzado doscientos cilindros bombas, cargados con metralla y pegamento para de paso producir intoxicación en la tropa, a causa de la mezcla de gases.” (Perdomo, 2006, p. 306). “El uso de armas no convencionales se convierte en una asimetría que utilizan las FARC-EP, para atacar al enemigo. Las FF. MM. como están sujetas al Derecho Internacional Humanitario y a los Protocolos I y II de la Convención de Ginebra, no utilizan armas que no estén reguladas por el Derecho Internacional. Esto supone una ventaja para las FARC-EP ya que al no estar sujetas en estos tratados internacionales, recurren a este tipo de prácticas para generar mayor daño.” (Santos, 2014, p. 44)

De esta forma como lo señala Robin Geiss “la parte más débil buscaba obtener una ventaja compara-tiva frente a un enemigo militarmente superior, asistimos a la reaparición de prácticas prohibidas desde hace tiempo en los conflictos armados, como son los ataques directos contra personas civiles, la toma de rehenes y el uso de escudos humanos, y a la utilización de esas prácticas como estrategia.” (Geiss 2006, p. 2)

94 Grafica proporcionada por el General Yair Perdomo.

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“Como saldo de la violenta incursión guerrillera, 16 civiles y 12 policias fueron asesinados, 10 policias resultados heridos y 60 policias fueron secuestrados, incluyendo al Coronel Luis Mendieta.” (Patiño, 2010) Eso sin contar que Mitú quedó destruida, por los cilindros que utilizó la organización guerrillera.

“Como saldo de la violenta incursión guerrillera, 16 civiles y 12 policias fueron asesinados, 10 policias resultados heridos y 60 policias fueron secuestrados, incluyendo al Coronel Luis Mendieta.” (Patiño, 2010) Eso sin contar que Mitú quedó destruida, por los cilindros que utilizó la organización guerrillera.

“La Operación Vuelo de Ángel marcó un punto de quiebre en el conflicto colombiano, porque esta operación frenó la avanzada guerrillera. Gracias al poder aéreo demostrado, se dieron de baja a mu-chos guerrilleros, lo cual permitió inclinar la balanza hacia el Estado colombiano. Así mismo, con esta operación se alteró la correlación de fuerzas entre las FF.MM y las FARC-EP. Esta operación “supuso un avance estratégico del Estado para materializar un objetivo perseguido desde vieja data: la presencia y el control en cualquier parte del territorio nacional.” (Flórez y Jaramillo 2014, p. 80) Igualmente, esta operación sirvió para que las FF.MM se dieran cuenta que el poder aéreo, es una ventaja que el Estado colombiano debe explotar al máximo, ya que el poder aéreo produce una asimetría que debe ser utili-zada.” (Santos, 2014, p. 41)

De esta manera,“el intento de toma de Mitú en 1998, fue el final de un período de iniciativa estratégica por parde de las Farc, y fue el fracaso de su intento por pasar a una guerra posiciones (…) la Fuerza Aérea Colombiana incrementó su velocidad de respuesta y su poder de fuego,lo que hizo más vulnera-ble a la guerrilla en este tipo de ataques masivos” (Pardo, 2008, p. 644)

Así mismo Alfredo Rangel, establece que “se puede afirmar que la toma de Mitú marcó un punto de quiebre en la dinámica del conflicto con las FARC. A raíz de este hecho, y en particular de la operación para retomar el control del municipio, las Fuerzas Militares lograron integrar de manera efectiva el poder aéreo en apoyo a las fuerzas terrestres. Esta operación también fue pionera en el uso de los medios de combate nocturno.” (Rangel, 2003, p. 23) De esta forma, como lo señala Rangel también “al contar las Fuerzas Militares con medios aéreos para concentrar tropas rápidamente y proveer apoyo de fuego desde el aire, obligaron a las FARC a regresar a sus operaciones de guerra de guerrillas.” (Rangel, 2003, p. 52)

En ese sentido, la Operación Vuelo de Ángel logró frenar la estrategía militar de la organización ilegal, en la medida en que gracias a las caractéristicas inheremente estratégicas del poder aéreo, se debilitó la organización guerrillera, en cuanto a que se producieron muchas muertes en combate de guerrilleros, y como por la guerra de movimientos, se agrupan en grandes cantidades, esto los expone ante el ataque de helicópteros o aviones como el Fantasma.

El éxito del poder aéreo con la operación Vuelo de Ángel radica en que “el poder aéreo en la guerra irregular se debe adaptar para ser efectivo, esto significa que debe identificar los nuevos centros de gravedad del enemigo y planear estratégicamente cuál es la mejor manera para derrotar al enemigo. Así, logra utilizar correctamente los instrumentos aeroespaciales. Una de las adaptaciones que debe realizar el poder aéreo es preparar a sus pilotos y demás miembros de la Fuerza Aérea, para entender los conflictos asimétricos. Cuando logran entender la forma en la que luchan las guerrillas, podrán dar golpes más efectivos. De esta forma, podrán entender que el poder aéreo en la guerra popular prolon-gada es más efectivo cuando se está en la guerra de movimientos, ya que en esta la guerrilla se expone a los ataques estratégicos del poder aéreo.” (Santos, 2014, p. 52)

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Igualmente, “en consonancia con las premisa de la asimetria como estrategia,los Estados que luchan contra irregulares ven como sus ventajas son relativizadas por el enemigo. No obstante, para Colombia el hecho de contar con la supremacía aerea nunca ha dejado de ser una ventaja. Dicho de otro modo, haber alterado las ventajas relativas con las que contaba, la guerrilla por medio de la acción de la Fuerza Aérea,le sirvio al Estado para debilitarla.” (Jaramillo y Strong, 2014, p. 18) Asi se puede evidenciar, que el poder aéreo en la O.V.A. se convirtió en una herramienta militar del Estado, para recuperar el mono-polio legitimo de la violencia, y asi enviar un mensaje político a otras organizaciones al margen de la ley ,en cuanto a que el Estado estaba preparado para repeler cualquier enfrentamiento. También se puede considerar “la Operación Vuelo de Ángel como una operación que permitió dar un salto estratégico operacional que alteró las premisas del conflicto colombiano.” (Santos,2014, p. 41)

En resumen, la O.V.A implicó “misiones típicas de Defensa Aérea, Contrapoder terreste, Transporte aéreo, Asalto aéreo, Reconocimiento, inteligencia y vigilancia, asi como de Comando y control.” (Jara-millo & Strong, 2014, p. 16) En ese orden de ideas, la magnitud de la repuperación de Mitú “es un hito indispensable para entender la importancia de la superioridad aérea como un elemento clave para la libertad de acción de las Fuerzas Militares.” (Jaramillo y Strong, 2014, p. 16)

2.3 Despúes de la Operación Vuelo de Ángel

Posteriormente de la Operación Vuelo de Ángel,las FFMM recuperaron su capacidad ofensiva, siendo más proactivas. Esto se ve reflejado en la medida en que después del 1998, las FFMM recuperaron su iniciativa táctica y estratégica, porque lograron proyectar operaciones militares contundentes contra la organización ilegal.Además de la transformación militar que se presentó, generando asi las condiciones militares y políticas para el fortalecimiento de las Instituciones Militares.

Por ejemplo, “desde el Ministerio de Defensa, y el Comando General de las Fuerzas Militares, contando con la ayuda norteamericana se emprendió su más profunda transformación recuperando su iniciativa tactica y obligando a las FARC a retroceder (…) Con los golpes recibidos y su impacto en la institución, las Fuerzas Militares comenzaron a trabajar conceptos como los de masa y movilidad para responder a la guerra de guerrillas,lo que implicaba que la situación de confrontación se analizaba como una guerra a la que se tenía que responder con operaciones militares. (Torres, 2008, p. 351)

Respecto a las operaciones militares relevantes, producto de esta transformación, se destacan la Ope-ración Gato Negro y la Siete de Agosto:

“Dos de las principales operaciones militares llevadas a cabo fueron la “Gato Negro” y “la Sie-te de Agosto”. En la primera operación en marzo y abril de 2001, la Cuarta Division, la FUDRA, la Armada y la Fuerza Aérea, en la region de San Jose de Ocuné, Puerto Principe, Guerima, Puerto Lindo, El Lomo, Chupabe, Cumaribo y San Felipe (Vichada) y Barrancominas (Guania) capturaron al narcotraficante Ferndandiño y tomaron un importante corredor de selva y rios que utilizaban las farc. En Agosto de 2001, aconteció la mayor operación de contrainsurgen-cia, despues del descalabro de fines de los noventa; fue la respuesta al intento de las FARC de tomar la base de Carimagua y de recuperar el corredor que habian perdido en la Operación Gato Negro; participaron cuatro mil soldados de FUDRA, apoyados por veinte helicopteros y aviones de combate contra unos mil trescientos guerrilleros, en esta operación fue dado de baja Urias Cuella, junto con unos seiscientos insurgentes más.” (Torres, 2008, p. 352)

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Igualmente, era necesario reconfigurar las estructuras militares de las FFMM, adaptandolas al contexto de la guerra irregular. “El análisis de lo sucedido entre 1996 y 1998 llevó al estudio de la estrategia de las FARC, la que proyecta copar la cordillera oriental y en ella cercar a la capital del pais (…) las Fuerzas Militares centraron su plan en la neutralización de los corredores de movilidad de la guerrilla, lo que afectó la estructura orgánica de las Fuerzas Militares, en tres niveles de consideración: primero se crea-ron los batallones de alta monta;segundo al servicio militar ingresaron miles de jovenes del sector rural bajo la modalidad de -soldados campesinos-, y en tercer lugar, en la medida en que cerca de quinientos municipios de Colombia no habia presencia de las Fuerzas militares,la estrategia de defensa proyectó y puso en marcha la actuación combinada de la policia con los militares.” (Torres, 2008, p. 352)

Ahora bien, la transformación de las Fuerzas Militares, estuvo a cargo del General Fernando Tapias y el General Jorge Mora. “Para que pueda hablarse de transformación militar ella debe comprender tres aspectos complementarios: 1) cambios institucionales, 2) nuevas tegnologias y 3) una nueva doctrina.” (Torres, 2008, p. 354) El resultado de la nueva estructura orgánica de las Fuerzas Militares para los primeros cinco años del siglo XX fue el siguiente:

• Comando Conjunto Operaciones Especiales• Coordinación Nacional de Inteligencia• Comando Conjunto Caribe• Fuerza de Tarea Conjunta• Agrupacion Fuerzas Especiales Antiterrostias Urbanas-AFEAUR (14)• Batallones de Alta Montaña (7)• Brigadas Moviles( 15)• Grupos Gaula (32)• Soldados Campesinos (27.000)• Infanteria de Marina( 4.355)• Escuadrones Moviles (54)

Seis divisiones Unidades Especiales (FUDRA,Brigada contra el Narcotráfico,Brigada de Aviación del Ejer-cito,Brigada de Fuerzas Especiales)95

Toda esta restructuración militar, le dio herramientas a las FFMM para combatir a la organización ilegal.De esta manera, lograron focalizar los esfuerzos y transformarse para la guerra irregular que se vivía en Colombia.

Así mismo, “las Farc intenteron despues de Mitú, tres operaciones masivas: Puerto Rico, Meta, Casa-nare y San Juanito, Cundinamarca, pero fracasaron y tuvieron grandes bajas en todas ellas. A partir de esos fracasos, la guerrilla reincidió en sus ataques a pequeñas guarniciones,a pueblos desprotegidos y zonas nubladas o altas para evitar la reacción aérea.” (Pardo, 2008, p. 644) Se puede evidenciar, como después de O.V.A la organización ilegal, tuvo que cambiar su modo de operar. Esto se debe a que las FFMM comprendieron las fortalezas de utilizar el poder aéreo, maximizando una debilidad de la guerrilla.

Igualmente, como lo señala Ingrid Bolivar, “desde finales de 1998, la Fuerza Pública comenzaba a mos-trar alguna capacidad para neutralizar la cadena de acciones contundentes que le venían propiniando las farc, gracias a la ventanja representada por el uso de helicopteros y aviones.” (Gonzáles,Bolívar,y

95 Esta tabla fue sacada de (Torres, 2008, pág 354)

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Vásquez 2002, p.78) En ese orden de ideas, se puede afirmar, que la Operación Vuelo de Ángel se convirtió en un predecente militar, la cual generó que las FFMM se percataran de las ventajas tácticas y estratégicas del poder aéreo.

Así mismó “durante los cuatro años (1998-2002),la relativa ventaja táctica de las FARC fue practica-mente neutralizada por la Fuerza Pública mediante el uso de la ayuda tegnología del paquete militar incluido en el Plan Colombia y los cambios operados en los mecanismos de inteligencia del Ejército Nacional. Al golpe de Mitú contra las FARC, siguieron las acciones de la Fuerza Pública en Dabeida,en Arauca, y en el Guaviare, en las cuales los muertos de la guerrilla pasaron de 150.” (Gonzáles, Bolívar y Vásquez, 2002, p.78)

En cuanto al escenario político durante y después de la retoma de Mitú, este estuvo enmarcado por el proceso de paz que se adelantó entre el Gobierno del Presidente Andres Pastrana y la guerrilla de las FARC. “El 9 de Enero de 1999, se instalaron oficialmente los dialogos de paz” (Gonzáles, Bolívar y Vás-quez 2002, p.79) Sin embargo, a principios de 1998, ya se habian iniciado los diálogos, en donde una de la exigencias de las FARC fue la desmilitarización “de los municipios de San Vicente del Caguan,La Uribe, Mesetas,la Macarena y Vista hermosa, requisito para iniciar conversaciones.” (Buitrago, 2002, p. 151) Asi, “amparado bajo la ley 418 de 1997, llamada de orden público decretó el despeje de un areá de 42.000 kilometros cuadrados por 90 días, del 7 de Noviembre de 1998 al 7 de Febrero de 1999.” (Buitrago, 2002, p. 152)

Así se establecio después “ una zona de despegue en el Caguán, que requirió once prórrogas presi-denciales,objeto de negociaciones” (Palacios, 2012, p. 159) Esta zona de despegue comprendió los mismos municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe, Mesetas, la Macarena y Vista hermosa.

Para la organización ilegal, “el despegue en los cinco municipios contiguos y selváticos para empezar el diálogo era una reinvidación de alto valor simbólico (…) Sin embargo, en el suroriente colombiano, el despeje del Caguán se entendió como un extraordinario triunfo político de las Farc;como un reco-nocimiento implícito a sus recientes victorias militares y a su poderío,la zona de despegue se convirtió en formidable arma de propaganda fariana.” (Palacios, 2012, p. 162) En este sentido, vale la pena preguntarse ¿Cómo después de Mitú el Gobierno Nacional, fue capaz de entregar territorios para el despeje? Era claro que la toma de Mitú fue una estrategia política y militar de la organización ilegal, para fortalecer su posición en la mesa de negociacion.

No obstante, pese a que la toma de Mitú no salió como lo planeaban, después de demostrar su ca-pacidad militar, el gobierno le entregó ese territorio. Respecto a esto, Marco Palacios señala que “el Secretariado transmitio a las bases y simpatizantes la idea que los triunfos militares de los ultimos tres años (1996-1998) marcaban una tendencia irreversible. En ese momento festivo no sacaron ninguna conclusión autocrítica del fiasco de Mitú.” (Palacios, 2012, p. 162) Sin embargo, las FFMM mandaron un mensaje fuerte a la organización ilegal con la Operación Vuelo de Ángel, en la medida en que demostraron que estaban preparadas militarmente para repeler cualquier ataque que se presentará en el territorio colombiano.

En conclusión,la Toma de Mitú fue un intento fracasado de la organización ilegal en la guerra de movi-mientos.Este intento fue un fracaso por la respuesta militar de las Fuerzas Armadas enmarcada en la Operación Vuelo de Ángel. Esta se configuró como un precedente militar para las Fuerzas Militares, so-bretodo para la Fuerza Áerea Colombiana. Esto porque el poder aéreo utilizado en la Operación, maximó las ventajas inteherenmtemente estratégicas. De esta forma, alteró asimetrias como el pie de fuerza de

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la organización guerrillera, la estrategia militar de crear un corredor estratégico,entre otros. Igualmente, permitió que las FFMM entendieran la importancia del poder aéreo como una herramienta militar y política para debilitar al enemigo. Después de la Operación Vuelo de Ángel, las Fuerzas Militares fueron más proactivas, porque lograron demostrar su capacidad militar para neutralizar a las organizaciónes ilegales. Esto se ve reflejado en la medida en que las FFMM lograron maximizar la ventaja del uso de aviones de ala rotatoria y ala fija,prueba de ello fue las acciones militares de la Fuerza Pública en las operaciones Gato Negro, y Siete de Agosto.

Conclusiones

Este trabajo se propusó analizar porque la operación Vuelo de Ángel fue uno de los puntos de inflexion del conflicto armado. Esto por el poder aéreo demostrado, que logró alterar las asimetrias de poder entre las FFMM y la organización ilegal.

En ese orden de ideas, siguiendo las premisas del conflicto armado colombiano se encontró que éste ha estado caracterizado por los enfrentamientos entre el Estado y grupos al margen de la ley. De esta manera,se presentaron puntos de inflexión históricos, como la violencia bipartidista del siglo XIX, el Bo-gotazo, la Operación Marquetalia, entre otros. Desde este momento, se empezaron a gestar problemas económicos, inestabilidad política, violencia, y exclusión política. En los años sesenta bajo el contexto de la Guerra Fría, y en donde las ideologías marxistas y leninistas estaban en furor, se crearon, grupos al margen de la ley,conocidos como las guerrillas de las FARC, ELN y el EPL. En ese sentido, la organiza-ción ilegal FARC se configura como un actor irregular, que bajo la tesis de la guerra popular prolongada y la combinación de todas las formas de lucha, empiezan a gestar ataques contra el Estado Colombiano.

Es asi, que durante los años noventa, se presentaron diferentes ataques militares por parte de las FARC, cambiando la dinámica de la violencia. En esa época, el Estado Colombiano tuvo problemas para mantener su monopolio legítimo de la violencia, ya que al tener que enfrentarse con grupos ilegales, estos cuestionaron esa capacidad estatal propia del Estado de Derecho. Igualmente, siguiendo los plan-teamientos estratégicos de la organización ilegal bajo la Séptima Conferencia y la Octava Conferencia, se estructuraron como grupo armado ilegal, con un modo de operar diferente, y en donde entienden la necesidad estratégica de controlar territorios. Así pues, en los años noventa, realizan diferentes golpes en el sur del país, como los ataques a Las Delicias, El Billar, Miraflores y Mitú. Estos ataques tienen un factor común, fueron enfrentamientos prolongados, con armamento pesado (artillería) y los objetivos militares son estratégicos. Además, en los noventa, la organización ilegal se encuentraban en la guerra de movimientos de la guerra popular prolongada, la cual les permitió agruparse y atacar unidades militares especializadas.

Ahora bien, uno de los resultados del análisis de la década de los años noventa, con los ataques a Las Delicias, el Billar, Miraflores y Mitú, se infiere que la guerrilla quería controlar esos territorios para crear y mantener un corredor de movilidad hacia las fronteras de Venezuela y Brasil. Esa linea estratégica que se traza uniendo los puntos, permite visualizar ese control de territorios. Igualmente, con la desmilita-rización y después el despeje de territorio en la zona de distensión, se evidencia que la organización ilegal mediante sus estrategias políticas, pretendía también obtener territorios, pero por vía política.

Otro resultado de la investigación demostró que cuando la organización ilegal lanza la Toma de Mitú, esta tenía un carácter estratégico de alto valor, ya que en primer lugar, es una capital de departamento en una zona estratégica. En segundo lugar, la guerrilla quería fortalecer su posición política en la mesa de negociación con el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y tercero al controlar un territorio, le

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demostrarían a la comunidad internacional su capacidad bélica, con el propósito de obtener el estatus de beligerancia. También, le querían demostrar al Estado y a las FFMM su capacidad militar y el control territorial. La organización ilegal estaba desgastando al Estado al propiciar ataques en todo el territorio colombiano, por ende al realizar la toma de Mitú mandaban un mensaje político (estamos en todo el territorio), a comparación del Estado en donde en muchos lugares,no habia presencia estatal.

Sin embargo, las FFMM en cabeza de la Fuerza Aérea Colombiana, lanzan la Operación Vuelo de Ángel, para retomar Mitú. Uno de los resultados más relevantes de la investigación radica en que esta Opera-ción fue clave para recuperar Mitú, ya que gracias a la utilización de los instrumentos aeroespaciales, las FFMM lograron alterar asimetrias de la organización ilegal, como el pie de fuerza, y otros calculos estratégicos. La Operación Vuelo de Ángel también logró cambiar la estrategia militar de la organización ilegal de pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, en la medida en que la guerrilla se dio cuenta que al estar agrupadas, quedan expuestas al poder áereo. Quizá por esta razón, se puede considerar que la O.V.A es uno de los puntos de inflexión en el Conflicto Armado Colombiano, porque al cambiar la estrategía militar de la organización ilegal, estas tuvieron que volver a la guerra de guerrillas para poder realizar ataques contra el Estado.Esta operación cambió las dinámicas del conflicto, obligan-do a la organización ilegal a realizar emboscadas y otras tácticas propias de guerra de guerrillas. Por estas razones, se puede considerar la operación Vuelo de Ángel, como un punto de inflexión que logró alterar la estrategia de la organización ilegal, asi como cambiar la balanza de poder entre las FFMM y la guerrilla, favoreciendo al Estado Colombiano. Después de Mitú, pese a que las FARC perdieron en términos militares, ganaron en términos políti-cos,dicho de otro modo, el ataque a Mitú, les permitió fortalecer su posición política en el proceso de paz con el Gobierno Pastrana y obligaron al Estado a sentarse a dialogar. Sin embargo, las FFMM con la O.V.A tuvieron muchas lecciones aprendidas y se dieron cuenta que la ventaja táctica y estrategica del poder aéreo, podía ser clave para ganar batallas. De esta forma, la Operación Vuelo de Ángel, se convirtío en un precedente histórico y militar que marcó el Conflicto Armado Colombiano. En ese orden de ideas, el poder aéreo se configuró como una herramienta militar para el Estado, para recuperar su monopolio legítimo de la violencia.

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La Historia

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La Historia

LOSANÁLISIS

SOCIO-JURÍDICOS

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Introducción

A lo largo de las últimas dos décadas en Colombia, el potencial del sector minero ha aumentado junto con la demanda creciente en el mercado internacional. Aun así, y como resultado de su desarrollo histórico, el establecimiento del sector minero no ha ido a la par de la tecnificación y legalización de sus métodos extractivos por lo que, actualmente, dicha actividad económica mantiene altos índices de informalidad. Adicionalmente, algunas ambigüedades de la estructura normativa dentro del Estado permite que la informalidad de dicha actividad termine financiando a los diferentes grupos al margen de la ley, erosione el control y la administración de los recursos del Estado, menoscabe la oferta ambiental, ponga en peligro la salud pública y se convierta en un foco de violencia (Procuraduría, 2011).

Estas situaciones, han generado un debate académico y político sobre la naturaleza criminal o ilegal de algunas prácticas mineras específicas; debate en el que se inserta este documento, partiendo de los principios de la sociología jurídica, la cual analiza los contextos socioculturales en los que se enmarcan los enunciados jurídicos (Carvajal, 2011).

Por lo anterior, el propósito del presente artículo es señalar cómo los altos índices de informalidad e ilegalidad del sector minero son producto de un desarrollo histórico específico basado en la pequeña y mediana minería en Colombia. Dicho desarrollo, al vincularse a partir de año 2000 con una demanda mercantil cada vez más creciente de metales e hidrocarburos, captó el interés de los grupos insurgen-tes locales que vieron, en la estructura social y ambiental de los departamentos y municipios auríferos del país, un terreno propicio para la consolidación de un mercado ilegal de metales. Por esta razón, el Estado y Fuerza Pública han iniciado una fuerte estrategia que busca la reducción de la producción y venta ilegal de metales, evitando que financien a los grupos al margen de la ley (Bannon & Collier, 2003).

El propósito último del documento, es desarrollar un ejercicio de memoria histórica, en el que se rea-lice una revisión rigurosa de un fenómeno como la minería, comprendiendo los trasfondos sociales y culturales detrás de esta práctica económica. Para ello, se realiza una reconstrucción de memoria representadas en fenómenos jurídicos, sociales y políticos entre el pasado, el presente y el futuro, ubicando hitos temporales que le dan significado, el propósito es hacer énfasis sobre la problemática que comporta la minería ilegal.

Debates socio-jurídicos al uso del término ‘minería criminal’

96 Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados, Especialista en penal / especialista en DDHH Y DIH, Abogada, / / autora e investigadora /directora de grupo Colciencias Análisis en Contexto. Oficial Fuerza Aérea en el grado de Teniente Coronel.

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Los Análisis Socio-Jurídicos

Previsiones acerca de la problemática de la minería ilegal

Hoy en día es frecuente leer artículos de prensa (El Tiempo, 2015), columnas de opinión, documentos académicos y ensayos sobre la problemática que afronta el Estado Colombiano y sus ciudadanos frente al fenómeno de minería ilegal, en algunos de ellos, recurriendo a un término que no contempla la legis-lación colombiana: “minería criminal”; por esta razón, es importante hacer un recorrido jurisprudencial, para constatar el tratamiento jurídico que el Estado colombiano ha hecho de este fenómeno, esclare-ciendo los marcos de análisis que de allí se desprenden.

La primera parte de la disertación pretende retomar la fundamentación que realiza la Corte Constitu-cional, cuando racionaliza el alcance de la minería ilegal con la sentencia T-095 de 2015, en la cual sentó que “la minería ilegal y la minería tradicional son un factor de la problemática que debe ser encauzado dentro de los márgenes legales para esta actividad”(Corte Constitucional, 2015), el primer asunto a considerar es el alcance que se le otorga a la actividad de grupos ilegales para desarrollar la explotación minera, en contextos que afectan el medio ambiente, el reconocimiento de derechos en cabeza de las personas, las tensiones entre las comunidades existentes dedicadas a la actividad minera y las empresas.

Examinar algunas jurisprudencias de la Corte Constitucional, y efectuar un acercamiento y citación tan solo de ejemplo, se dará con el fin de ambientar la posición que ha enriquecido el tema de la minería ilegal, sin que implique desentrañar todos los pronunciamientos.

En definitiva, lo propuesto es poder exponer la validez que refleja la visión que ha obtenido la Corte Constitucional en examinar de acuerdo a estándares internacionales y la relación general de conser-vación y protección del ambiente. Entendiendo que todas las formas mineras deben realizarse en el estricto marco que la ley establece, pero sin que ello signifique su consideración como una actividad criminal ( Corte Constitucional, 2002).

A medida que se ha avanzado en el tema de minería, la Corte Constitucional ha construido jurispruden-cia sobre minería ilegal puntualmente a partir del año 2015,97 en el que circunscribe la política comu-nitaria, la relación con el título minero, y la Política Andina de lucha contra la minería ilegal, tomándose para esta artículo los abordajes en temas de minería que se han producido desde el año 2002.98

Por todo ello, queda claro en los pronunciamientos dados por la Corte Constitucional, que en el país es inoperante el concepto de minería criminal, llama la atención que Colombia ha contado con un desa-rrollo normativo fuerte en el tema de la protección a los recursos naturales y el ordenamiento que se ha dado a través de legislación propia para afrontar todo el tema minero.

Bajo esta consideración, se plantean ciertas inquietudes. ¿Cuál es en realidad la denominación que debe plantearse para denominar el fenómeno que se afronta sobre la minería ilegal o si esta se debe denominarse criminal?

97 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias, T-095/15, C-412/15.98 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias C-339/02, C-891/02, C-891/02, C-339/02, C-251/03, C-443/09, C-983/10, C-273/11, T-447/12, C-331/12, T-858/13, T-404/14, C-123/14.

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Pues bien, como lo establece la Corte Constitucional de la siguiente manera:

“La explotación minera en Colombia ha generado la proliferación de grupos ilegales que no cuentan con la infraestructura para desarrollar esta actividad en forma ecológica. Asimismo, se han producido serios conflictos en el reconocimiento de derechos en cabeza de comunidades que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad en forma continua e ininterrumpida, toda vez que la llegada de industrias mineras a las zonas de explotación tradicional se ha realizado, en muchas ocasiones, sin el cumpli-miento de los requisitos legales para el reconocimiento de derechos en cabeza de estas personas. De esta forma, es posible identificar que dicho contexto significa que la minería ilegal y la minería tradicional son un factor de la problemática que debe ser encauzado dentro de los márgenes legales para esta actividad. Es así como, una respuesta legal a las tensiones existentes entre las comunidades tradicionalmente dedicadas a las actividades mineras y las grandes empresas son las figuras que a continuación se expondrán” (Corte Constitucional, 2015).

De momento cabe indicar, que senda sentencia no realiza ningún tipo de alusión a lo que puede ser la denominación minería criminal, por el contrario se refiere es a la minería ilegal como concepto.

En este sentido, en los términos fijados por la ley y la jurisprudencia, en desarrollo doctrinario la inter-pretación que debe darse sobre la explotación minera en Colombia y la proliferación de grupos ilegales, es dar la denominación que actualmente tiene contemplada la Corte Constitucional, que es el fenómeno de la minería ilegal, en consonanciaal principio de tipicidad.99

Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” (2014)no se prevén disposiciones relacionadas con el régimen sancionatorio en las actividades de minería ilegal, y sobre las sanciones que pueden ser originadas por la actividad minera ilegal, se considera que efectivamente se pretende proteger el medio ambiente, el sector económico y de seguridad. Con tres regímenes sancio-natorios que por si no son excluyentes (Corte Constitucional, 2015b)

La tradición minera en Colombia

Hecha la anterior revisión jurídica, es necesario precisar la importancia que tiene la minería en la cultura económica de varias regiones del país; la cual se remonta en Colombia al uso ritual y cultural que las comunidades indígenas prehispánicas establecieron con los metales y con el barro; sin embargo, fue a partir de la configuración de una sociedad colonial que la extracción minera se perfiló como una de las actividades económicas más importantes en el territorio nacional. (Suescún, 1971; Betancur, 2007).

Subsisten en la tradición minera distintas técnicas de extracción, dentro de la minería de aluvión, la técnica utilizada fue la llamada, coloquialmente, de “barequeo” o “mazamorreo”. Esta técnica empleaba herramientas manuales como la batea, el pico y la pala en donde se empleaba la fuerza de trabajo humano para hacer el lavado del metal en las corrientes de agua y sacar así, pequeñas cantidades del

99 Ibíd., p. 3 Principio de tipicidad Alcance .El principio de tipicidad como desarrollo del de legalidad hace referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su transgresión. Conviene precisar que si bien es cierto que en materia sancionatoria la ley puede hacer remisiones a los reglamentos, -con el fin de complementar el tipo allí descrito-, también lo es que la remisión se encuentra limitada al núcleo esencial de lo que se ha estipulado en la ley. De allí que la tipificación para la descripción de la conducta y la sanción, corresponde por mandato constitucional al legislador, mientras que la aplicación de la misma para subsumir el hecho antijurídico al tipo descrito, corresponde a la administración.

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metal buscado, principalmente oro, platino o plata (Betancur, 2007). Para 1720, el empleo de mercurio para separar el oro libre de los demás minerales comenzó a ser utilizado en Popayán y se diseminó a lo largo de la región antioqueña y nariñense (Hernández y Espinosa, 1991). Entonces, debido a que dicha actividad era realizada por esclavos, las condiciones de trabajo eran difíciles y de carácter rudimentario. No obstante, la minería de aluvión se mantuvo a lo largo del período colonial como la técnica más popular, se contrapuso luego a las medianas compañías mineras establecidas a finales del siglo XVIII y buscó competir con las grandes firmas mineras nacionales y extranjeras consolidadas a finales del siglo XIX (West, 1972).

No obstante, aun cuando para el período de tiempo comprendido entre 1536-1810 la exportación de productos minerales colombianos produjo un ingreso total de 400 millones de pesos, la falta de una estructura organizada y tecnificada del sector minero afectó su producción. Posteriormente, la precariedad del sector minero la haría suceptible al contrabando y la evasión de los impuestos reales (Montoya, 2013).

A grandes rasgos, y debido a la lucha por la independencia y las posteriores guerras civiles que se dieron en el territorio, la forma de extracción de metales, especialmente del oro y la plata, mantuvo los mismos métodos artesanales y sólo empezó a tecnificarse bien entrado el siglo XIX. Esto se debió, por un lado, a la relevancia que adquirió para la recién creada República, los tratados sobre mineralogía y estudios geológicos escritos por renombrados científicos locales y extranjeros como Humboldt, Bousin-gault, D’ Elhuyar, Celestino Mutis, Llerras Codazzi, Vicente Restrepo, Uricoechea, Pedro Nisser, De Greiff, Tyrell Moore, entre otros (Hernández y Espinosa, 1991).

La historia del sector minero, muestra una tendencia hacia la irregularidad, y la producción al margen de la regulación estatal, fenómeno que debe ser concebido en el marco del concepto de lo “ilegal”. Pero no reporta antecedentes históricos para poder señalar una tradición criminal detrás de esta práctica económica.

Tensiones y convergencias entre la minería industrial y la tradicional

La industrialización de las técnicas y las tecnologías en la producción minera que se llevó a cabo a finales del XIX y a lo largo del siglo XX, instauró una pugna territorial entre la minería tradicional de herencia colonial y la nueva minería industrializada y de gran escala. El foco de dicha pugna se con-centró primero en el departamento de Antioquia dentro del cual, la concentración de capital nacional y extranjero tuvo como resultado el refinamiento de la minería de vetas, la introducción del sistema de cianuración, la fundición y la amalgamación de oro, la creación del “molino antioqueño”, el estableci-miento de laboratorios químicos mineralógicos y metalúrgicos y la construcción de redes ferroviarias (Betancur, 2010). En este sentido, la rápida industrialización de la producción minera en Antioquia y el interés cada vez más fuerte de las firmas extranjeras en Colombia, terminó ampliando las fronteras de explotación aurífera en Colombia para incluir a varias regiones, tales como el bajo Cauca, Chocó, Guajira y Boyacá (Botero, 2007).

Como resultado, se instauraron las primeras compañías, escuelas y asociaciones del sector minero en el país, tales como la Compañía Minera de Antioquia (1884), la Escuela de Minas de Medellín (1908) y la Asociación Colombiana de Mineros (Poveda,2012).Adicionalmente, el Código de Minas de Antio-quia, ratificado inicialmente para impulsar la minería de vetas que en Estados Unidos y Europa era la tendencia minera, se terminó convirtiendo en el Código de Minas del país por medio de la Ley 38 de 1887 (Calle, 1932).

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Esta llegada de la minería de gran escala, generó problemas medioambientales no previstos en la legislación, y ocupó los territorios que explotaban de forma tradicional los pequeños mineros; lo cual se tradujo en conflictos y confrontaciones contra las grandes compañías mineras.

La profunda diferencia tecnológica y profesional entre la minería pequeña y artesanal y la minería in-dustrializada y moderna, que se dio en Colombia a finales del XIX y principios del XX, terminó definiendo dos tipos distintos de actividad minera. Por un lado, se encontró un grupo reducido de grandes firmas mineras, en centros cada vez más urbanos, que agruparon sus esfuerzos en la minería de beta, en profundizar el conocimiento geológico de dichas zonas auríferas, la actualización de los títulos mineros y el pago de regalías (Contraloría, 2013). Por el otro, y debido a la precariedad del desarrollo económico y educativo de las zonas auríferas rurales, se perfiló un grupo cada vez más grande de mineros cuya actividad, al verse como un modo de subsistencia, se apegó a la minería colonial de aluvión estos man-tuvieron el uso de una técnica poco sofisticada y con mano de obra no calificada cuyos métodos ya se habían ratificado como peligrosos para su salud y los recursos ambientales, como por ejemplo, el uso de mercurio (Procuraduría, 2011).

Entonces, ante la necesidad de implementar políticas más efectivas para la profesionalización del ám-bito minero, los gobiernos de Lleras Restrepo, Pastrana, López Michelsen y Turbay buscaron no sólo reformar el Código de Minas de 1887 sino que también expidieron (a lo largo de 1967 a 1979) la Ley 60 de 1967, la ley 20 de 1969, el Decreto 1257 de 1970, el Decreto 2310 de 1974 y la Ley 61 de 1979. Estas reformas legislativas, vistas por medio de una perspectiva histórica, demostraron el es-fuerzo de un Estado por fomentar el desarrollo de la industria metalúrgica y aumentar la producción de los artículos mineros para la exportación y la importación. Aun así, la promoción del desarrollo social y económico de las regiones mineras no fue a la par con los esfuerzos estatales por instaurar una industria metalúrgica. Por esta razón, la débil estructura social, económica, educativa y de relaciones de poder en la gran mayoría de zonas mineras de Colombia las perfiló como territorios en los cuales variados grupos al margen de la ley erigirían, posteriormente, un mercado amplio de minería ilegal (Vergara, 2005; Giraldo y Muñoz, 2012).

Las regiones en las que confluyeron estas formas de economía minera irregular con grupos armados al margen de la ley, vieron como los segundos aprovechaban los crecientes recursos proveniente de esta actividad; sin embargo, la tradición minera es previa a la existencia de estos, y sus dividendos no se centraron exclusivamente en financiar a estos grupos, al contrario, vastos sectores sociales en condi-ción de pobreza extrema, basaron su economía en esta actividad, lo cual justifica porque en el terreno jurídico y académico no se usa formalmente el término de “minería criminal”, cuando en realidad lo que se quiere señalar es que una práctica económica tradicional, está siendo instrumentalizada por organizaciones de crimen organizado para financiar sus estructuras armadas.

Vinculación minera con organizaciones criminales

A principios de los ochentas, el financiamiento de los actores armados estaba primordialmente enfo-cado en la producción y el tráfico de drogas y, por ello, la minería todavía no captaba la atención de los grupos al margen de la ley como una actividad económica rentable (Vergara, 2005). Sin embargo, los grandes esfuerzos estatales por incrementar la seguridad y perfeccionar las políticas anti-drogas, tales como el Plan Colombia, y el fortalecimiento de la Fuerza Púbica, llevaron a estas organizaciones buscaran nuevas formas de financiar sus actividades ilegales (Mejía, 2012).

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No es la primera vez que un grupo al margen de la ley utiliza los recursos naturales como forma de financiar un conflicto armado. De hecho, como bien se ha visto en los casos de conflicto interno en la República del Congo y Sierra Leone: la venta de café, coltán, cobre y, especialmente, diamantes, han sido utilizados para conseguir entradas económicas y prolongar el conflicto contra el Estado. Principal-mente por dos razones:

“La extracción de recursos naturales produce una cantidad inusitada de ganancias (esto es, rentas) y su producción está atada a una ubicación en específico que no se puede mover fácilmente (…) las firmas mineras no se pueden mover y constantemente producen una cantidad generosa de dinero capaz de mantener una ganancia a parte del pago que se le debe dar a los grupos armados. Estas características se suman a que la mayoría de dichas industrias se ubican en las áreas rurales, apartadas de los centros gubernamentales, lo que hace a estos lugares un recurso ideal de renta para los grupos rebeldes” (Bannon y Collier, 2003, p. 31).

Ahora bien, este giro del cultivo ilícito a la minería ilegal como forma de financiación guerrillera o para-militar no hubiera sido posible si la crisis financiera mundial del 2008 no haya producido una demanda indiscriminada por la explotación de oro y algunos hidrocarburos. Según el antropólogo social Otto Vergara (2005), aunque la relación entre zonas auríferas y financiación de grupos armados ya había sido establecida en los años noventa, los indicadores de criminalidad y violencia empezaron a subir considerablemente una vez que los grupos al margen de la ley decidieran apropiarse de los enclaves y poblaciones mineras de Antioquia, Caldas, Bolívar, Córdoba, Chocó, Nariño, Cauca, Santander, Tolima y el Valle. Desde entonces, diversos estudios han ratificado que las tasas de homicidios y el número de víctimas de masacres perpetradas por grupos al margen de la ley han aumentado junto con el precio del oro a nivel internacional y el número de minas ilegales en el territorio colombiano. De esta manera, los metales en Colombia han pasado a ser considerados como una “mercancía de conflicto” (Mejía y Tribin, 2013).

Actualmente existen veintiún departamentos afectados por la explotación ilegal de minerales, prin-cipalmente el oro, el carbón, el coltán y materiales de construcción: “Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá” (El Tiempo, 3 de Mayo, 2015). Entre estos, los departamentos que tienen el mayor porcentaje de minerías ilegales son de: “Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle del Cauca (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%)” (Martínez, y Aguilar, 2012, p.30).

Asimismo, se estima que de las 10.384 minas que existen en el país, el 65% de éstas son ilegales, especialmente aquellas que están dedicadas a la explotación aurífera y de arenas en Colombia. Debido a la magnitud que ha alcanzado el problema de la explotación ilegal de minerales, con una cuota anual que se estima es de 7 billones de pesos, el Presidente Juan Manuel Santos se ha referido a ella como “Minería ilegal” y ha previsto que las Fuerza Pública refuercen los operativos militares destinados a monitorear, rastrear y neutralizar las zonas de explotación ilícita de minerales (El Tiempo, 2015).

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Control de la minería ilegal por la Fuerza Pública

Desde que el fenómeno de la minería ilegal empezó a crecer, el Estado, conjuntamente con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han realizado importantes avances con respecto a la intervención, captura de agentes ilegales e incautación de la maquinaria pesada con la cual se realiza la extracción de metales. Tal y como lo demuestra el informe de Logros de la política integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (Ministerio de Defensa, 2015), en los últimos nueve años se han dado variados operativos, con la sinergia de toda la Fuerza Pública, para frenar y contrarrestar el uso inadecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, entre estos, la explotación ilícita de yacimientos mineros. Entonces si bien de Agosto del 2006 a Diciembre del 2009 se incautaron dos móviles de maquinaria pesada y 1.214 capturas por minería ilegal, entre Agosto del 2010 a Diciembre del 2013 se incautaron 596 móviles de maquinaria pesada y 4.914 arrestos por el mismo delito (Policy Brief, 2014, 10). Los datos más actualizados, registrados por el Ministerio de Defensa, sobre la intervención de la Fuerza Pú-blica en la minería ilegal, datan del 30 de Junio del 2015 y demuestran el compromiso de la institución en limitar la financiación de los grupos al margen de la ley.

Tomando en cuenta la Tabla 1 es posible determinar que según el volumen de minas intervenidas, minas suspendidas y capturas, en el país se realizan diariamente alrededor de tres a cuatro operacio-nes conjuntas en contra de la explotación ilícita de yacimiento mineros (Semana, 2015). Este volumen diario de operaciones revela la magnitud del fenómeno que ha tenido la minería ilegal en los últimos años pero también retrata las dificultades que ha tenido la Fuerza Pública para poder contrarrestar tan preocupante fenómeno.

Tabla 1. Cantidad de Minas intervenidas, suspendidas y capturas (2010-2015)

Detalle años 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minas Intervenidas 108 338 589 599 655 1.321

Minas Suspendidas 16 285 330 449 279 0

Capturas 389 1.272 1.861 1.379 1.757 1.526

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, corte a Junio 30 del 2015 (Elaborado por DICOP, 2015).

Tal y como lo revelan la sección de prensa de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Combate No.3, en los últimos años se han desplazado unidades de tierra, aire, mar y rio de las Fuerzas, junto con la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal de la Policía, para poder destruir tanto la maquinaria pesada como capturar a los responsables de llevar a cabo las explotaciones ilícitas de minería en el Noroccidente y el Pacífico Colombiano (CACOM No. 3, 2015; Fuerza Aérea Colombiana, 2015). Todas estas operaciones se han realizado en el marco de la normatividad vigente y con una filosofía clara; hay que contrarrestar los vínculos ilegales entre minería y grupos de crimen organizado, sin que ello signifique la afectación a las comunidades que viven de esta actividad; se ha propendido por normalizar el negocio, sin criminalizar a la gran cantidad de familias que viven y dependen de esta actividad.

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Conclusiones

La revisión de jurisprudencia realizada, en conjunto con el análisis histórico y cultural de la minería en Colombia, permite señalar con claridad que no existe una jurisprudencia que tipifique como criminal a alguna forma de minería; esto debido a que se saldría de los marcos jurídicos internacionales y a que significaría tipificar como criminales a una serie de actores sociales que subsisten gracias a la minería, y que lo hacen de forma “ilegal” por la imposibilidad técnica y económica para obtener un título minero.Esta consideración jurídica es fundamental, porque establece que la Fuerza Pública debe velar por erradicar las formas de explotación minera que amenazan al medio ambiente, los puntos de conexión entre minería y crimen organizado y cualquier forma de afectación a la sociedad que provenga de esta minería ilegal, pero sin criminalizar y atacar a la población civil que se ve obligada a estar en estas zonas, y que por el contexto socioeconómico de estas regiones debe vivir de esta economía ilegal.

El reto que tiene el país por delante está en regularizar las formas de extracción minera, vinculando de forma efectiva a la población civil, garantizándole ingresos y entradas fijas, con las que se promueva una cultura de la legalidad, con la que se pueda subsistir y actuar acorde con lo establecido por la ley.

La explotación artesanal de yacimientos mineros o la pequeña minería han estado asociadas históri-camente al fenómeno del sub-empleo y la ausencia de una regulación y presencia efectiva del Estado. Esto ha permitido que los grupos al margen de la ley, se apropien de estos territorios y coopten la pro-ducción minera en pro de sus actividades criminales. Lo cual ha llevado a que varios analistas señalen la necesidad de generar una atención social y política integral en dichas zonas para reducir la presencia de estas organizaciones.

De este modo, para el Estado se hace necesario apoyar la protección al ambiente y la vigilancia de los corredores de tráfico de recursos mineros, que actualmente realiza la Fuerza Pública, por medio de una legislación que reconozca el vínculo entre la minería ilegal y los grupos armados al margen de la ley (Policy Brief, 2014). Si bien el presidente Juan Manuel Santos afirmó la existencia de un proyecto de ley que se presentará ante el Congreso y cuyo objetivo es sancionar la explotación minera ilegal y res-tringir el uso de insumos tóxicos (mercurio y cianuro), también es ineludible demarcar más claramente las diferencias, deberes y labores de los diferentes tipos de explotación minera en el país. (Semana, 2012). Todo lo anterior, sumado a una adjudicación más rigurosa de restricciones comerciales de dichos productos y la cooperación internacional para impedir el tráfico de metales, impedirá que la pequeña minería en Colombia se mantenga como una “mercancía de conflicto”.

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Illegal and criminal miningin Colombia, new alternatives inthe face of trans-border issues


The development of both criminal and illegal mining101 have been a frequent phenomenon in deve-loping states whipped by conflict dynamics, in those scenarios illicit armed actors have monopolized illegal economic instruments which are aimed at strengthening its military and financial apparatus. Such commodities extracted from conflict zones have generated powerful engines of internal violence and warfare, being lawfully termed by civil society, mass media, governments, and multilateral platforms as conflict resources102. Colombia does not escape to this trend and, it promises to perpetuate long after a peace agreement is reached if accurate measures in both local and international realms are not coordinated to attend this issue, given its trans-border ramifications and consequences. In this sense, it is accurate to wonder: are there any international binding elements for compelling states and that might be useful to Colombia, to coordinate common actions against either illegal or criminal mining? Certainly, the international system have built a series of agreements with respect of global issues whose spill-over effects103 impact more than one state or regional system, making necessary collaborative endeavours. In the case of Colombia and mining exploitation (either legal or illegal), the country has been practicing different forms of actions rooted in the international environmental regime and regional platforms but, without forgetting that sovereign control is the rule of thumb rather than the exception in global mining activities. This situation has brought civil society to complement governmental structures, in terms of compliance and monitoring systems, which might be red as a public-private initiative that takes traditio-nal and non-traditional104 actors of the international system to the table. This sort of approach towards illegal and criminal mining is worth studying in the case of Colombia, since its long internal struggle has shown the mutation of different illegal industries around conflict resources, with a consequent policy respond, however, not as fast as the evolution pace of the problem. Therefore, it is important to evaluate

100 MSc in Theory and History of International Relations, London School of Economics and Political Science. Especialista en Política y Contexto-Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto-JURDH-Fuerza Aérea Colombiana. Mail: [email protected] / [email protected] Illegal mining refers to any mining activity which is developed without taking into account regulating norms and permissions established by the state, in regard to the conditions under which it can be extracted non-renewable resources (Procuraduría General de la Nación, 2011, pp. 6-7). While criminal mining, it refers to the process of gaining revenues from mining by armed illegal groups (Pardo , 2013). Equally, other studies have characterized criminal mining as one linked with either illegal groups or aimed at financing illicit activities (Goñi Pacchioni, Sabogal Moreno, & Asmat, 2014)102 Conflict resources “are natural resources whose systematic exploitation and trade in a context of conflict contribute to, benefit from or result in the commission of serious violations of human rights, violations of international humanitarian law or violations amounting to crimes under international law” (Global Policy Forum, 2016)103 Spill-over effect refers to any kind of externality whose repercussions impact several actors similarly to a contagion effect. Equally, it is understood the existence of such dynamic in terms of consequences of a phenomenon whose implications are distributed indifferently in a system (Dreyfus, 2002

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such challenge under a three dimension scope: Firstly, global efforts to mitigate the problem based on the international system, secondly, civil society complementary actions to support them and, finally, Colombian foreign policy articulation to such initiatives.

International efforts to address illegal and criminal mining: is there any room for this trouble in the global environmental regime?

The development of sovereign alternatives to attack conflict resources issues has been highly contro-versial due to its limited scope in terms of supranational cooperation. Certain international agreements which do not reach treaty binding105 levels have been drafted to protect environment from human activities and degradation; however, national interests over strategic assets have received more impor-tance when coordination in environmental topics is at stake; such situation has been a rule of thumb in environmental policies of developed states. In comparison, non-binding rules are more commonly applied to developing states, which have been aimed at regulating industrial pollution, impacts over both air and water quality related to human activities, soil erosion, and issues derived from exploitation of natural resources (Raghbendra & Whalley, 2001). This situation has prompted differentiated bodies of regulations among countries, making more difficult either bilateral or regional coordination against transnational crime rooted on natural resources exploitation.

Several mechanisms product of debates among both traditional and non-traditional actors in the in-ternational system have been building efforts to reduce environmental degradation; however, it seems that factors such as economic evolution and its negative environmental effects overcome the phase to which the problem can be faced. According to the United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme, 2005) there are about 272 agreements related to both climate and environmental subjects, being the most important ones those which are directed to rule climate chan-ge106. Nevertheless, it is accurate to mention that even the great number of issues dealt by international normative bodies, mining exploitation do not appear to be under scrutiny by international actors; the only mention about mineral extraction is in regard to sea bed mineral resources107, and on the regulation of Antarctic mineral resources activities108.

In this sense, sovereign interests have kept mining activities under local regulations; thus, setting more flexible industrial operations without any concern of local interests and governmental institutions, which might be pressed at the same time by corruption and self-interested behaviour of either political or eco-nomic elites and, in some cases, warlords. Such variables are greatly relevant for the level of profits earn by multinational companies, since all mining activities from exploration, exploitation, business benefits, to land and social rehabilitation are under governmental jurisdiction and states’ law, which directly intervenes over production standards, law compliance and monitoring (Walde, 1993).

104 Actor “can be an individual but also a group, an organization or a collective entity such as the state, as long as such entities can be said to have agency” (Smith, Hadfield, & Dunne, 2008). In regard to this study, traditional actors refer to any entity subject of international law, such sates and multilateral organizations. While non-traditional actors refer to non-state actors which are not subject of international law, but it has the power of influencing debates and policies in the international system.105 Either conventions or treaties generates international binding agreements depending on the rights and duties agreed (UNICEF, s.f.). However, such international legal elements might not generate obligations, leaving all duties and regulations implemented on the will of governments and their interests. This kind of trend has been endemic in environmental global issues.106 In this regard, the Paris Agreement of 2015 has created “the first-ever universal, legally binding global climate deal” (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Such effort was preceded by the Kyoto Protocol of 1997, answering to the prospective challenges emanated by climate change over human life, economy, social and political realms.

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This manner of understanding mineral exploitation as competency of local governments was agreed in the UN Stockholm Conference on Human Environment of 1972, in which is written that any state accor-ding to the UN charter and the principles of international law, it has the sovereign right of exploiting its own natural resources being regulated by local policies but, with the responsibility that those activities do not harm either the environment of other states or derivate in trans-border consequences (United Nations, 1972, p. 5).

Another argument is emphasized by Pring (s.f.), who sustains that sovereignty of states is no more an absolute rule, given the international limits that have been encompassed towards protecting global public goods109, which is defined through three scopes: firstly, states are responsible for preventing trans-border environmental damage over other states, secondly, compliance and monitoring of envi-ronmental treaties and, finally, fulfilment of emerging principles of sustainable development. This trend finds a complement in civil society efforts and its role as watchdogs of both governments and private entities; being epitomized in Non-Governmental Organizations (NGOs) such as Green Peace, World Wide Fund for Nature (WWF), OXFAM and others. For Andresen and Gulbrandsen (2003, p. 3), NGOs can exert pressure over compliance of international environmental agreements by pursuing an outsider strategy, that places pressure “on negotiators, governments and target groups through campaigning, letters of protest, rallying, direct actions, boycotts and even civil disobedience”.

At the same time, public-private initiatives have found in academic spheres a powerful ally in terms of creating international debate, about the consequences of environmental degradation. The Bruntland commission of 1987 is one of those examples of such initiatives, since it was sponsored by the United Nations World Commission on Environment and Developing. The document called “Our Common Futu-re” emphasized the importance of sustainable development connected with all state’s spheres (politic, economic, and social), which gained international currency to the point of serving as base for the 1992 Rio Earth Summit110 (Pring, s.f.). In this same manner, by 2006 was released “The Stern Review on the Economics of Climate Change”, study that was entrusted to economist Nicholas Stern and financed by the HM Treasury of the British Government. The results of this comprehensive analysis show that “climate change could have very serious impacts on growth and development” but, even more on “the poorest countries and populations” (Stern, 2006, p. vi). In conclusion, it is possible to state that these academic initiatives rooted in public-private endeavours, epitomize the increasing concern of different sectors of the international system, pushing environmental topics in core multilateral platforms and influential civil society spheres.

Nevertheless, even though of being robust the dialogue about environmental protection and its mul-tivariate topics, conflict resources have not been properly addressed in either binding or non-binding agreements in line with the environmental regime. This might be due to the great interest raised over

109 According to Morrisey et. al. (s.f), global public goods or public commons are those which “once provided, the same quantity is available for ‘consumption’ by all individuals within the spatial range and this quantity is the total”. The development of public goods brings three types of benefits: “risk reduction, enhancing capacity, and direct provision of utility” (Morrisey, Willem te Velde, & Hewitt, s.f). Finally, global public goods are classified into five categories: environment, health, knowledge, security, and governance (Morrisey, Willem te Velde, & Hewitt, s.f). Certainly, this concept also emanates from an economic conception adjusted to international relations; in this sense, the World Bank (2016) argues that global public goods “are both ‘non-rival’ (you or I or both of us can consume the good without affecting the utility either of us derive from its consumption) and ‘non-excludable’ (once the good is produced, no one can be prevented from enjoying it)”; in regard to its international nature, it says that they have ‘spatial dimension’ and include only “those issues that are trans-border in nature”, which is classified in five areas, in contrast to Morrisey et. al., these include: environmental commons, communicable diseases, international trade, international financial architecture, and global knowledge for development (World Bank, 2016).

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climate change and its evident consequences in both developed and developing states, while mining im-pacts (either legal or illegal mining) are just felt by poor communities in isolated places miles away from urban centres. This pattern shows the necessity of redirecting the overwhelming attention over climate change issues, by acknowledging that mining carry out by criminal actors is as harmful as it is climate change and, it has violent ramifications that impact human rights and security of local communities. Such effort need to place civil society and media spotlights on all derivative effects of criminal mining, in order to motivate social awareness and political will, both national and international, being directed at coordinating efforts against such an important problem from an holistic approach, that should include traditional and non-traditional actors from the international system.

Certainly, apart from the always related financial links of conflict resources as fund for armed actors (Collier, 2006); there are social and economic sequels that outweigh any advantage (if there is any) of illegal mining industry for communities, making them prone to “land degradation, deforestation, water pollution, air pollution and noise pollution. Other effects are [the] decrease in the output of farm product, high rate of teenage pregnancy and prostitution, school dropout and absenteeism” (Samuel, Oladejo, & Adetunde, 2012). In Colombia those effects do not escape from the internal struggle dynamic and, they promise to continue long after the political conflict with the guerrillas ended up in the country. It is in this frame of understanding that certain transnational measures need to be taken with the purpose of coping with conflict resources, calling to participate all sectors of society and the international system, hence, widening the scope of action of the global environmental regime.

Complementary efforts: traditional and non-traditional actors as part of a comprehensive strategy

The role of non-traditional actors in the international system has been increasingly important since the end of the Cold War, influencing global debates with repercussions in multilateral platforms and both, international and national policies. It is important to state that conflict resources do not escape to this tendency and, civil society have designed complementary models of industrial standards based on social responsibility and environmental sustainability, which have integrated communities to legal production chains stopping marginalisation and lack of inclusiveness in local extractive economies. Implementing such factors to regular normative bodies and processes, might help to generate good practices to formalise small-scale and artisanal mining activities.

Some of those projects have answered to diverse perceptions from governments, multilateral organi-sations, industries, and civil society. Those endeavours have integrated global concerns on sustainable development with consequences on regulatory local bodies. Namely, the Berlin principles (1991 and 2002), the International Conference on Development, Mining and Environment (1994), and the con-temporary ‘fairmined gold standard’ can be counted as the main initiatives emanated from a joint effort between traditional and non-traditional actors.

By 1991 and 2002, the UN along with panoply of civil society organisations, governments, industrial societies, and the German Foundation for the International Development summited in Berlin, to discuss

110 This Summit gave birth to “The Rio Declaration on Environment and Development” in 1992, providing that “States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage” (United Nations, 1992, p. 3). Equally, the declaration advises to create an environmental impact assessment that “shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority” (United Nations, 1992, p. 4)

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mining standards to be applied as guides for states regulative agents in developing countries, commu-nities and all interested in influencing industrial mining practices (Rojas, 2009, p. 31). The principles agreed that mining can be a “potential source of wealth in developing countries” but, if it is managed inappropriately, it can be a “major source of degradation to the physical and social environment” (United Nations, 2002, p. 1). This appreciation that emerged from a multilateral debate between traditional and non-traditional actors of the international system, it helped to recognise the “linkages between ecology, socio-cultural conditions and human health and safety” (United Nations, 2002, p. 2), as well as the necessity of developing globally the concept of sustainable mining111 as the bottom rock element for ruling this economic activity111.

Although international commitment towards developing economic activities under sustainable standards have raised global attention, many global initiatives are not susceptible to be applied to mining whe-ther is captured by illegal groups. In this sense, there is a lack of policy prescriptions that go beyond criminalisation of small-scale and artisanal miners which, unquestionably, it needs to be addressed by generating incentives to formalise such activities in order to erode both, financial and human capital that might be prone to be captured by conflict resource dynamics. Under this context has emerged the ‘fairmined’ gold standard that tries to breed ethical global practices of gold exploitation, generating a network of partners compromised with responsible practices at both sides of the offer and demand.

The ‘fairmined’ standard has been created by the “Alliance for Responsible Mining” (ARM), which is a novel international civil society organisation established in 2004, that aims to enhancing equity and wellbeing in artisanal and small-scale mining communities (Alliance for Responsible Mining, 2014). The fair trade model advocated by ARM is a non-traditional endeavour that “directly raises awareness of consumers and campaigns for changes in the rules and practices of conventional international trade”, in regard to dealing with conflict free resources, community development, environmental sustainability, labour rights, and social development (Alliance for Responsible Mining, 2010). Certainly, this effort need to be articulated to traditional standards issued by governmental entities, in order to generate market incentives to formalise small-scale and artisanal miners, while displacing illegal armed actors from capturing conflict resources’ revenues.

In this sense, apart from the social112 advantages propelled by ARM, the political compromise generated towards coping with conflict resources dynamics through a model of traceability via certification is a positive effort, which might ameliorate security conditions in places where state’s structures are weak. At the same time, in the demand side all good practices (linked with communitarian and responsible exploitation) are recognised as fair policies that imply additional production costs that are transferred to final consumers113. All this incentives of traceability are rooted in the “OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas” (2013), document drafted by the ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD). In this study are set a series of protocols to ensure that companies abide to ”respect human rights and do not contribute

111 The concept of sustainable mining developed in the Berlin Guides contains four elements: “(a) the carrying capacity of the impac-ted environment is not exceeded (e.g. the capacity of the receiving environment to attenuate contaminants is not breached), (b) the operation does not reduce the capacity of the biosphere’s environmental functions to support human economic activities, (c) the area of land functionally required to support a community is not increased and (d) the operation makes efficient use of materials and energy in order to reduce economic costs and environmental impacts “ (United Nations, 2002).112 However, although it was a global effort that brought to the table both, traditional and non-traditional actors of the international system, the participants were clear that “each country must decide itself how to construct and implement its own regulatory fra-mework” (United Nations, 2002).

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to conflict”, since it might generate either external impacts such as harm to people, or internal impacts such as reputational damage or legal liabilities (Organisation for Economic Co-operation and Develop-ment, 2013).

Equally important are all those international good practices to which the ‘fairmined’ standard is compro-mised, being the most important ones the “Millennium development Goals” (2000), the “Johannesburg Declaration on Sustainable Development” (2002), the “Universal Declaration of Human Rights” (1948), and the “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (1976) (Alliance for Responsi-ble Mining, 2014). It is important to state that evaluating the level of compliance with all those practices, it requires great experience, organisational capability, expertise, and reputation, otherwise it would not be credible the certification as well as the incentives scheme114.

Currently, ARM is present in Latin America in four countries, Bolivia, Colombia, Peru, and Ecuador. In the world, it became well known the ‘fairmined’ certification after the Peace Nobel Prize was awarded in 2015 to the Tunisian National Dialogue Quartet, given that the medal received by the winners was made out of ethical Colombian gold from the province of Iquíra, Huila (Malo, 2015). It can be said that this event brought all international spotlights over ethical gold standard thanks to its symbolic link with the Peace Nobel Prize; such factor might help to influence public policy and political will from governing elites in developing countries towards implementing the ‘fairmined’ certification, being a complementary path to cope with the problem of conflict resources.

Something similar happened to diamonds exploited in Sierra Leone, better known as blood diamonds given its connotation as financial means for rebel groups in the civil war. In order to tackle this issue, it was developed the ‘Kimberley Process’ (KP) as “a joint government, industry and civil society initiative to stem the flow of conflict diamonds – rough diamonds used by rebel movements to finance wars against legitimate governments” (The Kimberley Process, 2016). This scheme was agreed in 2002 by delegates of 48 nations, including the world’s leading powers, along with non-traditional actors such as NGOs like “Global Witness, Amnesty International, and Oxfam, as well as diamond industry representatives such as the World Diamond Council” (Fieldman, 2003). The core objective of the KP was to exclude from the international trade any flux of conflict diamonds, mainly those from Sierra Leone, Angola, and the Congo, for the ideologues of the international effort, they were the principal motivation and economic engine of vicious terrorist organisations (Fieldman, 2003).

113 Obligations are strict under the ‘fairmined’ standard of ethical gold, requiring that miners must be formalised and organised (legal mineral rights are a must), processes of consultation and consent of local community authorities, the creation of grievance mechanis-ms, payment of all taxes and royalties, management of toxic substances (no ore amalgamation – obligatory use of retorts), no support to illegal activities or armed conflict, strict health and safety requirements, no child labour, rights for women miners, and traceable mechanisms for gold extracted. Among the objectives and challenges faced by ARM and its certification can be counted developing democratic governance, getting women miners in the picture, transparency and accountability in organisations, political incidence, developing economies of scale and exporting directly, pushing for access to credit and pre-financing schemes devoted to small-scale and artisanal miners, and acquisition of cleaner technology by miners (Alliance for Responsible Mining, 2010).114 Once achieved all standards requested by ARM, small-scale and artisanal mining organisations receive the ‘fairmined’ award that is translated in monetary revenues per kilo of gold, platinum, or silver exploited and commercialised (USD 4.000 per kilo of either gold or platinum fairmined and USD100 per kilo of silver fairmined). If stricter environmental standards are reached, additional monetary incentives are given to miners (USD 2.000 per kilo of gold or platinum and USD50 per kilo of silver) (Alliance for Responsible Mining, 2014).115 In terms of the ‘fairmined’ certification, the organisations in charge of certifying mining good practices are Control IMO with head-quarters in Switzerland, who provides “reliable quality control services and certification of organic, eco-friendly and socially-responsi-ble products” (Control IMO, 2016), and SCS global Services with headquarters in the US, who “promotes environmental stewardship and social responsibility by providing third-´party certification and auditing” (SCS Global Services, 2016).

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By 2003, the initiative which did not reach the level of treaty became operational and articulated to national legal bodies in the participating countries. Thus, it was implemented a scheme of certification which has made trade of diamonds more transparent and secure, forbidding commerce with non-par-ticipants. In this process, “rough diamonds must be shipped in sealed containers and exported with a Kimberley Process Certificate that certifies that the rough diamonds have not benefited rebel move-ments” (U.S. Department of State, 2016). It can be stated that this endeavour have leveraged markets with more responsible consuming behaviour by either individuals or large companies, given the huge price that negative reputational effects might generate over indexes in financial markets, legislative and governing elites, civil society, and public opinion.

It seems that ethical gold certification follows the same path of the KP process; taking into account that gold trade have been notorious for becoming a source of conflict, environmental degradation, and violations of human rights in developing countries. Without doubt, the Peace Nobel Prize platform gave to the issue of conflict resources in relation with gold exploitation, an international scope never reached before it, which might be capitalised in favour of local communities and, by pressing governments to strengthen institutional structures, security, and justice in isolated places where violence related to con-flict resources challenges the state with trans-boundary consequences. Certainly, this is an alternative path that needs to be explored in Colombia and Latin America, in order to answer to an ongoing evolving context of illegal and criminal mining.

Colombian foreign policy articulation to the war on illegal and criminal mining

Colombia has shown different economic illicit dynamics emanated from its long internal conflict; some of them have presented externalities in neighbouring countries and beyond its regional scope. Namely, drug trafficking has the capacity to reach the US and European countries but, it has been replaced in the latter years for criminal mining whose revenues surpass by far those of drug trafficking. While one kilogram of cocaine is worth just under US$ 1.500, one kilogram of gold can reach about US$35.720 (Ríos Urrego, 2015). Unquestionably, such difference in revenues have displaced drug trafficking as the main activity for financing illegal groups, which is matched by the facility of gold to penetrate legal markets with whole impunity without being tracked effectively.

Regulations on conflict resources and its trans-border flux seems to be either weak or inexistent, since as we studied above, environmental regime focus mostly on global issues that affect both developed and developing states, hence, the agenda on environmental issues mostly represents the interests of the former over the latter. In comparison, the local character of conflict resources has hindered international debate in multilateral platforms, shadowing the issue in the international system. Colombia is an exam-ple of that trend, although it has signed and approved about 130 international agreements in regard to environmental protection in topics such as air and water quality, flora and fauna, climate change, among others (Universidad Tecnológica de Pereira, s.f.), mining has been kept under local regulations, specifically, Law 685 of 2001 (Mining Code). On the other hand, some international agreements show cross cut measures to be applied for traditional industrial scenarios, such as the Ramsar Convention of 1971 which protects moorland and wetland ecosystems from mining concessions, the Río Declaration on the Environment and Development (Vicente, et al., 2011), and the Protocol Concerning Pollution From Land-Based Sources and Activities to the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Méndez, 2002).

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This seems to leave the problem of illegal and criminal mining in an ungoverned vacuum. Notwithstan-ding, the regional platforms of cooperation have served to address the problem of conflict resources, given the spill-over effect of illegal and criminal mining, as well as their trans-border consequences. One of the very first initiatives was drafted in 2012 by the Amazon Cooperation Treaty Organization (OTCA)116, who through the annex to the Lima declaration about the illegal mining in the Amazon basin, it declares that ‘illegal mining’ directly affects sensible Amazonian ecosystems (both biological and hydrographic); issue that is facilitated by poor social environments which nurtures labour exploitation, children exploitation, delinquency, and social conflicts. Finally, OTCA made a plea in this document for empowering cooperative strategic actions to cope with illegal mining (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 2012).

Such demands of OTCA’s state members were mirrored in the Andean Community of Nations (CAN in Spanish), that served as platform for norm entrepreneurs117 who saw the necessity of coordinating actions against trans-border conflict resources’ dynamic, by issuing the “Decision 774”, also named “Andean Policy to Combat Illegal Mining” (González, 2013). This cooperative effort acknowledges that illegal mining118 is an issue with multiple faces, which constitutes “a threat to peace, security, governa-bility, economy and stability of member states” (Comunidad Andina de Naciones, 2012).

The objective of the regional political decision aims to designing a wide strategy to nurture cooperative and coordinated actions against “illegal mining and connected activities”, since they erode “the security, economy, natural resources, the environment and the human health” (Comunidad Andina de Naciones, 2012, p. 2). Equally, it states the obligation of carrying out projects that helps to legally formalise mining, all of them rooted in both social and environmental responsibility and, promoting the employment of efficient technologies, social inclusiveness, and economic development (Comunidad Andina de Nacio-nes, 2012, p. 2).

This regional effort was articulated by the Colombian Government through the decree 2235 of 2012, which allows the destruction of heavy-duty vehicles by the National Police when they are used in illegal mining (El Espectador, 2014). In this very same trend, the Ministry of Commerce and Industry issued the Decree 2261 of 2012, in order to adopt administrative measures to prevent and exert proper control over importing, exporting, transporting, distributing and commercialising mining equipment (González, 2013).

Such endeavours have prompted trans-border cooperation in regard to develop a common discourse and coordinate policies against conflict resources. By 2014 Colombia, Ecuador, and Peru summited in Quito, Ecuador, in order to define and run a diagnosis of artisanal mining according to internal laws and in compliance of what was mandated by the Decision 774. The result of the multilateral meeting was an Act of compromising in which the three states shall revise the categorisation of artisanal mining, and interchange legal bodies about the “development and control” of such activity; on the other hand, the governments shall share experiences and “know-how” about the application of sustainable processes

116 The decision 774 of 2012 defines illegal mining as “mining activity exerted by either natural or juridical person, or group of people, without counting with the authorisations and exigencies established in national laws”. Although it is not named criminal mining, the policy of CAN consider illegal mining connection with organised criminal groups, since in the decision 774 argues among its coope-rative measures, the adoption of comprehensive cooperative actions directed at “collaborating in the identification and prosecution of those who participate in outlaw organised apparatus or structures in order to run illegal mining and connected felonies” (Comunidad Andina de Naciones, 2012, p. 3)117 The CAN is formed by Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru, all of them members as well of OTCA.

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and clean technologies, being directed at minimising the use of mercury119 and the environmental im-pact (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, 2014).

This diplomatic movement came to complement the ratified “Minamata Convention on Mercury”, which main goal is precisely to eliminate mercury emissions given its toxic impact over the human health and all ecosystems that support life. Among its normative body, the convention’s article 7 stress the obliga-tion of member states to “reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and mercury com-pounds in, and the emissions and releases to the environment of mercury” (United Nations Environment Programme, 2013, p. 17) product of gold mining; such goal entails the requirement of facilitating “the formalization or regulation of the artisanal and small-scale gold mining sector” (United Nations Environ-ment Programme, 2013, p. 51). Therefore, it did not come as surprise the Colombian Government plan against illegal mining, launched on August 2015 by President Juan Manuel Santos (Semana, 2015).

The comprehensive effort of the Colombian Government emphasises that small-scale miners need to be regularised, while it imposes draconian measures against criminal mining. For the former, the esta-blishment seeks to regularise their activity while propending for their incorporation to the social security system, at the same time that supports the implementation of good mining and environmental practices through public-private alliances (Presidencia de la República de Colombia, 2015). For the latter, criminal mining will be seen through the glass of terrorist instigation and one of the main activities of organised mafias, therefore, anybody who participates at any stage of the chain production will be prosecuted in line with those felonies (Presidencia de la República de Colombia, 2015).

By the late 2015, it was inaugurated by the Ministry of Defence Luis Carlos Villegas in Tolemaida, the ‘Brigade against Criminal Mining’, which objective is neutralizing the criminal organisations dedicated to illegally exploit minerals in the department of Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar, and others departments of Colombia (Radio santa Fe, 2015). This military Brigade joined to a previous defence innovation made at the National Police, the Directorate against Illegal Mining which depends of the Carabiners Directo-rate (Radio santa Fe, 2015). Certainly, this shows the political will of the Colombian Government and its Ministry of Defence in regard to combat conflict resource dynamics; effort that is present in all military forces and the National Police, through the development of coordinated, interagency, and joint opera-tions against this issue. Operation ‘Anostomus II’ in December 2015 epitomises such tendency, even bringing the cooperative effort of the Armed Forces of Brazil (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

118 The decision 774 of 2012 defines illegal mining as “mining activity exerted by either natural or juridical person, or group of people, without counting with the authorisations and exigencies established in national laws”. Although it is not named criminal mining, the policy of CAN consider illegal mining connection with organised criminal groups, since in the decision 774 argues among its coope-rative measures, the adoption of comprehensive cooperative actions directed at “collaborating in the identification and prosecution of those who participate in outlaw organised apparatus or structures in order to run illegal mining and connected felonies” (Comunidad Andina de Naciones, 2012, p. 3)119 Certainly, the use of mercury is one of the most negative impacts of illegal mining, which has the potential of poisoning food and water reservoirs of local communities without the possibility of decontaminating them in the short or long run (Centro Coordinador Convenio Basilea, 2014). This generates a vicious cycle that affects both human and animal health, even prompting hereditary alte-rations and illnesses. By 2012 in Colombia were poured about 205 tons of mercury, awakening the political will of the Colombian Go-vernment to openly declare war on criminal mining by the mid of 2015 (Correa, 2015). In this sense, Colombia ratified the Minamata Convention in 2013 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2013), whose main goal is to “protect the human health and the environment from anthropogenic and releases of mercury and mercury compounds” (United Nations Environment Programme, 2013).

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This has been coupled by bilateral agreements directed at attending illegal mining in the military, so-cial, governmental, and academic research realm. Firstly, the Peru-Colombia cooperative initiative have established through the Armed Forces of both nations, the control of illegal mining and linked crimes in the basin of the Amazon and Putumayo river, which have been possible with the interchange of infor-mation and coordinated operatives (Heck & Ipenza, 2014). By 2013, The Ministries of Foreign Affairs of Peru and Colombia signed an agreement to establish binational cabinets aimed at building a joint development plan for the common border and, it is also important to mention that there are proposals of research collaboration between universities of both states in regard to the impacts of mercury in the environmental health of border communities (Heck & Ipenza, 2014).

Equally important is the bilateral cooperation between the Armed Forces of Ecuador and Colombia, who have agreed to increase all coordinated actions against illegal mining and its trans-border dynamics. In this context, they recognise that conflict resources feed violent social phenomena, which have dange-rous links with drug trafficking and organised crime (Heck & Ipenza, 2014). The regulation and control of informal paths in the common border is another topic dealt by a binational technic commission, which is part of the cooperative understanding effort (Heck & Ipenza, 2014).

It can be stated according to what was analysed above, that Colombia has been working deeply in facing the challenge of illegal and criminal mining since 2012 through regional cooperative platforms. Such endeavour has seen an increase of national policies aimed at articulating both international and subcontinental concerns in this difficult topic. Certainly, the emphasis of the effort has been placed over the security sector, giving to it a central role in the strategy, which needs to be enhanced towards implementing social measures to palliate the problem. In this very complex panorama, it is necessary to recognise the divergent and interconnected variables of illegal and criminal mining (economic, politic, social, and environmental); hence, calling for the participation of civil society in the development of alternative paths to answer to such complicated challenge.

Conclusion

Illegal and criminal mining have emerged as a huge challenge to state’s structures in isolated places, where illegal armed actors have the power to monopolise and exploit illicit economies to its benefit. In this sense, conflict resources become an engine of private violence and source of social, humanitarian, and environmental havoc with trans-border consequences. Colombia epitomises such tendency in Latin America, since criminal mining have replaced drug trafficking as the main financial source for illegal armed groups. This panorama has propelled defence policies aimed at cooperating with neighbouring countries against this issue, however, this effort cannot be overemphasised on criminalisation and pro-secution, making necessary social alternatives rooted in public-private initiatives.

Although global policies have taken into account environmental degradation as a topic which deserves wide responsiveness from both, traditional and non-traditional actors, mining exploitation as a related topic has not received great attention in multilateral platforms. In consequence, exploitation of mineral resources is kept under sovereign power due to its connotation as a strategic asset. Certainly, the fact that ramifications of conflict resources’ dynamics are just felt by isolated local communities in develo-ping countries, it has blurred this problem from international agendas. In comparison, climate change has attracted global concern given its profound impacts on developed and developing states alike.

In this context, environmental regime has expressed mainly the interests of world’s leading powers, ma-king necessary that efforts for mitigating conflict resources’ implications were assumed in both regional

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and bilateral platforms and, finally, by non-traditional actors along with traditional ones. The countries of the Amazon Basin, for example, have shown bilateral endeavours mainly dedicated to defence policies between Colombia and its neighbouring states. Something similar is seen in the Andean Community (CAN), which has agreed to define illegal mining and a set of common principles to deal with it throu-ghout Decision 774 of 2012, thus, influencing local regulations in each member state.

It seems that trans-border consequences have awaken political will from governing elites, in order to cope with problems derivate from illegal and criminal mining in South America. In Colombia, the policy against criminal mining assumed a level of presidential priority by 2015, when President Juan Manuel Santos publicly it connected with terrorist instigation; such action was accompanied by the creation of the ‘Brigade against Criminal Mining’. However, it is crucial to recognise that conflict resources have so-cial ramifications that need to be addressed in order to give a comprehensive approach to the problem.

Alternatively, there are advancements emanated from non-traditional actors that have influenced states’ policies in regard to sustainable and responsible mining standards. A prelude of such initiatives were the Berlin Guides drafted in the early 1990s and 2000s, bringing together the United Nations, industrial conglomerates, NGOs, and civil society groups. Albeit, the Berlin Guides were an honest effort to develop ‘soft law’120 norms to rule over mining operations, they respected the traditional mandate of sovereignty over resource management.

In this scenario, it emerged the ARM as a non-traditional alternative to generate market incentives to formalise small-scale and artisanal miners. The creation of the ‘fairmined’ certification answer to the necessity of designing a social approach which, certainly, it has to be articulated to current policies fo-cused on prosecution and criminalisation. Under this standard, ethical resource exploitation becomes an option to formalise miner’s organisations, thus, eroding both financial and human capital of illegal armed groups. This standard has reached international recognition, similarly to the KP process and the conflict diamonds issue, given the publicity obtained thanks to the Peace Nobel Prize current relation with ethical gold, and the medals awarded in 2015 to the Tunisian National Dialogue Quartet.

In conclusion, it is possible to observe that both, military options and social alternatives, it tend to com-plement with each other, generating better and comprehensive policies with enough leverage power to persuade small-scale and artisanal miners to become formalised. By advancing through this path, it is possible to reinforce the enhancement of social, economic, humanitarian, labour, economic, and political dimensions of communities based on extractive economies once a dual approach is exerted (public po-licies and proper market incentives). Another positive impact, it emerges from the fact that institutional control over conflict resources tend to ameliorate state’s governability over the whole territory, lowering trans-border consequences in regional systems. In this sense, the design of public-private blue prints is a much better policy, rather than bearing the burden exclusively on military efforts.

Certainly, it is sure that ethical gold certification and similar approaches should be articulated to regio-nal policies aimed at attending illegal and criminal mining. In this context, social organisations, local governing elites, and security sector institutions need to work together to bring about a better context of human development, where conflict resource dynamics have lesser room of manoeuvre as factor of local, regional, and international instability.

120 ‘Soft law’ refers to those legal bodies emanated from multilateral platforms which are not binding and obey to the good will of states to its application.

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La doctrina Jurídico Operacional como elemento preponderante en el éxito operacional de la Fuerza Aérea

en el siglo XXI

Brigadier General del Aire Juan Carlos Gómez Ramírez121

Resulta clave en el análisis de lo positivo de la campaña militar aérea contra los grupos armados orga-nizados al margen de la ley (GAOML),122 el desarrollo de una doctrina jurídico operacional que ha per-mitido el ejercicio de la violencia y el uso de la fuerza de manera legal y legítima, con altos estándares de respeto de la normativa internacional (Derecho Internacional Humanitario) y una efectividad propia de las mejores fuerzas aéreas del mundo.

Solo entre el 2007 y lo corrido del 2016, la Fuerza Aérea Colombiana desarrolló 17.964 misiones aéreas en donde se aplicó la fuerza. De estas misiones se constata la realización de 6.121 operaciones dentro de las cuales hubo: ataques estratégicos, interdicciones y apoyos aéreos cercanos. En total, y para lograr este despliegue militar de uso de la fuerza, se volaron un total de 28.433 horas.123

La capacidad operacional desplegada por la Fuerza Aérea Colombiana demuestra y explica cómo el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha perdido, en concepto del Ministerio de Defensa, el 26 % de su capacidad armada. El plan de guerra “Espada de Honor”, implantado en el 2012, ya para el 2014 arrojaba la neutralización entre desmovilizados, detenidos, heridos y muertos en desarrollo de operaciones 11.727 integrantes de los GAOML. Entre ellos, 57 jefes de la organización terrorista.124

Con relación al grupo Ejército de Liberación Nacional (ELN) las cifras eran 1.547 neutralizados en total. Entre ellos se cuentan: 572 desmovilizados, 489 miembros de las redes de apoyo al terrorismo (RAT) entre capturados y desmovilizados. Así mismos fueron neutralizados 8 cabecillas: 2 de frente de guerra, 5 de frente y 1 de la Dirección Nacional.125

121 Magister en Seguridad Internacional y Relaciones civiles militares de la Escuela de Posgrados de la Marina de los Estados Unidos, Especialista en Derecho Administrativo, Abogado. Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de Brigadier General del Aire. Actualmente se desempeña como Jefe jefatura Jurídica de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana.122 Concepto GAOML, véase: Ley 975 del 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”…Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html.123 Fuerza Aérea Colombiana. Jefatura de Operaciones Aéreas, Marzo de 2016.124 Farc perdió el 26% de su capacidad armada: Ministerio de Defensa. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/farc-perdio-el-26-de-su-capacidad-armada-segun-ministerio-de-defensa-/14510762

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La Fuerza Aérea Colombiana sigilosa y discreta ha participado de manera decisiva, contundente y quirúrgica en todas y cada una de las neutralizaciones que tienen debilitado al enemigo y su capacidad terrorista. La mayoría de las de los cabecillas de los GAOML que han perdido la vida en medio de ope-raciones militares, lo han hecho gracias a operaciones en donde se ha aplicado la fuerza desde el aire. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2014, según cifras de la Jefatura de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana, se habrían realizado 641 ataques aéreos. Es decir, un promedio de dos ataques diarios entre estratégicos y de apoyo aéreo cercano.126

El poderío militar ejercido en los últimos años ha permitido a muchas regiones del país vivir en con-diciones de seguridad propias de un Estado sin conflicto. Entre enero y mayo del 2014, el 96% del territorio nacional no tuvo ninguna acción terrorista por parte de los grupos FARC o ELN. Es decir, en este periodo de tiempo, 1059 municipios estuvieron libres de cualquier hecho de violencia atribuido a estas organizaciones.127

Las operaciones militares concebidas y planeadas ejemplarmente a lo largo y ancho del territorio na-cional, con un control efectivo, eficiente y centralizado; han sido un ingrediente fundamental en el éxito de la recuperación de la seguridad, en el debilitamiento e incluso la derrota de los GAOML en muchos lugares de Colombia.

El control centralizado y la ejecución descentralizada como clave en uso del poder aéreo

En enero 13 de 2004 la Fuerza Aérea Colombiana expidió el primer Manual de Comando y Control (FAC 3-57). Este documento es el manual de doctrina operacional que sirvió de guía a los comandantes, a todos los niveles del mando, para la aplicación de uno de los principios más importantes -si no el más substancial- del poder aéreo: “control centralizado – ejecución descentralizada”. Este concepto opera-cional contribuye en la planeación, dirección, coordinación y control de la guerra desde la perspectiva aérea.

El control centralizado y la ejecución descentralizada se materializan a través de la creación del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana (CCOFA). La filosofía de esta organización radica en integrar las funciones del Centro de Operaciones, la Defensa Aérea y las Comunicaciones Aéreas en un sistema conocido como C3I2 (Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia e Informática). Este sistema permite al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien está investido de la autoridad legal, planear, dirigir, coordinar y controlar los medios aéreos disponibles para el cumplimiento de la misión encomendada. El CCOFA a su vez tiene su enlace directo y en tiempo real con los Centros de Comando y Control de las Bases Aéreas (CCOBAS). La organización, las instalaciones y los medios de la Base Aérea, basados en la estructura del CCOFA, le proveen al Comandante del Grupo Operativo, y por su conducto al Comandante del Comando o Grupo Aéreo, de un medio adecuado para la conducción de las operaciones aéreas encomendadas por el comandante de la Fuerza Aérea.

125 Ministerio de Defensa Nacional (2013). Memorias al Congreso 2012-2013. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/mindefensa/documentos/descargas/prensa/documentos/memorias2012-2013.pdf126 Las cifras. La Fuerza Aérea Colombiana cumpliendo su misión (2014, Julio - Diciembre). Revista Taktika, 5 (9), p. 9. Recuperado de: https://www.doctrinafac.mil.co/sites/default/files/revista_taktika_2014_ed_no_9ok.pdf127 Ministerio de Defensa Nacional (2014). Memorias al Congreso 2013-2014. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/mindefensa/documentos/descargas/prensa/documentos/memorias2013-2014.pdf

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Las funciones del Comando y del Control se ejecutan a través de personas que se organizan simultá-neamente con el equipo, las comunicaciones, las facilidades y los procedimientos. Todo esto permite al Comandante planear, dirigir, coordinar, controlar las fuerzas y las operaciones que se despliegan para el cumplimiento de la misión; a este conjunto se le conoce como Comando y Control.

El Mando y el Control Centralizado de operaciones, que se ejecutan de manera descentralizada, son un principio básico del empleo del poder aéreo. Esta capacidad permite al Comandante Aéreo sacar pro-vecho máximo de las características y posibilidades que da el poder aéreo, y a la vez delegar autoridad en los comandantes subalternos para que estos desplieguen la iniciativa en los detalles tácticos que encierra la maniobra.

Al centralizar el control hay una sinergia ventajosa: Estableciendo prioridades, capitalizando la flexibi-lidad, asegurando la unidad de propósito de la operación y reduciendo las posibilidades en cuanto a la selección de objetivos que, en otras condiciones, podrían resultar conflictivos. Las operaciones descen-tralizadas, con los avances tecnológicos adquiridos, aseguran una mejor respuesta operacional, hacen a la Fuerza Aérea más flexible sin afectar para el control. Por su parte, la falta de un control centralizado puede influir en la pérdida de velocidad y a la vez afectar la flexibilidad para la concentración de las aeronaves en ataque o defensa en lugares que resulten decisivos.

La ventaja del C3I2 para el Comandante es que puede contar en un solo lugar y en el momento indica-do, con las herramientas requeridas para la toma de decisiones en cuanto al uso del poder aéreo. La sistematización del Comando, el Control, las Comunicaciones, la Inteligencia y la Informática en un solo centro son, sin duda alguna, clave en el éxito operacional del uso del poder aéreo.

El control centralizado y el conocimiento aplicado del Derecho Internacional Humanitario han sido la llave perfecta para la efectividad de la Fuerza Aérea en lo corrido del siglo XXI.

El Derecho Internacional Humanitario como herramienta contundente en el debilitamiento de la amenaza terrorista

Fue clave para quienes integran la Fuerza Aérea entender el alcance real del Derecho Internacional Humanitario, en el sentido de acotar una norma concebida de manera pragmática para proteger a las personas y los bienes civiles en épocas de conflicto. Así mismo conocer e interpretar que el Derecho Internacional Humanitario no prohíbe la guerra, por cuanto quienes la redactaron en representación de la humanidad entienden que dicha prohibición resultaría inocua. Por el contrario lo que siempre se pre-tendió y se logró de manera sencilla, fue regular el uso de la fuerza y poner límites en cuanto a medios y métodos utilizados para el ejercicio legal de la violencia por parte de los estados.

El Derecho Internacional Humanitario fue concebido para proteger a las personas y a los bienes que no participan en hostilidades, pero a la vez, está construida para los Comandantes Militares para que la conozcan y sepan cómo usar la fuerza armada como herramienta necesaria en la neutralización y la afectación de una amenaza que rete la misma existencia del Estado. Este conocimiento y este en-tendimiento por parte de la Fuerza Aérea resultó determinante en la neutralización y el debilitamiento militar de los GAOML.

La Fuerza Aérea entendió la significancia del DIH y supo de los riesgos de la aplicación del poder aé-reo al enfrentar a los GAOML hace muchos años, especialmente desde el 12 de Diciembre de 1998. Este día fue nefasto para el país debido a que una acción narcotráfico del grupo FARC, que incluyó el

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aterrizaje ilegal de una aeronave muy cerca del caserío de Santo Domingo (Arauca) para dejar armas y recoger droga, impuso una operación militar en contra del grupo ilegalque se extendió por espacio de tres días. En consecuencia, además de 9 soldados asesinados y 21 heridos, el día 13 de diciembre murieron 17 civiles, entre ellos 7 menores de edad. Este caso 18 años después de ocurrido, no ha podido resolverse del todo en los estrados judiciales.

La Fuerza Aérea ha sostenido, y aun lo sostiene, que la muerte de los civiles obedeció al estallido de un carro bomba, instalado por el grupo FARC en la mitad del casco urbano, para ser detonado al paso de los soldados. En concepto de otras personas, la explosión que generó las muertes se atribuye a un dispositivo cluster consistente en seis bombeletas lanzado desde una aeronave de la FAC en vuelo. Dos sentencias penales se han producido, una en contra del grupo FARC y otra en contra de integrantes de la Fuerza Aérea. La sentencia en contra de Grannobles, cabecilla de ese grupo ilegal, se cayó por deci-sión de la Corte Constitucional que dijo que en este proceso se violó el debido proceso y se estableció una verdad de espaldas a las víctimas.128 En el caso de los pilotos de la FAC este proceso se encuentra en casación ante la Corte Suprema de Justicia hace ya varios años. Desde el punto de vista internacio-nal, la Corte Interamericana de DDHH condenó a la Nación por estos hechos.

Independientemente de la verdad procesal que surja una vez se hayan agotado todas las instancias, lo cierto es que el daño a la legitimidad institucional por el posible exceso en el uso de la fuerza, planteado por quienes consideran que fue una aeronave de la FAC la que lanzó un artefacto explosivo sobre los civiles, ha sido devastador.

La comandancia de la Fuerza Aérea concibió, poco después de ocurrida esta situación, que era indis-pensable realizar ajustes a la doctrina jurídico operacional para garantizar no solo que se minimizaran eventuales daños colaterales, producto de una operación militar aérea, sino que cada vez que el nombre de la FAC se pusiera en entredicho por alguna operación la reacción debería ser inmediata, para atender las posibles y eventuales víctimas del ataque aéreo y determinar de manera exacta las situaciones de modo, tiempo y lugar que se presentaron en el sitio de la operación.

La creación del Comité Jurídico Operacional, es sin duda uno de los aciertos en la atención de las quejas por eventuales daños incidentales o colaterales. Una vez se realiza una operación aérea de aplicación de la fuerza y ante la menor queja que implique la posible afectación de personas y bienes civiles, la FAC activa el comité, el cual asiste de manera inmediata al sitio de los hechos constata las novedades y asume con las autoridades locales, regionales y nacionales cualquier daño o efecto que vaya más allá de la afectación del objetivo militar.129 Esta lección aprendida de los hechos de Santo Domingo, es sin duda una de las principales garantías de seguridad jurídica para la Fuerza Aérea y las tripulaciones. Poder revisar “in situ” los efectos de un ataque aéreo y asumir administrativamente los posibles resultados dañinos del mismo, más allá del objetivo militar, han sido importantes en la preser-vación de la legitimidad de la Fuerza Aérea a lo largo que este siglo en la aplicación del poder aéreo.

128 Corte tumbó condena contra ‘Grannobles’ por masacre de Santo Domingo (2015, Noviembre18). Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombia/corte-tumbo-condena-contra-grannobles-por-masacre-de-santodomingo-KE3143158129 Circular No. 764 IGEFA-IGODH-725, del 2 de Abril de 2001: …“instrucciones para que dentro de lo posible los distintos Coman-dos Aéreos, durante el planeamiento de las operaciones conjuntas que se realicen con el Ejército, Armada o Policía y apoyos aéreos cercanos, por intermedio de las tropas de superficie o directamente, se levante un acta inmediatamente se realice una operación aérea, con la firma del mayor número de autoridades civiles, dentro de las cuales se cita al Alcalde, Personero Municipal, Defensor del Pueblo, Fiscal, Juez, Secretario de Gobierno, Concejales etc, y representantes de la sociedad civil como por ejemplo de la Iglesia, maestros, líderes de la comunidad etc, con el fin de que quede constancia que durante la operación aérea realizada ni la población civil, ni sus bienes resultaron afectados o si quedaron quien es el responsable de los mismos…”.

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Adicional al Comité Jurídico, desde el 2001 la Fuerza Aérea emitió instrucciones frente a la aplica-ción del DIH en sus operaciones. Esto quedó claramente establecido en la Circular No. 701316 IGE-FA-IGODH-725, del 8 de Junio del 2001, en donde se explican diferentes conceptos dentro de los cua-les se destacan: la beligerancia, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, la definición de Objetivo Militar, la importancia de la Información de Inteligencia antes del lanzamiento de un ataque, la distinción de lo que son considerados bienes civiles, combatientes, personal protegido, reglas de combate, etc.130

En el mismo 2001, entre el 29 y el 31 de Agosto, la Fuerza Aérea desarrolló el primer seminario de Operaciones Aéreas en el Marco del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA).131 De este evento se extrajeron las conclusiones sobre las cuales hoy hay absoluta claridad, pero que para la época eran sin duda innovadoras. El concepto de Objetivo Militar y su relación con la Ventaja Militar. Nada que no ofreciera al Comandante Militar una ventaja medible podría ser considerado Objetivo Militar. Frente al concepto de la Necesidad Militar quedó claro que esta surge de la misión y que es la potestad que da el derecho de la guerra a un Comandante para decidir cuándo un integrante de un GAOML o un bien material se pueden convertir en Objetivos de Ataque y neutralizarse a través del uso de la fuerza incluida la letal, y este hecho no solo ser legal sino absolutamente legítimo en el marco de un conflicto armado.132 En este mismo espacio se concluyó acerca de la necesidad de crear la figura del Asesor Jurídico Operacional,133 figura que se creó ese mismo año y que posteriormente gracias al excelente resultado que dio en la Fuerza Aérea se extendió en el 2006 y 2007 al Ejército y la Armada Nacional.

Otra de las conclusiones de este seminario estuvo en ratificar la importancia de la Misión de la Fuerza Aérea y su capacidad bélica. Por ello se hizo énfasis en la necesidad de reducir los posibles daños colaterales producto de las operaciones, pero se insistió en el papel decisivo del poder aéreo. “Los militares no queremos la guerra pero, de presentarse, debemos ganarla” fue el planteamiento realizado por el Inspector General de la Fuerza Aérea en su momento señor Mayor General Edgar Alfonso Lesmes Abad.134

El literal 4 del numeral 77 que transcribe una de las conclusiones del Primer Seminario de DICA reza: “Integración en las actividades de capacitación en DIH al personal operacional, a los asesores jurídicos militares (fiscales, auditores, jueces y asesores) y a las autoridades civiles, tales como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Crear mutua confianza.”135

130 Fuerza Aérea Colombiana (2001). Doctrina de las Operaciones Aéreas en el marco del DIH y los DH (Documento elaborado por la Inspección General y el Departamento de DH y DIH). Numeral 74, p. 29.131 Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Derecho Internacional Humanitario y Derecho de la Guerra son considerados sinónimos. Estas tres denominaciones recogen la normativa de Ginebra y de La Haya, que en conjunto son las normas de carácter internacional que regulan el uso de la fuerza en los conflictos armados. Mientras la de Ginebra se refiere generalmente a las perso-nas y a los bienes protegidos; la de La Haya trata lo relativo a los medios y métodos permitidos y no permitidos en desarrollo de la confrontación bélica.132 Fuerza Aérea Colombiana (2001). Doctrina de las Operaciones Aéreas en el marco del DIH y los DH (Documento elaborado por la Inspección General y el Departamento de DH y DIH). Numeral 77, p. 30 y 31.133 Asesores jurídicos en las fuerzas armadas”, véase: Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977, Artículo 82. Recuperado de: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm134 Fuerza Aérea Colombiana (2001). Doctrina de las Operaciones Aéreas en el marco del DIH y los DH (Documento elaborado por la Inspección General y el Departamento de DH y DIH). Numeral 77, p. 31.135 Ibídem.

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Dos puntos más hicieron parte de las conclusiones de este trascendental evento institucional: la obli-gación de construir Reglas de Enfrentamiento (RDE) y la necesidad de fortalecer la Inteligencia Militar como elemento fundamental en el éxito de la consecución y elección de Objetivos Militares. El seminario resultó exitoso gracias a contar con la participación como instructor principal del entonces Coronel del Ejército del Aire Español Javier Guisandez Gómez, piloto y profesor experto en la materia. Para la fecha, él trabajaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el Instituto de Derecho Humanitario de San Remo (Italia). Así mismo, los Estados Unidos se hicieron presentes con la participación del Coro-nel Charles Dunlop, abogado Asesor Jurídico Operacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él, años después ascendió hasta el grado de Mayor General y llegó a ser el Jefe de los Asesores Jurídicos Operacionales en la Fuerza Aérea de su país.

Las RDE se redactaron en la Fuerza Aérea y el proceso de Inteligencia se adecuó a las necesidades operacionales de la institución. Estos instrumentos se fueron madurando desde finales del 2001 y se incorporaron en directivas, circulares y otro tipo de instrumentos que finalmente se condensaron en el Manual de Comando y Control FAC 3-57 (Reservado), en su primera edición publicada el 13 de Enero de 2004.

El Anexo A del citado Manual enumera seis reglas de enfrentamiento que, aún hoy 2016, continúan de manera incólume siendo las Reglas de Enfrentamiento de la FAC en las Operaciones Aéreas; ellas son:

1. Solo se podrá disparar, si está identificado en el sistema de puntería o sistema de armas, el objetivo militar que se pretende batir.

2. Solo se podrá salir a vuelo si se tiene clara la misión, el objetivo de la misión y el nivel de autorización del uso de las armas.

3. Si existe duda sobre la naturaleza militar del objetivo, se debe cancelar la misión.

4. Ante una agresión actual o inminente se podrá hacer uso de las armas en defensa propia, de un tercero, poblaciones o unidades de la Fuerza Pública.

5. Solo se disparará a una aeronave en aire o en tierra, si ha recibido la autorización corres-pondiente.

6. Toda aeronave de la Fuerza Aérea tiene derecho a su propia defensa si alguna aeronave interceptada comete una acción hostil.

La elaboración y puesta en práctica de estas reglas no fue fácil, aunque las instrucciones aquí expues-tas se ven claras y concisas. Para la época era revolucionario decir a un piloto que solo podía salir a vuelo en el momento en que la misión fuera clara y los niveles de autorización para uso de las armas ya estuvieran determinados. Para aquel entonces, era frecuente que las aeronaves salieran a vuelo y ya en el aire se daban instrucciones frente a la misión y los niveles de autorización en la entrega de las armas. Otro escenario novedoso era que el piloto tuviera la potestad con base en su criterio y la situación que estuviera viviendo en el momento, de cancelar la misión sin necesidad de recurrir a una autoridad superior. Estas anécdotas hacen parte de lo que poco a poco se ha convertido en toda una doctrina jurídico operacional que ha hecho de la Fuerza Aérea y sus aviadores una fuerza contundente en el uso y ejercicio del poder aéreo pero a la vez ha garantizado que esta fuerza se use con legitimidad y con estricto apego a la constitución y la ley.

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La inteligencia aérea colombiana se fortaleció y convirtiéndose en una garantía en el legítimo y efectivo uso del poder aéreo. El Anexo D del Manual de Comando y Control FAC 3-57, que establece un formato de viabilidad para el desarrollo de operaciones de bombardeo, obliga a quienes entregan la información relacionada con los Objetivos Militares a ser precisos, para garantizar así la no existencia de daños incidentales o su atenuación cuando la ventaja militar es muy grande y se prevean estos daños como factibles. Es el Comandante de la Fuerza Aérea y no otra autoridad quien, con base en su experiencia, conocimiento y análisis de los principios de necesidad, ventaja militar y proporcionalidad, determina si es o no viable realizar cada una de las operaciones concebidas y planeada para el lanzamiento de bombas.

Reflexión final

El poder aéreo y su uso en Colombia fue fortalecido de manera singular por el conocimiento y la incor-poración del DIH en su doctrina operacional. La doctrina jurídico-operacional en la FAC facilitó el uso de la fuerza dentro del marco constitucional y legal. Nadie podría decir que la implementación de las circu-lares, directivas y manuales menoscabó la efectividad del poder aéreo. Por el contrario, el conocimiento de la normativa permitió a la Fuerza Aérea y sus pilotos ser decisivos en los momentos que el país y la confrontación armada lo demandaron.

La Constitución de 1991 es amplia en cuanto a derechos y garantías constitucionales y de protección de derechos pero, al mismo tiempo, y taxativa en cuanto a la misión y las responsabilidades de la fuerza pública, en concreto de las Fuerzas Militares. La finalidad primordial de la institución militar es la de-fensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.136 Así mismo el artículo 214 de la Constitución Política establece en su inciso segundo el respeto por las reglas del derecho internacional humanitario.137 Por su parte el Código Penal colombiano tiene entre sus tipos penales los relacionados con el DIH.

El conocimiento del Derecho Internacional Humanitario en su amalgama con la doctrina de Comando y Control de la Fuerza Aérea, incrementaron el poder de combate y la eficiencia en la utilización del poder aéreo en Colombia. Los comandantes han logrado cumplir la misión concibiendo, planeando y ejecutan-do operaciones militares exitosas desde el punto de vista de los resultados y a la vez han garantizado la protección de la población civil y sus bienes. Esta combinación asertiva de la operatividad y el derecho son, en gran medida, dos de los factores determinantes en el debilitamiento militar de los GAOML y los que han permitido a los colombianos pensar en un futuro en paz y sin la presencia de organizaciones ilegales que vuelvan a retar la estabilidad y pongan en riesgo la existencia del Estado.

136 Constitución Política de Colombia, Artículo 217. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitu-cion_politica_1991.html137 Ibídem, Artículo 214, inciso 2.

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La Historia

UNBALANCE

FINAL

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Aporte de las Fuerzas Militaresa la paz en Colombia

Mayor General del Aire Juan Guillermo García Serna138

Un alza en el pasaje de buses en Bogotá llevó a un grupo de universitarios y otros inconformes a realizar mítines en el cruce de la Avenida Jiménez por carrera Séptima. En tanto repitieron los mítines durante un par de meses y cada vez más violentos, al grupo de inconformes se fueron uniendo toda suerte de opositores políticos al Frente Nacional hasta ex guerrilleros amnistiados. Reunidos luego en asamblea el grupo adoptó el nombre MOEC139 y al cabo de dos años, en 1961, ya articulaba cuadrillas en Cauca, Urabá y Vichada para tomarse el poder por las armas (Franco, 2012). En el caso del Vichada el gobierno del presidente Lleras Camargo ordenó al Comando General de las Fuerzas Militares actuar de inmediato.

En consecuencia el Ejército Nacional primero envió una comisión que, luego de estudiar la situación, re-comendó promover la acción comunal y la atención social a los indígenas. En seguida envió el Batallón Colombia cuyo jefe, el coronel Valencia Tovar, determinó dos cursos de acción: recuperar el control terri-torial y mejorar la vida de los colonos. Pero, en octubre de 1961, la cuadrilla del Vichada atacó a Puerto López en lo que sería la primera acción de este tipo emulando el modelo cubano (Díaz, 2013, p. 93). Lo anterior confirma que en 1961, cuando estalló el conflicto armado interno en Colombia, fue de la mano de grupos armados ilegales cuya pretensión era tomarse el poder. Esta caracterización del con-flicto, avalada por miembros de la Comisión Histórica (2015) de La Habana como Gutiérrez, Duncan, Giraldo y Torrijos, no discute si las causas del conflicto se remiten a un alza en el pasaje de buses o deben buscarse en el origen de los tiempos como sugirieron otros comisionados. Esta caracterización evidencia que las vías de hecho asumidas por algunos ciudadanos, independiente de sus motivaciones, no han contribuido a la paz en Colombia.

Como también evidencia que las Fuerzas Militares, aún actuando por órdenes expresas del Ejecutivo, han cumplido también con su deber constitucional de contribuir al desarrollo del país. En el caso del Vichada en 1961 las Fuerzas Militares ya procuraban paliar la situación de poblaciones cuyo aislamien-to era aprovechado por los grupos ilegales para sus exacciones, contra la misma población y contra el Estado colombiano.

138 Candidato a PhD en Derecho, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho In-ternacional Humanitario. Abogado. Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de Mayor General del Aire. Actualmente se desempeña como Subjefe de Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional.139 MOEC: Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, primero se llamó “Movimiento Obrero Estudiantil 7 de enero”, fundado en esa fecha de 1959 por Antonio Larrota acogió bandoleros como ‘Pedro Brincos’ y ‘Minuto’ Colmenares. En 1965 una escisión dio origen al MOIR, liderado por Francisco Mosquera (Franco, 2012).

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Un Balance Final

El Estado-nación y la paz

Las particularidades del conflicto colombiano no le sustraen de la caracterización de la guerra. Keegan, el destacado historiador inglés, sostuvo que la guerra está arraigada en el corazón humano, en el que se diluyen los propósitos racionales (Keegan, 1995, p. 21). Ello para afirmar luego que el gran avance de la cultura occidental no fue desaprobar la guerra sino legitimar su empleo, es decir, establecer pactos. Uno de esos pactos fue crear ejércitos oficiales, regidos por sus propias reglas las que se conocen hace siglos como fuero militar. Otro pacto fue limitar el uso de la violencia, cuya expresión es el derecho internacional humanitario. De allí que el objetivo de la guerra no es aniquilar al contrincante, pues desde Sun Tzu se ha dicho que el mejor estratega es el que logra la victoria sin siquiera combatir.

Es deber de los colombianos para consolidar la paz, reconocer que como nación hemos sido conse-cuentes en ese propósito. A través del Estado, se han procurado todos los instrumentos a tal fin. Incluso en exceso, entre 1981 y 2006, se cuenta casi una veintena de comisiones y consejerías para negociar con los grupos armados ilegales (FIP, 2003). La lista de amnistías e indultos otorgados por los diferentes gobiernos colombianos incluye más de cincuenta, si se prolonga al siglo XIX (Sánchez, 1985, p. 217).

Recuérdese que cuando en 1961 estalló el conflicto, el país se esforzaba por superar otro conflicto donde el bipartidismo tradicional fue actor principal. Pero si se observan ambos momentos a la luz de los instrumentos usados por el Estado, debe admitirse que la nación ha sido más que generosa para preservar la paz. Justo en 1957 el país votó un plebiscito para instaurar el régimen del Frente Nacional, un medio por el cual los dos partidos tradicionales coadyuvaban a mantener la paz. En 1991, como resultado de diálogos de paz y la desmovilización de algunos grupos armados, el país aceptó reformar su Constitución Política para dar cabida a las minorías étnicas y políticas, fortalecer la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos, entre otros logros garantistas para la pacífica convivencia de los colombianos.

Algunos refieren que entre 1982 y 1987 fue la primera vez que hubo propiamente negociaciones con algunos grupos armados ilegales (Villarraga, 2009, p. 2). En ese marco se estableció una tregua bilate-ral con tres grupos, se decretó una amnistía y garantías para sus delegados en las mesas de diálogo. Aunque el contexto socio-político de entonces llevó a la ruptura del proceso con algunos, se firmó la paz con el M-19, el EPL, el PRT y el MAQL; sin olvidar que ese mismo contexto llevó a la reforma constitucional de 1991 ya mencionada. Más reciente, entre 1998 y 2002, el país fue más que generoso al conceder una zona de distensión para los diálogos con el grupo Farc, convocando a la comunidad internacional y al persistir durante tres años en el proceso mientras aquel grupo intensificaba sus exacciones.

El Estado también incentivó la desmovilización de los miembros de los grupos armados. Tanto en 1982 como en 1990 tal desmovilización hizo parte de los procesos de paz ya aludidos. La exigencia de un grupo ilegal de izquierda para dialogar era que el Estado promoviera la desmovilización de los grupos ilegales de autodefensa. Lo que se cumplió entre 2003 y 2006, pese al controvertido proceso con estos y los alcances de la Ley 975 que tocan a la justicia transicional. No obstante, apenas en 2012, después que una política integral del Estado debilitó su influencia sobre la población y neutralizó la cúpula diri-gente, aquel grupo de izquierda aceptó reiniciar diálogos.

En función de resolver las causas del conflicto en Colombia, solo recientemente los planes de desa-rrollo nacional hicieron confluir ambas instancias (causas vs. desarrollo). Ello fue más notorio desde el “Plan Nacional de Rehabilitación” del gobierno Betancur (1982-1986), cuando también se estableció

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la elección popular de alcaldes, un paso en la descentralización y fortalecimiento de la democracia. Su sucesor, el gobierno Barco (1986-1990), estableció una segunda comisión de estudio con recomenda-ciones respecto al conflicto que dirigió el sociólogo Gonzalo Sánchez y publicadas como “Comisión de Estudios sobre la Violencia” (1988).

Las FF.MM. y la paz

Debe recordarse que en 1953 las Fuerzas Militares tuvieron que asumir el gobierno para lograr la paz entre los grupos armados ilegales de todos los partidos, en conflicto durante el lustro previo. Entonces se promovió la desmovilización y el desarme voluntario de tales grupos. Fue el mismo gobierno de las Fuerzas Militares el que decretó la primera amnistía entonces para los individuos comprometidos en el conflicto. Así como creó la “Oficina de Rehabilitación y Socorro” para cumplir las tareas de desarrollo local y atención a las víctimas.

Los grupos comunistas se negaron a entregar las armas, al tiempo que algunos desmovilizados prefirie-ron organizar bandas dedicadas al pillaje en los campos. Por esta razón, en 1958, junto con la firma del acuerdo del “Frente Nacional” para desactivar la confrontación del bipartidismo tradicional, se decretó una segunda amnistía, se reorganizó el “Programa de Rehabilitación” y se encargó a una comisión estudiar las causas del conflicto. El estudio publicado bajo el título “La violencia en Colombia” y dirigido por Monseñor Germán Guzmán, equivale a lo que hoy “podemos considerar el informe de una comisión de la verdad” (Villarraga, 2009, p. 9).

Lo cierto es que la acción integral para superar las causas del conflicto fue también iniciativa de las Fuerzas Militares. El ya citado coronel Valencia Tovar la puso en práctica en 1959, en el occidente de Caldas, para contrarrestar la acción de los bandoleros allí (Valencia, 1992, p. 370); de nuevo en 1961 en el Vichada, como ya se mencionó. Precisamente, en 1960, al ser nombrado Comandante del Ejército, el general Alberto Ruiz Novoa anunció que la Fuerza Armada contribuiría a desarrollar la infraestructura y recuperar el tejido social en las regiones donde el conflicto era latente. Directriz que amplió al des-empeñarse como Ministro de Defensa, entre 1962 y 1965, coordinada con la política gubernamental de reforma agraria, construcción de carreteras, escuelas, puestos de salud, acueductos y sistemas de irrigación, con el apoyo estadounidense de la Alianza para el Progreso (Rempe, 1995).

Desde entonces las Fuerzas Militares están comprometidas con la paz. Otrora adelantaron la cons-trucción de obras que conforman la infraestructura del país, entre ellas la carretera al Mar en Urabá, la Marginal de la Selva, la transversal de La Macarena, los aeropuertos de Palanquero y de Acandí. Además de ser las primeras en acudir cuando las crisis por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, el desbordamiento del río Páez en 1994, los sismos de Pereira en 1995 y Armenia en 1999 (Paredes, 2010); hoy conforman unidades de prevención y atención de desastres. También participan en el programa nacional de desminado, desactivando los artefactos explosivos improvisados (AEI) que sembraron en los campos los grupos ilegales.

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Un Balance Final

Referencias

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