GUANO Y SALITRE

LA ERA DEL GUANO Y EL SALITRE (1845-1879)

A partir de 1845, con la llegada de Ramón Castilla a la presidencia, el Perú inició un período de relativa calma política debido a que ahora los gobiernos gozaron de un ingreso económico inesperado: el guano de las islas. La exportación de este famoso fertilizante se hizo posible a la gran demanda de Norteamérica y Europa  por elevar su producción agrícola debido al crecimiento demográfico.

Se distinguen dos etapas:

PRIMERA ETAPA: se inició en el año 1853, cuando el Estado Peruano envió a una comisión integrada por Antonio Raimondi a explorar las islas de chincha, ubicadas al frente de la costa del departamento de Ica. Esta comisión estaba encargada de realizar los planos de las islas y evaluar los depósitos de guano acumulados durante años. Gracias a estas investigaciones, el guano y el salitre se convertirían, con el tiempo, en la principal renta fiscal.En esta época, el Estado brindaba consignaciones de lugares para la explotación del guano  a diferentes empresas (nacionales o internacionales). Estas empresas, se encargaban de todo el proceso de explotación, exportación y venta del guano. En consecuencia, el Estado recibía un porcentaje de las ventas realizadas. Así también, las exportaciones eran destinadas principalmente a Europa, Asia y Estados Unidos; sin embargo, también llegó a países centroamericanos como Guatemala y hasta el océano Índico.

SEGUNDA ETAPA: donde se dio la mayor explotación del guano en el Perú, antes del agotamiento de los yacimientos más importante que existía en el litoral. Durante estos años, el Estado firmó contratos con peruanos y distintas firmas internacionales para exportar guano. 

Hasta el estallido de la Guerra con Chile (1879) el Perú exportó entre 11 y 12 millones de toneladas de guano que generaron una ganancia de 750 millones de dólares. De ellos el estado recibió como propietario del recurso el 60%, es decir, una suma considerable para convertirse a través de inversiones productivas en el principal agente del desarrollo nacional.

Si calculamos la importancia del guano en la economía de la época podríamos decir que, cuando Castilla hizo el primer presupuesto para los años 1846-1847, la venta del fertilizante representaba el 5% de los ingresos totales; años más tarde, entre 1869 y 1875, el guano generaba el 80% del presupuesto nacional. Con esta inusual bonanza, luego de 20 años de anarquía y estancamiento, se podía recuperar el tiempo perdido: atraer la inversión e iniciar una vasta política de obras públicas para modernizar al país.

El resultado final no fue tan alentador. El dinero generado por el guano fue destinado a rubros casi improductivos: crecimiento de la burocracia, campañas militares, abolición del tributo indígena y de la esclavitud, pago de la deuda interna y saneamiento de la deuda externa. Solo la construcción de los ferrocarriles y algunas inversiones en la agricultura costeña (caña de azúcar y algodón para la exportación) escaparon a este desperdicio financiero.

Hacia 1870 las reservas del guano se habían prácticamente agotado y el Perú no estaba preparado para este colapso, cargado como estaba con la deuda externa más grande de América Latina (37 millones de libras esterlinas). Fue entonces que el país pasó, como tantas veces en su historia, de millonario a mendigo, sin nada que exhibir en términos de un progreso económico. El Perú no había podido convertirse en un país moderno con instituciones civiles sólidas.

La razón de este fracaso ha sido explicada por la falta de una clase dirigente. Tanto los militares como los civiles surgidos bajo esta bonanza no pudieron elaborar un proyecto nacional coherente. Dirigieron su mirada hacia el extranjero, apostaron por el libre comercio y compraron todo lo que venía de Europa arruinando la escasa producción o “industria” local. Con muy pocas excepciones se convirtieron en un grupo rentista sin vocación por la industria.

En especial los civiles no habrían podido convertirse en una “burguesía” decidida, progresista o dirigente. Aunque, como ya hemos mencionado, hubo al interior de esta élite gente que, como Manuel Pardo, imaginaron un desarrollo alternativo para el país. Pardo fundó el Partido Civil y en 1872 se convirtió en el primer presidente que no vestía uniforme militar. Su programa insistía en la necesidad de institucionalizar el país, fomentar la educación y construir obras públicas. Ya en el poder poco es lo que pudo hacer: el país se encontraba ahogado en su crisis debido al derroche de los años anteriores.

Lima y la costa se beneficiaron de la bonanza guanera. El resto del país, esto es, los grupos populares y las provincias del interior, vivieron al margen de esta “prosperidad falaz” continuando en un mundo arcaico, especialmente la población andina. En 1879, quebrado y dividido, el Perú tenía pocas posibilidades de salir airoso en la Guerra del Pacífico. 

LA GUERRA DEL GUANO Y EL SALITRE

Conflicto bélico que enfrentó a Perú y Bolivia en calidad de aliados frente a Chile y al imperialismo británico que la respaldó política, económica y militarmente.

I. CRONOLOGÍA: La Guerra  del guano y el salitre abarcó el periodo: 1879 – 1883.

II. CAUSAS:

Ambición británica por controlar la riqueza salitrera y guanera peruana y boliviana

Política expansionista chilena que lo lleve a controlar los territorios salitreros de Tarapacá y Atacama.

III. ANTECEDENTES:

II da Revolución Industrial, siendo Inglaterra una de las mayores potencias industriales del  mundo, al lado de Alemania, Francia, y Estados Unidos, los cuales requieren de mercados económicos en los cuales obtener materia prima para sus industrias, a la vez que vender sus productos manufacturados.

Crisis económica en Perú, Bolivia y Chile antes de iniciar la guerra. Recordar que poco antes el Perú había tenido una etapa de gran bonanza económica producto del comercio guanero, situación que fue desaprovechada por la clase política peruana para promover un verdadero proyecto de desarrollo nacional, enfrascándose en escándalos de corrupción y despilfarro.

Ya durante el gobierno de Balta empezaron a sentirse los primeros síntomas de esta crisis, sin embargo será durante el civilismo de Pardo en que la situación se agrava, a tal punto que las finanzas públicas peruanas están al borde de la bancarrota económica.

Es durante la década de los 70 que comienza a tener gran demanda mundial un recurso que se constituye en una importante fuente de riqueza: EL SALITRE. El Perú posee una de las regiones más productivas del preciado mineral en la meridional provincia litoral de Tarapacá, además que Bolivia también tiene ingentes yacimientos salitreros en su provincia litoral de Atacama. Estos yacimientos salitreros son explotados por empresas y consorcios privados de capitales británicos y chilenos, siendo éstos, los que obtienen los reales beneficios y utilidades de la explotación del mineral. 

Ello representaba una amenaza real para Perú y Bolivia, en tanto que constituía una peligrosa penetración económica anglo-chilena en ambos países. A eso se suma que Chile, que por aquel entonces se hallaba en una grave situación económica y al carecer de recursos naturales para emprender su desarrollo, se verá en la necesidad de emprender una empresa de conquista que lo lleve a apropiarse -“por la razón o por la fuerza” como reza su lema nacional hasta hoy- de estos estratégicos recursos naturales y así conquistar mayor espacio vital. 

Claro está que para ello, Chile contará con el firme respaldo político, económico y militar de la burguesía británica, que en el fondo de todo, es la principal interesada en obtener el control monopólico del estratégico recurso. No apoya al Perú ni a Bolivia, dado que estas repúblicas carecen de condiciones mínimas que garanticen sus inversiones (inestabilidad política, caudillismos, guerras civiles, políticas económicas estatizantes, entre otras). Inglaterra necesita seguridad para sus inversiones y esto le ofrece la burguesía chilena, que, además, tiene esbozado desde los inicios de su vida republicana un proyecto de hegemonía y dominio en el pacífico sudamericano (doctrina geopolítica portaliana), expresada en objetivos geopolíticos de expansión territorial hacia el norte (Bolivia-Perú) y hacia el este (Argentina).

La aventura expansionista chilena requiere de una sólida base militar, por ello se enfrascará en una carrera armamentista sin precedentes, apoyado claro está del industrialismo británico. Tanto su armada como su ejército estarán en condiciones de afrontar una guerra internacional, debido a la adquisición de buques acorazados y artillería de sofisticada tecnología. El armamentismo chileno se corona definitivamente cuando en 1874 y 1875 adquieren de Inglaterra los poderosísimos acorazados “Blanco Encalada” y Cochrane”, además de adquirir  letales cañones Krupp y Armstrong de tecnología alemana, con lo cual rompen el equilibrio militar en la región.

Frente al armamentismo chileno, la desidia y la indolencia de la clase política peruana y boliviana no tomaron las previsiones necesarias que pudieron evitar la cruenta e infausta guerra.

Como una estrategia que disuada a los chilenos en sus afanes expansionistas, en 1873 Pardo concreta una alianza defensiva con Bolivia en un Tratado “secreto” que fue conocido por Chile al poco tiempo de celebrado. Argentina estuvo a un paso de incluirse en esta alianza defensiva dados sus litigios fronterizos con Chile, pero una serie de factores frustraron esta iniciativa.

Para paliar la grave situación económica en que se hallaba el Perú, el régimen civilista de Pardo decretó:

La estatización del salitre de Tarapacá. Medida que provocó la protesta unánime de la burguesía chilena y británica ya que atentaban contra sus intereses económicos.

Creación nuevos impuestos

Austeridad en el gasto público.

Disminución del gasto público en defensa, lo cual era un craso error dada la coyuntura armamentista chilena.

En estas circunstancias es que estalla la guerra con Chile, en una total inferioridad bélica y en una absoluta falta de cohesión y unidad de nuestras clase dirigente, hecho que será determinante para la victoria final del enemigo mapocho (Chile).

IV. EL PRETEXTO:

Aplicación por parte del gobierno boliviano de Hilarión Daza de un IMPUESTO DE 10 CENTAVOS por cada quintal de salitre explotado en su territorio. Esto provoca la indignación de la Compañía salitrera de Antofagasta de capitales chileno-británico, alegando que Bolivia estaba violando un decreto emitido en 1874 por el que se comprometía a no gravar con ningún impuesto a las empresas anglo-chilenas por un lapso de 25 años.

Chile desconoce este impuesto, frente a lo cual, el gobierno de Daza procede a reivindicar para Bolivia todas las salitreras y a expropiarlas de manos chilenas. En respuesta a ello, Chile invade militarmente el puerto boliviano de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, ocupando al poco tiempo toda la provincia salitrera de Atacama, hecho que origina que Bolivia le declare la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879.

En sí, esto fue solo un pretexto, fue el detonante que hizo que estallara el conflicto. Fue el momento que tanto había esperado Chile para lanzarse a su guerra de conquista y para la cual se había venido preparando concienzudamente desde años atrás. Es necesario resaltar además que el problema Chileno-boliviano ya venía de años atrás, y para ello es conveniente echar un vistazo a las tensas relaciones entre ambas naciones apenas unos años antes de producirse el conflicto:

Todo se inicia el 10 de Agosto de 1866, cuando el chilenófilo presidente boliviano Mariano Melgarejo, en una clara intención de favorecer a Chile, firmó el Tratado Muñoz-Vergara, por el que reconocía que el territorio chileno llegaba hasta el paralelo 24 de Latitud sur, vulnerando impunemente la soberanía boliviana. Así, la zona norte del paralelo 24 quedaba bajo tutela de Bolivia, sin embargo se hacia la concesión de que los productos extraído entre los paralelos 23º al 25º podían ser repartidos  entre ambas naciones. Sin embargo, al caer Melgarejo del poder, el nuevo gobierno boliviano desconoció el tratado, firmándose otro en 1872, el llamado Tratado Linsay – Corral.

Frente a la codicia chilena por parte de sus compañías salitreras, se volvió a firmar otro tratado en 1874 por el que Chile quedaba exonerado del pago de impuestos por un lapso de 25 años. Pero ocurrió que en 1878, Hilarión Daza luego de tomar el poder en Bolivia por un golpe de Estado, promulgó la mencionada ley que gravaba con un impuesto de diez centavos a todo quintal de salitre exportado por el puerto de Antofagasta. Lo demás es historia conocida.

V. MEDIACIÓN PERUANA: 

La Misión Lavalle:

Frente a la tensa situación en el sur, el gobierno peruano de Mariano Ignacio Prado envía a su Ministro de Relaciones Exteriores José Antonio de Lavalle para mediar en el litigio entre Bolivia y Chile. Su misión era lograr un arreglo pacífico y amistoso entre ambas naciones. Al llegar a Santiago, y después de un recibimiento hostil por parte de un populacho excitado y enardecido, Lavalle entablará negociaciones con los representantes del gobierno chileno proponiéndoles la administración protectoral de Chile, Perú y Bolivia en la zona en conflicto, propuesta que fue rechazada por Chile. 

Es allí, donde los chilenos le emplazan al plenipotenciario peruano la existencia del Tratado secreto con Bolivia, alegando que este ponía en riesgo su seguridad y soberanía, conminándolo a desistir de participar en un asunto que era exclusivamente de carácter bilateral. Se plantea que al estar el Perú involucrado en un alianza con una de las partes en conflicto, no estaba en condiciones de mediar entre ambas, por tanto, el Perú debía mantenerse al margen de ello, o, de lo contrario, se iba a ver involucrado en el conflicto. Era un ultimátum, y como todos sabemos, el Perú decidió respetar su compromiso defensivo con Bolivia, viéndose arrastrado de este modo a una guerra que nunca provocamos. Frente a la decisión peruana, Chile nos declara la guerra el 5 de abril de 1879.

VI. PERIODIZACIÓN:

LAS CAMPAÑAS DE LA GUERRA

LA BREA Y PARIÑAS

LA BREA Y PARIÑAS

La Brea y Pariñas es el nombre de un complejo petrolífero que explotaba los yacimientos situados en la pampa La Brea y la quebrada Pariñas, en la Talara, departamento, en el norte del Perú. A partir de 1890 fue explotada por la empresa anglo-estadounidense London Pacific Petroleum Co., y de 1914 a 1968 por la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC), subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey. Cobró notoriedad en 1911, cuando se descubrió que explotaba muchísimas más pertenencias que las registradas originalmente, negándose a pagar los impuestos a los que estaba obligada según las leyes peruanas. Incluso, logró ventajosas excepciones, arrancadas a gobiernos pronorteamericanos a lo largo de varias décadas. Ha sido, hasta ahora, el caso más escandaloso ocasionado por la penetración del capitalismo anglo-estadounidense en el Perú y tuvo resonancias en la vida política de este país. En 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado puso fin a este problema, ocupando militarmente las instalaciones de la IPC en Talara. Sin embargo, la empresa nunca pagó sus adeudos con el Estado peruano.

LOS ORÍGENES

La historia de estos yacimientos empieza durante los años iniciales de la República, época en que fueron cambiando varias veces de propietario, hasta que en 1873 pasó a poder de Genaro Helguero.

A partir de los años 1880, posteriores a la Guerra del Pacífico, Helguero entró en tratos con los capitalistas ingleses, interesados en los yacimientos petrolíferos; empezó también a sanear y revalidar sus títulos sobre los terrenos. En 1888, el juez de Paita, por disposición del gobierno de entonces (el de Andrés A. Cáceres), ordenó medir las pertenencias de la Brea y Pariñas, constatándose la existencia de 10 pertenencias (cada pertenencia equivalía 10 mil metros cuadrados); e inscribiéndose así en el Padrón de Minas de Lima; se debía pagar 30 soles por cada pertenencia, como impuesto de ley. Esta mensura resultó errada, como después se descubriría, pues el terreno constaba en realidad de miles de pertenencias más; se ha aducido que el error se debió a la falta de pericia de los mensuradores o desconocimientos de las leyes sobre dicho tipo de mediciones; causa suspicacia, además, que el juez fuera un empleado de Helguero. Lo cierto es que a partir de este error se originó uno de los casos más espinosos que enfrentaría el Estado peruano con empresas extranjeras.

IRRUPCIÓN DEL CAPITALISMO INGLÉS

El 3 de febrero de 1888, antes de cumplirse un mes de las mediciones del juez de Paita, Helguero vendió sus posesiones a Herbert Tweddle (estadounidense radicado en Inglaterra), por la cantidad de 18.000 libras esterlinas, operación que fue aprobada por el gobierno.

En 1889 se constituyó en Londres la London Pacific Petroleum Co. de la que Tweddle era el mayor accionista, el mismo que luego se asoció con el súbdito británico William Keswick. Ambos, por escritura pública del 24 de enero de 1890, dieron en arrendamiento por 99 años a la London Pacific las propiedades de La Brea y Pariñas. Ese mismo año, Keswick adquirió los derechos de su socio quedando como único dueño de la London Pacific.

ESTALLIDO DEL PLEITO

El pleito estalló en 1911, cuando el ingeniero Ricardo A. Deustua hizo una denuncia pública, en el sentido de que la London Pacific explotaba muchísimas más pertenencias que las reconocidas por el juez de Paita y el gobierno en el año de 1888. Ante ello, el Ministro de Fomento mandó nuevamente medir la propiedad, siendo los encargados de realizarla los ingenieros Héctor Boza y Alberto Jochamowitz. Estos, pese a sufrir la hostilidad de los ingleses, culminaron la labor con éxito, encontrándose con la sorpresa de que la mina no tenía 10 sino nada menos que 41.614 pertenencias. Por resolución del 15 de marzo de 1915, el primer gobierno de Óscar R. Benavides mandó inscribir la propiedad minera "La Brea" en el Padrón General de Minas, quedando su dueño obligado al pago del nuevo número de pertenencias remensuradas y cuyo monto arrojaba la cantidad de S/. 1'248,420 al año y no los S/. 300 que se había venido pagando. Se adeudaba, en consecuencia, un millonario impuesto, que la London Pacific Petroleum se negó a pagar. Más bien, en 1914, vendió sus derechos de arrendamiento a la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC), subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey. En 1924 la IPC se hizo dueña de los yacimientos, por compra que hizo a los herederos de William Keswick.

El segundo gobierno de José Pardo y Barreda (1915-1919) se vio obligado a encarar la solución de este asunto. Por su parte, la IPC hizo intervenir en su favor a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. El 26 de diciembre de 1918 las dos cámaras del Congreso del Perú aprobaron la Ley Nº 3106, que autorizaba al Estado a someter el asunto a un arbitraje internacional. De esa manera, el gobierno peruano se despojaba de sus facultades soberanas para resolver un asunto interno, llevándolo a la jurisdicción internacional.

EL LAUDO DE PARÍS:

Pero sucedió entonces la ascensión al poder de Augusto B. Leguía, político notoriamente pronorteamericano, que no quiso cumplir con la ley congresal y prefirió llegar a un acuerdo transaccional. Este fue firmado el 2 de marzo de 1922, entre el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés Mr. A. C. Grant Duff. Este Convenio Transaccional fue presentado al Tribunal Arbitral, que se reunió en París y estuvo conformado por el Presidente de la Corte Federal Suiza y los representantes del gobierno peruano e inglés. El 24 de abril de dicho año de 1922, sin mayor discusión, aprobaron el Convenio Transaccional al que otorgaron el carácter de Laudo cuyas condiciones obligaban a las altas partes contratantes como solución a la controversia surgida.

Los acuerdos del llamado Laudo de París eran los siguientes:

1. La propiedad de "La Brea y Pariñas" comprendía una extensión de 41.614 pertenencias y abarcaba el suelo y subsuelo o zona mineralizada.

2. Los propietarios y arrendatarios abonarían durante 50 años la cantidad de treinta soles anuales por pertenencia en trabajo y un sol por pertenencia no trabajada. Las pertenencias que dejaran de ser explotadas pagarían un sol y las que fueran abandonadas pasarían a poder del gobierno.

3. Los propietarios y/o arrendatarios pagarían el impuesto de exportación correspondiente, el que no podría ser aumentado durante veinte años.

4. Los propietarios sólo pagarían un millón de pesos, oro americano, por contribuciones devengadas al 31 de diciembre de 1921. A su vez el gobierno del Perú dejaba sin efecto resoluciones anteriores que se opusieran al espíritu y ejecución de lo aquí estipulado.

Este laudo arbitral era a todos luces, adverso a los intereses del Perú, pues establecía un régimen de excepción tributaria para los dueños y explotadores de La Brea y Pariñas. El Fisco dejó así de

recibir sustanciosas cantidades de dinero como impuestos. El gobierno de Augusto B. Leguía sentó así un precedente de sumisión a los intereses estadounidenses que daría motivo a protestas nacionalistas a lo largo de varias décadas.

La IPC obtuvo más leyes favorables (la Ley 9485 de 1941; la Ley 11780 de 1952) y ventajosas excepciones en dichas leyes. El malestar popular causado por esta situación se convirtió en la bandera de lucha de jóvenes líderes como Héctor Cornejo Chávez, Alfonso Benavides Correa y Fernando Belaúnde Terry, que cimentaron su carrera política entre 1956 y 1962.EL ACTA DE TALARA:

En 1963 ganó las elecciones presidenciales el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, una de cuyas promesas de su campaña electoral fue la solución del enojoso pleito de La Brea y Pariñas. Como primer paso envió al Congreso un proyecto para declarar nulo el Laudo de París y solicitó que los campos de La Brea y Pariñas pasaran a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (entidad estatal). Atendiendo a este pedido, el Congreso dio la Ley Nº 14.696, que declaraba nulo ipso jure el Laudo, pero no se pronunció sobre el segundo punto. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 4 de noviembre de 1963, quedando así autorizado para buscar una solución al viejo problema. Finalmente, por Ley 16.674 del 26 de julio de 1967, se autorizó al gobierno la reivindicación de los yacimientos e instalaciones de la IPC contra los adeudos.

En julio de 1968 el gobierno inició tratos con la IPC. El 13 de agosto del mismo año ambas partes firmaron el Acta de Talara por el cual todos los campos petroleros pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) a cuenta de los adeudos de la IPC, pero esta conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del combustible y las llamadas Concesiones Lima. La IPC se obligaba a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender, para procesarla en su refinería de Talara. Todo lo cual iba contra las expectativas creadas por la Ley 16.674, que exigía la entrega de todas las instalaciones de la IPC por sus adeudos, pero por el momento el gobierno supo explotar el acuerdo como un gran éxito de su gestión.

El Acta fue firmada por el presidente Belaúnde, por el Presidente del Senado Carlos Manuel Cox, por el Presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Ezcurra y por los altos funcionarios de la IPC. Toda la prensa se hizo eco de este suceso y publicaron en primera plana el fin del "Problema de la Brea y Pariñas", contentando así a la opinión pública.

EL ESCÁNDALO DE LA PÁGINA ONCE:

Sin embargo, la opinión pública cambió de parecer cuando un sector de la prensa (la revista Oiga) dio a conocer las condiciones que había impuesto la IPC para la firma del Acta. El momento cumbre del escándalo llegó cuando el renunciante presidente de la EPF, ingeniero Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la EPF y la IPC (10 de setiembre de 1968). Esa fue la famosa "Página Once" que algunos le atribuyeron una gran importancia pues, al parecer, contenía valiosa información sobre costos; otros adujeron que sólo era una página en blanco y hubo incluso algunos que negaron su existencia. Lo cierto es que sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, dieran un golpe de estado menos de un mes después, acusando al gobierno de “entreguismo”.

LA OCUPACIÓN MILITAR DE LAS INSTALACIONES DE LA IPC EN TALARA:

El 9 de octubre de 1968, el gobierno de Velasco ordenó la toma de las instalaciones de la IPC en Talara, la misma que la realizaron las fuerzas de la Primera Región Militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno

a consolidarse en el poder. La fecha del 9 de octubre se celebró a lo largo del gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional.

La IPC fue expulsada definitivamente del país, y aunque Velasco anunció reiteradamente que no pagaría ningún centavo de reparación a dicha empresa (que era filial de la Standard Oil de New Jersey), más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la IPC, y que, mediante el Convenio De la Flor-Greene, el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares. En cuanto a los adeudos que la IPC tenía con el Estado (que contando desde el año 1924 se estimaban en 690 millones de dólares), estos nunca se pagaron.Con respecto a los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, estos se encontraban ya en franca declinación productiva. La misma refinería de Talara ya para entonces estaba muy obsoleta. Teniendo como base todo ello, el gobierno militar creó la entidad Petróleos del Perú (PETRO-PERU), destinada a la explotación y comercialización de la riqueza petrolera.

CONTRATO GRACE

EL CONTRATO GRACE

(1) Imagen izquierda: Michael P. Grace, empresario de origen irlandés con intereses en los negocios guaneros y ferroviarios en el Perú. Reproducción de un grabado de fines del siglo XIX - Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.

(2) Imagen derecha: Andrés A. Cáceres, presidente del Perú bajo cuyo primer gobierno se firmó el Contrato Grace - La imagen es una reproducción de una fotografía del siglo XIX.

Para construir ferrocarriles, el Perú tuvo que concertar los empréstitos de 1869, 1870 y 1872. Después de la guerra, el Perú tenía una cuantiosa deuda externa proveniente de estos empréstitos y no podía pagarla.

Estos empréstitos contaban con la garantía de la riqueza que habíamos perdido, como el salitre, o que estaba en parte comprometida por el Tratado de Ancón o en vías de extinción, como el guano.

Al Perú, para responder a sus acreedores, no le quedaba, en 1886, otra riqueza que los propios ferrocarriles construidos con el dinero que aquéllos nos prestaron.

A fines de 1886, Miguel A. Grace, en nombre del “Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú”, presentó al gobierno de Andrés A. Cáceres el proyecto de un convenio para cancelar la deuda, mediante la entrega de los ferrocarriles y el guano. El gobierno sometió la propuesta a la aprobación del Congreso.

El Contrato Grace suscitó, en el Parlamento y en los diarios, discusiones tan apasionadas y polémicas, tan agrias como las que había provocado el contrato Dreyfuss.

Se discutió durante tres Legislaturas sucesivas (1887 - 1889). Para sus adversarios, una minoría tenaz, el Contrato Grace nos convertía en una colonia extranjera o muy poco menos. Para sus defensores, era un medio práctico, y hasta inevitable, de restablecer el crédito del país y de atraer los capitales necesarios para la reconstitución de nuestra economía.

La minoría parlamentaria optó, a comienzos de 1889, por alargar indefinidamente los debates con el propósito de aplazar la votación. José María Quimper llegó a pronunciar discursos de hasta tres horas.

Finalmente, la minoría decidió retirarse a fin de dejar a la Cámara sin el quórum de dos tercios, indispensable para aprobar el contrato Grace.

Ante esta situación, el Congreso declaró que treinta representantes habían cesado en sus cargos y el Poder Ejecutivo llamó a elecciones para proveer las vacantes.

Por fin, un cuarto Congreso Extraordinario, celebrado en 1889, aprobó el Contrato Grace por Resolución Legislativa del 25 de octubre de 1889.

PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL CONTRATO GRACE

Finalmente aprobado el contrato, contenía entre sus principales disposiciones las siguientes disposiciones:

1. El Perú quedaba por el Comité de Tenedores de Bonos de toda responsabilidad por los empréstitos de 1869, 1870 y 1872.

2. El Perú, en compensación, cedía al Comité de Tenedores de Bonos, por sesenta y seis años, todos los ferrocarriles del Estado; es decir:

De Mollendo a Arequipa. De Arequipa a Puno. De Juliaca a Santa Rosa. De Pisco a Ica. Del Callao a Chilca. De Lima a Ancón. De Chimbote a Suchimán. De Pacasmayo a Yonán y Guadalupe. De Salaverry a Trujillo y Asocpe. De Paita a Piura.

3. Los tenedores de bonos se obligaban a construir y terminar, en plazos que variaban de dos a cuatro años, las secciones:

De Chilca a la Oroya. De Marangani a Sicuani.

Se comprometían también a construir y terminar, en plazo de seis años, ciento sesenta kilómetros de ferrocarril, en las direcciones especificadas.

4. Asimismo, se responsabilizaban de reparar y poner en funcionamiento todos los ferrocarriles materia del contrato.

5. El Perú cedía a los Tenedores de Bonos el guano existente en el territorio nacional hasta la cantidad de tres millones de toneladas, así como el sobrante que resultara del 50% del guano de las islas de Lobos que les correspondía según el tratado de Ancón, una vez satisfechas las obligaciones derivadas del mismo.

6. El Perú otorgaba a los Tenedores de Bono el derecho de libre navegación en el Lago Titicaca, pero las naves debían llevar bandera peruana y ser mandadas por individuos de la marina nacional.

7. El gobierno del Perú entregaría al Comité de Tenedores treinta y tres anualidades de ochenta mil libras esterlinas cada una.

8. El Comité de Tenedores se comprometía a constituir una compañía en Londres que los represente en sus obligaciones y derechos.

9. Vencidos los 66 años de que hablaba la cláusula segunda del contrato, serían devueltos al Gobierno libres de todo gravamen los ferrocarriles y nuevas líneas que se construyeran.

Efectivamente, en mayo de 1890, se constituyó la “Peruvian Corporation”, para la explotación de los ferrocarriles nacionales. El Perú canceló su deuda externa y cedió a plazo fijo sus ferrocarriles.