La Democracia Participativa en Venezuela- Consejos Locales de Planificacion y Coordinacion de Politi

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    Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318750007

    Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal

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    Elys Gilbrando Mora BelandriaLa democracia participativa en Venezuela: Consejos locales de planificacin y coordinacin de polticas

    pblicas y consejos comunales

    Telos, vol. 9, nm. 2, mayo-agosto, 2007, pp. 289-300,

    Universidad Rafael Belloso Chacn

    Venezuela

    Cmo citar? Fascculo completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista

    Telos,

    ISSN (Versin impresa): 1317-0570

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    Universidad Rafael Belloso Chacn

    Venezuela

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    TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias SocialesUNIVERSIDAD Rafael Belloso Chacn

    ISSN 1317-0570 ~ Depsito legal pp: 199702ZU31Vol. 9 (2): 289 - 300, 2007

    La democracia participativa en Venezuela:Consejos locales de planificacin y coordinacin

    de polticas pblicas y consejos comunales*Participative Democracy in Venezuela: Local Councils

    of Planning and Coordination of Public Policy andCommunal Councils

    Elys Gilbrando Mora Belandria**

    Resumen

    El artculo trata sobre la poltica venezolana y su inters en ltimos aos pordesarrollar propuestas sociales, segn los niveles territoriales de cercana entre los

    gobiernos y las comunidades. Como instituciones recientes, los Consejos Localesde Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas, as como los Consejos Co-munales, obedecen a esta iniciativa. En atencin a lo antes expuesto, se visualizanlas condiciones de responsabilidad democrtica de la sociedad organizada en ladireccin de la gestin comunitaria, y cmo su accionar puede relegitimar el ejer-cicio de gobierno, producir un manejo satisfactorio de los proyectos sociales y vi-gorizar las redes de solidaridad democrticas.

    Palabras clave: Democracia participativa, consejos locales de participacin y co-ordinacin de polticas pblicas, legitimidad, estado, gobierno.

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    Recibido: Mayo 2006 Aceptado: Febrero 2007

    * Este artculo forma parte un proyecto ms amplio que se desarrolla en el Grupo deinvestigacin de Gestin Pblica, Universidad de los Andes, Mrida - Venezuela, conel apoyo del CDCHT - Cdigo: D-262-04-09-B.

    ** Profesor Agregado de la Universidad de los Andes, Escuela de Ciencias Polticas.

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    Abstract

    This article deals with Venezuelan policy and its recent interest in develo-ping social proposals, according to territorial proximity levels between the go-

    vernments and communities. As relatively new institutions, the Local Councils ofPlanning and Coordination of Public Policies as well as the Communal Councils,obey this initiative. In the light of the above, the conditions of a societys demo-cratic responsibility are visualized as organized toward communitarian manage-ment, and because putting this into action could re-legitimate government func-

    tioning, it produces satisfactory handling of the social projects and invigoratesnetworks of democratic solidarity.

    Key words: Participative democracy, Local Councils of Participation and Co-ordination of Public Policies, legitimacy, State, government.

    1. Introduccin

    En el lenguaje politolgico la participacin es un requerimiento ciudadanoque se remonta a los estudios clsicos de la poltica. A partir de entonces y hasta eltiempo presente esta es una variable categrica en los anlisis de la democracia. EnVenezuela la participacin como asunto comunitario ha estado retardada en el es-quema de la gobernabilidad poltica del Estado, y slo en los ltimos aos se obser-

    va un intento de rediseo institucional con fines participativos, ms all del mo-mento electoral, para poner en marcha polticas pblicas tendientes regular el con-

    flicto social. Dado que los intereses de la clase poltica durante los aos del Pactode Punto Fijo eran otros, fue comn observar como durante 40 aos se hizo per-sistente el fenmeno de las clientelas, la desconfianza hacia los arreglos polticos, losprocesos burocrticos viciados en todos los niveles del poder pblico, la ocupacindel Estado en tareas intiles, las reservas y el pesimismo frente a los cambios que sepudieran generar a travs de la descentralizacin y las reformas poltico administra-tivas, adems de una escasa visin innovadora en el mbito de la gestin pblica, yla suspicacia hacia los modelos de gestin provenientes del sector corporativo; te-mas mencionados con insistencia entre los obstculos frecuentes que impedan lle-

    var a buen trmino la gestin del gobierno. Otro tanto se pude decir del vaco di-rectivo emanado del isomorfismo institucional, del colonialismo administrativo, dela improvisacin y la desarticulacin de objetivos sociales.

    Las falla descritas justifican la reapertura de la dinmica administrativa delpas, bajo el prisma de nuevas estructuras decisionales, y en este caso de la partici-pacin de los Consejos Locales de Planificacin y Coordinacin de Polticas P-blicas, y ms recientemente de los Consejos Comunales. Ambos dispositivosson claves para promover la democracia participativa, actuar con fluidez y pronti-tud en las respuestas hacia los ciudadanos, fomentar la calidad de las decisiones, ypromover una mayor observancia en la ejecucin de los recursos pblicos. Paracumplir con este cometido resulta primordial considerar estrategias de gestinms horizontales y directas en el manejo de la informacin, con el fin de agilizar la

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    observacin y fiscalizacin de los recursos para una mejor prestacin de serviciosy optimizar as los planes de inversin hacia sectores sociales vulnerables.

    2. El ascenso de una nueva forma de comprender la poltica

    Quizs en la actual discusin neo localista sobre la democracia venezola-na, el tema de la participacin sea en los ltimos aos uno de los ms recurrentesde losltimos tiempos. De acuerdo con el artculo 58,de la Ley Orgnica de Pla-nificacin, se entiende por participacin social el derecho que tienen los sectoressociales de estar debidamente informados, de elaborar propuestas, identificarprioridades y recomendar unas formas de participacin que incidan en la cons-truccin viabilidad y perfectibilidad de la planificacin.

    La participacin como criterio de inclusin democrtica es un tpico emer-gente en el contexto del poder del Estado, y tiene un valor indiscutible en la rede-finicin del papel socioeconmico del gobierno. Aunque esto depende tambindel estilo y la manera de procesar y ejecutar las polticas pblicas. No obstante lademanda hacia esquemas gerenciales menos rgidos para aumentar las capacida-des del gobierno, est obligando a ciertos sectores del Estado a innovar desde lasbases comunitarias para la obtencin de resultados efectivos.

    En este campo de intervencin, las alternativas de gestin pblica debenconducir hacia mejores ejecuciones gubernamentales, apuntaladas en una pers-pectiva relacional del poder, para lograr una mayor responsabilidad y sobrepo-nerse a las instituciones concha como les ha llamado Giddens, A. (2000), por

    obsoletas, faltas de adecuacin social, e incluso ante la prdida de su razn de ser.Ahora bien, la participacin de la sociedad civil en los programas sociales,

    tiene un fundamento interdisciplinario donde confluyen corrientes varias del co-nocimiento social, especialmente el de los economistas, politlogos, socilogos,antroplogos, y especialistas en leyes, quienes manejan indicadores de resultadoante problemticas, que tienen en la democracia su razn de ser.

    Entonces de suponerse que frente a los modestos resultados de la adminis-tracin pblica, es inexcusable la tarea de ir ms all de la segunda generacin dereformas administrativas, fundamentalmente a travs de la reinvencin estratgi-ca de la democracia. Reducir la brecha entre legitimidad y eficiencia en los nivelesde proximidad de los ciudadanos con el gobierno, implica entonces optar por unamejor relacin de reciprocidad gobierno-ciudadanos, con vistas a solventar res-ponsablemente la conflictividad social.

    Cabe recordar en el marco histrico de la poltica venezolana (1958-1998),que la democracia partidista influy en una confeccin incoherente de las polti-cas gubernamentales, y en el desorden de los programas sociales, perdindose in-

    versiones estatales importantes. Al respecto, y en aras de ampliar el horizonte dela participacin electoral, la visin de la democracia representativa (vertical), pri-

    v sobre la democracia participativa (horizontal), y en ese sentido la democraciadeterminada por los partidos polticos era imaginada suficiente para gestionardesde el gobierno las polticas pblicas.

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    Como queda dicho, la inflexibilidad de la poltica venezolana, determinadapor los partidos polticos, caus inconvenientes en el proyecto popular de la pol-tica democrtica, a tal punto que la relacin entre los medios administrativos y elcumplimiento de los objetivos en la ejecucin de polticas pblicas, dio lugar adiatribas en cuanto a la orientacin, efectividad y evaluacin del gasto pblico,pues la contingencia de ofrecer servicios pblicos y atender los diversos proble-mas de naturaleza social con tanta improvisacin, no permitieron adaptar la ac-cin pblica a los parmetros de solvencia, economa, eficiencia y eficacia. Por elcontrario, la situacin se agrav en una sociedad cada vez ms empobrecida y es-

    casamente atendida, que exiga un compromiso gubernamental superior con lapoltica y con lo poltico.

    Por consiguiente, en medio del diluvio de la poltica, sobrevino la banaliza-cin de los partidos polticos y la desarticulacin sus redes clientelares, que ms lapenuria de una administracin pblica centralizada, poco gil, e inflexible en susprocedimientos, abri el camino para la crisis, y al mismo tiempo para las deman-das de una participacin extensamente demanda por los ciudadanos, estimuladapor un proyecto poltico reivindicador de polticas pblicas definidas y gestiona-das desde las bases, y constitucionalmente apuntaladas por la equidad e inclusinsocial democrtica.

    As que entre las partes de la estrategia transformadora, bajo una visin in-tegral de resolucin de problemas por parte del gobierno actual encabezado porel Presidente Hugo Chvez, surge desde 1999 la idea de incorporar intensamente

    a los ciudadanos a la participacin, para la profundizacin de la democracia, en-tendida a travs de las capacidades que puedan generar los diferentes mbitos degobierno para dar respuestas a la diversidad de necesidades y requerimientos desus ciudadanos y la asignacin de responsabilidades a un espectro plural de la so-ciedad Maingn, T.(2005:543-544).

    De all que el seguimiento a las polticas pblicas, debera depender de acti-tudes apegadas al control, que trascienda la intervencin exclusiva del poder cen-tral, que por la extensin de sus competencias, y lo volumtrico de su gestin, po-dra limitar los criterios de inspeccin social.

    3. Compromiso gubernamental y alternativa de la participacin

    Las nuevas oportunidades de gobierno participativo llevan a plantear lapregunta, por qu nuevos espacios de gestin y de responsabilidad compartidaentre los gobiernos y los ciudadanos en Venezuela? Pues bien, en los aos recien-tes las alternativas de gestin han tenido un despliegue prodigioso tratando de re-

    vincular los espacios sociales y los actores polticos en la democracia venezolana,bajo criterios constitucionales. Frente a los problemas de la llamada crisis de go-bernabilidad (ineficiencia e ilegitimidad) en los resultados de la poltica, las ofer-tas constitucionales y programticas para la ciudadana en materias social y eco-nmica no se han hecho esperar.

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    Al respecto, quienes estn al frente de las transacciones, han venido conside-rando cada vez con mayor insistencia la reorientacin del poder para la concerta-cin de las polticas pblicas, entre el gobierno y las comunidades. Una idea cen-tral es la revalorizacin de lo local a travs del empoderamiento (empowerment) dela gente en espacios que no tienen la caracterstica de ser sistemticamente com-petitivos Jungemann, B. (2005:596). Dentro de esta perspectiva se han previstorecursos cuantiosos, y estmulos financieros considerables para la formulacin,ejecucin y control de proyectos.

    En este sentido, la demanda de una mayor inclusin social en Venezuela, y

    la urgencia de fortalecer los derechos de los ciudadanos, y los grupos sociales vul-nerables, conformados por los estratos verdaderamente pobres, cuenta con unmarco constitucional y legal favorable al igualitarismo, ante lo cual se supone de-terminanteEl papel del Estado en la creacin de esas oportunidades, junto con elsector privado y comunitario. El primero con su potestad redistribuidora y los se-gundos por medio de la seleccin, ejecucin, control y supervisin de las polticasdel Estado Espaa, L. (2003:154).

    Por lo dems, la propuesta de mejorar las decisiones pblicas ha hecho de lademocracia participativa un instrumento para la apertura de canales prcticos, afin de resolver problemas como el trfico de influencias, el pago de comisiones,las trabas burocrticas; pero tambin algo ms detestable en trminos estructura-les de la administracin, es decir, la obstruccin en la transferencia de los recursos.Entonces la principal razn democrtica de la propuesta, consiste en promover el

    estmulo de la sociedad civil frente a la sociedad poltica, con un sentimiento decomunidad, a travs de una ciudadana de nuevo tipo, ms preocupada por la res-ponsabilidad y, en definitiva, capaz de engendrar actitudes de confianza en el pro-ceso de las polticas pblicas locales.

    En ltima instancia, esto debe favorecer un marco de decisiones menos je-rarquizado, basado en redes de compromiso horizontales, con un sentido de ma-yor protagonismo y asociacin comunitaria, en correspondencia con la interven-cin de los ciudadanos en la implementacin y operatividad de los servicios, todoa efectos de alcanzar resultados ms relevantes, (frente a los ofrecidos en otrostiempos).

    4. La participacin, una oferta poltica nueva sobre la basede un antiguo concepto

    El tema de la democracia participativa como alternativa de autogobiernotiene una larga y bien establecida tradicin terica en la Ciencia Poltica, pero ex-cepcionalmente su desarrollo, al menos como propuesta operativa es reciente,ms si se revisa como parte de la distribucin en la accin del gobierno, y de la for-macin de redes de cooperacin entre los ciudadanos. En razn del criterio ex-puesto, la participacin ciudadana se entiende segn lo plantean Brugu, Q.et al(2001:112), como aquella actividad que nos involucra, de una u otra forma, enlas decisiones polticas que afectan a la comunidad.

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    En estos trminos, y dentro del marco formal de la democracia se han hechoreformas, pensando localmente en las esferas territoriales del poder que sean msprximas a los ciudadanos. Para ello, se vienen trazando mapas alternativos yredes horizontales, a fin movilizar a los ciudadanos, no con objetivos necesaria-mente electorales, forma tradicionalmente aceptada de la participacin, sino conel propsito de ubicarlos en el rbita resolutiva de los problemas, en el entendidoque el grado de satisfaccin de los ciudadanos frente a las respectivas institucio-nes democrticas constituye una medida cierta de la calidad de esa democraciaPasquino, G. (1997:71).

    Eso significa, trascender el marco reduccionista de las polticas pblicas, yubicarlas ms all de las transacciones circunscritas exclusivamente a los diseosadministrativos, lo cual supone un compromiso superior con los asuntos de inte-rs general.

    Ahora bien, con razonados argumentos se habla de la emergencia una nue-va concepcin de juzgar el poder, de promover la gestin pblica y de innovar enla poltica. La perspectiva est en alcanzar objetivos ms humanitarios en el cam-po social, y con un sentido superior de pertenencia y asociacin comunitaria.Desde este punto de vista participar, por lo tanto comporta tomar parte en la de-finicin de los escenarios de futuro, en fijar prioridades y en optar por formas al-ternativas de hacer las cosas Brugu, Q.et al(2001:112).

    Conviene recordar entonces, que una vez concluida la poca de la pasividaddemocrtica donde las instancias intermedias del poder parecan suficientes, nue-

    vas formas de participacin se vienen conformando en la poltica venezolana,pero en cierta forma el compromiso y responsabilidad se deben desbloquear parasalvar los lmites entre los gobiernos, los ciudadanos, los problemas sociales y elcontrol democrtico. Para cumplir con este cometido se requiere la incorporacinde esquemas de anlisis sobre la gestin local, y procedimientos sujetos a solucio-nes compartidas para evitar los conflictos, y en segundo trmino implica llevar a laprctica las destrezas y habilidades negociadoras de las instituciones, la efectivi-dad de la administracin pblica, y la calidad del marco regulatorio de las polti-cas pblicas en cuanto a monitoreo y seguimiento de los proyectos sociales.

    Asumir las acciones de reforma en la direccin considerada de la buena ges-tin, demanda de una Administracin Pblica capaz de dar Una ordenacin msestratgica a la formulacin de polticas. Un cambio en la forma en que los orga-nismos se constituyen, por ejemplo separando el diseo de polticas de su implan-tacin y el financiamiento de su provisin. Un sistema de gestin financiera que

    haga nfasis en los resultados, entregue un coste completo, contabilice los insu-mos y los productos y que al mismo tiempo descentralice los controles de gastos.Un sistema de personal descentralizado que ponga mayor nfasis en la gratifica-cin por el desempeo Shepherd, G. (1999:79).

    Ahora bien, hemos entrando en una era propicia para que los gobiernos es-cuchen a las comunidades y cedan protagonismo a los ciudadanos en las decisio-nes pblicas. En este caso, trminos como capital social, confianza, solidaridad,

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    empoderamiento, control social, protagonismo, etc., han pasado a ser parte deluso de corriente, y sin referentes valorativos de la poltica para ayudar a cerrar labrecha entre la mala poltica y lo que podra ser la buena poltica.

    Al respecto y con extraordinaria claridad Robert Putnam (1994) ha dadoun innegable significado al tema en cuestin, en tanto la generacin del capital so-cial forja la confianza, e introduce medidas de desempeo en los gobiernos. Paraello se trata de imaginar opciones participativas que trasciendan a los habitualesdiscursos cargados de retrica y utopa, y ante todo garanticen una democraciaque funcione mejor.

    Sin embargo, cuando fallan las redes de confianza poltica extensas, en de-trimento de lo prescrito en el capital social, poco se puede esperar de la capaci-dad ordenadora de la democracia poltica. Obviamente estamos hablando msde un fenmeno emergente que de unas realidades consolidadas que generenunanimidades. Entre los polticos siguen predominando las reticencias hacia laapertura y la falta de implicaciones en el debate acadmico, y sigue presente la des-confianza hacia un excesivo protagonismo ciudadano Font, J. (2001:15).

    Ahora bien, para las corrientes ms innovadoras de la gobernabilidad de-mocrtica, situadas en los esquemas analticos del nuevo institucionalismo, la pre-eminencia del gobierno local como factor clave en todos los sistemas polticos esindiscutible, y como lo reafirma Carlos Alba (1997), citando a Batley por unbuen nmero de razones: en primer lugar, el gobierno local es el mbito ms pr-

    ximo a los ciudadanos y a los intereses territorialmente considerados.

    En segundo lugar, a pesar de su heterogeneidad (diferente tamao, diferen-te estructura social, variable nmero de habitantes, diferentes necesidades) pro-porcionan y gestionan una serie de servicios fundamentales para el bienestar delos ciudadanos. En tercer lugar, el conjunto de gobiernos locales supone un por-centaje muy importante del total del gasto pblico y del empleo de cualquier pas.En cuarto lugar, es un mbito especialmente relevante en lo que concierne a laparticipacin poltica y a la expresin de intereses polticos.

    Finalmente, en aquellos pases que han transitado a la democracia, o que es-tn en procesos de transicin, los gobiernos locales juegan un papel estratgico enla construccin de la nueva legitimidad y en el desarrollo y reforzamiento de lasnuevas estructuras y prcticas democrticas Alba, C. (1997:16). Las actitudes re-feridasestn muy determinadas por las fuerzas socialesorganizadas desde las bases.

    5. Las alternativas de participacin social y de gestin pblicacompartida

    Como se ha visto, la participacin viene adquiriendo gran notoriedad en elformato de las nuevas relaciones Estado y sociedad, y aun cuando en el curso delas discusiones de filosofa poltica persistan ciertos sesgos de utopa y abstrac-cin, dicha relacin no se puede imaginar nicamente como la contraparte de lademocracia representativa, de la que con mucha ligereza se le excluye; sino com-

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    prenderla en una forma creativa e interactiva, de complemento o auxilio del poderpoltico, particularmente para enfrentar los dficit sociales que conducen a crisisde poder.

    Este compromiso es clave para fortalecer el trabajo social en Venezuela,contexto donde se ha reconocido con claridad una tendencia minimalista en laidentificacin de los ciudadanos con las polticas pblicas. Ello afecta el carcterprocedimiental del poder, y en consecuencia la legitimidad por rendimiento.

    De manera casi unnime se seala como condicionante de esa desalentadoraactitud, la centralizacin excesiva del poder, que absorbe hegemnicamente lascondiciones de planificacin y control, bloquea las promesas sociales de la demo-cracia y frena el avance hacia el desarrollo de los servicios pblicos. Los intentosde cambio en este contexto, tienen matices muy variados, pero si para algo ha ser-

    vido el convulsionado escenario poltico de la democracia en este pas a partir de1998, ha sido para extender la discusin pblica acerca de las posibilidades depromover iniciativas de organizacin del sector social, con vistas a la profundiza-cin de la democracia en sus expresiones de mayor eficiencia y calidad.

    6. Experiencias concretas del legado participativo

    Algunos pases occidentales con democracias desarrolladas han abierto en lasgrandes ciudades los canales de la participacin, por ejemplo, a travs de los llama-dos Consejo Territoriales, desde la dcada de los ochenta del Siglo XX. Estos exis-ten, segn el relato de Font, en Italia, Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Gran

    Bretaa. Pero ms all de unos pocos rasgos comunes, estos consejos presentangrandes divergencias en su composicin, funcionamiento y objetivos. (Font, J.2001:62-63). Otra corriente de investigadores viene hablando, desde los aosochenta, sobre el caso de Nueva Zelanda como el modelo piloto para la formacinde los Consejos Locales, y de los Consejos Consultivos, entre ellos Barcelona(Espaa) desde aquella misma dcada. Bsicamente la mecnica de la poltica parti-cipativa sealada tiene por finalidad promover estrategias innovadoras en el campode la gestin pblica, destacndose la evaluacin de servicios, la elaboracin presu-puestaria, y el seguimiento de los programas sociales en el nivel local.

    Fuentes especializadas discuten en tiempos ms recientes casos cercanos enAmrica Latina. De singular evidencia se menciona Brasil, donde ya se tiene algu-na experiencia significativa, que por su relevancia y sus resultados satisfactoriosha venido causando impresin en otras latitudes. En este contexto Porto Alegrey Sao Paulo conforman experiencias pioneras en lo concerniente a los llamadospresupuestos participativos, aplicados siguiendo la idea de una mayor incorpo-racin de la sociedad en la gestin de proyectos comunitarios y cooperativos, bajolneas de trasferencias de recursos gobierno-ciudadanos, priorizando en el capitalsocial, y a travs del mismo en las redes de confianza, que permitan una gestinpresupuestaria independiente de la tradicional capacidad de chantaje de los parti-dos polticos y de sus redes clientelares, cuyos efectos negativos se enumeran con

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    mucha frecuencia entre las distorsiones injustas de los recursos que con frecuenciaterminan dentro de la atpica corrupcin.

    Adems en el mbito propiamente dicho del gobierno local, Nuria CunillGrau ratifica las bondades de esta forma de democracia participativa, sealandoque las experiencias innumerables de presupuesto participativo iniciadas en di-

    versas prefecturas municipales, ha impulsado la creacin de Concejos Municipa-les, con representantes electos por la poblacin, para elegir los principales proyec-tos de inversin, as como las proporciones del presupuesto a ser destinados acada uno de ellos Cunill Grau, N. (1995:36).

    La puesta en marcha de la poltica descentralizada ha sido en Venezuela unasunto lleno de dificultades, no obstante por la disposicin y la gran voluntad po-ltica con la cual han acometido esta tendencia hay algunos municipios que sobre-salen a nivel nacional. En ciertos casos hay avances importantes, de manera parti-cular en la puesta en marcha de los recientes Consejos Locales de Participacin yPolticas Pblicas.

    7. Participacin en los niveles de poder ms prximosa los ciudadanos

    La distribucin de competencias y la disposicin a compartir funciones, ex-plica el fomento de los Consejos Locales de Participacin y Polticas Publicas(CLPPP), y de los Consejos Comunales. Ambas frmulas de compromiso insti-tucional derivan del marco vigente en la Constitucin de la Repblica Bolivariana

    de Venezuela (1999).

    La prioridad est enmarcada en la materializacin del desarrollo local pormedio de un procedimiento desicional, determinado por responsabilidades com-partidas, puesto que los gobiernos no son de ninguna manera los principales im-pulsores del cambio social. Sin embargo, cumplen un papel clave en orientacin ymacro gestin que demandan las transformaciones sociales, incluyendo la movili-zacin y la supervisin de los mltiples actores que hacen falta para lograrlasDror, Y. (1997:64).

    A la realidad emergente de los Consejos Locales de Participacin y PolticasPblicas (CLPP), se aaden los Consejos Comunales, para garantizar nuevas for-mas de reciprocidad, pero ms all de ser un ensayo poltico, sin duda parte de suxito debe estar en la superacin de las deficiencias evidentes en los procesos admi-nistrativos, que han impedido adelantar como es debido el proceso de coordina-

    cin efectivo de las tcticas de gestin, por las unidades ejecutoras de las polticaspblicas, rescatndolos de las habituales perversiones de la burocracia tradicional.

    Ambas experiencias pueden ser claves para el xito de los programas de ges-tin, pero siempre y cuando cumplan a cabalidad su cometido de verificar el cum-plimiento de metas, planes y programas que lleven a mejores resultados. Sin em-bargo, el proceso intentado requiere de una innovacin en la administracin p-blica, para completar la orientacin de los propsitos constitucionales y legales.

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    Una de las enseanzas ms fecundas puede estar en utilizar tcnicas de la nuevagestin pblica como garanta para una mejor conduccin del gobierno. Estosmedios no se pueden abandonar,so pretexto de ser perspectivas de gestin neo em-presarial, ms cuando la poltica por s misma no basta para obtener buenos resul-tados, y cuando los procedimientos del gobierno, o de la administracin pblica,en muchos casos resultan incompatibles con los postulados esenciales y las pro-mesas bsicas del rendimiento de la democracia.

    Los Consejos Comunales parecen contar con las mejores expectativas, yson tal vez la novedad en la agenda reciente del gobierno del Presidente Hugo

    Chvez, cuyo poder est afianzado en la base popular. De all el nfasis por partedel Ejecutivo en la promocin, formaciny puesta en marcha de los Consejos Co-munales, destacndose, entre los ya constituidos unos quince mil en todo el pas,y se espera por la creacin de 50 mil para finales del ao 2007.

    Los mismos cuentan, de acuerdo con el estatuto legal, con una potestad pri-vilegiada, al tener bajo su responsabilidad la cogestin y la presentacin de pro-yectos, con lo cual, segn consideraciones de ciertos sectores conservadores delanteriorestatus quo, se le estara restando importancia sobre la referida materia alas alcaldas, y a los CLPPP. Las motivaciones adicionales de tal creacin, segnargumentaciones del sector oficial, estn en la superacin de las evidentes fallas delos gobiernos municipales a la hora de disear proyectos y agilizar los recursospara la aplicacin de programas de polticas pblicas.

    La composicin de los Consejos Comunales es complementada por las

    Asambleas de Ciudadanos, Comits de Trabajo, Unidad de Gestin Financiera, yla Unidad de Contralora Social. Adems dichos consejos poseen entre las priori-dades legitimadas por los vecinos: el Comit de tierras, Comit de hbitat, Comi-t de energa, Mesa tcnica de agua, Comit de vivienda, Cooperativas vecinales,y Asociaciones de vecinos.

    Conforme a las deposiciones financieras, el gobierno nacional ha previstopara el Fondo Nacional de Consejos Comunales, en trminos conservadores, unacantidad de 2,2 billones de bolvares, recursos provenientes en un 50% de los in-gresos excedentarios del Fondo Intergubernamental para la Descentralizacin(FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales (LAEE).

    De modo que la concesin de una mayor participacin, a travs de los Con-sejos Comunales implica, sobre todo, autorizar una mayor responsabilidad a lossectores populares en la canalizacin de sus demandas, y para ello hay que conver-

    tir a las mismas comunidades en promotores del desarrollo a sus problemas, enoperadores directos de los controles de los proyectosde la gestin de los recursos,y de la revisin de la calidad de la obras pblicas. La conformacin se hace por dis-posicin voluntaria, a travs de las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, enfuncin de las iniciativas de las mismas comunidades, de acuerdo con las reas deatencin, y segn su implicacin en asociaciones de diversa naturales pero siem-pre con fines sociales.

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    A contracorriente, una de las mayores debilidades es que aun no se ha logra-do la cohesin necesaria entre los niveles direccionales del gobierno en todos losespacios administrativos, y tampoco se ha asumido la participacin con el verda-dero sentido de compromiso democrtico comunitario. Esto impide acelerar elpaso hacia la transformacin social esperada por la Revolucin Bolivariana.

    De all que los efectos legitimadores de los procesos participativos, como losugiere Font (2001:25), sern mayores si estos consiguen lo que fue uno de losgrandes argumentos tradicionales de muchos defensores clsicos de la participa-cin: la participacin como escuela de democracia, que contribuye a crear mejo-

    res ciudadanos.

    8. Conclusiones

    Del anlisis expuesto resulta ineludible una valoracin de la poltica guber-namental en Venezuela, donde la administracin parece prolongadamente atra-pada en los esquemas tradicionales del centralismo administrativo, lo cual requie-re privilegiar unas lneas de mando ms horizontales para flexibilizar el poder yagilizar la participacin. A todas estas, la conquista de una mejor democracia paralos ciudadanos, en su dimensin de calidad y empoderamiento social est en ca-mino, aunque debemos estar claros en algo, es decir ni la democracia representati-

    va ha sido suficiente, ni la democracia participativa alcanza a la solucin a todoslos problemas.

    Pero a falta de opciones distintas, la transversalidad de ambas corrientes,

    apuntalando los procesos decisionales en el espacio pblico local, puede ser unava para intensificar la poltica democrtica y acelerar el paso de las polticas pbli-cas y su traduccin en mayor calidad para la sociedad. Obviamente hay problemaspor superar, estamos ante formas inditas de organizacin intergubernamentalque requieren de una mayor concertacin social.

    Un tpico adicional est en la transformacin de una cultura de lo pblicocon preferencia por los objetivos de la poltica, enfatizando en la prontitud de lasrespuestas, con opcin en niveles de satisfaccin aceptables en trminos de cali-dad de las ejecuciones gubernamentales, lo cual implica responsabilizarse de lasalternativas. Por ltimo se debe estipular con apremio la garanta que la sociedadorganizada puede asimilar con fundamentos democrticos el difcil trabajo delcontrol demandado por los rganos de participacin que han venido surgiendoen Venezuela.

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