La defensa del Estado de Honduras ante la Corte

Interamericana en el caso Luna

El pasado jueves 07 de febrero se celebró durante todo el día la audiencia

sobre el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López que puso

nuevamente al Estado de Honduras ante la justicia internacional.

En dicha audiencia, la Corte Interamericana recibió la declaración de César

Luna, hijo de la víctima, del abogado Omar Menjívar quien fue fiscal ad hoc

del caso en Honduras y testigo ante el tribunal interamericano, y del perito

experto Juan Mejía, todos propuestos por el Centro por la Justicia y el

Derecho Internacional, y el ERIC. Por parte del Estado, la Corte recibió la

declaración del abogado Adrián Rosales, quien fue el primer fiscal que

conoció del asesinato Luna y cuya gestión inicial permitió sentar las bases de

la impunidad.

La audiencia fue pública y además se trasmitió en vivo desde la página

electrónica de la Corte Interamericana y para quienes tuvieron la ocasión de

presenciarla, pudieron observar que los representantes de la familia Luna

lograron demostrar el incumplimiento del Estado de prevenir el asesinato de

Carlos Luna, como parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida.

También demostraron las graves deficiencias ocurridas en las primeras

etapas de la investigación de su muerte, así como a las acciones y omisiones

estatales que impidieron la captura, procesamiento y sanción de todos los

responsables intelectuales y materiales de la misma. Y finalmente, también

lograron mostrar a la Corte Interamericana el sufrimiento causado a los

familiares y la necesidad de ordenar al Estado una serie de reparaciones que

son indispensables para que hechos como los del presente caso no vuelvan a

repetirse.

El Estado, representado “casualmente” por el bufete privado de la esposa del

Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, hizo gala, una vez más como ya

es costumbre que ocurra en las audiencias de la Comisión y Corte

Interamericanas, de su falta de formación en derecho internacional,

información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la

justicia, dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y

ante la solidez de los argumentos de los representantes de la familia Luna,

terminaron cayendo hasta en el absurdo de culpar a Carlos Luna de su propio

asesinato.

A lo largo de Este año el tribunal interamericano dictará sentencia y

esperamos que la misma constituya un mensaje claro y contundente respecto

de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras para prevenir la

violencia contra defensores de derechos humanos en general y de

ambientalistas en particular, pues sólo así será posible evitar seguir siendo

testigos de la muerte de personas que como Carlos Luna sacrifican su vida

por una Honduras más justa.

Nuestra Palabra | 13 Febrero 2012