La conquista del lejano sur Integración del Amazonas al ...
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1 La conquista del lejano sur Integración del Amazonas al proyecto nacional 1903-1934 Laura Pedraza Rodríguez Monografía de grado para optar por el título de Historiadora Directora: Constanza Castro Benavides Lectora: Claudia Leal León Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia
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La conquista del lejano sur
Integración del Amazonas al proyecto nacional
1903-1934
Laura Pedraza Rodríguez
Monografía de grado para optar por el título de Historiadora
Directora: Constanza Castro Benavides
Lectora: Claudia Leal León
Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
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Para Tuto, el soñador
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Agradecimientos
Gracias a mi abuelo Augusto por transmitirme su pasión por las regiones de Colombia. El deseo
de recorrerlas y conocerlas, así como mis ganas de trabajar por un mejor país, se los debo a él.
Agradezco especialmente a mis papás, mi hermana y mi abuela Inés por su esfuerzo y
enseñanzas, por estar presentes en cada etapa de mi carrera y por impulsarme a cumplir mis
sueños todos los días.
A Camila Ramírez Cuervo gracias por su lectura, sus comentarios y su disposición para
ayudarme a mejorar cada detalle. A Sofía, y toda la familia Meléndez Jiménez, gracias por su
amistad incondicional y por su apoyo desde el primer momento para el desarrollo de este
trabajo. Por sus consejos y colaboración constantes, gracias a Felipe Posso y Mayumi Fuse.
Quiero agradecer de manera especial a mi directora, Constanza Castro, por su enorme
dedicación, sus valiosas enseñanzas y su compromiso con la historia como ejercicio
transformador. Sin su guía a lo largo del camino, no hubiera podido desarrollar esta
investigación.
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Tabla de contenido:
Introducción 5
De Panamá al Amazonas: Zonas contestadas, crisis de soberanía y demarcación territorial (1903-
1931) 15
“Todo el país en pie”: Defensa del Amazonas en tiempos de guerra (1931-1933) 38
“Bien sabido es que lo bueno cuesta caro”: Proyectos educativos para el largo plazo en el Amazonas
(1930-1934) 55
Consideraciones finales 69
Bibliografía 72
Índice de mapas:
Mapa 1 La obra diplomática del presidente Reyes (1906). Francisco Javier Vergara y Velasco. Bogotá:
Banco de la República .......................................................................................................................... 21
Mapa 2 Amazonía colombiana (1911) Estado Mayor del Ejército Nacional. Bogotá: Archivo General
de la Nación. ......................................................................................................................................... 23
Mapa 3 Mapa de las regiones amazónicas. (1911) Enrique Vidal. Bogotá: Biblioteca Nacional ......... 24
Mapa 4 República de Colombia. (1914) Grabado por Enrique Vidal. Bogotá: Archivo General de la
Nación. .................................................................................................................................................. 25
Mapa 5 Amazonía colombiana. Zonas contestadas. (1916). Demetrio Salamanca. Bogotá: Biblioteca
Nacional ................................................................................................................................................ 27
Mapa 6 Frontera entre Brasil y Colombia (1936). Bogotá: Archivo General de la Nación .................. 30
Mapa 7 Mapa anexo al alegato del Perú en el arbitraje sobre sus límites con el Ecuador, presentado por
José Pardo y Barreda a S.M. el árbitro la reina regente de España (1904). Bogotá: Banco de la República
.............................................................................................................................................................. 32
Mapa 8 Mapa comercial de la República de Colombia. (1931) Bogotá: Banco de la República ......... 33
Mapa 9 “Mapa cafetero de la República de Colombia”. (1933) Bogotá: Banco de la República......... 36
Mapa 10 Mapa de las regiones orientales de la república de Colombia (Casanare, San Martín, Caquetá,
Putumayo y Amazonas, corregido según los tratados y laudos especiales). (1916). Bogotá: Biblioteca
Nacional ................................................................................................................................................ 41
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Introducción
Por el momento y mientras se puede organizar en forma más eficaz la vigilancia de esas regiones, soy de opinión que el gobierno debe prohibir terminantemente la explotación de balatá en el Caquetá y el Putumayo, sin tener en cuenta las protestas que esta medida habrá de suscitar. Posiblemente ella traerá como resultado que abandonen la región unos pocos aventureros que explotan el trabajo de los indios y no será difícil que algunos órganos de la prensa alcen el grito diciendo que con tal medida nuestras fronteras van a quedar sin quién haga acto de presencia en ellas.1
Hasta las primeras décadas del siglo XX la Amazonía era el único lugar del mundo donde se
encontraba el árbol Hevea, del que se extraía la forma más productiva de goma elástica y que
se conoció desde entonces como árbol del caucho. Desde finales del siglo XIX y hasta la
segunda década del siglo XX, la selva amazónica colombiana, constituida por los territorios de
Caquetá y Putumayo, se convirtió en un enclave para la explotación del caucho. Además del
Hevea, en esa región había árboles de gutta-percha, balatá, y castilla ulei. De este último se
extraía la resina para la producción del caucho propio del piedemonte amazónico, conocido
como caucho negro del Amazonas2. La invención de la bicicleta y el automóvil, así como el
uso del vapor tanto en las fábricas como en las comunicaciones terrestres y marítimas,
incrementaron exponencialmente el consumo de las gomas elásticas en el mundo, de 2.000
toneladas en 1850 a más de 380.000 en 19193. En el territorio colombiano la explotación
intensiva del caucho comenzó tras el fin del auge quinero, en la década de 1880, cuando la
Compañía Colombia y la Compañía Calderón se instalaron entre los ríos Caquetá y Putumayo,
así como en la región de La Macarena.
El incremento en la producción de caucho se tradujo en el interés de Colombia por acceder al
río Amazonas, principal medio de transporte de ese producto hacia el Atlántico. El río estaba
bajo el control exclusivo de Brasil y Perú, no solo porque pasaba por sus territorios, sino porque
ambos países habían acordado condiciones exclusivas de navegación mediante la Convención
Fluvial sobre Comercio y Navegación de 1851. Para obtener el caucho de castilla ulei era
necesario derribar los árboles, lo que implicaba su rápida extinción, así como fluctuaciones
poblacionales que producían auges intensos pero cortos en las zonas de extracción4. Por eso,
1 Carta escrita en febrero de 1928 por Carlos Uribe, cónsul de Colombia en Iquitos, dirigida al Ministerio de Industrias. Ministerio de Industrias. Departamento de Baldíos. Folio 319. 2 Camilo Domínguez y Augusto Gómez, La economía extractiva en la Amazonía colombiana: 1850-1930. (Bogotá́: Corporación Colombiana para la Amazonia Araracuara, 1990), 81-82. 3 Ibid., pg. 115. 4 Claudia Leal, “Fronteras selváticas” en RCC Perspectives, n.o 7 (2013): 54.
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mientras los caucheros colombianos descendían desde los altos Caquetá y Putumayo hacia el
sur en búsqueda de nuevas zonas de explotación, los caucheros peruanos ascendían desde la
región de Loreto hacia el norte. Ese movimiento hizo que eventualmente las compañías se
encontraran en la zona de frontera, entre los ríos Napo y Putumayo. La disputa por ese territorio
puso de manifiesto la necesidad de ambos países por afirmarse legalmente y delimitar su
presencia en la Amazonía.
Al final del siglo XIX Colombia enfrentaba varios retos en términos territoriales en la frontera
sur. En primer lugar, el río Putumayo y sus afluentes comenzaron a ser reemplazados como
medio de transporte del caucho por el río Amazonas, al cual Colombia no tenía acceso. En
segundo lugar, el movimiento de peruanos hacia el norte en búsqueda de árboles de castilla ulei
sobreexplotados en sus territorios significó la ocupación e instauración de autoridades
extranjeras en territorio colombiano. Por último, debido a que no había tratados limítrofes
formales sino acuerdos de convivencia entre Ecuador, Colombia, Brasil y Perú sobre la
pertenencia a cada uno de una porción poco definida de la Amazonía, la soberanía nacional en
esa región era vulnerable. Esta compleja situación suponía riesgos, pero también oportunidades
para Colombia. La disputa informal entre caucheros colombianos, peruanos y brasileros por
los territorios amazónicos se convirtió en una oportunidad para que Colombia negociara la
expansión de sus fronteras a través de tratados limítrofes oficiales.
La negociación inició al empezar el siglo XX, como consecuencia de la crisis de soberanía
producida por la separación de Panamá en 1903. Ante el temor de nuevos movimientos
separatistas o de incursiones extranjeras en fronteras ambiguas, el gobierno actuó para expandir
el poder estatal en varias regiones de frontera del país, pero especialmente en los territorios del
sur. En esta zona en particular, debido al inminente riesgo de invasión por parte de los peruanos
y al crecimiento exponencial de la explotación de caucho que incrementó la importancia
estratégica del río Amazonas, era necesaria la presencia estatal y la definición de fronteras. En
la definición limítrofe y la defensa militar, así como en la integración al proyecto nacional del
territorio que se convertiría en el actual departamento del Amazonas participaron autoridades
civiles, representantes de la Iglesia, miembros de las élites caucheras y ciudadanos de varias
regiones del país. Mediante acciones como el levantamiento de infraestructura, la difusión de
políticas educativas y la movilización social, entre otras, se produjo la expansión del territorio
colombiano hacia el sur, la demarcación de manera definitiva de la frontera nacional en la
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región amazónica, la creación de la Comisaría del Amazonas y el acceso del país al río que
inspiró su nombre.
Mi objetivo en esta investigación es vincular la creación tanto de la Comisaría como de la
Intendencia del Amazonas como entidades administrativas y territoriales diferenciadas, con el
proceso de construcción material y simbólico del Estado en las regiones de frontera. Parto de
la premisa de que detrás de esa relación se encuentran las voluntades, a veces acordes y a veces
discordantes, de múltiples actores por la integración de territorios estratégicos pero vulnerables
al proyecto nacional. En el caso del actual departamento de Amazonas, el interés por
comercializar el caucho y la urgencia de esclarecer su situación limítrofe condujeron a la puesta
en marcha de políticas educativas, militares y económicas cuyo objetivo era integrar al
territorio en el largo plazo a la vida política nacional.
El proceso de expansión del poder del Estado en el Amazonas fue largo y complejo. Por
ejemplo, mientras la capital, Leticia, fue fundada por Perú en 1867, Puerto Nariño, segundo
municipio, fue fundado por Colombia casi un siglo después, en 1961. Las primeras
poblaciones, como Tarapacá, La Pedrera y Mirití-Paraná, fueron erigidas por población
peruana; sólo a partir de 1940 Colombia fundó corregimientos bajo el régimen nacional. El
Trapecio Amazónico, territorio que abarca más de 100 kilómetros sobre el río Amazonas,
estuvo hasta 1928 bajo la jurisdicción de Perú. Ubicado entre los ríos Putumayo y Amazonas,
el Trapecio está delimitado por dos líneas rectas: la primera desde la boca del río Yaguas, en
el río Putumayo, hasta la boca del río Atacuarí, en el Amazonas5, y la segunda desde la
confluencia del río Apaporis en el río Caquetá, hasta la población brasileña de Tabatinga. En
1922, a través del tratado Salomón-Lozano, Perú le cedió el Trapecio a Colombia a cambio de
una porción de territorio denominada Triángulo San Miguel-Sucumbíos, entre los ríos Napo y
Putumayo. La anexión ocurrió seis años después, y solo entonces las autoridades civiles de
Colombia recorrieron por primera vez la región, identificaron sus particularidades, y se
acercaron a las autoridades locales y comunidades allí establecidas.
A pesar de la complejidad y riqueza del estudio de la formación del Amazonas como entidad
administrativa y de lo mucho que puede decir acerca de la formación del Estado, la rica
5 Tratado Salomón-Lozano de Límites y Navegación Fluvial entre las Repúblicas de Colombia y Perú. (1922). Sociedad Geográfica de Colombia.
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historiografía sobre la Amazonía ha pasado por alto este problema. Los estudios sobre la
Amazonía colombiana se han concentrado, en su mayoría, en tres problemas: la economía del
caucho, el rol de las misiones, y el conflicto colombo peruano que llevó a la guerra. Los
estudios sobre la economía del caucho se han enfocado en el análisis de la economía extractiva
de materias primas y de los modos de operación de las compañías caucheras, así como en la
denuncia de las formas de explotación de los indígenas como mano de obra6. Los estudios sobre
las misiones, por su parte, han estudiado el rol de las misiones religiosas en los proyectos
civilizatorios implementados por los gobiernos en los territorios periféricos. En estos estudios,
los misioneros son concebidos, especialmente durante los gobiernos conservadores, como
actores políticos decisivos para el desarrollo de las iniciativas de colonización y dominación
de la ‘barbarie’ en el territorio7. Por último, el conflicto colombo-peruano ha sido un objeto de
estudio privilegiado en los estudios amazónicos por su relación con la historia militar,
diplomática y política, y por su potencial para analizar los problemas y debates sobre la
soberanía nacional. Sobre ese tema se han escrito múltiples textos que enfatizan la victoria de
Colombia sobre Perú, los impactos económicos del conflicto y el lugar del patriotismo en la
construcción de la nación, entre otros8. En este proyecto busco vincular esos tres énfasis
temáticos en el proceso más amplio de construcción del Estado en el Amazonas.
Los campos de la historia ambiental y de la historia regional han sido también fundamentales
en el estudio de la Amazonía. Autores como Germán Palacio, Gabriel Cabrera y Carlos Zárate,
entre otros, se han aproximado a la historia de la Amazonía a partir de la configuración
simultáneamente nacional y étnica del espacio, especialmente el fronterizo9. Sus trabajos se
6 Ver, por ejemplo, Domínguez y Gómez La economía extractiva en la Amazonía colombiana: 1850-1930, Roberto Pineda Camacho, Holocausto en el Amazonas: una historia social de la Casa Arana. (Bogotá: Espasa, 2000) y Michael Edward Stanfield, Red Rubber, Bleeding Trees: Violence, Slavery, and Empire in Northwest Amazonia, 1850-1933. (Albuquerque, N.M.: University of New Mexico Press, 1998) 7 Misael Kuan Bahamón, Civilización, frontera y barbarie. Misiones en Caquetá y Putumayo, 1893-1929. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2015) Gabriel Cabrera Becerra, “Los pueblos makú y las misiones católicas en la frontera de Colombia y Brasil, 1900-1990” Historia y Sociedad n.o 22 (2012): 73-112. Víctor Daniel Bonilla y Cristóbal Gnecco, Siervos de Dios y amos de indios: el Estado y la misión capuchina en el Putumayo. (Popayán: Universidad del Cauca, 2006) 8 Luis Ignacio Betancur y Juan Camilo Restrepo, Economía y conflicto colombo-peruano. (Bogotá: Villegas Editores, 2001) Lydia Inés Muñoz Cordero, ¡Todo Por La Patria!: el conflicto colombo-peruano y Clara E. Narváez, el Cabo Pedro. (San Juan de Pasto, Colombia: Ministerio de Cultura, 2006) 9 Germán Palacio, Ecología política en la Amazonia: las profusas y difusas redes de la gobernanza. (Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2010); Carlos Gilberto Zárate, Silvícolas, siringueros y agentes estatales. El surgimiento de una sociedad transfronteriza en la Amazonia de Brasil, Perú y Colombia 1880-1932 (Leticia: Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, 2008); Gabriel Cabrera
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enfocan, por ejemplo, en la construcción trinacional del Trapecio y las implicaciones
identitarias de los usos del entorno, a nivel económico y político, por parte de sus habitantes.
Así, la historia ambiental entiende el medio ambiente no como escenario o contexto externo en
el que sucede la historia, sino como producto de la relación dinámica con los seres humanos10.
Este campo critica la separación disciplinar tajante, así como la subordinación de la geografía
a la historia, y hace énfasis en la necesidad de vincular, por ejemplo, la historia social y política
con los estudios ambientales. En el caso de la integración del Amazonas al proyecto nacional
esta perspectiva permite entender que los proyectos de demarcación territorial y defensa
fronteriza, así como la implementación de políticas educativas en el territorio, no se dieron de
manera aislada a sus condiciones geográficas particulares.
De manera similar, la historia regional plantea que las fronteras, más que ser límites fijos o
estáticos que determinan las dinámicas sociales, responden a exigencias locales, por ejemplo
de desarrollo económico y social, que las hacen variar11. Por lo tanto, entiende las regiones
como productos históricos variables que se fundamentan en el conflicto social y no como
entidades herméticas correspondientes únicamente a sus características naturales. En el caso de
la Amazonía cabe resaltar los trabajos de Jane Rausch y Margarita Serje, quienes se aproximan
a esa región desde una perspectiva centrada en la forma en que se ha constituido la relación
entre el ‘centro’ y la ‘periferia’12. Por ejemplo, Serje asegura que los territorios amazónicos
eran representados por el Estado y la sociedad mediante dos imágenes focales contrarias pero
simultáneas. La primera era la de una región enormemente rica e inexplorada, con recursos
disponibles para la explotación y cuyas tierras eran descritas como las “más fértiles y más
agradecidas al trabajo del hombre”13. La segunda era la de un espacio violento y salvaje que
debía ser civilizado pues sus habitantes vivían “en rancherías inhóspitas, de manera tan
primitiva y con tal barbarie, que al verlos se asombra el viajero de cómo hay ancianos en sus
tribus”14. Esta asociación del territorio tanto con la riqueza como con la barbarie fue la base del
Becerra, “Los diplomáticos colombianos y la nacionalización de la Amazonia”, Memoria & Sociedad n°.11 (2007): 51-67. 10 Gerardo Morales y Alejandro Bonada, “Una discusión en torno a ‘Temas, problemas y relatos para la historia ambiental’. Apuntes teóricos sobre esta disciplina histórica”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, n°. 22 (2017): 193-222. 11 Orlando Fals Borda, Región e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1996). 12 Margarita Serje, El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2005); Jane Rausch, Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos. (Medellín: Universidad de Antioquia, 2003) 13 El Tiempo, “La conquista del desierto”, 19 de marzo de 1928. 14 El Tiempo, “Los indios”, 19 de marzo de 1928.
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deseo, nunca del todo satisfecho, por parte de autoridades civiles, militares y religiosas de
ejercer un control impositivo tanto sobre los habitantes como sobre la geografía.
Tanto la historia ambiental como la regional brindan herramientas importantes para entender
la integración del Amazonas al proyecto nacional desde una perspectiva amplia. Sin embargo,
debido a que no se ha estudiado específicamente la creación del Amazonas como entidad
político-administrativa y entonces, como parte del proceso de formación del Estado, en esta
investigación me apoyaré principalmente en la historia política y en particular, en la
historiografía que analiza el proceso de formación del Estado. El trabajo contribuye a esta
historiografía porque ofrece una mirada integral sobre los procesos de explotación del caucho,
de las misiones y de la guerra colombo-peruana como determinantes en la creación y
administración de la Comisaría e Intendencia del Amazonas, y vincula esos fenómenos al
proceso de larga duración por medio del cual se integró Amazonas al proyecto nacional.
Además, propone una aproximación al Estado tanto “desde arriba”, a partir del seguimiento a
las acciones de las autoridades centrales para integrar el territorio, como “desde abajo”, a partir
de una mirada sobre las formas de participación y vinculación voluntaria de distintos sectores
sociales al proceso de nacionalización de la Amazonía.
Mi proyecto de investigación se enmarca entonces en la discusión teórica sobre el proceso de
construcción del Estado en Colombia. Me baso tanto en las aproximaciones etnográficas o
sociogenéticas15 al Estado, como en la historiografía reciente sobre cultura política popular que
analiza las formas cotidianas de formación del Estado. Por eso, me enfoco en los debates sobre
el Estado que, desde estas perspectivas, buscan entender “su proceso de formación histórica,
su naturaleza y desarrollo, y su papel en el conflicto y la cohesión social”16. Para el caso de
Colombia, trabajos que dan cuenta del enfoque sociogenético, cuyos exponentes principales
son Norbert Elías, Michael Mann y Charles Tilly17, son los de Francisco Leal Buitrago, Fernán
González, Teófilo Vásquez e Ingrid Bolívar, entre otros18. Estos autores tienen en cuenta los
15 Luis Javier Orjuela, “Cuatro décadas de reflexiones sobre el Estado en Colombia” en El Estado en Colombia. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010) 16 Ibid., pg. 19. 17 Norbert Elias, “Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación” Historia y Sociedad n.° 5 (1998): 102-117; Michael Mann, Las fuentes del poder social II. El desarrollo de las clases y los Estados nacionales. (Madrid: Alianza, 1993); Charles Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, 990-1990. (Madrid: Alianza Editorial, 1992) 18 Francisco Leal Buitrago, “Intereses de clase e instituciones del Estado” en El Estado en Colombia, editado por Luis Javier Orjuela (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010); Fernán González, Poder y violencia en Colombia. (Bogotá: Odecofi-Cinep, 2014); Teófilo Vásquez Delgado, Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá:
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niveles territoriales del poder para explicar, por ejemplo, cómo se articulan las élites locales y
regionales a la vida política nacional. También tienen en cuenta las formas no estatales de
control social que incluyen las acciones de élites económicas y organizaciones sociales de base,
para explicar que muchas veces estas suplen la precariedad del Estado de manera exitosa,
además de que moldean las actuaciones del mismo al ser las reguladoras directas de los
conflictos locales.
Autores como González y Bolívar aseguran que el Estado mantiene una presencia diferenciada
en los territorios según el tipo de poblamiento, las redes de poder y las formas de cohesión
social de cada uno. Su idea de presencia diferenciada del Estado19 se opone a la de ausencia
estatal y evita asumir el caso colombiano como el de un “Estado fallido” porque se centra en
el proceso histórico de construcción del Estado y no en su valoración según modelos ahistóricos
y supuestamente universales. En el caso del Amazonas, esta idea sirve para entender que el
Estado no “llegó” a un territorio vacío o carente de jerarquías y conflictos, sino que se
construyó en él en un proceso complejo de largo plazo en el que tanto las autoridades como la
ciudadanía participaron, por ejemplo, en la defensa de las fronteras, la economía del caucho, la
colonización y fundación de poblados y el despliegue de la actividad misionera, entre otras.
Además de la historiografía reciente sobre el Estado, la historia de la cultura política popular
será también la base conceptual de la investigación. Uno de los aportes principales de esta
corriente historiográfica es su aproximación al concepto de hegemonía. Desde esta perspectiva,
la hegemonía no constituye una ideología compartida o un consenso impuesto sino un “marco
común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la
dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos”20. Se trata de un marco discursivo pues
implica el establecimiento de un lenguaje a partir del cual interactúan el Estado y la sociedad,
tanto en momentos de acuerdo como de controversia. De manera concreta, este marco
1900-2010. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2015); Íngrid Bolívar, Fernán González y Teófilo Vásquez (2002). Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep. 19 Ver, por ejemplo, Fernán González (2014) “Una propuesta: la presencia diferenciada del Estado” en Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep, Íngrid Johanna Bolívar (2010) "Sociedad y Estado: La configuración del monopolio de la violencia", en El Estado en Colombia, ed. Luis Javier Orjuela. Bogotá: Universidad de los Andes, Fernán González, Íngrid Johanna Bolívar, y Teófilo Vásquez (2002) "De las territorialidades bélicas a la presencia diferenciada del Estado", en Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado., ed. Fernán González, Íngrid Johanna Bolívar, y Teófilo Vásquez. Bogotá: CINEP 20 William Roseberry, “Hegemonía y lenguaje contencioso” en, Aspectos cotidianos de la formación del estado, editado por Joseph, G. M y Daniel Nugent (México: Era, 2002), 220.
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discursivo común se manifiesta cuando, por ejemplo, miembros de las comunidades indígenas
del Amazonas acuden al Estado y le solicitan, en sus propios términos, la adjudicación de
tierras que consideran propias. También se manifiesta cuando el Estado implementa sus
políticas teniendo en cuenta las solicitudes y necesidades de las poblaciones locales, que, por
ejemplo, le exigen que desarrolle políticas de agricultura y educación adecuadas al territorio.
Varios autores han influido en el desarrollo de la historia de la cultura política popular y la
formación del Estado, entre ellos, Florencia Mallon, Philip Corrigan y Derek Sayer, Gilbert M.
Joseph y Daniel Nugent, Juan Carlos Garavaglia, James Scott y William Roseberry21. Sus
trabajos son innovadores porque entienden la construcción del Estado a partir de las
negociaciones entre los distintos grupos sociales que se disputan el poder económico y político
en un lugar y periodo histórico determinado. Uno de los aportes principales es su crítica al
hecho de que “la dinámica del trato cotidiano del Estado con la sociedad de base ha sido
ignorada”22, por lo que estudian el proceso de construcción del Estado a partir de procesos
históricos concretos y específicos en el tiempo y el espacio. Los exponentes de la historiografía
de la cultura política popular y la hegemonía demuestran que el Estado no se impone sobre
grupos sociales pasivos sino que, por el contrario, se construye a partir de su permanente
interacción con ellos. De esa manera, al interesarse por las diversas formas en las que se
manifiesta el Estado estos autores, invitan a superar la antinomia entre represión y consenso23.
A partir de lo anterior, en esta investigación propongo una comprensión local, territorial e
histórica del Estado en la que su formación se deriva de “las acciones colectivas de los actores
sociales”24, en el caso del Amazonas manifestaciones masivas por la salvaguarda de la
soberanía e intervención en el diseño de las políticas económicas y educativas, entre otras.
También me aproximo al proceso de construcción del Estado como inacabado porque las
transformaciones de los espacios de frontera en el Amazonas y la vinculación de la población
21 Florencia E. Mallon, Campesino y nación: la construcción de México y Perú poscoloniales. (México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2003); Philip Richard Corrigan, y Derek Sayer, The Great Arch: English State Formation As Cultural Revolution. (Oxford: Basil Blackwell, 1985); Joseph, G. M y Daniel Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del Estado: la revolución y la negociación del mando en el México moderno (México: Ediciones Era, 2002); J. C. Garavaglia, Latin American Bureaucracy and the State Building Process (1780-1860). (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2003); J. C. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed. (Dexter: Yale University, 1998) 22 Joseph, G. M y Daniel Nugent “Cultura popular y formación del Estado en el México revolucionario” en Aspectos cotidianos de la formación del Estado, 31. 23 Philip Corrigan “La formación del Estado” en Aspectos cotidianos de la formación del Estado, 26. 24 Ibid., 28.
13
local a las instituciones políticas centrales no se dieron de manera lineal ni progresiva. Así, le
doy centralidad a la participación de la sociedad en la institucionalización y regulación de los
conflictos asociados a la integración del Amazonas al proyecto nacional.
Para desarrollar la investigación analicé fuentes primarias de distinta índole. En primer lugar,
información encontrada en el Fondo República del Archivo General de la Nación,
específicamente las carpetas del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Gobierno
y del Ministerio de Industrias. Los documentos de la carpeta del Ministerio de Educación
incluyen correspondencia entre funcionarios, textos relativos a quejas y trámites sobre asuntos
eclesiásticos, informes de inspección y solicitudes por parte de la ciudadanía. La carpeta del
Ministerio de Gobierno, específicamente la sección de Intendencias y Comisarías, incluye actos
administrativos y decretos e informes generales sobre los territorios. Por último, la carpeta del
Ministerio de Industrias contiene información sobre el Departamento de Baldíos, reclamos
sobre propiedad y adjudicación de terrenos y explicaciones sobre el uso de la tierra. Podría
pensarse que estos documentos sólo muestran la visión “desde arriba” del proceso de
construcción del Estado, pues dan cuenta de las negociaciones entre las autoridades civiles y
las religiosas alrededor de la implementación de políticas militares, económicas y educativas
en el Amazonas. Sin embargo, también muestran el diálogo que mantuvieron dichas
autoridades con sectores de la sociedad civil y con algunos miembros de comunidades
indígenas para llevar a cabo las acciones encaminadas a la expansión del poder estatal en la
región.
En segundo lugar, revisé prensa tanto nacional como local. Por un lado, estudié algunos
artículos del periódico El Tiempo, en los que se debate el lugar de la Amazonía en el proyecto
nacional y las acciones del Estado en ese territorio. Por otro, examiné todos los números del
periódico El Amazonas, publicado entre octubre y noviembre de 1932, que trata el tema de la
defensa del Amazonas durante la guerra fronteriza con Perú y muestra la movilización tanto
desde arriba como desde abajo del sentimiento patriótico alrededor de ese territorio.
Finalmente, revisé los tratados, leyes y decretos relativos a la definición de los límites del
Amazonas, así como varios mapas tanto oficiales como de carácter divulgativo. En estos
documentos, que se refieren concretamente a la puesta en marcha de las políticas de
colonización y administración del Amazonas, se evidencia la materialización del interés del
Estado por hacer presencia en un territorio que le era desconocido y se muestra la complejidad
del proceso de integración del Amazonas al proyecto nacional.
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El estudio de la inserción del Amazonas al proyecto nacional en las primeras décadas del siglo
XX contribuye a ampliar las perspectivas diferenciadas e históricas del proceso de construcción
del Estado en Colombia y a entender cómo las contiendas entre grupos sociales inciden en la
instauración de un sistema hegemónico. En la primera parte del texto se explica el proceso de
demarcación territorial. Para ello se tiene en cuenta la forma en que el Estado se apoyó en
caucheros, diplomáticos y misioneros para hacer presencia en el territorio y posteriormente
reclamar su jurisdicción sobre él. En la segunda parte se muestra la forma en que distintos
sectores de la ciudadanía a nivel nacional se suscribieron a las iniciativas de defensa del
Amazonas durante la guerra con Perú. En la tercera y última parte se expone cómo, una vez se
definió jurídicamente la soberanía de Colombia sobre el Amazonas, el Estado implementó
proyectos educativos con el fin de integrar a la población al proyecto nacional en el largo plazo.
Finalmente se proponen algunas conclusiones relativas a la importancia de estudiar el proceso
de construcción del Estado en Colombia desde una perspectiva territorial, histórica y social.
15
De Panamá al Amazonas: Zonas contestadas, crisis de soberanía y demarcación
territorial (1903-1931)
La separación de Panamá produjo una crisis de soberanía del Estado colombiano en las regiones
periféricas. Para frenar “el peligro latente de nuevos separatismos” 25 el gobierno de Rafael
Reyes inició una serie de reformas político administrativas como la subdivisión de
departamentos, el fortalecimiento de los municipios e incluso el destierro de líderes
independentistas. Según Orlando Fals Borda, estas reformas lograron defender la unidad del
país de amenazas externas y evitaron la fragmentación desde el interior. Con respecto a la
Amazonía, los gobiernos sucesores de Reyes sabían que éste territorio estaba aún sin explorar
y que estaba también rodeado de “vecinos potencialmente agresivos como Perú”26. Por eso, en
las primeras décadas del siglo XX el Estado colombiano reforzó su presencia en la Amazonía
con el apoyo tanto de la Iglesia como de las élites económicas caucheras presentes en la región.
El interés por acceder al río Amazonas tras la pérdida de Panamá condujo a la negociación con
Perú y Brasil sobre la jurisdicción del Trapecio Amazónico.
En un proceso que se extendió desde la firma del Tratado Vásquez Cobo-Martins en 1907, pasó
por la firma del Tratado Muñoz Vernaza-Suárez de 1916 y culminó en 1922 con la firma del
Tratado Salomón-Lozano, los gobiernos de José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez y Jorge
Holguín negociaron las fronteras en la Amazonía con los países vecinos. En 1928, tras la
adhesión definitiva del Trapecio a Colombia, el Estado se declaró, por primera vez, soberano
sobre el territorio del actual departamento del Amazonas. En este apartado se mostrará cómo
la crisis de soberanía derivada de la separación de Panamá condujo a que el gobierno tomara
acciones concretas con el apoyo tanto de caucheros como de misioneros religiosos, entre 1907
y 1928, para garantizar la pertenencia a Colombia de un territorio estratégico de la Amazonía
y el acceso del país al río Amazonas.
Empresarios caucheros colombianos como Crisóstomo Hernández, Demetrio Salamanca, la
Compañía Calderón, la Compañía de Caquetá y la Casa Elías Reyes y Hermanos -del presidente
Rafael Reyes- actuaron como aliados del Estado en los territorios de Putumayo y Caquetá. Lo
anterior pues desde el inicio de la explotación cauchera en la Amazonía a mediados del siglo
XIX e incluso durante las primeras décadas del XX el Estado no tenía los medios económicos
25 Fals Borda, Región e historia, 13. 26 Rausch, Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos, 25.
16
para hacer presencia permanente en esa región. Por eso, las mencionadas élites económicas
participaron en la reducción y la civilización de los indígenas, la fundación de pueblos y
puertos, y la construcción de vías de comunicación. Además, fueron los caucheros quienes
presionaron a los gobiernos tanto de Reyes como de Carlos E. Restrepo a definir las fronteras
colombianas en la Amazonía ante el avance de los caucheros peruanos en la región27. Reyes,
que tenía intereses directos en la economía cauchera, afirmaba en 1908 que “en menos de
treinta años el Amazonas y sus afluentes han decuplicado su comercio y el número de vapores
que hoy penetran a los lugares donde antes no había llegado el hombre civilizado”28, por lo
cual se debían construir puertos y carreteras que permitieran el acceso al río. La presión que
ejercieron los caucheros condujo a que en 1912 se crearan las comisarías de Caquetá y
Putumayo29, durante el último periodo de auge de exportación cauchera en la Amazonía.
El establecimiento de los límites del Caquetá y Putumayo correspondió al deseo del Estado
central de contrarrestar el riesgo en el que se encontraban las fronteras internacionales tras la
pérdida de Panamá, los anuncios separatistas de distintas élites regionales y el avance de las
caucherías peruanas en territorio colombiano. Por eso, según Humberto Vélez, se fraccionó el
país y al mismo tiempo se centralizó aún más su administración en el Gobierno nacional30. En
ese mismo momento se dieron a conocer varias denuncias, entre ellas las del del cónsul
británico Roger Casement, sobre las condiciones de vida de los indígenas bajo el régimen
cauchero. El escándalo obligó al Estado a revisar sus políticas fronterizas en el sur ya que reveló
la expansión de autoridades y poblaciones extranjeras en territorio que, en teoría, pertenecía a
Colombia. Según Misael Kuan Bahamón, el Estado reaccionó apoyándose en la Iglesia para
“ampliar la frontera y defenderla ante la presencia de caucheros peruanos”31. En ese sentido,
en un periodo en el que la soberanía en los territorios amazónicos estaba en riesgo, el Estado
recurrió no sólo a los empresarios sino a la Iglesia para expandir su presencia oficial en el
territorio.
De esa manera se desplegaron en el territorio amazónico las misiones católicas
evangelizadoras, específicamente de las órdenes franciscana y capuchina. Según Kuan
27 Ibid. 28 Rafael Reyes (1908) Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón de Grados. Bogotá: Imprenta Nacional, 29. 29 Mediante los decretos 642 y 320 de ese año, respectivamente. 30 Humberto Vélez “Rafael Reyes: Quinquenio, régimen político y capitalismo (1904-1909)”, en Nueva Historia de Colombia, ed. Álvaro Tirado Mejía y Jorge Orlando Melo. (Bogotá: Planeta, 1989), 198. 31 Kuan Bahamón, Civilización, frontera y barbarie, 183.
17
Bahamón, hubo colaboración entre las autoridades civiles y eclesiásticas con los caucheros
colombianos para fundar nuevos pueblos, construir carreteras y mantenerlas, y solicitar tierras.
Había entonces una relación de mutuo interés entre las autoridades civiles, económicas y
religiosas. Los gobiernos de la Regeneración, al final del siglo XIX, habían considerado ya a
los misioneros como aliados indispensables para la expansión del poder estatal. Tras la pérdida
de Panamá, para proteger un territorio que cobraba importancia por su potencial económico
pero cuyas fronteras eran frágiles por la falta de ratificación de tratados concretos con los países
vecinos, el Estado decidió apoyarse, de nuevo, en los misioneros.
A través de sus 16 artículos, el Convenio de Misiones derivado del Concordato de 1887 y
ratificado en 1902 sentó las bases de la relación entre autoridades civiles y religiosas para la
integración de las regiones consideradas periféricas al proyecto nacional. Se estableció que “los
territorios de estas misiones [estarían] bajo la jurisdicción del respectivo Ordinario”32, es decir
el vicario o el prefecto, según el caso. Por lo tanto, los territorios en cuestión formaban parte
de una jurisdicción especial, cuya autoridad directa era la Iglesia. En términos de las
contraprestaciones que esta institución requería, el Convenio ordenó que el Gobierno, “en justa
compensación del sacrificio que hacen los misioneros para evangelizar a los indios de los
territorios nacionales, contrae la obligación de proveer a las misiones expresadas de los medios
necesarios y suficientes para su vida y crecimiento”33. Al respecto, se especificó que una parte
de los recursos se destinaría “a la construcción de edificios y demás gastos que requiere el
establecimiento de las misiones en la región colombiana bañada por los ríos Putumayo,
Caquetá, Amazonas y sus afluentes”34.
En cuanto a educación, el Gobierno se comprometió a confiar “a los jefes de las misiones la
dirección de las escuelas públicas primarias que funcionen en el territorio de la respectiva
misión”. Además de asumir los gastos para obras de infraestructura y de educación, el Gobierno
debía, de manera preferente a cualquier otra concesión, “conceder, en los lugares donde las
hubiere, y por el tiempo de la duración del presente convenio, la cantidad de tierras baldías
requeridas para el servicio y provecho de las misiones, las cuales tierras se destinarán para
huertas, sembrados, dehesas, etc.” Según Cristian Garay, la presencia oficial del Estado
32 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folio 368. Mayo 9 de 1928. Convención sobre misiones. 33 Ibid. 34 Ibid. Folios 368-369.
18
colombiano en el territorio amazónico se había limitado, hasta la década de los veinte, a las
acciones de cónsules comerciales que intentaban abrir un espacio para el país en el comercio
internacional del caucho. Por eso las misiones cumplieron la labor, junto con las élites
comerciantes, de afirmar la presencia de Colombia en un espacio que, como en el caso de
Leticia, había sido levantado por ciudadanos y autoridades peruanas35.
El encuentro entre las comunidades indígenas, los colonos caucheros y los misioneros, fue un
proceso complejo marcado por dinámicas de dominación, mutua transformación y resistencia.
Por un lado, los indígenas fueron utilizados como mano de obra en la empresa de explotación
del caucho. Fueron concebidos por las autoridades civiles y religiosas como sujetos inferiores
sobre los cuales era necesario llevar a cabo políticas de “civilización”. Sin embargo, a pesar de
estar sujetos a relaciones de dominación, los indígenas no fueron agentes pasivos en el proceso
de instauración de las instituciones económicas y políticas en el territorio. Por el contrario,
transformaron estratégicamente los métodos misioneros por medio de tácticas como “la
reinterpretación de la liturgia y el santoral cristiano, el mantenimiento de formas económicas
antiguas y de las lenguas locales, la crítica a formas violentas de dominación como la
flagelación y el cepo, y la defensa de la tierra”36. En esa medida, aunque los procesos de
explotación del caucho y el desarrollo de misiones evangélicas fueron pensados por las élites
centrales como estrategias para la dominación y civilización del territorio, éstos se modificaron
a partir de la interacción con las poblaciones locales.
La alianza entre Estado e Iglesia para llevar a cabo proyectos tanto educativos como de
infraestructura da cuenta de que el intento de apropiación de la Amazonía se hizo desde
múltiples frentes. El Convenio fue fundamental porque fijó los términos y las obligaciones
contraídas por ambas partes para “estimular a los indios a reunirse primeramente en familias y
agruparse luego en las ‘reducciones’ y con el objeto de facilitar al mismo tiempo a la autoridad
civil el desempeño de las funciones que naturalmente le incumben”37. En ese sentido, los
procesos de explotación del caucho, el despliegue de las misiones y la presencia de población
tanto indígena como peruana dieron lugar, según Lina Marcela González, a la “construcción
de un saber sobre los territorios marginales del país [que] cumplió una función encaminada
35 Cristián Garay Vera, “El atributo amazónico del Perú. La construcción de una soberanía 1903- 1942”, Historia Crítica, n.o 39 (2009): 108-129. 36 Kuan Bahamón, Civilización, frontera y barbarie, 17. 37 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folio 368. Mayo 9 de 1928. Convención sobre misiones. Folio 370.
19
no sólo a la apropiación del espacio sino también al montaje de una estructura administrativa
y de poder”38. Ese montaje se materializó mediante la demarcación de límites y el
establecimiento de fronteras. La apropiación legal y la definición jurídica de los bordes,
poblados y tamaño del territorio correspondió a la necesidad de conocerlo y representarlo para
que pudiera construirse un sistema administrativo y de control sobre él39.
Los debates diplomáticos y políticos entre Colombia, Perú, Ecuador y Brasil sobre la
demarcación fronteriza en la Amazonía se remontan al periodo colonial, durante el cual España
y Portugal establecieron las primeras fronteras mediante las Comisiones de Límites de finales
del siglo XVIII40. Tras el periodo de independencias rigió el utis possidetis iuris, según el cual
los límites de las Repúblicas se definirían según el territorio que habían poseído las unidades
administrativas de la Corona española hasta 181041. A lo largo del siglo XIX se dieron varios
momentos de negociaciones como consecuencia de los primeros avances de las élites quineras
y caucheras en el territorio. Sin embargo, fue durante las primeras décadas del siglo XX que
se firmaron los tratados y se radicaron las leyes que definieron definitivamente las fronteras de
Colombia con sus países vecinos en la región amazónica.
Las fronteras colombianas en la Amazonía estuvieron sujetas durante las primeras décadas del
siglo XX a lo establecido en los Modus vivendi de 1904, 1905 y 1906 entre Colombia y Perú.
Estos acuerdos eran soluciones temporales a las controversias sobre la convivencia en la zona
de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo. Según Carlos Zárate, diplomáticos colombianos como
Demetrio Salamanca consideraban que los Modus vivendi resultaban favorables únicamente
“a Perú en tanto [permitían] reconocer los avances en la frontera de extracción del caucho
realizados por la Casa Arana y el gobierno de este país en el río Putumayo”. Salamanca, al
igual que Rafael Reyes, entonces presidente, tenía intereses económicos en la explotación del
caucho y desempeñó un importante papel como cónsul colombiano en la frontera amazónica.
Por eso consideraba que los acuerdos eran favorables a Perú y debían redefinirse para favorecer
a los colombianos presentes en la región. Otros políticos como Rafael Uribe Uribe
manifestaron que estos acuerdos eran “Modus vivendi para Perú, Modus moriendi para
38 Lina Marcela González “Conocimiento y control en los confines del territorio nacional: hacia la construcción de un saber territorial, 1850-1950” en Historia y Sociedad, n.° 19, (2010): 125. 39 Ibid., pg. 131. 40 Domínguez y Gómez, La economía extractiva en la Amazonía colombiana, 227. 41 Garay Vera, “El atributo amazónico del Perú”, 110.
20
Colombia”42. Esto pues Perú había avanzado en términos de apropiación y explotación del
territorio amazónico a partir del eje de expansión desde Loreto hacia Leticia y Acre que era
dirigido por líderes como Julio César Arana, dueño de la Casa Arana43. Mientras tanto, la
presencia de Colombia en ese lugar había sido limitada e indirecta.
Los debates alrededor de los Modus vivendi se dieron justamente tras la pérdida de Panamá,
en un momento en el que los gobernantes, por motivos tanto económicos como de soberanía,
se preocuparon por la protección de las fronteras colombianas en la Amazonía. El mapa “La
obra diplomática del Presidente Reyes” elaborado en 1906 por Francisco Javier Vergara y
Velasco, ingeniero del Ministerio de Guerra, muestra la línea divisoria acordada en el Modus
vivendi de 1905 (Ver mapa 1). El mapa indica claramente el “territorio que habían ocupado los
peruanos”, entre los ríos de Colombia Putumayo y Caquetá. Además, muestra los lugares de
asentamiento de algunas comunidades indígenas y delimita los “territorios en litigio”, lo cual
denota una preocupación explícita por la necesidad de definir definitivamente las fronteras.
42 Citado por Luis Ignacio Betancur y Juan Camilo Restrepo en Economía y conflicto colombo-peruano (Bogotá: Villegas Editores, 2001), 64. 43 Garay Vera, “El atributo amazónico del Perú”, 111.
21
Mapa 1 La obra diplomática del presidente Reyes (1906). Francisco Javier Vergara y Velasco. Bogotá: Banco de la República
Esa preocupación por definir las fronteras de los territorios en litigio, así como la necesidad de
establecer normas para el tránsito por los ríos de la Amazonía, fueron la antesala de las
negociaciones formales con los países vecinos. El Tratado Cobo-Martins de 1907 entre
Colombia y Brasil, ratificado mediante la Ley 24 del 17 de mayo, tuvo un componente
importante en cuanto a la navegación fluvial. El tratado, firmado por el Ministro de Relaciones
Exteriores del gobierno de Rafael Reyes, Alfredo Vásquez Cobo, se negoció como preámbulo
para la elaboración,
Dentro del plazo de doce meses, [de] un Tratado de comercio y de navegación, basado
en el principio de la más amplia libertad de tránsito terrestre y navegación fluvial para
ambas naciones, derecho que ellas se reconocen a perpetuidad desde el momento de la
aprobación de este Tratado, en todo el curso de los ríos que nacen o corren dentro y en
las extremidades de la región determinada por la línea de frontera que él establece.44
El deseo de acceder y ejercer control sobre los ríos tiene sentido si se tiene en cuenta que para
ese entonces la navegación fluvial era el principal método de transporte y comunicación
44 Ministerio de Relaciones Exteriores (1982) “Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil” Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia., Artículo IV.
22
comercial entre Colombia, Perú y Brasil. La Casa Arana “consideraba que todo intento de
Colombia por navegar el río [Putumayo] era una amenaza a sus ambiciones”45, mientras que
Colombia aseguraba que los avances de los caucheros peruanos en el territorio amazónico, y
específicamente en las zonas aledañas a los ríos Putumayo y Caquetá, constituían una violación
a su soberanía. Aunque Perú y Brasil habían pretendido mantener el control exclusivo sobre el
río Amazonas desde 1851, la insistencia de Colombia por acceder a ese importante canal de
comunicación era cada vez más recurrente.
En esa medida, la definición de las fronteras con Brasil en 1907 se elaboró con el objetivo de
que “los buques colombianos destinados a la navegación de esos ríos se comunicaran
libremente con el Océano por el Amazonas” y los reglamentos establecidos debían “ser tan
favorables cuanto sea posible a la navegación y al comercio”. Las autoridades civiles y los
caucheros movilizaron recursos y esfuerzos con el objetivo específico de “mantener un control
efectivo de su vía principal de comunicación y comercio: el río Amazonas”46. Misioneros como
Fidel de Montclar y Gaspar de Pinell, entre otros, ejercieron dos labores importantes para lograr
el acceso y control de Colombia sobre los ríos. En primer lugar, intentaron convencer a los
comerciantes de instaurar un puerto sobre el río Putumayo que permitiera la salida al
Amazonas. Sus esfuerzos condujeron a la fundación de Puerto Asís por los padres Estanislao
de las Cortes e Hildelfonso de Tulcán, el 3 de mayo de 1912. Además, lideraron la construcción
de caminos entre poblaciones portuarias como Puerto Asís y San Miguel.
El mapa “Amazonía colombiana” elaborado en 1911 por el Estado Mayor del Ejército
Nacional, muestra el territorio de la Amazonía colombiana tal y como quedó establecido tras
el acuerdo de 1907 con Brasil (Ver mapa 2). Lo más interesante es que muestra la línea
Apaporis-Tabatinga y un fragmento de las fronteras de Perú con Ecuador y Brasil con una línea
verde cuya convención es “límites que pretende el Perú”. Ello da cuenta de la disputa,
especialmente entre Colombia, Ecuador y Perú, por la región amazónica. Según el mapa, Perú
pretendía ejercer control de una gran extensión de territorio, desde el sur del río Amazonas
hasta el río Caquetá, entre la recta Apaporis-Tabatinga y las proximidades del Océano Pacífico.
También se muestran los caminos y “trochas y varaderos”, estos últimos la mayoría, existentes
en la región. Aparecen representadas como poblaciones Tabatinga, Pasto e Iquitos, mientras
45 Kuan Bahamon, Civilización, frontera y barbarie, 157. 46 Carlos Zárate Botía, “La Amazonía de los cónsules: el Estado en la frontera, 1880-1930” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura n.° 33 (2006): 33.
23
Leticia, Loreto, La Pedrera, Buenos Aires y Yagua, entre otras, son caracterizadas como
“puertos y agencias”. La importancia de los ríos se evidencia en que incluso los afluentes más
pequeños están claramente identificados.
Mapa 2 Amazonía colombiana (1911) Estado Mayor del Ejército Nacional. Bogotá: Archivo General de la Nación.
El periódico La República publicó en el mismo año el “Mapa de las regiones amazónicas”
elaborado por Enrique Vidal (Ver mapa 3). De manera aún más contundente que en el anterior,
el autor delimitó el espacio comprendido entre los ríos Amazonas, Napo, Putumayo y Caquetá
con una línea denominada “temerarias pretensiones del Perú después de 1853”. Sólo algunas
poblaciones como Loreto, Leticia y Tabatinga fueron representadas, el verdadero protagonismo
se le otorgó a los ríos. El autor indicó con un símbolo en forma de ancla el “origen de
navegación a vapor” de todas las vías fluviales.
24
Mapa 3 Mapa de las regiones amazónicas. (1911) Enrique Vidal. Bogotá: Biblioteca Nacional
Los desacuerdos entre Colombia, Perú, Ecuador y, en menor medida, Brasil, sobre la soberanía
en la región amazónica se evidencian en otras representaciones espaciales de la época. Un
segundo mapa elaborado por Vidal en 1914 y cuyo título es “República de Colombia” hace
énfasis en la división político-administrativa del país vigente en ese momento (Ver mapa 4).
En él aparecen representadas las recién creadas Comisarías del Putumayo y de Caquetá, en un
espacio titulado Territorio del Caquetá. Los territorios que en el anterior reclamaba Perú
aparecen en este como parte tanto de Colombia como de Ecuador.
25
Mapa 4 República de Colombia. (1914) Grabado por Enrique Vidal. Bogotá: Archivo General de la Nación.
La crisis de soberanía y la fragilidad de las fronteras de Colombia tras la pérdida de Panamá se
dio también en otros lugares del país. En 1916 tuvo lugar el suceso conocido como “Affaire
Arauca”, en el cual un grupo de venezolanos y colombianos liderados por Humberto Gómez
declaró la ‘República de Arauca’, independiente de Colombia y en contra del Gobierno de José
Vicente Concha. El conflicto duró varios meses y atrajo la atención de políticos liberales como
Enrique Olaya Herrera, quien criticó a los gobiernos conservadores y sus políticas frente a los
territorios fronterizos por considerar que éstos estaban relegados. La crisis se dio como
26
consecuencia de la radicación de la Ley 64 de 1916, relativa a los límites con Venezuela y en
la cual Colombia declaró que tenía “derecho para entrar en posesión de los territorios que le
reconoció el Laudo [de la Corona de España de 1891]”47. El Laudo indicaba que la villa de
Arauca sería un “punto equidistante”, lo cual produjo confusiones entre ambos Estados sobre
la soberanía de esa población. Además, Venezuela argumentaba que Colombia no podía entrar
en posesión de los territorios hasta que la frontera hubiera sido completamente demarcada sobre
el terreno, proceso que estaba suspendido desde 1901.
Sucesos como el “Affaire Arauca” condujeron a que el Estado tomara medidas como la
fragmentación de los territorios periféricos en secciones más pequeñas y más fáciles de
gobernar. Igualmente, la crisis de soberanía en esas regiones hizo que el Estado se enfocara en
el control de los ríos, únicos medios de transporte accesibles en ese momento. De ello también
da cuenta la firma, ese mismo año, del Tratado Muñoz Vernaza-Suárez con Ecuador. Por medio
de ese tratado Colombia le reconoció a Ecuador como frontera “una línea a la cumbre, de donde
vierte la fuente principal del río San Miguel; este río, aguas abajo, hasta el Sucumbíos”48,
dejando claro que los territorios al norte del río Amazonas le pertenecían a Colombia. La línea
fronteriza anteriormente mencionada fue reconocida por Colombia como frontera con Perú en
1922, hecho que causó el quiebre de relaciones entre Colombia y Ecuador, que consideró la
actuación del primero como una traición.
Para sintetizar las disputas territoriales que tenía el Estado colombiano con sus países vecinos
en la región amazónica el cauchero y cónsul Demetrio Salamanca elaboró en 1916 el mapa
“Amazonía colombiana. Zonas contestadas” (Ver mapa 5). El autor utilizó los colores de la
bandera nacional para indicar las zonas colombianas competidas por Brasil y Perú. Además,
para indicar que las zonas eran contestadas, es decir que no era claro qué país era soberano
sobre cada una, el autor recurrió a acuerdos y líneas limítrofes establecidas desde 1739 hasta
1880. De esa manera daba cuenta de la diferencia entre lo acordado legalmente y lo que según
él era la ocupación real del territorio en ese momento.
47 Congreso de la República (16 de diciembre de 1916) Por la cual se aprueba una Convención. [Ley 64] Diario Oficial N° 16159 48 Ministerio de Relaciones Exteriores (1916) Tratado de límites entre Colombia y el Ecuador.
27
Mapa 5 Amazonía colombiana. Zonas contestadas. (1916). Demetrio Salamanca. Bogotá: Biblioteca Nacional
La presión ejercida por los cónsules y los caucheros en la frontera amazónica para delimitar las
fronteras condujo a que en 1922 se firmara el Tratado Salomón-Lozano con Perú. Este fue
fundamental para el establecimiento de la soberanía nacional en el territorio amazónico. Sus
principales protagonistas fueron Fabio Lozano Torrijos, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Lima en representación de Colombia, y Alberto Salomón, Ministro de
Relaciones Exteriores en representación de Perú. Fabio Lozano Torrijos, al igual que Alfredo
Vásquez Cobo, había sido parte de la comisión de delegatarios “conocedores de la realidad
regional”49 conformada en 1908 por Rafael Reyes. Dicha comisión estudió las propuestas de
Reyes para la fragmentación del territorio y finalmente aprobó la Ley 1 de 1908 “sobre división
territorial”. En ese sentido, los representantes de Colombia para la definición de las fronteras
con Brasil en 1907 y con Perú en 1922 formaban parte de la élite política que, tras la pérdida
de Panamá y el reconocimiento de que la soberanía nacional estaba en riesgo en distintos
territorios del país, se comprometió con el establecimiento definitivo de las fronteras tanto
internas como externas.
49 Fals Borda, Región e historia, 14.
28
José Eustasio Rivera, autor de La Vorágine, también participó activamente en el proceso de
definición fronteriza al formar parte de la Comisión de Límites con Venezuela. En 1923 entregó
un informe con su compañero Melitón Escobar Larrazábal al Ministerio de Relaciones
Exteriores en el que relatan detalladamente sus recorridos por la región amazónica, explican
los avances de las demarcaciones limítrofes, dan cuenta de las condiciones de vida en cada
lugar visitado, describen el funcionamiento de la economía del caucho y alertan sobre la falta
de presencia de autoridades colombianas como un riesgo para la soberanía. Rivera y Escobar
hacían énfasis en que “desgraciadamente en aquellas vastas regiones no tiene hoy por hoy
nuestra nación funcionario ni representante alguno” y por lo tanto se debía redactar “un buen
proyecto de ley sobre división territorial, que consulte mejor sobre las necesidades de la actual
jurisdicción de las comisarías [...] y prevea la manera más adecuada de administrar esos
territorios”50. Las presiones de esa élite política preocupada por la administración de las
regiones fronterizas incidieron en la definición de los términos de los tratados.
El Tratado Salomón-Lozano, impulsado por los presidentes Marco Fidel Suárez y Agustín
Leguía, definió que ya no sería Perú, sino Colombia, el país limítrofe con Brasil en la línea
Apaporis-Tabatinga. Esto implicaba el reconocimiento de Colombia como soberano sobre el
Trapecio Amazónico, un punto de inflexión porque se trataba de un territorio especialmente
significativo por permitir el acceso al río Amazonas y el control del puerto de Leticia.
Posteriormente este tratado se convertiría en fuente de polémica entre Colombia y Perú. Por
sus implicaciones políticas, las condiciones del tratado fueron mantenidas en secreto durante
un periodo de tiempo considerable en ese país. La historiografía peruana mantiene la hipótesis
de que Estados Unidos, para amortizar la pérdida de Panamá, presionó al gobierno peruano a
firmar el tratado pues de esa manera “la compensación territorial a Colombia sería a costa del
Perú, con la entrega de vastos territorios amazónicos y con una salida a la navegación fluvial
del Amazonas”51.
La teoría sobre una posible incidencia de Estados Unidos en la negociación entre Colombia y
Perú parte de que las polémicas que se generaron a raíz del tratado Salomón-Lozano entre
50 Citado por Camilo Domínguez y Augusto Gómez en La economía extractiva en la Amazonía colombiana, José Eustasio Rivera y Melitón Escobar (1923) Informe de la Comisión de Límites con Venezuela al Ministro de Relaciones Exteriores. Archivo General de la Nación: Sección República, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 873, folios 474-491. Folio 477. 51 Pedro López Gómez “El capitán Francisco Iglesias Brage en Leticia. Un gallego properuano en la Comisión de Administración del Territorio (1933-1934)”, Anuario de Estudios Americanos n.o 2 (2012): 576.
29
Colombia, Perú y Brasil fueron resueltas por medio de la firma del Acta Tripartita firmada en
Washington el 4 de marzo de 1925. Esta Acta fue protagonizada por Charles E. Hughes,
Secretario de Estado de Estados Unidos, Hernán Velarde, embajador extraordinario y
plenipotenciario de la República de Perú, Enrique Olaya Herrera, enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario de la República de Colombia y Samuel de Souza Leáo Gracie,
encargado de negocios ad interim de la República de los Estados Unidos de Brasil. El Acta
definió definitivamente la anexión a Colombia del Trapecio Amazónico y la línea Apaporis-
Tabatinga. Defendiendo la posición de Colombia, Olaya Herrera
Añadió que estaba autorizado para declarar que, bajo la condición de que el Tratado
de 24 de marzo de 1922, entre Colombia y el Perú, sea ratificado por ambos
Gobiernos; el Gobierno de Colombia conviene en concluir inmediatamente después
un tratado con el Brasil, reconociendo como frontera entre los dos países la población
de Tabatinga, y de ésta para el Norte la línea recta que va a encontrar de frente al río
Yapurá, en su confluencia con el Apaporis, y en consecuencia, el dominio brasileño
sobre el territorio al Este de dicha línea, siendo entendido que el Brasil en el mismo
tratado convendrá en establecer a perpetuidad a favor de Colombia la libertad de
navegación del Amazonas y demás ríos comunes a ambos países.52
Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos sugirió que tanto Perú como Brasil
debían dejar de lado sus objeciones y firmar el Tratado. Dicha sugerencia fue asumida, sobre
todo por Perú, como una estrategia de Estados Unidos, que por sus intereses en la economía
cauchera “anhelaba abrir el Amazonas al tránsito internacional”53, para quebrar el duopolio
sobre el río Amazonas garantizando el acceso de Colombia al mismo.
Una vez se acordaron las condiciones legales, se procedió a la delimitación material de la
frontera. La “Carta corográfica de la frontera entre Brasil y Colombia” muestra los trabajos
realizados entre 1931 y 1936 por funcionarios de ambos países para la demarcación definitiva
de la mencionada línea Tabatinga-Apaporis como la frontera definitiva entre Colombia y
Brasil. (Ver mapa 6).
52 Ministerio de Relaciones Exteriores. División de fronteras. Acta Tripartita sobre límites y navegación entre Colombia, Perú y Brasil. Firmada en Washington, D. C., el 4 de marzo de 1925. Imprenta Nacional de Colombia, 1979. 53 Cristián Garay Vera, “La competencia por el control del espacio amazónico en el contexto de la diplomacia sudamericana, 1830-1998”, Procesos: revista ecuatoriana de historia, n.o 4 (2016): 13.
30
Mapa 6 Frontera entre Brasil y Colombia (1936). Bogotá: Archivo General de la Nación
La demarcación de esta línea fue un momento decisivo en términos tanto de las relaciones
diplomáticas entre los países involucrados, como en el proceso de construcción del Estado y
del proyecto nacional en Colombia. Tal y como afirmó Mann, con esta demarcación el Estado
estaba centralizándose territorialmente, lo que implicaba que necesitaba imponer sus poderes
vinculantes sobre un territorio delimitado y que estaba obligado a mantener relaciones con otros
estados en un marco geopolítico más amplio54.
El proceso de incorporación de las poblaciones locales había sido contemplado en el Tratado
Salomón-Lozano de 1922, en el que se estableció que
Los colombianos o peruanos que, a causa de la fijación de la línea divisoria hubieren
de pasar de una jurisdicción a otra, conservarán su antigua nacionalidad, a menos que
54 Mann, Michael (1993) Las fuentes del poder social
31
opten por la nueva en declaración hecha y firmada ante la autoridad respectiva dentro
de los seis meses posteriores a la ratificación del presente Tratado.
Sin embargo, la interacción entre las poblaciones y el Estado fue más compleja que lo
establecido en el Tratado. La integración de los habitantes locales al proyecto político del
Estado colombiano implicó llevar a cabo proyectos de infraestructura y educación, entre otros,
como forma de afirmación de la soberanía nacional frente a la autoridad que anteriormente
ejercían los países limítrofes. Dichos proyectos permitieron vincular a las poblaciones a las
redes de poder tanto regionales como nacionales de Colombia y requirieron un acercamiento
directo a las dinámicas de un territorio hasta entonces desconocido.
En 1934 el Intendente Ignacio Moreno le escribió desde Leticia al director del Departamento
de Intendencias y Comisarías que “esta población se puede considerar como un caso sui-géneris
en el movimiento político-social del país. Está formada por una tercera parte de personal civil
colombiano; por una tercera parte de personal peruano y por otra igual de personal brasilero.”55
En el mapa anexo al alegato entre Perú y Ecuador de 1904 se aprecia la cantidad de territorio
que en años posteriores sería anexado a Colombia pero que, hasta las primeras décadas del
siglo XX, había estado bajo la jurisdicción de Perú (Ver mapa 7). El mapa corresponde al
alegato del Perú en el arbitraje sobre sus límites con Ecuador, que fue presentado por el
presidente José Pardo y Barreada a la reina regente de España. También muestra la línea
Apaporis-Tabatinga cuando esta formaba parte de Perú y estaba lejos de tener relación con
Colombia.
55 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 2. Folio 46. Noviembre 22 de 1934.
32
Mapa 7 Mapa anexo al alegato del Perú en el arbitraje sobre sus límites con el Ecuador, presentado por José Pardo y Barreda a S.M. el árbitro la reina regente de España (1904). Bogotá: Banco de la República
El siguiente paso en el establecimiento de la soberanía nacional en el territorio amazónico fue
la creación de la Comisaría del Amazonas en 1928. Ese mismo año se ratificó el Convenio de
Misiones por medio del cual el Estado buscaba reafirmar la presencia de autoridades
colombianas en esos territorios. Por medio de la Ley 96 de 1928, firmada el 17 de noviembre
por el presidente Miguel Abadía Méndez, se dictó la creación de
La Comisaría del Amazonas, con capital en Leticia, cuyos límites serán los siguientes:
desde la desembocadura del río Igaraparaná en el río Putumayo y por la vaguada de
este río hasta su confluencia con el Yaguas en la margen derecha; sigue por una línea
recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuari en el Amazonas y de allí por la
vaguada del Amazonas hasta los límites con el Brasil; sigue por los límites con el
Brasil hasta la boca del río Apaporis en el Caquetá; este aguas arriba, hasta la boca del
Puré, Cure o Jacaré y de este río aguas arriba hasta sus cabeceras, y de este punto una
línea recta imaginaria hasta la desembocadura del río Igaraparaná en el río Putumayo,
punto de partida56.
56 Congreso de la República “Por la cual se señalan nuevos límites a las Comisarías de Caquetá y del Putumayo, se crea la Comisaría Especial del Amazonas y se dictan otras disposiciones” [Ley 96 de 1928] Diario Oficial N° 20953
33
Mapa 8 Mapa comercial de la República de Colombia. (1931) Bogotá: Banco de la República
34
El territorio de la Comisaría correspondía únicamente al denominado Trapecio Amazónico y
el establecimiento de sus límites fue el primer paso en la demarcación político-administrativa
actual de la Amazonía colombiana. El “Mapa comercial de la República de Colombia” de 1931,
editado por el Banco de la República a partir de investigaciones de la Oficina de Longitudes,
fue uno de los primeros en los que la Comisaría del Amazonas apareció claramente diferenciada
(Ver mapa 8). Esta fue representada con líneas fronterizas de límites tanto internacionales,
“límites de la República”, como nacionales, “Límites de Departamentos, Intendencias o
Comisarías”.
En la misma ley se estableció que, en términos de la administración de ese territorio, “la
Comisaría del Amazonas será administrada por un Comisario Especial, de libre nombramiento
y remoción del Poder Ejecutivo, de quien dependerá directamente”. La capital de esta
Comisaría sería la recientemente incorporada Leticia, la cual fue erigida como municipio
colombiano oficialmente. El Estado actuó en razón de la necesidad de hacer presencia material
en ese territorio. Por eso, se estableció que se debía:
Fomentar efectivamente el desarrollo de los caseríos que se hallen dentro del
territorio, a fin de poderlos erigir en Municipios o Corregimientos.
Atender con el mayor interés a la civilización de los habitantes del territorio,
procurando reducir a poblaciones fijas a los indígenas errantes, y acostumbrarlos, por
medios suaves, a la obediencia y sumisión a las leyes.
Velar constantemente para evitar el comercio clandestino que pudiera hacerse, y
castigar a los infractores, según las leyes y reglamentos que rijan sobre la materia.
Dictar todas las providencias conducentes a conservar el dominio de la República en
todo el territorio de su mando, según las órdenes e instrucciones que reciba del Poder
Ejecutivo. De todas las medidas que tome dará cuenta inmediatamente al Gobierno,
así como de todo acto o tentativa que se dirija contra los derechos e independientes de
la República.
Posteriormente, mediante la Ley 2 de 1931, la Comisaría fue elevada a Intendencia. La
elevación a Intendencia implicó, no solamente una ampliación de los límites territoriales, sino
también un grado diferente de jurisdicción y gobernanza. La categoría de comisaría había sido
creada durante el gobierno de Carlos E. Restrepo con el fin de administrar “las regiones de
menor importancia que requirieran más ayuda del gobierno nacional”57, por lo cual dependían
directamente del poder ejecutivo. Al intendente se le otorgaron labores de mayor alcance, tales
57 Rausch, Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos ,27.
35
como la fundación de pueblos, el nombramiento de maestros, la firma de contratos para el
desarrollo de infraestructura y el desarrollo de informes periódicos sobre las condiciones y
necesidades del territorio, entre otros. Además de la definición fronteriza, la norma estableció
medidas para la administración del territorio y su tratamiento jurídico tales como las
obligaciones del intendente, el régimen fiscal, la asignación de presupuesto y la definición de
circuitos judiciales y distritos electorales.
Con respecto a los poblados que quedaron bajo la jurisdicción de la recién creada Intendencia
se estableció que “además de mantener la Aduana que actualmente funciona en La Pedrera, el
Gobierno procederá a establecer una Aduana en Leticia y a trasladar la Aduana que actualmente
funciona en Puerto Asís al sitio denominado Tarapacá”58. Además de esas poblaciones, otros
documentos indican que La Chorrera, Atacuarí y El Encanto eran los centros poblados más
importantes del Amazonas en los primeros años de la década de los treinta. Desde esos lugares
tenía lugar la comunicación entre las autoridades locales y las nacionales, y la mayoría de las
políticas implementadas o solicitudes por parte de la población provenían de allí. La
Intendencia del Amazonas apareció representada dos años después de su creación, en 1933, en
el “Mapa cafetero de la República de Colombia”. En el mapa se indica claramente el nombre
del Trapecio Amazónico como parte del territorio colombiano, y se evidencia el crecimiento
territorial de la Intendencia con respecto a la Comisaría (Ver mapa 9).
58 Congreso de la República de Colombia. “Por la cual se crea la Intendencia del Amazonas, se señalan nuevos límites a las Comisarías del Caquetá y del Putumayo y se dictan otras disposiciones” [Ley 2 de 1931].
36
Mapa 9 “Mapa cafetero de la República de Colombia”. (1933) Bogotá: Banco de la República
Es claro que la afirmación legal sobre las fronteras colombianas en el Amazonas no se dio de
manera aislada a motivaciones de índole económica y política. El interés del Estado central por
establecerse en una región inexplorada y que estaba al margen de la vida política nacional se
derivó de la crisis de soberanía que dejó la separación de Panamá. El acceso al río Amazonas,
principal arteria de transporte y comercio en la Amazonía, se convirtió en un objetivo
primordial tras la pérdida de Panamá y condujo a la negociación con Perú sobre la jurisdicción
del Trapecio Amazónico. El Estado también negoció con Ecuador y con Brasil sus derechos
sobre el territorio, y finalmente resultó favorecido por el tratado Salomón-Lozano de 1922. A
partir de ese momento el Estado actuó para crear y administrar un espacio diferenciado en ese
espacio. Las medidas incluyeron la movilización de recursos y personal para la defensa del
territorio durante la guerra con Perú y la implementación de políticas educativas, de
37
infraestructura y para la colonización en la región. El carácter de territorio recientemente
adquirido implicó un reto importante tanto para los gobernantes como para los habitantes
locales, ya que múltiples formas de autoridad -civiles, étnicas, religiosas y económicas- de
ambos países se enfrentaron durante los años posteriores a la firma del tratado por el control
de la región.
En conclusión, la definición legal de los límites del nuevo territorio fue sólo el primer paso en
el largo proceso de incorporación del mismo a las dinámicas políticas del país. La construcción
de soberanía del Estado colombiano en el territorio del actual departamento de Amazonas tuvo
que atravesar periodos de crisis como la guerra con Perú entre 1932 y 1933, y estuvo sujeta a
las solicitudes de las poblaciones locales y las autoridades religiosas, las cuales incidieron
directamente en la implementación de las políticas para la integración del territorio. En la
siguiente sección se mostrará cómo, una vez se definieron las fronteras definitivas de Colombia
en la Amazonía, el Estado y la ciudadanía defendieron el territorio en tiempos de crisis.
38
“Todo el país en pie”: Defensa del Amazonas en tiempos de guerra (1931-1933)
En septiembre de 1932 estalló la guerra colombo-peruana por el Trapecio Amazónico. El
conflicto se extendió hasta mayo de 1933, condujo a la movilización de recursos para la lucha
por el territorio y posteriormente a la terminación definitiva, en términos legales, de la disputa
entre ambos países por la soberanía sobre Leticia y la línea Apaporis-Tabatinga. Además de
afirmar sus intereses sobre el territorio amazónico mediante el establecimiento de fronteras y
la definición de un plan administrativo, el Estado llevó a cabo acciones de colonización y
defensa para afianzar su soberanía. El gobierno de Enrique Olaya Herrera, quien había sido
varias veces ministro de relaciones exteriores, estudiado de cerca los modus vivendi con Perú
y participado directamente en la resolución de conflictos anteriores como el de La Pedrera en
1911, fue representado en el territorio por el primer intendente del Amazonas, Alfredo Villamil
Fajardo. Éste, al igual que el jefe de frontera en el Amazonas, Amadeo Rodríguez, mostró una
preocupación especial por la defensa de la frontera. Alfredo Vásquez Cobo, político y militar
cercano a Reyes y promotor de la redefinición fronteriza, lideró al Ejército colombiano a lo
largo del conflicto. Además, representantes de la Iglesia como el fray Gaspar de Pinell
participaron simultáneamente en el proceso de integración del Amazonas al proyecto nacional
por medio del desarrollo de infraestructura y el acercamiento a las poblaciones.
Las acciones para la defensa del territorio no se dieron únicamente desde las altas esferas de
poder. Por el contrario, implicaron la participación activa de la ciudadanía, no sólo de regiones
como el Cauca y el Huila que tenían una cercanía geográfica y vínculo político con la Amazonía
particular59, sino de diversas zonas del país. Las disputas entre Colombia y Perú por el territorio
dieron lugar, tal y como aquí se demuestra, a la exaltación del sentimiento patriótico entre los
ciudadanos tanto del centro del país como de las regiones próximas al Amazonas. Ese
sentimiento se materializó en actos como la donación de dinero en efectivo, de objetos de valor
personales y de material para el Ejército, así como la divulgación de campañas patrióticas a
través de la prensa y las manifestaciones masivas a favor de la defensa de la frontera en el sur.
Dichos actos constituyen formas individuales de transformación del Estado desde abajo, ya que
a partir de acciones cotidianas los habitantes interactuaron con instituciones del Estado y le
dieron forma a sus políticas. A continuación se mostrará la forma en que sectores de la
59 El artículo 10 de la Ley 96 de 1928 estableció que “En las Comisarías del Caquetá y del Amazonas regirán las ordenanzas de policía de los Departamentos del Huila y de Nariño, respectivamente”.
39
ciudadanía, de distintas regiones del país, diversas clases sociales y de ambos partidos políticos,
no sólo se vincularon sino que transformaron el proyecto de defensa del territorio
implementado por las autoridades tanto civiles como religiosas. En primera instancia se
explicarán los motivos que condujeron a la guerra y posteriormente se hará énfasis en la
participación ciudadana durante el conflicto.
Como se explicó anteriormente, el territorio sobre el cual el Estado colombiano había
establecido soberanía mediante los tratados con Perú y con Brasil estaba poblado por
comunidades indígenas diversas y ciudadanos peruanos principalmente. Para el Estado esto
representaba un reto importante con respecto a la construcción de jerarquías locales vinculadas
a la vida política central y a la articulación de la población a redes de poder estatales distintas
a las de los caucheros y los misioneros. Rivera y Escobar indican en su ya citado informe que
le habían transmitido a las tribus indígenas nociones sobre su nacionalidad y explicaciones
gráficas acerca de los límites de Colombia en esos territorios. Según ellos, los indígenas “muy
complacidos recibían la noticia de que eran colombianos, lo que sabían por primera vez”60.
También le comunicaron a las poblaciones que “nuestro país acoge gustoso todos los
individuos de buenas costumbres que quieran establecerse en su suelo y les ofrece las mismas
garantías que a los nacionales, no exigiéndoles otra cosa que el respeto a las autoridades
colombianas y el acatamiento a sus leyes y reglamentos”.
Por eso se formularon leyes cuyo objetivo era fomentar la colonización. La Ley 100 de 1923,
radicada por el Congreso durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, estableció que se
fomentarían centros de colonización en las regiones del país “donde [el Gobierno] lo estime
necesario”. Explícitamente, se definió que el Gobierno tomaría medidas para
La fundación y fomento en dichas regiones de colonias agrícolas y penales, la
adquisición de toda clase de vehículos, la creación de Aduanas y fijación de tarifas, la
organización de cuerpos de Zapadores y de Resguardos, la construcción de caminos y
demás medios de comunicación y transporte, la creación de los empleados necesarios
y la fijación de los sueldos, viáticos y gastos de material, la supresión o disminución
del impuesto sobre explotación de bosques nacionales y la adjudicación de tierras
60 Citado por Camilo Domínguez y Augusto Gómez en La economía extractiva en la Amazonía colombiana, José Eustasio Rivera y Melitón Escobar (1923) Informe de la Comisión de Límites con Venezuela al Ministro de Relaciones Exteriores. Archivo General de la Nación: Sección República, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 873, folios 474-491. Folio 476.
40
baldías hasta cien hectáreas, de acuerdo con el procedimiento especial que el
Gobierno dicte al respecto.61
Posteriormente, en 1926 se tramitó la Ley 52 para colonización “de los Llanos orientales de la
República”. Dicha ley estableció que
El Gobierno procederá a fomentar la colonización, la agricultura, la ganadería y el
comercio en los Llanos Orientales de la República, a cuyo efecto promoverá la
navegación en sus ríos, abrirá caminos hacia el interior, procurará que los productos
de las Salinas próximas se dediquen ventajosamente a la reducción de indios y mejora
de ganados, metodizará la de aquéllos y asegurará su estabilidad por medio de una
justiciera parcelación y adjudicación definitiva y expedita de las tierras; en una
palabra, hará todo cuanto sea posible para organizar la vida social en los territorios de
San Martín, Casanare, Vichada, Vaupés, Arauca y demás de los Llanos orientales.62
Aunque no se refiriera explícitamente al Amazonas debido a que en ese momento el territorio
aún no había sido erigido como Comisaría, la ley en cuestión fue fundamental en la
aproximación inicial por parte del Estado a la región amazónica. Cuando se creó la Comisaría
Especial del Amazonas, en 1928, el interés por el fomento y desarrollo de los caseríos presentes
en el territorio, la fundación de nuevos municipios o corregimientos y la “civilización de los
habitantes del territorio”63 mediante la enseñanza de “la obediencia y sumisión a las leyes”
quedaron establecidos como objetivos primordiales. Estas leyes obedecieron a la preocupación
del Estado por ejercer soberanía en los territorios que, como lo indica el siguiente mapa, habían
sido “invadidos por los peruanos” (Ver mapa 10).
61 Congreso de la República “Por la cual se provee a la colonización y vigilancia de los territorios fronterizos nacionales” [Ley 100 de 1923] Diario Oficial N° 19360. 62 Congreso de la República “Por la cual se fomenta la colonización de los Llanos orientales de la República” [Ley 52 de 1926] Diario Oficial N° 20347 63 Congreso de la República “Por la cual se señalan nuevos límites a las Comisarías de Caquetá y del Putumayo, se crea la Comisaría Especial del Amazonas y se dictan otras disposiciones” [Ley 96 de 1928] Diario Oficial N° 20953
41
Mapa 10 Mapa de las regiones orientales de la república de Colombia (Casanare, San Martín, Caquetá, Putumayo y Amazonas, corregido según los tratados y laudos especiales). (1916). Bogotá: Biblioteca Nacional
Además, para 1928 también se hacía evidente la necesidad de formalizar la relación entre el
Estado y las comunidades indígenas presentes en el territorio amazónico. Una de las formas en
que los indígenas se relacionaron con el Estado fue mediante la solicitud de adjudicación de
tierras e implementación de políticas que consideraban justas para sus comunidades. El 26 de
mayo de 1928 se radicó en el Ministerio de Industrias una solicitud de Mariano Jacanamijoy
en la que exigía que el Gobierno le brindara los recursos necesarios para llevar a cabo las
labores de colonización sobre los terrenos que le habían sido adjudicados en el bajo Putumayo.
Su relación con el Estado no se agotaba, sin embargo, en quejas y reclamos. Después de
manifestarse sobre lo que él consideraba un “inri indígena”, Jacanamijoy expresa que, aunque
los indígenas fueran despreciados y “tratados como animales raros” o “llamados salvajes”,
estaban dispuestos a contribuir “al adelanto y civilización de nuestra gran Colombia,
presentándole, con el transcurso de los años [...] campos fértiles, sembrados y cultivados [...]
42
listos para el enriquecimiento de nuestro territorio”64. En esa medida, la construcción del
Estado y su proceso de expansión no se limita a la instauración de un monopolio de la violencia
que desde el centro se impone incólume en las regiones. Por el contrario, los distintos
integrantes del entramado social usan el lenguaje que saben se ajusta a los intereses del Estado
y legitiman las largas cadenas de dependencia funcional que lo componen65 con el fin de
obtener beneficios propios.
El proceso de colonización y búsqueda de control sobre la Amazonía fue complicado por
tratarse de una zona en la que había frentes de resistencia indígena y de población peruana, a
la cual sólo era posible acceder por medio de trochas y ríos y cuyas características naturales
eran particularmente complejas. De ello dan cuenta los informes de las primeras autoridades
civiles que fueron designadas para administrar el territorio. Por ejemplo, el 10 de mayo de 1932
el Intendente del Amazonas Villamil Fajardo expuso ante el Consejo de Ministros un acta en
la que daba cuenta de las condiciones “y algunas necesidades urgentes de la entidad a su
cargo”66. Villamil hizo énfasis en los problemas para la navegación por los ríos Caquetá y
Putumayo, en la necesidad de organizar la asistencia médica gratuita y en la importancia de
establecer medios de comunicación radiotelegráficos, entre otros asuntos que consideraba
relevantes para el territorio.
Con respecto a la población, el Intendente manifestó “que los territorios entregados a Colombia
por el Perú estaban completamente despoblados, y que la falta de colonos y cultivadores hacía
extremadamente difícil la organización de la Intendencia [...] que para desarrollar, aunque sea
en forma modesta, un plan de fomento de la región [consideraba] necesario atender a los
distintos puntos a que se refiere el Memorándum presentado al Excelentísimo señor Presidente
de la República sobre las más urgentes necesidades de la Amazonía colombiana”67. Entre esos
puntos cabe resaltar, además de la ampliación presupuestal, la inversión en comunicaciones y
el desarrollo de los planes de fomento, la solicitud explícita por “la organización de los
orfelinatos que puede evitar en gran parte la migración de los indígenas hacia los países
limítrofes”68. Dicha migración se debía a que caucherías como la Casa Arana movilizaban a
64 Ministerio de Industrias. Departamento de Baldíos. Correspondencia. 1928. Folio 377. 65 Íngrid Johanna Bolívar “Sociedad y Estado: La configuración del monopolio de la violencia”, en El Estado en Colombia, editado por L.J Orjuela (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010), 294. 66 Ministerio de Gobierno. Sección de Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2, Carpeta 2. Folios 1-7. Folio 1. 10 de mayo de 1932. Acta de reunión. 67 Ibid. 68 Ibid., Folio 5.
43
los indígenas para utilizarlos como mano de obra, por lo que muchos huían a otros territorios.
Igualmente, el Ministro de Relaciones Exteriores informó que su despacho “adelantaba
gestiones activamente ante el señor Nuncio Apostólico, y ante la Santa Sede, a fin de obtener
la modificación de los límites eclesiásticos, pues gran parte de la región colombiana está
actualmente bajo la jurisdicción del Perú, lo cual tiene graves inconvenientes, en especial en lo
relacionado con las pruebas del estado civil”69.
Estas preocupaciones dan cuenta de la fragilidad del territorio en términos de soberanía, ya que
la población estaba dispersa, no se movilizaba en función de las fronteras recientemente
establecidas sino de su vínculo histórico con el territorio y no siempre reconocía al Estado
colombiano como autoridad ya que estaba compuesta por ciudadanos de los países limítrofes.
Efectivamente, la concentración de poder por parte del Estado dependía “de algunas
condiciones previas, como el ‘encerramiento’ o la fijación de la población en un territorio
limitado y definido”70. Por eso, en documentos como éste las autoridades muestran especial
interés en la correspondencia y el control de las comunidades allí presentes. Por ejemplo, el
Ministro de Guerra “hizo presente la conveniencia de trasladar la población de El Encanto, que
se ha tomado actualmente como centro de operaciones de la colonización, al sitio de La
‘Chorrera’, sobre el río Caraparaná, que está dotado de un clima más benigno y de mejores
medios de transporte”71. Para ese entonces, era tal la distancia entre las poblaciones presentes
en la Amazonía y el Estado colombiano, que el Intendente llamó la atención sobre la necesidad
de “efectuar suficientes remesas de billetes y moneda feble colombiana a la región amazónica,
pues las transacciones se llevan a cabo hoy día en moneda peruana”72.
El territorio era frágil en manos del Estado colombiano porque las redes de poder existentes,
conformadas por misioneros y líderes caucheros peruanos como los dueños de la Casa Arana,
pretendían un control de la región y reclamaban su dominio histórico sobre el territorio. Por
eso, las poblaciones allí presentes no tenían un vínculo significativo con las autoridades
colombianas recién llegadas. Esto condujo a la formulación de acciones concretas para
incorporar a la Amazonía a las dinámicas del Estado central. Estas no se limitaron, sin embargo,
a las políticas materiales impuestas por las autoridades civiles. Como se explicó anteriormente,
69 Ibid. Folio 6. 70 Fernán González (2014) Poder y violencia en Colombia, 61. 71 Ministerio de Gobierno. Sección de Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2, Carpeta 2. Folios 1-7. Folio 6. 10 de mayo de 1932. Acta de reunión. 72 Ibid. Folio 7.
44
la Iglesia desempeñó un rol fundamental en la incorporación de la Amazonía al proyecto
nacional. Según el fray Alfredo M. de Totana, el conocimiento de los misioneros sobre los
territorios en cuestión permitía afirmar que “las bases de corregimientos y futuras poblaciones
[...] estriban en la constitución de la autoridad civil (corregidor o alcalde), en la educación e
instrucción pública y en el servicio religioso o espiritual”73. El énfasis de la solicitud del fray
era la educación, por lo que solicitó “la creación de diez escuelas o al menos de siete para los
puntos siguientes: Leticia, Pedrera, Victoria, Atacuarí, Yaguas, Caraparaná e Igarapará…”74.
En ese sentido, el Estado no actuó únicamente a partir de la imposición material en el territorio,
sino que se vio obligado a invertir en formas de interacción con la población tales como la
instrucción pública y religiosa.
Aunque se sabe que el Estado y la Iglesia mantuvieron una estrecha relación en el proceso de
integración de la Amazonía al proyecto nacional, ésta no siempre fue armoniosa. Los
desacuerdos giraban en torno al trato de las poblaciones locales y a la forma de integrarlas al
proyecto nacional. El general y jefe de frontera del Amazonas, Amadeo Rodríguez Vergara,
escribió en julio de 1932 que “ciñéndose [...] al más genuino y patriótico colombianismo, no
desistiría de amparar a los indios”75 ante lo que él consideraba eran abusos por parte de los
padres capuchinos. También consideraba que debía hacerse una revisión “de las leyes que rigen
los destinos de los infelices indios, quienes hace años han venido sufriendo, además de las
inclemencias del clima, la terrible persecución de una misión que dice ser cristiana…”76. Otros
documentos de quejas por parte de autoridades civiles ante el accionar de religiosos y
visceversa indican que no se puede pensar en el Estado ni en las autoridades, tanto civiles como
religiosas, como entes monolíticos. Estas no compartieron siempre los mismos intereses ni
actuaron de manera conjunta ininterrumpidamente. Por el contrario, las acciones que cada una
llevó a cabo en el territorio estuvieron sujetas a condiciones, que variaban según el entorno
político, establecidas tanto en el Convenio de Misiones como en acuerdos particulares entre los
partidos y la Iglesia.
73 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 1. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folio 24 74 Ibid. 75 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 1. Folios 141-147. Folio 142. 8 de julio de 1932 76 Ibid. Folio 141.
45
A pesar de las acciones de autoridades civiles y religiosas por establecer la soberanía
colombiana sobre el territorio amazónico, el 1 de septiembre de 1932 estalló la guerra. Un
grupo de ciudadanos peruanos se tomó la ciudad de Leticia aduciendo que ésta le pertenecía a
Perú, aunque su pertenencia al Estado colombiano ya había sido definida en el tratado ratificado
en 1928. Según la prensa, los peruanos residentes en Leticia “se sublevaron contra las
autoridades colombianas porque les hacían cantar el himno nacional de Colombia y les ponían
maestras colombianas”77. El Tiempo aseguró que “el gobierno colombiano no tiene en Leticia
guarnición militar ninguna y [...] allí solo hay diez hombres del resguardo. Esa es toda la gente
armada con la que cuenta el Intendente del Amazonas, señor Alfredo Villamil Fajardo”78. El
Ejército colombiano fue liderado por Alfredo Vásquez Cobo, el mismo que había promovido
las reformas administrativas de Reyes para defender la soberanía territorial y que había
negociado el tratado de límites con Brasil en 1907. Ante “los gravísimos acontecimientos”79
las autoridades colombianas tomaron acciones como el incremento excepcional del
presupuesto de la Intendencia, el despliegue de unidades militares y el llamado a la ciudadanía
para la participación en la defensa del territorio. Esta última fue fundamental pues implicó la
movilización de recursos en la prensa, campañas publicitarias e incluso la apertura en la esfera
económica de espacios dedicados a la participación popular.
El periódico El Amazonas, publicado en Neiva, y cuya circulación se extendió entre finales de
septiembre de 1932 y noviembre del mismo año, da cuenta de la forma en la que múltiples
sectores de la sociedad se vincularon a la defensa de la Amazonía durante la guerra con Perú,
que fue caracterizada como “conflicto internacional surgido del desconocimiento de nuestra
soberanía en el lejano Sur”80. El periódico, dirigido por P. J Gutiérrez Vélez era el “órgano de
la Junta de Defensa Nacional” y publicaba titulares como “Dulce y decoroso es morir por la
patria”, “Luchar por la Patria es incorporarse a la inmortalidad”, “El soldado huilense es un
león en la guerra”, “El Napo será nuestra frontera”, “Los pueblos perecen por viles y no por
débiles” y “Perú es un hermano bastardo”, entre otros. Se trató de un espacio importante para
la puesta en común de propuestas cuyo objetivo era defender la región amazónica en el
momento en que su pertenencia a Colombia estaba en riesgo. Estas fueron de distintas escalas,
77 El Amazonas, octubre 1 de 1932. 78 El Tiempo, “Trescientos comunistas peruanos se adueñaron el jueves pasado de Leticia”, 3 de septiembre de 1932. 79 Ministerio de Gobierno. Sección de Intendencias y Comisarías. Actos administrativos. Caja 1. Carpeta 5. Decretos de Intendencias. Folio 2. 80 El Amazonas, octubre 1 de 1932.
46
desde “urnas del soldado, [...] ubicadas en los lugares más públicos de la ciudad [...] para que
todos depositen una moneda”81, hasta la vinculación al Ejército para la lucha por el territorio.
Una de las formas de participación popular por la defensa del territorio fue la vinculación de la
ciudadanía al Empréstito de Defensa Nacional. A raíz de la crisis financiera mundial de 1929,
Colombia no estaba preparada económicamente para asumir los costos de una guerra. Por eso
las entidades bancarias buscaron el apoyo ciudadano para recolectar los recursos necesarios
por medio del mencionado Empréstito. Aunque en términos macroeconómicos el Empréstito
no aportó una suma extraordinaria, la multitudinaria participación de la ciudadanía muestra
hasta qué punto la defensa de las fronteras y las pruebas de patriotismo adquirieron relevancia
en ese momento. Un mes después de iniciado el conflicto se anunció que “el Banco Agrícola
Hipotecario, Sucursal de Neiva, recibe consignaciones para convertirlas en bonos del
empréstito de $ 10.000,000 que se destinarán a la defensa de nuestro territorio”82. La ciudadana
Nelly Turbay le escribió al Presidente de la Junta de Defensa Nacional, el 27 de septiembre de
1932, que “gustosa” ponía “a disposición de usted para la defensa de mi patria, los pequeños
ahorros que tengo en el Banco Agrícola Hipotecario, y que ascienden a la suma de $10,84”83.
Igualmente, el ciudadano Zoilo Rivera escribió el 28 de septiembre de 1932 que había
“consignado en el Banco de la República [...] la cantidad de cien pesos como suscripción al
empréstito patriótico; y [...] con mi esposa hemos entregado los aros matrimoniales con el fin
exclusivo de que su pequeño valor material sirva en parte a sufragar los gastos que demande la
defensa de nuestra frontera con el Perú”84.
Los montos donados por los ciudadanos fueron muy variados, por lo que la vinculación a la
causa se dio desde diferentes niveles del espectro socioeconómico. La diferencia entre
donaciones individuales de una argolla frente a otras “de cinco tarjetas de oro, una insignia,
una leontina, un aderezo con piedras finas, dos relojes, dos anillos nupciales, dos bastones con
mango de oro, un rosario, una cadena, un collar, una argolla y un anillo con el escudo de los
Condes de Casavalencia”85, perdía relevancia porque independientemente de la suma los gestos
personales para defender el territorio eran calificados como bellos y patrióticos tanto por las
autoridades políticas como por la prensa.
81 El Amazonas, N°2, octubre 1 de 1932, pg. 1. 82 Ibid. 83 Ibid. 84 El Amazonas, N°2, octubre 1 de 1932, pg. pg. 2. 85 Ibid.
47
El gerente del Banco de Bogotá, Sucursal de Neiva, manifestó que “los empleados de esta
sucursal, deseosos de contribuir personalmente a la suscripción de bonos del empréstito
patriótico, han ofrecido destinar el diez por ciento de sus sueldos con ese fin”86. Del mismo
modo, los ciudadanos Teódulo Flórez y Natalia Gutiérrez de Flórez manifestaron a los Señores
Presidente y miembros de la Junta de Acción Patriótica que, además de sus argollas de
matrimonio, pondrían a disposición “un buen caballo de silla para que lo ocupe como de
propiedad del gobierno un oficial del ejército o un soldado reservista de los que deben seguir
para la frontera”87. Como esas donaciones aparecerían muchas otras en el periódico El
Amazonas. Eran tantas que los directores del Banco de la República, el Banco Agrícola y el
Banco de Bogotá enviaban diariamente listas con los nombres de los ciudadanos y los objetos
o cantidades de dinero donadas.
Juan N. Angel, dos argollas matrimoniales, Víctor Molano, un juego de electroplata,
Uriel A. Rueda, cinco arrobas de café Arabia, un anillo y un peso mensual de dos
empleados de su fábrica, Pablo Ospina dos argollas nupciales [...], Félix Dussan
Charry cinco bestias mulares enjalmadas [...] Gil Solano, cinco muletos, cinco
novillos, dos argollas nupciales y un prendedor de su señora esposa [...] Justo Germán
Dussán, en nombre de su señora madre, diez potros y cinco toretes [...] Pedro Noval
desinfectantes, jeringas y lo que necesite la caballería [...] Ramón Echeverri Botero
dos argollas matrimoniales y treinta libros88.
El Tiempo publicó la historia de doña Solita Salgado, una joven nadadora colombiana que había
sido motivo de orgullo para su patria por ganar varios concursos internacionales. Salgado, que
había obtenido la nacionalidad francesa en 1928, “entregó las medallas de oro que [había]
ganado en varios campeonatos internacionales, especialmente el gran premio de atletismo
femenino de 1929. Esta donación la [hizo] Solita como una fervorosa contribución para la
defensa nacional”89. Acciones como estas dan cuenta de la participación activa de ciudadanos
de varias regiones en el proceso de construcción del Estado en los territorios nacionales, incluso
aquellos que parecían ser los más alejados de las dinámicas políticas de las regiones centrales.
La prensa fomentaba la vinculación de la ciudadanía a la defensa del territorio afirmando que
“hemos de aprestarnos todos para ir a la lejana frontera a salvarla con la punta luciente de
86 Ibid. 87 Ibid. 88 Ibid., pg. 3. 89 El Tiempo, “Doña Solita Salgado entregó sus medallas para la defensa nacional”, 3 de septiembre de 1932.
48
nuestros cuchillos”90. Afirmaciones como esa muestran que, a diferencia de lo planteado por la
teoría general del Estado, éste no se impone coercitivamente sobre espacios y poblaciones
pasivos, sino que, por el contrario, se construye desde abajo a partir de las contribuciones de la
población que hacen coherentes las formas del Estado91.
La vinculación de la ciudadanía a la defensa del territorio durante la guerra con Perú da cuenta
de que diversos grupos sociales, étnicos y de género se vincularon a la esfera pública nacional
por medio de prácticas desde el ámbito local. Según Corrigan y Sayer, aunque el Estado sea un
proyecto totalizador y sus expresiones se den a nivel colectivo, su proceso de formación
también implica la participación individual de los sujetos en sus rituales92. Por eso las
donaciones de los ciudadanos de distintas regiones del país para financiar la guerra con Perú le
dieron forma y sentido a la presencia del Estado en la Amazonía. Además, las acciones
individuales contribuyeron al fortalecimiento de la soberanía, no en un sentido de imposición,
sino a partir de la movilización de los mismos ciudadanos. El análisis de estas formas de
vinculación a la arena política permite aproximarse a la formación del Estado tanto desde
arriba, a partir de su “diseño”, como desde abajo, a partir de las experiencias vividas.
El largo alcance y el carácter simultáneamente individual y colectivo de estas acciones en
defensa de la soberanía durante la guerra con Perú se evidencia en las manifestaciones, en
lugares del país incluso muy distantes de la región afectada, a favor de la defensa de la patria.
El 23 de abril de 1933 el Comité Liberal de Lenguazaque, Cundinamarca, escribió una carta
dirigida a El Tiempo en la que aseguraba
El cura párroco de esta población, Neftalí Corredor, ha convertido la cátedra sagrada
en lugar de contienda política; desde allí ha arremetido contra la Patria y el
Liberalismo, diciendo que ‘es preferible que Colombia sufra una derrota vergonzosa
de los peruanos a que ocupen las curules los enemigos de la religión o sea los
liberales. Todas las personas conscientes de este lugar se muestran descontentas con
las actuaciones antipatrióticas de este sacerdote [...] hoy que ha tocado con los fueros
sagrados del patriotismo nos es imposible dejar pasar esto en silencio y es de justicia
que obtenga su merecida reprobación de la sociedad y de quien se titule colombiano.93
90 El Amazonas, octubre 1 de 1932, pg. 1. 91 Corrigan y Sayer, The Great Arch, 9. 92 Ibid. 93 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folio 226.
49
Ese tipo de solicitudes muestran que la vinculación a la causa de la defensa nacional trascendió
las afiliaciones partidistas por considerarse que era más importante armarse “contra esos
miserables peruanos que intentan profanar el seno de la madre de los héroes”94. Ricardo Arias
asegura que la guerra eliminó momentáneamente pero de manera eficaz las tensiones entre
liberales y conservadores. Según él, durante este periodo los líderes de ambos partidos pidieron
deponer los ánimos para enfrentar conjuntamente al enemigo externo95. Síntesis de esa actitud
fue el discurso en el Senado de Laureano Gómez, en el que expresó: “¡Paz, paz, paz en el
interior!¡Guerra, guerra, guerra en la frontera amenazada!”96. También el gesto del Partido
Liberal de ofrecer todos sus fondos afirmando “La Patria por encima de los partidos”97.
Las manifestaciones patrióticas se dieron también en otras ciudades del país, todas situadas a
miles de kilómetros de Leticia, como Bucaramanga, Ibagué, Ocaña, Suaita, Armenia,
Pamplona, Chiquinquirá, Manizales, Cúcuta y Buenaventura. El 19 de septiembre de 1932 El
Tiempo publicó un artículo, titulado “Todo el país en pie para defender la soberanía”, en el que
narraba la manera en que cada población había expresado su compromiso son la defensa del
territorio amazónico. Por ejemplo, indicaba que en Bucaramanga quince mil personas se
reunieron en el parque García Rovira y subieron por la Calle Real “cantando el himno nacional
a los acordes de las bandas [...] las damas desde los balcones arrojaban flores a los
manifestantes y vivaban la integridad nacional de Colombia”98. En el mismo Parque Santander
se recaudaron seis mil pesos para la guerra, se inició la instrucción militar que generó “enorme
entusiasmo en el pueblo” e incluso “se abrieron en varios puestos las inscripciones para formar
la guardia nacional de voluntarios”. En Buenaventura se organizaron
Juntas patrióticas para efectuar toda clase de operaciones a fin de reunir el recurso
pecuniario con que el pueblo porteño, valeroso patriótico, centinela avanzando en el
Pacífico, contribuirá al fondo común para vengar el ultraje inferido a la majestad de la
patria, inflingiéndole ejemplar castigo a los miserables invasores. Todas las
actividades están suspendidas. La atención pública está pendiente de las órdenes del
invicto presidente de la república para concurrir a la frontera.
94 El Amazonas, octubre 1 de 1932, pg. 1. 95 Ricardo Arias, Historia de Colombia contemporánea. 1920-2010. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 60. 96 Ibid. 97 El Tiempo, “El fondo liberal al servicio de la patria”, 18 de septiembre de 1932. 98 El Tiempo, “Todo el país en pie para defender la soberanía”, 19 de septiembre de 1932, pg. 6.
50
En Ibagué la manifestación llegó al son del himno al Palacio de Gobierno, en donde el
gobernador “historió los sucesos de Leticia y excitó a la inmensa muchedumbre a la defensa
de la patria”. Además, la deportista Leonor Buenaventura afirmó que estaba dispuesta
“derramar hasta la última gota de sangre” y llamó a los tolimenses a que se prepararan para
marchar en la frontera. En Armenia cerca de veinte mil personas de “todos los estamentos
sociales y políticos, mujeres, niños y ancianos” recorrieron las calles e invitaron “a deponer los
rencores en aras de la defensa de la soberanía amenazada”. Desde Pamplona se reportó que la
multitud, proveniente de poblaciones vecinas y “compuesta de todo el elemento capaz de
afrontar la guerra [...] recorre las calles vivando al gobierno, a Colombia y pidiendo la guerra
contra el Perú”. El Tiempo publicó la propuesta del consejo municipal de Zipaquirá, según la
cual la municipalidad “haciéndose fiel intérprete del fervor patriótico que anima al pueblo
zipaquireño, ofrece al excelentísimo señor presidente de la república su apoyo irrestricto en
bienes y personas para la defensa de la soberanía nacional”. Noticias sobre adhesiones tanto
individuales como masivas al Ejército, donaciones de bienes, ofrecimiento de servicios,
organización de manifestaciones y promesas de apoyo al Gobierno, entre muchas otras
expresiones de apoyo a la campaña de defensa del Amazonas, llegaron a Bogotá, además de
las ciudades ya citadas, desde Chinchiná, Ubaque, Chía, Chocontá, Simijaca, Magangué y
Zaragoza, por citar solo algunas.
La presión ejercida por los distintos sectores de la sociedad, independientemente de la clase o
el partido, por la defensa de la Amazonía, incidió en la forma en que el Estado respondió ante
la crisis de soberanía. Por ejemplo, el Decreto 28 de 1932 estableció que “en previsión de las
necesidades que implique el restablecimiento de la jurisdicción colombiana en la capital de la
Intendencia Nacional del Amazonas, es conveniente iniciar la formación de algunos cultivos”
por parte de policías y colonos que vivirían en Tabatinga o sus alrededores99. Dichas
“actividades agrícolas” se fomentarían con el objetivo de fortalecer y acelerar el proceso de
colonización de la región amazónica y, por ende, aumentar la presencia de ciudadanos y
entidades colombianas en la región.
Igualmente, las autoridades identificaron la necesidad de “intensificar el servicio
radiotelegráfico de las autoridades intendenciales con el Poder Ejecutivo para la defensa
99 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Actos administrativos. Caja 1. Carpeta 5. Decretos de Intendencias. Folio 4. Octubre 24 de 1932.
51
nacional”100, así como la inversión en “portes aéreos, de correos y demás de la Intendencia,
necesarios para atender con prontitud en la actual emergencia”101. El riesgo de perder el
territorio condujo a que el Estado se preocupara por solucionar las necesidades inmediatas tanto
de la región en términos materiales, como de la población allí instalada. Por eso, el Intendente
solicitó la ampliación del presupuesto, no sólo para cubrir gastos militares, sino para “la
organización de la asistencia médica gratuita, la de la higiene y la de la profilaxis en la
Amazonía colombiana”102. Otras acciones, como la instauración en el territorio de agencias
bancarias y el fomento de la producción de café “pues cada libra producida y cada centavo, [...]
significan un aporte efectivo a la capacidad financiera del país para la defensa de sus
fronteras”103, fueron las formas materiales de acción estatal para la reafirmación de la
soberanía.
Además de reafirmar la soberanía y expandir la presencia material del Estado en la Amazonía,
la defensa del territorio implicó que las autoridades y la sociedad civil posicionaran a Colombia
como país legítimamente soberano sobre el Trapecio Amazónico. Los gobernantes elaboraron
argumentos legales basados en los tratados firmados con Perú y Brasil en años anteriores. Por
su parte, la prensa divulgó campañas basadas en la deslegitimación de Perú y en el heroísmo
de los militares que luchaban por la defensa del Trapecio. Estas campañas resaltaban el
“heroísmo sublime” de quienes defendían el territorio, y atacaban a quienes se oponían a las
acciones bélicas. Éstos últimos eran considerados “hombres cobardones que temen la manigua
y tiemblan de pensar en el rigor de las contiendas reconquistadoras [...] bobarrones sin talento
[...] pacifistas de café, ventrudos Sanchos de arrabal, sociólogos de similor que no [podían]
pensar noblemente porque [se los impedía] la armadura intelectual”104. La puesta en marcha de
esas campañas, así como de políticas militares, recaudación de fondos y alegatos jurídicos,
entre otros, facilitaron la victoria de Colombia y la ratificación de su derecho sobre el Trapecio
Amazónico y Leticia en mayo de 1933.
El reconocimiento internacional de los derechos de Colombia sobre dichos territorios fue
fundamental para la finalización victoriosa del conflicto. Las instancias internacionales
100 Ministerio de Gobierno. Sección de Intendencias y Comisarías. Actos administrativos. Caja 1. Carpeta 5. Decretos de Intendencias. Folio 2. 101 Ibid. 102 Ministerio de Gobierno. Sección de Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2, Carpeta 2. Folios 1-7. 10 de mayo de 1932. 103 Ibid. 104 El Amazonas, octubre 1 de 1932.
52
reconocieron a Colombia como país soberano sobre el Trapecio Amazónico, lo cual condujo a
la finalización definitiva de los enfrentamientos. El 25 de mayo de 1933 El Tiempo informó
que el día anterior “se suspendieron las hostilidades en la frontera” y que “Colombia y Perú
[firmarían] el Acuerdo de Ginebra”105. La Liga de las Naciones, en la cual Eduardo Santos
representaba a Colombia, fue fundamental en el reconocimiento del país como soberano sobre
Leticia. El llamado Comité de Leticia, creado por esa organización para el recibimiento “del
Trapecio Amazónico, con un brasilero, un norteamericano y un europeo”106, fue el que ratificó
los derechos de Colombia en el territorio y verificó la entrega efectiva por parte de los peruanos
de Leticia a las autoridades colombianas.
Antes de que se firmara el Acuerdo de Ginebra, la prensa había hecho seguimiento a la
percepción de gobiernos y medios internacionales sobre el conflicto colombo-peruano.
“Comunican desde París que en los círculos políticos y sociales [...] la opinión unánime
favorece a Colombia pues el tratado Salomón-Lozano, dicen, no podía violarse
impunemente”107, indicaba El Amazonas. Igualmente, reportaba que “el gran periódico
londinense ‘The Times’, al hablar del caso de Leticia, dice que se trata de un caso de piratería
internacional y que el Perú no puede, sin violar elementales principios del derecho
internacional, ayudar a los filibusteros que han violado el territorio colombiano”108. Además
“los dos más grandes internacionalistas latinoamericanos [...] Alejandro Álvarez y [...]
Francisco de la Barra [...], después de una clara exposición en que se detallan los antecedentes
de la ocupación de Leticia, terminan por declarar improcedente el acometer de un arbitramento,
cuando éste es asunto que concierne únicamente a Colombia”109.
La entrega de Leticia fue entendida como “el primer paso para que la Amazonía no [fuera] un
sitio de lucha sino de cooperación entre los dos países”110. Un año después, tras varias
reuniones entre las delegaciones colombiana y peruana para la redefinición de las fronteras, el
24 de mayo de 1934 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro entre Colombia y Perú. Aunque
en un principio este último solicitó la devolución del Trapecio por parte de Colombia, las
autoridades colombianas no cedieron y el territorio quedó bajo jurisdicción nacional. Ese
105 El Tiempo, 25 de mayo de 1933. 106 Ibid. 107 El Amazonas, octubre 15 de 1932. 108 Ibid., pg. 4. 109 Ibid. 110 El Tiempo, 24 de mayo de 1933.
53
mismo día el presidente Enrique Olaya Herrera escribió una carta al Monseñor Andrés Restrepo
Sáenz, vicario general del Arzobispado, en la que le comentaba que “habiéndose firmado [...]
un protocolo diplomático con la república del Perú, que asegura la paz y [...] proscribe la guerra,
desea el gobierno nacional que en la Basílica Primada se celebre un solemne Te Deum, en
acción de gracias”111.
A pesar de la victoria militar y jurídica, el ejercicio de la soberanía por parte del Estado
colombiano en ese territorio era aún precario y frágil. El 26 de mayo de 1934 el Reverendo
Padre fray Gaspar de Pinell, vicario apostólico de Caquetá, le escribió a Roberto Urdaneta
Arbeláez, Ministro de Relaciones Exteriores, una carta en la que luego de sus más sinceras
“felicitaciones por el brillante éxito obtenido en la difícil misión de Río de Janeiro, como
Prelado de la región más afectada por el complicado conflicto amazónico”112, le solicitaba
diversas acciones que respondieran ante las graves necesidades de la población en esos
territorios. A partir de los informes realizados por los padres misioneros Estanislao de las
Cortes, Lucas de Batet, Bartolomé de Igualada y Miguel de Ipiales sobre sus labores en el bajo
Putumayo, “inclusive Leticia” y el bajo Caquetá, “inclusive La Pedrera”, el fray manifestó
preocupación ante la crisis en el territorio.
El Padre fray Gaspar de Pinell manifestaba especial preocupación por la situación de los niños
de la zona. Según él, “no se veían sino figuras cadavéricas, ambulantes; el sarampión, la gripe
y la disentería tenían a los indios alarmados”, expresaba. Por su parte, el padre Estanislao
escribió, “el domingo tuve que despedir los alumnos por falta absoluta de víveres [...] pregunté
si tenían a dónde ir y resultó que solamente cuatro no tenían absolutamente padres [...] pero
regresaron otros llorando y diciendo que no tenían nada que comer en sus casas y que no
querían apartarse de mi lado”. Según el fray Gaspar, las precarias condiciones imponían “la
urgencia [...] de establecer algo aproximado a orfanatorio en el Mirití-Paraná para aquellos
indios, que es el núcleo más importante de aquellas regiones fronterizas, no sólo por el número
sino también por su calidad, pues no habiendo llegado allá la corrupción que en otros tiempos
casi acabo con otras tribus huitotas, la raza [...] ofrece porvenir”. La solicitud del fray era
construir orfanatos para que pudieran “restablecerse los niños agotados por el clima y demás
calamidades, que [andaban] dispersos en la región del bajo Caquetá”. Para ello pedía al
111 Ibid. pg. 3. 112 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folios 421-425. Folio 421.
54
Gobierno 3.000 pesos que se invertirán en “educar a los indios y también para hacer acto de
presencia en la frontera brasileña, en forma que honre al país”. Asimismo, para “salvar del
fracaso las incipientes fundaciones misionales del bajo Caquetá y del bajo Putumayo”.
Tras la victoria colombiana en la Amazonía y en respuesta a la solicitud de los misioneros se
implementaron de manera sistemática políticas educativas. Estas fueron específicamente
diseñadas para los territorios “donde se encontraban las riquezas por explorar y explotar, las
tierras por colonizar los espacios por ocupar, los indígenas que se convertirían en la mano de
obra para la obtención de recursos exportables y las identidades por construir”113. Las políticas
tenían como objetivo incorporar definitivamente a la población a las dinámicas nacionales, con
el fin de evitar nuevos conflictos debido a la fragilidad de las fronteras. Estas políticas se
caracterizaron por haber sido diseñadas e implementadas tanto por autoridades civiles como
por los misioneros, con la participación activa de ciudadanos de la región.
En conclusión, la integración del territorio amazónico al Estado colombiano posterior a la firma
de los tratados fue un proceso complejo debido a la falta de vínculo histórico entre las
poblaciones locales y las instituciones colombianas. Sin embargo, a pesar de ser un territorio
recientemente integrado al proyecto nacional, tanto las autoridades como la ciudadanía de
distintas regiones del país participaron activamente en su defensa durante la guerra con Perú.
Ello se explica, en parte, porque el país aún resentía la separación de Panamá como una pérdida
y estaba alerta ante la posible separación o riesgo de amenaza en los territorios fronterizos. La
construcción del Estado y de la soberanía nacional en el territorio amazónico no fue un proceso
unilateral o impuesto desde el centro pues necesitó la participación de múltiples sectores
sociales para ser exitoso.
113 Lina Marcela González “Imágenes y contraimágenes: territorios y territorialidades en la construcción del Estado-nación” en Diana Luz Ceballos Gómez ed. Prácticas, territorios y representaciones en Colombia. 1849-1960. (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 53.
55
“Bien sabido es que lo bueno cuesta caro”: Proyectos educativos para el largo plazo en
el Amazonas (1930-1934)
La victoria de Colombia sobre Perú por Leticia y el Trapecio Amazónico quedó resuelta
definitivamente en 1934, pero la lucha por la consolidación de la presencia estatal en ese
territorio continuó. El territorio se constituyó como “espacio propicio para la redención
nacional”114 y se cimentaron sobre él esperanzas en materia económica y política. Dichas
esperanzas se tradujeron concretamente en políticas educativas que tenían como objetivo
propagar la civilización. El rol de los misioneros y de las autoridades civiles locales fue
fundamental para que se pusieran en marcha los proyectos educativos. Sin embargo, la
participación de la ciudadanía local también fue crucial debido a que en varios casos las
decisiones se tomaron a partir de las solicitudes específicas de las familias o los profesores que
le exigían a las autoridades actuar teniendo en cuenta las condiciones del territorio. En ese
sentido, el Estado se basó en los conocimientos y saberes locales para la implementación de
políticas educativas de largo alcance en la región amazónica. Con el objetivo de integrar de
manera integral y duradera al Amazonas al proyecto nacional, los gobiernos de Enrique Olaya
Herrera y Alfonso López Pumarejo implementaron proyectos de educación a partir de la
interacción con padres de familia, misioneros, poblaciones extranjeras y autoridades civiles
presentes en el territorio. A continuación se mostrará en qué consistieron esos proyectos y de
qué manera la interacción con los actores sociales mencionados les dieron forma y sentido.
La transición de la Hegemonía Conservadora a la República Liberal se caracterizó por la
irrupción en la arena pública de una generación de jóvenes motivados por la modernización del
país en términos sociales y económicos. Políticos y pensadores como José Eustasio Rivera,
Alfonso López Pumarejo, Luis Eduardo Nieto Caballero, Manuel Roca Castellanos y Luis
López de Mesa, pertenecientes a la generación de los “centenaristas”, coincidieron con el
Gobierno de Olaya Herrera en la necesidad de replantear las políticas estatales frente a
territorios como el Amazonas. Por ejemplo, López de Mesa, quien ocupó el cargo de Ministro
de Educación de Olaya Herrera, publicó en 1934 el libro De cómo se ha formado la nación
colombiana, en el que planteó que se debía incluir a los territorios periféricos en los planes de
administración y desarrollo del país. Igualmente, desde su labor periodística, Nieto Caballero
114 Ibid, 53.
56
viajó a los territorios apartados y escribió dos libros, Vuelo al Amazonas y Vuelo al Orinoco,
en los que llamaba la atención sobre la vastedad de las regiones que habían sido descuidadas:
El vuelo hacia Leticia es como una entrega y una posesión. Se le ofrenda todo el ser a
la república, y se siente el hombre dueño de cuanto es la república. Esclavos por el
amor, amos por la visión de inmensidad que dejan las tierras de Colombia, de la
Colombia nuestra, dentro del alma hay como un bullicio de inefables sentimientos.115
Por su parte, Manuel Roca Castellanos, quien ocupó el cargo de director del Departamento de
Intendencias y Comisarías, publicó Diez luces sobre el futuro, en el cual se refiere a la situación
de los territorios de Chocó, Amazonas, Guajira, Vaupés, Vichada, Arauca, Putumayo, Caquetá,
Meta, San Andrés y Providencia, y sugiere algunas medidas para sacarlos de lo que consideraba
era un abandono histórico. Si bien el Gobierno de Olaya Herrera tomó medidas para modernizar
la administración del país, dándole espacio a las nuevas generaciones en sus motivaciones de
replantear la política en los territorios periféricos y adaptando las políticas educativas a las
demandas y solicitudes locales, su relación con la Iglesia no cambió significativamente con
respecto a la que habían mantenido los gobiernos conservadores.
Desde años previos a la guerra las autoridades religiosas presentes en el territorio amazónico
manifestaban interés por implementar políticas educativas. En agosto de 1930, el fray Alfredo
M. de Totana escribió una carta dirigida al Ministro de Educación, Abel Carbonell, en la que
solicitaba la construcción de escuelas y orfanatos en la recién creada Comisaría del Amazonas.
Suficientemente es conocida de S.S. el momento actual en referencia a la ejecución
del tratado de límites entre nuestra República y el Perú y que nos ha puesto en el
derecho y obligación de ir ocupando tierras hasta hace poco en poder efectivo
peruano, como son el bajo Caquetá y la Amazonía colombiana.116
Sus palabras dan cuenta de que la educación era concebida como una herramienta para vincular
a la población local, especialmente durante décadas en las que la soberanía nacional era débil
frente a la de los países vecinos, a las instituciones colombianas. Las autoridades eran
conscientes de que la “ocupación de tierras” requería de acciones que trascendieran la
demarcación fronteriza.
115 Citado por Rausch, Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos, 47. L. E Nieto Caballero, Vuelo al Amazonas (Bogotá: Editorial Minerva, 1933), 10. 116 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 1. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folios 24 y 25. Folio 24.
57
Enrique Olaya Herrera jugó un papel fundamental en el proceso de integración del Amazonas
al proyecto nacional. Desde principios de su carrera manifestó un interés especial por ese
territorio. Su cargo como jefe de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el
gobierno de Reyes lo condujo a escribir un libro publicado en 1905 en el que afirmó que
“Colombia no puede resignarse a que una expansión incontenida del Perú le prive de ser
condueña del Amazonas”117. Su preocupación por la frontera del sur se manifestó en la Ley 2
de 1931, por medio de la cual se elevó la Comisaría a Intendencia del Amazonas y se erigió
por primera vez a Leticia como capital colombiana. Bajo su gobierno también se expidió la
Ley 10 de 1930, la cual establecía que el presupuesto nacional debía incluir un auxilio para
cada una de las Intendencias y Comisarías “en proporción de sus necesidades y de acuerdo con
las leyes vigentes”. Dicho auxilio se derivaría de “las rentas de licores, degüello de ganado
mayor [y] tabaco” y sería administrado por tesorerías locales con la intervención de la Junta de
Obras Públicas118. De esa manera se reconocía que cada territorio era único y que su
administración debía corresponder a sus necesidades particulares.
Una vez la Comisaría había sido elevada a Intendencia, en agosto de 1932 el intendente
Villamil Fajardo, su secretario Simón Prieto Solano y la directora de la Escuela Mixta Rural
de Atacuarí, María Antonia C. de Zúñiga, redactaron un acta sobre las necesidades del
establecimiento y sus alumnos. Además de solicitar una casa apropiada, carpetas, útiles y
vestidos, la directora preguntó “si se podían matricular y admitir niños de la margen peruana
que lo solicitaban, a lo cual contestó el señor intendente que no había inconveniente legal para
ello”119. Para el Estado las políticas educativas funcionaron como un mecanismo para vincular
a las poblaciones locales a las instituciones colombianas tanto regionales como nacionales y
así afianzar la soberanía. El 29 de agosto el funcionario encargado de Mirití-Paraná, Rafael
Wandurraga, le escribió al intendente una carta en la cual indicaba la llegada al corregimiento
de la profesora Isabel A. de Ortiz. Aseguraba que la construcción de la escuela avanzaba
rápidamente porque “tanto los padres como los niños se manifiestan muy contentos y de
consiguiente todos cooperan eficazmente con el adelanto de la obra”120.
117 Citado por Rausch, Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos, 57. 118 Congreso de la República (octubre 8 de 1930) Sobre organización fiscal de las Intendencias y Comisarías [Ley 10 de 1930] Diario Oficial N.° 21515 119 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folio 31. 120 Ibid. Folio 32.
58
Los padres de familia de las localidades del Amazonas jugaron un papel decisivo en el
desarrollo de las políticas educativas en la región. En el comunicado de Wandurraga, además
de manifestar su compromiso con la construcción de la escuela y el alojamiento de la profesora,
éstos envían “un saludo respetuoso al señor intendente, expresándole un profundo
agradecimiento por tan patriótica labor desplegada en beneficio de la instrucción de esta
región”. Del mismo modo, el 20 de septiembre Juvenal Pineda, Elias Rodríguez, Ricardo
Quintero y José Cárdenas, “en calidad de padres de familia a quienes interesa [...] la educación
de nuestros hijos [...] de modo que sean útiles para sí y para la sociedad en general”121
expresaban que la maestra asignada no satisfacía sus aspiraciones y que la escuela daría mejores
resultados si fuera mixta y no alternada. Su comunicación no se limitaba a un listado de quejas;
“traeremos al señor Manuel A. Vargas, a quien conocemos como verdadero educador”,
aseguraban. Vargas se había retirado de su cargo anterior en el Vaupés porque su sueldo era
muy bajo, frente a lo cual los padres afirmaban que “bien sabido es que lo bueno cuesta caro”
y que “la petición la hacemos porque sabemos lo que pedimos”. En ese sentido, por medio de
los saberes locales, la población influyó en las decisiones que tomó el gobierno sobre qué
profesores contratar, qué tipo de sistema escolar -mixto o alternado- implementar, en qué
ubicación exacta ubicar las escuelas y qué material enviar a cada una, entre otros asuntos.
Una de las políticas más significativas del Gobierno de Olaya Herrera fue la creación, en
noviembre de 1933, del Departamento de Intendencias y Comisarías al interior del Ministerio
de Gobierno. Era la primera vez que se establecía una entidad independiente, compuesta por
“un director, un secretario, un oficial de presupuestos y estadísticas, un estenógrafo y dos
visitadores”122 encargada exclusivamente de resolver los conflictos ligados a la educación, la
colonización, el gobierno, las finanzas, las poblaciones locales y la industria, entre otros, de los
territorios periféricos.
El Departamento de Intendencias y Comisarías se alió con la Iglesia para llevar a cabo
proyectos culturales y educativos en la región. El 26 de diciembre de 1933 se envió una
solicitud por parte del Gobierno a la Junta Arquidiocesana de Misiones para suscribir un
contrato con el Departamento. Bernardo Rueda Vargas, director del Departamento, le escribió
121 Ibid. Folio 33. 122 Presidencia de la República (noviembre 20 de 1933) “Por el cual se fija la nomenclatura de los Departamentos y Secciones del Ministerio de Gobierno, su personal y asignaciones respectivas” [Decreto 1908 de 1933] Diario Oficial N.° 22451.
59
al presidente de la Junta Arquidiocesana de Misiones y Arzobispo de Bogotá Ismael Perdomo
una carta en la que insinúa “la conveniencia de un contrato personal” con la entidad a su cargo.
Su propuesta se basaba en que una de las obligaciones del Departamento era entablar una
relación con la Iglesia para “el desarrollo y cumplimiento de la labor misional en el vasto campo
de los Territorios Nacionales y sus ilimitadas proyecciones de beneficio social y nacional”123.
En ese sentido, aunque el Gobierno manifestara un interés especial por desplegar políticas de
educación a través de autoridades civiles, en ningún momento pretendió desvincularse de la
labor de los misioneros en la región.
Una de las labores del recién creado Departamento de Intendencias y Comisarías era elaborar
memorándums de instrucción pública para cada uno de los territorios. El 10 de febrero de 1934
se le entregó a Rueda Vargas un memorándum en el que se describía la situación y se
planteaban recomendaciones para las regiones de Caquetá y Amazonas. Entre las
recomendaciones sugeridas cabe resaltar las siguientes
Creación de una Directiva de Educación, como existe en cada uno de los
departamentos de la República
Creación de la Oficina de Sanidad Infantil
Dotación de útiles y elementos para las escuelas
Selección del personal docente por medio de concursos
Obligación de los maestros de aprender los dialectos indígenas.124
Este último punto era importante para “la perfecta comunicación entre discípulo y maestro,
como también para el estudio de la botánica sobre la cual el indio tiene largas experiencias”.
Germán Cardona y Ricardo Pizarro, autores del memorándum, aseguraban que los directores
de educación en las comisarías e intendencias de la Amazonía, más allá de los conocimientos
intelectuales, debían ser personas “de clara comprensión a fin de que, dándose exacta cuenta
del destino de la raza en la selva, la prepare[n] para triunfar en el medio en que actúa y haga de
ella un elemento socialmente aprovechable”. Ello da cuenta del interés por parte del Gobierno
de implementar políticas acordes a las condiciones y necesidades particulares de cada territorio,
y no de manera homogénea a lo largo y ancho del país.
123 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folio 7. 124 Ibid. Folio 42.
60
En 1931 se había creado, por iniciativa de Arturo Álvarez Molina y “un grupo de corazones
femeninos”125 un comité especialmente dedicado a la implementación de iniciativas culturales
y educativas en los territorios periféricos. Aurora Angueyra de Arciniegas, Teresa Parga de
Espinosa, Elena Torres de Uribe y Pepa Posada de Uribe, entre otras, y algunas de sus hijas se
reunieron por primera vez el 11 de mayo de 1931 con el fin de “poner remedio al abandono y
atraso en el que se encontraban aquellos territorios”. Este grupo se llamó Comité Cultural
‘Intensaría’, como conjunción de los dos nombres asignados a dichos territorios, y su lema
fueron las palabras de Bolívar “Moral y luces son los polos de una República, moral y luces
son nuestras primeras necesidades”.
En febrero de 1934 la presidenta del Comité, Alicia Rico de Herrera, le envió al director del
Departamento de Intendencias y Comisarías un memorándum de los buenos oficios y proyectos
implementados exitosamente por la institución que presidía. Por ejemplo, resaltaba la
realización de conferencias como la del padre Enrique Rocheau “para referir los actos heroicos
llevados a cabo por las [Madres Misioneras] compatriotas nuestras, en las misiones de Arauca,
Vaupés y Vichada”. A diferencia de otras entidades, el Comité presentó solicitudes más allá de
material y presupuesto, que aunque eran fundamentales, no constituían la única manera de
“contribuir al progreso de estos apartados territorios”. Por ejemplo, Rico de Herrera solicitó el
establecimiento en Bogotá de “un almacén de los productos de las Intendencias y Comisarías
nacionales con el objetivo de hacerlos conocer y de abrirles mercado en el interior de la
República”126. De esa manera se manifestaba el interés de las autoridades por integrar a las
regiones amazónicas al proyecto nacional desde una perspectiva de largo plazo, que trascendía
la contención de las fronteras y pretendía la inclusión integral de estos territorios en los
proyectos del Estado. Además, el Comité dejaba de lado la perspectiva unilateral de integración
o inserción de las regiones pues pretendían que fuera el centro del país el que se beneficiara del
aprendizaje de las dinámicas presentes en los territorios.
Para llevar a cabo los proyectos educativos e integrar a la población al proyecto nacional, el
Estado requirió instaurar una base material sólida en el territorio. Al igual que las políticas y
las iniciativas, esa base material debió adaptarse a las condiciones de la región para permitirle
al Estado cumplir sus objetivos. El 16 de mayo de 1934 el notario José Ignacio González y el
125 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folio 71. 126 Ibid. Folio 46.
61
registrador de instrumentos públicos Samuel Aramburo Bueno, bajo la autoridad del
Departamento de Intendencias y Comisarías, enviaron desde Leticia un informe al Ministro de
Gobierno en el que detallaban el tipo de edificios y estructuras con las que contaba la
Intendencia para fines militares, administrativos, servicio de radio, de almacenamiento y
vivienda e incluso de botica. En total había cuatro casas pajizas, cinco casas de madera y dos
edificios de ladrillo, además de algunos potreros, baños, lavaderos y cisternas para provisión
de agua potable127.
Con el fin de modernizar su base material y adaptarla mejor a las condiciones del territorio, el
Gobierno de Olaya Herrera negoció con empresas como Pope & Cottle Company, la cual en
junio de 1934 envió al Ministro de Gobierno una propuesta para la construcción de edificios
especiales para las selvas amazónicas. La compañía aseguraba conocer muy bien las
necesidades del territorio y por eso sabía preparar las maderas para impedir el daño causado
por la humedad y los insectos, aislar el calor, darles a las ventanas la amplitud “que requiere el
trópico” y protegerlas con mallas de alambre. En informes posteriores se evidencia el visto
bueno del Gobierno ante propuestas como la de Pope & Cottle, ya que se indican dentro de los
inventarios “elegantes” estructuras importadas de Estados Unidos y de Brasil. Miembros de la
Iglesia como Estanislao de Las Cortes, director del orfanatorio de La Chorrera, manifestaban
estar de acuerdo con los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones materiales del
territorio pues insistían en que, para el desarrollo de sus funciones en términos educativos y
agrícolas, necesitaban edificios y herramientas adecuados a las necesidades de la región128.
El ya citado fray Gaspar de Pinell le escribió al Ministro de Relaciones Exteriores el 26 de
mayo de 1934. En su carta muestra una de las perspectivas oficiales sobre el deber ser de la
educación en la Amazonía. De Pinell se mostraba orgulloso porque, cuando el intendente visitó
la región, los estudiantes del orfelinato a su cargo “cantaron el himno nacional, recitaron
cuartetas a la bandera y a la patria, contestaron algunas generalidades de geografía e historia
patria y escribieron en presencia de todos su nombre y apellido”. Según él esos logros eran
“prueba de un aprovechamiento, en el breve tiempo que funciona el orfelinato”129. Por su parte,
127 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 2. Folios 26 y 30-32. 128 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folios 65 y 66. 129 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folios 421-425. Folio 422.
62
el padre Lucas de Batet, que desempeñaba sus funciones en Tarapacá, relacionaba “la nueva
faz que han tomado los asuntos amazónicos después de la firma del Tratado de Río de Janeiro
y la necesidad urgente de hacer obra verdadera y útil en aquellas regiones”130. Según él era
necesario “atender y adelantar las fundaciones de La Chorrera y de La Pedrera e iniciar las de
Miritíparaná y de Leticia, todas de grandísimo interés para Colombia, especialmente para la
protección y educación de los indios de aquellos lugares y provecho de todos sus
moradores”131.
El 7 de agosto de 1934 se dio el cambio de gobierno entre Olaya Herrera y López Pumarejo.
La “Revolución en marcha” de López Pumarejo ha sido caracterizada por historiadores como
Ricardo Arias, Álvaro Tirado Mejía y David Bushnell, entre otros, como más radical que la
política de “Concentración nacional” de Olaya Herrera. A diferencia de su predecesor, López
Pumarejo mantuvo una postura crítica frente a la relación Estado-Iglesia y a las grandes
multinacionales presentes en el país, además de que se mostró más cercano a los sectores
populares132. En términos de educación, según Tirado Mejía durante el Gobierno de López “se
aumentó el presupuesto [...] en todos sus niveles. Se trataron de mejorar las condiciones de los
locales de enseñanza, pero sobre todo se quiso dar, y se logró, un cambio cualitativo en la
enseñanza”133. En el caso del Amazonas y otros territorios apartados, eso se tradujo en un
interés por reformar los currículos académicos y adaptarlos a las necesidades de las regiones.
En realidad, López Pumarejo se basó en los proyectos iniciados por Olaya Herrera para
democratizar y mejorar la enseñanza, por lo cual la educación escolar fue declarada obligatoria
y gratuita, y se ampliaron tanto los contenidos como el público al que eran dirigidos134.
En este periodo las políticas educativas en el Amazonas no se limitaron a la enseñanza de los
contenidos tradicionales o a la aplicación de los manuales escolares del Ministerio de
Educación. El 29 de agosto de 1934 el padre de Las Cortes manifestó al Gobierno que la
enseñanza de labores agrícolas y de industria alimentaria eran esenciales para el éxito de los
proyectos de educación. Según él, debido a que había que basarse en los productos de la tierra
para el sostenimiento del orfanatorio, era necesario que se pagara un profesor de agricultura.
130 Ibid. Folio 423. 131 Ibid. 132 Arias, Historia de Colombia contemporánea, 57-84. 133 Álvaro Tirado Mejía, “López Pumarejo: la Revolución en marcha” en Nueva Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 1989), 337. 134 Arias, Historia de Colombia contemporánea, 57-84.
63
Además, en términos de las herramientas necesarias para la enseñanza, el padre aseguraba que
éstas eran “muy pesadas, lo que [dificultaba] su manejo a los educandos”. Dichas herramientas
incluían barras, zapapicos, garlanchas, palas, hachas y machetes, y acorde con de Las Cortes
hacían falta azadones, rastrillos y arados, entre otras. Ante las instrucciones del intendente
según las cuales el orfanatorio debía cultivar productos como la yuca y el maíz, el padre
respondió que se debían facilitar las semillas ya que no había “cómo ponderar la falta total de
semillas en toda la inmensa extensión del territorio de La Chorrera”. Por eso solicitó al director
del Departamento de Intendencias y Comisarías semillas de papa, maíz, yuca, “toda clase de
verdura y cuantas sean adaptables al clima cálido de la región, pues es nuestro deseo de trabajar
por la aclimatación de toda clase de plantas y fruto convencidos de que ello facilita
enormemente la colonización”135.
De las Cortes aseguraba que la educación estaba íntimamente ligada al futuro económico de la
región y que por lo tanto el desarrollo de la industria agrícola local era fundamental para lograr
los objetivos del Gobierno de hacer prosperar las regiones amazónicas. En su carta indicaba
que
Con el fin de establecer alguna industria que pueda sostenerse con los productos de la
región, sería de mucha utilidad proveer al orfanatorio, por lo menos, de dos hiladoras
de pedal y un telar de mano, para trabajar el algodón. Esto [sería] sumamente
beneficioso para los indígenas, pues, a parte de crear en ellos los hábitos de trabajo y
de economía, les dará la sana independencia, fruto del propio esfuerzo.136
El padre consideraba que las labores económicas que se enseñaran debían corresponder al
género de los alumnos. Así como la agricultura se enfocaría en los niños, de Las Cortes
afirmaba que “como elemento indispensable para la enseñanza de las niñas en las artes propias
de su sexo, se necesita una máquina de coser con todos los accesorios correspondientes, como
tijeras, planchas, etc.”. Luego de indicar todos los elementos materiales que su orfanatorio
necesitaba para lo que consideraba sería el progreso de la Intendencia, el padre indicó que no
creía necesario “ponderar la importancia de estos elementos bien se considere desde el punto
de vista educativo o el punto de vista económico”.
135 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folios 65 y 66. 136 Ibid.
64
El 5 de octubre de 1934 Luis A. Pardo García, inspector técnico de educación para Putumayo
y Amazonas, le envió un informe al Ministro de Educación Luis López de Mesa. Pardo García
indicaba que cuando se posesionó en su cargo recibió instrucciones para “elaborar un nuevo
plan de estudios para las escuelas de dichos territorios, de conformidad con las ideas y métodos
pedagógicos preconizados por el Ministerio de Educación Nacional y en armonía con las
condiciones generales del medio donde él debía ponerse en práctica”137. El informe da cuenta
del interés por parte del Estado central de implementar políticas acordes a las particularidades
de los territorios, tales como “la enorme variedad de idiomas y dialectos que se hablan [...] las
grandes distancias que tienen que salvar muchos muchachos para poder concurrir a la escuela,
las enfermedades particulares de la región” e incluso “el sentimiento de inferioridad que
experimentan las razas indígenas de los dos territorios”138. Según el informe, para 1934 había
194 niños y niñas matriculados en siete (7) escuelas de la Intendencia del Amazonas que eran
dirigidas por ocho (8) profesores. El inspector consideraba que había muy pocas escuelas para
atender a la gran cantidad de infantes pertenecientes a “tribus dispersas”.
Pardo García insistía en que se aumentara el número de profesores y médicos, se construyeran
escuelas y restaurantes escolares y, en general, se mejoraran las condiciones de vida de los
alumnos. Sus solicitudes correspondían al deseo de que “la campaña educacionista en estas
regiones rinda los frutos que el Ministerio de Educación Nacional ambiciona [y] asegurarles a
estos territorios el progreso que la Patria reclama y el porvenir que ellos merecen”139. Como ya
se ha mencionado, el Gobierno de Olaya Herrera tomó la decisión de invertir más a largo plazo
en la región amazónica y trascender el establecimiento y la defensa militar de las fronteras por
medio de proyectos de educación. Para ello necesitó que funcionarios como Pardo García
visitaran exhaustivamente los territorios desconocidos del Amazonas y, a partir de sus
solicitudes, se llevaran a cabo los proyectos requeridos por cada municipio. El 24 de noviembre
se aprobó el Decreto 57 de 1934, por medio del cual se estableció, entre otras disposiciones:
Artículo 1°: La Intendencia procederá a organizar restaurante escolar en las escuelas
públicas de Leticia.
Artículo 2: De conformidad con el plano del Ministerio de Educación Nacional, la
Intendencia procederá a construir el local para escuela de niñas de Leticia
137 Ministerio de Educación. Correspondencia. Legajo 100. Carpeta 2. Educación primaria. Asuntos eclesiásticos. Quejas. Folios 426-436. Folio 426. 138 Ibid. Folio 427. 139 Ibid. Folio 429.
65
Artículo 3°: La Intendencia hará construir locales para escuelas en los Corregimientos
de Mirití-Paraná, Santa Clara y Atacuarí, pudiendo adaptarse el de Atacuarí para la
fundación y organización de un orfanatorio.
El decreto, aprobado por la Junta de Mejoras Públicas, le otorgó las facultades al intendente,
Ignacio Moreno Espinosa, para llevar a cabo los respectivos proyectos vinculados a la
expansión de la presencia estatal en el Amazonas. Antes de ratificado el decreto el intendente
ya había tomado decisiones como organizar un restaurante escolar en Leticia que servía
diariamente las tres comidas a los niños matriculados.
Con el fin de dar a conocer las labores tanto del Departamento de Intendencias y Comisarías
como del Comité Cultural Intensaría, en octubre de 1934 se pensó en editar un libro “en favor
de nuestros territorios nacionales [...] y que [sería] la primera obra que se [publicaría] sobre las
Intendencias y Comisarías de la República”140. Para contribuir a dicha obra, Alicia Rico le
escribió al director del Departamento, Manuel Roca Castellanos, un informe detallado sobre
los logros del Comité hasta ese año. Además de organizar conferencias de temas relativos a los
territorios y haber abierto bibliotecas públicas como la de Florencia, el Comité había otorgado
becas a niños de las regiones periféricas para “educarlos en los colegios pedagógicos de la
Capital [y] formar de ellos maestros que más tarde fueran a difundir las luces de sus
conocimientos en sus respectivos territorios”. Igualmente, el Comité le solicitó al Gobierno que
se enviaran productos de las regiones para darlos a conocer, ante lo cual los intendentes y
comisarios enviaron fibras, plantas medicinales, muestras de las industrias indígenas,
fotografías y monografías. El Comité organizó la exposición, a la cual le dio el nombre de
“Exposición territorial”, estuvo dividida en pabellones -cada uno para un territorio- y tuvo lugar
en el Antiguo Salón de Grados de Bogotá.
El Comité fue apoyado directamente por los presidentes Olaya Herrera y López Pumarejo,
además de los Ministerios de Industrias, Educación y Gobierno. Para el período 1934-1935 uno
de los objetivos principales de la entidad fue
Trabajar intensamente por el mejoramiento de la situación de los indios, estableciendo
en algunos lugares comisariatos previstos de todo aquello que el indígena necesita, a
donde ellos [acudirán] a adquirir estos artículos en cambio del fruto de su trabajo y
140 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folio 71.
66
[encontrarán] allí mismo los elementos indispensables que los [acercarán] a la vida
civilizada de una manera insensible pero efectiva.141
De esa manera, la iniciativa pretendía vincular en un nivel cultural, comercial y educativo a las
poblaciones de las Intendencias y Comisarías a las dinámicas políticas centrales. Más allá de
la perspectiva civilizatoria con respecto a los indígenas, el Comité manifestó una voluntad
política real por dar a conocer en las esferas políticas nacionales la situación, características y
bondades de las regiones históricamente relegadas a un segundo plano. Se trató de un espacio
de acción único porque estuvo constituido por miembros tanto de la sociedad civil como de la
élite política. Actuando conjuntamente, los hombres y mujeres miembros del Comité lograron
el reconocimiento de las autoridades políticas por sus esfuerzos con respecto al proyecto de
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en las Intendencias y Comisarías. Por
ejemplo, el Ministerio de Industrias otorgó dos premios de primera clase que consistieron en
“dos tarjetas de plata repujada con las firmas autónomas del señor Presidente y del Ministro
que fueron otorgadas a la Intendencia del Chocó y a la Comisaría del Vichada [...] y dos
premios de segunda clase que se adjudicaron a la Intendencia del Meta y a la Comisaría del
Vichada”.
El 16 de octubre Luis Pardo García envió otro informe sobre sus labores de inspección técnica
de educación en el Putumayo y el Amazonas, esta vez a Manuel Roca Castellanos. En este
informe Pardo García al igual que los miembros del Comité, manifestó una preocupación
especial por las condiciones de vida de las poblaciones y los alumnos. Según él
La mayor parte de la población escolar [...] está muy diseminada y por esta razón y
por la falta de algunas escuelas son muchos los pequeños indígenas que no se educan.
Los niños indígenas son obligados por sus padres a trabajar, motivo por el cual los
maestros se mantienen en lucha constante con los padres de familia a fin de que dejen
a los niños asistir a la escuela. Gran número de los escolares están enfermos, y por
otra parte, van a la escuela muy mal alimentados. [...] He tenido ocasión de constatar
el hecho, muy común y frecuente, por cierto, de que muchos niños indígenas asisten a
la escuela habiendo tomado por desayuno un ‘mate de chicha mascada’ y de que con
ese único alimento, que, además, es antihigiénico, permanecen en la escuela hasta la
última clase vespertina.142
141 Ibid. 142 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folios 74-85.
67
Una gran parte de su informe está dedicado a denunciar lo que consideraba eran condiciones
de vida precarias. Describe la circunstancia económica de las familias y la caracteriza como
“completa miseria”. Plantea posibles explicaciones ante esa situación, como el hecho de que
los indígenas no fueran aptos para el trabajo remunerativo, que se contentaran con cultivar
pequeñas parcelas o que no tuvieran espíritu de negociantes. Sin embargo, más allá de los
juicios de valor que emitiera sobre los territorios y las poblaciones, vale la pena destacar el
hecho de que en este periodo los funcionarios no se limitaron a describir superficialmente la
geografía o las carencias económicas de las regiones. Inspectores como Pardo García se
interesaron por comprender la forma de vida de los pobladores para plantear soluciones
efectivas que permitieran llevar a cabo los proyectos educativos y económicos del Gobierno de
manera integral.
Las políticas de Olaya Herrera y López Pumarejo con respecto a los territorios periféricos
fueron un paso importante en el proceso de integración del Amazonas al proyecto nacional en
el largo plazo. Como parte de sus funciones, el director Roca Castellanos, escribió un informe
indicando que “la importancia que debe darse al Departamento [...] ha quedado palpablemente
demostrada en el proyecto de ley que cursa en las Cámaras, sobre creación del Ministerio de
los Territorios Nacionales, y, además, en la nueva sensibilidad que se aprecia en el país por
estos temas”143. Aunque dicho proyecto no se llevó a cabo, Roca Castellanos tenía razón en
que el Departamento había permitido una aproximación más cercana y eficiente a “aquellas
regiones del país que hasta ahora comienzan a despertar el interés nacional”, ya que antes éstas
eran administradas de manera indirecta por suboficinas al interior del Ministerio de Gobierno.
Sin embargo, Roca Castellanos era consciente de que el proceso de integración apenas
empezaba. Manifestó que la próxima vigencia debía tener presente que “la incorporación real
de los Territorios Nacionales al resto del país está casi íntegramente basada en el aumento de
su auxilio”.
En conclusión, una vez que el Estado había afirmado su soberanía sobre el Amazonas de
manera jurídica y militar, procedió a implementar proyectos para integrar de manera más
integral y en el largo plazo al territorio y sus poblaciones a las dinámicas políticas nacionales.
En una coyuntura de transformaciones en la administración del Estado, tras un largo periodo
143 Ministerio de Gobierno. Sección Intendencias y Comisarías. Informes generales. Caja 2. Carpeta 4. Folios 25-27.
68
de dominio conservador, los primeros gobiernos de la República Liberal le apostaron a una
perspectiva menos defensiva y más proactiva en cuanto a la manera de vincular las regiones
periféricas al proyecto central. Las iniciativas educativas de Olaya Herrera y López Pumarejo
correspondieron a las presiones tanto de élites políticas como de sectores de la ciudadanía por
modernizar el Estado y democratizar la política y la educación. En el Amazonas eso se tradujo
en un esfuerzo por invertir económicamente, ampliar la cobertura y actualizar los contenidos
impartidos a las verdaderas necesidades de la población. El Estado buscó ampliar la cobertura
y mejorar la calidad de la educación por medio del incremento del presupuesto y la
construcción de infraestructura, a través del reconocimiento territorial ejercido por sus
representantes. Sin embargo, sus acciones fueron modificadas paulatinamente por las
solicitudes de las poblaciones locales en cuanto a las necesidades reales del territorio y tuvieron
que adaptarse a las condiciones del espacio en el que pretendían ser implementadas.
69
Consideraciones finales
Aproximarse a la historia política de Colombia desde un punto de vista social y territorial es
útil para entender que el proceso de articulación de las regiones al proyecto nacional ha sido
dinámico y complejo. También es una forma de comprender cómo se construyen las jerarquías
de poder a nivel local, regional y nacional, y la forma en que éstas cambian en el tiempo según
las particularidades históricas de cada periodo. En esa medida, el acercamiento al proceso
mediante el cual el Estado se construyó en el Amazonas desde la articulación de actores tan
diversos como diplomáticos, caucheros, religiosos, indígenas y ciudadanos, abre la posibilidad
para cuestionar la idea de que el Estado no está allí o nunca llegó. El Amazonas deja de ser
una entidad administrativa estática en el sur del mapa de Colombia para convertirse en el
resultado de un proceso histórico complejo cuya base fue la interacción permanente entre
actores y fenómenos como los expuestos a lo largo de la investigación.
Por un lado, la definición de las fronteras en la Amazonía respondió al deseo del Estado de
afirmar su soberanía sobre un territorio en el que sólo había hecho presencia de manera
indirecta a través de las élites caucheras y los misioneros capuchinos. En un periodo de crisis
de soberanía tras la pérdida de Panamá, los diplomáticos e intelectuales colombianos se
esforzaron durante varios años por establecer los límites de Colombia en la Amazonía. El país
salió beneficiado de ese largo proceso de negociaciones caracterizado por la determinación de
sus protagonistas; logró afirmarse por primera vez como soberano del puerto de Leticia sobre
el gran río Amazonas. Eso le permitió afianzar su autoridad en un territorio que anteriormente
era concebido como perteneciente únicamente a Brasil y Perú.
En segundo lugar, el conflicto con Perú puso de manifiesto el gran reto al que se enfrentaba el
Estado en una región que hasta finales de la década de los veinte había pertenecido al país
vecino, por lo cual las poblaciones no tenían un vínculo histórico ni jurídico real con las
autoridades colombianas. El Estado se vio obligado a desarrollar campañas patrióticas tanto en
la prensa como en el sistema financiero, y la ciudadanía se manifestó voluntariamente a partir
de iniciativas propias con entusiasmo y osadía. La defensa del Trapecio Amazónico, un
territorio recientemente anexado al mapa, movilizó a miles de ciudadanos en distintas regiones
del país para luchar por la soberanía nacional. El riesgo de volver a sufrir la pérdida de un
territorio fronterizo, lejano de las dinámicas políticas centrales, hizo que tanto las autoridades
70
como los ciudadanos del común transformaran su lealtad a la soberanía en acciones concretas
para defender lo que consideraban propio.
Por último, la modernización del Estado y el deseo de dirigentes como Enrique Olaya Herrera
y Alfonso López Pumarejo por integrar en el largo plazo a las regiones periféricas, condujeron
a que se implementaran proyectos educativos integrales en el Amazonas. De esa manera, las
acciones del Estado en ese territorio se transformaron paulatinamente, de una postura defensiva
a nivel jurídico y militar, a una actitud estratégica de integración pensada para la larga duración.
Dicha estrategia requirió de los conocimientos y saberes locales, tanto de los misioneros
capuchinos que habían ejercido labores civilizatorias desde principios de siglo, como de los
padres de familia que exigían personal y contenido acordes sus necesidades. Igualmente,
implicó que las autoridades civiles como los intendentes, inspectores y notarios, recorrieran
ampliamente el territorio con el fin de informar sus verdaderas características y particularidades
al Estado para que éste tomara las medidas pertinentes.
Los procesos de definición fronteriza, lucha por la soberanía e implementación de políticas
educativas en el Amazonas dan cuenta de que, además de los actores políticos tradicionales,
hubo diversas redes de intermediarios -como la Iglesia y los padres de familia- que
intervinieron activamente en el proceso de integración del territorio. Además, permiten
entender las múltiples expresiones y prácticas asociadas a la identidad nacional y al proceso de
construcción material del Estado en las regiones. Los modos de operación del Estado en el
Amazonas respondieron, no sólo a sus particularidades geográficas, sino a formas de control e
interacción social como la religión y la economía cauchera que le habían dado forma a las
jerarquías locales. De esa manera, las regiones, más que ser espacios vacíos en los cuales el
Estado opera y a los que integra de manera unilateral a su proyecto, están impregnadas de
relaciones de poder y conocimiento que les son propias.
Hoy los discursos en torno a la Amazonía resaltan su importancia en términos bioecológicos y
su fragilidad a nivel medioambiental. Cuando fue integrada al proyecto nacional la región era
concebida como rica, pero también como salvaje y bárbara. Las motivaciones de los dirigentes
para integrar al Amazonas consistían en su deseo de civilizar tanto al territorio para que fuese
explotado como a sus habitantes para que se vincularan al mundo de la modernidad. Ello es
prueba de que las ideas sobre las regiones cambian en el tiempo y están sujetas a distintos tipos
de discurso según los intereses de cada periodo histórico.
71
“Colombia tiene el privilegio de poseer parte de la Amazonía” es la primera frase del libro La
Amazonía de Colombia144. Como muchas otras publicaciones, el libro exalta la exuberancia, la
riqueza y la enorme diversidad de la región. Aunque ciertas y estimulantes, las aproximaciones
que cosifican el espacio a partir de sus atributos “naturales” y suponen una oposición entre
sociedad y naturaleza, dejan de lado el proceso histórico mediante el cual éste se construye a
lo largo del tiempo a partir de experiencias de hombres y mujeres, como los que protagonizaron
los capítulos precedentes. Un recorrido por los procesos de demarcación, defensa, así como por
las políticas educativas en la Amazonía permite entender la forma en que diversos actores se
articularon alrededor del proyecto que, sólo después de luchas, esfuerzos, avances y retrocesos,
permitió que Colombia, efectivamente, tuviera el privilegio de poseer parte de la Amazonía.
144 Banco de Occidente (2008) La Amazonía de Colombia. Bogotá: Banco de Occidente.
72
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