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La biodiversidad

es la cabalgadura

de la muerte

Humberto Cárdenas y Álvaro Marín

1

Hay épocas hechas para diezmar los

rebaños,

confundir las lenguas y dispersar las tribus

Alejo Carpentier

2

Índice

Urabá: agonía, muerte y descomposición del discurso humanista 5

Por qué sobre la diversidad cabalga la muerte 5

Memoria 11

El parque de los Katíos, pero sin Katíos 14

La desmemoria es un cargo público 20

Doctorados y sicariato 24

Del terrorismo institucional y la pérdida del derecho de rebelión 27

Una diversidad para uniformar 30

Fracturas y fracciones 34

Paramilitarismo empresarial y racionalización de la tortura 35

La trama institucional 40

Las cornadas del poder mundial 41

Manual para quitar un tapón 45

Cada quien atiende su oficina 57

Los Laboratorios de Paz son Cementerios 73

La integración vertical o la dictadura del mercado 76

La ciudadanía es un código de barras 79

Manual del asesinato para la integración vertical 85

Las oficinas de derechos humanos son funerarias 86

Invasión y éxodo 91

La política es manejable 92

Una vieja política de expulsión y expropiación a los pobres 94

Expansión de la economía mundial en las reservas 96

Cumbres y descumbres 98

El cambio de deuda por naturaleza es un canto fúnebre 101

La política de embarcadero de las Naciones Unidas, o el síndrome del doctor Jekyll

104

Pobres pero eficientes 110

Bibliografía 112

3

4

Urabá: agonía, muerte y descomposición del

discurso humanista

Por qué sobre la biodiversidad cabalga la muerte

La manera como el discurso conservacionista ha sido instrumentalizado

en Colombia con propósitos contrarios a los principios enunciados por

sus mentores, ha llevado a la confusión, y cuando no, a la paradoja de

convertir las políticas que tal discurso comporta en herramientas de

muerte. Con el lenguaje de la política conservacionista se está

justificando en Colombia el desplazamiento de millones de habitantes de

las zonas de reserva ambiental y de los territorios donde han habitado

tradicionalmente las comunidades ancestrales de indios, negros y

campesinos mestizos.

Este permanente contrapunteo entre biodiversidad y muerte nos ha

llevado a investigar el proceso de creación de un lenguaje que en los

últimos tiempos se ha convertido en la argumentación política de

gobiernos, fundaciones, organismos internacionales, economistas,

defensores del medio ambiente, académicos, partidos políticos de todas

las pelambres, defensores de los derechos humanos y hasta de la

insurgencia: los hechos de sangre en el Urabá relatados por algunos de

los desplazados son parte de este registro que presentamos a manera

de ensayo, en la indagación sobre los orígenes de la elaboración de un

lenguaje que enmascara, tras un discurso filantrópico, la depravación

con la que se ha impuesto el modelo económico de la sostenibilidad en

varias regiones del país, pero el caso de Urabá y los rápido resultados en

la aplicación del modelo, configuran la exposición del proyecto piloto de

la corriente de conservación internacional implantado en Colombia;

5

como en las mejores épocas del discurso de la modernidad con ánimo

desarrollista: a sangre y fuego.

Los relatos de algunos miembros de comunidades ancestrales y de

campesinos de la zona configuran la crónica del desplazamiento en el

Urabá contada por sobrevivientes de la guerra de invasión del territorio,

en una agresión que cuenta con el apoyo del Estado. La mayoría de los

entrevistados por razones obvias prefieren ser anónimos, o se registran

con seudónimo. Pobladores inermes del Urabá fueron desplazados por

un ejército bien armado y en una combinación de fuerzas navales,

terrestres y aéreas, pero también por una fuerza del terror a la que se le

llamó paramilitar, pero que realmente es parte de la fuerza militar como

hoy se ha reconocido por los mismos medios oficiales que han

acompañado durante mucho tiempo estos actos con el silencio o la

avenencia.

Recientemente en páginas de estos mismos medios, se viene señalando

la constitución de un estado mafioso en Colombia, como lo advierten la

Revista Semana y el diario El Tiempo que registran los casos de acciones

entre paramilitarismo y Estado; estos medios no se destacan en

Colombia por ser la conciencia crítica de la nación, contrariamente han

contribuido en su oficialismo a oscurecer la terrible realidad colombiana,

pero sus señalamientos son una muestra del inocultable desborde y

posicionamiento de un oscuro proyecto de Estado conformado por los

sectores más agresivos militar y económicamente y que hoy son el

poder en Colombia.

En una de las columnas de El Tiempo, Francisco Leal1 escribe: “nunca

antes el Estado ha sido tan generoso con quienes amasaron enormes

1 Francisco Leal, Diario El Tiempo, febrero 5 de 2006, Bogotá.

6

fortunas con crímenes de guerra y de lesa humanidad y nunca antes

gobierno alguno ha cedido tanto espacio político a las mafias edificadas

sobre tales crímenes.” Francisco Leal hace referencia en esta nota al

singular proceso de negociaciones con los paramilitares que ya ha sido

reconocido por otros columnistas de estos mismos medios como un

recurso de los mismos criminales para consolidar el dominio en los

territorios desalojados, y la impunidad de sus crímenes, como parte del

proyecto del gobierno de Uribe.

Los hechos de Urabá son el resultado concreto del ejercicio de un poder

económico, político, cultural y militar que trasciende el orden nacional

para convertirse en una bien articulada avanzada estratégica de la

economía mundial sobre los territorios de reserva ambiental. El hecho de

que las peores manifestaciones de crueldad son acompañadas del

discurso humanista y ambientalista, nos han llevado a entrever, a través

de la vivencia propia, las verdaderas intenciones de las políticas

soportadas por la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial, y en general por

las Naciones Unidas; el patrocinio de Coca Cola en la Cumbre de la Tierra

de Río y la aparición de la BMW como patrocinadora oficial de la Cumbre

de la ONU en Johannesburgo2 dejan claro quienes están detrás del

discurso ambientalista.

Lo entrevisto a través de la relación entre los hechos de Urabá y las

políticas mundiales es la creación de un nuevo discurso con una clara

intención económica y mercantil: las políticas de sostenibilidad,

diversidad y biodiversidad diseñadas por los países y los poderes que no

las aplican en sus territorios, buscan instrumentalizar, como los

2 Naomi Klein Masiosare, suplemento de La Jornada. México, septiembre del 2002.

7

franceses en la época de la Ilustración, un discurso humanista con claros

fines económicos.

El discurso de los Derechos Humanos también es manejado por las

transnacionales agazapadas detrás de las políticas de Naciones Unidas,

como ocurre con los Laboratorios de Paz que son financiados con dineros

de la Unión Europea, y según el investigador Gearóid Ó Loingsigh son “el

Plan Colombia de Europa”3 que busca invertir, igual que los “militaristas”

norteamericanos, en palma africana y en otros negocios tan rentables

como el discurso de los Derechos Humanos. Tanto el Plan Colombia

como los Laboratorios de paz imponen, ya sea por intermedio de la

guerra paramilitar propiciada por Norteamérica, o de la paz presentada

por Europa como política de “cooperación”, las políticas y la economía

del mercado mundial en las zonas de reserva y en los territorios

colectivos. Las políticas del Banco Mundial son puestas como tareas

ambientalistas o humanistas, a líderes y organizaciones sociales,

académicos y técnicos, gobiernos y organizaciones no gubernamentales,

como parte de la apropiación de las reservas con discursos

aparentemente críticos y con el ademán de los nobles propósitos.

Estas estrategias de instrumentalización del lenguaje son una forma

clara de cumplir con propósitos mercantiles y de dominio ya no sólo de

territorios, sino de la conciencia misma de las naciones. Trazado como

política en 1980 por los Estados Unidos, la masificación de la creencia en

la promesa de los Derechos Humanos y del bienestar de la humanidad,

hacen de estas creencias el uniforme con el que marchan diversas

organizaciones por los senderos mercantiles que hacen de las mentes de

la humanidad el objetivo de la guerra:

3 Gearóid O Loingsigh. Laboratorios de paz, el Plan Colombia de la Unión Europea. Debate grabado en la Universidad Nacional de Bogotá.

8

“El objetivo de la guerra lo constituyen las mentes de la humanidad. La

ideopolítica habrá de prevalecer. Estados Unidos ha fracasado de

manera especial en proyectar los ideales de la libertad política, la

iniciativa privada, el descentralismo dogmático y el patriotismo prudente

que el pueblo norteamericano sostiene.”4.

Esto que ya ha sido diseñado como política e implementado como

realidad en América Latina por los Estados Unidos, con el

acompañamiento de un juicioso ejercicio forense de las estadísticas que

permiten presentar los inventarios de violaciones a los Derechos

Humanos bajo la repetición terrible de las poblaciones sacrificadas. Las

mismas naciones que promulgaron estos derechos, lo hicieron desde las

realidades constituidas por su violación sistemática como condición para

reiterar la imposibilidad de sus promesas. La memoria ante este ejercicio

criminal no se orienta a recordar la promesa que no se puede cumplir; se

orienta a transformar ese orden social que convierte una inveterada

injusticia, junto a la vieja y embustera historia de la promesa de los

derechos colectivos, en un somnífero social. En el nuevo orden mundial,

para decirlo con palabras del profesor Eduardo Umaña Luna, “los

derechos humanos son el opio del pueblo”5. Frase que nos recuerda la

propuesta de Juan Goytisolo de hacer una ofrenda funeraria a la

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1950.

Hasta el anhelo de paz ha sido convertido en elemento ideológico de la

guerra para desconocer los orígenes y el entramado de la problemática

4 Santa Fe I – 1980. Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del Nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos. L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordon Summer y Lewis Tambs, editor (ex-embajador de los Estados Unidos en Colombia). p. 175 Eduardo Umaña Luna, conversaciones.

9

colombiana. Organizaciones de paz aparecen como instrumentos de la

economía mundial con todo lo que ello comporta en el fraccionamiento

de los procesos populares que tratan de recuperar para los suyos sus

derechos a través de la lucha política. La lucha política es un método

legítimo en cualquier parte del mundo, pero en Colombia, por los niveles

de represión, la propaganda y el colaboracionismo de algunas

organizaciones que dicen defender los derechos de las comunidades,

empieza a verse la lucha popular como un asunto limitado a la

delincuencia. La represión ha llegado a tal límite que hasta el liberal

derecho de rebelión está estigmatizado en Colombia.

La conversión de los preceptos reivindicativos y humanistas en

instrumento de poder y de tiranía pretende confundir a la población y

propiciar la intervención norteamericana y mundial en Colombia, y junto

a ella la pérdida de la soberanía nacional. Parece ser que el objetivo

concreto de un plan bien articulado en donde participan, no sólo las

instituciones internacionales, también muchas organizaciones sociales

con distinto perfil y objetivos disímiles, pero con el mismo discurso del

Banco Mundial, es la neutralización de todo ánimo reivindicativo radical

que pueda crear las bases de una amplia democracia en Colombia.

La biodiversidad es una realidad de las selvas ecuatoriales, pero es

necesario diferenciarla del discurso político de la biodiversidad que se ha

impuesto desde afuera como discurso propio; la confusión deriva de la

influencia de los intereses mercantiles que tratan de regular no sólo la

economía, asimismo han logrado imponer un lenguaje en todos los

espacios de regulación cultural. Estas nociones sin un ejercicio de

contexto confunden e inmovilizan la mayoría de las veces, tanto que

muchas organizaciones sociales creen que el problema de la injusticia

10

social en Colombia se resuelve en las Naciones Unidas, como si no fuera

precisamente en las Naciones Unidas donde se generan las políticas

económicas que hoy desplazan a millones de colombianos. Algunos han

llegado a pedir la presencia militar de los cascos azules para resolver el

conflicto colombiano, como si ya no fuera suficiente la presencia militar

estimulada precisamente por las políticas de la ONU a través de la

“cooperación” y las inversiones transnacionales junto a los dineros del

Banco Mundial en todas las regiones del país.

Existe la creencia en muchas organizaciones sociales y en las mentes de

algunos académicos e intelectuales, que las Naciones Unidas son sólo

una instancia de protección de los derechos humanos, cuando en

realidad es el espacio desde donde las multinacionales imponen las

políticas para violarlos. La confusión parte de creer que una cosa es el

Banco Mundial y el FMI y otra las Naciones Unidas junto a la UNESCO y la

FAO, cuando en realidad son éstos los organismos de aplicación de la

política global regulada por el mercado a través de la Organización

Mundial del Comercio, OMC. La ONU y la OMC cumplen en la política y la

economía global contemporáneas funciones complementarias, igual que

ocurre con la UNESCO y el Banco Mundial. Buena parte de la

intelectualidad latinoamericana y de los estamentos académicos tienden

a repetir, sin ningún ejercicio reflexivo, el pensamiento político y cultural

que divulgan las Naciones Unidas a través sus organismos. El carácter

vinculante para los Estados parece tomarse por parte de esta

“intelectualidad” como una obligación y un mandato, como si de

miembros honorarios de las Naciones Unidas se tratara.

Memoria6

61 La presente crónica se realiza con las palabras de entrevistados provenientes del Urabá y que han sido despojados no sólo de su tierra, también de sus amigos, de sus

11

Cómo va a saber uno si la persona que tiene al frente es un hombre

vivo, o es un muerto que continúa hablando, si se nos aproxima

proveniente del profundo vacío que ha dejado una pavorosa historia de

la que nuestro interlocutor es apenas un eco, una palabra entre los

lamentos que han dejado a su paso las masacres, las torturas y

vejaciones de un ejército que aparece en la vida de los habitantes del

Urabá con las insignias de la República de Colombia como si de las

insignias de la muerte se tratara:

“Yo vengo de la zona de Urabá, municipio de Turbo, en el departamento

de Antioquia”, afirma el hombre de unos 45 años, con lo que nuestra

duda se hace más honda, pues el Municipio de Turbo ha sido en estos

últimos diez años uno de los lugares más visitados por la dictadura

militar imperante en muchas localidades de Colombia, con todo el rigor

propio de un régimen de facto que controla a la población a través de las

armas y una “justicia” que hace parte de una legislación que

deliberadamente contribuye al exterminio de la población de origen,

para imponer allí el proyecto de “Seguridad Democrática” liderado por

Álvaro Uribe Vélez y las empresas nacionales y extranjeras que han

incursionado económica y militarmente en el territorio de Urabá,

utilizando como milicia propia al ejército nacional.

“Yo era un compañero que trabajaba con las juntas de acción comunal”

expresa el hombre quien fue parte de un importante proceso de

organización colectiva del territorio, liderado por la Unión Patriótica en el

Municipio de Turbo. “Como la persecución se vino contra la Unión

hijos y de sus parejas, en una historia que hace parte de la actual hora de tinieblas que ensombrece la vida de todos los habitantes de Colombia.

12

Patriótica y el Partido Comunista, nosotros fuimos los primeros que

estábamos en la mira de los paramilitares cuando hicieron la incursión

en el caserío”.

“En el Urabá empezaron los primeros grupos paramilitares en la finca

Las Tangas, en el municipio de San Pedro de Urabá; una finca de

propiedad de Carlos Castaño. Él tenía un grupo que lo llamaban los

Tangueros, esos fueron los primeros paramilitares que empezaron a

asesinar a los milicianos del Ejército Popular de Liberación, pues en ese

tiempo estaba el EPL en la región. En esa época estaba de gobernador

de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, cuando se dio el enlace en el

corregimiento El Dos en una finca de propiedad de Uribe, ahí también

llegó el grupo paramilitar que empezó a trabajar llegando hasta Necoclí,

con asesinatos selectivos; cuando Álvaro Uribe aceptó la gobernación,

comienzan a crear las cooperativas de seguridad, Convivir. ”Las

Convivir son convertidas en la forma inicial de fortalecer la primera

etapa del paramilitarismo.”

El entrevistado es un miembro de las comunidades negras quienes

construyeron una organización social fuerte en el territorio de Urabá:

“nosotros éramos una comunidad muy organizada, las comunidades se

apoyaban mucho unas a otras, se hacían amigos, parrandas, se divertía

uno sin problemas, se ayudaba el uno al otro, en comunidad, se hacía

todo de manera colectiva”.

La población negra en esta región llegó en el siglo XVI, muchos de ellos

posteriormente mestizados con las comunidades indígenas nutabe,

tahalí, sinifaná, yemecíes, urabáes y katíos, que habían quedado de las

comunidades diezmadas por la conquista; negros esclavos llegaron a las

13

minas y la agricultura. Después de la independencia constituyeron en la

zona una sociedad pacífica que vivió por mucho tiempo de una

economía endógena, hasta la llegada del banano y las compañías

norteamericanas.

“Nosotros en la comunidad –continúa el hombre- hacíamos mingas, que

después llamamos colectivos; cuando íbamos a tumbar el monte, a

sembrar, a la cosecha, organizábamos un grupo de compañeros de 10,

15 o 20, y así era para todo, y el cultivo de arroz era lo que más

sembrábamos. Nosotros celebrábamos la Semana Santa y la fiesta de la

virgen del Carmen, el 11 de noviembre y las fiestas tradicionales de fin

de año, nuestra gente es muy parrandera.”

“En los años 40, 50, hasta el 60 las tierras que eran de los ancestros

empezaron a venderlas a los terratenientes que fueron empezando a

llegar a la zona. Cuando se empezaron a ubicar las bananeras

empezaron a comprarle a la gente pobre y la gente en la ignorancia

pensaba que vendiendo las tierras se iba a enriquecer, entonces

empezaron a vender lo que tenían. Esa gente quedó sin tierra, y

nosotros la nueva generación miramos eso y empezamos a trabajarle a

la recuperación de las tierras de nuestros ancestros.”

En la recuperación de tierras han participado no sólo indígenas y

comunidades negras. Los colonos que llegaron en los años cincuenta y

sesenta como campesinos desplazados de otras regiones del país, son el

otro componente importante de los procesos de organización popular;

estos campesinos provenientes de los procesos de resistencia liberal

contra la violencia de mitad del siglo diecinueve, llegaron a constituir en

el Urabá, junto a las comunidades ancestrales, uno de los ensayos más

14

importantes de poder popular y de cultura solidaria, sólo comparables a

la experiencia de los colonos liderados por los legendarios Juan de la

Cruz en el Sumapaz y Ciro Trujillo en Río Chiquito.

El parque de los Katíos, pero sin Katíos

Lo que hoy se conoce como parque de los Katíos anteriormente fue

una zona habitada por comunidades indígenas a quienes el Instituto

Nacional de Recursos Naturales, INDERENA les “compró”, pero lo más

exacto es decir que despojó de sus tierras, ya que con lo que vendieron

a precios irrisorios apenas les alcanzó para comprar unos cuantos

electrodomésticos e irse para Turbo a cosechar el hambre producto de la

“venta”; a muchos esta institución ya desaparecida, todavía no les paga.

Los campesinos y las comunidades vendieron grandes extensiones a

precios tan bajos que hoy el recuerdo de esos hechos hace decir a uno

de ellos: “con lo que vendimos 72000 hectáreas hoy no compramos un

lote para nuestro funeral.”

La UNESCO En 1994 declaró el parque Patrimonio de la Humanidad

con lo que acabó de sepultar a la comunidad, ahora las comunidades

negras e indígenas de la zona tienen clara la pedagogía de la UNESCO

sobre el significado universal de la palabra “humanidad”; cuando es

precisamente sobre el desplazamiento, la sangre y el dolor humano que

el poder mundial construye el “patrimonio de la humanidad”. Siendo

coherentes con la política de la UNESCO, tal vez sea necesario empezar

a considerar al negro y al indio como una especie distinta de “la

humanidad”, o asumir que no ha existido vida humana en lo que hoy se

15

constituye como parques naturales, como se deduce de la visión de la

UNESCO, que sólo ve agua, reservas forestales y fáunicas, pero ni

siquiera de la fauna hacen parte las comunidades ancestrales en la

política de parques.

El concepto de “patrimonio de la humanidad” fue asumido por la

UNESCO en 1972, casualmente en la época en que empieza el gobierno

a desplazar “legalmente” a los indígenas del territorio y hasta hoy, si se

mira la política de las Naciones Unidas y la coincidencia de sus actos

legislativos con el desplazamiento en Colombia, encontramos una

sorprendente simultaneidad, para sustentar esta afirmación basta

relacionar la sincronía en la realización de la "Convención sobre la

protección del patrimonio mundial cultural y natural" con el desenglobe

de la Reserva Forestal del Pacífico, esto último con el fin, dice el

documento del INDERENA, de crear una Zona de Reserva Indígena para

asegurarle el desenglobe a los Katíos y defenderlos de los colonos; esta

fue realmente una forma de expropiar a los Katíos de su territorio, ahora

desenglobado, para juntarlos en una “zona de Reserva” cundo eran

precisamente los Katíos los dueños legítimos del territorio desenglobado.

Si nos hubiéramos enraizado y les decimos: “nos matan pero no

les vendemos, estas tierras no serían parque, porque la tierra no tiene

precio, es como la vida”, dice un campesino de la región del Cacarica en

el Urabá7 en una nota crítica del discurso de la defensa del medio

ambiente con el que se disfraza un prolongado y continuo

desplazamiento que ocurre en la zona desde los años setenta hasta

nuestros días.

7 Castaño, Luis Alberto: Medio ambiente y desplazamiento en el Darién. Periódico Periferia, mayo 2006. Medellín.

16

El INDERENA llegó en el año 72 con algunos pesitos en el bolsillo

“para comprar tierras” y constituir el parque; a las comunidades

campesinas, a indígenas y negros, los expulsaron con la política del

INDERENA que compró tierras con mejoras; luego vendrán los

paramilitares a cumplir la segunda fase del desplazamiento, ésta vez a

la fuerza; el INDERENA y la UNESCO ya habían cumplido con la primera

fase del desplazamiento como lo relata Orlando Chocho, Cacique

Waunan: “en el año 73 fuimos desplazados con engaños, dizque nos

compraron la tierra; en esa época el INDERENA nos compró las mejoras

nuestras y nosotros creímos que eran cosas buenas, a lo último nos

dimos cuenta del engaño, pero ya era tarde. Nosotros desde tiempos

lejanos hemos habitado esta tierra, aquí tenemos nuestros cementerios,

aquí vivieron nuestros tatarabuelos, los abuelos, que nos contaban la

historia de estas tierras, para contarla a nuestros hijos y nietos”.8.

También los colonos fueron agredidos, más de 900 familias

campesinas sin contar las comunidades indígenas, fueron desplazadas

por la vía institucional en los años 70, pero son los indígenas los más

afectados, y entre ellos las comunidades de los embera, los katíos, los

tulé, los chamí y los waunan, todos descendientes de una cultura

sobreviviente de los desplazamientos provocados en la conquista. Los

indígenas que todavía hoy habitan el territorio descienden, según la

Disertación sobre los indígenas de Occidente escrita por Juan Enrique

White9 en 1919, de una compleja cultura de 300.000 almas, de la que se

encuentran los registros de su existencia y su permanencia en el tiempo

a través de los “banqueos de los caminos y asientos de habitaciones”.

“Rastojos de tres siglos” llama White al bosque actual, pues en la época

8 Ibídem9 Juan Enrique White, Disertación sobre los indígenas de Occidente, Repertorio Histórico, Medellín. 1919. Citado por James Parsons en La Colonización Antioqueña.

17

prehispánica, según sus investigaciones, existía en la zona una

importante actividad agrícola y no la “selva virgen” que ilusoriamente

observamos en muchos de los territorios los colombianos de hoy.

En los años 80 son los ganaderos con la expansión de sus

explotaciones pecuarias, los que aprovechan el desconocimiento del

valor comercial de la tierra que no es importante en las comunidades

indígenas y campesinas, puesto que el valor de la tierra para ellos tiene

una profunda raíz cultural; eso lo entendieron más tarde cuando

vendieron las tierras y se dieron cuenta que su cultura estaba regulada

por el territorio como espacio complejo de intercambio, donde la tierra

juega el papel de elemento primario de las culturas ancestrales, sin

tierra no hay indígenas, ni hay comunidad.

Complementando la política del INDERENA, en el año 97 llegan los

paramilitares a la zona para concluir la tarea que ya había empezado el

Estado colombiano junto a los conservacionistas internacionales

inspirados en la UNESCO. “El 27 de febrero del año 97, a las 5.30 AM.

una avioneta sobrevolaba la zona del Cacarica, relata un líder

campesino, pero nadie le prestó atención, estaba yo con mi hijo mayor

sembrando maíz cuando escuchamos, bum bum bum… por el lado de

Bijao y al mismo tiempo por el lado de Salaquí y a poquito llegaron siete

aviones, entre kafir y helicópteros, tres kafir y cuatro helicópteros y se

escuchaba el ametrallamiento y bombardeo; ametrallaban sobre la zona

de Salaquí donde había un encuentro de líderes comunitarios de las

Juntas de Acción Comunal; luego contaron que sentían cómo las balas

les llovían cerquita por el camino, eso fue todo el día que se escuchó. Al

mismo tiempo que ametrallaban, descargaban gente y mientras

descargaban por allá, por la loma se movilizaban cerca de trescientos

18

paramilitares y militares, por la trocha. Llegaron a la comunidad de Bijao

sin respetar niños, mujeres, ancianos; ametrallaron las plantas de luz,

todos los negocios, y les decían que todos eran guerrilleros.”

“A esa hora la mayoría de la gente se tiró al monte; hubo niños

que llegaron a las comunidades vecinas con los piecitos llenos de

espinas, sin ropa porque se les quedó enredada en la vegetación,

completamente ensangrentados y les decíamos, niños qué pasó allá: no

hablaban, guardaban silencio y como en otro mundo. Cuando pudieron

hablar nos dijeron, ‘allá los mataron a toditicos’.”

La orden de los paramilitares a la comunidad fue desplazarse a la

Alcaldía de Turbo en donde efectivamente los estaban esperando con

frazadas y colchonetas; según los campesinos la policía y la Alcaldía ya

estaban preparadas; “todos van para el coliseo, nos dijeron. Todo estaba

perfectamente coordinado, con todas las Alcaldías del Urabá Antioqueño

y ahí llegamos a Turbo”.10 Cuando después de la agresión militar

empezaron a instalarse en la región proyectos de palma y banano junto

a las obras de infraestructura vial y energética entendieron los

campesinos que todo obedecía a una política nacional e internacional de

desplazamiento muy bien coordinada y no a una guerra contra la

insurgencia como querían hacerles ver y le han hecho ver los medios a

los colombianos.

Las comunidades de la región que ante diversas instituciones han

presentado sus denuncias, dan cuenta de datos oficiales de los años 95,

96 y 97, hasta el 2005 con registros de muertes selectivas de hombres y

mujeres; 20 mil hectáreas de tierras desalojadas; centenares de casas

desocupadas, gente de la Unión Patriótica y defensores de derechos

10 Ibídem

19

humanos expulsados de la región de Urabá; ejecuciones extrajudiciales,

bombardeos, detenciones, torturas, ataque a bienes civiles, control

militar y paraestatal conjunto, crímenes, homicidios, detenciones

arbitrarias, judicialización y desaparición forzada; todos estas versiones

del crimen premeditado desde altas esferas internas y externas dejan

entrever que el drama de Urabá y en general el drama del

desplazamiento en Colombia es propiciado a través de la política

internacional que cuenta con la sumisión de los distintos gobiernos

nacionales.

En el caso particular del territorio de Urabá, el desplazamiento obedece

a la confluencia de dos proyectos que comparten los mismos intereses

políticos y económicos, y a su vez comprometen el territorio como

espacio de inversión en donde ven la cultura ancestral de las

comunidades indígenas y campesinas allí existentes como un obstáculo

para el “desarrollo” y la “modernidad”. Una parte importante de los

proyectos del Estado autoritario conformado por el gobierno de Uribe,

los paramilitares, y las trasnacionales, tienen el territorio de Urabá como

un paso de importancia estratégica hacia el proyecto neoliberal de un

mercado globalizado, no en vano una de las investigaciones sobre el

Urabá del geógrafo norteamericano James Parsons, publicada

originalmente en inglés, tiene el nombre de “Antioquia´s Corridor to the

Sea”11. Publicado posteriormente como “Urabá, Salida de Antioquia al

Mar”; el título en inglés no podría expresar de mejor manera la avanzada

del proyecto paramilitar y mercantil sobre el Urabá en donde el

territorio se considera, tanto para los inversionistas antioqueños como

para los norteamericanos como un “corridor to the Sea”. Siete proyectos

despliegan a sangre y fuego su avanzada sobre el territorio: la palma

aceitera, el plátano, el gasoducto, la carretera panamericana, la

11 Parsons James. Antioquia´s Corridor to the Sea. Universidad de California 1967.

20

silvicultura, la minería y la interconexión eléctrica entre Centroamérica y

Suramérica.

Parsons, quien para elogiar a sus amigos paisas y destacar su espíritu

“sagaz, individualista y colonizador” insiste en llamar a los antioqueños

“los yanquis de Suramérica” ya había hecho la lectura del Urabá a la par

de los inversionistas12: El Yanqui, éste sí de Nueva York y profesor de la

Universidad de California, había escrito “The Antioqueño Colonization in

Western Colombia” en 1949. Esta investigación, actualizada en 1997, se

publicó en Colombia con el título de La Colonización Antioqueña en el

Occidente de Colombia; allí el eminente geógrafo registra:13 “En los

últimos quince años ha habido un reorientación de las energías

colonizadoras antioqueñas. Éstas se han dirigido hacia las llanuras

tropicales lluviosas del Urabá, el territorio del Sinú, el bajo Cauca y los

valles medios del Magdalena”, la explicación que da Parsons del nuevo

giro de las “energías colonizadoras” descubiertas por él, se refiere a los

cambios en el transporte aéreo y terrestre. Parsons ve causas en lo que

realmente son las consecuencias de las dinámicas mercantiles de la

globalización, pero en su extravío alcanza a anotar: “Dichas

colonizaciones difieren del asentamiento tradicional antioqueño en el

sur. Aquí el colono ha cedido su lugar al capitalista y al comerciante”.

Es precisamente en el territorio del Urabá en donde confluyen los

intereses mercantiles de las empresas nacionales y las empresas

norteamericanas como la Chiquita Brands, demandada esta última por

parte de sus propios trabajadores por crímenes y masacres recientes de

pobladores y sindicalistas y conocida por la incidencia directa en la

12 Parsons James. La Colonización Antioqueña en el Occidente de Colombia. Banco de la Repúbica, El Áncora Editores e13 Parsons James. Ibídem.

21

invasión a Guatemala en un inolvidable once de septiembre el año de

1953 y la Masacre de las Bananeras de 1928 cuando tenía el reconocido

nombre de United Fruit. Hoy en el Urabá confluyen las “energías

colonizadoras” internas y externas, con lo que ello comporta en la

pérdida del territorio por parte de las comunidades ancestrales, además

de los asesinatos y masacres realizados por el proyecto paramilitar que

acompaña la empresa gubernamental del notable ganadero,

inversionista y presidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez. En Tierralta,

jurisdicción del departamento de Córdoba, las fincas La Esperanza y El

Ubérrimo fueron compradas por Uribe Vélez en el año 1982: como se

registra en el libro “Salvatore Mancuso, su vida”, de Glenda Martínez14.

Los efectos de la política del gobierno de Uribe, articulada como está a

los procesos de expansión de la economía mundial sobre los bosques, no

puede generar una realidad distinta a la que hoy vive Colombia, con sus

desastres ambientales, económicos y humanitarios que tal política

comporta. La firma del TLC en la que se obstina Uribe, no es un

capricho, es un acuerdo entre socios que tienen juntos la cualidad de

poseer las avasallantes “energías colonizadoras” que descubrió Parsons.

La desmemoria es un cargo público

Los Alcaldes paramilitares del Urabá posesionados en los últimos

tiempos se han dedicado a hacer desaparecer todo material probatorio e

investigativo, desde películas hasta archivos de prensa; ahora la tarea

legal complementa el proceso de olvido en las “negociaciones” del

paramilitarismo con el Estado colombiano; el ejercicio de borrar la

memoria consiste en limpiar las huellas del crimen de nativos,

campesinos, obreros de las empresas bananeras, líderes sindicales y

14 “Salvatore Mancuso, su vida”. Glenda Martínez. Grupo Editorial Norma. 2004

22

políticos, y las bases mismas de toda organización social junto a los

vestigios vivos de la cultura originaria.

Algunas personas de las comunidades han vuelto a la zonas de

desplazamiento, pero ya no reconocieron el lugar de sus tierras, ni el

vecindario, como ocurre en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó: en

el año 2001 se terminó el desplazamiento en esta zona y ya en el año

2003, la comunidad encontró sus territorios sembrados con palma; no

reconocieron los caminos ni las vertientes de agua; todo el tejido original

de comunicaciones de la comunidad estaba atravesado por las vías que

se construyeron como parte del proyecto agroindustrial de la palma.

No sólo la palma hace parte de la economía militar implantada en el

territorio, hay otros proyectos en marcha como parte del nuevo destino

que se le quiere dar al Urabá en la economía mundial: Jerónimo Pérez,

un líder de la comunidades desplazado en el año 97 y quien hace parte

de la comunidad de Cacarica ve en los grandes proyectos que empiezan

a marchar, un evidente proceso que llevará a las comunidades a un

segundo desplazamiento, esta vez por la asfixia económica: “grandes

proyectos, dice Jerónimo, quieren ser implantados en esta región como

el canal interoceánico Atrato-Truandó, o la carretera panamericana; nos

van a sacar definitivamente del territorio. El dinero manda y nosotros no

podemos pagar a las concesiones el uso de las carreteras; esta carretera

no la van a hacer para favorecernos o pensando en el desarrollo de la

comunidad, va a ser desarrollo sí, pero para las grandes multinacionales

y por lo que se ve en Colombia, no sólo en esta región, es que en estos

sitios donde hay grandes riquezas naturales y tierras productivas, el

campesino pobre tiene que salir, por las buenas o por las malas.”

23

“Sólo en nuestra comunidad -continúa Jerónimo- aproximadamente unas

1200 personas serán afectadas, pero también se van a afectar todas las

personas que habitamos en la región: los hermanos indígenas, de los

cuales existen cuatro resguardos de diferentes etnias, entre ellos los

waunán, los embera y los katíos. Se va a afectar la cultura nuestra, la

cultura negra, e indígena; al destruir nuestro hábitat, nuestras formas de

cultivar, nuestras formas de relacionarnos y de interactuar, no vamos a

poder ser los mismos. La gran biodiversidad de la región dejará de ser lo

que vemos y sería un total desastre, porque estos ríos y esta

majestuosidad, que es un patrimonio de la humanidad dejarán de ser.”

“Uno de los estudios que han realizado en la zona, indica que existen

50.000 plantas medicinales reconocidas, y muchas otras que faltan por

reconocer, existen además muchísimos minerales como el carbón y el

cobre; hay petróleo en la parte baja del Atrato, hay un gran recurso

hídrico y añádale a ello la fertilidad de estas tierras que sirven ahora a

los cultivos de palma africana y la ganadería extensiva; además para las

grandes bananeras y para todo lo que es apta esta tierra es la razón por

la que se disponen a desplazarnos.”

La región del Urabá ha sido una zona que históricamente ha

despertado el deseo de los “inversionistas” nacionales y extranjeros; la

fertilidad de sus tierras, las riquezas minerales y su ubicación

estratégica hacen de la zona un lugar en la mira de los intereses

extranjeros. Continuas exploraciones y estudios muestran una

permanente observación sobre la zona. Las plantaciones de banano con

fines de exportación empezaron a establecerse allí en los años sesenta,

pero algunos años antes, exactamente en 1956 el Rey Leopoldo de

Bélgica, el mismo que al renunciar a su trono había exclamado “viva

24

Bélgica y nuestro Congo” visitó Turbo en tarea expedicionaria. Leopoldo,

claudicante ante el poder Nazi, realizó personalmente la expedición

Belga de 1956 al Urabá.15.

Claudia Steiner en La revista Credencial reporta el viaje del rey Belga

junto a una numerosa comitiva que se desplazó en tres aviones en

donde venían, además del arqueólogo venezolano José Cruxet de la

Universidad de Caracas, otros profesionales expertos en arqueología y

en ciencias naturales. “A Turbo, afirma la articulista Claudia Steiner,

arribó posteriormente un helicóptero venezolano que trasladaría a los

expedicionarios a los lugares de excavación, precisamente en Santa

María de Antigua del Darién, la población fundada por Martín Fernández

de Enciso en 1510.” Solamente hoy cuando es exactamente Bélgica el

mayor comprador de banano colombiano, se entiende por qué la

carretera al mar había sido inaugurada un año antes de la visita del rey.

Pero a pesar del rey belga, quien murió mientras su hijo ejercía un cargo

“diplomático” en Colombia, hoy son las multinacionales norteamericanas

las que controlan el mercado del banano.

Según un informe del Ministerio de Agricultura “Cinco compañías

controlan el 75 % del comercio mundial de banano, lo que otorga al

mercado una manifiesta estructura oligopolística. Chiquita de Estados

Unidos (26%), Dole de Estados Unidos (25%), Del Monte de México (8%),

Noboa (8%) y Fyffes de Irlanda (8%), tienen en sus manos el 75% del

comercio mundial de banano. Dos de estas empresas tienen su sede en

los Estados Unidos: Chiquita Brands Internacional (conocida

anteriormente como la United Fruit Company y luego como United

Brands) y Dole Food Co. (anteriormente Standard Fruit). Del Monte Fresh

15Claudia Steiner. Revista Credencial, .Historia. Bogotá. Edición N 21, septiembre de 1991

25

Produce, es propiedad del Grupo IAT con sede en Chile (el capital se

encuentra en los Emiratos Árabes Unidos) y la sede permanece en

Estados Unidos. La empresa Fyffes tiene su sede en Irlanda. Fyffes ha

crecido de tal manera que ahora casi controla un 20% del mercado de la

UE, aunque no cuenta con casi ninguna producción propia.”16.

Los grandes proyectos han estado necesariamente acompañados

de minuciosos estudios previos. Se ha llamado “salida al mar” por la

región de Urabá, a lo que realmente es el proyecto articulador del

mercado mundial a través de las vías terrestres, marítimas y fluviales de

la región. Pero antes que los inversionistas están los investigadores: el

estudioso Parsons17 en 1964 se dedicó a medir en brazadas las

profundidades del Darién para The office of Naval Research. El

investigador, que ya es un hijo adoptivo de Antioquia, publicó en años

recientes la versión en español para la Corporación Regional de

Desarrollo de Urabá; en su nueva versión, refiriéndose a la colonización

del territorio nos da nuevas pistas sobre el motivo del cariño por parte

de los norteamericanos hacia el Urabá: “La revaloración de este

ambiente de los trópicos bajos, basado en los avances de la medicina

moderna, en infusiones masivas de capital y sistemas de transporte, aún

no suficientemente adecuados, trasciende los confines de dicha

colonización”18 La trascendencia está en Washington, desde donde nos

sigue mirando Parsons a pesar de tener los pies en Antioquia, por esta

razón observa que las cordilleras van de norte a sur y no al contrario

como las vemos los latinoamericanos. Pero el signo más claro en el que

podemos leer el interés sobre la selva húmeda ecuatorial por parte de la

industria y el mercado contemporáneos, está en “los avances de la

16 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogotá 2006 La cadena de banano en Colombia, una mirada global.1991-200517 James Parsons. Op. Cit.18 James Parsons. Ibídem.

26

medicina” que menciona Parsons. No por un filantrópico afán didáctico la

Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, Corpourabá, tradujo y

publicó estos estudios como parte componente de sus actividades

institucionales.

Doctorados y sicariato

La violencia de los años cincuenta en Colombia también afectaba

al Urabá, pequeños poblados empezaban a fundarse entre el bosque por

colonos que procedían de los desplazamientos de las diferentes regiones

y del interior del país, especialmente de Antioquia. Un buen número de

campesinos perseguidos políticos y rebeldes, se refugiaron en la zona

después de la muerte de Gaitán; huían de la muerte y “la aplanchada”

que era el castigo a machete practicado por las bandas paramilitares de

la época.

Una campesina líder que no quiere registrar su nombre nos cuenta

que llegó niña al Urabá en ese tiempo, “no conocía todavía el zancudo,

había diez casitas y un restaurante de unas cuantas tablas que atendía

a los arrieros que sacaban la madera del monte. Emilia Domicó que era

una indígena atendía a cuarenta trabajadores de los campamentos.”

Eran los tiempos en que el rebelde liberal “Pedro Brincos” proveniente

del Tolima y buscando una alianza entre “Desquite”, “Sangre Negra” y

el mismo “Brincos,” trataba de organizar en el país la resistencia armada

liberal que fue el origen del proceso de organización campesina y

popular más importante de la historia de Colombia del siglo XX.

La niña atenta a todo lo que pasaba escuchaba hablar a los

adultos: “nosotros somos un movimiento liberal y aquí vamos a esperar

27

a los godos. Toño Montoya era el comandante liberal, yo veía pasar los

camiones que transportaban la madera, también llevaban muertos, y

era entonces cuando huíamos hacia el Guineo, o hacia el Venado. Un día

la finca amaneció sola y la india nos dijo: ‘esa gente se fue anoche, esto

aquí se nos fregó.” Los trabajadores se fueron con Montoya a resistir la

ofensiva del ejército.”

“Daba tristeza, nos dice la mujer mayor que hoy tiene más de

setenta años, los marranos flaquísimos caminaban detrás de nosotros y

en las casas abandonadas se veía ropa afuera, pero no había nadie. Lo

que fue el campamento de los trabajadores se convirtió de un momento

a otro en campamento del ejército. A los trabajadores Moisés y Luis

Ángel los encarcelaron acusándolos de ser comandantes liberales, es

decir, “chusma.” Quince días tuvieron a otros sumergidos en un

pantano.”

Estas organizaciones liberales fueron la base de constitución no

solo de la colonización de Urabá, también dieron origen al Partido

Comunista que más tarde conformó con otras organizaciones la Unión

Patriótica en la región. La incidencia del Partido Comunista y el trabajo

experimental son experiencias aún por estudiar entre las formas

ensayísticas de las acciones populares incidentes en la historia de

Colombia; la experiencia de Urabá es en los términos ensayísticos de la

historia, concomitante con la experiencia de los colonos del Sumapaz,

una de las principales prácticas populares en cuanto tiene que ver con la

organización popular y el derecho a la tierra y el territorio.

Con el tiempo y el crecimiento de la niña campesina convertida en

adolescente, llegaron también los oficios y las responsabilidades que

28

convirtieron a la niña desplazada con sus padres en una líder de la

comunidad, contribuyendo a la sindicalización y la organización política

que fueron dos formas de acción de la Unión Patriótica que fortalecieron

a los trabajadores de las compañías bananeras en el Urabá; estas

organizaciones empezaron a ser parte de la regulación social y cultural

de la región. Las fincas bananeras en esa época, cuenta la dirigente

popular, tenían incorporados un promedio de 200 trabajadores cada una:

“con la organización se impuso la jornada laboral de 8 horas y no de diez

como lo exigían las empresas bananeras, además del pago de horas

extras, el mejoramiento de los campamentos de los trabajadores y un

proceso pedagógico de alfabetización, pues la mayoría de los

trabajadores eran analfabetas.”

La recuperación de tierras que estaban en manos de latifundistas

para los trabajadores y las familias fue otra de las experiencias

importantes; la recuperación de tierras, “si era para hacer parcelas eran

de cien hectáreas, si era para construir barrios íbamos de 200 a 300

familias y trazábamos solares de 7 metros de frente por 14 de fondo.

Teníamos un Plan de Vivienda, hacíamos diferencias entre trazados de

calles y callejones. Pero Unibán que era la compañía más grande y

estaba dirigida por el doctorado y el sicariato, nos sacaron a todos, sin

ropa. Para ello llevaron civiles armados de Puerto Berrío que los

vincularon al lado de nosotros como trabajadores, en esa época a los

sicarios les daban cinco millones por la cabeza de un dirigente, qué

tristeza, valíamos muy poco, hoy el Presidente Uribe creo que da más.

En todo caso había una alianza evidente entre los doctorados y el

sicariato, pero eso creo que ya es ley de la república.”

29

“Entonces llegaron los militares con los Cobra, la Mano Negra, los

Azules que eran aliados de Uniban y la brigada móvil que impusieron la

dictadura militar en el Urabá; con todo y las masacres que vinieron

después utilizando a los milicianos reinsertados del EPL para señalarnos

y para incorporarlos como aliados a los proyecto de las empresas.

Crearon con los milicianos desmovilizados los comandos populares que

fueron buena parte de la base de las autodefensas paramilitares. Luego

yo vi. por Punta Coquito los muertos de la primera masacre, dos canoas

cargadas con los cadáveres de las familias completas de los

trabajadores bananeros, y así pasó en Oro Verde, La Negrita, El Golazo,

la masacre de La Campesina y el bar Los Sauces; todas estas masacres

fueron cometidas contra militantes de la UP”

“Llegamos desplazados a Medellín y allí hemos tenido la

experiencia que el desplazado da para todos, menos para el desplazado;

él vive del recorrido, de lo que recoge en la calle. El gobierno le da un

mercado para un mes y un arriendo que tiene que alcanzarle para toda

la vida.”

Del terrorismo institucional y la pérdida del derecho de rebelión

El terror al que se ha sometido a las comunidades ancestrales ha sido de

tal magnitud y ha tenido un efecto psicológico tan paralizante, que ha

llevado a algunas comunidades a ver la situación de guerra como un

fenómeno entre extraños, ajeno a sus intereses, como un asunto de

“actores armados”; un derecho proveniente de la filosofía liberal como el

derecho a la rebelión se considera un peligro para las mismas

comunidades. Se ha llegado al extremo de creer por parte de algunos

líderes de estas comunidades que la persecución es una forma de

30

segregación etnológica y que la guerra es un fenómeno externo, que no

tiene nada que ver con ellos ni con su territorio, cuando es precisamente

el territorio el que está en disputa.

A tal confusión han contribuido las políticas culturales y etnológicas de la

UNESCO divulgadas por algunas organizaciones sociales que han

introducido en las comunidades agredidas conceptos como los de

“diversidad cultural” “sostenibilidad” “competitividad”, “conservación” y

otros discursos de un radicalismo superfluo que a nombre del feminismo

y la libertad de cultos han servido, no para fortalecer los derechos de las

comunidades ancestrales, sino para debilitar y fraccionar aún más a

estas mismas comunidades. Entre algunas comunidades del pacífico

grupos evangélicos han llegado al extremo de tapar con paños los

íconos y los santos de la cultura religiosa tradicional a nombre de la

“libertad de cultos.” Pero al lado de estos discursos, las mismas

organizaciones que los promulgan, hacen investigaciones sobre los

recursos genéticos del bosque para fondos de conservación suizos como

el fondo mundial para la Naturaleza WWF y de otros países, y no para

las comunidades para las que supuestamente trabajan.

Una evidente política fraccionalista y segregacionista ha contribuido al

lado de las armas a descomponer un complejo tejido social y el proceso

singular de la cultura propia con la imposición de conceptos

provenientes del discurso europeo y norteamericano.

Esta actitud de aislamiento de las comunidades las ha llevado a tener

más amigos entre los intereses económicos de las organizaciones

internacionales que en el mismo país: la dependencia de la “cooperación

internacional” por parte de las organizaciones sociales, se han

31

convertido en el eslabón más fuerte en la aplicación de la política

mercantil de la globalización y en un componente más de la política del

desplazamiento.

Otra herramienta del terrorismo institucional es la judicialización de los

líderes de las comunidades quienes además de ser desplazados son

juzgados por los mismos crímenes que cometen quienes los desplazan; o

por rebelión, sin que hayan tenido siquiera la posibilidad de rebelarse,

sujetos como están no solo por las armas del Estado y los paramilitares,

también por la ideología paralizante de las organizaciones sociales que

acompañan el terror paramilitar con el terror a la rebelión con el que

inmovilizan a las comunidades agredidas.

Violentar a una comunidad y además juzgarla por la violencia ejercida

contra ellas es precisamente una forma de ensañamiento sobre una

sociedad débil que ha perdido hasta la posibilidad de respuesta.

Dominar al débil por el terror y procesarlo judicialmente como “rebelde”

ha sido posible sólo por la letargia a la que se ha sometido a esas

comunidades por las armas y por el discurso “humanitario”. Por

supuesto que estas formas de tortura no son reconocidas por Naciones

Unidas como tales; en Diciembre de 1984 en la Convención contra la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes la

ONU señala que no es tortura lo que es legal; “No se considerarán

torturas, afirma el documento, los dolores o sufrimientos que sean

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes

o incidentales a éstas.”19 Podemos concluir, según estos preceptos

humanistas, que la “legitimidad” del orden en Colombia justifica lo que

19 ONU Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ONU. Diciembre de 1984

32

le ocurre a las poblaciones que como la de Urabá tienen la mala suerte

de estar asentadas en los ricos territorios que hoy necesitan las

“legítimas” empresas internacionales para expandir sus actividades

económicas.

Una diversidad para uniformar

La exposición crítica del discurso de la diversidad no pretende negar la

diversidad misma ni la biodiversidad. No estamos situando la reflexión

en el plano del debate puramente ideológico sino en el llano de la

realidad, observamos en este ejercicio los efectos de los componentes

del discurso de la diversidad en el territorio, considerando desde luego a

las comunidades como parte inseparable del territorio.

Las ideas que nacen de las buenas intenciones, no generan

necesariamente realidades mejores en el momento de su aplicación

práctica; las ideas políticas sin conocimiento de la historia y del entorno

se pueden convertir en realidades indeseables y contrarias a la filosofía

enunciada por estas mismas ideas; es lo que ha ocurrido en la historia

de Latinoamérica con el discurso desarrollista de la economía y el

discurso humanista proveniente del liberalismo librecambista heredado

de la Ilustración.

Aún si quisiéramos dar la razón a la buena voluntad de las Naciones

Unidas y del discurso de los Derechos Humanos, la realidad nos refutaría

mostrándonos los equívocos que surgen de la buena voluntad sin tener

claro el contexto en el que se aplica el discurso; sobre todo si se trata

del discurso humanista internacional liderado por una fuerza mercantil.

Las comunidades y muchos dirigentes sociales han empezado a creer

33

que el único centro posible de regulación de los derechos colectivos son

las Naciones Unidas, con el perjuicio que tal visión comporta en la

organización social y en las luchas sociales; es ésta una forma,

-premeditada algunas veces, otras veces derivada de un voluntarismo

gregario- de inmovilizar a las comunidades y de impedir que se

desarrollen movimientos endógenos, independientes de las

manipulaciones externas.

Algunas organizaciones sociales han hecho creer a las comunidades

agredidas, desplazadas y luego criminalizadas por el mismo Estado que

el complejo nudo de la problemática colombiana es obra de “actores

armados,” mientras tanto, estas mismas organizaciones incursionan

“pacíficamente” en los territorios para conseguir información y realizar

tareas de investigación sobre la riqueza ambiental por encargo de

proyectos que hacen parte de los intereses europeos y norteamericanos

en las zonas de reserva. De ello pueden dar cuenta las actividades que

junto a la colaboración de algunas organizaciones sociales desarrolla de

la WWF en Colombia.

Nos entretienen hablando de la muerte mientras nos matan

El proceso de globalización mercantil vive una experiencia singular en

Colombia en donde se ha experimentado la aplicación del proyecto a

sangre y fuego, y contando con la inveterada sumisión de los

gobernantes colombianos ante la política exterior norteamericana.

Colombia representa hoy para los Estados Unidos y las transnacionales

europeas que dominan la política de las Naciones Unidas, un campo

experimental del neoliberalismo que consiste en utilizar elementos de la

tradición interna, como la débil armadura social del Estado y el

34

fraccionalismo de las organizaciones populares, para imponer a través

de las organizaciones sociales financiadas por la ONU y Norteamérica,

las políticas de la globalización.

Del fracasado proyecto iluminista de la modernidad que era el tajamar

de navegación del mercantilismo europeo con el disfraz humanista,

queda viva todavía la intención colonial que ahora encuentra

continuidad en el discurso ambientalista; el discurso ambientalista poco

a poco se ha ido convirtiendo en el nuevo evangelio de la globalización.

Para América del Sur la nueva versión de los derechos universales que

encuentra una aplicación política en la nueva “ciudadanía” representa

una forma velada de colonialismo que si antes era expresado en los

ideales del progreso, el libre cambio, la libertad, la igualdad y los

derechos humanos, ahora se expresa en los supremos ideales

conservacionistas y de la defensa de las minorías étnicas, sexuales y

religiosas con el discurso de la diversidad biótica y humana. No es un

asunto del azar o de la divina providencia que los ideales que

históricamente en Europa han determinado un avance y una elevación

de la vida y la dignidad humana, en Suramérica hayan sido los factores

determinantes de la caída; el discurso que sirve para el progreso y la

elevación de Europa es el mismo discurso con el que se arroja a los

abismos de la pobreza y la vida indigna a millones de suramericanos.

El eslabón más grueso del sometimiento ideológico por parte de la

fuerza mercantil a nuestros países ha sido el discurso humanista

transformado hoy en el discurso de la diversidad. Un asunto es la

diversidad existente en la cultura, el territorio y la selva, y otra es el

discurso de la diversidad diseñado con claros propósitos de expansión de

la economía mundial en los territorios; no han sido las comunidades las

35

que han salido a imponer este discurso ni a llevar a la mesa de los

debates el asunto de la diversidad, han sido precisamente las

transnacionales y las fuerzas mercantiles las que han puesto a la

diversidad a jugar en las relaciones económica internacionales como

discurso político, y para ello han diseñado una fuerte, pero sutil

articulación entre economía y cultura a través de instituciones

dependientes de las Naciones Unidas como la FAO y la UNESCO.

El discurso de la diversidad cultural no hace referencia a una condición

de la cultura sino al programa político cultural diseñado por el poder

mundial a través de la UNESCO. La UNESCO entiende la diversidad

cultural como la expresión de ese “complejo mosaico de culturas que

necesitan de la diversidad para preservar su valioso patrimonio”. Sin

embargo desde el sur no podríamos ver al norte y observar también un

“complejo mosaico de culturas”, es claro que el discurso de la diversidad

cultural es un proyecto político dirigido a los países del sur por países

que tienen como componente histórico un sólido proyecto cultural y

económico y que no están dispuestos a ser tratados como un “mosaico

de culturas”, sino que quieren seguir ejerciendo la tarea de regulación

cultural, es decir, seguir siendo el ejemplo de “cultura universal”.

La diversidad cultural tiene como objetivo principal, según la bien

intencionada voluntad de la UNESCO, “el apoyo a todas las culturas del

mundo frente al riesgo de un mundo uniforme”. Sin el tamiz crítico,

desde este lado del sur, podemos apreciar esa intención democrática y

liberal de la UNESCO como una clara y coherente política cultural de los

países del mundo. Pero ante una región debilitada, fragmentada política,

económica y culturalmente, como ocurre con la parte central y sur de

36

América, el discurso de la diversidad cultural puede convertirse en un

mediano plazo en un elemento más de la disgregación regional.

En la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades

de Cultura organizado en Cartagena, y en el mes de julio del año 2002,

se volvió sobre el asunto de la diversidad cultural, y uno de los fines de

esta reunión, entre otros, fue el de buscar “maximizar los beneficios de

la globalización y mitigar sus efectos negativos en la preservación y

promoción de la diversidad cultural en las Américas”. Ese interés de los

gobiernos de las Américas por maximizar los “beneficios” de la

globalización, le ha dado a las políticas culturales un fuerte sesgo

economicista que impone una racionalidad monetaria sobre la cultura;

los derechos que proclaman las recién creadas Coaliciones por la

defensa de la diversidad cultural son derechos más económicos que

culturales, es la misma versión economicista de la modernidad

instrumental con el disfraz de los derechos humanos de las minorías.

Algunos “intelectuales” unidos a grupos de industriales de la cultura

vienen creado en Latinoamérica asociaciones con el nombre de

Coaliciones Culturales; estas asociaciones se proponen la loable tarea de

defender las industrias culturales de las naciones del sur de las fuertes

mareas mercantiles del norte; la enseña que portan es la filantrópica

defensa de la diversidad cultural, mientras jinetean la reivindicación de

la excepción cultural en los tratados de libre comercio.

Ante la generosa iniciativa hay que decir que el discurso de la

diversidad en el contexto de las discusiones contemporáneas sobre

tratados de libre comercio, no es una caracterización cultural, hay que

insistir: es una política cultural; por esta misma razón es una noción que

37

requiere de juicio crítico y de malicia política. Lo que puede ocurrir en

nombre de la diversidad cultural y los derechos humanos, es

precisamente lo contrario de lo que proclaman sus filántropos: el

debilitamiento de las identidades y la pérdida de la autonomía cultural

portando el uniforme de la diversidad. Las mismas razones con las que

la Coalición argumenta la necesidad de que sea la UNESCO el escenario

del debate, pueden ser razones válidas para que no lo sea: “por la

centralidad del mandato cultural”; “por su carácter universal”; “por ser

punto de referencia de la OMC”.20.

Fracturas y fracciones

Mientras las organizaciones sociales dependientes de la cooperación

internacional y de sus discursos continúan haciendo la crítica de los

aparatos de muerte, mantienen unas relaciones económicas que les

imposibilitan ahondar en los orígenes de lo que ellos mismos llaman

“crisis humanitaria”, los campesinos y las comunidades ancestrales del

Urabá y del país entre tanto continúan relatando el interminable éxodo.

“En Febrero de 1997 se establece un retén paramilitar donde

desaparecen a miembros de la comunidad de San José de Apartadó; este

retén con carácter permanente hasta final de 1998 se instala a pocos

metros de la salida de Apartadó a cinco minutos de la base militar del

barrio Policarpa; Rito Alejo del Río es comandante de 1995 a 1996 en la

brigada militar de Carepa, el periodo más crítico de las masacres.”

“A pesar de toda esta muerte que el Estado sigue negando, comenta

Wilson Higuita, el horror y la maquinaria de muerte es cada vez más

compacta: fiscalía y demás autoridades hacen parte de una política para

20 Coalición por la diversidad cultural, documento presentado al Consejo de Literatura del IDCT, Bogotá, 2004.

38

desplazarnos. El ejército hizo una masacre en la Resbalosa asesinando a

uno de los fundadores de la comunidad de San José, Luis Eduardo

Guerra; junto a su compañera Deyanira y su hijo de diez años, a los tres

los asesinaron. Pocas horas después el ejército llegó a la finca de Alfonso

Tuberquia uno de los promotores junto a su esposa Sandra y una niña

Natalia de 5 años, y Santiago un bebé de 18 meses y el trabajador

Alejandro Pérez que les ayudaba en cosecha: todos ellos fueron partidos

en pedazos de manera bárbara.”

“Otros dos coordinadores en el último año de zonas humanitarias han

sido asesinados: Nelly Durango fue desaparecida en Tierralta Córdoba,

su cadáver apareció vestido de guerrillera con un uniforme camuflado

mucho más grande al de su talla. En este proyecto del Estado están

sacando provecho empresas y políticos paras, el accionar paramilitar se

complementa con el accionar de la fiscalía que omite los crímenes de

paramilitares, ejército y policía, las grandes empresas de la zona se han

beneficiado de los numerosos crímenes durante varias décadas.”

Paramilitarismo empresarial y racionalización de la tortura

Para muchos de los afectados por el desplazamiento, las masacres, las

torturas, la usurpación de tierra, cultivos y ganados, el fenómeno

paramilitar en sus orígenes, objetivos, y estrategias tiene una clara

intención económica y de dominio sobre el territorio. El Estado ha

facilitado con recursos, fuerzas militares y acciones políticas el proceso

de articulación del Urabá con los intereses de las multinacionales.

El fenómeno del paramilitarismo se registra en distintos momentos

de la vida nacional; desde los años sesenta hay presencia paramilitar

promovida por las misiones militares norteamericanas. Según una

39

investigación del Nuevo Herald21 en los Archivos Nacionales de

Washington, Estados Unidos planeó intervenir en Colombia en 1965. La

insurgencia liberal que dio origen a las guerrillas campesinas del siglo

XX se radicalizó en los años sesenta dando origen a la guerrilla

revolucionaria; los Estados Unidos después de discutir una intervención

directa simultanea con la invasión de República Dominicana, optaron

según la nota “por el envío de unidades de entrenamiento, helicópteros

y la intervención directa de asesores americanos en una operación

cívico-militar contra un grupo de campesinos que fundó, en mayo de

1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).” La

acción en la que intervinieron los norteamericanos fue el bombardeo al

la población de Riochiquito que se constituía de doscientas familias, “Los

feroces bombardeos, continua la nota, estilo Viet Nam contra los

campesinos sublevados en la región de Marquetalia, al sur del país,

fueron suficientes para evitar que el embajador oprimiera el botón de

pánico. Aviones de la Fuerza Aérea de Colombia lanzaron bombas en la

zona que dejaron cráteres de 20 metros de diámetro y diezmaron

sustancialmente a los alzados en armas. Bajo la dirección de los

militares estadounidenses, los colombianos dieron de baja a conocidos

líderes bandoleros como ``Sangre Negra'', ``Tarzán'', ``Puente Roto'',

``Puñaladas'', ``Desquite'' y ``Pedro Brincos''. Pero no pudieron eliminar

a un tal Manuel Marulanda Vélez, alias ``Tirofijo'', un campesino que

tenía una rara afición por la esgrima y tocaba violín.”

Fue precisamente en el año 65 con el decreto 3398 que se

establece el Estado de Sitio y posteriormente la ley 48 del 68 que faculta

al gobierno y a las fuerzas militares para armar población. Las Convivir

no son el inicio del ejercicio paramilitar sino una ley de continuidad de la

21 Gerardo Reyes del Nuevo Herald. Nota periodística reproducida por The Americas Foundation, Washington. Abril de 2006. Página electrónica.

40

política paramilitar en Colombia como una política de Estado; estos

grupos pasan de la ilegalidad a la legalidad según las condiciones y el

reacomodamiento de nuevas élites que surgen como sectores

emergentes al lado de los grupos armados por el Estado. La recompensa

de las clases dominantes es convertirlos en su guardia de honor, aunque

algunas veces como ocurre hoy estos grupos tiendan a desbordarse y a

querer el espacio mismo de las élites.

La defensa de los pequeños castillos de la economía rural y urbana con

ejércitos privados es una práctica histórica en la vida colombiana, pero

esta práctica se apoya en los intereses y capitales foráneos como ocurre

con la Doctrina de Seguridad Nacional que es una doctrina

norteamericana que se aplicó en los años sesenta en el contexto de la

guerra fría y que también ha servido a Norteamérica para intervenir en

Latinoamérica y hoy se sigue utilizando para el control de la población

rural pobre de Centroamérica y Colombia convirtiendo a la misma

población en enemigos con el discurso del “enemigo interno” y “el

terrorismo”. En el contexto de la economía global las prácticas y

dispositivos militares de la guerra fría han encontrado continuidad para

su aplicación al lado del discurso ambiental; el caso de Urabá es el

mismo caso que se replica y corre como un hilo de sangre a través de

los corredores biológicos del centro y el sur de América.

Entre las intervenciones de los asistentes a la peregrinación del Cacarica

en el Urabá, en el año 2006 se afirmaba lo siguiente: “la fase de

masacres, la fase de destrucción del cuerpo humano con motosierras,

como ocurrió aquí hace nueve años a pocos kilómetros de donde nos

encontramos, de este sitio a menos de 45 minutos, con un miembro de

esta comunidad, Marino López. Luego de los bombardeos del ejército

41

llegaron al poblado lo detuvieron y lo cortaron en varias partes, como

hicieron con Tito y luego de cortado jugaron fútbol con su cabeza, esa

estrategia de terror, que fue desarrollada a lo largo y ancho del País, se

ha cualificado. A cambio de las motosierras aplican inyecciones, tal

como ocurre hoy en el Putumayo. En el Municipio de Puerto Asís se han

producido cerca de 200 asesinatos en el hospital, contando con

presencia policial, entran los paramilitares de civil, con armas cortas,

parte de los que se han desmovilizado en el Urabá Antioqueño o en otras

regiones del País, han entrado al hospital y una enfermera cumple el

papel de poner la inyección, y muere el paciente y la víctima deja de ser

víctima porque fue alguien que murió por razones clínicas, y las razones

políticas del porqué fue asesinado, empiezan a desaparecer, y vuelvo a

repetir, 200 crímenes.” Quien esto afirmaba en Cacarica hablaba como

defensor de derechos humanos, hoy seguramente sigue creyendo que

son “razones políticas” las que llevan a utilizar estos métodos de

exterminio en masa, eso sí, más “humanitarios” que la ruidosa

motosierra.

Volvemos como en los años sesenta a las campañas cívico militares

promovidas por Norteamérica, pero con el agregado de un componente

cultural que pretende englobar a las comunidades en el mismo discurso

de las empresas y de la intervención extranjera, para que estas

comunidades y la población en general asuman este discurso como un

discurso propio, validado como está por los discursos del humanismo y

el conservacionismo.

Otro tanto hace el discurso del desarrollo empresarial y la sostenibilidad

que se complementan precisamente para extenderse sobre los

territorios ancestrales. No es sólo el territorio al que pretende

42

englobarse, es también la comunidad. Territorio y comunidad como un

todo y como realidad y ejercicio concreto de la soberanía, están no

solamente amenazados, la mejor forma de decirlo es que están

invadidos; hay un nuevo proceso de invasión que no se da en masa

militar como en las invasiones clásicas o las realizadas en el siglo XX en

Latinoamérica; el nuevo proceso de invasión es un dispositivo complejo

diseñado con todos los componentes de la vida de un país, desde sus

órganos de defensa y su institucionalidad política, hasta una exhaustiva

elaboración lingüística y simbólica que extiende sus dominios sobre la

cultura. En últimas lo que busca la economía mundial no es sólo imponer

las condiciones de intercambio a través de la legislación internacional y

los tratados comerciales, el objetivo más ambicioso es la anexión misma

de los territorios y las naciones como parte de la economía global y una

cultura única.

43

La trama institucional

Al destierro de campesinos, indígenas y comunidades negras en

Colombia, la institución le ha dado el nombre de “desplazamiento

forzado”; pueblos enteros son expulsados de los territorios, y ese

método atroz hace parte de la manera como se producen, se apropian y

circulan los bienes en el nuevo ciclo del mercado mundial que expande

la economía en los territorios ancestrales.

Si bien las instituciones del orden internacional, como la Organización de

las Naciones Unidas ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, como las

instituciones públicas o de los gremios privados del orden nacional,

generan normas y mecanismos jurídicos para la posible protección de

múltiples derechos, jamás las condiciones materiales de la realidad

vivida por el pueblo colombiano y los pueblos del mundo han estado

cerca de lograr aquello que siempre se promete desde las instituciones

nacionales o internacionales.

Esta ilusión jurídica se nos presenta como “derecho internacional”, una

promesa dentro de la dinámica misma de un orden económico mundial

que produce sus propias condiciones políticas y materiales para la

negación de esos derechos; el camino para alcanzar la realidad de esas

reivindicaciones se nos presenta como el sueño que debemos

supuestamente alcanzar. El derecho a la alimentación, por ejemplo, es el

mandato jurídico de una sociedad donde el acceso a los alimentos está

regulado por el mercado. Si la justicia social y los derechos humanos

fueran realmente la prioridad para las Naciones Unidas, la competencia

y las fuerzas del mercado, no impondrían, a través de la banca mundial,

44

las condiciones para el intercambio y la distribución de los recursos que

sustentan la vida de los pueblos.

Si “el quince por ciento de la población mundial consume el ochenta por

ciento del producto interno bruto mundial”22, el derecho a la

alimentación, desde la perspectiva de las acciones políticas y

económicas de las Naciones Unidas es insostenible, puesto que es la

apropiación de los recursos y la acumulación privada la que estimula el

crecimiento del hambre y la miseria mundial. La política mundial

regulada por el quince por ciento de la población del planeta,

necesariamente impone la hambruna mundial y la muerte en masa a la

mayoría de la población. Los alimentos y los medios para producirlos

manejados en el mundo como bienes privados de un quince por ciento, y

la política económica regulada por el mercado, son realmente lo que se

conoce como “derecho internacional”; entonces es “el derecho

internacional” el que mata de hambre y de ignorancia a la mayoría de la

población en el mundo.

El derecho a la alimentación no es ningún derecho sin la participación

decisoria de los pueblos en el manejo, distribución y apropiación del

mercado. El poder de las transnacionales, del Banco Mundial y de la

economía privada, es la “democracia” que impera hoy en el mundo y

ésta también se acumula como un bien privado. En el caso colombiano

donde la concentración de tierras en pocas manos es un hecho

aberrante y la historia del despojo de la tierra a las comunidades

campesinas y ancestrales parece no tener fin, el derecho a la

alimentación sólo puede ser materializado con la expropiación a los

representantes de ese “quince por ciento” en el mundo.

22 Hugo Azcuy Henríquez. Derechos Humanos: una aproximación a la política. 1997. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, p. 19

45

Las cornadas del poder mundial

La historia del hambre continúa construyéndose como parte de la

historia del desarrollo y sus derivados: la pobreza y el atraso. Los centros

económicos y políticos del poder local y mundial no cesan de producir

los capítulos de esta historia, pero el caso colombiano es uno de los más

singulares en la historia mundial. En el fatigoso registro de la muerte es

necesario apuntar la catástrofe colombiana ocasionada por el mayor

ciclón de su historia, capaz de desplazar a poblaciones enteras; a ese

ciclón le podríamos dar el nombre singular de “el gobernador” y

asignarle un periodo de gobierno, precisamente el periodo de Álvaro

Uribe Vélez como gobernador de Antioquia que generó la época de

mayor terror en Urabá (Romero, 2003, p. 207), pero como la muerte

también tiene sus generales, esta vez la catástrofe se hizo acompañar

del general Rito Alejo del Río. Uribe declaró la región como Zona

Especial de Orden Público en 1996; lo que no sabíamos era que Uribe y

los gremios llamaban “orden público” a la muerte. Los gremios son los

promotores y beneficiarios de este ciclón: grupos como ACDEGAM,

“primer colectivo político militar”, según se narra en el libro sobre el

señor Mancuso, o como Augura23, gremio que, con el monopolio de la

tierra, convierte la guadaña del “orden público” en la garantía de la

producción entre la maleza (Romero, 2003, p. 211).

Urabá y su población fueron azotadas por este ciclón enviado por

gremios como la Chiquita Brands, gremios que han sometido también a

la barbarie a otros pueblos del continente. Pero la flor más preciada de

este cortejo fúnebre, mercantil y democrático, es el Premio Nobel de Paz

Oscar Arias, recién posesionado como presidente de Costa Rica y

23 Asociación de Bananeros de Colombia

46

próximo a firmar el Tratado de Libre Comercio por su país (Algo irá del

premio Nobel de Paz al premio “Conciencia Ciudadana” otorgado en el

año 2000 a los criminales de la Chiquita Brands). En esta larga lista de

“loteadores de paraísos y nirvanas”, como escribió el poeta Zalamea,

Oscar Arias fue convocado a ser parte de la Comisión de Facilitación

para la Paz de Antioquia, instalada por Uribe Vélez siendo Gobernador de

este departamento, para tan sólo nombrar algunos de los muy diversos

participantes en la construcción de esta realidad del desplazamiento

forzado en Urabá. De toda la trama institucional ha de saber el señor

Uribe Vélez, quien desde aquellos tiempos a hoy ha desarrollado un

proceso de refinamiento de la represión, a la cual algunos llaman

reingeniería militar. Los buenos oficios de tantas instituciones oficiales,

personalidades y algunas organizaciones “sociales” son esfuerzos que se

orientan a mantener “productivas” las tierras que tanto preocupan,

desde su llegada al país en 1950, al Banco Mundial.

Ya para el año de 1950, cuando el Banco Mundial realizó su primera

misión a Colombia, promulgó, como si fuese una novedad, que existía la

concentración de la tierra, y que este era uno de los obstáculos a sus

planes para el “desarrollo”. Cuatro años después, los Estados y las

instituciones de las que hace parte el Banco Mundial, se encargaron de

recordarle a los “países subdesarrollados” a través de Guatemala,

derrocando al gobierno de Jacobo Arbenz, – Arbenz fue derrocado

precisamente por eliminar la concentración de la tierra – que los

caminos del desarrollo y de los derechos humanos son caminos

marcados de antemano para los pueblos del mundo, caminos que se

trazan con las trincheras de los ejércitos nacionales que se comportan

en el territorio propio como organizaciones mercenarias de las

trasnacionales.

47

Un estudio del brasileño José Luis Paredes Moreira, cuenta cómo con la

reforma agraria de Árbenz en 1954 “se habían beneficiado más de 138

mil familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran

indígenas. Esto podía traducirse en un estimado de medio millón de

personas, para un país que contaba con tres millones de habitantes.”24.

En cuanto “a la compañía bananera United Fruit Company (UFCO), que

mantenía sin cultivar el 85% de sus 220 mil hectáreas, se le expropiaron

156 mil hectáreas; es decir el 64% de su superficie”.25. Esta compañía,

promotora de la invasión a Guatemala, continúa hasta el presente

marcando los caminos por donde deben transitar los pueblos expulsados

de sus tierras por la violencia del proyecto desarrollista del Banco

Mundial y de las Naciones Unidas.

En Colombia, ya para 1905, aunque para algunos historiadores las ruinas

de los intentos fallidos para imponer “la agricultura comercial en la

región” sean “un recuerdo amargo”26, se había avanzado en dar

concesiones a los legionarios de la avanzada civilizatoria en la región de

Urabá, tal como aconteció con el empresario norteamericano Henry G.

Granger a quien según Parsons “le fue conferida una concesión sobre la

explotación de un monopolio por 99 años, de un ferrocarril que partiendo

del golfo de Urabá (sitio preciso donde hoy tiene la Chiquita Brands su

zona franca) llegara hasta Medellín.” Pero la generosidad con el

norteamericano no termina allí, sino que se extiende sobre las tierras, ya

24 José Luis Paredes Moreira. 1963. Reforma Agraria: Una experiencia en Guatemala. Editorial Universitaria, Guatemala, p. 57. citado en Guatemala: memoria del silencio. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap1/ante.html25 Guillermo Toriello. La Máquina de decidir, pieza por pieza. http://members.tripod.com/~Mictlantecuhtli/politica/Guatemala1.htm. Disponible el 24 de abril de 2006. la información es tomada de Guillermo Paz Cárcamo, Guatemala: Reforma Agraria, 3¦. Edición, FLACSO, Guatemala, 1997.26 James J. Parsons. Urabá: salida de Antioquia al mar. Geografía e Historia de la Colonización. Banco de la República, Corporación Regional de Desarrollo de Urabá CORPOURABÁ. s. f. p. 69

48

que el gobierno colombiano ofreció “una subvención de 30.000 dólares

oro por cada kilómetro construido, pero también se podía pagar en

tierras baldías a 3 dólares hectárea.”27. En síntesis, según cuenta

Parsons, se estipuló que las tierras estarían “al lado del ferrocarril”,

siendo determinado, finalmente, que estarían entre Turbo (hacia el

norte) y Caimán Nuevo. Otra parte de las tierras estarían “adyacentes a

su finca Yankolombia”, nombre que describe el mapa de los intereses

militar-mercantiles, si no olvidamos al menos algunas de las

intervenciones (anteriores a 1905) de los Estados Unidos, como en

Nicaragua (1853, 1867, 1890 – 1900), y en Honduras (1903);

precisamente en Honduras, desde 1954 hasta 1956, se desarrolló

también una “huelga de los trabajadores de la United Fruit”28, hecho que

concluyó con golpe de Estado y militares que gobernaron hasta los

ochenta y que reversaron la legislación que consagraba los derechos de

los trabajadores, derechos que afectaban “las ganancias” de la United

Fruit.. Otra perla en el collar de ofrendas para el cuello de Granger, es el

encargo realizado al empresario norteamericano por parte del gobierno

colombiano, acerca de promover la migración a estos territorios desde

los Estados Unidos y Europa.

Es desde esta perspectiva de hechos narrados, desde donde debe

mirarse la manera como han circulado los bienes, especialmente la

tierra, circulación que ha determinado los procesos de desplazamiento

de las poblaciones, como condición para el avance del proyecto

económico del “desarrollo de la agricultura comercial en la región.”29

Manual para quitar un tapón

27 James J. Parsons. ob. cit. p. 6828 Guenther W. Roppel. 2005. Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo. Bogotá, Ediciones aurora, p. 3529 Ibídem

49

La conjunción entre las grandes extensiones de tierras destinadas a

servir como espacio de realización de proyectos económicos cuya

orientación es el mercado mundial, requiere la imposición de tipos y

prácticas de cultivo, como el de la palma africana o el banano. Esta

decisión económica determina una transformación radical en cuanto a

las relaciones de los pobladores con la tierra, desplazándolos para

introducir unas nuevas relaciones económicas. Mano de obra libre de sus

relaciones con los medios de producción, subordinados a un régimen

económico y político que permita la acumulación de ganancia y el

control de los recursos. El requerimiento de vías para la extracción de la

riqueza, ha determinado que en la actualidad se concrete, tal como lo

expresó Uribe Vélez en el año 2005, la apertura del tapón del Darién

atravesándolo con la carretera Panamericana, a pesar de las clamorosas

políticas de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, para que el

desarrollo, otro de los discursos rentables para las transnacionales,

pueda unir a estas tierras de alta biodiversidad y pobladas de

campesinos no “competitivos”, a los ciclos de extracción de materias

primas y acumulación de riqueza.

Que del Norte venga el Plan Puebla Panamá, con recursos estratégicos

pasando a manos de las transnacionales conservacionistas como

Conservación Internacional que incita y apoya la lucha contrainsurgente

en la selva Lacandona en México, y que toda la zona de Urabá se

encuentre dentro de proyectos conservacionistas como el Corredor

Biológico Mesoamericano o el Corredor de Conservación Chocó Manabí,

bajo el auspicio del Banco Mundial, debería decir algo más en cuanto a

las estrategias de intervención vestidas de megaproyectos, con

desplazamiento forzado previsto por los Estados Unidos, y con la ayuda

50

humanitaria no inferior al buen desempeño de la cooperación

internacional. Tal como aconteció con el señor Granger, todos estos

megaproyectos requieren de vías para penetrar hasta los recursos y

extraerlos, no importando si se tienen que despoblar por la violencia

estos territorios; para menguar los efectos políticos de los métodos

irregulares están los discursos medioambientales, humanitarios y de la

diversidad cultural.

Mapa p. 87 Urabá salida de Antioquia al mar

El desplazamiento forzado, descrito según las expresiones legislativas y

los argumentos del Banco Mundial, tiene que ver con “actores en

conflicto en la guerra civil”30, “actores” que tienen como “estrategia de

guerra… despoblar áreas específicas en las cuales pueden

posteriormente ejercer control económico o político“31. No se entiende

30 BANCO MUNDIAL. Colombia: una política de tierras en transición. Documento elaborado por el Banco Mundial. Documento CEDE 2004-29. ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) Agosto de 2004, p. 3331 Ob. cit.

51

cómo lo que se denomina institucionalmente “violencia”, es presentada

por el Banco Mundial como una práctica episódica propia de “la guerra”,

desligada del poder económico y político mundial que la dinamiza y le

da sentido. Si nos atenemos a la realidad de lo que ocurre en los

territorios colombianos, en donde muchos de los lugares de

desplazamiento se han convertido precisamente en factorías

engranadas al mercado mundial, como ocurre con la palma, la madera o

el banano, tenemos que dar la razón sin objeciones al irrefutable

argumento del Banco Mundial: allí se ha implantado la estrategia de

“despoblar áreas específicas” expulsando a la población y dominando

política y económicamente los territorios, con lo que el Banco Mundial y

las Naciones Unidas se convierten en “actores” de la guerra, hasta ahora

ocultos en el discurso del “derecho internacional”, pero evidentes a

través de la aplicación de la política económica.

Más adelante y en el mismo documento citado del Banco Mundial

encontramos afirmaciones que nos pueden acompañar en los elementos

de continuidad que encontramos siguiendo el rastro de las expulsiones:

“El uso estratégico de la violencia se sustenta en el hecho de que los

eventos violentos ocurren de manera irregular con picos de acciones

violentas, seguidos por una falta de actividad.” Con esta afirmación

sobre “la violencia”, como uso estratégico y con episodios de “violencia”

que acontecen irregularmente “seguidos por una falta de actividad”, y el

hecho simultáneo de la aplicación de políticas de la banca internacional

y la inversión de recursos del Banco mundial en estos territorios

podemos saber algo más allá del sistema y los mecanismos de esta

monótona repetición. Realmente el fenómeno está visto al revés; no es

que los “actores en conflicto” o “actores armados”, como es habitual

decirlo en este lenguaje de las trasnacionales económicas que a su vez

52

son monopolios del pensamiento, pretendan ejercer un posterior control

económico o político de las áreas que previamente han desolado. Es el

control económico y político el que requiere de la guerra para despoblar

territorios y desarrollar los procesos de “reconcentración y

monopolización de la riqueza,” para decirlo con palabras del

investigador Libardo Sarmiento Anzola32, quien ha investigado a

profundidad las dinámicas y efectos de los megaproyectos.

En este sentido es interesante ver cómo investigadores y algunas

organizaciones insisten en atribuir las causas del desplazamiento y de la

concentración de la tierra a un proyecto militar y de “actores armados”,

desligando el proceso de concentración de la tierra, del contexto de la

economía global y del proyecto económico del capital. “Autodefensas”,

se llaman en el informe de la Comisión de Verificación que conformaron

diversas organizaciones y la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas en

1995. En el informe final el documento plantea que el accionar de estas

“autodefensas de Urabá y Córdoba no es independiente del Ejército en

el sector rural. Por el apoyo recibido tanto de los propietarios de las

fincas como del Ejército Nacional, por el testimonio de los desplazados,

podemos deducir que ha existido un verdadero proyecto de las

autodefensas en zonas de alta concentración de la tierra en pocas

manos, como lo es el norte de Urabá (…)”.

Desde los procesos de concentración de la tierra se ha desarrollado por

parte de los terratenientes, las trasnacionales y las instituciones

estatales globales, un proyecto de dominio político de las poblaciones

para la disposición de los recursos, promoviendo la guerra allí donde

necesitan desalojar a las poblaciones. Por tanto, el Banco Mundial, es

32 Libardo Sarmiento Anzola. Sistema mundo capitalista, fábrica de riqueza y miseria. 2004. Ediciones Desde Abajo. Bogotá.

53

decir, las Naciones Unidas, no pretenden hoy establecer las relaciones

entre lo que denominan “estrategia de guerra” y las prácticas

precedentes que han dado como resultado el monopolio de la tierra.

Sobre este resultado concreto, el Banco Mundial viene efectuando el

balance y la proyección de los viejos procesos de desplazamiento en

Colombia.33.

Darío Fajardo nos cuenta, en esta larga historia del desplazamiento

forzado que no se termina de escribir, que fue invitado al Departamento

Nacional de Planeación para discutir un documento CONPES sobre un

sólo municipio, el Municipio de Miraflores en el Departamento del

Guaviare. Este documento del Consejo Nacional de Política Económica y

Social CONPES, traza el desmantelamiento de un municipio, en la

perspectiva de despoblar extensos territorios para la siembra de

monocultivos. Lo notable en la narración de Fajardo, es la relación que

establece entre las prácticas de guerra, las políticas económicas y

sociales del Estado, el desplazamiento forzado, y la siembra de más de

“300.000 hectáreas de palma africana y otros de los llamados cultivos

amazónicos”, lo cual, afirma el investigador “significa repetir y

momificar la historia de la zona bananera, de la palma africana en el

Magdalena Medio y convertir al país en una fábrica inmensa de mano de

obra barata gracias a la guerra.”34.

Otro de los hechos que evidencian la integralidad del funcionamiento del

modelo económico con su política de desplazamiento forzado y

explotación de recursos, y de la acción militar y las leyes promulgadas

33 Ramírez Tobón, William. 1997 Urabá: los inciertos confines de una crisis. Santa Fe de Bogotá, Planeta. 34 Darío Fajardo. 2005 Las tierras de Colombia - Reforma agraria. http://www.radiochango.com

54

por el Estado, es el desplazamiento de las comunidades negras en

Jiguamiandó y Curvaradó:

“En el año 2000, el liquidado INCORA le titula colectivamente a las

comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, tres años después de ser

desplazadas, 101 mil hectáreas que estas comunidades ocupaban

ancestralmente antes del desplazamiento. Al decidir retornar, estas

comunidades encuentran su territorio invadido de palma aceitera,

situación que produjo el pronunciamiento de varias entidades nacionales

e internacionales, entre ellas del mismo INCODER que declaraba como

inválidos legalmente los procedimientos utilizados por los palmeros para

ocupar los territorios que legalmente son inenajenables. No obstante,

posteriormente, sin ningún reparo y violando de manera descarada, no

sólo los derechos de los afrocolombianos sino la Constitución Nacional,

el mismo INCODER afirma que se equivocó otorgando el título colectivo

de 101 mil hectáreas porque 10.162 hectáreas son de propiedad privada

y en consecuencia deben ser descontadas del título colectivo.”35.

Este hecho, de manera muy evidente, pone en escena cómo se

materializa el discurso de la diversidad cultural promulgada por las leyes

del Estado y de las instituciones internacionales, como también el

discurso en torno al medio ambiente, la biodiversidad, el desarrollo

sostenible, y todos aquella elocuencia mediante la cual se organiza la

fuerza de las comunidades y sus vidas en torno a los megaproyectos de

las transnacionales. No es extraño que por la zona del Urabá, el Señor

Uribe Vélez, haya planteado en el año 2005 la apertura de la carretera

Panamericana, que tiene territorios del Plan Puebla Panamá a la espera

de su interconexión en este gran megaproyecto del Estado Global. No es

35 Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. Carlos Rosero. 2005. La decisión de INCODER: reversa y violación de los derechos de los afrocolombianos. Octubre 25

55

gratuito que dentro del mismo documento del Proceso de Comunidades

Negras se afirme que “el INCODER continúa la ofensiva que los

palmicultores y los paramilitares han venido realizando contra los

Territorios Colectivos de las Comunidades Negras.”36.

Toda la urdimbre de políticas institucionales puede verse en la manera

como los recursos y territorios necesarios para la economía de las

transnacionales circulan siempre bajo el manto de la violencia del

desplazamiento, del asesinato, de las leyes para la impunidad, de los

planes de desarrollo. El Banco Mundial, con sus Planes de Ordenamiento

Territorial POT y con su experiencia piloto para la reforma Agraria

“asistida por el mercado” de tierras37, aplica la misma política de la FAO

con su mercado de alimentos, y que cualquier transnacional en el marco

de la economía capitalista. Sobre este aspecto, el Banco Mundial

plantea:

“De hecho, la experiencia colombiana con proyectos piloto de mercado

asistido de tierras (Höllinger, 1999) y los que tienen como objetivo poner

la reforma agraria en un contexto amplio de desarrollo empresarial

(Rojas y Urbina, 1999) aportan lecciones importantes.” 38.

La tierra, en este “contexto amplio de desarrollo empresarial”, tiene

derroteros abiertos y bien diseñados a través del préstamo del Banco

36 Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. Carlos Rosero. 2005. La decisión de INCODER: reversa y violación de los derechos de los afrocolombianos. Octubre 2537 Mendes Pereira, João Márcio. La política agraria contemporánea del Banco Mundial: objetivos, lógica y líneas de acción. XXV Congreso de la Asociación Latino-Americana de Sociología (ALAS), realizado entre 22 y 26 de agosto de 2005 en Porto Alegre/Brasil. Texto disponible en www.landaction.org. Contacto: joaomarcio1917@yahoo.com.br. p. 438 COLOMBIA: UNA POLÍTICA DE TIERRAS EN TRANSICIÓN. Documento elaborado por el Banco Mundial. Documento CEDE 2004-29. ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) Agosto de 2004. p. 9. Desarrollando esta orientación del Banco Mundial, véase el documento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto de transición de la agricultura. Salvaguardas (ambiental y manejo de pesticidas)

56

Mundial para ejecutar el Programa Paz y Desarrollo, y éste en

coordinación de objetivos con Laboratorios de Paz de la Unión Europea, y

estos a su vez con el Plan Colombia. Lo interesante es ver cómo en la

trama de las instituciones coinciden los intereses norteamericanos y

europeos y sus planes de intervención, y cómo se complementan con las

efectivas armas de Norteamérica y los bellos discursos de Europa para

configurar la impunidad del paramilitarismo y asegurar los territorios

que aquellos dispusieron para la continuidad del modelo económico

capitalista.

La articulación de estos megaproyectos dentro de la legislación nacional,

mantienen bajo el fuero institucional la mascarada de una democracia

electoral y desvergonzadamente criminal, mientras sostiene, como en

los tiempos de la conquista, las cabezas cortadas en la punta de las

bayonetas. Es la forma de hacer la escritura de una ley sangrienta como

realidad irrecusable en la vida de las poblaciones:

“…diversas iniciativas públicas con apoyo y financiación (por lo menos en parte) de origen internacional están apostándole a la palma (africana) como iniciativa de paz, desarrollo y sustitución de los cultivos ilícitos. Es por ejemplo el caso del proyecto del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), que recibe contribuciones de la Unión Europea y del Plan Colombia (financiación de los Estados Unidos)…”39.

Desde el mismo Banco Mundial, se hace la referencia al Plan de

Desarrollo de Uribe Vélez “Hacia un Estado Comunitario”, como parte de

esta estrategia intervencionista, que le da el toque de transformación a

la historia inacabada de la explotación de nuestros recursos y el

desplazamiento de los pueblos ancestrales:

39 Fidel Mingorance, Flmainia Minelli, Hélen Le Du. El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y Derechos Humanos. 2004. Human Rights Everywhere, Diócesis de Quibdó.Bogotá. p. 52

57

“En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado

Comunitario”, se vienen apoyando procesos regionales de desarrollo

territorial participativo e integral, para prevenir el desplazamiento, y

promover el restablecimiento sostenible de las personas desplazadas

por la violencia, consolidando la autoridad democrática en estas

regiones.

Uno de los instrumentos del gobierno para articular la Política de

Atención y Prevención del Desplazamiento Forzado con la Estrategia de

Apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz y Laboratorios de Paz es el

Proyecto de Paz y Desarrollo (PP&D). Este Proyecto, financiado con un

préstamo del Banco Mundial, busca generar en las regiones focalizadas

las condiciones sociales y económicas que reduzcan la vulnerabilidad y

pobreza de la población, incrementen la gobernabilidad democrática y

fortalezcan la institucionalidad, bajo una estrategia de alianzas público-

privadas con los Programas de Desarrollo y Paz.

El proyecto cubre 109 Municipios del Magdalena Medio, Oriente

Antioqueño, Norte de Santander, Montes de María y Macizo

Colombiano/Alto Patía.”40.

Estos proyectos, tanto el de Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz, están

directamente relacionados con la Red de Seguridad Alimentaria RESA de

Acción Social de la Presidencia de la República. La cooperación

internacional y los préstamos del Banco Mundial, intervienen

directamente en la vida de las poblaciones al diseñar e imponer en las

prácticas de las poblaciones las políticas trazadas desde los intereses

40 Jairo Arboleda. 2005. Gerente del Proyecto Paz y Desarrollo. Jarboleda@worldbank.org

58

mercantiles de sus instituciones y de las empresas transnacionales.

Conocido es el caso de Honduras, al cual se refiere Roppel (2005),

citando a su vez un informe de Oxfam acerca de “los factores más

importantes que causaron que honduras “perdiera la capacidad de

alimentar a su propia gente”41 Según la afirmación de Oxfam, factores

que incluyen “el poder económico de las corporaciones

estadounidenses, los intereses de una pequeña élite hondureña y las

políticas de EE.UU., de los bancos internacionales y las agencias de

ayuda”.42.

No podría olvidarse la proclamación del documento Santa Fe I de 198043,

en donde los Estados Unidos trazan las políticas para Latinoamérica; allí

se afirma: “los alimentos son un arma en un mundo de guerra.” El uso

de “los alimentos como arma de presión política y económica contra

países soberanos y movimientos populares de resistencia”44, es la

constante junto a la otra táctica de imponer prácticas agrícolas y tipos

de cultivo que modifican la vocación agrícola de las poblaciones. Esto

fue planteado en el mismo documento Santa Fe, nombrando

directamente a “los minifundistas de Guatemala o Nicaragua” que

“podrían recibir un ingreso mayor convirtiéndose a la producción de

cultivos comerciales tales como espárragos, frambuesas, etc., para

41 Guenther W. Roppel. 2005. Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo. Bogotá, Ediciones aurora, p. 3542 “Why Farmers Go Hungry”, Oxfam America Educational Publication, No. 12, 1985. Citado en Guenther W. Roppel. 2005. Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo. Bogotá, Ediciones aurora, p. 3543 Santa Fe I – 1980. Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del Nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos. L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordon Summer y Lewis Tambs, editor (ex-embajador de los Estados Unidos en Colombia)44 Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria “Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su soberanía alimentaria”. La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001. Disponible en: http://www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=741

59

vender al mercado norteamericano, y comprando a cambio maíz

importado de Estados Unidos.”45.

Desde esta perspectiva, hacer de los alimentos instrumentos de guerra

en sociedades construidas con las leyes del mercado, lleva a interrogar a

las política de “seguridad alimentaria” de la FAO46, que encuentra su

materialización en normas como la Resolución 1516 de 2005 del

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER47, la cual

relaciona como elementos de su proyecto económico tanto la “seguridad

alimentaria” como el desplazamiento forzado y las cadenas productivas.

Esta resolución hace parte de la denominada “estabilidad normativa”

tan reclamada por la Organización Mundial de Comercio y las

transnacionales.

Esta urdimbre donde se traman las encrucijadas, las celadas del

desarraigo y la incertidumbre de las poblaciones sin destino, es una

urdimbre que debe ser vista sobre la historia de sus bases reales: el

desarrollo de un modelo económico fundado en la competencia y la

maximización de la ganancia, en el lucro privado, en la concentración de

la riqueza, en la “explotación intensiva y extensiva” de la mano de obra

en campos y ciudades, en el desarraigo de las palabras para la

enajenación de las realidades, entre otros aspectos de este poder

mundial que organiza sus instituciones en un “Estado Imperial.”48.

45 Santa Fe I – 1980. Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del Nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos. L. Francis Bouchey, Roger W. Fontaine, David C. Jordan, Gordon Summer y Lewis Tambs, editor (ex-embajador de los Estados Unidos en Colombia)46 FAO/Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Disponible en, www.biotech.bioetica.org/d60.htm, el 8 de julio de 2005. 47 Ver Resolución del INCODER 1516 de 2005, en donde el “desarrollo rural y la seguridad alimentaria” son componentes de esta política junto a la de “productores verticalmente integrados hacia delante” (contratos Forward, según CONPES 3237)48 Las palabras en comillas son planteadas por Libardo Sarmiento Anzola.

60

No es gratuito que dentro de documentos sobre los Planes de

Ordenamiento Territorial POT del Banco Mundial, sean calificados con un

“satisfactorio” las experiencias de las poblaciones Montelíbano en

Córdoba y San Benito Abad en Sucre, por encima de las demás

experiencias tomadas para el estudio, las cuales son calificadas por

debajo, si se tiene en cuenta que fueron los lugares mencionados donde

el Banco Mundial realizó su experiencia piloto de reforma agraria.

El Estado colombiano y el Banco Mundial tienen una mirada bancaria,

financiera, rentista, sobre la “reforma agraria”, lo cual es en realidad un

mercado de tierras:

“La reforma agraria tiende a sustituir mas no a complementar y

fortalecer el mercado. A pesar de un gasto considerable en programas

de redistribución patrocinados por el Gobierno, los mercados son más

efectivos en transferir tierra a productores pequeños o sin tierra.”49.

El escena de este mercado de tierras se desenvuelve en la escenografía

de la historia del desplazamiento de las poblaciones en Colombia, y es el

mismo mercado que se narra, con la soberbia propia de la impunidad, en

el marco de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional, del decreto

3398 de 1965, entre otras normas, que dieron un soporte jurídico a los

grupos mixtos de militares y civiles como un componente importante de

la Alianza para el Progreso de Kennedy, y hoy de las Convivir de Uribe y

de Mancuso50 ante el silencio lapidario de la Organización de las

Naciones Unidas, organización que durante décadas ha proclamado la

49 COLOMBIA: una política de tierras en transición. Documento elaborado por el Banco Mundial. Documento CEDE 2004-29. ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) Agosto de 2004:9050 Las referencias pueden encontrarse en el libro “Salvatore Mancuso, su vida”. Glenda Martínez. Grupo Editorial Norma. 2004. En la página 17 sobre el tema de la Doctrina de Seguridad Nacional; en las páginas 108 a 112 sobre las Convivir.

61

lucha contra la pobreza, contra el hambre y contra todos los flagelos de

la humanidad; proclamas que siempre se entonan como un estribillo en

los cánticos del desarrollo.

Son éstos los antecedentes de los “nuevos” proyectos del Banco

Mundial, como el Proyecto de Apoyo a la transición de la Agricultura51,

con los créditos y la cantilena necesaria para incidir en la vida y los

territorios de las poblaciones, hasta llevarlos a una transformación

radical, sólo útil para una economía global que presenta su ideología

como un deber público y sus logros como triunfos de “la humanidad”.

Estos logros se registran en la realidad vivida por los pueblos de

Latinoamérica como sueños congelados y abismos insondables de

miseria, donde sólo se escuchan los ecos del ángelus que beatifica allá

arriba, en el cielo de las transnacionales, el ideal de “progreso”

encarnado en una próspera “humanidad”.

La realidad vivida por las poblaciones que son los soportes y objetivos

de estas historias y narrativas del presente, denominadas de tan

múltiples maneras, son los efectos de los proyectos que hacen de la

agricultura en Colombia, según el lenguaje del éxito y la prosperidad

“una agricultura en transición.” Transición y desplazamiento debería

decir el documento del Banco Mundial para ser más preciso. Después de

más de 50 años de la primera misión del Banco Mundial en Colombia, y

después de 78 años de la masacre en la bananeras, las estadísticas de

una geografía en la que se continúan expandido las fronteras de la

concentración de la tierra, nos muestran con claridad el ideal de

51 Este proyecto “es una operación de crédito del Banco Mundial” de 30 millones de dólares. Fuente: http://www.avanza.org.co/index.shtml?apc=invitadosemana;;;1;&x=14808.

62

“progreso” y “modernidad” con el que Europa y los Estados Unidos

evangelizan las mentes colonizadas:

“Los datos que tenemos para ese momento según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y CORPOICA en un estudio denominado zonificación de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia son: el 97 % de los propietarios tiene el 24% de la tierra, mientras el 0.4% de los propietarios tienen el 61% de la tierra.”52.

Las 100.000 hectáreas que “devolverán” los jefes paramilitares, según la

noticia publicada por el periódico El Tiempo en su primera página53 ¿en

qué condiciones y en el marco de qué políticas, y cuál es su significación

ante las aproximadas 4’000.000 de hectáreas que constituyen, para

decirlo en palabras del libro sobre el señor Mancuso, toda una

contrarreforma agraria?54. Por supuesto que contrarreforma sin la

existencia de una reforma agraria, es imposible. Pertinente es decir que

en Colombia el paramilitarismo, que históricamente ha mantenido y

profundizado los procesos de concentración de la tierra, es el substrato

material sobre el cual opera la política del mercado de tierras del Banco

Mundial, la política del mercado de la “seguridad alimentaria” de la FAO

de las Naciones Unidas; es el horizonte en la mirada del Departamento

Nacional de Planeación y del CONPES, como lo es también de los

laboratorios de Paz de la Unión Europea; en otras palabras, es el

horizonte de la historia del destierro de las poblaciones, destierro que en

el lenguaje oficial se conoce con el denominador significativo de

“desplazamiento forzado”.

52 Darío Fajardo. 2005 Las tierras de Colombia - Reforma agraria. http://www.radiochango.com53 El Tiempo. Marzo 30 de 2006. Primera página.54 “El abandono de tierras por el desplazamiento en años recientes suma cerca de 4 millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida en cuatro décadas de reformas agrarias. Juan Camilo Restrepo en su editorial del miércoles 21 de septiembre de 2004. (citado por Glenda Martínez Osorio. Salvadores Mancuso, su vida. 2004:76)

63

Cada quien atiende su oficina

El reporte de Chiquita Brands del año 2000 tiene por título “Reporte de

Responsabilidad Corporativa, 2000”. Desde el título mismo, la realidad

económico-política narrada en las cien páginas del reporte, plantea el

sentido de lo corporativo. Todos los sectores sociales se consideran

como partes de un cuerpo y, por lo tanto, se asume el supuesto de los

intereses comunes, y con la obligación de cumplir, para el buen

funcionamiento de la economía como realidad social instituida de

manera corporada, las normas y pactos establecidos para el gobierno de

esta realidad económica. Es realmente un ejercicio de la política, en

cuanto la acción política acumula fuerzas y neutraliza o destruye las

fuerzas del adversario “con vistas a alcanzar metas estratégicas”, tal

como lo plantea Isabel Rauber.

Ante esta “responsabilidad corporativa“ que ejerce y suscribe Chiquita

Brands, se tiene que hacer referencia a la ley 811de 2003 que crea las

“organizaciones de cadena”, para encontrar en ese texto dos rasgos que

expresan cómo, proyectos económicos desarrollados en Colombia,

encuentran su lugar en la ley, legalizando las realidades corporadas

creadas por empresas transnacionales:

“Los integrantes de una organización de cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e individual.”55

(Parágrafo 1)

55 Ley 811 de 2003 (junio 26) por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.

64

La libertad de empresa como una realidad obligatoria para todos los

seres que tienen que vender su fuerza de trabajo (si es que esto les es

posible), es lo que se expresa con el título de “responsabilidad

corporativa”, o en su versión legislativa, como “organizaciones de

cadena”. Por supuesto que la libertad de empresa sólo permite una

única organización de cadena inscrita ante el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural (Artículo 102), lo cual es ya no permitir nada al

legitimar, otra vez, los espacios creados durante décadas por los

intereses privados de empresas que dominan el 26% del mercado

mundial de banano, el quinto o sexto producto más importante en el

mercado mundial. Qué decir del petróleo, de la industria militar, del

mercado de alimentos, del agua, para nombrar algunos renglones en los

que las empresas transnacionales monopolizan ya los mercados y

dominan totalmente los procesos de producción. O qué decir del

monopolio de la tierra, hecho que en Colombia tiene a poblaciones

enteras viviendo en un incesante arreo de personas bajo la

denominación ladina de “desplazamiento forzado”.

Las funciones que cumplen estas “organizaciones de cadena” como

mecanismos para disciplinar a las poblaciones, son determinantes en el

ejercicio de situar bajo el criterio mencionado de la “responsabilidad

corporativa” a las organizaciones sociales y a las poblaciones. Una de las

funciones de estas cadenas es la de ser “un espacio de diálogo”, donde

los acuerdos están sujetos a ser tomados por “decisión unánime”. Estos

“espacios de diálogo” narrados en la ley de 2003, son los mismos que en

su informe hace referencia la Chiquita Brands al expresar que “se

incrementó el diálogo con los líderes laborales regionales e

internacionales y con las organizaciones no gubernamentales”. En esta

misma perspectiva, el vicepresidente del sindicato de los trabajadores,

65

expresa el sentido político de su adscripción militante en la verticalidad

de este proyecto económico corporativo, que recuerda, para algunos, el

modelo del Estado corporativo fascista:

“El principio del diálogo entre los empresarios y trabajadores del banano comenzó con el reconocimiento a la igualdad de condiciones de todos aquellos que participamos en ese diálogo (…).56.

Enfatizando en los pactos y acuerdos para la existencia de estas

organizaciones de cadena, la exigencia es la puesta a “disposición” de la

cadena de las “organizaciones y sus estrategias, que en lugar de

confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño

económico a su vez colectivo e individual.” (Ley 811, Art. 101, Parágrafo

1). La mejora de la competitividad, tal como lo proclaman las

transnacionales y la ley, y la exigencia de ser inscrita una cadena por

producto o grupos de productos, sitúa a los pequeños o medianos

productores y a las mujeres y hombres trabajadores como esclavos de

las transnacionales y de los monopolios, sujetándolos a un gobierno

global.

En el extenso territorio de esta “responsabilidad corporativa”, se

presenta al agresor junto al desplazado incorporado como trabajador,

mientras la Rainforest Alliance, a través de Fundación Natura certifica las

fincas que cumplen ciertos estándares, como la Chiquita Brands. El

sindicato de trabajadores Sintrainagro, la Fundación para las Américas

auspiciada por la OEA, y Chiquita Brands unen no sólo sus fuerzas

materiales y sociales, también hacen confluir como buenos

“ciudadanos” el universo simbólico alrededor del Premio por “Conciencia

56 Guillermo Rivera Zapata. Vicepresidente Nacional de Sintrainagro. Ponencia de Sintrainagro en el foro sobre el modelo de concertación en Urabá.

66

Ciudadana”. La Chiquita Brands, no necesita para este reconocimiento

honorífico presentar como credenciales los sobornos efectuados al

Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para tener “la

única zona franca especial privada del país, que es su sistema de

navegación fluvial entre las plantaciones y los transatlánticos

refrigerados que distribuyen banano en todo el mundo”. Esta zona

franca de Chiquita Brands, es el puerto sobre el océano Atlántico, en

Turbo, Colombia; la misma zona franca por donde la Chiquita entró

contenedores con 3000 fusiles AK-47 y varios millones de proyectiles

para los paramilitares.

El reporte de Chiquita Brands del año 2000 sobre “responsabilidad

corporativa” es una narración que traza una geografía y una historia que

se inicia con el recuento de los honores y reconocimientos de la que es

objeto esta empresa en el año 2000.

De tres aspectos considerados en el informe como “Puntos

sobresalientes del 2000”, el primer aspecto se presenta bajo el título

“ambiental“. El modelo productivo que Chiquita Brands materializa y

representa, es premiado reiteradamente en “lo ambiental”. Este modelo

productivo y el medio ambiente se presentan como “amigables”57, para

utilizar un término del mismo diccionario de las transnacionales. ¿Cuál

es la geografía que se reconoce en la narración de Chiquita Brands?

¿Cómo se ha construido esta geografía? ¿Quiénes han construido esta

geografía tan significativa para sus intereses?

Por supuesto que, luego de este comienzo nutrido de tantos galardones,

un párrafo dentro de las 102 páginas sobre la historia de esta compañía

57 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto de Transición de la Agricultura. Salvaguardas (Ambiental y Manejo de Pesticidas) www.minagricultura.gov.co

67

relacionada con fusiles AK-47 para los paramilitares, muertes atroces con

descuartizamientos y partidos de fútbol jugados con la cabeza de las

víctimas ante las poblaciones aterrorizadas, con sobornos y algún golpe

de Estado, ese comienzo del informe de “responsabilidad corporativa”

soporta un tratamiento subordinado a temas que le son ajenos a la

nobleza de sus propósitos:

“A lo largo de estos 100 años, a la United Fruit Company se le empezó a

conocer como “el pulpo”, una organización que se decía tenía alcance e

influencia de tal magnitud que dominaba los gobiernos y la vida de sus

trabajadores. Esta reputación nació de muchas cosas, incluyendo la

supuesta participación de la compañía en la represión de derechos

laborales en Colombia en 1928 y el derrocamiento de un gobierno en

Guatemala en 1954, así como el involucramiento en un escándalo de

soborno en Honduras en 1975. En los años transcurridos desde

entonces, algunos argumentarían que la Compañía ha tenido una actitud

cerrada y defensiva a las preocupaciones de sus estándares y prácticas.

A los ojos de muchos, aún hoy, todo esto ensombrece la imagen de la

Compañía.”58.

Los diversos reconocimientos otorgados a Chiquita Brands en el exitoso

año 2000, hacen referencia a la necesidad que tienen estas empresas de

presentar a los consumidores una imagen de prácticas agrícolas

“ambientalmente amigables” y mantener el dominio del mercado

mundial. En este mismo año 2000, la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO participó en su propia

sede en una reunión que tuvo por objetivo “promover la colaboración

entre diversos participantes con un objetivo en común: incrementar la

58 CHIQUITA Brands International, INC. Reporte de Responsabilidad Corporativa, 2000. 2001

68

sostenibilidad ambiental y social en la industria de la exportación del

banano.”59. Este propósito, como vemos, termina en diseñar políticas

para la sostenibilidad del mercado, del cual el tema ambiental y social

es la plataforma de la retórica mercantil. Uno de los invitados a la

histórica reunión, la Organización de Etiquetado de Comercio Equitativo

(FLO), plantea que se debe “facilitar el acceso al mercado a los

pequeños productores "desfavorecidos" y a los trabajadores que, de otra

manera, estarían perdiendo en la lucha por competir contra las grandes

plantaciones capitalistas.”60. El mercado es el espacio de acumulación

de fuerzas propias de las empresas, como a su vez, es el espacio de la

destrucción de las fuerzas sociales y políticas que se opongan a erigir al

mercado como el espacio de regulación política de la sociedad. No es

noticia, por tanto, que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los

Estados Unidos (USAID), financie “con una donación de $8,6 millones de

dólares (…) la Alianza de Productos Sostenibles Certificados –que-

apoyará la certificación, enlazando los productos certificados con los

mercados.”61. Para alejar las dudas y espantar infundados optimismos, el

señor Harriet Lamb, de la FLO, manifestó en aquella “histórica reunión”

que "no se trata de una intervención oportuna sólo para los pequeños

productores, también lo es para el mercado.”62.

Para tener una idea del significado de un “pequeño productor” ante

estas “grandes plantaciones capitalistas”, tenemos que la Chiquita

Brands controla un 26% del mercado mundial de banano, según datos

de 1999, siendo la empresa más grande en producción y

59 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. 2000. Expertos en bananos celebran reunión histórica en la FAO. ©FAO, 18 de abril60 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. ibídem61 http://www.ra.org/news/2004/news92-s.html (disponible el 17 de abril)62 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. ibídem

69

comercialización por encima de Dole y Del Monte. Estas tres empresas

transnacionales controlan el 43% del mercado europeo. La certificación,

por lo tanto, tiene una referencia política, institucional y territorial

concreta, que se materializa en el perfil de finca (así lo expresa

Rainforest Alliance): Chiquita y Kraft Foods. Un mundo para el mercado

diseñado según el modelo de finca de la Chiquita Brands.

En esta relación entre las organizaciones Rainforest Alliance, dedicada a

“la conservación de bosque tropical para el beneficio de la comunidad

global”63, y Chiquita Brands, presente hace casi cien años en Colombia,

se resalta cómo la relación se construye sobre la base de la “expansión

de la producción de bananos en Costa Rica en los tardíos ochenta.”64.

En Colombia, el tema de “bosques” es un tema considerado por el

Estado como estratégico65, declarándose por ley que “el desarrollo del

sector forestal es una tarea nacional prioritaria para la consecución de la

paz y la convivencia ciudadana”66. Esta estrecha relación entre “paz” y

“convivencia ciudadana”, convoca de inmediato esta otra categoría de

las cadenas productivas, cerrando de esta manera el ciclo entre

argumentaciones humanitarias como “la paz”, económicas como la

productividad y el bienestar de la población, y del medio ambiente como

el mercado de servicios ambientales también promulgado en la misma

63 'the conservation of tropical forests for the benefit of the global community'. Ibidem.64 “The relationship between the two organizations has its origins in an expansion of banana production in Costa Rica in the late 1980s. The area of land area under cultivation increased from 20,000 hectares to 50,000 hectares in just five years.” Jem Bendell. Chiquita. The role of NGOs http://www.bsdglobal.com/viewcasestudy.a65 Régimen Forestal Nacional, Artículo 3º. Interés prioritario e importancia estratégica. TEXTO APROBADO EN COMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY 264 DE 2004 CÁMARA. Texto Aprobado en Comisión Quinta Cámara de Representantes los días 1° y 2 de junio de 2005, por la cual se expide la ley forestal. Cuyos autores son: Gustavo Cano Sanz, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Sandra Suárez Pérez, Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los honorables Representantes Armando Amaya Álvarez y Zulema Jattin Corrales. 66 ob. cit. Artículo 2º. Principios y normas generales.

70

ley. Estos servicios ambientales deben su existencia al alto costo para

transformar las industrias contaminantes de las trasnacionales,

resultándoles más barato “invertir” en medio ambiente, tal como ya lo

hacen en Colombia a través de megaproyectos de “conservación

ambiental”, apropiándose a través de ONGs financiadas por estas

mismas empresas de millones de kilómetros de zonas de gran

biodiversidad.

En el caso de la Chiquita Brands y la Rainforest, la alianza entre el

discurso conservacionista, la producción agroindustrial, y el monopolio

de la tierra, se hace sobre la base del incremento del área de cultivo de

“20.000 hectáreas a 50.000 hectáreas en sólo cinco años”. Por supuesto

que aquí el tema del desplazamiento forzado, otro de los temas de

honda preocupación para las Naciones Unidas, no aparece en la

narración de la Chiquita Brands; los oropeles de las distinciones y

reconocimientos así lo permiten, y hasta autorizan a diseccionar las

realidades de las poblaciones. El desplazamiento, tema para ser tratado

con el especializado lenguaje “humanitario”, es desligado públicamente

de los procesos de concentración de la tierra y de la violencia necesaria

para “persuadir” a los pobladores de estos territorios para que se

enmarquen en estas economías de la agroindustria, del desarrollo

sostenible, de la biotecnología, de la protección del bosque, del beneficio

de la humanidad, etc.

El “Reporte de responsabilidad corporativa” describe un componente

ambiental de certificación de 127 fincas de Chiquita en Latinoamérica de

acuerdo a los estándares del Better Banana Project (Proyecto de

mejoramiento de banano). La certificación es efectuada por la Rainforest

Alliance, un proyecto empresarial para la certificación de fincas regulado

71

por empresarios y el gobierno de los Estados Unidos67; un elemento

esencial de este proceso es el desarrollo de alianzas en cada país con

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el manejo del sello

Rainforest Alliance. En Colombia, este papel lo realiza la Fundación

Natura. El argumento es la “responsabilidad social y ambiental” de la

empresa transnacional. El proyecto original de Rainfores Alliance, que

inicialmente fue el de “la conservación de bosque tropical para el

beneficio de la comunidad global”68, ha sido aplicado como modelo

productivo corporado al monocultivo de banano y también al café. Este

corporativismo como sistema político de las transnacionales ha

permitido hablar de la cooptación de sectores sociales y de los

trabajadores para estos proyectos mercantiles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación FAO, que hace parte importante en el diseño e impulso de

estas políticas, auspicia a la Fundación para las Américas la cual,

“utilizando los recursos disponibles de la OEA unidos con las

contribuciones de gobiernos, fundaciones y el sector privado”, busca

“crear la responsabilidad social corporativa” impulsando “alianzas entre

empresas privadas, fundaciones, gobiernos e instituciones académicas

que operen en las Américas”.69. La “responsabilidad corporativa” de

Chiquita Brands, es la misma política de la Organización de las Naciones

Unidas, dado que su responsabilidad es la de garantizar a las

transnacionales el dominio y la explotación de recursos, la disposición de

las poblaciones y de la mano de obra sometida a esta nueva etapa de la

explotación capitalista bajo el régimen político del corporativismo. Es

67 http://www.ra.org/news/2004/news92-s.html (disponible el 17 de abril)68 “The conservation of tropical forests for the benefit of the global community”. Ibídem69 http://www.colciencias.gov.co/mapas/merlin/consultarprograma.php?idntfcdor_fnte=148. disponible el 15 de abril de 2006

72

este mismo régimen corporativo el que otorga los reconocimientos a sus

empresarios que son exitosos en la imposición del régimen político. La

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación FAO, tiene a disposición de la Fundación para las Américas

los recursos necesarios para la promoción e implementación del régimen

corporativo y es precisamente esta fundación la que premia por su

“conciencia ciudadana” a la Chiquita Brands.

En ninguna otra parte como en Colombia se ha hecho sentir la

conciencia ciudadana de la Chiquita Brands: el cinco de noviembre del

año 2001 entran por el puerto de la Chiquita Brands en Turbo, 3000

fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos con destino a los paramilitares,

acción que fue reconocida públicamente por Carlos Castaño.70

La oficina de la OEA se pronuncia sobre el asunto el seis de Enero del

año 2003 con el siguiente reporte: “se detalla el contrabando de tres mil

fusiles desde Centroamérica hacia los grupos paramilitares de la zona de

Urabá”. “Nicaragua, Panamá y Colombia solicitaron a la OEA que

esclareciera lo ocurrido.” El ex presidente César Gaviria Trujillo

argumentó no saber de estos hechos cuando se otorgó por parte de la

misma OEA a la Chiquita Brands el premio “Conciencia ciudadana”, acto

de entrega que fue presidido por el mismo César Gaviria Trujillo como

secretario de la OEA.71

El galardón otorgado a la Chiquita Brands el catorce de Abril del año

2004 por el ex presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, para

entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos,

expresa con claridad el criterio de “Conciencia ciudadana” y de

70 Gaviria Premia la Corrupción en www.palabranet.net.71 Revista Cromos, mayo 24 de 2004. Bogotá.

73

“responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción” que tiene la

OEA. El hecho lo registraron los medios y la Revista Cromos 4501 del 24

de mayo de 2004; el presidente de Chiquita Brands, Fernando Aguirre,

recibió una placa de la Fundación para las Américas, fundación

auspiciada por la OEA. Nada hay de anómalo para los espacios de

regulación de la política mundial en esta ceremonia “civilista” que sólo

repite los ritos institucionales de la Unión Europea y las Naciones

Unidas.

Pero el hecho que da cuenta con claridad de la responsabilidad social de

la Chiquita Brands se produce el quince de Mayo del año 2004, cuando

Chiquita Brands “confiesa” en EE.UU. su aporte a grupos terroristas en

Colombia.72.

Para colocar el último episodio del currículum mortis de las

transnacionales de la economía y del pensamiento, la OEA, con César

Gaviria Trujillo a la cabeza, establece el aval de la comunidad

internacional para el proceso de impunidad para los paramilitares:

“Con la firma de un acuerdo entre la OEA y el Estado colombiano para

“verificar” el “proceso de paz” con los escuadrones narcoparamilitares,

Gaviria ha prestado a Uribe un gordo favor a nombre de la comunidad

internacional, si es que así se puede llamar a ese organismo que con

justa razón Fidel Castro calificó de “ministerio de colonias yanquis”.”73.

72 Esta cronología y estos hechos fueron relatados durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bogotá, 2006.73 Lázaro Fuentes Girardot. 2006. César Gaviria y Álvaro Uribe: El diablo los cría y ellos se juntan. Web: http://www.redresistencia.org/ E-mail: lazarofuentesgirardot@yahoo.es

74

Para que empresas como la Chiquita Brands sean objeto de estas

certificaciones por lo que se denomina “producción agrícola sostenible”74

, las prácticas corporadas son esenciales75. Este régimen político se da

en función de los intereses económicos mercantiles que se hacen

aparecer como comunes entre los trabajadores y las transnacionales.

Desde SINTRAINGRO, el sindicato de los trabajadores bananeros cuya

política se orienta desde sectores reinsertados del EPL en 1991, es

posible encontrar similitudes en su visión política con la política de las

transnacionales y el “pensamiento” ambiental de la Organización de las

Naciones Unidas, o como Chiquita Brands; no es gratuito que la Chiquita

Brands en su informe concluya haciendo referencia al “ciudadano

corporativo” y que las Naciones Unidas a través de la FAO otorgue un

premio por “conciencia ciudadana” a Chiquita Brands, y que además

líderes de SINTRAINAGRO se identifiquen dentro de sus objetivos

políticos con la construcción “de lo que significa ser un ciudadano

corporativo responsable”, según uno de los grandes propósitos de esta

transnacional. “Las multinacionales, según la revista Dinero, optaron por

ser ciudadanos ejemplares en los sitios donde operan.”76.

La participación de un líder de Sintrainagro en un homenaje de

desagravio al general Rito Alejo del Río, junto al señor Uribe Vélez

destaca al general como uno de los adalides de la época de mayor terror

en Urabá y apunta a expresar algo más en cuanto a que “las

coincidencias, pactos o acuerdos tácitos o explícitos parece que

incluyeron a Sintrainagro, la organización de trabajadores más

importante y consolidada de la región, lo mismo que a Esperanza, Paz y

74 Elsa Matilde Escobar. Directora ejecutiva de la Fundación Natura.75 “Thus multi-stakeholder ownership of any system for endorsing corporate practice is essential.” Jem Bendell. The role of NGOs http://www.bsdglobal.com/viewcasestudy.a. Disponible en abril de 200676 DINERO. 2006. MULTINACIONALES ¿Cuál es su aporte? Dinero, septiembre 16, Nº 338, Bogotá, p. 54

75

Libertad, antigua organización guerrillera de tendencia maoísta en sus

inicios.”77. La ex alcaldesa Gloria Cuartas ha narrado en el Tribunal

Permanente de los Pueblos (Bogotá, 2006) lo siguiente al respecto:

“Puedo afirmar ante el tribunal que el Ejército Popular de Liberación o

Esperanza Paz y Libertad en el Urabá con Carlos Castaño, Rito Alejo del

Río, y otras personas que liderados por quien en ese momento era el

gobernador de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez), lideraron la política de

exterminio en la región del Urabá.”

Esta política de exterminio de una comunidad política hizo posible que

en nombre de la seguridad de las élites regionales y del orden de las

inversiones de las transnacionales, se generara, no “un nuevo orden

local”, tal como lo plantea Romero, ni un “nuevo internacionalismo

laboral”78, de parte de Sintrainagro, como lo plantea el mismo autor, sino

la profundización de un modelo económico integrado verticalmente,

integración que desciende desde las instituciones transnacionales,

atravesando las instituciones del orden nacional hasta inocular su

pensamiento y acción en las organizaciones sociales y a través de ellas

en la mente de los pobladores. El orden es el orden de la acumulación

mercantil y la sacralización de la propiedad privada; es la inercia propia

de la expansión mercantil en los territorios y que se expresa en

acumulación de tierras y de riqueza.

Pero el elemento central es la tierra: la recuperación de tierras por parte

de los campesinos sin tierra, tiene una respuesta desde las élites

transnacionales y locales: “la recuperación del orden”79 que se

77 Mauricio Romero. 2003. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. IEPRI, Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, p. 16378 Mauricio Romero. 2003. ob. cit. p. 16079 Mauricio Romero. 2003. ob. cit. p. 123

76

materializa en el monopolio de las tierras y en el ejercicio del poder que

prohíbe construir comunidad política por parte de estos campesinos sin

tierra y de los trabajadores de la agroindustria. El genocidio en Colombia

es una consecuencia del orden económico mundial; el desplazamiento

es sólo una de las formas de expresión del modo como se organiza la

producción, la propiedad privada mundial es realmente la institución que

está por encima de las naciones y los gobiernos; les queda el papel de

encomenderos, conservacionistas y humanistas, a las organizaciones

sociales y de derechos humanos, encargadas por su angelismo

característico, de limpiar la sangre salpicada en las blancas y extensas

paredes de la fachada de las Naciones Unidas.

Todo este intrincado ejercicio del poder debe ser lo que algunos

académicos contemporáneos llaman “pensamiento complejo” y

ejemplifica los métodos del poder material y simbólico. La construcción

simbólica como parte de ese “pensamiento complejo” es parte del orden

material y espiritual impuesto por el mercado mundial. Es la forma de

mantener un “orden rural corporativo” con la colaboración de la

intelectualidad y de los oprimidos.

El desarrollo de estas prácticas perversas de la acción política desde los

programas de las Naciones Unidas es evidente; el papel de Naciones

Unidas en los últimos tiempos se ha caracterizado por la imposición de

formas de regulación política a través del mercado. El discurso de los

derechos y la diversidad como un nuevo evangelio humanista son parte

del mismo pensamiento que hace ver las prácticas económicas como

prácticas culturales y la rentabilidad de los procesos como derechos

humanos. El derecho a la vida en una sociedad de mercado es el

derecho de quienes pueden garantizársela de acuerdo a la apropiación

77

privada de los recursos; el derecho al trabajo tan sólo es resultado del

juego de intercambios entre oferta y demanda, en una sociedad donde

hay quienes deben acudir al mercado para vender su fuerza de trabajo y

sobrevivir en medio de las tormentas de la oferta y la demanda. Estos

derechos nacen de las revoluciones modernas de carácter industrial y

eurocéntrico. ¿Cuáles son los Derechos que escribirán desde su

soberanía y su autonomía los pueblos del mundo? Ya lo decía en 1955 el

guatemalteco Luis Cardoza y Aragón: “Una revolución que no resuelva a

fondo el problema de la tierra no merece en nuestros pueblos el nombre

de revolución.”80.

Hoy, cincuenta años después, en la voz de uno de los líderes del

movimiento popular latinoamericano, se plantea:

“La lucha del MST de Brasil, se encuentra ahora en una nueva encrucijada, en la medida que el modelo de producción agrícola es una pieza más en la subordinación de la estructura económica del país a los dictados del FMI, del BM y de la OMC. La reforma agraria por la que luchamos, no depende ya sólo de la lucha contra el latifundio. Ahora es preciso derrotar el modelo económico y golpear los símbolos de la dominación representados por las grandes instituciones internacionales.”81.

En este contexto de integración vertical de la economía, sustentado por

la verticalidad del modelo militar, el genocidio político es una condición

necesaria para el control de las poblaciones sujetas a la dominación

política y la explotación económica. Las relaciones que allí se generan

permiten mantener un orden social corporativo, en donde trabajadores y

capitalistas se hacen aparecer como identificados en unos intereses

comunes. Este orden es el espacio de las prácticas políticas donde se

80 Luis Cardoza y Aragón. 1955. Guatemala, las líneas de su mano. Fondo de Cultura Económica. México, p. 40781 Joao Pedro Stédile. Dirección Nacional del MST, Brasil

78

encuentran generales y exguerrilleros, el “internacionalismo laboral” y

las ONGs, los Gobernadores y el Presidente de la República, las leyes

sobre desplazamiento forzado y las cadenas productivas, las Naciones

Unidas y la seguridad alimentaria, los decapitados y la UNESCO, los

planes de ordenamiento territorial y el Banco Mundial, el paramilitarismo

y la palma africana, la OEA y la Chiquita Brands y en el lugar de sus

solemnes ceremonias, la guadaña de la muerte regada por el incienso

del discurso de la diversidad.

Señalar como coincidente el hecho que el General Rito alejo del Río

fuera comandante de la XVII Brigada del Ejército, en los tiempos en que

Álvaro Uribe Vélez era Gobernador de Antioquia e impulsaba las

cooperativas de seguridad Convivir, y que hoy sea el presidente de la

república, es algo más que una imprecisión. La combinatoria de estas

fuerzas sociales y de los personajes que los encarnan esta mejor

expresada en el libro sobre Salvatore Mancuso al señalar que éste pasó

“tres años sin apartarse de las indicaciones de la XI Brigada y más de

uno al frente de la Convivir Horizonte Ltda.”, además de aprovechar “la

autorización que le daba el Decreto 356 de 1994, el último de orden

público que firmaron el presidente César Gaviria y su Ministro de

Defensa, Rafael Pardo.”82. Estos “trueques” político-militares, o

“coincidencias” o “lealtades”, precisamente arrojan hechos concretos.

Según lo referencia el mismo Romero, “este período ha sido

precisamente el más violento en la historia de Urabá”, para luego citar

las palabras del senador conservador Fabio Valencia Cossio que acusa a

Uribe Vélez de haber “incrementado los homicidios en un 387% en el

82 Glenda Martínez Osorio. 2004. Salvatore Mancuso, su vida. Grupo editorial Norma, Bogotá, pp. 108-109

79

Urabá, y auspiciar el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad

Convivir”.83.

Desde el lado de la organización Sintrainagro, expresiones como

“entendimos que el patrón no es un enemigo sino un socio” (Hernán

Correa); o, “antes mandábamos a 500 hombres, hoy gobernamos a

120.000 ciudadanos” (Alberto Álvarez, funcionario de la alcaldía de

Turbo)84, o, según Mario Agudelo, "lo que estamos construyendo es otro

referente, uno más cercano a la ciudadanía. La verdadera revolución en

Urabá es la construcción de ciudadanía. Pasamos de ser súbditos a

empezar a sentirnos ciudadanos”85, nos reiteran la visión de la

ciudadanía como proyecto político que se inscribe en una sociedad

fundada sobre prácticas políticas de mercado en el contexto de un

modelo político de sociedad corporada.

La concentración de la tierra se realiza mediante el despojo de recursos

como la misma tierra, el agua, las semillas, pero también mediante la

muerte colectiva, y cuando no, el despojo y apropiación de las

organizaciones comunitarias y las demás formas de organización

surgidas de las vertientes históricas de la vida colombiana. Esta

concentración de la tierra genera el desplazamiento, las masacres y

asesinatos selectivos de las comunidades campesinas como efectos

directos de las características certificadas por la Rainforest Alliance en

las fincas de estas transnacionales. La certificación le posibilitó a la

Chiquita Brands ampliar el control y dominio de tierras para el desarrollo

de sus empresas: “…la relación entre las dos organizaciones (by the US-

83 Mauricio Romero. 2003. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. IEPRI, Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, p. 194,19584 SINTRAINAGRO, Empresa Social de los Trabajadores. Sintrainagro. Urabá, Medellín. 200485 Mauricio Romero. 2003. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. IEPRI, Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, p. 183

80

based Rainforest Alliance and the US-based corporation Chiquita Brands

International) originó una expansión de la producción de banano en

Costa Rica en los tardíos 1980s. El área de tierra bajo cultivo se

incrementó de 20.000 hectáreas a 50.000 hectáreas en solo cinco

años.”86.

De manera reiterada, estudiosos del caso de Urabá hacen referencia a la

tierra como eje material que articula los elementos de la política que va

desde el Banco Mundial hasta los gremios económicos y los

paramilitares. Sin embargo, este reconocimiento se soslaya al momento

de señalar que aquí se presentan tan solo “fuertes conexiones con lo

estatal” (p. 19) de parte de los paramilitares, o la supuesta competencia

de las ACCU “con las lealtades al Estado central y al proyecto político de

la insurrección guerrillera” (120); o del “consentimiento tácito de

sectores de las Fuerzas Armadas y la policía” a los grupos paramilitares

(129); en este tipo de análisis, no se toma el contexto de las políticas del

mercado de tierras del Banco Mundial, ni las relaciones entre las

cadenas productivas y las funciones que le atribuye la ley con la política

de Seguridad Alimentaria de la FAO, que tiene como base el mercado de

alimentos.

Los Laboratorios de Paz son Cementerios

Si se miran las relaciones dentro de la estructura del Estado colombiano

de los proyectos de Paz y Desarrollo, financiado con préstamo del Banco

Mundial y los Laboratorios de Paz de la Unión Europea, y la oficina de la

Red de Seguridad Alimentaria RESA, para no hablar ya del Plan

86 “The relationship between the two organizations has its origins in an expansion of banana production in Costa Rica in the late 1980s. The area of land area under cultivation increased from 20,000 hectares to 50,000 hectares in just five years.” Jem Bendell. Ibídem

81

Colombia, con su bien nutrida política provista de desplazados reales,

tierras y otros recursos, cuyo dominio mal apunta a ser una lucha

antinarcóticos, tendríamos que presentar otras argumentaciones.

No es un elemento episódico este ejercicio del diseño del

desplazamiento como componente del avance de los “intereses

estadounidenses”, tal como lo planteó el señor Bill Clinton87, baste

recordar que ya en el mes de octubre de 1999, antes de ser promulgado

el “plan USA – Colombia”, en la sesión 106 del Congreso de los Estados

Unidos, se planteó en la sección 202 un “Fondo para la urgente

asistencia humanitaria para la población desplazada"88, previsión

publicitada tanto por Bill Clinton y en la declaración de la Secretaria de

Estado Madeleine K. Albright (U.S. Departament of State), el 11 de enero

del 2000, como también por Barry R. McCaffrey, quien de una sola

parrafada relaciona “desarrollo alternativo” con “actividades

antinarcóticos”, más “derechos humanos”, en un diseño de desarrollo

con desplazados en el que se recurre necesariamente a una acción

político militar para lo que el mismo documento registra como

“reubicación de los desplazados”:

“Esta propuesta es un paquete equilibrado y comprensivo que costará US$1.300 millones durante dos años, para apoyar las actividades anti-narcóticas, el desarrollo económico alternativo, la vigencia de la ley, los derechos humanos, el buen gobierno y la reubicación de los desplazados."89.

87 CLINTON, Bill. Documento con la sustentación que el presidente Bill Clinton hace del "Plan Colombia" ante el Congreso de los Estado Unidos el 11 de enero del 2000. En Desde Abajo, suplemento especial No. 2, p. 1088 Congreso de los EE.UU. sesión 106. Octubre 30 de 1999. En, Documentos Desde Abajo, No. 3. Santa Fe de Bogotá, octubre 2000:8. 89 McCAFFREY, Barry R. Declaración del Director Barry R. McCaffrey. Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional, Departamento de Estado de los Estados Unidos. 11 de enero del 2000. En Desde Abajo, suplemento especial No. 2, p. 11

82

Es en el ejercicio “corporado” de estas prácticas donde se articulan los

Laboratorios de Paz; ante estas perversiones del uso del discurso de los

derechos humanos como instrumento de guerra, las Naciones Unidas

guardan un pavoroso silencio, tan profundo como el de las fosas

comunes recurrentemente encontradas en territorios de dominio militar.

Todo este ejercicio diseñado como un arte-facto del “desarrollo

económico alternativo” es para la política de las Naciones Unidas

simplemente un performance donde el desplazamiento es parte de la

escenografía y la cinética del “desarrollo”, las cadenas productivas son

la dura materia en el ejercicio del diseño y la sociedad corporada el

componente simbólico que le da un lugar a la muerte como elemento

dador de sentido.

No es como afirma Romero que “alrededor de esta colaboración se

formó también un proyecto de orden rural corporativo con una visión

clara del papel y posición de esas élites y su protagonismo histórico en

ese orden regional en formación”.90. Este corporativismo ni nace de esta

“colaboración”, ni es producto de un orden regional. Si ello fuese así,

tendría que decirse que la Chiquita Brands ha tomado de estas élites

regionales el modelo, y que antes de 1982 no se crearon las condiciones

históricas para que, tal como lo plantea Mauricio Romero, las

poblaciones quedaran “por fuera de la ‘comunidad política’”91. El

problema real no es que estas poblaciones hayan “quedado por fuera de

la comunidad política”, sino que la “comunidad política” a la que hace

referencia Romero, es la del bipartidismo, la comunidad política de las

élites que hoy cosechan la siembra de la muerte y el desarraigo. Sin

comunidad política, las poblaciones quedan atrapadas bajo el ejercicio

90 Mauricio Romero. 2003. Paramilitares y autodefensas. 1982-2003. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, editorial Planeta Colombiana S. A. Bogotá, p. 12291 Mauricio Romero. 2003. ob. cit.p. 127

83

del proyecto político-económico que las niega, sistema que hace del

mercado el espacio de referencia donde se construyen todos los

referentes de vida.

Paradójicamente, hablar de ciudadanía en estas condiciones de “lealtad

a un orden político-económico regional, así este haya implicado el

destierro o eliminación de una de las fuerzas partidistas más

importantes de la región, la UP”, como afirma Romero, no deja de ser

parte de las lealtades que matan la humanidad en nombre de la

“ciudadanía”. Opuesta a la afirmación de Romero es la argumentación

de Agnes Héller cuando apunta: “únicamente la pérdida de la

comunidad política es lo que puede expulsar al hombre de la

humanidad”.92.

Nada de humanidad ha quedado allí en este espacio de las prácticas

políticas impulsadas por las trasnacionales económicas y del

pensamiento, pues han arrojado a las poblaciones por fuera de cualquier

posibilidad de construir su propia comunidad política. Lo que hace parte

del espacio de las prácticas políticas de las transnacionales es el

“ciudadano corporativo” del Estado global.

El modelo impuesto en los diversos países por estas instituciones del

capital, pone bajo su gobierno corporativo a las poblaciones y genera

una mayor concentración de la tierra. Menos tierra para los campesinos

y liberación de mano de obra que no encuentra a quien vender su fuerza

de trabajo. Los encajes y abalorios con los que se pretende vestir a esta

explotación económica corren a cargo del discurso medioambiental,

discurso que es puesto para su administración en manos de ONGs y de

92 Agnes Heller. Cit. por Hugo Azcuy Henríquez, en: Derechos Humanos, una aproximación a la política. 1997. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 2.

84

fundaciones, pero siempre bajo la tutela corporativa de las

transnacionales. Como donantes a la Rainforest Alliance podemos

encontrar a USAID, la agencia gubernamental de los Estados Unidos

creada por el señor Kennedy, la AECI (Agencia Española de Cooperación

Internacional), a Conservación Internacional, financiada a su vez por

Monsanto, Coca Cola y demás depredadores de los territorios y la cultura

del mundo; a la Agencia Noruega de Cooperación para las Universidades

(NUFU), Noruega, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cauca, en Colombia, al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la

Ciencia y la Tecnología (Colciencias, también de Colombia), a World

Wildlife Fund, y al World Bank, Regional93, entre un listado extenso de

instituciones; estas referencias con el propósito de señalar el amplio

panorama de instituciones creadas para la producción de realidades

corporadas, producción en la cual los campesinos han perdido sus tierras

gracias a los artificios de la certificación expedida como parte del

funcionamiento de estos monopolios.

La integración vertical o la dictadura del mercado

La Chiquita Brands, fundada hace poco más de 130 años, cambió de

nombre en Guatemala en 1954 luego de derrocar al presidente Jacobo

Arbenz, con un plan diseñado y ejecutado entre la United Fruit, el

gobierno de los Estados Unidos, la OEA, y la CIA, además de algunos

gobiernos como el de Rojas Pinilla que orquestaron el discurso

anticomunista.94.

93 Eco-Index. Para una mejor conservación a través de la comunicación. Rainforest Alliance. Búsqueda por donantes. Disponible en abril 2006.94 Al respeto véase Diana Consuelo Ahumada Forigua. 2004. La posición del gobierno Colombiano frente a la invasión de Guatemala en 1954. VII Congreso Centroamericano de Historia, Tegucigalpa, Honduras. Fuente: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/hca/cong/mesas/cong7/docs/13_12.doc.

85

Para tener una idea de cómo las relaciones económicas son

determinantes en la construcción de las instituciones, se incluyen

algunos datos acerca de personajes implicados en la invasión a

Guatemala en 1954, en la cual se encuentran las Naciones Unidas y la

United Fruit, para desencanto de los “creyentes de las religiones del

Libro” como llama el escritor Juan Goytisolo a los creyentes del discurso

humanista de las Naciones Unidas; Goytisolo propone añadir una estela

funeraria “monumental, con las fechas de la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 1950, el Acuerdo sobre Derechos Civiles y

Políticos de la ONU de 1966, la Carta de la Conferencia sobre

Cooperación y Seguridad Europeas de París de 1990”, concluyendo que

esto es “como recordatorio a todos los pueblos del mundo de cuánto

vale el compromiso moral de las grandes potencias –docenas y docenas

de acuerdos incumplidos y resoluciones archivadas-, cuando sus

intereses vitales no entran en juego.”95.

Es necesario detenerse en este lugar para puntualizar, desde algunos

hechos, acerca de aquellas discusiones filosóficas en torno a los

Derechos Humanos y documentos similares, que condenan a las

organizaciones populares a mantenerse a la espera de lo prometido,

mientras continúan viviendo en unas realidades donde se materializa la

intervención, la explotación y el engaño:

“Esa decisión de Arbenz (la reforma agraria) fue calificada por

Washington de "amenaza a los intereses" estadounidenses, por lo cual

John Foster Dulles, accionista y abogado de la compañía y a la vez

secretario de Estado, presionó a la Organización de Estados Americanos

(OEA) para que condenara a Guatemala. Una vez lograda la condena de

95 GOYTISOLO, Juan. Cuaderno de Sarajevo. El Espectador, Magazín Dominical Nº 543 - Santa Fe de Bogotá, 19 de septiembre de 1993:8

86

la OEA, en junio de 1954, el hermano de John Foster Dulles, Allen Dulles,

director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y ex

presidente de United Fruit, organizó la invasión a Guatemala desde

Honduras. Así, la United Fruit Company, tras el derrocamiento de Arbenz,

consiguió la devolución de las tierras expropiadas y se transforma en

United Brands, para luego tomar el nombre de Chiquita Brands.”96.

El Señor César Gaviria Trujillo, no podrá decir que como secretario de la

OEA fue presionado por los paramilitares de la CIA para enaltecer con el

premio “Conciencia Ciudadana” a la Chiquita Brands.

Otros de los participantes en el plan en contra de la reforma agraria en

Guatemala, y cuyos intereses se enmarcan en el papel de estas

instituciones del orden global, es “HENRY CABOT LODGE: Senador,

representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y

accionista de la United Fruit”, y “ROBERT HILL quien como embajador de

los Estados Unidos en Costa Rica colabora con la Operación Guatemala,

posteriormente resultó ser miembro del directorio de la United Fruit”.97.

Para esos tiempos, ya las modalidades de la intervención extranjera en

Colombia de parte de los Estados Unidos tenían una larga historia,

contándose que desde “1856 a 1902 hubo diez intervenciones militares

por parte de los EE.UU. en Colombia para proteger al ferrocarril

Atlántico-Pacífico, o para proteger vidas y propiedades estadounidenses

durante disturbios civiles reales o ‘previstos’”.98.

96 Kintto Lucas. BANANO-AMERICA LATINA: Las guerras de Chiquita Brands. QUITO, 30 nov (IPS) Inter Press Service, Copyright © 200597 Guillermo Toriello. La Máquina de decidir, pieza por pieza. http://members.tripod.com/~Mictlantecuhtli/politica/Guatemala1.htm. También consultar Guenther W. Roppel. 2005. Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo. Bogotá, Ediciones aurora, pp. 41 a 43.98 Guenther W. Roppel. 2005. Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo. Ediciones Aurora, Bogotá, p. 67

87

La ciudadanía es un código de barras

Para el caso referido de la Chiquita Brands, no se trató de una alianza,

de un acuerdo transitorio entre instituciones tan aparentemente

disímiles; ha sido la práctica política de quienes construyen sus

estructuras de poder con una capacidad de intervención de tal magnitud

que hacen posible la concentración de la tierra, el desplazamiento y la

destrucción de la vida de las comunidades rurales como ocurre en la

Colombia de hoy; no son pues desórdenes locales, casos aislados como

casi siempre se dice, ni faltas a la disciplina militar lo que ocurre en

Colombia; no pueden ser “casos aislados” los que se repiten

sistemáticamente y con una regularidad mecánica en todas las regiones

del país. Estas prácticas políticas del poder mundial no son aplicables sin

el componente militar; es en esta articulación donde se consolidan las

relaciones de dependencia externa y de la dominación interna del país

con la necesaria destrucción de las fuerzas nacionales y populares cuyas

visiones políticas y económicas se consideran como obstáculos para la

materialización de los intereses del mercado mundial. Las prácticas

políticas del capital transnacional, acumulan fuerzas y destruyen

aquellas que considera como sus adversarias99. De esta manera es que

se construye un tipo de sociedad integrada verticalmente, desde los

intereses de las empresas trasnacionales.

Hablar en este contexto de soberanía popular y de autodeterminación de

los pueblos es cuando menos un contrasentido; no puede haber un

sistema democrático regulado por el mercado mundial. Si todos los

99 Hago referencia a un planteamiento de Isabel Rauber en torno a lo que se considera como práctica política.

88

países del mundo se dieran a la tarea de cumplir al pie de la letra los

mandatos de lasa Naciones Unidas lo que tendríamos a la vista sería una

dictadura mundial, o tal vez no la hemos vista y ya estamos en ella; una

dictadura del mercado que permanentemente habla de democracia,

derechos humanos y diversidad. Todos estos enunciados del nuevo

“humanismo” no son más que expresiones formales de la diplomacia

contemporánea que no tienen la posibilidad de materializarse ante la

inexistencia real del ejercicio, tanto de la soberanía como de la

autodeterminación de los pueblos. La ciudadanía que se construye en

estas circunstancias no puede ser más que una ciudadanía de dinero

plástico, de código de barras y de microchips.

Las declaraciones y resoluciones de la Organización de las Naciones

Unidas se enmarcan en la historia de la política exterior norteamericana

que impone su modelo económico como base de todas las formas de

intervención y de consolidación de la dependencia de los países

sometidos a sus intereses. Es a esta historia a la cual la declaración de

los derechos humanos no hace referencia porque sería una declaración

en contra de aquellos mismos que la han promulgado y suscrito.

No se confronta a Estados Unidos por la violación sistemática a los

principios allí promulgados. A ningún Estado se le ha cruzado por la

cabeza proponer la expulsión de los Estados Unidos o del Estado

colombiano del seno de esta organización por el incumplimiento

sistemático de lo allí pactado, la propuesta no tendría ningún eco. Cuba

es el ejemplo de cómo el organismo de las Naciones Unidas utiliza esta

declaración “como instrumento de confrontación y extorsión.”100.

Colombia es sólo otro más de los innumerables casos del orden militar y

100 Hugo Azcuy Henríquez. 1997. Derechos Humanos: una aproximación a la política. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 4

89

disciplinario impuesto desde afuera y donde el ya largo conflicto muchas

veces pretende mostrarse como una manifestación esencial de la cultura

colombiana y no como el resultado de una continua y añeja intromisión

externa en la vida de un país estratégico en el camino del mercado que

une el norte con el sur. El conflicto colombiano aparentemente

irresoluble se desestanca cuando se decante la política externa del país

y se rompa la cadena de muerte del capital foráneo. Las instituciones

humanitarias disfrazan la intervención externa llamando “conflicto

interno” a lo que realmente es un conflicto mundial ocasionado por las

transnacionales en infinidad de lugares del mundo, en donde el orden

disciplinario impuesto por las Naciones Unidas es el de un perro bravo,

vigilante en la portón de entrada las fronteras de los países del norte y

que sólo muerde a los pueblos de los países del sur. La política

económica ha dejado de ser del dominio de los Estados, ahora son los

Estados los que son regulados por la economía mundial, los Estados de

hoy son oficinas de despacho de la OMC. La inexistencia de Estados que

ejerzan la soberanía y garanticen la autodeterminación de los pueblos es

lo que hace posible la producción de la teoría del “conflicto interno” y el

“enemigo interno”. Los Derechos Humanos en la “filosofía” de las

Naciones Unidas tienen una base económica que los niega como

realidad posible. La teoría del “enemigo interno” tiene una base

económica que niega de antemano la existencia de los pueblos como

sujetos políticos. El “enemigo” es el estigma en el rostro de quienes no

se ajustan a las exigencias de la intervención externa y de las relaciones

de dependencia; en contrapartida, el rostro del “ciudadano” ha sido

ampliamente cimentado en los intereses del modelo económico

capitalista bajo la figura del “ciudadano corporativo”, tal como lo

promueve y lo realiza en Colombia la Chiquita Brands. También el

ejercicio de la ciudadanía queda a cargo de las fuerzas del mercado,

90

desde la cual la Organización de las Naciones Unidas promete resolver

las desigualdades aberrantes de estas sociedades escindidas e injustas.

Como un discurso en apariencia contrapuesto a la construcción del

“enemigo interno”, las normas constitucionales promulgan la diversidad

cultural como componente regulador de las diferencias y los conflictos,

supuestamente para proteger a las comunidades indígenas y

afrodescendientes. Pero el “enemigo interno” termina siendo la

población reconocida como diversa en las normas constitucionales y el

régimen jurídico del orden mundial.

La Chiquita Brands y la OEA efectúan tanto la construcción del “enemigo

interno” como el reconocimiento de la diversidad cultural; estas dos

políticas generan unas prácticas que se inscriben dentro de la

verticalidad en la que se organiza su proyecto económico mundial. Las

comunidades rurales arrinconadas en el minifundismo y la carencia total

de tierra, terminan siendo objeto de una política que los reduce a ser

“minifundios de la cultura”, para expresarlo en palabras del escritor

guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, ya que el propósito no es “cambiar

la cultura dominante de los terratenientes por medio de la

transformación de las bases económicas semifeudales”101 sino

reafirmarlas con las políticas de arrendatarios pobres del Banco Mundial.

Al minifundio de la tierra corresponden los minifundios de la cultura y al

latifundio de la expansión de la economía mundial corresponden los

desplazamientos de las poblaciones ancestrales por la vía violenta, o por

la vía de la expropiación en los ciclos de la economía moderna que

desbordan las lógicas del uso de la tierra de las comunidades

ancestrales.

101 Luis Cardoza y Aragón. 1955. Guatemala, las líneas de su mano. Fondo de Cultura Económica. México, p. 389

91

La relación entre la construcción del “enemigo interno” y la noción de

“conflicto interno” permite la instrumentalización de la diversidad

cultural como un componente de la integración económica vertical.

Podría recordarse la resolución 1516 de 2005 del INCODER referido a las

“directrices para la participación de las comunidades negras o afro

descendientes”, donde se combinan la política mercantil de “seguridad

alimentaria” de la FAO, el “desarrollo rural” de las Naciones Unidas y la

“construcción de un sector agropecuario competitivo” acorde a la

política del mercado de tierras del Banco Mundial; es ésta la

competitividad que exige el mercado global, todo “bajo el control de

productores verticalmente integrados hacia delante”.102 Es un suicidio en

masa lo que el documento sugiere con el “hacia delante”. Esta

integración vertical ya fue implementada por la United Fruit en

Colombia, hoy Chiquita Brands, que con otro nombre cumple ya un siglo

de dominio económico, social, político e ideológico, en las zonas donde

efectúa sus procesos de explotación y mercadeo del banano:

“La integración vertical sobre la producción y transformación de las

materias primas agrícolas y el control de la casa comercializadora

extranjera sobre las etapas comerciales y productivas permitió cualificar,

desde el principio, el proceso económico al someterlo a la probada

experiencia de la United Fruit en el cultivo, comercialización y gestión

empresarial del banano.”103.

102 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. Resolución 1516 de 2005103 William Ramírez hace referencia a una serie de requisitos en el ámbito jurídico, económico y administrativo implementados por la United Fruit Company “a principios del sesenta” para promover ”el cultivo del banano”. William Ramírez tobón. 1997. Urabá. Los inciertos confines de una crisis. Bogotá, Planeta, pp. 31 a 33

92

El reconocimiento jurídico a la creación de las cadenas productivas de

las transnacionales es un acto tardío de los legisladores en Colombia,

acto que se efectúa sobre hechos cumplidos, pero dentro del actual

proceso de reconcentración y monopolización de la riqueza. Este

proceso real, que la ley 811 sobre cadenas productivas no hace más que

expresar décadas después, impacta, según Ramírez Tobón, “con

intensidad los eslabones más débiles de las relaciones sociales de

producción, gracias a un patrón de inversión capitalista que dejado a su

libre lógica autoexpansiva, concentraba la propiedad y movía la frontera

agrícola a costa de los campesinos forzados al desplazamiento.”104. Es

necesario señalar que esta causa real del desplazamiento no se

encuentra contemplada en la ley 387 de 1997, causa que es puesta ante

las poblaciones como el modelo de sociedad desde el cual se define

quien es el “enemigo” y qué es el “conflicto interno”.

Las Naciones Unidas jamás producirán una resolución condenando a las

transnacionales que imponen la integración vertical del proceso

económico y requieren de una sociedad corporada, arrasando con la

soberanía y la autodeterminación de los pueblos, aspectos que son

promulgados en la carta de las Naciones Unidas. El objetivo de las

Naciones Unidas no es la protección de la soberanía y la

autodeterminación de los pueblos: es su regulación desde los intereses

de la Chiquita Brands y de las transnacionales que han implementado

como parte de su proyecto económico un Estado global. ¿Dónde queda

entonces el discurso sobre el medio ambiente del Programa de las

Naciones Unidas ante este horizonte de monocultivos con toneladas de

químicos arrojados sobre una biodiversidad acorralada que termina

siendo desplazada definitivamente junto a los pobladores que la hicieron

posible?

104 William Ramírez tobón. Ob. Cit. p. 32

93

La ley 387 de 1997 “para la prevención del desplazamiento forzado; la

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de

los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”,

no hace ni puede hacer referencia al modelo económico de las

transnacionales dentro de este proceso de integración vertical, como

factor determinante del desplazamiento forzado en Colombia. En su

defecto, pone los efectos que este modelo económico genera como

causas del desplazamiento; en esta lógica de poner los efectos por

causas, la ley 387 plantea un listado de situaciones como causantes del

desplazamiento: “Conflicto armado interno, disturbios y tensiones

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan

alterar o alteren drásticamente el orden público”.105.

La soberanía y la autodeterminación de los pueblos, devienen en el

ejercicio retórico de incisivos arcaísmos políticos, que escriben con la

tinta de la intervención extranjera los epitafios con los que se clausura el

derecho de los pueblos a la rebelión. “La tiranía, escribió Vargas Vila,

que mata todos los derechos, no cría sino un deber: el de

combatirla…”106.

Manual del asesinato para la integración vertical

Ante los procesos de reforma agraria puestos en marcha a mediados de

siglo por algunos gobiernos latinoamericanos, se impulsaron las

105 Ley 387 de 1997. Diario Oficial. Año CXXXIII. N. 43091. 24, Julio, 1997. p. 1106 J. M. Vargas Vila. 1974. Los césares de la decadencia. Medellín, Editora Beta, p. 32

94

estructuras paramilitares, como parte de la defensa del monopolio de las

tierras que a sangre y fuego recuperó la Chiquita Brands.

Dentro de los documentos desclasificados en los Estados Unidos, se

encuentra lo referente a un “manual del asesinato”107 escrito por un

psiquiatra para guiar las acciones de las bandas de asesinos como parte

del proceso en contra de la reforma agraria. El 11 de septiembre de

1953 el director de la CIA firma el plan que abre el cauce del “conflicto

interno” nutrido de asesinatos selectivos, bombas, campañas de los

medios de comunicación, y hasta una constitución para Guatemala

redactada por un periodista de la revista Time. Al respecto, Roberto

García indica que en una tercera etapa del plan, se consideró “continuar

la presión económica, iniciar acciones diplomáticas mediante la

Organización de Estados Americanos (OEA) y acentuar la preparación

paramilitar".108.

El paramilitarismo no es pues un fenómenos nuevo, ha hecho parte en la

historia de la acumulación de la tierra que ha sido el recurso en disputa

más preciado por las transnacionales, junto con el agua, las semillas y la

fuerza de trabajo. Para destruir los procesos endógenos del pueblo de

Guatemala y su soberanía, se produce la resolución de la OEA en 1954

en contra de la reforma agraria liderada por el gobierno de Jacobo

Arbenz, como también se produce “la preparación paramilitar” bajo la

dirección de la CIA, y el concierto de los gobiernos que agencian la

intervención extranjera en sus países. El “enemigo interno” se construyó

107 CIA, CSI-1997-00018, 135832, "Un estudio del asesinato”. Citado por Roberto García. 2004. Guatemala 1954: Manual para derrocar a un presidente. http://www.rebelion.org/internacional/040128guatemala.htm. Disponible el 24 de abril de 2006 108 Roberto García. 2004. Guatemala 1954: Manual para derrocar a un presidente. http://www.rebelion.org/internacional/040128guatemala.htm. Disponible el 24 de abril de 2006

95

sobre las políticas de reforma agraria, sobre el acceso a la tierra como

acto de justicia del pueblo de Guatemala, y sobre el derecho al poder de

la palabra en su propio territorio.

Los dispositivos políticos y militares que intervienen para derrotar la

soberanía y la autodeterminación del pueblo en Guatemala, son los

mismos dispositivos que se orientan en la tarea del desplazamiento de

las poblaciones en Urabá. Y es sobre estas poblaciones que se ejerce el

discurso “civilista” del “ciudadano corporativo”, aunque para la

sostenibilidad de este proyecto económico de las empresas

transnacionales haya que generar la práctica del paramilitarismo y de

los “actores armados”. Es en torno a la producción y circulación de los

bienes que el mapa de esta integración vertical en una sociedad

corporada esclarece sus relaciones, sus políticas, sus intencionalidades y

sus logros concretos. Pasar de 20.000 a 50.000 hectáreas en cinco años

en Costa Rica, debe tener implicaciones concretas en las relaciones de

las poblaciones con la tierra, con el agua, con las palabras con las que

podemos nombrar el mundo.

Las oficinas de derechos humanos son funerarias

La condición del desarrollo en el nuevo contexto de las políticas de

Naciones Unidas es el mercado. El “ciudadano corporativo”, que hace

parte del doble discurso “civilista” que conlleva unas eficientes prácticas

“militaristas” para la integración vertical, es el ciudadano al cual el

Estado colombiano le hace la oferta para la enajenación de sus tierras

bajo el chantaje de las poblaciones en “riesgo inminente de

desplazamiento”109. Esta es la reforma agraria del Banco Mundial,

109 Véase artículo 4º del Decreto 2007 de 2001, acerca de los “requisitos especiales para la enajenación de bienes rurales”. Este decreto reglamenta algunos artículos de la

96

regulada por la ley, con la garantía de la monopolización de las tierras

que las cadenas agroindustriales demandan para su implementación.

Los laberintos legales garantizan de esta manera el poder sobre los

recursos, sin embargo, para muchos, el discurso “civilista” del

“ciudadano corporativo” deberá asociarse a lo legal, como el

“militarista” deberá, supuestamente, asociarse a lo ilegal. Extraña

clasificación que no permite dar cuenta de las causas económicas y

políticas del proyecto exógeno, que son las causas reales del

desplazamiento y de la construcción del “enemigo interno”. Es la

Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada en Washington la que guía al

Estado en Colombia, tal como se narra en el libro sobre Salvatore

Mancuso:

“Fratini (mayor del ejército) sintió el espaldarazo de viva voz del Primer

Comandante de las Fuerzas Militares (el presidente Belisario Betancur) y

vio cómo en esa tierra tomaban forma los desarrollos particulares, que

en cabeza de Yanine, se daban a la Doctrina de Seguridad Nacional. A

comienzos de los 80, en los corredores y casinos de la Escuela Superior

de Guerra, el tema de conversación era la creación de una alianza de

civiles y militares contra enemigos comunes…”110.

Es en “esa tierra”, donde años después los militares de la Primera

Brigada Móvil que se “estrenó en el gobierno de César Gaviria Trujillo

(1990 – 1994)”111, “descubrieron que estaban en una tierra desolada”, es

precisamente por donde la Chiquita Brands introdujo los fusiles AK-47 y

varios millones de cartuchos para los paramilitares. El desplazamiento

forzado, que hace de los territorios una “tierra desolada” dispuesta al

Ley 387 de 1997 Diario Oficial No. 44.564, 27 de septiembre de 2001110 Glenda Martínez. 2004. Salvatore Mancuso, su vida.. Grupo Editorial Norma, p. 17.111 Glenda Martínez. 2004. Salvatore Mancuso, su vida. Grupo Editorial Norma, Bogotá, p. 74

97

poder de las cadenas agroindustriales, fue acompañado con el

crecimiento de las fuerzas militares que pasaron “de tener 2.000

soldados profesionales en 1990, a 23 mil en 1994”.112 ¿Para qué militares

en una tierra desolada?

En la Doctrina de Seguridad Nacional, mal puede obviarse el tema de la

tierra y de las poblaciones que fueron desplazadas dentro de los

desarrollos de esta Doctrina que se fundamentó en la “alianza de civiles

y militares contra enemigos comunes”. Estos civiles, por supuesto, no

fueron los “del barrio de Cantaclaro de Montería, el asentamiento de

desplazados más grande del país”113, y que fueron los que dejaron atrás

con su partida forzosa una tierra desolada. De esos tiempos a hoy, ya

son varios millones las familias desplazadas; sus tierras y sus vidas

pasan a integrar un proyecto económico bendecido por el discurso del

desarrollo, con cadenas productivas y ciudadanías corporadas.

Dentro de estos “desarrollos particulares” de la Doctrina de Seguridad

Nacional, de la cual hace parte la Seguridad Democrática de Álvaro

Uribe Vélez, y que tiene un antecedente siniestro en el Estatuto de

Seguridad de Turbay Ayala, la disyuntiva “civil / militar” no la establece

el uso y ejercicio de la fuerza por medio de las armas. La integración

vertical de la producción en una sociedad corporada es la que establece

la operatividad de esta falsa disyuntiva. Todo “ciudadano corporativo”,

como sociedad civil, tiene la opción, desde el punto de vista de los

intereses de las empresas transnacionales, de efectuar el uso de las

armas legitimadas por el interés de conservar el modo como se organiza

la producción para sus intereses privados. El “enemigo interno”, objetivo

de la Doctrina de la Seguridad Nacional (o Democrática, en su versión

112 Ob. Cit. p. 74113 Ob. Cit. p. 75

98

actual), lo es por ser una real o potencial fuerza que se rebela contra el

modo como se organiza la producción y devela el papel de las

instituciones, productivas e ideológicas, que ejercen las tareas de la

dominación y la explotación de los recursos y del trabajo de las

poblaciones.

Esta falsa distinción entre prácticas “civilistas” y prácticas “militaristas”,

ha sido un lugar común dentro de las políticas para el disciplinamiento

de las poblaciones en los procesos de su integración vertical en una

sociedad corporada. La tierra desolada es la construcción social

realizada por el Estado corporativo de los gremios económicos, cuyos

representantes bien pueden ser ministros o Jefes de Estado, y alternar

entre las prácticas políticas estatales con las prácticas gremiales que

devienen en la misma construcción social. Esto se hace afianzados en un

orden clasificatorio que les ha permitido intervenir en la vida cotidiana

de las poblaciones, imponiendo ideas, formas de producir, de hacer

justicia, modos de vida, formas de gobierno, memorias hegemónicas,

etc. Es el término desarrollo, que lleva aparejado otros términos como

democracia, elecciones, representatividad; por supuesto que este

término no lleva aparejada la soberanía ni la autonomía de los pueblos,

pero sí tiene en su base la realidad del mercado. En contrapartida, ser

subdesarrollado impone la tarea de insertarse en el mercado global, bajo

las condiciones que históricamente ha impuesto el proyecto industrial.

El presidente Harry Truman fue quien primero habló de “países

subdesarrollados”, expresión que entroniza la jerarquía del hegemónico

camino del desarrollo, de la historia que nos viene de fuera, de los

lenguajes que se expanden en las autopistas de las promesas. Estas

“utopías del cumplimiento de lo prometido”, para decirlo con la

99

expresión de Angelo Papacchini, es la que hace posible que la lucha por

la tierra, atrapada en este imperialismo retórico, que ha llevado a

Libardo Sarmiento a plantear la existencia de un “imperialismo de los

derechos humanos”, nos haya condenado a deambular de oficina en

oficina, por las ventanillas de la ley, al amparo de las claudicaciones que

se firman en las mesas de la negociación, comerciando con los

cadáveres de los luchadores sociales y de sus pueblos, una oficina de

derechos humanos que funciona como una funeraria con abogados

forenses. El desarrollo es parte de estas “utopías del cumplimiento de lo

prometido”, a las que históricamente los pueblos no han accedido jamás,

desarrollo que les permite lucir las máscaras del porvenir que la historia

de las instituciones y transnacionales mercantiles se han encargado de

diseñar. Estos son los ejes de una integración vertical, diseñados como

políticas que operan en diversos ámbitos de la cultura y la política de las

naciones para encadenarlas a los procesos de acumulación y

apropiación privada de la riqueza.

En todo este entramado institucional como parte del ejercicio de

reconfiguración de los territorios en beneficio del mercado, resulta

cuando menos paradójica la afirmación de Glenda Martínez114 quien

escribe: “Como hombre de guerra, Salvatore Mancuso no tiene memoria.

De sus siete años de guerra, no habla.” Las acciones mercantil-militares,

ya no de Salvatore Mancuso, sino de los ganaderos y terratenientes, de

la clase dirigente de Colombia y de las políticas del Banco Mundial y de

sus instituciones “hermanas”, tienen una historia que va más allá del

puro ejercicio del poder ejercido con la tecnología de las armas.

114 Martínez Glenda. Op cit.

100

Invasión y éxodo

La destitución de Omar Quessep subgerente del Instituto Colombiano de

Desarrollo Rural, Incoder, en el mes de marzo del año 2006 y el hallazgo

en su oficina de procesos de investigación relacionados con la

adquisición de tierras en todo el país por parte de los paramilitares, sólo

es un hecho más en la larga historia de invasiones y destierros

provocados por los paramilitares durante el proceso de legitimación

política y económica del paramilitarismo por parte del gobierno de

Uribe.115

Institucionalmente se le ha dado el nombre de “adquisición de tierras

con recursos ilícitos” a lo que realmente es una historia de invasiones,

crímenes y expulsiones de la población ancestral de indígenas, negros y

campesinos, que han habitado los territorios sobre los que hoy se

despliega un desmesurado plano de proyectos de producción y

modernización, articulados con los planes de la globalización mercantil y

específicamente con los tratados bilaterales entre Colombia y los

Estados Unidos.

Como en lonja de su heredad, Quessep atendía hasta el 8 de marzo en el

Instituto la compra y venta de tierras. 116 Pero ni la actitud ni la forma de

operar de Quessep son nuevas entre la militancia de las diferentes

facciones de la legión política y militar del Presidente Uribe, quienes

1151 "...el Incoder se lo entregó Uribe (el Presidente) a Colombia Viva... los del grupo se reunieron con el doctor Arias (Andrés Felipe, ministro de Agricultura) y nombraron subgerentes... yo estoy por el senador Jairo Merlano", dice la voz que sería la de Quessep” Diario El Tiempo, Bogotá 8 de marzo 2006. 116 En la grabación de una conversación, al parecer entre Quessep y particulares, el funcionario les indicaría los pasos que debían seguir para hacerse a fincas en el Magdalena Medio, a cambio de dinero. Diario El Tiempo, Bogotá, 8 de marzo de 2006.

101

ocupan los más importantes cargos públicos y manejan todo lo que

tiene que ver con la regulación de la política agraria y ambiental.

También en el año 2005 el subdirector del Departamento Administrativo

de Seguridad, DAS, se vio obligado a abandonar el cargo ante la presión

de las denuncias públicas que señalaban la apertura de oficinas secretas

de los paramilitares en el mismo edificio y entre las mismas oficinas de

la institución de seguridad del Estado. La forma de gestión y la narrativa

institucional más que los bosquejos de una crónica novelada, son

realmente parte de los instrumentos con los que se practica la política

en Colombia y que ha llevado más allá de toda ficción a la realidad

escabrosa de un país y una población en permanente estado de acecho.

La política es manejable

Para referirse a la forma de gestión institucional y a la manera de llevar

el proceso de adquisición de tierras el funcionario ya tiene la fórmula

que le facilita el mismo Estado, para eso está allí, para la acción política,

pues como el mismo lo asegura: “la política es manejable”.117 El

funcionario que en apariencia esta contraviniendo el orden institucional

en realidad está usando la lógica y la forma de intercambio institucional

con el paramilitarismo que practica el mismo Estado y como funcionario

solo reproduce una forma de hacer la gestión, una lógica de la política

que practica el gobierno del que hace parte. Lo que hace Quessep

ilegalmente como funcionario, lo hace el Estado legalmente como

gobierno; el subgerente sólo es un personaje más de una

institucionalidad que compra de manera irregular las tierras de los

desplazados para adjudicárselas legalmente a los paramilitares. El

decreto 2007 de 2001 que reglamenta la ley 387 de 1997 que es

supuestamente una medida para evitar el desplazamiento forzado, es

117 Ibídem. El Tiempo, Marzo 8 de 2006

102

realmente una forma de expropiación de la población desplazada con

sesión de derechos al INCORA cuyas funciones cumple hoy el INCODER.

Es este uno de los elementos centrales del debate sobre el éxodo que

vive Colombia y una de las formas legales de propiciación del

desplazamiento y de justificación legal de la expulsión y expropiación de

la población pobre, que previamente ha sido desplazada militarmente. El

artículo dice así:

REQUISITOS ESPECIALES PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES RURALES: Los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de las zonas rurales declaradas como de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado por la violencia, que deseen transferir el derecho de dominio sobre los mismos, antes de que cesen los efectos de esta medida, deberán obtener del Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, autorización para enajenar el inmueble; o podrán transferirlo al Incora, en aplicación de lo señalado en el inciso cuarto del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, evento en el cual, no se requiere de la autorización del Comité.

El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá inscribir el acto de enajenación o transferencia, cuando se le presente la autorización del Comité, la cual deberá incorporarse al contrato o acto de transferencia del derecho sobre el predio, o cuando la transferencia se haga a favor del Incora.118

Con el anterior decreto se suministra una herramienta legal que hace

parte de la política del desplazamiento. No existe el desplazamiento

porque hay guerra como se hace creer a través de los medios; es todo lo

contrario, la guerra se hace precisamente para desplazar. Ver lo

contrario es observar la realidad en un catalejo invertido, por el lado del

118 Diario Oficial No. 44.564, 27 de septiembre de 2001. DECRETO 2007 DE 2001.(septiembre 24). MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

103

lente chico que es la forma que tiene la Institución para presentar las

causas como consecuencias y las consecuencias como causas.

Con este decreto la invasión paramilitar a los territorios de las

comunidades ancestrales encuentra una valiosa herramienta para

permanecer allí una vez terminados los procesos de negociación con el

Estado y sus socios en el gobierno. Pero lo singular de este ejercicio

legislativo, es el signo que muestra el proceso de descomposición de un

Estado que le compra tierra a las comunidades, es decir, incursiona en

los resguardos y territorios por la vía desarmada para legalizar lo que ya

han hecho los uniformados por el recurso del terror; son estas dos

formas de acción complementarias y no deben escindirse en ningún

análisis que tenga cómo propósito desentrañar el complejo mecanismo

oculto detrás de la numerosa y prolongada marcha del éxodo de las

comunidades, que surgen de la espesa noche de las masacres, ante la

clara indolencia de un país que yace como la adormidera sobre el sueño

ilusorio de una nueva realidad, que supuestamente vendrá, después de

la modernización y explotación económica de sus reservas naturales y

forestales.

Éxodo y efecto de una economía transnacional militarista con un

programa de grandes proyectos para estas zonas y que utiliza la fuerza

como una forma de articular los territorios al complejo sistema de la

economía mundial; de allí viene el registro permanente de invasiones

paramilitares a los territorios y el errar de sus habitantes naturales por

las vías del país y por la sórdida maraña de los caminos institucionales,

buscando un lugar de refugio, en medio del discurso ambiguo de los

derechos humanos y la realidad concreta de la expulsión y la muerte.

104

Una vieja política de expulsión y expropiación a los pobres

En la historia de Colombia el fenómeno de la expulsión de la tierra no es

una práctica nueva, como tampoco es nueva la vinculación y protección

del Estado a los invasores armados, ni la vieja historia de los derechos

humanos contada por narradores y cronistas del discurso mercantil,

precisamente para ocultar las segundas intenciones de los proyectos del

libre cambio y la inversión extranjera.

En nuestra vida republicana la primera invasión a los territorios

ancestrales se dio con la extinción de los resguardos a mediados del

siglo XIX, y no es un asunto del azar que ese hecho se haya registrado

precisamente en uno de los momentos de crecimiento del comercio

mundial. Tampoco es nueva la creación de grupos armados con el fin de

expulsar a los legítimos dueños de la tierra; en 1933 los latifundistas

crearon una Asociación Patriótica Económica Nacional APEN,

organización que tuvo como propósito “perseguir y expulsar a los

arrendatarios y aparceros”119

La ley 200 de 1936 que reconocía los baldíos y la posesión campesina y

que sirvió para derrotar el latifundio en el Sumapaz, en el resto del país

generó la respuesta adversa: la expulsión del colono. La diferencia la

marcó un campesinado organizado en el Sumapaz que fue capaz de

resistir a la violencia armada e institucional y convertir el latifundio en

propiedad de economía campesina. La Ley 100 de 1944 trajo los nuevos

lanzamientos y la utilización de reos campesinos, como en el siglo XIX

en la construcción de carreteras. Expulsión y progreso con obras viales

119 Tovar H, Movimientos campesinos de los siglos XIX y XX , Bogotá, 1975. Citado por el sociólogo Orlando Fals Borda en la Historia de la Cuestión Agraria en Colombia, Editorial Punta de Lanza, Bogotá, 1975.

105

han ido siempre de la mano; el trazado de los grandes proyectos y las

expulsiones de hoy se trazan como un palimpsesto de la historia sobre

los grandes proyectos y las expulsiones de ayer.

La sostenida violencia de mitad del siglo XX estudiada por varios

investigadores, entre ellos Fals Borda, es una violencia que hace el

ejercicio de recomposición de la estructura agraria y es en el pasado la

línea de continuidad y en la misma lógica que hoy impone el

“reordenamiento territorial” a nombre de una nueva contextualización

de la vida nacional en el mapa del “reordenamiento” mundial. Ese

periodo de violencia, nos dice Fals, promovió “una serie de traspasos y

ajustes en las propiedades, muchos a la fuerza, que ayudaron a

movilizar y a concentrar aún más la propiedad. Y desarraigó buena parte

de la fuerza de trabajo, deprimiendo los jornales y estimulando la

migración a las ciudades. No obstante, en muchas regiones afectadas

por la violencia, como la cafetera, la producción agrícola nunca bajó, al

quedar en manos de los mayordomos comprometidos con las bandas.”120

El bandidaje y el manejo de la propiedad están presentes en todo el

transcurso de la vida colombiana, como está presente también la

imagen del patrón interiorizada y reproducida por las capas medias del

campesinado y buena parte del pueblo raso. Se camuflan en una misma

imagen el capataz, el bandido y el mando militar, pero indistintamente

todos ellos están alertas ante cualquier movimiento a manera de orden

por parte del poncho o del sombrero del patrón.

Al observar el éxodo de nuestros días como un fenómeno solo de la

época, estamos cerrando la lente histórica; que si la abrimos bien, lo que

observamos con claridad, es una larga marcha de desheredados a lo

120 Fals Borda Orlando, Ibídem.

106

largo de dos siglos, pero también una vieja y marrullera forma de hacer

política de las élites económicas colombianas aliadas a la dinámica de la

economía emergente de las mafias y los intereses de los grandes

inversionistas nacionales y extranjeros asociados con los proyectos del

mercado mundial.

Expansión de la economía mundial en las reservas

A pesar de que los movimientos campesinos e indígenas han sido

protagonistas centrales de la historia del siglo XX colombiano, en las dos

últimas décadas los indígenas empezaron a ser importantes en la vida

política nacional e internacional, pero esta aparente incidencia del

indígena en la política, no se la debe a su condición de indígena ni a las

reivindicaciones étnicas de las organizaciones no gubernamentales,

dependientes de las Naciones Unidas; en realidad su actual importancia

se la debe a la condición estratégica que juegan en la economía mundial

los territorios que ocupan; nunca el indígena, o el negro, llegaron a ser

como ocurre ahora, el centro de la política ambientalista mundial, y por

la misma razón, nunca como ahora han sido tan perseguidos a través de

varias estrategias: a través de la expulsión de sus territorios, por la

cooptación política en las instituciones estatales como el Congreso

colombiano en el que participan desde la Constitución de 1991, o por el

discurso engañoso de la diversidad cultural.

El despertar del discurso ambientalista en la realidad contemporánea

tiene varias vertientes, entre ellas la que deriva en el discurso del

desarrollo sostenible sustentado en la visión económica de expansión de

los sistemas de producción moderna sobre la selva y los territorios “mal

explotados”, para decirlo en el lenguaje del ambientalismo

107

contemporáneo. A nombre del discurso de lo sustentable, se está

cambiando aceleradamente la geografía humana y vegetal de la selva

por los bosques de coníferas, como ocurre hoy en el Departamento del

Cauca y en las zonas selváticas al interior de las Costas colombianas.

Pero no sólo la silvicultura crece como empresa agroindustrial, también

la palma africana, el banano, el gasoducto, el proyecto vial de la

carretera Panamericana y la articulación de la red eléctrica de

Centroamérica y Suramérica a través del Darién son parte de la política

del desplazamiento, en donde el desplazado no es solamente el indígena

y su cultura; en la lógica del desarrollo y modernización de la

producción, la selva es también otro ser vivo que viene siendo

desplazado, y para ello se introduce el discurso del reordenamiento

territorial que también es un doble discurso.

La protección ambiental, el desarrollo humano, la biodiversidad, la

protección de las etnias, la diversidad cultural, y todos aquellos

discursos que promulgan en Latinoamérica las agencias de las Naciones

Unidas y que la intelectualidad europea y norteamericana han

contribuido a diseñar, en buena parte son discursos que se han

reproducido a través de la academia y las organizaciones sociales

latinoamericanas. Estos discursos presentan sus premisas como

axiomas: exponen la diversidad biótica y cultural, como un reciente

descubrimiento de la cultura europea en los territorios del sur, como una

nueva conquista. La diversidad que es una condición de los pueblos

latinoamericanos ha sido puesta en discusión por europeos y

norteamericanos como discurso político y como herramienta de la

intervención extranjera; el destino ineludible, para ellos, de la

globalización de norte a sur, también se presenta como axioma, como si

no fuera posible otro sentido de la globalización.

108

Los enunciados internacionalistas y humanistas de las Naciones Unidas,

son discursos políticos que terminan siendo en la realidad formas de

hacer precisamente lo contrario de lo que postulan sus principios éticos

y filosóficos. Un orden internacional con postulados humanistas y

conservacionistas pero con unas prácticas que manifiestan la conducta

bipolar propia de los seres escindidos que sufren una especie de

canibalismo filántropo; a nombre de la justicia mundial, se somete a los

pueblos débiles; a nombre del la preservación del bosque, se tala la

vegetación nativa para sustituirla por plantas exógenas; a nombre de la

diversidad cultural se uniforma la cultura y se criminaliza y asesina a

poblaciones enteras a nombre de los derechos humanos. Este

desquiciamiento de la política global es efecto de una lógica mercantil

que ha invadido todos los órganos de regulación de la política mundial y

específicamente a sus organismos dependientes; decimos que una mafia

ostenta el poder en Colombia, pero no podemos afirmar cosa distinta de

las Naciones Unidas; su política aplicada a través de sus distintos

organismos como la FAO, la UNESCO, la CEPAL o el Banco Mundial, es

una política que favorece, no a las naciones sino a los grupos del poder

económico mundial.

Cumbres y descumbres

En la Declaración de Río y en general en las cumbres ambientales, el

énfasis de los postulados, las discusiones y resoluciones se enfoca en la

lógica de la rentabilidad económica. Concretamente la Declaración de

Río hace un llamado a la integración del medio ambiente al desarrollo

económico, política que coincide, no por casualidad, con las aspiraciones

de las empresas transnacionales de convertir el bosque en industria, y

109

son precisamente estas empresas las que ayudan a financiar las

cumbres mundiales imponiendo una lógica mercantil, de activos fijos,

sobre la política, la cultura y la biótica.

En el año 2002 se celebró en la ciudad de Johannesburgo la Cumbre de

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, allí el tema central volvió a ser

la economía al centrar el discurso en la visión de “una nueva era de

crecimiento económico” basado en una “agricultura sostenible” que

diversifica los recursos bióticos para incorporarlos a la producción, pero

ya en el año 1992 en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se había llegado a un acuerdo

previo: el Convenio sobre la Diversidad Biológica; en este Convenio se

dan los primeros trazos hacia el diseño de la planificación empresarial

de los bosques.

De manera simultanea con la celebración de las cumbres, las

Naciones Unidas, a través del Banco Mundial, diseña su “nueva” política

y su estrategia sobre bosques; argumentando que la mayoría de los

pobladores que viven en extrema pobreza “dependen de los bosques,

afirma el Banco Mundial, para cierta proporción de sus sustentos” , y

esta afirmación la relaciona en una sociología singular de la

deforestación, con la que el Banco traza finalmente su “estrategia sobre

los Bosques” que señala el camino y facilita a través de sus políticas de

crédito la “gestión de los bosques de modo efectivo y sustentable”121 al

mismo tiempo que engrana las políticas del Banco Mundial con el

discurso conservacionista y la política general trazada por su estrategia

de bosques.

121Banco Mundial. Reseña sobre los bosques y la silvicultura. Marzo de 2005. http://www.bancomundial.org/temas/resenas/www.worldbank.org/forestsandforestry

110

La política de bosques de las Naciones Unidas a través de sus

organismos financieros se expresa con claridad en el siguiente párrafo

que hace parte de un documento publicado en marzo del 2005 en una

de las páginas electrónicas del Banco Mundial:

“Tras caer a niveles récord a principios de la década de 2000, la cartera de inversiones en bosques del Banco ha mantenido una tendencia ascendente, con nuevos compromisos que han aumentado de $20 millones en el ejercicio fiscal de 2001 a $104 millones en el ejercicio de 2004 y unos $160 millones estimados para 2005.

Éste es el resultado de un cambio proactivo en el compromiso del Banco con la silvicultura y se focaliza tanto en proteger áreas críticas de conservación de bosques como en apoyar una mejor gestión en los bosques productivos.” 122

Pero hay que reconocerle al Banco Mundial que no opera de

manera aislada en el exterminio de los bosques naturales, sus acciones

están bien articuladas con otras fundaciones con fines tan humanistas y

conservacionistas como son los propósitos de la iniciativa forestal del

Banco que opera de la misma manera que el FMI: como agencias

especializadas de las Naciones Unidas que llevan a cabo sus políticas a

través de todo el entramado de la ONU, como es el caso de la UNESCO y

la FAO que comparten sus mismas preocupaciones y para ello se han

asociado junto con algunas fundaciones de “voluntarios” como el Fondo

Mundial para la Naturaleza (WWF) que porta como estandarte un osito

filantrópico proveniente de los bosques suizos y se dedica a hacer

investigaciones sobre reserva genética en los bosques, utilizando como

“investigadores” a las mismas comunidades que luego serán

desplazadas militarmente por causa de los mismos recursos genéticos

que ahora investigan junto a la WWF y otras organizaciones defensoras

de la biodiversidad.

122 Banco Mundial. Ibídem.

111

Estas instituciones juntas crearon la Estrategia Mundial para la

conservación EMC que tiene como fin la conservación y al mismo tiempo

la explotación del bosque, es ésta la configuración real del concepto que

en el lenguaje llano del discurso ambientalista contemporáneo se

reconoce como “sostenibilidad” y en la realidad concreta de las

comunidades que habitan estos bosques “protegidos” y en el caso

colombiano, se vive como una cruenta guerra interna por el dominio del

territorio, pero que en realidad es una bien articulada política

internacional de desplazamiento.

El espeso y oscuro bosque de la institucionalidad internacional es

el lugar desde donde se regula la realidad social, política y militar de las

comunidades del bosque y es el verdadero espacio de intercambio y

acción entre la ternura del oso conservacionista y la política paramilitar

del Incoder. Los gobiernos nacionales aportan una parte de las

herramientas del destierro, del resto se encarga la política internacional

que también “es manejable”, tanto que hace ver como un mero

“conflicto interno” lo que en realidad es uno de los efectos del

desmesurado proyecto del poder mundial a través de sus

organizaciones, y es en ese mismo lenguaje de la expansión económica

y de la ampliación geográfica de sus dominios lo que comúnmente se

conoce, en el lenguaje cerril del poder mundial, como “megaproyectos”

que verdaderamente son los castillos contemporáneos de una economía

constituida con fuertes muros de composición bélica.

El cambio de deuda por naturaleza es un canto fúnebre

112

La política ambiental de cambio de deuda por naturaleza está diseñada

para el largo plazo; el objetivo al incorporar grupos conservacionistas

(Conservación Internacional, WWF y TNC) y empresa privada es hacer

del bosque una empresa económicamente rentable y al mismo tiempo

sostenible. Lo que en términos llanos de la economía significa un modelo

de rentabilidad para el bosque. La deuda no se condona sino que se

paga en recursos para aplicar la política conservacionista a través de

organizaciones no gubernamentales que ayudan a fomentar programas

como la eliminación de la “tala ilegal”, que traduciendo, quiere decir la

tala que hacen las comunidades, para conformar a largo plazo un

mecanismo legal de explotación del bosque a través de la certificación

ecológica, lo que conlleva a una economía de gran escala que elimina la

leña del fogón indio para hacer posible el aprovecho de la pulpa en las

calderas del modelo agroindustrial.123.

La expedición de “certificados ecológicos” a grandes empresas de

comercialización de la madera es la forma de apropiación real del

bosque colombiano por las grandes empresas multinacionales y lo que

convierte el bosque en un bien embargado a través de una red

legislativa diseñada de manera exhaustiva y que hace pasar, una

política de expropiación de las reservas naturales, como política de

conservación de la naturaleza. El pacto de Belize como ejercicio piloto

diseña unas “tasas de uso” que consisten en el cobro de una tarifa por la

extracción de madera y por la pesca para sostener los fondos de

“conservación” como es el caso de la WWF.124.

123 FAO. 1993. El canje de la deuda externa para promover la conservación de los recursos naturales. Guía FAO: Conservación, N° 23, Roma.124 Spergel, B. 1996. Belize's protected areas conservation trust: a case study. Washington, D.C., Fondo Mundial para la Naturaleza.

113

La otra parte de la política forestal “para el desarrollo sostenible y

competitivo” la aportan los gobiernos nacionales. En el caso colombiano

el diseño de esta política está consignado en el Documento del Consejo

Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3237, del

departamento Nacional de Planeación que traza la política de estímulo a

la reforestación comercial para los años comprendidos entre 2003 y

2006, como parte del Programa de Cadenas Productivas Forestales que

busca establecer una base forestal de 1,5 millones de hectáreas entre

los años 2000 y 2025. El plan a tres años proyecta la ampliación de la

base forestal en 80.000 constituida totalmente de plantaciones

comerciales, base que sepulta la selva con los cantos fúnebres de la

biodiversidad.

El documento Conpes parte del contexto internacional y es realmente la

extrapolación del discurso del desarrollo sostenible del Banco Mundial

con la muy loable concepción ambientalista de las Naciones Unidas; en

uno de sus primeros párrafos se consignan la política y la filosofía del

plan:

“Las tendencias indican que la provisión de materia prima para la cadena forestal se fundamentará crecientemente en la oferta proveniente de plantaciones o cultivos forestales, actividad productiva en la cual Colombia tiene ventajas comparativas, estas ventajas se basan en factores tradicionales tales como dotación de tierras aptas, disponibilidad de mano de obra, condiciones climáticas favorables y una gran diversidad de especies forestales.” 125

El Papel del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural es el más

importante en este proceso; el Incoder, no sólo regula la expropiación de

125 Política de Estímulo a la Reforestación Comercial en Colombia 2003-2006. Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3237

114

la tierra a los campesinos pobres y crea las figuras legales necesarias

para la expulsión de indígenas, campesinos y comunidades negras; uno

de sus papeles protagónicos asignados por el Estado es “ejecutar la

política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los

factores productivos – como eficientemente lo cumple el subgerente

Quessep - fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y

propiciar las articulaciones de las acciones institucionales en el medio

rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad,

multifuncionalidad y descentralización.”

Pero lo más importante es el papel que cumple el Incoder en el

aprovechamiento de las “tierras deficientemente aprovechadas”, desde

luego que aquí el documento no hace referencia al latifundio

colombiano, sino a ese lastre de la tradición premoderna que dificulta el

buen uso de la tierra que es el indígena al que hay que modernizar, o

expulsar de sus territorios para que otros más capaces cumplan bien con

la tarea que le corresponde al bosque en el ámbito comercial de la

cadena productiva internacional, y esto se logra según el documento

CONPES “corrigiendo la estructura de tenencia con miras a garantizar su

uso racional”, acentúese la palabra “racional.” En el lenguaje

conservacionista de lo “sustentable” tan de uso de la institución

colombiana, esta es la única manera de aprovechar la riqueza potencial

del bosque nativo, retrasado e inculto debido al uso inadecuado del

manejo que le ha dado sempiternamente el indígena “irracional.”126

En la lógica de la economía agroindustrial, las explotaciones, para que

sean económicamente eficientes y “competitivas”, es decir, racionales,

requieren de grandes extensiones, lo que no es posible sin una

transformación radical de la realidad geográfica y humana de los

126 Departamento Nacional de Planeación. Ibídem.

115

bosques primarios, incluida su diversidad, para llevarlos de una

anacrónica práctica de explotación a la que los somete la cultura

premoderna del indio, a la bien programada y homogénea explotación

comercial del hombre moderno, y esto no es posible sin despejar el

territorio de la molesta y repulsiva presencia de indios y negros.

La política de embarcadero de las Naciones Unidas, o el

síndrome del doctor Jekyll

Vamos reconociendo el camino que une lo particular y lo general de la

política, el discurso proteccionista universal y la práctica devastadora

real en la dinámica singular de las guerras nacionales engranadas en la

dinámica general de la guerra y la política mundial. Por este camino, no

por azar, nos encontramos con la bien diseñada política de las Naciones

Unidas frente al desplazamiento y con la política del Banco Mundial,

como agencia especializada de Naciones Unidas, en una doble lectura

de “Prevención del desplazamiento” que mejor debería llamarse

programación del desplazamiento en la política internacional de la ONU,

que se parece mucho a la historia del Doctor Jekill, el personaje de la

novela del escritor escocés R. Louis Stevenson quien en una alusión a la

doble personalidad representa el extraño caso del generoso doctor

Jekyll que se transforma en un monstruoso míster Hyde y que puede ser

también una buena figura para mostrar la política discorde de la ONU: su

ambivalencia en el doble discurso de los derechos humanos, y el

desarrollo sustentado en la política financiera, parece diseñada por

horrible míster Hyde; el drama que viven los desplazados colombianos

se lo deben en buena parte a una política mundial que sufre los

sobresaltos de un ser antagónico, en un antagonismo político que

genera buena parte de la violencia actual que vive Colombia.

116

Pero el síndrome del Doctor Jekill, no lo vive solamente la Organización

de las Naciones Unidas. Buena parte de la intelectualidad

latinoamericana, cercana a las políticas del Banco Mundial parece sufrir

de los mismos trastornos; para el caso viene oportunamente esta nota

del historiador brasileño Joao Mendes Pereira:

“El BM viene articulando en diversos países cursos y talleres, tanto para la burocracia estatal directamente responsable por la implementación de políticas en el campo, cuanto para el selecto grupo de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil “compañeras” del BM, con el objetivo de ejercer -en las palabras de Antonio Gramsci- una efectiva dirección intelectual y moral sobre la definición y ejecución de la política agraria de los Estados nacionales.”

“Un ejemplo de esto es que las propias categorías de pensamiento hoy

presentes (¿y ya predominantes?) en el ámbito de la investigación y de

la formulación de políticas para el medio rural como “capital social,

“empoderamiento”, participación”, “descentralización” y otras, son

dictadas o resignificadas por el BM. Es valido decir, bajo la inspiración de

Pierre Bourdieu, que esa producción intelectual viene afirmándose como

un nuevo vocabulario del pensamiento en términos de políticas públicas,

cuya lógica apunta hacia el estímulo a la organización de grupos sociales

de acuerdo con intereses meramente corporativos y locales, el elogio de

la asociación entre agentes sociales histórica y estructuralmente

desiguales y el veto a cualquier consideración sobre la construcción o

disputa de proyectos políticos más universales (clasistas, nacionales e/o

internacionales)127

127 Joao Marcio Mendes Pereira. Ob cit.

117

El historiador brasileño pone de presente el proceso de embriaguez y

hechizamiento que vive el lenguaje de las instituciones académicas

frente a la oratoria engatusadora del Banco Mundial, que encuentra

como instrumento de resonancia una intelectualidad pasmada, formada

en los centros académicos públicos y privados que ya han entrado en el

embarcadero a través del lenguaje mercantil. Y como no hay política

posible sin lenguaje, desde los centros académicos se reproduce la

antigua estrategia del discurso mercantil investido por el discurso

humanista. Joao Mendes en su documento hace referencia

específicamente al documento del Banco Mundial que apareció con el

título de Colombia: land policy in transición, y que no es otra cosa que la

actual política de tierras en Colombia.128

El documento del Banco Mundial, presentado como componente de este

“pensamiento complejo” parte de hacer un señalamiento sobre la

“distribución inequitativa de la tierra y sus implicaciones políticas y

sociales negativas en Colombia”; el estudio se presenta como

complementario de otros estudios “recientemente elaborados por el

Banco Mundial en materia de finanzas rurales y competitividad

agrícola129 y otros trabajos anteriores y actuales sobre tierras

afrocolombianas en la costa pacífica (Sánchez y Roldan, 2002) y

mejoramiento del acceso a la tierra por parte de comunidades

indígenas.” Hasta aquí el manifiesto de buenas intenciones del doctor

Jekill, pero en el párrafo seguido ya empieza a insinuarse la

transformación del filántropo en caníbal cuando se refiere a la necesidad

de superar la difícil situación del campo colombiano con medidas tales

128 BANCO MUNDIAL (2004) Colombia: land policy in transition. Report nº 27942-CO, Rural Development Unit, Latin America Region, January. DOCUMENTO CEDE 2004-29ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) Universidad de los Andes, AGOSTO DE 2004129 “Colombia Rural Finance: Access Issues, Challenges and Opportunities,” World Bank Report No. 27269-CO, noviembre, 2003; y“Colombia: Agricultural and Rural Competitiveness, World Bank Report, 2004.

118

como el cambio de “una estructura de producción basada en cultivos en

los cuales el país no tiene ventajas comparativas, a una que se enfoca

en productos con alto valor agregado, que hace mejor uso de sus

abundantes recursos naturales y humanos” 130; todavía el Doctor Jekill,

no parece perder su compostura, pero notamos un cambio en su

temperatura corporal cuando enuncia la necesidad de que Colombia

pase “de una economía rural dominada por actividades agropecuarias a

un medio rural diverso y multifuncional que brinda a la población

oportunidades y servicios para su sustento” bien leído lo que traduce el

documento es la intención de cambiar el destino agrícola sustentado en

la producción de alimentos de la tierra colombiana.

Pero la transmutación se hace evidente cuando ya no es el Doctor Jekill

sino el mismísimo míster Hyde el que enuncia la necesidad de crear

políticas para prevenir el desplazamiento, según él: “mecanismos

participativos para fortalecer la seguridad de tenencia de los hogares

pueden ser un elemento efectivo para reducir la probabilidad de

desplazamiento o, cuando esto no sea posible, por lo menos aumentar la

probabilidad de retorno o la habilidad del hogar para enajenar sus

activos, en vez de simplemente perderlos.”131

Y aquí es justo el lugar de entrada del Incoder a ejecutar el papel de

expropiación propuesto por el Banco Mundial en gerencia de míster

Hyde. Más adelante afirma el documento del Banco, que el mercado de

tierras ha sido más efectivo que la reforma agraria, con lo que propone

una acción estatal encaminada al mercado de tierras. En el caso de las

tierras entregadas por leyes de reforma agraria que tengan problemas

“improductivos”, el Banco propone crear mecanismos que suspendan las

130 BANCO MUNDIAL (2004) Colombia: land policy in transition. Ibídem. 131 Ibídem

119

restricciones a la transferencia de tierras con el argumento de que

“limitan la inversión y el uso efectivo”, criterio que necesariamente

conlleva a crear leyes de liberalización de las tierras colectivas y buscar

opciones de salida para los “beneficiarios no exitosos”, de allí salta

Míster Hyde a observar el uso ineficiente de la tierra en Colombia,

encontrando “altos índices de subutilización” en un 30% del área total.

En los términos de la economía rentista, la tierra de las comunidades es

necesariamente una tierra “subutilizada” e “ineficiente;” esta visión

economicista evade de manera ladina todo el complejo cultural implícito

en la vida del territorio y el papel histórico y social que han jugado las

comunidades del bosque en la preservación del mismo y que es parte

del aporte de estas culturas a la pedagogía del buen uso de la tierra; no

son los indígenas y la comunidades negras y campesinas las que deben

aprender sobre el uso adecuado de la tierra, ni es precisamente míster

Hyde un maestro destacado en estos asuntos, baste sólo con mencionar

los efectos nocivos en la política, la economía y la cultura que han

significado para Latinoamérica la aplicación de las políticas del Banco

Mundial desde su creación, políticas que contrariamente han contribuido

al empobrecimiento de la población rural latinoamericana. Las

comunidades no son ineficientes porque viven de otra manera, o porque

tengan una relación “incompetente” con la tierra que no sincroniza con

el ritmo vertiginoso de la agroindustria, las cadenas productivas y el

mercado. La organización indígena nada tiene que ver con la

organización mundial del comercio. Contrariamente es la política

mercantil y financierista sobre la tierra una de las características de un

uso inadecuado, que ha llevado históricamente al campesinado

desplazado y al indígena a romper las cumbres para poder sobrevivir.

120

Pero sigamos el rastro del documento que plantea que el 70% de la

tierra es apta para el uso forestal y no agropecuario:

“Una evaluación del potencial de tierra realizado por el IGAC en 1985 reporta que, de un área total de 114,2 millones de hectáreas, el 12,6% es apta para actividades agrícolas, el 16,8 % para pastos y el restante para usos forestales o no agropecuarios.”132

A través de una caricaturización estereotipada de la población

desplazada que el estudio convierte en ejercicio estadístico, se cree

demostrar la validez del método y el discurso sustentado en el

“pensamiento complejo” de los investigadores de la Universidad de los

Andes que trabajan para el Banco Mundial; el documento elaborado por

el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad, pasa a sugerir

como política un programa de incentivos:

“Medios e incentivos para ofrecerles servicios efectivos a esta población que faciliten su eventual integración a la sociedad probablemente tenga un efecto de amplio alcance. Puede ser útil combinar esto con un monitoreo efectivo y sistemático. La integración de los hogares desplazados al mercado laboral se puede promover facilitando el acceso a la información, creando incentivos (tributarios) al sector privado cuando contrata a los que se encuentran registrados en el Sistema Único de Registro (SUR) y creando cupos en guarderías para los hijos de los hogares desplazados encabezados por mujeres”.133

En este párrafo elaborado por la inteligencia de la Universidad de los

Andes ya se hace más visible el verdadero rostro de mister Hyde quien

abandona la retórica social del desplazamiento y del “eficiente” uso de

la tierra, para abordar una lógica economicista bien articulada a un plan

de arrendamiento de tierra con el supuesto de que el arrendamiento

132 Banco Mundial: DOCUMENTO CEDE 2004-29 ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica). AGOSTO DE 2004133 Banco Mundial: DOCUMENTO CEDE 2004-29 ISSN 1657-7191, Pág. 42.

121

mejora “la producción y la equidad” más que “la adquisición de tierras y

los programas de reforma agraria patrocinados por el Estado”. Y para

ello propone, en su loable ejercicio de diseño de políticas para Colombia,

eliminar las “barreras de entrada en el mercado de compraventa de

tierras”.134 Pero ¿cuáles son esas barreras al mercado observadas por el

Banco?

En primer lugar el Banco identifica las “restricciones impuestas a los

beneficiarios de reforma agraria en el sentido de prohibir la transferencia

de su tierra, lo que constituye un obstáculo para aumentar la

productividad”, con lo que ya es fácil deducir la condición ladina de una

lógica instrumental que busca la solución al problema de la tierra,

precisamente en los territorios de titulación colectiva, y esta es una

alerta para las comunidades indígenas, negras y campesinas cercanas a

las zonas de bosque, en donde esta puesta la mirada de la política del

Banco Mundial, y no en el latifundio improductivo.

La segunda premisa para que el sueño de míster Hyde se cumpla es la

derogación de leyes de propiedad colectiva, que son las que regulan la

propiedad sobre los territorios ancestrales, precisamente allí en donde

está la diversidad biológica que tantas ternezas y galanterías despierta

en los boscosos y medicinales sueños de míster Hyde.

Pobres pero eficientes

Articulada a la anterior reflexión y con el diseño de un modelo de

“hogares con habilidad agrícola” y el criterio de “productores pobres

pero eficientes” el documento de la Universidad de los Andes

complementa el sistema de arrendamiento con “derechos de propiedad

134 Ibídem.

122

seguros”, es decir que el dueño de la gran propiedad no corra el riesgo

de perder su tierra con la familia campesina que la trabaja ni con

ninguna ley estatal que solo haría las cosas más difíciles para la gran

empresa a través de ineficientes reformas agrarias futuras. “Si los

derechos de propiedad son seguros, afirma el documento, los arriendos

a largo plazo son posibles” afirmación a la que agrega otra de no menos

elevada filosofía, sustentada en la utilización del impuesto predial como

otra palanca que sirve de dispositivo para la movilidad de la tierra en

términos de rentabilidad financiera:

“La literatura teórica sugiere que el impuesto predial tiene varias características deseables. No hay razones inherentes para que las zonas rurales se queden rezagadas ante las áreas urbanas, en términos del esfuerzo tributario.”135

Las herramientas que aplicó el sistema financiero, con las desastrosas

implicaciones que tuvo para los usuarios del crédito de vivienda en los

últimos veinte años, ahora quiere aplicarlos al sector agrario, que

también tiene una historia de créditos leoninos, pero nunca comparables

con las desmesuradas ambiciones de la política global contemporánea

que articula todos los rincones del mundo a una política económica

mundial, en donde los territorios sólo son parte de las cuadrículas

estadísticas y las proyecciones del mercado mundial. Y aquí ya es

redonda la perspectiva del Banco Mundial en sus conclusiones e

Implicaciones de Política propuestas en el mismo documento a las que

agrega la necesidad de vinculación del “sector Privado” como se llama el

monstruoso Hyde a sí mismo.

135 Banco Mundial, documento del CEDE, pág. 62.

123

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Ley 811 de 2003 (junio 26) por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal,

125

acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.

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Spergel, B. 1996. Belize's protected areas conservation trust: a case study. Washington, D.C., Fondo Mundial para la Naturaleza

127

128

CONTRAPORTADA

El genocidio en Colombia es una consecuencia del orden económico

mundial; el desplazamiento es sólo una de las formas de expresión del

modo como se organiza la producción, la propiedad privada mundial es

realmente la institución que está por encima de las naciones y los

gobiernos; les queda el papel de encomenderos, conservacionistas y

humanistas, a las organizaciones sociales y de derechos humanos,

encargadas por su angelismo característico, de limpiar la sangre

salpicada en las blancas y extensas paredes de la fachada de las

Naciones Unidas.

Este orden es el espacio de las prácticas políticas donde se encuentran

generales y exguerrilleros, el “internacionalismo laboral” y las ONGs, los

Gobernadores y el Presidente de la República, las leyes sobre

desplazamiento forzado y las cadenas productivas, las Naciones Unidas

y la seguridad alimentaria, los decapitados y la UNESCO, los planes de

ordenamiento territorial y el Banco Mundial, el paramilitarismo y la

palma africana, la OEA y la Chiquita Brands y en el lugar de sus

solemnes ceremonias, la guadaña de la muerte regada por el incienso

del discurso de la diversidad.

129