JÓVENES RURALES: MAPA DE ACTORES INSTITUCIONALES Y...

Corporación PROCASUR

Marzo, 2012

JÓVENES RURALES: MAPA DE ACTORES INSTITUCIONALES Y OPORTUNIDADES

COLOMBIA

ACRÓNIMOSACDI: Agencia Canadiense de cooperación internacional

ACIN: Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONPES: CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca

DANE: Departamento administrativo nacional de estadísticas

DNP: Departamento Nacional de Planeación

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; siglas de Food and Agriculture

Organization.

Defecaré: Federación Nacional de Cafeteros

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIJ: Organización Iberoamericana de Juventud

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OIT: Organización Internacional del Trabajo

PAMJ: Programa de Acción Mundial para los Jóvenes

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PROCASUR: Corporación regional PROCASUR

UNICEF: Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA: Fondo de Población de Naciones Unidas

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Programa Regional Juventud Rural Emprendedora

I

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ÍNDICE

ACRÓNIMOS I

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS Y JUVENTUD 2

2. INSERCIÓN EDUCACIONAL Y ECONÓMICA DE LA JUVENTUD RURAL 4

2.1 Jóvenes en el sistema educacional y nivel de escolaridad 4

Acceso a servicios de comunicación e información

2.2 Jóvenes rurales e inserción económica 4

Jóvenes y empleo asalariado

Juventud rural y acceso a la tierra

Jóvenes rurales y migración

3. JUVENTUD Y POBREZA 7

4. JUVENTUD RURAL Y CONFLICTO ARMADO 7

5. MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTE 8

6. MARCO LEGAL ATINGENTE A LA JUVENTUD 13

7. POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD 14

8. INSTITUCIONALIDAD RELEVANTE PARA LA JUVENTUD RURAL 16

9. POSIBLES OPORTUNIDADES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD RURAL EMPRENDEDORA 21

10. BIBLIOGRAFÍA 23



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RESUMEN

Colombia tiene una población de alrededor de 46,6 millones de habitantes, un 21,6 % de los cuales vive en zonas rurales. Colombia puede considerarse un país joven, ya que casi dos tercios de su población tienen menos de 29 años de edad1. Tomando el rango comprendido entre los 15 y 29 años, los jóvenes ascienden a 13,1 millones habitantes, lo que corresponde al 26,4 % de la población total del país. De estos jóvenes 2,6 millones, un 19,1 %, viven en el sector rural. La distribución por sexo indica una repartición prácticamente homogénea entre hombres y mujeres, lo que no ocurre en el sector rural donde las divergencias son de un 53,7 % de hombres y un 46,3 % de mujeres, proporciones que para las jóvenes son de 43,1%, y de 56,8% para ellos.

El 3,9% de los jóvenes rurales afirma tener una pertenencia étnica; en el año 2005, los jóvenes rurales afrocolombianos eran 304.983, mientras los indígenas rurales eran 283.309 y los urbanos 81.9362 . La población indígena vive en un 79% en zonas rurales, frente al 21% de presencia en zonas urbanas3.

Los jóvenes rurales en comparación con sus pares urbanos presentan una mayor exclusión social, la cual se traduce en años de educación formal, oportunidades de inserción laboral y jóvenes en condición de pobreza. El déficit de alternativas de trabajo en el campo, la falta de oportunidades educativas adecuadas, las deficiencias de infraestructura, de capital, de tierra y de activos en general, crea un escenario lógico para el proceso de emigración de la población juvenil a sectores urbanos. Se estima que 1/3 de la población entre los 15 y 25 años, en su mayoría mujeres, migran del campo a zonas urbanas.

Cifras de la encuesta de hogares del año 2006 indican que el promedio nacional de analfabetismo se sitúa en un 8,4% con un 5,4% en el sector urbano y un 18,6% en lo rural. Si se analiza el promedio de grados cursados, se tiene que este es de 8,5 grados en el sector urbano y sólo de 4,5 en el sector rural.

Al año 2005 un 46,8 % de la población a nivel nacional se calificaba como pobre, porcentaje que en el sector rural subía a un 50,5%. A ello debe agregarse que un 25% a nivel rural eran indigentes. El 37,7% de la población rural con menos de 18 años vive en condición de pobreza y un 51,5% en indigencia.

El año 2008 la población de Colombia en edad de trabajar era de 45,3 millones de personas de los que 9,1 millones correspondían al sector rural, que aporta un 24,3% de la PEA total del país. En el año 2007 un 29,1% de la población de Colombia, en edad de trabajar, estaba constituida por jóvenes. El desempleo juvenil el año 2011, prácticamente doblaba el desempleo de la población trabajadora

(DANE, 2011). A ello se suma que un 22,7% de los jóvenes no estudian, ni trabajan, proporción que a nivel rural es de 42,6%.

En los últimos 10 años4, 3,2 millones de personas que constituyen 733,5 mil hogares han sido desplazadas de sus territorios por el conflicto armado que afronta Colombia. Del total de las familias desplazadas en los años 1980 a 2010, un 55% a un 65% procedían de zonas rurales. Alrededor de 6.6 millones de hectáreas, el 15 % de la superficie agropecuaria del país, fue abandonada o vendida, principalmente por pequeños productores. La falta de acceso a la tierra se agrava en el caso de la juventud, ya que la tierra está gestionada por propietarios adultos, jefes de hogar, no existiendo sucesión hasta la edad adulta.

En los últimos veinte años se ha iniciado en Colombia la promoción de una política social direccionada al reconocimiento y respeto de los derechos de la población joven, tanto a nivel individual que colectivo. Una parte significativa del trabajo se ha reflejado en la promulgación de leyes y normativas que garanticen un adecuado desarrollo de la niñez y de la juventud.

Colombia también ha adherido e implementado acuerdos internacionales de apoyo a la juventud. La Constitución de Colombia del año 1991 reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos. En 1995 se enunció la primera Política Nacional de Estado para la Juventud Colombiana. En 1997 se expidió la Ley N° 375 o Ley de la Juventud que ofrece la base legal necesaria para respaldar la inclusión de la juventud en la agenda de políticas sociales.

La oferta institucional dirigida a la juventud en el país indica que en 28 entidades de los sectores público y privado existen acciones para resolver o apoyar la solución de las necesidades expresadas por los jóvenes. Entre otras el Ministerio del Interior; Ministerio de Agricultura, Banco Agrario de Colombia; SENA, Servicio Nacional de Capacitación Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”; Departamento Nacional de Planeación (DNP); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

1 Blog: Emprender labor de equipo.2 DANE 2005, citado en Juan Moreno Belmar y Ariel Villalobos, “Algunos datos sobre juventud rural en América Latina y Colombia”, Santiago de Chile, 2010.3 DPN-“Aspectos Básicos grupos Étnico Indígenas”, http://www.dnp.gov.co/4 Estudio de Corpoica – IGAC, 2001.

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INTRODUCCIÓN

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, considerando la importancia de valorizar a la juventud rural e integrarla a la lucha contra la pobreza, ha resuelto apoyar un Programa Regional denominado: “Promoción de Actividades Empresariales de Jóvenes en Territorios Pobres de América Latina y El Caribe”, que será ejecutado por la Corporación PROCASUR, durante los próximos cuatro años. En el marco de este Programa se realizarán estudios sobre la realidad de la juventud rural, hombres y mujeres en cinco países de América Latina. Uno de los objetivos específicos de estos proyectos es elaborar un cuerpo de información secundaria que otorgue contexto y permita contrastar los resultados que se encontrarán en terreno con información derivada de estadísticas demográficas, laborales, encuestas de hogares, antecedentes de pobreza, que permitan formarse un cuadro respecto a la situación general de los y las jóvenes rurales. El presente documento aborda la realidad de los jóvenes rurales de Colombia, el estado de la legislación nacional en materia juvenil, las iniciativas, inversiones y acciones focalizadas en los y las jóvenes rurales, y las instituciones nacionales e internacionales que actúan y se relacionan con este sector social.

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS Y JUVENTUDColombia es una República unitaria formada por 32 departamentos y un distrito capital, con centralización política y descentralización administrativa. El país tiene una población de alrededor de 46,6 millones de habitantes, un 21,6 % de los cuales vive en zonas rurales (CEPAL, 2005). Entre 1970 - 1990 la tasa de crecimiento demográfico se situaba en 2,2% anual, en tanto, entre 1990 y 2010 ésta había bajado al 1,7% (UNICEF, 2012). Colombia puede considerarse un país joven, ya que casi dos tercios de su población tienen menos de 29 años de edad 5.

La definición de juventud no es la misma para todos los países. Es así que en sus distintas descripciones, los países e instituciones integran como jóvenes a quienes están entre los 12 años y hasta los 35, como límite superior. Por juventud se entiende aquel segmento de la población que se encuentra entre la niñez y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas se define como joven la población que se encuentra entre los 15 y 25 años. Sin embargo esta definición oscila según contexto ya que se va ampliando frente al aumento de las expectativas de vida.

En Colombia, en base a la Ley 375 de 1997, se considera juventud el rango de edad 14-26, entendiéndose por juventud “el cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que pueda asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana”6. Por juventud se entiende aquel “segmento poblacional construido socio-culturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera particular y colectiva por esta población, en relación a distintos espacios e instituciones socializadoras, con el interés de incorporar un sistema orientador de prácticas, apreciaciones y percepciones que dan sentido a la experiencia, permitiendo seleccionar la información y producir prácticas y decisiones que redundan en la capacidad para ejercer responsablemente sus derechos y deberes. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales”7.

En la cultura indígena, el rango de juventud no se establece por la edad, sino por el rol que una persona asume adentro de su núcleo social y comunitario. De esta forma por juventud indígena se entiende un grupo poblacional que tiene necesidades y obligaciones semejantes, encontrándose en una fase vital que prevé su participación en la toma de decisiones colectivas sin tener todavía el reconocimiento de la asunción definitiva de sus responsabilidades8.

El colectivo social joven es heterogéneo en su interior, y es fundamental tomar en cuenta el contexto y las características socio-culturales, políticas y económicas de su entorno para poder pensar en cualquier tipo de intervención que tenga incidencia política. Esas diferencias sustanciales, que crean subgrupos en base a ejes básicos de diferencia (clase social, urbano/ rural, orientación sexual, discapacidad, lo étnico/racial), concurren a la creación de la categoría joven, plasmando la necesidad de nombrar identidades jóvenes plurales y específicas. La diversidad, el género y la edad son categorías centrales a contemplar cuando se plantea el enfoque diferencial en las políticas públicas.

En el contexto descrito anteriormente la población joven rural de Colombia experimenta un estado de vulnerabilidad específica y vive envuelta en una compleja red de exclusión social que abarca varios niveles (falta de acceso a la tierra, a recursos básicos y oportunidades, violencia política) y se estructura alrededor de varios ejes de exclusión, la pertenencia étnica, el género, la clase social, el rango de edad etc.La población joven de Colombia, tomando el rango comprendido entre los 15 y 29 años, asciende a 13,1 millones habitantes, lo que corresponde al 26,4 % de la población total del país. De estos jóvenes 2,6 millones, un 19,1 %, viven en el sector rural, proporción de ruralidad levemente menor que la de la población total, lo que revela un éxodo mayor de jóvenes desde este sector9 (DANE, 2005; FAO, 2007).

5 Blog: Emprender labor de equipo.6 Ley de la Juventud: Ley No. 375 del 4 de julio de 1997. 7 Proyecto de Ley Estatuaria, Ministerio del Interior, 8 “Enfoque diferencial étnico e intercultural de las políticas públicas de juventud”, Programa Colombia Joven, Bogotá 2009.9 Si bien la Ley define a los jóvenes en un rango de 14 a 26 años, en esta sección se utiliza el rango de 15 a 29 años para asimilarlo a las estadísticas disponibles.

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La distribución de población total por sexo indica una repartición prácticamente homogénea entre hombres y mujeres, representando estas últimas el 50,5% de la población total. En el sector rural las divergencias entre sexos se acentúan, con un 53,7 % de hombres y un 46,3 % de mujeres, diferencias que se hacen más notorias aún, entre los jóvenes rurales, ya que la proporción de mujeres es muy inferior a la de los hombres. Ellas representan un 43,1%, en tanto los jóvenes son un 56,8%, lo que indica una fuerte dinámica del proceso de migración femenina y una masculinización de lo rural.

Gráfico 1: Estructura de la población, por sexo y grupos de edad2005

Fuente: DANE

85 y más80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2425-2920-2415-1910-1405-0900-04

MujeresHombres

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

Según el modelo de transición demográfica este fenómeno conllevaría una disminución de la tasa de fecundidad. Sin embargo, la pirámide generacional sigue siendo expansiva a nivel rural y más alta que en el contexto urbano, lo cual permite postular que las jóvenes que se quedan en el campo empiezan tempranamente su actividad reproductiva.

A este respecto un estudio sobre embarazo adolecente (Flórez, 2005) señala que en el año 1990, 70/1000 nacimientos eran de madres adolescentes, cifra que en el año 2005 se había incrementado 90/1000 nacimientos originados en madres adolescentes. Esta tendencia se marca fuertemente en el sector rural. En el rango de 12-14 años de jóvenes rurales los nacimientos eran 2,3 veces los que se anotaban en el sector urbano; siendo en el rango de 18 a 19 años 1,7 veces superior en el sector rural. Dicho de otra forma, a los 17 años, 1 de cada 5 niñas en el sector rural eran madres, en tanto, solo 1 de cada 8, lo eran en el sector urbano.

Población indígena y afro descendiente

El 3,9% de la población rural joven de Colombia afirma tener una pertenencia étnica específica; en el año 2005, las y los jóvenes rurales afrocolombianos eran 304.983, mientras las y los indígenas rurales eran 283.309. Los jóvenes indígenas en zonas urbanas eran 81.93610.

La historia política y social de Colombia después de la llegada de los españoles ha dado origen a una composición mayoritariamente mestiza, siendo la población conformada por grupos hispano - descendientes, indígenas y afro descendientes. En el Censo del año 2005 del total de la población el 3,4% se declaraba indígena11, mientras el 10,5% se consideraba afro descendiente y el 0,1% raizal12.

La población indígena, más de un millón y medio de habitantes, vive en un 79% en zonas rurales, frente al 21% de presencia en zonas urbanas13. La población afro-descendiente alcanza aproximadamente los 5 millones y se ubica en las costas, especialmente Pacífica. Si bien tiene una mayor presencia urbana, también supera a la población indígena en los sectores rurales. Las comunidades afrocolombianas e indígenas que pueblan los centros urbanos, se encuentran en condiciones de extrema pobreza formando parte de los cinturones de miseria de las grandes ciudades.

Ambos grupos étnicos tienen un comportamiento demográfico coherente con el lugar donde residen. Mientras en los sectores urbanos están experimentando un incipiente envejecimiento, en los sectores rurales aún tienen pirámides poblacionales expansivas14.

La falta de acceso a recursos de producción, el desempleo, la marginalización económica y social, sumados a los altos niveles de violencia que caracterizan el ámbito rural, configuran una realidad en la que existe una coincidencia entre los índices más altos de pobreza del país y la pertenencia a alguna minoría étnica, indígena y afro-descendiente.

10 DANE 2005, citado en Juan Moreno Belmar y Ariel Villalobos, “Algunos datos sobre juventud rural en América Latina y Colombia”, Santiago de Chile, 2010.11 Según el DNP, en la actualidad existen en Colombia 100 pueblos indígenas incluidos los que provienen de otros países, 93 oriundos de Colombia y 7 de otros países, 34 de los cuales se consideran “pueblos en riesgo de extinción” que, según lo ordenado por el Auto indígena 004, de 2009, deben atenderse con carácter de emergencia para lograr su supervivencia y mejorar sus condiciones de vida.12 Raizal: etnia anglo - africana de Colombia, asentada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina, con lengua, cultura, historia y ancestros propios. 13 DPN-“Aspectos Básicos grupos Étnico Indígenas”, http://www.dnp.gov.co/14 Juan Moreno Belmar y Ariel Villalobos, “Algunos datos sobre juventud rural en América Latina y Colombia”, Santiago de Chile, 2010.

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2. INSERCIÓN EDUCACIONAL Y ECONÓMICA DE LA JUVENTUD RURAL

2.1 Jóvenes en el sistema educacional y nivel de escolaridad

Los datos educacionales son un importante indicador de la situación de derechos y oportunidades garantizados a la población joven rural. Cifras de la encuesta de hogares (DANE, 2006) indican que para la población de 5 años y más el 11% de las mujeres y el 12,3% de los hombres eran analfabetos. El promedio nacional de analfabetismo se sitúa en un 8,4% con un 5,4% en el sector urbano y un 18,6% en lo rural. Si complementariamente se analiza el promedio de grados cursados, se tiene que este es de 8,5 grados en el sector urbano y sólo de 4,5 en el sector rural, lo que evidencia retraso y dificultades de incorporación de sus habitantes a las exigencias del actual desarrollo. El nivel de educación primaria había sido completado por un 13,4% de las mujeres y un 13,5% de los hombres, en tanto el nivel secundario lo había sido por un 4,8% de las mujeres y un 4,3% de los hombres.

Tomando como ejemplo el rango de edad entre los 12 y 17 años, es decir un nivel básico de preparación al mundo laboral, los niveles de asistencia a clases son del 81% (entre hombres y mujeres) en las zonas urbanas y de un 61,3% en las rurales.

En el sector rural un 63,8% de las jóvenes dicen asistir a clases contra un 59,2% de varones. Si se revisa el rango de edad entre 18 y 24 años, el que abarca un nivel educacional especializado o profesional, se observa también una profunda brecha entre los ámbitos rurales y urbanos. Mientras en las y los jóvenes urbanos la participación es de un 30,6%, en las mujeres rurales llega a un 13,1%, y a un 12,4% de los varones. Este dato, aunque manifieste un muy bajo nivel educacional en este segmento de edad, tanto en la ciudad como en el campo, sigue señalando el agudo problema de desigualdad de oportunidades que existe en la población joven en Colombia, de acuerdo a su lugar de residencia (DANE, 2008).

Si se identifica los principales grupos étnicos de Colombia se puede señalar que a nivel de educación básica primaria la población nacional alcanzó 7,1 grados. La población indígena, en tanto llegó a 3,71 grados, en tanto la población afrocolombiana a 8,12 grados. En el nivel siguiente, básica secundaria, la población nacional alcanzó 9,01 grados; la población indígena 1,38 grados; mientras la afrocolombiana sólo alcanzó 0,21 grados. En la educación media se detecta que la población nacional cubre 6,91 grados; la población indígena 0,1 y la afrocolombiana llega 6,28 grados. Quienes no tienen estudios representan un 10% de la población nacional; un 33% de la población indígena y un 11% la afrocolombiana. Estos porcentajes hablan por sí mismos, denotando que tanto la indígena como la afrocolombiana tienen un significativo retraso respecto al conjunto de la población (Gutiérrez, 2007; DANE, 2007).

La ausencia de un sistema educativo formal que alcance a una mayor proporción de la población joven agrava enormemente la situación de vulnerabilidad de las zonas rurales, ya que significa, entre otras cosas, la carencia de creación de capital humano y la falta de formación de capacidades que permitan a los y las jóvenes aprovechar las oportunidades generadas por aquellas acciones que buscan resolver los problemas económicos y sociales emergentes.

En los casos en que existe un servicio educacional en zonas rurales, éste normalmente no se adapta al contexto específico del campo, resultado ineficaz para la creación de competencias especializadas para el medio rural y para adecuarse a las necesidades productivas inmediatas que requiere la población joven de esas zonas.

La educación tiene un rol central en el desarrollo humano, ya que sus efectos superan las repercusiones en materia de productividad y crecimiento económico, y es un elemento constitutivo de la sociedad que potencia las capacidades humanas, mejora la salud, la nutrición, permite trasmitir más fácilmente valores y normas sociales y, en general, faculta a las personas para alcanzar un mejor nivel de vida. Como se señala más adelante, uno de los factores que incitan a la población joven a adherir a movimientos irregulares o a actividades ilícitas es el abandono de la educación.

La política de privatización del sector educativo supone un obstáculo adicional, ampliando la brecha de acceso existente en los servicios educativos entre las y los jóvenes del campo y de las ciudades, haciendo que la salida de la condición de pobreza e indigencia en el sector rural se vuelva aún más difícil.

2.2 Jóvenes rurales e inserción económica

Jóvenes y empleo asalariado

De acuerdo a DANE en 2008 la población de Colombia en edad de trabajar era de 45,3 millones de personas (un 77% de la población total). De este total 9,1 millones correspondían al sector rural. En este último sector la Población Económicamente Activa (PEA) era de 4,9 millones, correspondiente a un 24,3% de la PEA total del país y un 41,8 de la población rural. La PEA nacional respecto a la población llegaba a un 45%, lo que es porcentualmente mayor que esta relación para el sector rural. A ese año un 91,7% de la PEA rural estaba ocupada y un 8,3% desocupada, proporción de desempleo inferior al urbano, situado en un 12,3%. Los inactivos del sector rural alcanzaban a un 35%, superior en tres puntos al urbano, lo que se explica por una menor proporción de personas en edad de trabajar lo que, a su vez, da cuenta de una natalidad rural superior a la urbana.

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En el año 2007 un 29,1% de la población de Colombia, en edad de trabajar, estaba constituida por jóvenes entre 14-26 años (edades definidas por Colombia para los jóvenes). De este total, un 41,3% de ellos estaban ocupados, con diferencias claras en cuanto a sexos, ya que los hombres de esas edades se encontraban en un 51,3% ocupados, versus un 31,8% de las jóvenes. Las diferencias entre hombres y mujeres se observan también en las tasas de desempleo que para ellas llegan a un 23,4% frente a la de los jóvenes que se situaron en un 14,1%.

En los años 2010 y 2011, se señala que en el primero (2010) el desempleo urbano general alcanzó a un 12,4%, con un descenso a un 11,5% para el año 2011. El desempleo juvenil, en tanto, llegó a un 23,2% en 2010 y a un 21,4% en 2011. Ambos prácticamente doblan el desempleo del conjunto de la población trabajadora (DANE, 2011).

Otro antecedente proporcionado por OIT (2009) indica que un 22,7% de los y las jóvenes no estudian, ni trabajan, proporción que a nivel rural es de 42,6%, lo que plantea un problema serio respecto a la futura inserción social y económica de la población rural joven. A ello se suman otros antecedentes inquietantes respecto a la inserción laboral del sector juvenil: una de cada dos personas sin trabajo en Colombia es jóvenes, en circunstancias que quienes tienen entre 14 y 26 años representan 1 de cada 4 personas en la población.

El trabajo agropecuario sigue siendo el sector laboral más común en los territorios rurales, no apreciándose variaciones significativas en los últimos quince años. En el año 2006 el 61,8% de la fuerza laboral juvenil trabajaba en el sector agrícola, concentrándose de forma especial en el grupo de menores de 18 años con un 69,6% y, en los mayores de 27 años, con un 61,7%; en tanto que el grupo intermedio de 18 a 26 años tenía una participación del 58,9%.

En el sector agrícola se observa una menor participación femenina. Las jóvenes se involucran en un 24,9% en las labores agrícolas, contra un 71,1% de los varones. Si este dato se relaciona con el de escolarización, puede colegirse que los capitales educativos que las jóvenes están adquiriendo en el sector rural se direccionan hacia sectores productivos urbanos y que esa inversión no regresa al agro15.

En la población trabajadora las tasas de subempleo y de trabajo informal son muy altas y puede señalarse que son una directa consecuencia de la escasa formación de competencias laborales. El subempleo involucra sobre todo a jóvenes rurales entre los 18 y 26 años, alcanzando un 25,74%; el trabajo informal en tanto, involucra sobre todo a menores de 18 años, con un 63,5% y un 38,7% en el rango 18-26; proporción que se incrementa a mayores de 27 años, donde llega a un 50,3%.

La población joven femenina, aún siguiendo la misma oscilación por edad, resulta más afectada por la precariedad de las condiciones laborales llegando, para el grupo de menores de 18 años, a niveles de trabajo informal del 75,8%, siendo sus empleos mayoritariamente los trabajos domésticos y el sector de servicios. Este dato evidencia la ausencia de integración entre la calificación educativa y las actividades productivas. Las barreras de acceso a la educación y formación no permiten potenciar a la población joven en función del desarrollo de las economías locales.

Por lo que tiene que ver con la población joven femenina existe una relación directa entre nivel de escolarización, la posibilidad de empleo y la maternidad temprana, ya que las jóvenes con mayor acceso a la educación formal tienden a migrar a las zonas urbanas en búsqueda de empleo, lo cual se relaciona también con una disminución del número de embarazos. Se perfila un panorama en el que las mujeres jóvenes que viven en el medio rural han tenido escasas oportunidades de escolarización, su trabajo es mayoritariamente informal y su edad reproductiva empieza a temprana edad.

15 Juan Moreno Belmar y Ariel Villalobos, “Algunos datos sobre juventud rural en América Latina y Colombia”, Santiago de Chile, 2010.

Gráfico 2: Tasa de Desempleo según sexo Total Nacional 2001 - 2007 (octubre - diciembre)

Fuente: DANE

HombresMujeresTotal

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

23211917151311

975

17,8

17,8

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Juventud rural y acceso a la tierra

En los territorios rurales de Colombia más de 7 millones de personas son pobres y 2 millones viven en condiciones de pobreza extrema. Muchos de ellos han sido desplazados de sus tierras a causa del conflicto armado.

El abandono de los campos es un fenómeno importante del último siglo, considerando que en 1938 la población rural representaba el 69% de la población total del país y en 2011 representa el 24%. El abandono del campo y las migraciones internas hacia las ciudades son, a menudo, una consecuencia directa del conflicto armado y de los desplazamientos forzados. La expropiación violenta de las tierras ha afectado sobre todo a los grupos étnicos minoritarios, pobladores de las zonas rurales, despojados de sus lugares y formas tradicionales de vida.

En los últimos 10 años16, como reporta el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, 3,2 millones de personas que constituyen 733,5 mil hogares han sido desplazadas de sus territorios. En especial la población indígena ha sido afectada, de manera específica y desproporcionada, por el conflicto armado que afronta Colombia, ya que “la ubicación estratégica de los territorios de los pueblos indígenas, tanto para el desarrollo de la confrontación armada como para las actividades del narcotráfico, los hacen particularmente vulnerables”17.

La población femenina vive consecuencias específicas del conflicto. Un dato que dibuja eficazmente este panorama es el índice de jefatura de los hogares en situación de desplazamiento, que denota como un 52% cuentan con jefatura de hogar masculina y un 48% con jefatura de hogar femenina. Cabe hacer presente que esta proporción varía notablemente respecto del total de los hogares en situación de pobreza extrema, que en un 76,2% son encabezados por hombres y sólo en un 23% por mujeres.

Del total de las familias desplazadas por el conflicto armado, en los años 1980 a 2010, un 55% a un 65% procedían de zonas rurales. Alrededor de 6.6 millones de hectáreas, el 15 % de la superficie agropecuaria del país, fue abandonada o vendida a razón de un promedio de 15 hectáreas por familia, lo que es indicativo de que el fenómeno ha afectado principalmente a los pequeños productores 18.

Esta realidad agrava una situación política irresuelta cuyas raíces se encuentran en la economía de la época colonial: la grave desigualdad en cuanto a distribución de la tierra ubica Colombia como uno de los países latinoamericanos con más concentración de la propiedad, factor que genera relaciones políticas económicas y sociales complejas.

16 Estudio de Corpoica – IGAC, 2001.17 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Indígenas, James Anaya, 25 de mayo de 2010, Pág.7.18 Informe de Diseño del Proyecto de Construcción de Capacidades Empresariales Rurales: Confianza y Oportunidad.19 IGAC, Corpoica, 2002.

En el año 2001 el 57,3% de los propietarios poseían el 1,7% de la superficie predial registrada, con predios menores de 3 hectáreas, mientras el 0,4% de los propietarios poseían fincas mayores de 500 hectáreas, abarcando el 61,2% de la superficie19. Con el pasar de los años la situación parece agravarse. El número de dueños de grandes propiedades ha seguido disminuyendo, mientras que el de los minifundios ha ido aumentando. Se considera que entre los propietarios/ poseedores, un 36,9% cuenta con menos de una hectárea de tierra y podrían considerarse como “campesinos sin tierra”. Los latifundios y el sistema de macro-cultivos industriales, inciden no sólo en la situación económica del país, sino que transforman las relaciones sociales y la relación con la tierra de las poblaciones del medio rural.

La falta de acceso a la tierra que involucra a la población campesina se agrava en el caso de la juventud, ya que la tierra está gestionada por propietarios adultos, jefes de hogar, y no existe sucesión de propiedad hasta la edad adulta, lo cual significa que la mayoría de la población joven que trabaja en el campo lo hace de forma no remunerada e informal.

Jóvenes rurales y migración

El déficit de alternativas de trabajo en el campo, la falta de oportunidades educativas adecuadas, las deficiencias de infraestructura, de capital, de tierra y de activos en general, crea un escenario que justifica el proceso de emigración de la población juvenil a sectores urbanos, en búsqueda de posibilidades más amplias y mejores condiciones de vida. Ello acarrea un consecuente aumento del fenómeno de empobrecimiento del campo que está viviendo un envejecimiento acelerado de su población.

Se estima que 1/3 de la población entre los 15 y 25 años, en su mayoría mujeres, migran del campo a zonas urbanas. Este fenómeno queda en evidencia al comparar las cifras de población joven masculina y femenina en la población rural. Las jóvenes son las que llevan la delantera de la migración, lo que puede explicarse tanto por los factores de expulsión desde lo rural como por la atracción que ejerce en ellas el sector urbano, que les abre mayores posibilidades de surgimiento y libertad para decidir su vida.

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3. JUVENTUD Y POBREZA

Como en otros países de América Latina, en Colombia existe una reflexión acerca de los métodos más adecuados para medir el nivel de pobreza. Por esta razón, no es fácil encontrar un solo set de indicadores que entreguen toda la información de la que se quisiera disponer para conformar un cuadro de la pobreza e indigencia del sector rural, compararlo con el urbano y dentro de este marco analizar la situación de los jóvenes rurales, hombres y mujeres. Los antecedentes que se entregan provienen básicamente de fuentes de Naciones Unidas (CEPAL) y del DANE. En todo caso, las distintas estimaciones (con metodologías y años distintos) dejan ver que tanto la pobreza como la indigencia son siempre muy superiores a nivel rural que urbano, situación que también se aplica a los y las jóvenes de ambos sectores.

El 27,8% de la población colombiana tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), proporción que es de un 19,7% en el ámbito urbano y de un el 53,5% en el rural. Si se toman los distintos departamentos del país, se encuentra que esta situación es aún mucho más aguda en los departamentos de menor desarrollo relativo. De acuerdo a la construcción de este indicador de pobreza, la carencia de necesidades básicas satisfechas significa tener viviendas inadecuadas para vivir, proporción que llega al 10,4% (nacional); niveles de hacinamiento crítico (11,1% nacional); servicios inadecuados, agua, electricidad, alcantarillas (7,4%); una dependencia económica muy alta (11,2); y niños/as que no van a la escuela 3,6%). Existe diferencias muy significativas entre los sectores urbanos y áreas metropolitanas (cabeceras municipales) con lo que las estadísticas llaman “resto”, que se refiere a poblados y sector rural. La magnitud de estas diferencias llega a ser del doble o el triple de las proporciones señaladas (DANE, 2005).

Si esto se traduce en niveles de pobreza puede señalarse que al año 2005 un 46,8 % de la población a nivel nacional se calificaba como pobre, porcentaje que en el área metropolitana era de 33,8%, pero que a nivel rural subía a un 50,5%. A ello debe agregarse que también para el mismo año, se constataba que a nivel nacional un 20,9% de la población era indigente, con un 12% a nivel metropolitano y un 25% a nivel rural. En el año 2010, esta amplia extensión de pobreza, si bien había descendido respecto de años anteriores, aún abarcaba a un 44,3% de la población en condición de pobreza y a un 14,8% de la población total en condición de indigencia.

El 37,7% de la población rural con menos de 18 años vive en condición de pobreza y un 51,5% en indigencia. En el rango de edad entre 18 y 26 años la pobreza alcanza un 35,5% y la indigencia un 47,5% de la población. Finalmente, para mayores de 27 años los índices de pobreza señalan un 36,4% y los de indigencia un 52,9%. Sobresale que la condición de indigencia es más común que la de pobreza, dato que marca una fuerte diferencia con la situación urbana, donde hay más pobreza que indigencia para las mismas edades (Moreno y Villalobos, 2010).

El acceso a la salud alcanza al 85% de la población urbana y sólo a un 58% de la rural, mientras los índices de analfabetismo en el rango de población de 15 años marcan un 5,5% en las zonas urbanas y un 18,5% en la zona rural, si bien estos resultados señalan que los niveles de analfabetismo han disminuido de un 27,1% en 1964 a un 8,4% en el año 200520.

El 12.1% de la población colombiana con menos de 5 años tiene desnutrición crónica, 9.5% en las áreas urbanas y 17.1% en las áreas rurales; la desnutrición global es de 5,6% para las cabeceras y 9,7% para los sectores rurales. Estos datos además de señalar una fuerte diferencia entre lo urbano y lo rural significan, en la práctica, que una proporción importante de la población rural en Colombia habita en condiciones de pobreza que van muy por debajo del nivel de vida de las ciudades.

Complementariamente cabe añadir que Colombia es el cuarto país de Latino América con el índice más alto de mortalidad materna, calculándose por el año 2006 una razón de 75 muertes por 100.000 nacidos vivos21; riesgo que se duplica cuando se trata de embarazos y partos en adolescentes (16 años o menos). La mortalidad materna afecta a las mujeres más pobres: sólo el 11% de las mujeres muertas por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el postparto había cursado secundaria incompleta o más; el 34% no tuvo asistencia médica; el 13% vivía en zona rural dispersa22.

20 DANE 2005. Citas de Moreno, J. y Villalobos, A. 2010.21 Dato que, según las estadísticas vitales DANE 2003, señala una bajada respecto a las 117.8 muertes por 100.00 nacidos vivos, del año 2000.22 Departamento Nacional de Planeación – Programa Nacional de Desarrollo Humano, “Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 2003.

4. JUVENTUD RURAL Y CONFLICTOS ARMADOSSe ha considerado necesario incluir este tema en el documento, en primer lugar porque no puede soslayarse cuando se caracteriza a la juventud rural de Colombia, que es un sector claramente afectado y, en segundo lugar, porque contribuye a entender el entorno en que se desenvuelve una parte de la juventud rural. Los problemas de exclusión social y de marginación económica revisten un papel muy importante en el desarrollo de la guerra, ampliando el eco del conflicto armado y sus consecuencias en el territorio rural.

Según una encuesta nacional de la juventud (2000) realizada por el gobierno colombiano a 1021 jóvenes en todo el país, una de las motivaciones que más se atribuyeron a los jóvenes que se unían a la guerrilla tenía que ver con problemas económicos y sociales. Del total de encuestados, sólo un 21% señaló que la guerrilla obligaba a las personas a reclutarse, mientras que un 45% pensaba que lo hacían por necesidad y un 22% por falta de educación.

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Otro estudio centrado en jóvenes ex-guerrilleras, realizado a través de entrevistas personales, señala como factores centrales que inciden en la incorporación a la guerrilla: el ser pobres y marginadas; vivir en una zona de combate y ser separadas de las familias originales. Pero, también agrega otros motivos que surgieron de las entrevistas: abandonar los estudios; no incidir en las decisiones de sus propias vidas, como sucede cuando se saca a la joven de su entorno para trasladarla de lugar de residencia o cuando se la deja a cargo de un pariente; ser marginadas de estructuras familiares nuevas, como ocurre cuando la madre vuelve a casarse y la familia se desorganiza; y, muy importante, no ser protegida por la familia. De este interesante estudio queda claro que estas jóvenes se integraron a la guerrilla por su voluntad y que compartían las características de ser parte de familias disfuncionales; que en su mayoría eran pobres y que había abandonado la escuela por razones diversas. Estos elementos muestran un camino en el cual distintos factores de marginación se traducen en que las jóvenes busquen ser integradas a estructuras distintas que las que ofrecen sus familias y las sociedades rurales en las que están insertas (Keairns, 2004).

Según fuentes gubernamentales del año 2000, alrededor de 24000 jóvenes entre los 13 y los 25 años estaban reclutados por la guerrilla, dato que refleja el alto nivel de vulnerabilidad y la falta de derechos y garantías para la juventud, que existían en ese año. No se cuenta con datos fidedignos respecto a la realidad actual de los y las jóvenes en estructuras no legales, como la guerrilla, el narco tráfico u otras.

La violencia como método de relación y las actividades ilegales como fuente de ingresos económicos son a menudo la solución más inmediata para salir de las condiciones de pobreza y cubrir necesidades básicas. La ilegalidad conforma un circuito estratégico alternativo que suple, de alguna manera, a las garantías de derechos y de servicios elementales, lo que a su vez se traduce en dificultades para plantearse otro tipo de salida socio- económica.

Entre las causas de muerte de hombres jóvenes predomina la muerte violenta. A partir de los 15 años de edad la posibilidad de morir por eventos no relacionados con enfermedades se duplica, alcanzando su cumbre en el rango de los 20-24 años. Las muertes de hombres jóvenes cuadruplican la de mujeres jóvenes, dato que sugiere que los efectos de la guerrilla y de los circuitos ilegales marcan una fuerte diferenciación por género.

Esta situación afecta con mayor fuerza a la población joven que, en un momento crucial de planeación de su autonomía y existencia, se ve mayormente involucrada en el entramado de las redes de ilegalidad.

23 Información tomada de “Enfoque diferencial étnico e intecultural de las politicas públicas de juventud”, Programa Colombia Joven, Bogotá 2009.

5. MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFRO DESCENDIENTES23 Los primeros movimientos indígenas y afro descendientes empezaron en los años 60 como un movimiento campesino unitario, enfocado al derecho a la tierra, bajo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.

Posteriormente, se fueron diferenciando en movimientos específicos indígenas y afro descendientes, que formulaban sus reivindicaciones a partir de una perspectiva identitaria y étnica en la que la tierra y el territorio siguen constituyendo un nudo fundamental de identificación cultural y de derechos.

Los principales movimientos indígenas:

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).1971

Es una entidad pública de carácter especial que se reconoce como autoridad tradicional de los pueblos indígena del Cauca (el departamento con mayor presencia indígena de Colombia).

Actualmente representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas, es decir, más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca organizadas en Asociaciones que trabajan a nivel territorial. El CRIC se forma en 1971 con el objetivo de exigir la aplicación de la ley 89 de 1890 sobre repartición de las tierras y cabildos indígenas y sobre la tutela de la cultura indígena a nivel histórico, político, ambiental, social etc. y actualmente representa el actor de interlocución entre los pueblos indígena del Cauca y el gobierno colombiano.

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Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).1982

Creada por el impulso del movimiento indígenas reunidos en el Primer Encuentro Nacional Indígena promovido por el CRIC.La ONIC agrupa el 90% de las etnias indígenas colombianas con sus organizaciones locales.La propuesta política formulada por la ONIC, que une los programas de lucha de todas las organizaciones locales y departamentales, se presentó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, logrando que en la constitución de 1991 Colombia se reconociera como un país multiétnico. Desde entonces se consideró el sujeto colectivo como sujeto de pleno derecho, se consideró legítima su participación en la política nacional, y el margen de autonomía y de organización en los resguardos se fue ampliando.Desde sus orígenes la ONIC ha realizado varios Congresos Nacionales, uno de los cuales se realizó en Ibagué en 2007, donde la ONIC se constituyó como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena.

Con el reconocimiento constitucional del carácter multiétnico de Colombia, se multiplican los cabildos, las organizaciones y las asociaciones de cabildos con el objeto de exigir y defender los derechos territoriales, culturales y políticos de la población indígena. Hoy en día existen múltiples organizaciones locales, regionales y nacionales, que se han agrupado para fortalecerse en la interlocución con el gobierno nacional24.

Con el decreto 1397 de 1996, se ha creado una mesa de diálogo, consulta y concertación entre el gobierno y la mayor parte de los pueblos indígenas de Colombia, aglutinados de este modo:

24 El CRIC y la ONIC son las mayores agrupaciones de asociaciones y movimientos indigenas, para una resigna más detallada a nivel territorial.25 Organizaciones regionales que hacen parte de la ONIC: cabildo mayor de San Andrés de Sotavento (córdoba), consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) Consejo Regional de Guainía (CRIGUAI), Consejo Regional Indígena de Guaviare (CRIGUAII), Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena de Tolima (CRIT), Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA), Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), Organización Indígena de Antioquia (OIA), Organización Indígena Uwa del Oriente Colombiano (OIWOC) Organización Regional Embera Waunana (OREWA), Organización Indígena de los Llanos Orientales (UNUMA), Organización Regional del Valle del Cauca (ORIVAC) consejo regional indígena de Risaralda (CRIR), Consejo Regional Indígena de Arauca (CRIA).26 La Confederación Indígena Tayrona está conformada por el pueblo Arhuaco, pero coordina su accionar con el Consejo territorial de cabildos que es la figura nueva y que incluye a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Organización Territorios Etnias

Organización de pueblos Indígenas de la amazonia colombiana OPIAC

Amazonia Pueblos Amazónicos

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC25

Costa Caribe, eje cafetero, zona andina, Chocó y Valle

Uwa, pijaos, wayuu, yukpas, awa, zenues entre otros

Confederación Indígena Tayrona CIT26

Costa Caribe ArhuacosKoguis wiwas

Autoridades Indígenas de Colombia AICO

Zona Andina Guambianos, yanaconas

Desde el Gobierno se ha impulsado además la creación de Mesas Nacionales y Comisiones Temáticas para debatir temas específicos como son la Mesa Nacional de Educación; la Mesa Amazónica; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Comité de Conocimiento Tradicional, la Comisión Nacional de Territorio y la Comisión de Salud.

Movimientos y Organizaciones Juveniles Indígenas

En 1998, durante el V Congreso Nacional Indígena, la ONIC ha empezado explícitamente una reflexión y coordinación de acciones necesarias para fortalecer la participación de los y las jóvenes indígenas adentro de sus organizaciones, viendo la importancia de su inclusión para el trabajo de mantenimiento y trasmisión de sus culturas tradicionales. Desde entonces, el sector juvenil ha sido un actor específico de los movimientos políticos y culturales indígenas.

Los ámbitos de acción juvenil más destacados son el Programa Jóvenes de la ONIC y el movimiento juvenil Álvaro Ulcue de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte –ACIN-, que agrupa unos 1.500 jóvenes (el 5% de la población juvenil del territorio). Desde la década siguiente al V Congreso Nacional Indígena, una modalidad de coordinación y organización de las juventudes indígenas ha sido la organización de encuentros a nivel regional y nacional. Algunos de los encuentros más destacados han sido:

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• Amazonas, Julio 2004, Análisis de la situación de la juventud indígena de la Amazonía;

• Nariño, Junio del 2007, Encuentro de jóvenes awa en el primer congreso de la UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá);

• Resguardo Muisca de Chía, Cundinamarca. Septiembre 2007, Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas “Dabucuri de Saberes”;

• Resguardo de San Lorenzo, municipio de Riosucio, Caldas , Marzo de 2008 Asamblea Nacional de Jóvenes Indígenas;

• María de Pindamó, Cartagena, Julio del 2010, III Encuentro de Jóvenes Indígenas del Cauca “Tejiendo la Unidad rompiendo las Fronteras del Colonialismo”, organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

En general las demandas específicas de los y las jóvenes indígenas son:

A las organizaciones indígenas regionales

• Crear o dinamizar los espacios para la juventud dentro de su trabajo organizativo;

• Impulsar encuentros entre los y las jóvenes y con las autoridades tradicionales;

• Crear una línea de trabajo dirigida a la denuncia del reclutamiento forzado;

• Generar una estrategia psicosocial que facilite la reinserción de los y las jóvenes que logren desvincularse del conflicto armado y volver a sus comunidades.

A las organizaciones indígenas regionales

• Que se presenten las temáticas propias de la juventud indígena a la atención del gobierno nacional y de las instancias encargadas de las políticas de juventud;

• Apoyo para gestionar el trabajo coordinado de la juventud indígena organizada.

A las organizaciones no gubernamentales

• Promover proyectos para la capacitación y autodeterminación de los y las jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan en la amazonia colombiana;

• Implementar proyectos productivos de ciclo rápido que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes y de sus familias;

• Crear una línea de trabajo específica dirigida al respeto de los derechos de la población joven con respeto a la presencia de cultivos ilícitos y grupos al margen de la ley;

• Coordinar la implementación de programas diferenciados para población joven, en coordinación con las organizaciones indígenas y las instancias del estado.

A las instituciones del Estado encargadas de la política de juventud

• Al programa Colombia Joven se pide que redireccione la Ley de Juventud 375/97 incluyendo en ella el carácter multiétnico y pluricultural de la juventud colombiana, y una consecuente implementación de políticas específicas.

• Brindar un apoyo a las organizaciones para que fortalezcan el trabajo organizativo con los y las jóvenes indígenas.

A las instituciones del Estado encargadas de la política de juventud

El movimiento político afro colombiano se articula como lucha campesina durante las décadas de 1930 a 1960; en los años de 1960 se conforman en Juntas de Acción Comunal –JAC-, cooperativas y otras formas asociativas y de organización.

Sólo a partir de los años 80 se habla de movimiento afro descendiente.

Movimiento Nacional de Comunidades Negras -Palenque Afrocolombiano.1982

Desde estos movimiento se impulsa la participación de las comunidades afro descendientes a la pre constituyente de 1990 y finalmente se logra concertar el proyecto de lo que es hoy la Ley 70 de 1993 para las “comunidades negras afrocolombianas, palenques y raizales de San Andrés y Providencia”.

Movimiento Social Afrocolombiano.1983

Representan los dos grandes núcleos de aglutinamiento a nivel nacional de muchos grupos pequeños de comunidades afro descendientes. Sus líneas principales son la propiedad y la producción colectiva, la constitución de redes intercomunitarias, la etnoeducación, el uso sostenible de los recursos naturales y la defensa de la identidad cultural.

El trabajo de PCN en específico se dirige sobre todo hacia la construcción de una participación autónoma de las comunidades en los procesos de toma de decisiones que las afecten y la implementación de los derechos étnicos, territoriales, culturales, económicos y políticos de las comunidades afro descendientes.Tiene un específico enfoque diferencial sobre mujeres y jóvenes.

Movimiento Cimarrón.1982

Proceso de Comunidades Negras (PCN).1983

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AFRODES Asociación de Afro Descendientes Desplazados.1999

Asociación en defensa de la población afrocolombiana desplazada. Patrocina programas y proyectos productivos dirigidos a las familias desplazadas a las ciudades.

En coordinación con Red de Solidaridad Social (RSS), DANSOCIAL, ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos), el SENA y FICONPAZ, tiene un proyecto específico para mujeres artesanas y uno dirigido a 73 familias desplazadas a Bogotá. En acción conjunta con El Minuto de Dios ha creado el Centro de Atención Integral a las Familias (CAIF) en el municipio de Soacha.

Unión Nacional de Organizaciones Negras Afrocolombianas (UNO-AFRO), fundada en 2003.

Es la unión y coordinación de más de cien organizaciones afrocolombianas que demanda la recuperación de la memoria histórica y el patrimonio cultural, la asignación y protección del territorio tradicional y el respeto de las prácticas tradicionales.

En 1995 se empieza el proceso de titulación de los territorios colectivos, a través del Programa de Manejo de Recursos Naturales, de INCORA y Red de Solidaridad, las comunidades negras empiezan a articularse en Comités Regionales y se impulsa el saneamiento de resguardos del Pacífico. En el 2003 se realiza la primera Conferencia Nacional Afro Colombiana27 en la que se establece que el ordenamiento territorial será el eje estratégico para la defensa, la apropiación y el control de los territorios de los pueblos afro descendientes.

En el 2004, había 1060 organizaciones o asociaciones registradas ante la Subdirección para las Comunidades Negras y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior y de Justicia28: la mayoría de estas organizaciones se encuentran en los departamentos del Valle, Chocó, Cauca y Bolívar. Sin embargo, también existen en las zonas con un bajo porcentaje de población afro colombiana, como Casanare, Guainía, Huila, Meta, Putumayo y Amazonas.

27 Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana. Memorias. Tres Mundos Editores. Bogotá, D.C. 2003. Pp. 48-53. realizada en Bogotá, D.C., entre el 21 y 25 de noviembre de 2002.28 Ministerio del Interior y de Justicia, 2004.29 A este encuentro tomaron parte: Palenque Regional Alto Cauca, Corporación Ancestros, Asociación juvenil Comunitaria-Ajuncom, Asociación Municipal de Mujeres ASOM. Alegres Balseños.Red, Juvenil Norte caucana, Asociación Sinecio Mina Ecobra, Consejo Comunitario Río Cauca, Asociación de Jóvenes Charqueños. Palenque Regional el Kongal. Consejo Comunitario Anchicaya, Consejo Comunitario Cuenca del Yurumangui, Consejo Comunitario Córdoba San Cipriano, Consejo Comunitario Alto y Medio Dagua, Consejo Comunitario Bajo Calima, Consejo Comunitario Cuenca del Río Mayoquin, Consejo Comunitario Cuenca del Río Raposo, Asociación Kasimba Juventud 500,Colectivo local de jóvenes, Palenque Regional Kusuto, Juventudes del Kusuto Benkos Kusuto, Kusuto Barranquilla, Kusuto Karibe-San Onofre, Asociación por los derechos de las comunidades negras, Adecones Palenque Regional Kurrulao, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Acapa, Consejo Comunitario la Gloria, Consejo Comunitario Rosario Cooproafro, Mesa de Mujeres Tumaco Formando Justicia y Paz, Equipo de Trabajo Bogotá y Magdalena Medio, Afrolibertarios Magdalena Medio, Renacer Siglo XXI y Productoras en Acción

Movimientos y Organizaciones de Jóvenes Afro Descendientes

El PCN - Proceso de Comunidades Negras - en el que se aglutinan la mayoría de organizaciones afro descendientes, tiene en su programa la construcción de lineamentos y herramientas para fortalecer el liderazgo de mujeres y jóvenes adentro de las organizaciones existentes. La mirada de género y generacional se ha vuelto un tema importante adentro de las reivindicaciones de las comunidades afro descendientes y forma parte de la construcción de nuevos cuadros de trabajo desde lo local, regional y nacional.

Un momento importante a nivel nacional ha sido la IV Asamblea de Jóvenes del PCN realizada en diciembre 2007 en la ciudad de Cali, en la que se reconoció la participación juvenil como un eje fundamental de la lucha de las poblaciones afro descendientes29. Asimismo, en 2009 se realizó la Asamblea Nacional de Jóvenes de Comunidades Negras, en la que se identificaron como los mayores obstáculos para la realización pacífica e integral de su sobrevivencia social la militarización, la represión histórica (discriminación y racismo) y la falta de asignación de las tierras ancestrales.

La lucha por la recuperación y conservación de la identidad cultural contra el proceso constante de asimilación, es un factor que atañe de manera específica a la población joven. En el documento “Enfoque diferencial” de Colombia Joven (2005) se reporta que la población joven ha declarado: “nos estamos organizando para romper la diáspora hacia las ciudades, verdadera amenaza hacia la futura estabilidad territorial y demográfica de las comunidades y pueblos del Pacífico colombiano que hoy luchan por afianzarse en sus territorios como única posibilidad de resistencia frente a las presiones de la violencia”.

Una temática fundamental de la lucha de reivindicación afrocolombiana es la resistencia a la asimilación cultural, la demanda de reconocimiento histórico de su propia historia y la supervivencia de su identidad como grupo étnico. En general, las principales demandas de los y las jóvenes afro descendientes son30:

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A las organizaciones afro descendientes:

• Formación política y técnica como mecanismo de empoderamiento de los derechos étnicos-territoriales y culturales de los pueblos negros de Colombia; un mayor acompañamiento político y técnico necesario para mantener el diálogo inter-generacional;

• Reconocimiento y valoración de los aportes que los sectores juveniles del movimiento social han dado a la reivindicación de los derechos del pueblo afro colombiano;

• Promoción por parte del PCN de una dinámica de trabajo con jóvenes y mujeres que permita avanzar en la cualificación de cuadros de trabajo y pensar en el relevo generacional, desde una mirada de género y generacional.

A la comunidad internacional:

• A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, a las Organizaciones de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que se impulse la creación de un observatorio sobre la situación de derechos humanos;

• A las Naciones Unidas la creación de una instancia de verificación sobre la situación de discriminación, racismo y violación de los derechos humanos, que se genera desde las instituciones del Estado colombiano para con los afrocolombianos.

A los organismos de cooperación internacional:

• La conformación de un equipo técnico para el levantamiento de un estudio sobre la realidad política y social de los y las jóvenes afro colombianas;

• Apoyo técnico, político y financiero para que propuestas y programas diseñados por jóvenes sean implementados por ellos/as y sin deterioro de su autonomía;

• Apoyo a las agendas de las organizaciones de jóvenes, reafirmando así la autonomía y el ejercicio de sus derechos;

• Apoyo a los programas diseñados para jóvenes afro descendientes, dejando su dirección a las organizaciones juveniles, redes y movimientos reconocidos y con trayectoria de trabajo con las bases comunitarias;

• Apoyo financiero y técnico para la continuidad, la creación y el fortalecimiento de escuelas para la formación técnica y política de jóvenes afro colombianos.

Al gobierno nacional de Colombia:

• Aplicación de los compromisos y acuerdos firmados en la Conferencia Ciudadana Contra el Racismo, Santiago de Chile (2000) y en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de

Intolerancia, Durban, Sudáfrica (2001);• Endurecimiento legal del delito de racismo, y superación del

uso de perfiles raciales en los procesos judiciales;• Respeto del derecho cultural de los pueblos nativos afro

colombianos de los territorios ancestrales y reconocimiento del racismo estructural que está atrás de los fenómenos de desterritorialización.

• Respeto de todos los derechos étnicos territoriales conquistados por las comunidades afrocolombianas y garantías para su ejercicio e implementación;

• Reconocimiento de los efectos específicos que el conflicto armado genera en la vida de los y las jóvenes afro descendientes;

• Aplicación integral del decreto 1627 (Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras Afrocolombianas) y la ampliación de los recursos necesarios para su realización;

• Definición de políticas públicas para la población Afrocolombiana y en especial para jóvenes y mujeres, con consecuente difusión de atención humanitaria, atención diferenciada como grupo étnico, programas educativos y atención psicosocial;

• A la Vicepresidencia de la República la creación de un observatorio sobre la situación de derechos humanos.

La larga trayectoria de organización y lucha política de un amplio sector de la población indígena y afro descendiente, ofrece una gran herramienta de análisis de la situación, en referencia a las políticas de programas y proyectos implementados en sus territorios, y a las demandas y necesidades expresadas desde el consenso y la práctica asambleísta.

El trabajo de reflexión y actualización de su situación política, realizado por las comunidades indígenas y afro descendientes organizadas, representa un humus político fundamental para la planeación de intervenciones significativas en sus territorios.

A través del diálogo con las organizaciones indígenas reunidas bajo la coordinación de ONIC31, se podrían identificar y trabajar en torno a las principales demandas de la población indígena, ya que tiene relación con la población joven y su rol en el desarrollo de sus comunidades. En cuanto a la población joven afro descendiente, las Asambleas de Jóvenes de PCN y las Asambleas Nacionales de Jóvenes de Comunidades Negras son espacios de reflexión y movilización de recursos colectivos que permiten delinear programas y políticas desde las bases y sujetos involucrados.

31 Se menciona la ONIC en cuanto representa el 90% de la población indigena organizada. El otro 10% se reune bajo la OPIA, CIT y el AICO.

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6. MARCO LEGAL ATINGENTE A LA JUVENTUD En los últimos veinte años se ha iniciado en Colombia la promoción de una política social direccionada al reconocimiento y respeto de los derechos de la población joven, tanto a nivel individual que colectivo. Una parte significativa del trabajo se ha reflejado en la promulgación de leyes y normativas que garantizan un adecuado desarrollo de la niñez y de la juventud.

Normativa internacional

En julio de 1993, durante la celebración de la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se adoptó el acuerdo de elaborar un “Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina”, que se desarrollaría entre los años 1995 y 2000.

El tema de la política de juventud se hizo prioritario en la agenda de los países miembros. Bajo la Organización Iberoamericana de Juventud (O.I.J.) con la colaboración técnica de la CEPAL, se creó un marco de referencia que colaborara a la definición de programas y acciones concretas dirigidas a la población joven que vive en situación de pobreza y que facilitara la coordinación y los vínculos programáticos entre países.

En 1995 la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) como un primer marco normativo dirigido a mejorar la situación de ese sector. En ese marco se creó el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud, acuerdo político convenido en 2008 (Año Iberoamericano de la Juventud) entre los Estados de la Comunidad Iberoamericana. El objetivo de este Plan era alcanzar, a través de la cooperación multilateral entre Estados, el desarrollo integral de las juventudes mediante la articulación y el fortalecimiento de las instituciones públicas abocadas al desarrollo de este sector social (Organismos Oficiales de Juventud) y el sujeto social joven representado por sus propias organizaciones (Organizaciones Juveniles).

La población meta son jóvenes entre 15 y 29 años. Si bien el Plan no ha sido concebido para dirigirse a un sector específico de población juvenil, se ha considerado prioritaria la acción hacia aquella parte de esa población que vive en condiciones de pobreza e indigencia, respectivamente 47 millones y 11 millones en toda Iberoamérica.

El Plan de Juventud, articulado bajo la responsabilidad de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), se acompaña de una Estrategia de Implementación para 2009 y 201532 , cuyas seis líneas de actuación son: institucionalidad, participación, educación, salud, empleo y cultura.

El Plan de Juventud quiere además ser un aporte a la visión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) compromiso en el cual la juventud no aparece de manera específica.

32 Para la realización del Plan de Juventud se ha contado con las contribuciones conceptuales y financieras del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 33 Consejo Nacional de Política Económica y Social.34 Documento CONPES DNP 2794 MINEDUCACION UDS, Bogotá, junio 28 de 1995.

Legislación juvenil

La Constitución de Colombia del año 1991 introdujo innovaciones a este respecto, reconociendo a los y las jóvenes como sujetos de derechos. Estableciendo en el artículo 45 que: “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.

La legislación posterior desarrolló este marco constitucional. El 8 agosto de 1994, con el Decreto N° 1953 se creó el Vice Ministerio de Juventud, con el objetivo de formar una institución para la orientación integral y la coordinación estatal de la política de juventud.

En 1995, mediante documento CONPES33, se enunció la primera Política Nacional de Estado para la Juventud Colombiana y se delinearon las obligaciones estatales de cumplimiento de los derechos de la juventud. Los lineamentos de CONPES, que consideran a la persona joven como “sujeto activo protagonista en la construcción de su proyecto de vida, partiendo de la base de la equidad entre los géneros”34 y que representan la base para las estrategias estatales y administrativas de gestión de la política para la juventud, se basan principalmente en cinco puntos:

• Complementar e incidir en los procesos educativos formales, mejorando las oportunidades de desarrollo personal y formación integral;

• Mejorar las posibilidades de integración social y ejercicio de la ciudadanía por parte de los jóvenes;

• Mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes;• Consolidar una red institucional básica para la gestión de la

política de juventud;• Ampliar el acceso de los jóvenes a bienes y servicios.

En 1997 se expidió la Ley N° 375 o Ley de la Juventud que ofrece la base legal necesaria para respaldar la inclusión de la juventud en la agenda de políticas sociales. Su objeto es (Art.1): “establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud”.

El texto establece el Estatuto de la Juventud y define cuáles son los derechos básicos que el Estado tiene el deber de garantizar a la población joven, enunciando que (Art 6):

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“los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia y en las normas que los desarrollan o reglamentan. El presente Estatuto busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado para esta población. El Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial. El Estado generará gradual y progresivamente, los mecanismos para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente ley”35.

La Ley establece, además, la conformación del Sistema Nacional de Juventud (Art. 18 a 22) cuyo propósito es generar una articulación en la definición y el desarrollo de la Política Nacional de Juventud (Art. 26). Crea, de igual forma, los Consejos de Juventud, organismos colegiados de carácter social, autónomos en el ejercicio de sus competencias y funciones que operan en los departamentos, distritos y municipios, como parte del Sistema Nacional de Juventud.

La Ley 115 o Ley General de Educación también representa un fuerte impulso hacia esta nueva orientación de la política de juventud, direccionándose a las normas educacionales, considerando el espacio de formación en su sentido integral, es decir, incluyendo todas las interacciones sociales de los y las jóvenes. Con base en esta ley se fueron formando los Consejos Estudiantiles, como órganos de participación e inclusión juvenil.

En septiembre de 2011 el Ministerio de Interior ha hecho público el proyecto de ley “Estatuto para la Juventud” que tiene el objetivo de ampliar el espacio representativo, participativo y de inclusión de la población joven en cuanto a construcción de la política pública, estableciendo un mecanismo de coordinación entre población y gobernantes, desde el ámbito municipal al nacional. Además, este proyecto de ley fija los parámetros de las inversiones sociales que el Estado tiene el deber de poner en el acto para garantizar el real cumplimento de los derechos sociales, culturales, económicos y democráticos de la población joven.

7. POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD En respuesta y concomitancia con los cambios normativos y legales y con los convenios internacionales de los que es firmante, Colombia tiene una estructura estatal preparada a impulsar, desde diferentes marcos públicos y administrativos, políticas poblacionales dirigidas específicamente a la población joven. Ello se ha coincidido con un aumento del interés de los sectores privados y académicos en relación a la acción política y a la producción de conocimiento sobre el sector juvenil del país.

35 Texto conciliado Proyecto de Ley Estatutaria 169/11 Senado - 014/11 Cámara - acumulado con el Proyecto de Ley 045/11 Senado y 084/11 Cámara.

La Política Nacional de Juventud busca que cada una de las políticas sectoriales incorpore acciones coordinadas y útiles para expandir las capacidades de la población joven, tanto a nivel administrativo y programático como presupuestal, lo que quiere decir, búsqueda y gestión de recursos en los diferentes sectores para dirigirlos a la población joven.

Por Política Nacional de Juventud se entiende, por lo tanto, el conjunto de todos los procesos, políticas, planes y programas, herramientas jurídicas y recursos que, desde las diferentes instituciones sectoriales de administración pública, se dirigen de forma transversal, a la población joven.

Los ejes estratégicos de la Política Nacional de Juventud son:

• Participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y la convivencia;

• Acceso a bienes y servicios públicos;• Ampliación de las oportunidades sociales, económicas y

culturales.

Con el objetivo de coordinar y promover la integración de esas políticas con acciones que se desarrollen a nivel privado y no gubernamental, se creó mediante el Decreto 822 del año 2000 el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Colombia Joven representa la institucionalidad del orden nacional para la gestión de las temáticas políticas y económicas de juventud.

La Constitución de 1991 establece que los recursos y competencias en relación con el desarrollo social sean gestionados, en medida considerable, por los municipios y, en alguna medida, por los departamentos (descentralización administrativa) para facilitar la adecuación de las ofertas de programas a las especificidades de las comunidades locales y a las necesidades de los territorios. El ámbito local es el referente real y el núcleo funcional del ordenamiento político y administrativo en Colombia y, de ahí, que las ofertas y oportunidades se impulsen desde ese nivel.

La Política de Juventud en los niveles territoriales pretende ser el resultado de la coordinación entre las secretarías departamentales o municipales, las instituciones sectoriales nacionales y de carácter territorial o local y la cooperación internacional.

Desde el Programa Presidencial “Colombia Joven” se realiza asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación, ejecución y seguimiento de todas las políticas direccionada a la población joven, estableciendo un sistema de comunicación entre regiones, facilitando la construcción de metodologías compartibles y fomentando la creación de Comités Interinstitucionales a nivel local y nacional.

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El Programa Presidencial “Colombia Joven” se encarga, además, de promover un Sistema Nacional de Información sobre Situación y Prospectiva de la Niñez y la Juventud, para estructurar un sistema de conocimiento que permita focalizar la temática, monitorearla, planear posibles acciones dándoles seguimiento y fomentar y facilitar las comunicaciones entre todas las entidades, privadas, públicas, no gubernamentales y civiles, involucradas en el proceso.

Existen grupos de trabajo y programas de investigación y docencia especializados en el análisis de la condición de la población joven colombiana. Se han realizado encuestas y consultas con las personas jóvenes sobre sus perspectivas de futuro, necesidades y opiniones, promoviendo además procesos organizativos y de participación juvenil en la creación de conocimiento.

Logros de la política de juventud

Los principales resultados han sido una mayor presencia de los jóvenes en las agendas nacionales, departamentales y municipales y el impulso hacia el reconocimiento de la diversidad y autonomía de los jóvenes considerándolos, por un lado, como sujetos específicos de derecho a incluir en las prioridades sectoriales, y por el otro, con una visión más integral, como “portador de valores y potencialidades específicas que lo convierten en actor clave para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, en paz y con justicia social”36.

Además, se ha llegado progresivamente a la voluntad explícita de estructurar el trabajo alrededor de un sistema de intervención con responsabilidades específicas, superando las anteriores Políticas de Juventud, basadas en enfoques asistencialistas que trabajaban sobre todo alrededor de la noción de riesgo psicosocial.

Sin embargo, como se advierte a partir de las mismas bases para el plan decenal de juventud 2005-2015 del Programa “Colombia Joven”, el reconocimiento de la población juvenil y la necesidad de impulsar políticas y oportunidades poblacionales específicas, aún no están lo suficientemente consolidadas y los resultados siguen estando por debajo de los objetivos deseados.

El Sistema Nacional de Juventud carece todavía de condiciones para impulsar políticas públicas integrales. Desde el Programa de Gobierno, Colombia Joven, se señalan como principales dificultades relacionadas con la promoción de políticas públicas, la falta de continuidad en municipios y departamentos cuya institucionalidad territorial se considera muy débil y, por lo tanto, sujeta a cambios políticos. Se considera que la consolidación del proceso se ha visto afectada por los cambios políticos en las instituciones especializadas en programas y políticas de juventud.

36 Programa Presidencial Colombia Joven, bases del Plan Decenal 2005-2015.37 CONPES Nacional de Juventud, hacia la construcción de una política de juventud Colombiana, junio 2009.

Se recomienda reforzar la capacidad institucional para llevar a cabo procesos de planeación e implementación de políticas juveniles, en todos los niveles territoriales y, a la vez, establecer con mayor precisión los mecanismos internos de gestión y favorecimiento de las políticas juveniles. Del mismo modo, se señala como insuficiente la asignación de recursos para la gestión institucional y social en favor de la juventud, especialmente en las entidades territoriales.

La política de intervención en casos de riesgo y dificultades específicas, vividas por parte de la población joven en situación de vulnerabilidad, sigue dificultando la difusión del concepto de juventud como bien común y el reconocimiento del papel fundamental de los jóvenes como impulsores de desarrollo, tanto a nivel local como nacional. Esto ha significado una falta importante en las posibilidades de cambio que tienen que ver con este sector.

Es escaso el seguimiento y la evaluación de resultados, por lo tanto, el impacto de los proyectos pierde fuerza en el tiempo y no existe suficiente reconocimiento institucional más allá de la duración de los proyectos, lo cual quita fuerza a la potencialidad de multiplicación de los mismos. La información existente está escasamente catalogada, dispersa y lejos del alcance de las instituciones que se encargan de formular proyectos, sobre todo a nivel local.

Este elemento representa una falta de diálogo interno entre las instituciones y las entidades que se ocupan de las políticas de juventud. Falta mayor producción de información cualificada y actualizada que propicie la comprensión de las condiciones y características de la población juvenil y que oriente la toma de decisiones de los organismos públicos y privados y de la sociedad civil, respecto a la Política Nacional de Juventud y su consecuente Plan Decenal.

Falta promover acciones que impulsen la equidad de género, bajo las mismas bases puestas por el CONPES y un enfoque capaz de identificar las necesidades específicas de hombres y mujeres jóvenes, considerando especialmente importante incidir positivamente en este ámbito, ya que la juventud es una etapa clave en el proceso de imposición y reforzamiento de los roles de género.

En el informe CONPES Nacional de Juventud de 2009, se incluye la necesidad de articular y fortalecer los consejos de juventud municipales y departamentales, ampliando el reconocimiento de la diversidad entre población joven y de las especificidades de las realidades vividas. Además, se subraya la responsabilidad del Estado de asegurar los instrumentos normativos que garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud, entre otras cosas, construir un sistema de indicadores con perspectiva poblacional, realizar seguimiento a las inversiones públicas y privadas, identificar y compartir las buenas prácticas del proceso de implementación del sistema nacional de juventud37.

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En Colombia existe una estructura institucional y legal positivamente orientada a la implementación de políticas de juventud. Sin embargo, la realidad social, política y económica en las que se encuentra actualmente el país, está impidiendo un real aprovechamiento de esos recursos; existe una realidad de debilitamiento de la democracia participativa y “la crisis generada por la guerra, la pérdida de institucionalización del país, la pobreza, el desequilibrio en las finanzas públicas y la recesión económica” son factores importantes que impiden un real desarrollo de las potencialidades de aplicación de las políticas juveniles38.

Los procesos de privatización de recursos básicos crean un panorama de progresivo alejamiento de las posibilidades de bienestar y desarrollo del sector juvenil, y la falta de mecanismos reales de acceso de este sector a la participación política hace que los avances en materia normativa, programática, institucional y consultiva, no sean efectivos. En las zonas rurales, donde la garantía de derechos, recursos y posibilidades resulta ser más inaccesible o ausente, existen aún menos proyectos y programas específicos dirigidos al sector juvenil.

La diferencia que existe entre contexto urbano y rural hace que los programas y proyectos dirigidos a este sector se enfoquen sobre todo al ámbito agrícola y al desarrollo productivo-económico del campo; de ahí la ausencia de políticas poblacionales específicas dirigidas al sector juvenil. Al mismo tiempo, los programas de desarrollo rural escasas veces incluyen estrategias de integración inter-generacional que favorezcan la participación de la juventud en condiciones de equidad, de lo que se deriva que la mayoría de las veces las y los jóvenes se ven excluidos de ellos o incluidos de manera periférica.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se promueve una visión multidimensional de la pobreza y de la desigualdad, considerando como un factor más la edad (juventud y niñez), que se suma a la salud, educación, vivienda, entre otros, como factor que incide directamente sobre la cobertura de los programas sociales. El presupuesto de inversión dirigido a niñez y juventud para ese período es de alrededor de 2.500.000 USD (650.000 USD para el año 2012)39. Sin embargo, resulta ausente una coordinación transversal entre política etaria dirigida a la población joven y las políticas de desarrollo rural, que incluyan la consideración de las especificidades de etnia y género.

El contexto de transición productiva, la migración hacia zonas urbanas, la falta de servicios y derechos básicos hace necesaria la implementación de una estrategia política dirigida específicamente al sector joven rural, teniendo en cuenta los elementos constitutivos de las diferencias de etnia, de género, de contexto y experiencia, dentro de los mismos grupos etarios.

38 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos89/politica-publica-juventud/politica-publica-juventud.shtml39 Plan plurianual de inversiones 2011-2014.40 http://www.monografias.com/trabajos89/politica-publica-juventud/politica-publica-juventud.shtml41 Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven Informe Balance Primeros 100 Días Periodo Agosto a Noviembre de 2010.

Es necesario considerar la potencialidad y el recurso que las y los jóvenes representan para sus comunidades y no ver la juventud simplemente como etapa de paso; relacionar el desarrollo local con la experiencia vital de las nuevas generaciones incluyéndolas en él; promover estudios específicos que permitan detallar diagnósticos; promover la participación de las organizaciones y asociaciones de base existentes y articular esfuerzos específicos direccionados a la juventud rural, indígena y afro-descendiente de Colombia, como nudo central y urgente de las políticas públicas del país.

8. INSTITUCIONALIDAD RELEVANTE PARA LA JUVENTUD RURAL

El tema de la juventud se ha mantenido en el escenario público en gran parte por el trabajo coordinado de las organizaciones sociales y el apoyo de la cooperación internacional40. Existe un significativo aporte de la cooperación internacional para fortalecer instancias de juventud y financiar planes y proyectos para jóvenes. Los organismos multilaterales de cooperación tienen políticas que destacan la importancia de los y las jóvenes en el marco de las sociedades democráticas, lo que ha servido para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de dar atención específica a sus problemas y potencialidades.

Un reciente estudio sobre la oferta institucional del país, dirigida a la juventud, indica que en 28 entidades territoriales y en la Nación existe interés público y privado para resolver o apoyar la solución de las necesidades expresadas por los jóvenes.

Según se advierte en el Informe Balance Primeros 100 Días del Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven41, se identifican los socios estratégicos de las políticas Juveniles.

Ministerio del Interior

Apoyo del Señor Ministro en la incidencia del proyecto de ley 127 por el cual se crea el Estatuto de ciudadanía Juvenil.

Ministerio de Agricultura

Constitución de la Mesa Interinstitucional para la Juventud Rural.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)

Con la coparticipación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Oportunidades Rurales tiene el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales de los pobladores rurales y mejorar sus microempresas para tener acceso a recursos financieros, servicios técnicos, conocimientos e información. Adicionalmente, se busca que mejoren sus posibilidades competitivas, de acceso a los mercados y su capacidad de generar recursos, así como que aporten con sus iniciativas a la construcción de mejores políticas públicas.

En el marco de este Programa se desarrollan dos actividades principales dirigidas a población Joven Rural:

Fondo de incentivos al ahorro para jóvenes rurales, que cofinancia la capacitación en educación financiera a jóvenes de colegios agropecuarios y otorga incentivos al ahorro formal con el objetivo de estimular la cultura del ahorro y el espíritu empresarial en la juventud rural. Está dirigido a población joven de los grados 9°, 10° y 11° de colegios agropecuarios y prevé programas de educación financiera y la otorgación de incentivos de ahorro formal en el Banco Agrario, por un equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor ahorrado por cada joven y por un monto máximo de 200 USD por año, durante tres años. Este ahorro, más el incentivo, constituyen para la población joven un capital semilla que le permitirá hacer su inversión futura en actividades productivas.

Rutas de aprendizajes “talentos jóvenes rurales”, realizadas por PROCASUR (en colaboración con FIDA, FAO y Fundación Ford) en cuatro ocasiones durante los años 2010 y 2011. Su objetivo era el de identificar, divulgar y potenciar las experiencias exitosas de organizaciones de jóvenes rurales, creando una red de aprendizaje en toda América Latina y El Caribe, para implementar alternativas de solución a los diversos problemas que enfrentan los jóvenes rurales. Los tres ejes principales de la Ruta fueron: acceso tierra, acceso a productos y servicios financieros, experiencias empresariales.

Programa para la formación y desarrollo del joven rural nacional

Presupuesto anual para 2012: 5.000.000 USD ($Col 9.000.000.000).

Fondo de oportunidades para el desarrollo de negocios rurales

Es un fondo de financiamiento de proyectos empresariales dirigido a organizaciones campesinas representadas por organizaciones legales de pequeños productores rurales como jóvenes, mujeres, indígenas y afrocolombianos, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISEN, que realicen actividades económicas vinculadas con las cadenas productivas que tienen prioridad a nivel departamental.

Existen tres perfiles de cofinanciación:

• Perfil de Negocio: se cofinancia hasta con 18.000 USD (32 millones de pesos colombianos) las propuestas presentadas por organizaciones que estén, conjuntamente, iniciando su negocio.

• Plan de Negocio: se cofinancia hasta con 23.500 USD (42 millones de pesos colombianos) las propuestas de negocios conjuntos que estén en etapa de fortalecimiento.

• Programa Empresarial: se cofinancia hasta con 29.000 USD (52 millones de pesos colombianos) las propuestas presentadas por organizaciones micro-empresariales que requieran apoyo en actividades muy específicas para tener acceso a nuevos mercados y tecnologías.

También se cofinancian capacitaciones y formaciones necesarias a la entrada al mercado y gestión de la empresa, asistencia técnica y asesorías, compra de materiales necesarios (hasta por el 10% de los recursos asignados) obtención de licenciamiento comercial, realización de sondeos de mercado, y otras actividades estrictamente relacionadas con la consolidación del proyecto.

Banco Agrario de Colombia

Línea de Crédito Jóvenes Caficultores, dirigido a caficultores entre los 18 y los 40 años que no posean tierra.

El programa empieza en 2012 y termina, de forma prorrogable, en 2015. Se genera un convenio firmado entre el Banco Agrario y la Federación Nacional de Cafeteros (Defecaré) en el marco del Acuerdo Para la Prosperidad.

El monto máximo a financiar para el 2012 será de hasta 32.500 USD (57 millones 520 mil pesos) y las amortizaciones a capital y pago de intereses serán semestrales o anuales, de acuerdo con el ciclo productivo del proyecto.

Acciones dirigidas a la juventud rural

En febrero de 2012 se ha realizado el Diálogo Regional de Juventudes Indígenas sobre Democracia y Ciudadanía, en Cartagena de las Indias, Colombia, con la participación de 70 jóvenes indígenas de Guatemala, México, Ecuador, Paraguay y Colombia.

La iniciativa ha sido organizada por el Fondo España-PNUD, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el Centro de Formación de la Cooperación Española y la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Este diálogo permitió avanzar en los logros alcanzados después de la implementación de los tratados internacionales sobre derechos de los Pueblos Indígenas y el uso efectivo que hacen las organizaciones indígenas de los instrumentos de derechos humanos y colectivos generados por las Naciones Unidas; prácticas y fuerza de las organizaciones sociales indígenas, con enfoque específico de género y etario, y participación en los sistemas políticos nacionales; creación de una plataforma de formación, capacitación y educación para líderes y lideresas jóvenes indígenas en la región.

Ministerio de Transporte

Diálogo para la construcción de una mesa de análisis de los asuntos de la juventud y el transporte.

En las relaciones con Entidades Públicas:

SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje.

Constitución de la Mesa Interinstitucional para la Juventud Rural, consolidación de alianzas para el trabajo en temas como el emprendimiento rural y urbano, la articulación con el Golombiao y con los programas que se desarrollan en la dependencia del SENA denominada “Atención a población en situación de vulnerabilidad”.

El SENA desde el año 2003 ofrece el programa de “Formación Ocupacional para Jóvenes Rurales”, dirigido a población entre 16 y 25 años pertenecientes a los estratos 1 y 2 del registro del Sisen.

Con este objetivo SENA articula cursos de formación realizados en todos los departamentos del país y relacionados a las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y agroindustrial, con el fin de ofrecer mayor formación y competencias y, por lo tanto, mejores posibilidades de trabajo para la población joven del campo. En el año 2006, alrededor de 77000 personas jóvenes se habían beneficiado del programa.

El SENA financia, además, la creación de empresas para estudiantes y egresados de sus programas a través del Fondo Emprender, que facilita el acceso al 100% del capital necesario para la realización de los proyectos empresariales42.

El Programa “Jóvenes Rurales Emprendedores” tiene el objetivo de acompañar la construcción de actividades productivas en sectores agropecuarios, agroindustriales y de servicio a las regiones, en acuerdo con los planes de desarrollo regionales y municipales, ofreciendo la base financiera para la creación de las empresas y el material de los programas de formación necesarios para la creación de las competencias adecuadas43. El fomento de la empresarización de los jóvenes rurales y el aporte para la creación de pequeñas impresas sustentables, brinda la posibilidad de generar ingresos, devolver productividad renovada al

campo, crear mejor calidad de vida en ese medio y reducir, en parte, el fenómeno de urbanización juvenil.

El Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, a través del Fondo Emprender (FE) de SENA, permitió en 2009 la creación de 6540 unidades productivas. Desde el 2003 al 2010 el programa pasó de 4972 cupos ofrecidos, a 269 459 en 2010. A través de este programa Sena había beneficiado, al año 2010, a 1 299 000 jóvenes entre 16 y 35 años del sector rural en 1048 municipios de Colombia. Como resultado de estos procesos de formación, se han creado 8 806 unidades productivas. Para el año 2012, de los 42 409 071 USD (76 000 millones de pesos colombianos) dispuestos por el Fondo Emprender para la creación de empresas, 5 580 141 USD (10 000 millones de pesos colombianos) están destinados al “Programa Jóvenes Rurales, Lideres de Desarrollo y Población Vulnerable”44.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Activación Mesa Interagencial en Juventud.

Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Diálogos para la inclusión de un capítulo de juventud en el Plan Nacional de Desarrollo y para la configuración del CONPES de Juventud.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Consolidación de relaciones de cooperación y participación en el desarrollo del programa “Mis Derechos Primero” y la atención a población en situación y riesgo de desplazamiento forzado.

Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Configuración de diálogos para la elaboración de proyectos que involucran a la juventud y al Programa de Derechos Humanos en las zonas de explotación de hidrocarburos.

41 Desde el 2002 al 2010 ha habido 9 convocatorias nacionales, 58 regionales (en asociación con entes territoriales) para un total de 2135 proyectos, 65.287.650,17 USD (117.000 millones de pesos).42 http://www.sena.edu.co/downloads/2011/juridica/Acuerdo%20007%20del%202011.pdf43 http://www.sena.edu.co/downloads/2011/juridica/Acuerdo%20007%20del%202011.pdf

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En las relaciones con las Altas Consejerías y espacios interinstitucionales:

Alta Consejería para la Reintegración.

Configuración de diálogos, respecto a estrategias de reintegración a la sociedad civil de los jóvenes desvinculados, evaluación del desarrollo de la estrategia del Golombiao con 1 275 jóvenes reinsertados en 26 municipios y el proceso de transferencia de la estrategia del Golombiao45.

Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de la Infancia y la Adolescencia. Participación en la mesa, para la elaboración de proyectos y programas dirigidos a la prevención de reclutamiento infantil y adolescente.

En relación a los Organismos de Cooperación:

Agencia Canadiense de cooperación internacional ACDI.

Movilización de recursos de cooperación para el desarrollo de la estrategia del Golombiao – El Juego de la Paz.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Se logra que el programa de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes iniciara su trabajar conjuntamente con Colombia Joven. Oferta de asistencia y desarrollo del observatorio juvenil, en el área de política pública, en la generación de recursos para jóvenes y en asesoría técnica en la mesa interagencial de prevención de reclutamiento, donde el Programa retomará la secretaría técnica.

Organización Iberoamericana de la Juventud.

Construcción de acuerdos a futuro en el marco del Plan Iberoamericano de la Juventud.

Agencia de Cooperación Alemana.

Se logra apoyo técnico para el proceso de planeación estratégica y presentación de los logros de la estrategia El Golombiao – El Juego de la Paz, en el municipio de Soacha.

44 Tomado de http://latinpymes.com/site/2012/02/mas-de-76-000-millones-para-crear-empresa/45 Www. Periodismo público.com. El Golombiao - el juego de la paz- es una estrategia y una herramienta pedagógica para promover las competencias ciudadanas y facilitar la construcción de una convivencia pacífica entre los jóvenes. Utiliza el futsal para convocarlos y a partir del establecimiento, cumplimiento y revisión de acuerdos de convivencia, generar procesos de aprendizaje y cambio en las personas, grupos, comunidades e instituciones.46 Programa Presidencial Colombia Joven, Política Nacional de Juventud, bases para el plan decenal de juventud 2005-2015.

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Esta entidad sostiene un programa específico de participación juvenil, a través de los Encuentros De Jóvenes Indígenas del Cauca, Tejiendo la Unidad rompiendo las fronteras del Colonialismo, el último se ha realizado en julio de 2010. http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=337:iii-encuentro-de-jovenes-indigenas-del-cauca-tejiendo-la-unidad-rompiendo-las-fronteras-del-colonialismo

Proyecto “Fortalecimiento de la participación de la Juventud en el Plan de Vida de la Asociación de Cabildos de Indígenas norte del Cauca (ACIN)”, financiado por la Diputación Española de Málaga, 2011/2012.

Este proyecto busca fortalecer la participación comunitaria de las y los jóvenes en la planeación, seguimiento y evaluación de los Planes de Vida de la ACIN, incorporando a la juventud indígena como sujeto de la formación, de la investigación y de la participación, y buscando que la dirigencia de la ACIN tome conciencia de la nueva realidad que la juventud conforma en las comunidades, para incorporarla a las prioridades de los Planes de Vida. http://www.cicbata.org/?q=node/421

Presencia y tipo de oferta pública y privada para la población juvenil por departamento46.

El total de los programas, proyectos y otras acciones disponibles para el sector de la juventud es de 276. El mayor porcentaje de la oferta pública (109 = 42%) corresponde a programas derivados de los planes y programas normales, mientras los proyectos se encuentran en segundo lugar (100 = 38%). El resto (67) está constituido por servicios específicos y políticas públicas.En cuanto al sector privado, el total de la oferta alcanza a 145 programas, proyectos y servicios. El porcentaje superior (73 = 49%) corresponde a programas que permiten un mayor grado de permanencia de estas ofertas, puesto que forman parte de políticas institucionales y se desarrollan como acciones regulares. En segundo lugar, se encuentra el conglomerado integrado por proyectos (37 = 25%) y servicios (35 = 23%), los cuales facilitan en algunas entidades una oferta más ajustada a las condiciones cambiantes de la población juvenil.

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Deptos. con mayor oferta pública de programas y proyectos para jóvenes

TolimaBogotá CaldasCundinamarca AntioquiaHuila

Total Deptos. Señalados

231515141111

89

13,0%8,4%8,4%7,8%6,1%6,1%

49,8%

Departamento N° programas % del total

Fuente: Programa Presidencial Colombia Joven, Política Nacional de Juventud,

bases para el plan decenal de juventud 2005-2015.

Nota: la suma de los programas no significa que éstos sean distintitos. Puede estar aplicándose un mismo programa en varios departamentos.

Como es evidente a partir de los datos, 6 departamentos, entre los que no están los más carenciados, acaparan casi la mitad de la oferta pública hacia los jóvenes.

Oferta pública de programas y proyectos para jóvenes

Atención y acompañamientoFormación y/o capacitaciónPromociónDivulgación– ConectividadParticipación e InclusiónFinanciación-Garantías y Becas


615936312927

243

24,0%23,0%14,0%12,0%11,0%10,0%

94,0%




Nota: el número total de la oferta es de 276. No se especifican 33 programas.

Deptos. con mayor oferta privada de programas y proyectos para jóvenes

TolimaCundinamarca Valle Huila Atlántico San Andrés


1717141198

76

13,1%13,1%10,8%8,5%7,0%6,2%

58,7%





En el caso de la oferta privada, la formación también es fuerte dentro de la oferta, así como la atención y acompañamiento. En este caso la participación e inclusión es el programa con menor peso. La concentración por departamentos es aún más evidente, pues más de la mitad de la oferta se destina a sólo 6 departamentos. Al sumar la oferta pública y privada se observa que sólo 10 departamentos del país acaparan alrededor de la mitad de la oferta pública y privada de programas para la juventud. No están explicitados los criterios con los cuales estos fueron los departamentos seleccionados.

Oferta privada de programas y proyectos para jóvenes

Formación y/o capacitaciónPromociónAtención y acompañamientoDivulgación– Conectividad:Participación e Inclusión

Total programas señalados

6332209

10

134

43,0%21,0%13,0%6,0%7,0%

90,0%





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Colombia está viviendo un período de especial atención a las políticas dirigidas a la población juvenil, en acuerdo con la priorización efectuada desde instancias internacionales y ratificadas en acuerdos multilaterales. En respuesta y concomitancia a los cambios normativos y legales y a los convenios internacionales de los que es firmante, Colombia tiene una estructura estatal preparada para impulsar, desde diferentes marcos públicos y administrativos, políticas poblacionales dirigidas específicamente a la población joven.

Después de veinte años de implementación de herramientas políticas y legales para la juventud, Colombia se encuentra ahora en el momento de incrementar significativamente su aplicación. Como afirma el Ministerio de Interior, la población juvenil se encuentra en progresivo aumento demográfico y la necesidad de garantizar sus derechos y de reconocer, a la vez, su importancia estratégica en el desarrollo integral del país. Ampliar su acceso a bienes y servicios y mejorar las oportunidades de inserción laboral (entre otras cosas), se ha vuelto central en la agenda política de los últimos años.

Existe en Colombia una base política importante para la planeación e intervención en este ámbito y una estructura institucional y legal positivamente orientada a la implementación de políticas de juventud.

Desde un punto de vista legal existe un marco de protección del sujeto joven, tanto a nivel individual como colectivo, con “especial atención a los y las jóvenes desde un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial”. Esto conlleva al reconocimiento de los derechos especiales de las juventudes indígenas, afro descendientes y raizales (Art. 8 de la Constitución) ofreciendo una base a los procesos de apoyo al desarrollo educativo, laboral y socio-cultural.

Aunque no existan en el Programa planes y acciones específicas hacia la población joven indígena y afro descendiente, las leyes de juventud y las dirigidas a las minorías étnicas posibilitan extender y diferenciar programas ofreciendo posibilidad de acción, aunque no formalizada en términos propios.

Resulta estratégica la descentralización de la acción pública que permite la implementación de políticas y programas específicos en respuestas a demandas y necesidades diferenciadas. El proyecto de ley “Estatuto para la Juventud”, que ampliaría algunos puntos de la Ley 375 de 1991, aumenta aún más el enfoque distrital de las políticas públicas, promoviendo una mayor coordinación entre entes locales, favoreciendo la participación de los consejos juveniles a nivel municipal y distrital con coordinación nacional entre ellos. También promueve la organización de plataformas de juventud relacionadas con los entes

9. POSIBLES OPORTUNIDADES PARA EL PROGRAMA REGIONAL JUVENTUD RURAL EMPRENDEDORA

territoriales que conforman un escenario autónomo de intercambio y formulación de propuestas y demandas. Este sistema organizativo desde lo local, puede de alguna manera funcionar como suplente a la ausencia de una institución específica que trabaje en las políticas de juventud indígena y afro descendiente.

El posible diálogo con autoridades locales, tanto para la construcción de un mapeo de necesidades y reconocimiento de prioridades, como para la planificación de intervenciones, representa una oportunidad importante para la implementación del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora.

Desde el Programa Colombia Joven se aprende la necesidad de coordinar mayormente el trabajo de departamentos y municipios con los Planes de Desarrollo Nacional, así como la creación de redes regionales para la implementación de políticas públicas. El Programa Regional Juventud Rural Emprendedora podría ofrecer la continuidad esperada más allá de las oscilaciones debidas a los cambios de juntas políticas, efectuando una labor en diferentes territorios de Colombia.

Otras oportunidades para el Programas están representadas por el continuo esfuerzo de articulación entre entidades públicas y privadas, que se está haciendo prioritaria en la planeación de las políticas públicas para la población joven y en la realización de los programas y proyectos en agenda En el Art. 14 del proyecto de ley Estatuto para la Juventud, se lee la necesidad de “diseñar una oferta programática para los jóvenes en el municipio o distrito a ejecutar directamente o a través de alianzas, convenios con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas que desarrollen oferta en el nivel municipal o distrital, promoviendo la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones entre la nación, el departamento y el municipio o distrito”; y de “liderar alianzas con organismos y con entidades nacionales e internacionales de carácter público, privado y mixto que contribuyan a la garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes” (Art. 16).

Además en el PND 2010-2014 se promueve una visión multidimensional de la pobreza y de la desigualdad, considerando la edad (juventud y niñez) como elemento que incide directamente sobre la cobertura de los programas sociales; esto, junto con la disposición legal de garantizar a todas las personas “los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica [que vincula el Estado a la promoción] de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” (Art. 13 de la Constitución). Este punto de vista permite pensar en la posibilidad de revisar programas ya existentes de acceso a servicios financieros y apoyo empresarial en el ámbito rural, para introducir en ellos un enfoque etario y con perspectiva de género.

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Así también, el proyecto de ley “Estatuto para la Juventud” establece criterios para la aplicación de la política de juventud “en forma diferenciada y de acuerdo con los distintos territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales de donde procedan o pertenezcan los y las jóvenes” (Art. 15). En este sentido, la cooperación con movimientos sociales indígenas y afro descendientes permitiría, no solo la elaboración de propuestas que respondan a las demandas de los y las beneficiarias del programa, sino también una visión descentralizada y territorialmente específica de la administración pública.

Además, el trabajo de coordinación de las políticas públicas por parte del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora y de las organizaciones sociales, puede servir para garantizar aquella continuidad programática que se hace explícita en las mismas recomendaciones del Programa Presidencial Colombia Joven.

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• ORGANIZACIONES DE JÓVENES AFRO-DESCENDIENTES E INDÍGENAS U ORGANIZACIONES, FUNDACIONES Y ONG CON TRABAJO ESPECÍFICO CON JUVENTUD AFRO-DESCENDIENTE E INDÍGENA:

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• Red Nacional “La Nueva Escuela Afrocolombiana”

http://redjoven-afrocolombia.blogspot.com.es/

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http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=33

• REJINA (red iberoamericana de juventud indígena)

http://redrejina.wordpress.com/quienes-somos/

• ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia)

http://cms.onic.org.co/

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• Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Indígenas Maya Renoj

http://renojmaya.blogspot.com.es/

• AFIN Asociación para el Fomento de la Integración de las Negritudes

http://ong.tupatrocinio.com/asociacion-para-el-fomento-de-la-integracion-de-las-negritudes-afin-colombia-info-1334.html

• Corporación Estrategias Sustentables

http://jovenes-colombia.rio20.net/author/corpojovenesdeambiente/

• Fundación ACUA – Activos Culturales Afro

http://www.programaacua.org/

• Renacientes PCN Colombia

http://www.renacientes.org/

• JEMCOL (Fundación Jóvenes Empresarios Colombia)

http://votocalibrado.org/Historia/JemCOL-Fundaci%C3%B3n-de-J%C3%B3venes-Empresarios-de-Colombia-Certificaci%C3%B3n

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