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2 A. Denuncia en contra de la actora. El tres de abril de dos mil veinte2, Cuauhtémoc Becerra González, en su calidad de militante

de Morena, presentó ante la Comisión de Justicia una queja en

contra de la hoy promovente, por presuntamente haber cometido

faltas en contra de los principios básicos de ese partido político.

3 B. Admisión de la queja. El once de mayo, la CNHJ emitió un acuerdo de admisión respecto a la queja referida, en el cual ordenó,

entre otras cosas, emplazar a la promovente a efecto de que

manifieste lo que a su derecho convenga, y de no hacerlo,

apercibida que se le dará por precluido su derecho.

4 A dicho procedimiento se le asignó el número de expediente: CNHJ-

CM-259/2020.

5 C. Primer juicio ciudadano SUP-JDC-705/2020. En contra de la presunta notificación de dicho acuerdo, el quince de mayo, la actora

promovió juicio ciudadano ante esta Sala Superior.

6 Dicho asunto, fue resuelto por este órgano jurisdiccional el pasado

quince de julio, en el sentido de desechar de plano la demanda

debido a la inexistencia de la notificación combatida, toda vez que

ésta se encontraba pendiente de realizarse.

7 D. Acto impugnado. El doce de noviembre, mediante correo electrónico, la actora fue notificada de un acuerdo de preclusión de

derechos en el expediente CNHJ-CM-259/2020, consistente en que

ha precluido su derecho a ofrecer pruebas, por no haber dado

contestación al emplazamiento de dicho procedimiento.

8 II. Juicio ciudadano federal. En contra de esta última determinación, el diecinueve de noviembre siguiente, la enjuiciante

2 En adelante todas las fechas se referirán a este año, salvo expresión en contrario.

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g) y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley de Medios.

SEGUNDO. Justificación para resolver por videoconferencia

13 El presente asunto es susceptible de ser resuelto por esta Sala

Superior de forma no presencial con fundamento en lo dispuesto en

el Acuerdo General 8/2020, aprobado por este órgano jurisdiccional

el pasado uno de octubre, y publicado en el Diario Oficial de la

Federación el trece de octubre siguiente.

14 Lo anterior, atendiendo a que, a través de dicha determinación la

Sala Superior acordó reestablecer la resolución de la totalidad de

medios de impugnación, de forma no presencial, con motivo de la

pandemia de COVID-19.

TERCERO. Requisitos de procedencia

15 El escrito de demanda que se examina reúne los requisitos de forma

y los presupuestos procesales, como se explica a continuación:

16 A. Requisitos formales. Se colman las exigencias previstas en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, porque en el escrito de

impugnación, la actora: a) precisa su nombre; b) identifica el acto

impugnado; c) señala la autoridad partidista responsable; d) narra

los hechos en las que sustenta su impugnación; e) expresa

conceptos de agravio y presenta pruebas; y f) asienta su firma

autógrafa.

17 B. Oportunidad. La presentación de la demanda se considera oportuna, dado que la actora dice haber tenido conocimiento del acto

impugnado el día doce de noviembre, y la demanda fue presentada

el diecinueve siguiente.

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SUP-JDC-10127/2020

6

limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o

derechos sustantivos.

23 En el caso, la promovente controvierte un acuerdo emitido por la

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena; dentro del trámite y

sustanciación del procedimiento de queja de clave CNHJ-CM-

259/2020, consistente en que ha precluido el derecho de la

promovente a ofrecer pruebas, debido a que no dio contestación al

emplazamiento respectivo a partir de la –presunta– notificación del

acuerdo de admisión correspondiente.

24 Lo anterior, en el entendido que la actora precisamente se duele de

que, contrario a lo sostenido por la autoridad partidista, no fue

notificada del referido emplazamiento.

25 Así, con base en el referido criterio de excepción, se advierte que el

acto impugnado tiene un impacto material en los derechos del

ciudadano al debido proceso, en específico al de garantía de

audiencia y debida defensa, pues con dicha determinación se le

impide o prohíbe de forma directa a la actora a presentar pruebas a

su favor dentro del trámite y sustanciación de un procedimiento

intrapartidista seguido en su contra.

26 Ello, aun y cuando en dicha determinación la responsable señale

que dicha preclusión de derechos no genera presunción respecto a

la veracidad de los hechos que motivaron la denuncia, pues lo cierto

es que la actora ya no estará en aptitud de manifestar lo que a su

interés convenga, o presentar los medios de prueba que estime

pertinentes dentro del citado procedimiento.

27 Consecuentemente, la determinación reclamada, en sí misma, es

susceptible de generarle una afectación irreparable a los derechos

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SUP-JDC-10127/2020

8

La falta de notificación del auto de admisión lo ha venido

reclamando desde que promovió el juicio de ciudadanía

número SUP-JDC-705/2020 (15 de mayo);

En el informe circunstanciado que rindió en el indicado juicio,

la autoridad responsable reconoció que no había sido posible

realizar debidamente la notificación por correo electrónico del

auto de admisión, por lo que se determinó que la misma se

realizaría de forma personal en el domicilio señalado para tal

efecto, es decir, en la sede del órgano partidista que la

promovente preside;

Es falso que haya sido notificada del auto admisorio el día

nueve de julio, como se precisa en el auto de preclusión de

derechos, pues en esas fechas la sede del partido se

encontraba cerrada, en razón de la contingencia sanitaria, por

lo que no pudo recibirse la notificación;

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le ha realizado

notificaciones en diferentes cuentas de correo electrónico,

circunstancia que le causa incertidumbre, por no estar en

aptitud de saber en cuál de ellas se le notifican las

determinaciones de la instancia jurisdiccional partidista.

30 Como puede advertirse, la enjuiciante expresa su inconformidad

aduciendo una violación a las formalidades esenciales del

procedimiento, su derecho de audiencia y al debido proceso, al

considerar, esencialmente, que ante la ausencia de notificación del

acuerdo de admisión de la referida queja, deviene ilegal la emisión

del acuerdo de preclusión de derechos, que le veda la posibilidad de

acudir al procedimiento a ejercer su derecho a la defensa, porque no

se le brinda la oportunidad de defenderse ni de aportar pruebas.

31 Por tanto, si la ilegalidad del acuerdo de preclusión de derechos se

encuentra sustentada en la omisión de notificación del acuerdo de

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SUP-JDC-10127/2020

10

36 En el juicio previo a que se tiene derecho antes de que proceda un

acto de privación, se deben observar las llamadas formalidades

esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación.

37 Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además,

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del

primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como

elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por

un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta

de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta

observancia del marco jurídico que la rige.

38 Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha

de estar supeditado a que en su desarrollo se observen,

ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho

fundamental de audiencia en favor de los gobernados.

39 Esas fases son, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la

iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de

ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con

el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de

presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de

comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad

de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el

derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado

concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones

debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.

40 Al respecto al derecho de audiencia como de las formalidades

esenciales del procedimiento, se ha establecido cierta uniformidad,

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o momentooncepto y eso deben s partes, pacipio de coguay, de tre0 y 122; Climinares, te de sept

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ultado. Paro, como unno simpleconcurrir lara la debontradictorece de octCaso VélezFondo, Retiembre de

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implica, poompetenteas procesa, por otra p[se] garantfin para esino que

e, ese derero sujeto dmo objetontos necessa de sus ipecto, véasdos mil onc. Panamá,es y Costacuatro (Ex

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27/2020

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SUP-JDC-10127/2020

12

adecuada antes del acto de privación, han señalado: a) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) la posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la

defensa; c) la oportunidad de alegar; y d) que se emita una resolución que resuelva el conflicto sometido a la jurisdicción.

42 De no respetarse los requisitos previamente enunciados, se dejaría

de cumplir con el fin del derecho fundamental de audiencia, que

consiste en evitar violaciones graves de procedimiento que dejen sin

defensa al quejoso.

43 Ahora bien, la exigencia de que todo acto privativo de derechos debe

ser precedido de un juicio ante un tribunal, se ha entendido no en su

connotación literal (con la participación de una autoridad

formalmente jurisdiccional y a través de un proceso), sino con un

alcance mayor que se extiende a toda autoridad que se encuentre

legalmente facultado para emitir decisiones que puedan tener como

efecto la privación de un bien o derecho.

44 En esta situación se ubican los partidos políticos, cuyos órganos

deben en estos casos observar la garantía de audiencia como

presupuesto del debido proceso.7 Tal cuestión es necesaria, si se

atiende a la obligación que tienen los partidos políticos, como

entidades de interés público, de establecer en su normativa interna,

cuando menos las formalidades esenciales del proceso que deben

observarse en todo acto privativo.8

7 Véase la jurisprudencia número 20/2013, cuyo rubro es: “GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE GARANTIZARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, Número 13, 2013, páginas 45-46. 8 En ese sentido, véase la jurisprudencia 40/2016, de rubro: “DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, Número 9, 2016, páginas 14-15.

45

46

47

48

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27/2020

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SUP-JDC-10127/2020

14

a la justicia plena, y que los procedimientos se ajustarán a las

formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes,

haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los

protagonistas del cambio verdadero.

49 El propio Estatuto señala que la Comisión es el órgano jurisdiccional

del partido, independiente, imparcial, objetivo;9 y que el Consejo

Nacional elegirá a las cinco personas integrantes de ese órgano.10

50 De acuerdo con la normativa partidista de Morena, la Comisión de

Honestidad y Justicia tiene entre sus atribuciones y

responsabilidades, en lo que interesa, las siguientes:

a) Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los

miembros de MORENA;

b) Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida

interna de MORENA;

c) Establecer mecanismos para la solución de controversias

mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes.;

d) Conocer de las quejas, denuncias o procedimientos de oficio

que se instauren en contra de las y los dirigentes nacionales

de Morena;

e) Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de

las normas que rigen la vida interna de Morena, con excepción

de las que el Estatuto confiera a otra instancia.

f) Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su

consideración y resolver las consultas que se le planteen en

los términos de este Estatuto;

9 De conformidad con el artículo 49 de los Estatutos. 10 Ver artículos 14 Bis inciso G, 40, 47 al 65 del Estatuto del partido que regulan el funcionamiento de la referida Comisión, así como los procedimientos que puede sustanciar y resolver, y las sanciones y medidas de apercibimiento que está en aptitud imponer.

51

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27/2020

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SUP-JDC-10127/2020

16

52 Conforme a lo dispuesto en el artículo 54, en el procedimiento

previsto para conocer de quejas y denuncias, la norma estatutaria

establece que se garantizará el derecho de audiencia y defensa, y el

procedimiento iniciará con el escrito del promovente.

53 En el mismo precepto se dispone que la comisión determinará sobre

la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo

brindará.

54 La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer,

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión

deberán estar fundadas y motivadas.

55 Por su parte, el artículo 55 establece que, a falta de disposición

expresa en el Estatuto y en sus reglamentos, serán aplicables, en

forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral,

tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de

Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

56 En cuanto a las notificaciones, que se lleven a cabo de acuerdo con

los procedimientos, el artículo 59 del Estatuto remite al Reglamento

de Honestidad y Justicia, en el cual se establecen los plazos y

57

58

59

mecan

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o o certificia indubitairá efectos61°. Se nose realice , se señale

ete el desedetermine guientes, interno, la de veinticlo 12. Las electrónico eñalen en te cierto o urisdiccionde notificavo; e) Poría, que suntes. h) P

ble de reciablecido enón de las 14 bis delpara efectdicha notifad de uti

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nte a las pase cite a tica de algeimiento, latificacionesauto o dicrealizarán

eve a cabde la CNHo; en caso do fuera des serán poconsiderao certifica

otificación pmedio de

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27/2020

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SUP-JDC-10127/2020

18

Comisión podrán realizarse mediante correo electrónico y

personales en el domicilio que se señale en la Ciudad de México.

Asimismo, las y los miembros de los órganos del partido deberán

proporcionar una dirección de correo electrónica que será utilizada

para efectos de su notificación en caso de ser parte en un proceso

jurisdiccional interno.

60 En caso de que no sea posible la notificación a través de dicha vía,

se realizará en el domicilio señalado para tales efectos.

61 Acorde con las disposiciones que se han precisado, la normativa

estatutaria de Morena asegura el cumplimiento del deber de

garantizar las formalidades esenciales del procedimiento mediante la

oportuna previsión de reglas específicas en el estatuto, reglamentos

y los demás instrumentos normativos aplicables, y el indicado

órgano jurisdiccional partidista tiene la obligación de velar por su

respeto.

62 Así, el propio partido político ha instrumentado un procedimiento que

posibilita ese cumplimiento, mediante la implementación de medidas

tendentes a garantizar plenamente el derecho en cuestión, que en

este supuesto específico significa, en su contenido esencial, que se

haga del efectivo conocimiento de sus militantes sobre la

presentación de quejas o inconformidades y la concesión de un

plazo adecuado para que, en su caso, comparezcan en el

procedimiento.

C. Caso concreto.

63 La problemática del asunto consiste en determinar si la notificación

del acuerdo de admisión de la queja que fue instaurado en contra de

deberán proporcionar los datos completos de un domicilio. En todos los casos habrá de facilitarse, complementariamente, un número telefónico.

64

65

66

67

68

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SUP-JDC-10127/2020

20

julio del presente año, toda vez que se lo notificó en la cuenta de

correo oficialmorena@outlook.com, cuenta señalada por el Comité

Ejecutivo Nacional de Morena, a través del oficio número

CEN/P/186/2020, para el efecto de recibir notificaciones y fungir

como oficialía de partes virtual del partido para recibir la

documentación que no se pudiera presentar físicamente en la sede

del instituto político por estar cerrado al público. Así, considera que,

si la aquí actora funge como Secretaria de Mujeres del Comité

Ejecutivo Nacional, dicho correo electrónico también debe

considerarse idóneo para que la denunciada reciba notificaciones, al

ser miembro del órgano nacional de Morena.

69 Empero, tal notificación realizada en la cuenta de la oficialía de

partes virtual de un partido político, en modo alguno puede

considerarse idónea para el efecto que se realice la comunicación

procesal con una persona denunciada en un procedimiento de queja

intrapartidista, puesto que en los autos del expediente respectivo

obra la cuenta personal para tal efecto proporcionada por ella, por lo

que las comunicaciones relacionadas con el trámite y sustanciación

del mismo debe realizarse a través de los mecanismos autorizados

por las partes de la relación jurídica procesal, con independencia del

carácter de integrante de un órgano directivo del partido, máxime

que las determinaciones a notificar atienden al carácter

estrictamente personal de cada una de las partes en el proceso.

70 En ese sentido, si la Comisión Nacional afirma que la notificación se

realizó en una cuenta cuya finalidad es recibir y dar el trámite a la

documentación de los órganos del partido, tal circunstancia no

implica que dicha comunicación pueda surtir los efectos previstos

para la adecuada integración de la relación jurídica procesal en un

procedimiento de queja, máxime que, se insiste, en autos del

expediente de queja se encuentran autorizadas las cuentas

71

72

73

74

electró

notifica

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Justicia

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SUP-JDC-10127/2020

22

ciudadanía SUP-JDC-705/2020, que se invocan como un hecho

notorio para esta Sala Superior, en términos del artículo 15 de la Ley

de Medios, porque el mismo fue resuelto por este órgano

jurisdiccional. Esto, porque en dicho expediente consta que, durante

la sustanciación del referido juicio, el órgano partidista reconoció

que, a la fecha en que rindió el informe circunstanciado respecto de

la impugnación promovida en dicho juicio, aún no se efectuaba la

notificación del auto admisorio de la queja a la ciudadana Carol

Berenice Arriaga García, manifestando al efecto que la notificación

del acuerdo de admisión se realizaría de forma personal a la ahora

actora.

75 No obstante, tal circunstancia no fue llevada a cabo en los términos

a que se comprometió la autoridad partidista responsable que,

además, se encuentra previsto realizarse de esa forma, tanto en los

artículos 60 y 61 del Estatuto como en el artículo 13 del Reglamento,

por lo que no se cumplieron las formalidades esenciales del

procedimiento, ante la omisión de la notificación, puesto que no

existe prueba alguna que se haya realizado la comunicación

correspondiente a la actora, por lo que con ello se transgredió el

derecho de audiencia de Carol Berenice Arriaga García, al imponerle

una carga excesiva de verificar de manera permanente e indefinida a

los estrados de la Comisión Nacional.

76 Por tanto, si en autos no existe constancia alguna que la admisión

de la queja haya sido comunicada a la denunciada, no existe base

jurídica para tener por cumplido el deber del órgano partidista de

garantizar el derecho de audiencia de la hoy promovente, pues entre

la presentación de la queja y el momento en que interpuso la

presente demanda en contra del auto admisorio, ha transcurrido un

período amplio de tiempo, lo que patentiza no sólo la falta de

inmediatez entre la presentación de la queja y su debida notificación

77

78

79

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SUP-JDC-10127/2020

24

admisorios, además que expresamente así lo determinó la Comisión

Nacional, pues sólo de esa manera se le brindaría posibilidad real de

alcanzar la protección de sus derechos fundamentales, utilizando

figuras procesales eficaces que, dadas las condiciones, no pusieran

en riesgo su derecho a una defensa y, además, su derecho de

acceso a la justicia.

80 En las relatadas condiciones, ante la omisión de la notificación del

auto admisorio de la queja instaurada en su contra, resulta no

apegada a derecho la determinación consistente en el acuerdo de

preclusión de derechos que le fue notificada a la actora, mediante

correo electrónico, el día doce de noviembre del año en curso.

81 Lo anterior, dado que no puede declarársele precluido su derecho a

ofrecer pruebas dentro del procedimiento de queja número CNHJ-

CM-259/2020, radicado en su contra, puesto que el acuerdo

correspondiente, emitido el doce de noviembre por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, tiene como sustento

de su emisión la presunta omisión de la hoy actora de contestar

dentro del plazo que le fue concedido en el auto de admisión, toda

vez que, como ha quedado acreditado, dicha determinación

admisoria no fue notificada a la denunciada.

82 No es obstáculo a lo anterior, el hecho que Carol Berenice Arriaga

García haya tenido conocimiento de la instauración de la referida

queja con anterioridad a la presentación del juicio ciudadano, ya que,

como se puede advertir de autos, el quince de mayo del presente

año la actora presentó un medio de impugnación en contra de la

notificación del mencionado auto de admisión (SUP-JDC-705/2020).

83 Ello es así, porque dicho medio de impugnación se promovió,

precisamente, en contra de la indebida notificación del proveído, al

considerar que al notificarle por correo electrónico el indicado auto

84

85

86

admiso

impedí

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adecua

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SUP-JDC-10127/2020

26

87 En dicha diligencia deberá, igualmente, concederse el plazo legal

que establece la normativa interna de Morena para que pueda

comparecer al procedimiento mediante la presentación de un escrito

en el que exprese las alegaciones que considere pertinentes y

aporte las pruebas respectivas.

88 Acontecido lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Superior,

dentro de las veinticuatro horas siguientes, anexando en original o

copia certificada legible las constancias que así lo acrediten.

89 Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en esta sentencia.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad,

archívese el expediente como asunto total y definitivamente

concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos

autoriza y da fe que la presente resolución se firma de manera

electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante

firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de

conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo

General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma

electró

acuerd

trámite

impugn

ónica ce

dos, reso

e, turno

nación e

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