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RESULTANDO
I. Antecedentes. De la narración de hechos que el partido actor
refiere en su demanda y de las constancias que obran en autos,
se advierte lo siguiente:
1. Inicio del proceso electoral en el Estado de México. El seis
de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, para elegir a los integrantes del
Congreso Local y a los miembros de los Ayuntamientos en la
entidad.4
2. Presentación de la denuncia. El veintidós de marzo de dos
mil dieciocho, el PRI denunció a Esmeralda Isabel de Luna
Sánchez, candidata a diputada local por el Distrito 2, con
cabecera en Toluca, así como al PRD, por la supuesta comisión
de actos anticipados de campaña y la indebida utilización de
prerrogativas del mencionado partido, derivado de un evento en
conmemoración del día internacional de la mujer, celebrado en la
ciudad de Toluca, en el que, supuestamente, se promocionó a la
denunciada.
3. Resolución impugnada. El catorce de abril de dos mil
dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de México5 resolvió el
procedimiento especial sancionador identificado con el número de
expediente PES/38/2018, en los términos siguientes:
ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, atribuidas a la ciudadana Esmeralda Isabel de Luna Sánchez y al Partido de la Revolución Democrática, en términos del Considerando Quinto de la presente resolución.
La resolución fue notificada personalmente al partido actor el
mismo catorce de abril.
4 Como se puede corroborar en el siguiente enlace: http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2017/ves/051_ve01_SS_060917.pdf 5 En adelante tribunal responsable.
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4
CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala
Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal, con sede en la ciudad de Toluca
de Lerdo, Estado de México, es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, primer
párrafo, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción IV, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º,
fracción II; 184; 185; 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como
3º, párrafos 1 y 2, inciso d); 4º; 86, párrafo 1, y 87, párrafo 1,
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Lo anterior, por tratarse de un medio de impugnación promovido
por un partido político en contra de una resolución emitida por un
tribunal electoral local, por la que se resolvió un procedimiento
especial sancionador relativo a la comisión de actos anticipados
de campaña por parte de una candidata a diputada local en el
Estado de México, una de las entidades federativas en donde
esta Sala Regional ejerce competencia.
SEGUNDO. Estudio de la procedencia del juicio. El presente
medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia
previstos en los artículos 8°; 9°; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I;
86, párrafo 1, así como 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General
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d) Interés jurídico. El requisito en estudio se encuentra
satisfecho, debido a que el PRI fue quien presentó la denuncia a
la cual le recayó la resolución ahora reclamada.
e) Definitividad y firmeza. Este requisito se colma en la especie,
dado que, conforme a la legislación electoral local aplicable en el
Estado de México, no procede ningún medio de impugnación o
recurso a través del cual pueda ser combatida la resolución que
ahora se cuestiona.
f) Violación de preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Este requisito también se colma, ya
que el partido actor aduce que la resolución emitida por el tribunal
responsable viola lo dispuesto en los artículos 14; 16, párrafo
primero; 17, párrafo segundo, y 116, fracción IV, inciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta exigencia debe entenderse en sentido formal, es decir, como
un requisito de procedencia y no como el análisis previo de los
agravios expuestos por el partido político actor, en relación con
una violación concreta de un precepto de la Constitución federal,
en virtud de que ello implicaría entrar al estudio del fondo del
asunto, por tanto, dicho requisito debe estimarse satisfecho
cuando en el juicio de revisión constitucional electoral se alega la
violación a disposiciones de carácter constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro JUICIO DE
REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.
INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE
6 Lo cual se acredita con la copia certificada de la acreditación de representantes del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, consultable a foja 27 expediente.
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ST-JRC-51/2018
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revisora prevista para tal efecto en la legislación electoral local–,
es deber judicial asumir la obligación constitucional de garantizar
el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su dimensión
de derecho a la instancia jurisdiccional –artículo 8°, apartado 2,
garantía h, de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos–.9
El derecho humano a la instancia jurisdiccional se traduce en la
obligación a cargo de los Estados de garantizar que los
gobernados cuenten con una instancia jurisdiccional ante la cual
pueda ser revisado cualquier acto de autoridad o decisión de un
tribunal a fin de que éstos sean sujetos de escrutinio judicial en
cuanto a ajustarse a los parámetros de constitucionalidad,
convencionalidad y legalidad que debe observar todo acto de
autoridad, de manera que, ese derecho humano constituye una
garantía que debe ser asegurada por todo tribunal, a fin de que el
justiciable esté en aptitud de contar con instancias ante las cuales
pueda ser revisada la decisión que cuestiona.10
Por lo tanto, esta Sala Regional considera que el elemento
determinante se tiene por cumplido al resultar necesario, ante
supuestos como éste –inexistencia de medio de impugnación e
instancia jurisdiccional revisora en el ámbito local–, garantizar el
derecho humano a la instancia jurisdiccional, lo que hace
indispensable, para este tipo de supuestos, la procedencia del
juicio de revisión constitucional electoral, en tanto que, de no ser
así, se conculcaría el derecho del justiciable para contar, cuando
9 Convención Americana Sobre Derechos Humanos Artículo 8°. Garantías Judiciales … h. derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. … 10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica consideró que el derecho a recurrir un fallo es una garantía primordial que debe ser respetada en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada, por un juez o tribunal distinto, y de superior jerarquía orgánica. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos en Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, (Fondo), 2004, párrafos 157 y 158.
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En consecuencia, declaró inexistentes los actos anticipados de
campaña atribuidos a Esmeralda Isabel de Luna Sánchez, y el
uso indebido de prerrogativas del PRD.
De manera que, el partido actor pretende que se revoque la
resolución impugnada y que esta Sala Regional, en plenitud de
jurisdicción, valore las pruebas aportadas en el procedimiento
especial sancionador, declare la existencia de la violación que
hizo valer en la queja primigenia, y sancione a los denunciados.
La causa de pedir en la que el partido actor sustenta su
inconformidad, la hace depender de una supuesta indebida
valoración probatoria y de la falta de congruencia en la resolución
controvertida.
En ese sentido, la litis consiste en determinar si resultó apegado
a Derecho que el tribunal responsable haya declarado la
inexistencia de los actos anticipados de campaña derivados de la
participación de Esmeralda Isabel de Luna Sánchez en el evento
celebrado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, o bien, si, a
partir del contenido de las pruebas, se actualiza la violación
alegada.
CUARTO. Estudio de fondo.
A. Resumen de agravios y metodología
El PRI hace valer un único agravio en el que sostiene que la
resolución impugnada incumple con el principio de legalidad
porque el tribunal responsable realizó una indebida valoración
probatoria y, consecuentemente, emitió una resolución
incongruente.
Sostiene lo anterior, a partir de las siguientes afirmaciones:
a) El tribunal responsable dejó de valorar correctamente las
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ST-JRC-51/2018
12
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conocer a sus militantes y a la población en general todas
las actividades que llevan a cabo, entre ellas, el evento
denunciado por lo que, bajo las reglas de la lógica, la sana
critica y el recto raciocinio, no hay duda de que el evento
existió, contrariamente a lo sostenido por el tribunal
responsable;
g) El tribunal responsable no hace referencia a que la parte
denunciada acepta que el evento se llevó a cabo, pues a
foja 7, sexto párrafo, de la resolución controvertida, se
observa que Esmeralda Isabel de Luna Sánchez y el PRD
señalaron: “… de las narraciones referidas no se advierte la
intención de promover alguna candidatura en particular, la
solicitud del voto en la jornada electoral venidera y tampoco
presentan plataforma electoral alguna; es decir, no hay
elemento en la denuncia que advierta de manera explícita o
inequívoca, llamamiento del voto, ya que solo apoya a los
manifestantes en dicho evento, exteriorizando su opinión
respecto de la situación que percibe como mujer”;
h) No es el objetivo del PRI coartar el derecho a trasmitir o
publicar en Facebook, o en cualquier otra red social, lo que
a los intereses de los denunciados convenga, sino que si
realizan la transmisión de un evento y éste (el evento, no la
publicación) viola las leyes electorales, se está aceptado
que se llevó a cabo y que se realizaron las conductas
sujetas de valoración por las autoridades;
i) El evento que el tribunal responsable no consideró que
existió, implicó un impacto directo en el electorado, ya que
fue público y notorio el llamamiento a favor de Esmeralda
Isabel de Luna Sánchez, abusando del evento de día
internacional de la mujer para exponer y posicionar el
nombre de la candidata, con la intención de atraer adeptos
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14
acreditaba la existencia del evento público celebrado en
conmemoración del día internacional de la mujer y, el segundo,
que con la participación de Esmeralda Isabel de Luna Sánchez en
dicho evento, se actualizaron los actos anticipados de campaña
denunciados.
Por ello, este órgano jurisdiccional realizará el estudio de los
agravios en dos apartados, por un lado, se analizarán los
argumentos identificados con los incisos c), d), e), f), h) y j), del
resumen de agravios, que se dirigen a controvertir que con las
probanzas ofrecidas y aportadas en el procedimiento especial
sancionador, se acreditaba la existencia del evento de ocho de
marzo y, en un segundo momento, se analizarán los agravios
identificados en los incisos a), b), g) e i), que se encuentran
dirigidos a demostrar que la participación de Esmeralda Isabel
de Luna Sánchez en el referido evento actualizó los actos
anticipados de campaña. Lo anterior, porque el estudio del
segundo conjunto de argumentos depende, directa e
inescindiblemente, de que se actualice el primero de los
supuestos.
El estudio propuesto por esta Sala Regional no implica una
afectación al promovente, en términos del criterio sostenido en la
jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, de rubro AGRAVIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN.11
Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano
jurisdiccional que los planteamientos formulados en el
procedimiento especial sancionador consistentes en la
actualización de actos anticipados de campaña por las
publicaciones que realizó Esmeralda Isabel de Luna Sánchez en
11 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, p. 125.
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16
Al resolver el juicio ST-JRC-26/2018, esta Sala Regional sostuvo
que la denuncia de los mensajes o publicaciones en Facebook
puede tener dos finalidades:
1. Objeto de prueba. Demostrar que la publicación en sí
misma, es decir, su utilización constituye una infracción a la
normativa electoral, y
2. Medio de prueba. A través de la publicación se pretende
demostrar la existencia de una conducta que pudiera
actualizar una infracción a la normativa electoral.
Ya que no en todos los casos la publicación o publicaciones
denunciadas son la conducta que se acusa de irregular, sino que
las publicaciones también pueden ser un indicio de la existencia
de un hecho que, a consideración del quejoso, pudiera constituir
una conducta infractora en materia electoral.
Esto es, cuando se denuncie el contenido de una publicación en
Facebook, es decir, la utilización de esta red social por considerar
que a través de ésta se actualizan irregularidades como: actos
anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada
o difamación, entre otras, lo procedente es que el quejoso señale,
cuando menos, lo siguiente:
i. La calidad que ostentan los sujetos emisores de la
publicación. Es decir, el quejoso debe señalar si el
usuario responsable de la publicación es un ciudadano o
ciudadana, o bien, si tiene la calidad de precandidato,
aspirante a candidato independiente, candidato,
dirigente partidista, funcionario público. Además, de
manifestar si de la publicación se puede advertir que se
trata de publicidad contratada para difundir propaganda
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En síntesis, en los dos supuestos mencionados,
incuestionablemente el quejoso o denunciante tiene la carga
probatoria y argumentativa para evidenciar la existencia de la
conducta señalada como irregular, pues, en principio, las
publicaciones alojadas en las redes sociales se encuentran
amparadas por la libertad de expresión.
C. Caso concreto.
Los agravios son fundados y suficientes para revocar la
resolución impugnada por lo siguiente:
En el particular, es relevante conocer cuáles fueron las pruebas
ofrecidas por el partido denunciante con la presentación del
procedimiento especial sancionador y la valoración que el tribunal
responsable realizó de las mismas.
A fojas 9 y 10 de la resolución impugnada, el tribunal responsable
enlista las pruebas ofrecidas y aportadas por el PRI, que son las
siguientes:
1. Documental pública. Consistente en el acta
circunstanciada VOED/02-OE/05/2018, de nueve de marzo
de dos mil dieciocho, mediante la cual se certificó la
existencia y contenido de la dirección electrónica
https://www.facebook.com/delunaIsabel¡?fref=ts;
2. Documental pública. Consistente en el acta
12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
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Aunado a lo anterior, a foja 11, cuarto párrafo,14 el tribunal
responsable consideró necesario realizar las siguientes
precisiones:
… mediante dichas actas la autoridad administrativa electoral certifica y hace constar la información que se encuentra publicada en las referidas páginas de internet, las cuales, en el caso concreto son de índole privado. De ahí que la valoración de dichas actas circunstanciadas como prueba plena, radica exclusivamente en cuanto a la existencia y contenido de las publicaciones virtuales certificadas; es decir, el funcionario público únicamente certifica lo que se encontraba publicado en los links o páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de ninguna manera, constituye prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el partido denunciante… [Énfasis añadido]
Identificadas las pruebas y precisado el valor probatorio que les
otorgó, el tribunal responsable resolvió declarar la inexistencia de
los actos anticipados de campaña atribuidos a Esmeralda Isabel
de Luna Sánchez, por lo siguiente:
- Con las constancias que obran en autos, únicamente se
comprueba la existencia y contenido de las cinco
publicaciones electrónicas en Facebook (foja 14, primer
párrafo);
- En las certificaciones de las páginas electrónicas, la
autoridad no advirtió indicadores de fecha de creación y
Artículo 436. Para los efectos de este Código: I. Serán pruebas documentales públicas: a) La documentación expedida formalmente por los órganos electorales y las formas oficiales aprobadas por el Consejo General, en las que consten actuaciones relacionadas con el proceso electoral. b) Los demás documentos originales o certificados que legalmente se expidan por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia. Artículo 437. En la valoración de los medios de prueba, el Consejo General y el Tribunal Electoral, aplicarán las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, y tomarán en cuenta las disposiciones señaladas en el presente Capítulo. Las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario. 14 En el presente análisis de las consideraciones que formuló el tribunal responsable, los números de fojas que se citan corresponden a la resolución impugnada (PES/38/2018) que obra en el cuaderno accesorio único del expediente a fojas 115 a 138.
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ST-JRC-51/2018
22
por los denunciados al momento de comparecer dentro del
procedimiento, quienes negaron, categóricamente, los
hechos que les fueron atribuidos y adujeron que las
manifestaciones expresadas en el evento no tuvieron como
propósito posicionarse o realizar actos anticipados de
campaña (foja 18, primer párrafo);
- Las publicaciones de Facebook y las aseveraciones
emitidas al respecto no encuentran relación con algún
medio probatorio que las robustezca y, por lo tanto, son
insuficientes para demostrar la conducta que pretende ser
sancionada y que ésta, efectivamente, se hubiera realizado
por los denunciados (foja 18, segundo párrafo);
- El partido quejoso incumplió con la obligación prevista en el
artículo 441 del código electoral local y la jurisprudencia
12/2010 de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE (foja
18, último párrafo);
- Prevaleció el principio de presunción de inocencia a favor
de los denunciados, al no haberse desvirtuado con ningún
elemento de convicción contundente, lo que implicó la
imposibilidad jurídica de que se les impusieran
consecuencias previstas para una infracción (foja 19,
penúltimo párrafo);
- Independientemente de la existencia o no de la propaganda
que denunció el PRI, localizada, supuestamente, en las
páginas de Facebook de los denunciados, no existe
regulación respecto al uso de las plataformas electrónicas
para difundir propaganda electoral (foja 20, primer párrafo);
- En diversos precedentes, el tribunal ha sostenido que las
redes sociales resultan ser un medio de comunicación de
carácter pasivo, ya que solo tienen acceso a ellas los
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ST-JRC-51/2018
24
evento de ocho de marzo, radica en que, como se señaló, el
tribunal responsable consideró, indebidamente, que las
probanzas ofrecidas y aportadas por el PRI tenían como finalidad
inconformarse por su contenido; sin embargo, lo que el partido
actor pretendió en aquella instancia, era hacer del conocimiento a
la autoridad instructora que el PRD realizó un evento público el
ocho de marzo del año en curso en conmemoración del día
internacional de la mujer, y que en él, participó la candidata a
diputada local por el distrito 2, Esmeralda Isabel de Luna
Sánchez, haciendo alusiones a sus propuestas de campaña,
actuación que, en concepto del PRI, constituyó actos anticipados
de campaña.
Es decir, el tribunal responsable consideró que la totalidad de las
probanzas fueron aportadas como objeto de prueba y no como
medio de prueba, a través de las cuales pretendió demostrar la
existencia de algún otro hecho irregular, en este caso, la
exposición de una candidata en un evento público en una
temporalidad prohibida, por lo que se limitó a reiterar el criterio
que ha sostenido la Sala Regional Especializada de este tribunal
electoral, y que la autoridad responsable ha hecho propio, en el
sentido de que el contenido de las publicaciones en Facebook, ya
sean mensajes, imágenes, videos o cualquier otro, se encuentran
amparados bajo el derecho a la libre expresión de las ideas, cuya
protección radica en propiciar espacios de información, el debate
de los participantes y el fortalecimiento del sistema democrático.
Sin embargo, como lo señala el partido actor, su pretensión al
ofrecer las publicaciones de Facebook como pruebas, no atendió
a limitar o coartar del derecho de los denunciantes a publicar o
transmitir sus actividades en las redes sociales, sino que, a través
de esas publicaciones, pretendió acreditar la existencia de un
evento en el que, según sostiene, se posicionó, indebidamente, a
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ST-JRC-51/2018
26
publicaciones para determinar si se acreditaba, al menos de
forma indiciaria, la existencia del evento de ocho de marzo o no.
Asimismo, el tribunal responsable incumplió con su deber de
analizar y pronunciarse, en lo particular y en su conjunto, del
contenido de las pruebas -las publicaciones en Facebook- para
concluir si eran idóneas y suficientes para acreditar que el evento
del ocho de marzo se llevó a cabo. A fojas 14 y 15 de la
resolución impugnada, se observa un cuadro a tres columnas, en
el que se numeran las cinco publicaciones en orden consecutivo;
se identifica la dirección electrónica que fue ofrecida como prueba
y, por último, se transcribe un extracto de las características de lo
que fue certificado por la autoridad administrativa electoral, pero
no hay algún pronunciamiento en relación con la idoneidad o no,
de la afirmación que se pretendió probar con ellas.
La falta de análisis al contenido de las publicaciones imposibilitó
que el tribunal responsable estuviera en aptitud de apreciar el
valor de los indicios bajo las reglas de la lógica; de la sana crítica
y de la experiencia, a efecto de asignarles el valor probatorio que
considerara adecuado, inclusive, el de prueba plena (artículos 16,
primer párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y 437, primer párrafo del
Código Electoral del Estado de México).
A partir de la técnica de valoración indiciaria, el tribunal
responsable pudo haber obtenido un resultado probable o cierto
respecto de la celebración o no del evento del día internacional
de la mujer en el que supuestamente participó Esmeralda Isabel
de Luna Sánchez, pero para ello, se insiste, debió, cuando
menos, identificar el contenido de las publicaciones y señalar qué
se acreditaba con el mismo.
En principio, como acertadamente lo refiere el tribunal
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Minuto 29:2516 …finalmente son manifestaciones unilaterales y subjetivas, carentes de un sustento legal alguno, ya que en el supuesto sin conceder, analizando el contenido de dichas inspecciones, en ningún momento se promueve directamente el voto, ni en ningún momento se promueve ella como candidata, sin embargo, al ser persona del sexo del género, del subgénero femenino, y al acudir a un evento de esa naturaleza, por ser su género la conmemoración del día internacional del mismo, y haber sido objeto de violencia el externar sus ideas al respecto, no constituye una violación ni una anticipación a las campañas electorales, ya que si bien es cierto, ella detenta otros cargos como representante de comerciantes, como el mismo quejoso lo refiere en uno de su…en líneas de su escrito de queja, de la agrupación denominada CONASOC y en representación de esos comerciantes y de su género femenino es que también hace manifestaciones al respecto. [Énfasis añadido]
De lo expuesto, esta Sala Regional considera que, en efecto, el
tribunal responsable realizó una indebida valoración de las
pruebas ofrecidas y aportadas en el procedimiento especial
sancionador y, consecuentemente, concluyó de manera
incorrecta que no se tuvo por acreditado que el evento del PRD
celebrado el ocho de marzo del presente año, en la Plaza de los
Mártires en Toluca, se llevó a cabo.
Por otra parte, en relación con el segundo conjunto de agravios
dirigidos a controvertir la indebida valoración probatoria que
realizó el tribunal responsable en cuanto a que la participación
de Esmeralda Isabel de Luna Sánchez en el evento del ocho de
marzo actualizaba actos anticipados de campaña, devienen
inoperantes debido a que, como ya fue razonado, el tribunal
responsable no tuvo por acreditados los hechos constitutivos de la
infracción, por lo que consideró innecesario analizar si los hechos
denunciados actualizaban la presunta violación denunciada.
16 La videograbación de la referida audiencia obra en el expediente a foja 86 del cuaderno accesorio único.
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del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, hágase del
conocimiento público la presente sentencia en la página que tiene este
órgano jurisdiccional en internet.
En su caso, devuélvanse las constancias atinentes al tribunal
responsable y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como
total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la magistrada
y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el secretario general de
acuerdos, que autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA
MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS
MAGISTRADO
ALEJANDRO DAVID AVANTE
JUÁREZ
MAGISTRADO
JUAN CARLOS SILVA
ADAYA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ISRAEL HERRERA SEVERIANO
