La Violencia como conflicto Social es un proceso que envuelve la angustia de ánimo de las personas involucradas y la incertidumbre sobre sus posibles desenlaces. Como se observa, la violencia es inherente a la naturaleza humana desde el punto de vista de la competencia por la vida. Este proceso va escalando y minando el estamento social de un País. La misma está conformada por una serie de eventos que requieren ser desactivados, tratados y controlados con Políticas Públicas de Estado, ideadas por expertos en el manejo del colectivos, quienes examinan, analizan, diagnostican las causas de este fenómeno social y planificadas las acciones de sus potenciales soluciones que puedan dar al traste con esa pandemia que azota a las  Sociedades. En el caso de la Sociedad Venezolana, se ha venido incubando un antagonismo social de tal irracionalidad que ha afectado a las Instituciones Republicanas que tienen la misión la de garantizar la Seguridad Pública y Ciudadana. La intensidad de la violencia ha venido escalando posiciones recalcitrantes que han emplazado a las Instituciones responsables del orden a tener que reaccionar para tratar de mantener niveles aceptables de seguridad con planes y acciones  disminuidas e improvisadas, lo que permitido el avance de una delincuencia organizada que ha transformado el Territorio pacifico  de la República  en un teatro de operación de la  violencia social. La situación es dramática, los entes públicos encargados de velar por esta garantía constitucional han permanecido apacibles e inmutables ante la ocurrencia de esta barbarie. El crecimiento del flagelo criminógeno de la sociedad y de la delincuencia organizada han sido  colosal, su  aumento exponencial es abierto, este se constata a partir de una serie de eventos que han conmocionado al País, el primero de ellos fue protagonizado por los habitantes de las principales ciudades del País que se lanzaron a las calles a fin de obtener por sus propios medios los bienes y servicios que le negaban los Funcionarios Públicos que administraban la Cosa Pública en esos momentos, desencadenándose en esos días revueltas y desordenes sociales que culminaron con el saldo rojo de más de trescientos (300) muertos y la militarización de País, quedando registrado para la historia como los sucesos nefastos del 27 de febrero de 1989. En este orden de prelación, a lo planteado se le sumaria otra nefasta crisis, la de febrero del año 1992, la cual tuvo como ejecutores un grupo de oficiales de jerarquía media del Glorioso Ejército  Venezolano forjador de libertades, quienes violando su juramento el (4) de febrero de ese año utilizaron las armas que se les había confiado para defender la Patria y  las Instituciones Republicanas para perpetrar  un golpe de Estado sin éxito para derrocar al Presidente Constitucional de turno. En ese  orden  y de manera sucesiva a estos hechos se han activado de manera cronológica un conjunto de grupos Políticos, Civiles y Militares que estimulados por la acción golpista citada ut-supra, han rediseñado la acción golpista utilizando como medio la violencia política  como estrategia de Poder y para asumir el Poder y de esta manera golpean a mansalva la Institucionalidad Democrática de las últimas décadas. El crecimiento de la violencia Política de este País ha llegado a tales niveles que se han ejecutados actos terroristas y han aparecido en la palestra Pública listas de perseguidos políticos,  lo cual deja el indicador  del inicio de una guerra sucia cuya magnitud, repercusión y responsabilidad es difícil de determinar. El venezolano no entiende como los organismos encargados de esta responsabilidad solamente han implementado operativos epilépticos e improvisados, a sabiendas que esas medidas no darán al traste con esta pesadilla dantesca que está viviendo el día a día la Sociedad Venezolana. El problema de la violencia es la consecuencia de un populismo perverso que ha sustituido las políticas económicas y sociales deficitarias que existían, que por lo menos controlaban en cierto nivel la criminalidad en el ámbito social. En la actualidad la ausencia del Estado y la voluntad Política de los representantes del Poder Público y la rectoría de políticas públicas del Estado han brillado por su ausencia, lo que ha permitido la imposición de un Orden Público al garete. Los representantes del Poder Público deben entender que su responsabilidad es brindarle a la sociedad la Seguridad Pública necesaria que le garantice a

la  ciudadanía el derecho a la vida y el resto de sus derechos fundamentales como son los derechos humanos. A sabiendas estos Funcionarios Públicos, que estas garantías Constitucionales no son dadivas que están bajo la discrecionalidad del Príncipe, son mandatos constitucionales que tienen que cumplir los Funcionarios Públicos que tengan asignadas estas competencias; sin embargo, el populismo  reinante ha permitido que la criminalidad se acreciente  dramáticamente.  Los niveles de pobreza y la reducción de la actividad laboral han minimizado las oportunidades de bienestar social de un sector bastante importante de la sociedad. A tales efectos, el populismo rentista reinante ha sido utilizado por el  Gobiernos  para  imponer sus agendas políticas de unos  servicios públicos deficitarios. El Estamento Público y la Sociedad Civil como un todo, tiene que someter este mecanismo perverso a un proceso de reingeniería para adecuarlo a las nuevas realidades y no sustituirlo por unas relaciones demagógicas éticamente inhumanas que derivan en irresponsabilidad social asumida por los gobernantes de turno.