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Senado de la República

CONSTANCIA

JAMÁS RENUNCIAREMOS A LA LUCHA PORQUE HAYA

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Ante las temerarias sindicaciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez de que

quienes organizamos la Audiencia Pública sobre “La crisis humanitaria en los

llanos orientales” somos terroristas, en mi condición de Senadora de la

República por el Polo Democrático Alternativo me permito dejar la siguiente

CONSTANCIA

1. El 22 de julio del año en curso se llevó a cabo en el municipio de La

Macarena (Meta) la Audiencia Pública sobre “La crisis humanitaria en los

llanos orientales”, aprobada por el Senado de la República a instancias

de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos.

El evento estaba calculado para unas 500 personas pero asistieron

alrededor de ochocientos campesinos provenientes de varios municipios

del Meta y de los departamentos de Guaviare y Caquetá, que estuvieron

acompañados de una nutrida delegación internacional integrada por seis

diputados del Parlamento Europeo, parlamentarios nacionales de

España, Alemania, Gran Bretaña y Portugal, sindicalistas de Gran

Bretaña y representantes de distintas organizaciones de Europa y

Estados Unidos, así como de los congresistas Gloria Inés Ramírez Ríos,

Piedad Córdoba e Iván Cepeda, funcionarios de la Fiscalía General de la

Nación, la Defensoría Regional del Meta, el ICBF, la Procuraduría General

de la Nación, la Cruz Roja Internacional, la Gobernación del Meta y de

ONG de derechos humanos de Colombia y el exterior.

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El objeto de la Audiencia era conocer de cerca la crisis humanitaria que

se vive en los llanos orientales de Colombia, en donde la población civil

sufre los rigores del conflicto interno con detenciones arbitrarias,

desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos permanentes y

ejecuciones extrajudiciales, en medio del desarrollo del Plan Colombia, el

Plan Patriota y el Plan de Consolidación Integral de La Macarena.

Los 52 testimonios rendidos en la Audiencia en forma pública y privada,

confirmaron las denuncias que se han venido conociendo por parte de la

Procuraduría y la Fiscalía sobre graves violaciones a los derechos

humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en particular, sobre la

existencia de un cementerio ubicado en terrenos aledaños al batallón del

ejército, en donde algunos de los denunciantes calculan que podría

haber unos dos mil cuerpos de personas, muchas de ellas enterradas

como NN, supuestamente caídas en combate, pero que en algunos

casos cuyo número está por establecer, fueron víctimas de

desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la

Fuerza Pública.

2. La difusión por los medios de comunicación de algunas de las denuncias

hechas en la Audiencia, provocaron una brutal reacción del Presidente

de la República, quien en un acto de homenaje a las Fuerzas Militares

realizado el 25 de julio en el Fuerte Militar del mismo municipio de La

Macarena afirmó que “Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad

Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de

la Patria”, y que “Hoy el terrorismo, a través de voceros está proponiendo

la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria

final. El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a

través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros

viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacreditar a la fuerza

pública y la sindica de violación de derechos humanos. No podemos caer

en las trampas del terrorismo”.

Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos

humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría

diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando,

que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia

para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo

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llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo

contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro

más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las

siguientes precisiones:

1. El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es

responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura

legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes

de todos los colombianos, comenten crímenes atroces, crímenes de

guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil

indefensa.

2. Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas

de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil

indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya

lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el

jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la

confrontación armada.

3. Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes

(Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación)

adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo

ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los

responsables de los crímenes que se hubieren cometido.

4. Consideramos de vital importancia que se integre una comisión

internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las

autoridades colombianas

Los irresponsables y calumniosos señalamientos del Presidente Uribe

contra nosotros no son nuevos. Es suficientemente sabido que quienes

nos oponemos a su política guerrerista no somos otra cosa que

terroristas. Sin Embargo, eso no le quita gravedad a este hecho

repudiable que demuestra a las claras el odio visceral que acumula en su

interior el Presidente contra quienes se atreven a cuestionar su

desastrosa política y su reiterada violación al Derecho Internacional de

los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

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Si el Presidente Uribe está tan seguro de que todas las actuaciones de su

gobierno estuvieron ceñidas a la Constitución, a las leyes y a los

principios éticos, por qué su temor a que se esclarezcan los hechos?

Lo cierto es que la “parapolítica”, la “Yidispolítica”, los “falsos positivos”,

las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS y de otras agencias

gubernamentales, los repartos de dineros del Programa Agro Ingreso

Seguro, las conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia y las

demás actuaciones deleznables del actual gobierno, no pueden terminar

con la condena de unos pocos, por lo general mandos medios, y amparar

con la impunidad a los principales responsables. La justicia tiene el grave

encargo de sentar precedentes para que en el futuro no se repitan

hechos tan funestos. Ahí radican los desesperos del Presidente Uribe,

que cree que insultando, agrediendo y calumniando va a escapar al

examen de la historia y al veredicto de la Justicia.

Conscientes de esta realidad, quienes no orientamos por auténticas y

profundas convicciones democráticas y humanistas, jamás

renunciaremos a la lucha porque se conozca la verdad, se aplique

justicia contra los responsables de los crímenes y se repare

convenientemente a las víctimas, sin importar cuántos riesgos tengamos

que correr por nuestro empeño en ponerle fin a la arbitrariedad y abrirle

camino a la paz con justicia social, a la democracia real y a una sociedad

en donde todos podamos vivir en libertad y con dignidad.

Responsabilizamos al gobierno nacional, en especial al Presidente Uribe,

de las consecuencias que puedan derivarse para nosotros y para los

demás asistentes a la Audiencia de La Macarena, por sus calumniosas e

irresponsables sindicaciones.

Por último, debemos reconocer que, excepto algunos incidentes menores

y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública

durante la realización de la Audiencia sobre la “Crisis humanitaria en los

llanos orientales” el pasado jueves 22 de julio en La Macarena fue

respetuoso.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2010