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Con la idea de evidenciar la situación de algunas comunidades que buscan un mayor equilibrio en la preservación y uso de sus riquezas hídricas, alimenta-rias y mineras para la defensa de la vida y la familia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, con el apoyo de la Diócesis y Pastoral Social de Duitama - Sogamoso y de diversas Cáritas adscritas a la organización Caritas Internationali, presenta el caso de la comunidad campesina que habita el corredor minero del departamento de Boyacá, en municipios como Socotá, Paz del Río, Socha y Tasco.

A partir de los diálogos y testimonios de estas comunidades, compartimos una aproximación a su realidad para facilitar el entendimiento de su problemática, causas y afectaciones, así como de sus procesos de incidencia para la defensa del territorio y de la vida.

Diversas comunidades de zonas con proyectos sociales, alimentarios y mineros en conflicto trabajan en la búsqueda permanente de políticas, articulaciones y solidaridades que les permitan proteger su territorio para garantizar el desarro-llo humano, el goce integral de derechos y la vida digna, buscando aportar con ello a la construcción de un entorno con mayores condiciones de convivencia y armonía social desde lo organizativo, los nuevos liderazgos y el diálogo con el otro, convirtiéndose en otro ejemplo de reconciliación en medio de los desa-fíos, retos y oportunidades que nos brindan la época y el país en que vivimos.

Vemos este corto documento como un sencillo instrumento para organizacio-nes e instituciones nacionales e internacionales que buscan aportar al recono-cimiento y protección de los territorios y la vida que albergan, pero además como un llamado a las instituciones públicas para avanzar hacia propuestas concretas que armonicen lo alimentario, lo hídrico y lo minero y de esta manera los intereses agrario, ambiental e industrial, tan importantes para el desarrollo del país y para el acceso equitativo, transparente y responsable a la tierra y sus múltiples riquezas.

Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana

Introducción

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ContenidoI. Características del territorio: Colombia,

potencia hídrica global…5

II. Problemática: Lo hídrico, lo alimentario

y lo minero, riquezas del territorio en

creciente conflicto...6

III. Algunas causas del problema…7

IV. Algunas afectaciones a la vida y al territorio....12

V. Actores involucrados....16

VI. Experiencia organizativa y de incidencia politica de la comunidad..17

VII. El papel de la Iglesia en el proceso: buscar alternativas en la acción fraterna...19

Fotografías y texto:Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas Colombiana.

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I. Características del territorio: Colombia, potencia hídrica global

Colombia tiene el 49% de los páramos del mundo, que abastecen de agua al 70% de la población na-cional. Actualmente existen 34 en 1.932.395 hec-táreas, de los que solo el 36% (709.849 ha) se en-cuentra en áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales Protegidos1.

El departamento de Boyacá está ubicado en el cen-tro del país. No solo es una de nuestras principales despensas alimentarias y uno de los territorios por el que atraviesan gran cantidad de proyectos de infraestructura para conectar el sur con el norte y el oriente con el occidente del territorio nacional, sino que es nuestra mayor fábrica de agua por las cerca de 600.000 hectáreas de páramo, incluyen-do el complejo del páramo de Pisba, con 81.481 hectáreas, de las que solo el 26,6% están protegi-das dentro del Parque Nacional Natural Pisba. Este páramo se despliega a lo largo de 11 municipios del departamento, entre ellos Socotá, Chita, Tasco y Socha2

1.Greenpeace (2013) “Páramos en peligro: El caso de la minería del carbón en Pisba” consultado en http://www.greenpeace.org/colombia/Global/colombia/images/2013/paramos/12/Informe%20P%C3%A1ramos%20en%20peligro.pdf

Paradójicamente, estas comunidades, pertene-cientes a un departamento rico en recursos na-turales y geoestratégico a nivel nacional, sufren problemas históricos de pobreza y ausencia de infraestructura y de obras públicas tales como vías pavimentadas, servicios públicos rurales, alcanta-rillado, centros educativos y de salud con calidad y cobertura, y espacios de recreación, cultura y de-porte, en un contexto agravado por la presencia permanente de grupos armados como las guerri-llas de las Farc-Ep y el Eln, los grupos de autode-fensa y las Bacrim.

Según el DANE, el 71.35% de los habitantes de municipios como Socotá tienen necesidades bási-cas insatisfechas (NBI), y de ellos, el 77.62% vive en el campo. En municipios como Tasco hablamos de un 39.49% de NBI, y en el campo, del 44.31%

2.Defensoría del pueblo (2014) “La problemática de la minería en el municipio de Tasco, Boyacá” consultado en http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/inf_seguimiento20-02-14.pdf

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II. Problemática: Lo hídrico, lo alimentario y lo minero, riquezas del territorio en creciente conflictoEl 51% del páramo ha sido alterado por la inter-vención humana con las zonas de pastos y culti-vos, con la entrega de 88 títulos mineros para ex-plotar 13.508 hectáreas y con la explotación ilegal de carbón por socavón3, situación que pone en riesgo un ecosistema estratégico e hídrico que brinda servicios ambientales a más de 130.000 ha-bitantes de los departamentos del centro del país, como Casanare y Boyacá.

Entre títulos mineros otorgados en zonas legal-mente prohibidas está el concedido en Tasco a la empresa extranjera Hunza Coal Ltda., que busca desarrollar minería hidráulica de carbón para ex-traer anualmente más de 700.000 toneladas del mineral, proyecto que cuenta actualmente con licencias ambientales expedidas por Corpoboya-cá, según lo denunciado en 2008 por el personero de Socotá, así como la empresa Clean Power, en Socotá, pese a la existencia de normas —como el Decreto 1382 de febrero de 2010— que estable-cen que los páramos delimitados por el Instituto Alexander Von Humboldt no pueden ser explota-dos por industrias como la minera. Según la comu-nidad de Socotá, la empresa Pacific Rubiales está iniciando también procesos para la explotación de petróleo en la zona.

A la explotación de carbón se suma la exploración y explotación histórica de otros recursos como hierro, caliza, madera y materiales para construc-ción en zonas de Socotá, Socha, Tasco y Paz del Río, municipios que hacen parte del denominado corredor minero del departamento de Boyacá, y aunque parte de esta actividad es realizada desde la pequeña y mediana minería o la minería artesa-nal por grupos familiares, pequeñas agrupaciones de mineros y por la empresa Acerías Paz del Río en el municipio de ese nombre, la llegada de pro-yectos trasnacionales de megaminería como el de la empresa Hunza Coal Ltda. causa mayor preocu-pación por el nivel de impacto social y ambiental que puede generar y por las tensiones entre di-versos actores políticos y sociales, que amenazan con agravar los problemas de orden público en la región, afectada además por la presencia histórica de grupos armados ilegales como las Farc-Ep, el Eln, las Autodefensas y, recientemente, las Bacrim.

3. Defensoría del pueblo (2014) “La problemática de la minería en el municipio de Tasco, Boyacá” consultado en http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/inf_seguimiento20-02-14.pdf

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III. Algunas causas del problema

La industria minera comenzó hace 60 años aproximadamente, con la explotación de hierro y carbón en los municipios de Paz de Río, Tasco y Socotá. Incluso, fue en el munici-pio de Paz de Río donde se inició la industria siderúrgica en Colombia; con Acerías Paz del Río todos los habitantes de la región aprendieron a vivir en torno a la minería a cambio de algunos bene�cios económicos.

Paralelamente existía la minería artesanal, especialmente en Socha, Socotá, Sátiva Norte y Sátiva Sur, y un poco más tarde en Jericó. Ahora, con la llegada de empresas multinaciona-les llegan también obreros de otras regiones del país, que no desarrollan su sentido de pertenencia o sencillamente tienen otras costumbres y chocan así con la forma de vida de los campesinos boyacenses.

Con el pasar de los años, la actividad minera, cada vez más industrializada, ha hecho que estos municipios se consoliden como pueblos mineros por tradición y dejen de lado la agricultura y la ganadería sin que la población evidencie aún los verdaderos impactos que afrontan por la dependencia económica de un solo recurso.

Acerías Paz del Río es recordada en los municipios por ser una de las empresas que ha brindado mayores prebendas sociales a sus trabajadores; goza de gran prestigio pues se le considera altamente social y preocupada por sus empleados y familias. Sin embargo, desde hace cerca de dos décadas, estos bene�cios educativos, en salud, recreación, pen-sión y subsidios comenzaron a decrecer y hoy en día se han convertido en una de las ban-deras de lucha de los trabajadores por condiciones dignas de trabajo.

Adicionalmente, los despidos masivos y la contratación de mano de obra de otras regio-nes del país e incluso de extranjeros han generado malestar entre los habitantes de los municipios, a quienes ya no se está contratando.

A la par con este proceso de explotación minera aparecen grupos guerrilleros y situacio-nes como la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado de personas y familias de la zona hacia otras regiones del país.

La variación de los precios del carbón también ha generado desplazamientos. «Wilson Sánchez, secretario de Minas de Boyacá, indica que el problema ha afectado la economía regional, especialmente la de los municipios mineros. “Todo esto ha traído consigo, además, un efecto colateral que no habíamos pronosticado y es la migración, lo que hemos constatado con la Secretaría de Educación”, dice. Según el secretario, en la medida en que las minas han tenido que prescindir de sus empleados, estos han salido a buscar trabajo en el interior del departamento, e incluso en otras regiones del país. “En Boyacá va una pérdida de casi mil alumnos, coincidencialmente en municipios que son de actividad minera. Lo que está pasando es que cuando a los padres les toca irse porque no hay traba-jo, se llevan a sus hijos.”»

HISTÓRICAS

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Los mejores pagos a los trabajadores, ofrecidos por la industria minera, han gene-rado un cambio en la vocación económica de los habitantes de la región, en tiem-pos pasados tradicionalmente agrícola y hoy principalmente minera. Actualmente se anuncia una importante disminución en las reservas alimentarias de la región, lo cual empieza a preocupar a los habitantes, que ven cómo los costos de los alimentos son cada vez más altos porque deben traerlos de otras regiones del país.

Los campesinos pre�eren inclinarse por la venta de sus terrenos para la extracción, con el objetivo de llevar una vida económica más holgada; esta práctica es incenti-vada desde las administraciones municipales, que consideran que las actividades del campo re�ejan subdesarrollo en la región, al contrario de la industria minera, sinónimo de pilar del desarrollo, industrialización y salarios.

Por otro lado, las regalías no son bien distribuidas y se crean monopolios que responden más a los intereses individuales que a los comunitarios. A pesar de ser un sector rico en extracción, no se aprecia la riqueza en el territorio, pues este carece de infraestructuras que aporten al desarrollo de la comunidad; de allí nace la indiferencia, pues se acaba el sentido de pertenencia. Incluso, una de las gran-des críticas que se hace a Acerías Paz del Río es que, de acuerdo con la ley, paga las regalías en el lugar donde comercializa sus productos, esto es, en Bogotá. Es decir, la empresa no bene�cia ni al departamento de Boyacá ni a los municipios.

Actualmente, Acerías Paz de Río se ha subdividido en dos grandes empresas o componentes de la misma: una, responsable de la explotación de la materia prima y que tiene que ver con las minas, y una segunda, responsable de la fabricación de los productos procesados. Incluso, ha avanzado en la conformación de una zona franca donde no pagaría las regalías ni al municipio de Nobsa, donde estaría ubica-da, ni al departamento, ni al país.

Un artículo publicado en el diario regional Boyacá 7 días el 15 de septiembre de 2018 dice: «El carbón extraído en Samacá, Sativasur, Socotá y Sogamoso, entre otros, generó regalías por cerca de $1.500 millones; sin embargo, no se observa mejoría alguna en la brecha social, siendo más acentuada en sus deprimidas zonas rurales».

Otro elemento es el cambio en la estructura y funcionamiento de las empresas. En las primeras empresas, tanto sus dueños como el equipo técnico estaban interesa-dos en que las personas de la región se vincularan como trabajadores, los capacita-ban y les ofrecían unas muy buenas condiciones económicas. Con el paso del tiempo, las actuales empresas no están muy interesadas en vincular la mano de obra local. Si los trabajadores están debidamente formados, podrían tener alguna posibilidad, pero la empresa ya no capacita ni ofrece contratos permanentes, sino transitorios o de corto término.

ECONÓMICAS

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Sin embargo, hay que señalar que la actividad minera está vinculada a la variación de precios de acuerdo con el mercado. Ha habido épocas de bonanza y otras, como la actual, que lleva ya cerca de dos años y medio, de unas ganancias muy bajas, lo que ha obligado a despedir personal e incluso a cerrar minas. «La bonanza del carbón está llegando a su �n. Luego de cuatro años de “vacas gordas” en las que los carboneros de Boyacá exportaron hasta China e India, llegó la época de “vacas �acas” debido a la caída de los precios internacionales del mineral, que han depreciado el carbón en casi un 50 por ciento en Colombia.

La poca demanda bajó la producción y trajo el cierre de minas y la salida de cientos de obreros de sus trabajos. Gabriel Chiquillo, director ejecutivo de Fenalcarbón Boyacá, dice que la misma tonelada de carbón coquizable que el año pasado se estaba vendiendo a 200 mil pesos, hoy está por debajo de los 100 mil; mientras que el térmico no llega a los 100 mil pesos. «Hubo buenos años, como el 2007; no tanto el 2008 y sí en cambio del 2009 al 2011, cuando los precios del carbón coquizable fueron buenos, no tanto el térmico, que siempre ha estado deprimido. En Boyacá se llegó a producir cerca de un millón y medio de toneladas al año de carbón térmico y unos dos millones de coquizable, que se exportaban a Suramérica, Europa e India», dice Chiquillo.

La “locomotora minero-energética”. Otra causa es el cambio de las políticas naciona-les. Antes, la minería era local; ahora, llegan actores diferentes a realizarla. Antes exis-tía la minería artesanal o incluso familiar, que se desarrolló especialmente en Socha, Socotá, Sátiva Norte y Sátiva Sur y un poco más tarde en Jericó. Pero los con�ictos surgieron cuando, por la llamada “locomotora minero-energética”, el Gobierno entre-gó zonas muy grandes para la explotación del carbón. Es este el caso en Socotá.

La multinacional carbonífera Colombia Clean Power tiene concesiones para explota-ción en las zonas altas del páramo de Socotá y en Santander. La meta de Colombia Clean Power & Fuels, cuya matriz es Life Power and Fuels con base en Texas, es la de controlar más de 300 millones de toneladas en reservas metalúrgicas probadas; sus concesiones se extienden a 7.074 hectáreas (17.481 acres).

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No existe una política pública nacional, departamental y local coherente y articulada en los tres niveles, que concrete medidas y acciones efectivas para prevenir y reparar la violación de los derechos al agua, al medio ambiente sano y protegido y a la segu-ridad alimentaria.

En este sentido, son pocos los instrumentos y estrategias públicas que se conocen en Colombia para preservar los páramos de la explotación minera u otras industrias cuando estos no se encuentran dentro de áreas protegidas por el gobierno.

Se hace evidente la ausencia de voluntad institucional para proteger el derecho fun-damental a la consulta previa con estas comunidades y para este tipo de proyectos de alto impacto socioambiental.

No hay espacios de participación democrática para prevenir los con�ictos por el uso de la tierra y promover el acceso equitativo a ella a nivel local y regional.

POLÍTICAS

Desde hace varias décadas, la comunidad vive en torno a la industria minera y por generaciones se prepara, en su mayoría, solo para esta actividad, que se ha convertido ya en tradición y que ha producido cambios importantes en el actuar de las personas; por ejemplo, con ella apareció la cultura del derroche, donde el alcohol, muchas veces las drogas y la prostitución han sido los medios de esparcimiento surgidos y fomenta-dos alrededor de la actividad de extracción y que han desembocado en un problema social.

La minería transforma la identidad cultural de las comunidades, haciéndola pasar de un ambiente campesino a uno falsamente urbano. El empresario de Acerías Paz de Río era uno de los ciudadanos con mayor poder adquisitivo y de los mejor vistos en la comunidad. Esto llevó a la comunidad a cambiar sus criterios de vida.

SOCIOCULTURALES

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Las acciones desarrolladas han causado daños ambientales. «El caso más grave se presenta en el sector Olla Grande, vereda Santa Bárbara, del municipio de Tasco, donde el boom carbonero ocasionó un desastre ambiental por encima de los 3.600 metros, que compromete por lo menos mil hectáreas de un valle de frailejón y un humedal, al que están siendo arrojadas aguas residuales producto de la labor minera.

En Socha la situación no es menos grave. Allí, cerca de 20 explotaciones con cerca de 50 bocaminas (accesos a las explotaciones), algunas ilegales, están generando con�ictos en las veredas La Laja, parte alta, El Mortiño, Bisvita y El Curital.» Esto sucedió en octubre de 2004.

La falta de una política ambiental clara frente al tema minero además de la corrup-ción dentro de las entidades reguladoras —como las corporaciones autónomas regionales— han sido causa, desde hace muchos años, de que las empresas no adopten medidas e�caces para la mitigación de los riesgos ambientales.

Según la población, Corpoboyacá, el ente encargado de vigilar y regular la activi-dad minera para evitar daños ambientales, no ejerce su función en la forma ade-cuada. Esto fomenta los graves impactos que sufren los ecosistemas con activida-des como el desecho de estériles a cielo abierto, el vertimiento de aguas contami-nadas al río Chicamocha y el depósito de materiales en los alrededores de los cascos urbanos, entre otras. Estas actividades no son reguladas, como debería ser, por dicha entidad.

También hay que señalar que todo esto se ha desarrollado con la complacencia de las autoridades locales, que no han tomado en serio los impactos y el futuro al cual se ven abocadas estas comunidades y estas zonas.

Como al comienzo la explotación es artesanal o con pocas ayudas tecnológicas, el impacto es menor. Cuando esto cambia y las ayudas tecnológicas se incrementan, el deterioro ambiental se presenta en poco tiempo. Hay deslizamientos de tierra, pérdida de nacimientos de agua y deterioro del nivel freático. El nivel de contami-nación del aire es muy alto. Hay zonas donde todos los días limpian los enseres de la casa y al �nal del día nuevamente se advierte la presencia del cisco del carbón. Además, esta actividad implica utilizar la madera del eucalipto para trancar el terre-no mientras se avanza en la extracción, lo cual ha llevado a la decisión de sembrar mucho eucalipto, con el evidente deterioro de los suelos y de las fuentes de agua.

AMBIENTALES

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IV. Algunas afectaciones a la vida y al territorio

Décadas de explotación de recursos naturales y minerales han venido generando un cambio en la vocación agrícola de las comunidades, que se acentúa por la crisis históri-ca del sector rural colombiano. El abandono y envejecimiento del campo, los bajos niveles de cultivo y los altos precios de los alimentos hacen parte de las consecuencias generadas por una economía altamente extractivista, que hoy deja entre la población un aumento en los índices drogadicción, alcoholismo, prostitución, violencia intrafa-miliar e inseguridad, además del desplazamiento y la reubicación involuntaria de fami-lias, la contaminación de aguas, suelos y aire, problemas de salud y con�ictos entre miembros de la comunidad y/o institucionalidad a favor o en contra de estos proyectos.

La región tiene una economía de enclave dependiente de la actividad minera, lo que hoy trae como consecuencia: abandono del campo, aumento en los precios de los alimentos y migración del campo a los centros urbanos. A esto se debe sumar el hecho de que el precio del carbón haya disminuido de forma signi�cativa durante el año 2013, provocando el despido de trabajadores del sector y la crisis económica de las personas y familias que dependen de esta actividad.

Se presentan problemas socioambientales ligados al aumento de la pobreza y la preca-rización de las condiciones de vida de los habitantes de los municipios, a causa de los desplazamientos de las familias que se han visto afectadas por los deslizamientos de tierra. Estos deslizamientos se han llevado, a lo largo de muchos años, porciones de tierra aledañas a los cauces de los ríos, quebradas y montañas, y han obligado a la reubicación de pueblos, como Socha.

Un impacto muy grave son los deslizamientos de tierra. La zona de la mina de carbón denominada La Chapa está totalmente agrietada y se ha deslizado varias veces el terre-no donde se explota el mineral de hierro en Paz de Río. Las dos zonas ya han presenta-do eventos de deslizamientos y el riesgo es para la parte urbana del municipio, pues el material que se desliza va a parar a los ríos y puede generar un represamiento que afecte este territorio.

Por otro lado, el derecho al acceso al agua se ve en riesgo debido a la explotación en el páramo de Pisba y en los nacederos, lo que está causando la desaparición de las fuen-tes acuíferas.

De la misma manera, se ha visto afectado el derecho a la salud, pues en la zona no se cuenta con condiciones ambientales adecuadas como, por ejemplo, aire puro, aguas limpias y suelos aptos para la siembra, debido a los residuos y a los malos usos que la actividad extractiva hace de estos bienes. Esto ha provocado afecciones respiratorias en niños, adolescentes y adultos mayores (según entrevistas realizadas, en una época se presentaron varios casos de síndrome de Guillain-Barré a causa de infecciones pul-monares).

Otro tipo de impacto ocurre en la autoestima de las personas, especialmente de los mineros, y de las comunidades. El trabajo es muy exigente y las condiciones bajo tierra implican altos riesgos. Esto repercute en la valoración personal. Estas comunidades van perdiendo el gusto y la alegría en la vida.

SOCIALES

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Finalmente, se constata uno de los efectos más importantes: la zona no se ha desarro-llado como debería. Las vías de acceso a Socotá y Tasco no están pavimentadas. Las vías terciarias están en pésimo estado, los servicios de acueducto y energía eléctrica no han llegado a todas las veredas de estos municipios. La calidad de la educación y de la salud es muy de�ciente. En general, el desarrollo no es el que se esperaría consideran-do todo el recurso que se explota y toda la riqueza que esto genera.

El aumento en la escala de la extracción por parte de empresas nacionales y multina-cionales se evidencia en el ingreso de un número cada vez más alto de compañías a los municipios4. Esto genera mayores impactos sociales, económicos y ambientales.

El despido masivo de trabajadores de las multinacionales desde el año 2007 y las con-secuentes huelgas5 han causado un enorme impacto laboral. Adicionalmente, las acti-vidades están siendo tercerizadas para que las empresas obtengan mayores ganancias a un menor costo.

Es recurrente escuchar acerca de falsas expectativas, tales como salarios altos, contra-tación de mano de obra no cali�cada exclusivamente en el sector, respeto por los sitios estratégicos naturales y culturales, aumento en los índices de empleo, etc. Dichas expectativas las generan las empresas en las comunidades de los tres municipios cuando hacen las rondas de socialización de los proyectos, lo cual propicia división de las familias, las organizaciones sociales, las comunidades y las autoridades locales.

Durante el año 2011, el municipio de Socotá vivió varios procesos de movilización social que generaron enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública, debido a la oposición de la comunidad a la entrada de las multinacionales al territorio, una de las cuales tenía concesión sobre nacimientos de agua. Esta situación generó amenazas, procesos judiciales y desarticulación social6. Se ha llegado a hablar de amenazas por parte de la banda criminal denominada Águilas Negras.

También hay que señalar que cada año varias personas mueren por los accidentes ocu-rridos en las minas, en ocasiones, debidos al mal manejo y a la falta de técnica en el proceso, y otras, a la falta de protocolos de seguridad. Esto repercute en las familias que, al perder un ser querido, muchas veces quedan en la más grande pobreza, con todo lo que esto implica humana y socialmente. «Más de 20 mineros muertos en lo que va corrido del año. En los últimos tres años se han incrementado los accidentes mine-ros en el país, debido principalmente a la acumulación de gases, derrumbes y despren-dimiento de tierra dentro de los yacimientos. Los análisis técnicos han evidenciado fallas en el manejo de las aguas super�ciales y subterráneas en las minas.» Más ade-lante en este artículo, aparece un listado de los accidentes con fechas y número de muertos.

4. Hunza Coal, Colombia Clean Power, Votorantin (antes Acerías Paz del Río), Omega Energy, Maurel et Prom Colombia (Filial de Maurel Francia), Corrales, y Pacific Rubiales, empresas con capital canadiense y chino.

5. Revisar Bitácora de Viaje.

6. Al respecto al videos, fotos y otras evidencias entregadas por organizaciones sociales de Socotá.

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ECONÓMICOSSe presenta aumento del costo de vida debido al abandono del campo y al cambio de la vocación económica.

Se limita la actividad de la pequeña y mediana minería con exigencias iguales o mayores a las de las grandes empresas, como, por ejemplo, altos activos para otor-gar las licencias de exploración, estudios socioambientales y tecni�cación de la actividad.

CULTURALESComo consecuencia de la actividad minera, la comunidad se enfrenta a la pérdida de sus tradiciones culturales debido al aumento de las adicciones al alcohol y sus-tancias psicoactivas. Esta situación se percibe también por la llegada de gente de otras regiones, lo que genera una aculturación de las comunidades.

Se origina la actitud del derroche y el malgasto de los recursos.

AMBIENTALESExiste contaminación de suelos, aguas y aire, lo que contribuye a la desaparición de especies animales y vegetales. El recurso hídrico ya se ha visto afectado por la explotación y se han ido secando las fuentes de agua. Por otro lado, en Paz de Río, por cada siete toneladas de tierra se saca una de hierro, para lo cual se utilizan enormes cantidades de agua. Existen mayores impactos en el cambio climático, como lo evidencian los fenómenos climáticos del año 2012. Los desechos de esté-riles afectan a la comunidad, pues estos se acumulan cerca de una quebrada en el sector de La Chorrera – Paz de Río.

Se han venido presentando avalanchas desde el año 1963 hasta el 2011, fecha de registro del último hecho, en el sector de con�uencia de los municipios de Tasco, Socha y Paz de Río.

Las zonas aledañas a dichos municipios, incluyendo Socha, han sufrido avalan-chas y deslizamientos desde hace varios años por motivos naturales y debido a las explotaciones mineras; esto ha causado cierres de vías, daños en los cultivos, notable disminución de la producción agrícola y reubicaciones enteras de pue-blos arrasados.

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Hoy en día existen deslizamientos como el de La Chapa, en la parte alta de Tasco, que están activos y que son monitoreados; allí tendrán que hacerse varios traba-jos para mitigar sus impactos.

La responsabilidad por esta situación involucra a la corporación autónoma Cor-poboyacá, porque no está haciendo el debido seguimiento a las empresas mine-ras para que recuperen los terrenos, ni están controlando la minería ilegal ni los abusos de las empresas que explotan.El 3 de junio del año 2010, Boyacá publicó un artículo en que el procurador agra-rio señala la falta de una verdadera autoridad en este campo. Esta autoridad debería ejercerla Corpoboyacá. «El procurador nacional agrario, Óscar Darío Amaya, quien participó en una de las actividades programadas por la Goberna-ción durante la Semana Ambiental por Boyacá, manifestó que ve con mucha pre-ocupación que la minería está ejerciendo presión sobre los recursos naturales, sobre todo la minería ilegal. “Con el tema de la minería ilegal estamos requirien-do a las autoridades ambientales para que hagan aplicación de toda la normati-vidad ambiental y minera que hay en el país, es decir, no a la minería ilegal”, dijo. Agregó que este es un departamento muy organizado y muy bonito, que requie-re que todo el tema minero sea manejado de forma muy coherente y muy res-ponsable. Indicó que la Procuraduría está acompañando todo el tema del Plan Departamental de Aguas, para que se tengan en cuenta también todos los consi-derandos ambientales. Frente al tema de las sanciones a infractores del medio ambiente, el procurador a�rmó: “Lo que falta en Boyacá es autoridad ambiental”.»

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V. Actores involucrados

Pequeños mineros:

Pobladores rurales y urbanos:

Clase política:

Actores armados ilegales:

Entidades públicas responsables del tema:

Grupos familiares y pequeñas agrupaciones mineras.

Asentados en las zonas de exploración y explotación.

Hunza Coal, Colombia Clean Power, Votorantin (antes Acerías Paz del Río), Omega Energy, Maurel et Prom Colombia (Filial de Maurel Francia) y Corrales, empresas con capital canadiense y chino.

Algunos políticos de la región han sido partícipes de esta preocu-pación; otros, en cambio, se han mantenido al margen de la problemática.

Empresas extractivas:

Guerrilla de las Farc, Eln, grupos de autodefensa y, actualmente, las denominadas Bacrim, que extorsionan a empresarios, mine-ros y campesinos.Así registró el diario Boyacá 7 días en un artículo publicado el 3 de agosto de 1992 la existencia de estos grupos: «Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen grupos que operan en todo el departamento. El frente 11 lo hace en la zona esmeraldífera; el 23, en proximidades de Moniquirá y Arca-buco; el 28, en el oriente; el 38, en Mira�ores, Campohermoso y San Eduardo, y el 45, en Chita, Jericó y Socotá. La Policía calcula que esa organización tiene 220 hombres en Boyacá. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) actúa con tres frentes: el Efraín Pabón Pabón, en el norte; el Domingo Laín, en esa misma zona».

Agencia Nacional Minera, Corpoboyacá, Defensoría del Pueblo, Procuraduría agraria, Parques Nacionales Naturales e Instituto Alexander Von Humboldt.

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VI. Experiencia organizativa y de incidencia política de la comunidad

Esta situación ha generado un proceso organiza-tivo en el interior de estos municipios, que se ha caracterizado por la movilización social en contra de la llegada de grandes empresas al territorio. Estos procesos organizativos han llamado la aten-ción de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se han venido acercando a las comunidades con el objetivo de aportar en los procesos de incidencia local y regional que permi-tan dar fin a esta problemática.

En Socotá, específicamente, se conformó un gru-po comunitario en defensa de los nacimientos de agua que se verían afectados con la explotación. Este grupo instauró una acción popular tras los atropellos cometidos por las empresas, que han sido reiterativos desde el año 2010. Según los ha-bitantes de Socotá, estos atropellos no han teni-do impacto en las empresas porque algunas de las entidades gubernamentales parecen estar del lado de las multinacionales.

A los procesos organizativos se han unido líde-res políticos locales, abogados de ONG que están fuera del territorio y que han sido amenazados, la Iglesia, el sindicato de trabajadores de Acerías Paz del Río y los transportadores de Cootransval. En las movilizaciones se ha evidenciado el total respaldo de la comunidad.

La acción popular que adelantó la comunidad de Socotá contiene básicamente: una demanda contra Corpoboyacá, contra Ingeominas, contra Milton Hawar Cubides, dueño del título minero, y contra la multinacional por hacer explotación mi-nera en una zona vulnerable, ya que se trata del cerro que protege al municipio y del nacimiento de agua San Antonio.

Las demandas que interpuso la comunidad no tu-vieron respuesta sino hasta el año pasado, motivo por el cual los pobladores se han venido organi-zando de forma pacífica para defender sus tierras, como se evidenció en el mes de marzo de 2012, cuando se llevó a cabo una marcha desde Soco-tá hasta la ciudad de Tunja, con casi 700 personas. También se han formado resistencias, pero en oca-siones las personas son agredidas, como ocurrió el 29 de junio de 2012 en la comunidad de Socotá; en esa ocasión, cuando un camión de Colombia Clean Power intentaba trasladar madera hacia la vereda donde se explotaba carbón, muchos So-cotenses fueron heridos por la fuerza pública, que disparó y agredió a la comunidad.

Otro intento de organización de la comunidad Socotense se hizo por medio de la emisora local, la cual inmediatamente fue tildada de revolucio-naria e incitadora de manifestaciones y recibió amenazas por parte de la multinacional y de fun-cionarios que estaban de acuerdo con los proyec-tos. La emisora se cerró en el 2012 a causa de las repetidas amenazas, pero hoy ha vuelto a operar normalmente.

En Tasco también se ha conformado un grupo fuerte que lleva doce años resistiendo. Ellos han lo-grado frenar un poco la explotación en el páramo, pero no han logrado que se anulen las licencias de explotación. Adicionalmente, en Tasco se encuen-tran siembras de eucalipto y pino en la zona de páramo, hechas con el fin de que esta zona no sea catalogada como de especial valor ambiental por el deterioro del ecosistema.

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PENDIENTES URGENTES

Incidir en el acatamiento y observancia concreta, según el caso, tanto de los fallos judiciales y las normas nacionales como de los reiterados fallos, conceptos y recomendaciones de organismos de los sistemas interamericano y universal de dere-chos humanos, para garantizar los derechos al medio ambiente sano y protegido, al agua, a la seguridad alimentaria y a la consulta previa para este tipo de proyectos.

Lograr la realización de consultas previas para estos proyectos extractivos, la protección integral del páramo de Pisba y su inclusión total como parque natural.

Avanzar en garantías de protección y reconoci-miento político y social de las comunidades, para promover y consolidar sus liderazgos, la cohesión social y los procesos organizativos en defensa del agua, la alimentación y la minería responsable.Avanzar en la inclusión de las comunidades en espacios de construcción de políticas públicas (nacionales, departamentales y locales) para crear entornos protectores que eviten su vulnerabilidad socioeconómica y cultural a raíz de proyectos extractivos, propiciando políticas mineras respe-tuosas de lo alimentario, lo hídrico y lo ambiental y el acceso a una buena calidad de vida.

Lograr mayor articulación de los gobiernos local, departamental y nacional, para brindar una oferta social coherente y una priorización efectiva de la inversión social en estas comunidades, mediante programas permanentes de prevención y atención en salud, educación, seguridad alimentaria, agua y medio ambiente.Propiciar el seguimiento de su problemática por parte de la comunidad internacional y de organis-mos de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, para avanzar hacia mayores solidaridades frente a los problemas.

Apoyar el fortalecimiento del trabajo en red con otras organizaciones de comunidades afectadas por proyectos extractivos, así como con actores y sectores sociales y plataformas locales, regionales y nacionales de derechos humanos.

Lograr la reparación de los daños ambientales generados por las empresas extractivas presentes en la región.

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VII. El papel de la Iglesia en el proceso: buscar alternativas en la acción fraterna

Históricamente, las parroquias han sido protago-nistas del desarrollo de estos municipios, con la creación de los primeros colegios, hospitales, vías de comunicación, puentes y otras obras de in-fraestructura, así como de formación rural.

En este sentido, la Diócesis de Duitama – Sogamo-so con sus parroquias ha aportado a la mediación en conflictos entre la comunidad, las empresas, los trabajadores y la fuerza pública, generando espa-cios de diálogo y concertación. Esta mediación ha inspirado la formulación de una de las iniciativas de paz local con el acompañamiento del Secreta-riado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colom-biana en esa región.

Igualmente, entre la Diócesis y el SNPS se ha acor-dado hacer el acompañamiento mediante algunas acciones de incidencia política y de generación de opinión pública, para evidenciar la problemática y tratar de buscar canales de diálogo y solución con entidades nacionales e internacionales.

De esta manera, la Iglesia busca tender puentes y propiciar ejercicios de diálogo para promover des-de allí el desarrollo humano integral y solidario, el cuidado de la Creación y el goce de derechos, así como la defensa del bien común y de la dignidad humana como pilares fundamentales para la re-conciliación y la búsqueda de una paz permanen-te y duradera en la región y el país.

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El Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana es un organismo eclesial, sin ánimo de lucro, dependiente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que busca la ver-dad, la reconciliación, la justicia y la caridad en las relaciones y estructuras básicas de nuestra sociedad.

Hacemos parte de la red Caritas Internationalis, confederación mundial que trabaja desde1950 en la lucha contra las estructuras que originan situaciones de pobreza y opresión, para fomen-tar una sociedad basada en la solidaridad y la justicia social.

El Grupo de Trabajo por Colombia -GTC- acompaña el proceso de construcción de la paz, de fortalecimiento de la democracia y de reconciliación en Colombia, a través de la definición de objetivos y la promoción de estrategias y prácticas comunes entre los miembros*, para animar el fortalecimiento de la labor de la Cáritas colombiana.

El GTC desarrolla, en estrecha relación con los diferentes órganos de la Iglesia católica y con otras instituciones nacionales e internacionales, estrategias de sensibilización, incidencia polí-tica, educación y movilización para aportar a la transformación social de la realidad colombiana.

Para mayor información y para mantenerse al tanto de nuevas publicaciones y noticias del Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas Colombiana, por favor regístrese en www.pastoralsocial.org

Cr. 58 N° 80-87. Barrio Entre Ríos.Bogotá, C.P. 111211 - ColombiaTel: +571 4377150 412 Fax: +571 4377171Email: snpscol@cec.org.co

*Cáritas miembro de GTC