INFORME SOBRE VIVIENDA Plataforma de Afectados … · que está más cerca de otros países...
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INFORME SOBRE VIVIENDA
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
INDICE INFORMACIÓN GENERAL ............................................................ 1
REFORMAS INEFECTIVAS DEL PARTIDO POPULAR .............. 8
LEYES DE LA CIUDADANÍA BLOQUEADAS ............................. 10
Iniciativa Legislativa Popular sobre Hipotecas (ILP) ..................................... 10
ILP en Cataluña y Ley Catalana 24/2015 ......................................................... 11
Leyes Valencianas 2/2017 y 3/2017 ................................................................. 13
ILP en Murcia y Ley Murciana 10/2016 .......................................................... 14
ILP en Madrid ....................................................................................................... 15
Otras Leyes Bloqueadas ...................................................................................... 16
ESPECULACIÓN CON LA VIVIENDA Y FONDOS BUITRES . 17
Socimis ................................................................................................................... 17
La venta de CatalunyaCaixa ................................................................................ 18
La venta de bloques de vivienda en Barcelona ................................................ 19
El caso de #Aragó477 ......................................................................................... 20
IMPACTO EN LA SALUD Y DERECHOS DE LOS NIÑOS ....... 22
LEY VIVIENDA PAH ...................................................................... 23
INFORME VIVIENDA 1
INFORMACIÓN GENERAL
• Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2007, el gobierno español ha
reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%.
• España todavía debe hacer frente a la emergencia habitacional: más de 50,000
familias fueron desalojadas en 2016.
• Desde 2008, se han llevado a cabo en España más de 721,000 procesos de
ejecución hipotecaria y 515,000 desalojos.
• Según el último censo español de 2011, casi 3,5 millones de viviendas están
vacías.
• Desde 2013, los precios de alquiler han aumentado un 40% en promedio.
• El 11% de los hogares españoles declara que no puede tener una temperatura
adecuada en su casa durante el invierno porque no puede pagar sus facturas.
• La vivienda social en España representa solo el 2% del mercado de la vivienda
España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2007. Además del
colapso financiero global, el sector de la construcción español enfrentó el estallido de
la burbuja inmobiliaria. Esta situación llevó a la destrucción de cientos de miles de
puestos de trabajo, lo que obligó a muchas familias a decidir si pagar por los alimentos
o sus hipotecas, la mayoría de ellos obviamente opto por lo primero. En este contexto,
las instituciones financieras comenzaron a desalojar a miles de familias y el drama
continúa.
Para comprender completamente el drama de los desalojos y la emergencia de vivienda
que aún enfrenta España, es importante considerar que la dación en pago en la
ejecución hipotecaria no es obligatoria, y por lo tanto nunca está presente, en
los contratos hipotecarios. Dado que los precios de la vivienda han caído
INFORME VIVIENDA 2
drásticamente en España, no es suficiente dar una casa propia para liquidar la deuda
hipotecaria restante con el banco.
En otras palabras, las familias desalojadas no solo se ven a sí mismas en la calle y
sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al
banco decenas, o incluso cientos, de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo
debido a a los intereses de la morosidad. No es difícil imaginar que recuperar una vida
digna de esta situación sea virtualmente imposible. Desde 2008, más de 721,000
familias han tenido que enfrentar esta situación a través de procesos de
ejecución hipotecaria. Según datos del Consejo Español del Poder Judicial, se han
producido más de 515,000 desalojos. Además, es difícil creer los mensajes de
recuperación del gobierno español, ya que solo en 2016 se produjeron alrededor de
50,000 desalojos en el país.
Esto también se debe a que cada vez hay más desalojos de inquilinos. De hecho, hoy
en día el 60% de los desalojos oficiales son causados por la incapacidad de la
población para pagar los alquileres. Además, estas cifras no representan el panorama
completo, porque no hay datos disponibles sobre los desalojos de casas ocupadas, una
opción a la que cada vez más familias se ven obligadas a entrar, dada la falta de
soluciones dadas por la Administración Pública.
El siguiente cuadro muestra la evolución y distribución de los desalojos desde 2013, con
datos del Consejo General de la Magistratura de España:
2013 2014 2015 2016
Total de desahucios 67.189 68.091 67.359 63.037
Desahucios hipotecarios 25.811 28.877 29.225 26.397
Desahucios de alquiler 38.141 36.044 35.677 34.193
Otros 3.237 3.170 2.457 2.447
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Hay 173 desalojos por día: un desalojo cada 8 minutos. En otras palabras, España
sigue enfrentando la mayor emergencia habitacional de su historia democrática
moderna.
Esta es la razón por la cual la Ley de Vivienda de PAH establece la obligacion
de dar dación en pago en lugar de una ejecución hipotecaria y una moratoria
sobre los desalojos de las primeras y únicas residencias de familias vulnerables.
Estas cifras son aún más dramáticas si miramos las cifras sobre viviendas vacías y la
respuesta de las Administraciones Públicas. Según el último censo español de 2011,
casi 3,5 millones de viviendas están vacías. Como decimos en el PAH, tenemos
muchas personas sin casas y muchas casas sin gente.
Procesos de ejecución hipotecaria entre 2007-2016
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Además, desde el comienzo de la crisis financiera en 2007, el gobierno español ha
reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%. Esto
representa solo el 0,015% del PIB español, mientras que el Estado miembro medio de
la UE está dedicando alrededor del 1,5% del PIB a las políticas de vivienda.
En 2017, el presupuesto de vivienda fue de solo 466 millones de euros. Sin embargo, el
gobierno priorizó otras áreas para el gasto público, como lo demuestran sus rescates de
77.000 millones de euros [1] del sistema bancario desde 2009. Recientemente, el Banco
de España estableció que 60.600 millones de euros de los rescates nunca serán
recuperados. El siguiente cuadro muestra el presupuesto dedicado a la vivienda desde
2007, con datos tomados de los Presupuestos Generales del Estado y de la Oficina
Nacional de Estadística de España:
Año Presupuestos vivienda
(millones de €)
Porcentaje de presupuesto
en vivienda en PGD 2017 466 0,014647582%
2016 587 0,052700047%
2015 587 0,054572212%
2014 800 0,077143753%
2013 766 0,074685512%
2012 820 0,078864505%
2011 1218 0,113787856%
2010 1498 0,138586547%
2009 1616 0,149763585%
2008 1378 0,123453804%
2007 1248 0,115469274%
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Además, el porcentaje de viviendas sociales es particularmente bajo e insuficiente para
responder a las crecientes demandas debido a la crisis. En España, la vivienda social
representa solo el 2% del mercado inmobiliario, un porcentaje drásticamente bajo
en comparación con otros países europeos.
En Francia, la vivienda social representa el 16,8% del mercado de la vivienda, una cifra
que está más cerca de otros países europeos, como el Reino Unido (17,6%) y los Países
Bajos (30%). De hecho, encontramos que en el resto de la Unión Europea el promedio
de viviendas sociales es de alrededor del 15%.
Por estas razones, otra propuesta presente en la ley de Vivienda de PAH es darle a las
Administraciones Públicas la posibilidad de utilizar temporalmente las casas vacías
propiedad de bancos y grandes propietarios que permanecen injustificablemente
vacantes durante más de 6 meses. El objetivo de la vivienda social debería ser la
reasignación de las familias vulnerables a través de los alquileres sociales. Esta propuesta
se puso en marcha en la Comunidad Autónoma de Cataluña en 2015.
Evolución en porcentaje de los precios de alquiler en 2017
de Fotocasa
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Otro problema que enfrentan muchos españoles, especialmente los jóvenes, es el
aumento de los precios de alquiler. Desde 2013, los precios de alquiler han subido
un 40% en promedio y solo el año pasado, los precios de alquiler subieron un 14,3%
en Barcelona y un 11,1% en Madrid. En Madrid y Barcelona, las familias gastan más del
50% de sus ingresos para pagar el alquiler. La Ley de Vivienda de PAH también propone
la regulación de los precios de alquiler con un índice de referencia (como el que ya existe
en Berlín) que debe tener en cuenta el poder adquisitivo de la población.
Finalmente, sabemos que pagar la renta o la hipoteca no es suficiente para tener una
vivienda digna. Por ejemplo, 5,1 millones de familias, el 11% de los hogares
españoles, declaran que no pueden tener una temperatura adecuada en su casa
durante el invierno porque no pueden pagar sus facturas de calefacción, agua y
electricidad. Las interrupciones del servicio debido a la falta de pago también son
comunes. Por ejemplo, en 2015, más de 500,000 familias sufrieron interrupciones en el
servicio de electricidad. Además, 7.000 muertes por año están relacionadas directamente
con la pobreza energética.
Población que no pudo mantener sus hogares en una temperatura adecuada, del Instituto
de Ciencias Ambientales
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A pesar de la falta de cifras oficiales, algunos bomberos creen que muchos incendios
domésticos son causados por la pobreza energética. Según ellos, la incapacidad de pagar
las facturas de electricidad y gas lleva a muchas personas a encender fuego en sus casas
para calentar y encender la luz, lo que a veces causa incendios que queman su
apartamento o todo el edificio donde viven. Uno de los últimos casos conocidos fue de
Rosa, de Reus, que murió a causa de un incendio generado por velas en 2016.
Las velas fueron su fuente de luz porque Endesa interrumpió su suministro eléctrico.
Concentración para denunciar la muerte de Rosa, que podría haberse evitado
aplicando la Ley catalana 24/2015
Para abordar este tipo de situaciones, la Ley de Vivienda de PAH incluye propuestas
para prohibir las interrupciones de suministro de servicios básicos (agua, gas y
electricidad) a las familias vulnerables.
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REFORMAS INEFECTIVAS DEL PARTIDO POPULAR Desde 2013, el gobierno del PP (Partido Popular) ha publicado varias reformas
tratando de ocultar el hecho de que la emergencia habitacional persiste. Un análisis de
sus resultados muestra que todas estas reformas son completamente ineficaces:
• El Código de Buenas Prácticas solo ha otorgado la cancelación permanente de
las deudas hipotecarias al 0.5% de las familias afectadas por procesos de
ejecución hipotecaria.
• La moratoria de los desalojos solo ha podido detener el 4.6% de los procesos
masivos de desalojo. Como resultado, actualmente hay 173 desalojos oficiales
por día. No hay datos disponibles de desalojos de edificios ocupados.
• El Fondo de Vivienda Social, compuesto por pisos vacíos otorgados
voluntariamente por los bancos, solo ha reasignado el 1% de las familias
vulnerables. De hecho, en 2015 el gobierno del PP solo reasignó a 3.000
personas, mientras que el PAH, sin recursos, reasignó a 3.500 personas a través
de la movilización social.
o Además, antes de la creación del Fondo de Vivienda Social, el PP vendió
6.844 casas públicas de Madrid a entidades privadas entre 2012-2013. De
estas ventas, 1.860 fueron vendidas al fondo buitre Blackstone. Como
resultado, hoy en día las familias son desalojadas porque Blackstone
aumenta los precios de los pisos que antes eran de propiedad pública. El
último caso fue una familia monoparental en Madrid con dos hijos
discapacitados y menores de edad el pasado 15 de enero de 2018.
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Uno de los principales problemas con estas reformas es que los requisitos
para dar soluciones son muy restrictivos.
Por ejemplo, para dar la dación en pago en lugar de ir a una ejecución hipotecaria
a través del Código de Buenas Prácticas, una familia debe cumplir con todos estos
requisitos:
• La hipoteca debe ser de la primera y única casa.
• Deben tener un ingreso total de menos de 19,000 euros incluyendo impuestos
por año.
• Debieron haber sufrido una circunstancia los últimos 4 años poniendo a la
familia en graves riesgos (ser una familia monoparental con dos hijos, ser una
familia numerosa, tener un familiar con una discapacidad alta o tener un hijo
menor de tres años) años de edad).
• Deben usar más del 40-50% de sus ingresos para la hipoteca.
• Y si la hipoteca tiene garantes, como en casi todas las hipotecas, también deben
cumplir con todos estos requisitos.
Además, estas reformas no obligan a los bancos a proporcionar alquileres sociales, a
detener los desalojos ni a dar pisos vacíos a las Administraciones Públicas. Es
completamente voluntario para los bancos adherirse a estas medidas.
Como resultado, estas medidas no funcionan. Mientras tanto, el gobierno del
PP está poniendo sus esfuerzos para bloquear las propuestas de ley de la
ciudadanía.
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LEYES DE CIUDADANÍA BLOQUEADAS
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Con el fin de cambiar las leyes que han llevado a la situación de emergencia que sufre
la población, entre 2012 y 2013 la PAH llevó a cabo una Iniciativa Legislativa Popular,
la única herramienta disponible para que los ciudadanos presenten propuestas
legislativas, con tres demandas básicas: Dación en Pago Retroactiva, Moratoria de
los Desahucios y Alquileres Sociales. La PAH obtuvo casi 1.5 millones de firmas de
apoyo, triplicando la cantidad necesaria, y colocó la crisis de la vivienda en la agenda
política y de medios, elevando la conciencia pública y obteniendo un apoyo social
abrumador del 90% según Metroscopia (un servicio de estadísticas). Todos los partidos
políticos que inicialmente se opusieron a estas propuestas cambiaron su posición y solo
el PP (Partido Popular) finalmente se negó a apoyar las tres demandas, que fueron
apoyadas por la gran mayoría de la sociedad civil.
Encuesta realizada por Metroscopia sobre el porcentaje de población a favor de la escritura en lugar de ejecución hipotecaria
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Usando su mayoría absoluta en el Congreso, el PP bloqueó la aprobación del ILP,
demostrando una vez más su total insensibilidad a los problemas de miles de familias.
En cambio, el PP aprobó políticas que respondían a las concesiones mínimas que el
banco permitía, como la Moratoria de los desalojos, las migajas que conforman el
Fondo de Vivienda Social y el Código de Buenas Prácticas. Medidas que en ese
momento el PAH ya pronosticaba como un fracaso, porque no estaban dispuestas a
ir a la raíz del problema, y de hecho no han podido resolver ni siquiera el 1% de
los problemas totales.
ILP en Cataluña y la Ley Catalana 24/2015 Habiendo notado la imposibilidad de cambiar la ley a nivel estatal, dada la oposición del
PP a las propuestas contenidas en el ILP nacional de 2012/13, PAH ha modificado su
estrategia y ha concentrado sus esfuerzos en cambiar la ley a nivel regional.
El primer intento de cambiar el marco legal a nivel regional fue otro ILP, esta
vez en Catalunya. En unos pocos meses, entre finales de 2014 y principios de 2015, se
recogieron más de 140,000 firmas para presentar el ILP al parlamento catalán. Este ILP
fue promovida por PAH, APE (un movimiento social preocupado por la pobreza
energética) y Observatori DESC.
Tras meses de movilización y negociaciones con los partidos presentes en el Parlamento
catalán, las propuestas del ILP se votaron por unanimidad el 23/7/2015 dando lugar
a la Ley 24/2015.
Esta ley tiene como objetivo responder a la "crisis de la vivienda" y garantizar el derecho
a la vivienda a través de varias medidas:
- Introdujo mecanismos para resolver las situaciones de
sobreendeudamiento de los consumidores, diferentes medidas para evitar los
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desalojos que podrían generar una situación de indigencia para personas en riesgo
de exclusión residencial y la retractación por parte del deudor de los préstamos
garantizados con su residencia habitual en el caso de asignaciones onerosas.
- Buscó ampliar el parque de viviendas públicas mediante la introducción de la
transferencia obligatoria al Fondo de Vivienda para Alquiler de casas vacías
propiedad de personas jurídicas. Esto se aplicará bajo ciertas condiciones y por
un período de 3 años.
- La ley también introdujo mecanismos para garantizar el acceso a los suministros
básicos (agua, electricidad y gas) para los hogares vulnerables.
Celebración de la aprobación de la Ley 24/2015
A pesar de la efectividad de la Ley, el 29/4/2016 el gobierno del Partido Popular acordó
presentar un recurso de inconstitucionalidad en relación con ciertos preceptos de la Ley
24/2015, provocando la suspensión de varios artículos por parte del Tribunal
Constitucional.
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La suspensión de estos artículos afecta en particular a la obligación de que los
bancos y grandes entidades inmobiliarias propongan soluciones a las familias
afectadas en lugar de desalojarlas y la posibilidad de que la Administración
pública multe a las entidades que poseen viviendas vacías.
Sin embargo, la apelación no suspendió los artículos sobre el acceso a los suministros
básicos. Según los datos elaborados por el gobierno catalán (Generalitat), desde el inicio
de su aplicación la Ley 24/2015 ha evitado más de 39.000 interrupciones de servicio
de suministros básicos.
Las Leyes Valencianas 2/2017 y 3/2017 Aprovechando el precedente de la Ley catalana 24/2015, la PAH y otros movimientos
han recurrido a sus parlamentos regionales para solicitar la aprobación de leyes
similares.
En la comunidad valenciana, después de un largo proceso de negociaciones entre los
movimientos sociales y los partidos políticos, el Parlamento Valenciano aprobó dos
leyes en enero de 2017: la Ley 2/2017 de la Función Social de la Vivienda y la Ley
3/2017 para enfrentar y reducir la pobreza energética.
Estas leyes apuntan a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y a luchar contra la
pobreza energética. Los avances introducidos en la ley han sido: el derecho subjetivo a
la vivienda, incluida una consideración temporal de su implantación progresiva en la
sociedad valenciana; la consideración legal de interés general de la vivienda; superando
la subordinación al marco establecido de la moratoria aprobada por el gobierno del PP
al generar efectivamente la obligación del banco de ofrecer una renta social a cada
familia en riesgo de exclusión social al comienzo del procedimiento de ejecución
hipotecaria y antes de cualquier desalojo. También introdujo la posibilidad de que la
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Administración Pública expropiara el uso social temporal de viviendas propiedad de
grandes propietarios (bancos, entidades inmobiliarias).
La ley también incluía por primera vez, por medios legales, el alquiler indefinido sin
limitaciones de tiempo para personas mayores de 65 años y los siguientes grupos:
personas con discapacidad del 33% o más, familias con dos o más hijos en edad escolar,
género víctimas de violencia basadas y menores bajo tutela. Y finalmente, incorporó la
nueva concepción de la función y el uso social de la vivienda para pisos vacantes de
grandes propietarios, para la creación de viviendas públicas (lo que implica definición,
registro, inspección y multas para viviendas desocupadas / vacías si no se utilizan) por
su función social). Además, la Ley 3/2017 introdujo mecanismos para evitar
interrupciones en el servicio de suministros básicos.
Una vez más, el 11/03/2017, el gobierno encabezado por el PP decidió presentar
un recurso ante el Tribunal Constitucional porque las leyes votadas por el
Parlamento Valenciano invadirían los poderes estatales en materia de derechos de
propiedad, legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.
ILP en Murcia y la Ley Murciana 10/2016 La Ley 10/2016 de reforma de la ley de vivienda de Murcia se elaboró impulsada por
la PAH que entró en vigencia el 15/9/16. Se promulgó con los votos del PSOE,
Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, cuya única alternativa era pedir su
retirada.
La ley estableció la obligación de las Administraciones Públicas de reubicar a las
familias en caso de desalojo, así como de subsidios para viviendas sociales y la
creación de un parque de viviendas públicas. También contenía instrumentos contra la
pobreza energética, estableciendo la obligación de la intervención de los Servicios
Sociales antes de las interrupciones del servicio de suministros básicos. También
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estableció mecanismos de mediación extrajudicial para casos de sobreendeudamiento
e incumplimiento de la hipoteca.
Sin embargo, a pesar de su validez, no se puede aplicar porque el gobierno regional
del PP no lo cumple y no ha desarrollado los acuerdos necesarios con los servicios
públicos, los bancos y los municipios. Por otro lado, el gobierno central apeló solo los
artículos referentes a la mediación extrajudicial, por lo que el resto de la ley está
plenamente en vigor. A pesar de que el gobierno del PP intentó bloquear la ley en la
Corte Constitucional, a través de la protesta social y el apoyo del Parlamento
murciano, la ley ha sido protegida y restablecida en su totalidad.
ILP en Madrid En la Comunidad Autónoma de Madrid, cada año hay 10,000 desalojos y 25,000
interrupciones en el suministro de agua y más de 150,000 hogares no pueden pagar la
factura de energía para mantener una temperatura adecuada en sus casas. Ante esta
alarmante realidad, los PAH de Madrid y la Asociación Libre de Abogadas y la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales (Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos) presentaron una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de
77,000 firmas.
El artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid la
competencia legal en materia de vivienda. Aunque las autoridades públicas gozan de un
amplio margen de discrecionalidad en la realización de las medidas para lograr la plena
efectividad de los derechos, la Administración no puede eximirse de las obligaciones
del artículo 47 de nuestra Constitución, en el marco de un Estado Democrático y de
Bienestar. bajo el estado de derecho Este artículo los insta a buscar la efectividad de los
derechos humanos. Y el derecho fundamental a una vivienda digna está inevitablemente
vinculado a otros derechos, civiles y sociales. La dificultad actual de acceder a la
INFORME VIVIENDA 16
vivienda y la variedad e intensidad de las formas de su pérdida caracterizan la
emergencia habitacional que existe en la Comunidad de Madrid: desalojos por
ejecuciones hipotecarias, en su mayoría plagadas de cláusulas abusivas, aunque cada vez
afecta más a inquilinos o personas en situación precaria; terminación de contratos de
alquiler en viviendas sociales; desalojos administrativos y demoliciones de casas sin
proponer una solución de vivienda alternativa; y 200,000 solicitantes de vivienda social
en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, hay miles de viviendas vacías propiedad de diferentes bancos y de la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Una vez más, el 12/06/2017, PP y Ciudadanos votaron en contra del ILP en el
Parlamento de la Comunidad de Madrid con una mayoría de 65 votos contra 57 a favor,
bloqueando una vez más cualquier intento de introducir por ley un mecanismo
para otorgar el derecho a alojamiento.
Otras leyes bloqueadas En esta sección hemos descrito las leyes respaldadas por PAH y otros colectivos
sociales que han sido parcial o totalmente bloqueados por el gobierno del PP. Sin
embargo, el gobierno del PP también ha apelado en el Tribunal Constistucional leyes
de vivienda de Euskadi, Navarra, Andalucía y Canarias.
El gobierno del PP siempre argumenta que hay una falta de competencias por parte de
los Parlamentos regionales para legislar en materia de vivienda. Existe un bloqueo
absoluto de cualquier iniciativa social a nivel regional. Sin embargo, ahora que PAH
presenta nuevamente una ley estatal en el Congreso, el gobierno del PP contradice sus
propios argumentos y afirma que las competencias de vivienda provienen de los
parlamentos autonómicos.
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FONDOS DE ESPECULACIÓN Y VULNERACIÓN DE VIVIENDA
Socimis Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (o Socimis) son fondos que han dedicado
al menos el 80% de su actividad a alquilar espacios y casas. En 2012, el gobierno del PP
otorgó a Socimis un régimen fiscal privilegiado según el cual no tienen que pagar
impuestos a las empresas. Después de esta reforma, las Socimis han sido una
herramienta para que los grandes actores especulativos como los fondos buitres, los
bancos y las entidades inmobiliarias hagan negocios con las casas sin pagar impuestos.
En 2013, el gobierno del PP cambió la ley de alquileres. Introdujeron dos cambios
principales:
- Los contratos de alquiler se redujeron de un mínimo de 5 años a contratos de 3
años
- Desvincular la actualización de los precios de alquiler del IPC en las renovaciones
de contratos. El IPC es un índice del costo de vida básico que mide la inflación
anual.
Como resultado, con estos cambios fue más fácil para Socimis subir los precios, hacer
contratos más inestables y más cortos y desalojar a inquilinos de bajos ingresos.
De hecho, las 1.860 casas públicas1 de Madrid que fueron vendidas por PP a
Blackstone ahora son administradas por una Socimi llamada Fidere.
La compra de CatalunyaCaixa En 2014, Blackstone compró 40.000 hipotecas en riesgo de impago propiedad de
CatalunyaCaixa, un banco español que fue rescatado con 12.000 millones de euros del
presupuesto público. Desde ese momento, Blackstone dejó de negociar soluciones con
familias vulnerables que enfrentan procesos de ejecución hipotecaria.
1 More information at page 8.
INFORME VIVIENDA 18
Además, Blackstone utilizó Socimis para administrar pisos de familias desahuciadas.
Es el caso de Albirana, quie adquirió 5.000 pisos de familias desalojadas que habían
firmado sus contratos hipotecarios con CatalunyaCaixa. Anticipa, otra Socimi, gestiona
12.000 pisos y aspira a ser el principal administrador de alquileres de Blackstone en
España.
La PAH inicio acciones internacionales bajo el lema #BlackstoneEvicts con la
colaboración de la Coaliciíon Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad y
Marea Granate (un movimiento social de españoles migrantes). Estas acciones tuvieron
lugar en Estados Unidos, Reino unido, Alemania, Japón y otros países. Como resultado,
conseguimos abrir una línea de comunicación y negociación para las familias
afectadas y así conseguir daciones en pago y alquileres sociales.
Video de la campaña #BlackstoneEvicts
https://youtu.be/gPGGJpOiseI
La compra de bloques de vivienda en Barcelona A través de la investigación de un periódico local llamado La Directa, se ha hecho
público que en Barcelona 76 bloques de viviendas han sido comprados por fondos
buitres y grandes entidades inmobiliarias. El objetivo de estas ventas es vaciar los
pisos de los inquilinos, reformar los pisos y venderlos de nuevo. Estas corporaciones
INFORME VIVIENDA 19
de inversión acumulan el 43% de las ventas de viviendas en Barcelona. En el distrito de
Ciutat Vella, estas corporaciones acumulan el 80% de las ventas.
Algunas de las principales empresas involucradas son Blackstone, Goldman Sachs,
Norvet, Elix y MK Premium. Vacian los apartamentos aumentando los precios de
alquiler, descuidando la renovación de contratos y, en algunos casos, recurren al
mobbing (la actividad de acoso más común es realizar constantemente trabajos internos
en edificios). En su argot de vivienda, se refieren a pisos con inquilinos como "pisos
con insectos" y "pisos con cucarachas".
Mapa de pisos vacíos, La Directa
Estas empresas son responsables de los procesos de gentrificación y el aumento
de los precios de alquiler en la ciudad. Solo en los últimos tres años, los precios de
alquiler de Barcelona aumentaron un 26%. Independientemente, es común ahora que
los inquilinos de bloques enteros comienzan a organizarse para enfrentar procesos de
desalojo.
INFORME VIVIENDA 20
En realidad, los vecinos de varios bloques están organizados en lo que ellos llaman
"Bloques de Combate". Uno de estos bloques es Leiva 37, ubicado en la calle Leiva
número 37, que fue adquirido por un fondo buitre llamado Vauras Investment. Los
vecinos eran una mezcla de inquilinos y familias que ocupaban pisos por necesidad.
Desde la venta, Vauras intentó desalojar a todos los residentes usando órdenes de
desalojo y negándose a renovar los contratos de alquiler. Los vecinos se organizaron
para dar a conocer su problema al público. A través de la movilización social, los
vecinos lograron que el Concejo Municipal usara sus derechos de preferencia para
cancelar la venta anterior del bloque y también para comprarlo como un conjunto de
pisos públicos.
Esta cancelación y compra pública fue posible debido a que la venta previa del bloque
fue realizada por el banco BBVA (este banco adquirió el bloque debido a un proceso
de ejecución hipotecaria) y en estos casos, la readquisición pública es posible a nivel
municipal. La inversión municipal final fue de 2,7 millones de euros y ahora el
Ayuntamiento está regularizando la situación de todas las familias implicadas.
El caso de #Aragó477 En 2017, la PAH hace pública la recuperacion de 6 pisos vacios del bloque #Aragó477,
localizado en la calle Aragon numero 477. Esta recuperación fue posible gracias a la
colaboracion de los vecinos. La comunidad fue amenazada por Norvet, una gran
entidad inmobiliaria. Norvet compró su bloque y se negó a renovar los contratos
existentes de alquiler de inquilinos, a pesar de que algunos vecinos habían vivido toda
su vida en el bloque con contratos de alquiler anteriores que les permitían alquilar los
pisos sin una limitación de tiempo.
INFORME VIVIENDA 21
Vecino de #Aragó477
Los vecinos permitieron a la PAH recuperar los pisos vacíos y reasignarlos a
familias vulnerables que no tenían acceso a pisos públicos debido a la falta de vivienda
pública. Ahora la PAH y los vecinos están organizados contra Norvet, exigiendo
regularizar la situación de todas las familias y permitirles vivir en el bloque con contratos
de alquiler de acuerdo con sus necesidades.
Este bloque ha fortalecido las reuniones con las asociaciones vecinales y sociales,
creando una red asociativa que facilita la resistencia contra los procesos de compra
directa de bloques y, por lo tanto, también la resistencia a la gentrificación.
INFORME VIVIENDA 22
SALUD Y DERECHOS DE LA INFANCIA
El informe "Emergencia habitacional en Cataluña. Impacto de la crisis hipotecaria sobre
el derecho a la salud y los derechos de los niños ", de Observatori DESC y la PAH
muestra varias consecuencias de los procesos de ejecución hipotecaria:
- El 90% de las personas encuestadas declararon que se sentían en una mala
situación de salud física.
- Incluso en un contexto de falta de pago pero sin haber recibido todavía una
orden de desalojo, las personas afectadas declararon que sufrieron problemas
mentales en el 93% de los casos. Cuando hay una orden judicial de desalojo, este
porcentaje sube al 100%.
- El 70% de los niños encuestados había sentido tristeza durante el proceso.
- Y el 75% de los niños de las familias afectadas (81% en los casos de familias
migrantes) tuvieron que abandonar una actividad extracurricular.
Por lo tanto, estos datos muestran que, en la mayoría de los casos, cuando una
familia enfrenta un proceso de ejecución hipotecaria, aumenta la
autopercepción de problemas de salud y mentales. Y también, que los bancos
llevan a cabo ataques contra el derecho a la vivienda y contra los derechos de
los niños al mismo tiempo.
INFORME VIVIENDA 23
LEY VIVIENDA PAH
Para hacer frente a la emergencia habitacional, la PAH ha registrado una ley
estatal llamada Ley de Vivienda de PAH: una nueva iniciativa legislativa que articula
las demandas para responder a la crisis hipotecaria y abordar nuevos desafíos de
vivienda, como el enorme aumento de los precios de alquiler y la pobreza energética.
Tenemos cinco demandas principales para resolver la situación actual y prevenir nuevas
emergencias de vivienda. Queremos garantizar el acceso a la vivienda a través de rentas
reguladas justas y proporcionar a la Administración Pública nuevas herramientas para
adquirir un parque de viviendas públicas para ofrecer una alternativa a las familias que
enfrentan problemas de vivienda que a menudo se ven obligados a permanecer en la
calle. Nuestras demandas son:
1) Dación en pago retroactiva: cancelación de la deuda mediante la devolución de
la propiedad de la casa hipotecada al banco.
2) Alquileres asequibles: la regulación de los precios de alquiler con un índice de
referencia como el que ya existe en París y Berlín. Exigimos que este índice tenga en
cuenta el poder adquisitivo de la población.
3) Stop Desahucios: una moratoria sobre los desalojos de las primeras y únicas
residencias de familias vulnerables.
4) Vivienda Social: otorgar a las Administraciones Públicas la posibilidad de utilizar
temporalmente las casas desocupadas propiedad de bancos y grandes tenedores que
permanecen injustificablemente vacantes durante más de 6 meses. El objetivo de la
vivienda social debería ser la reasignación de las familias vulnerables a través de los
alquileres sociales.
INFORME VIVIENDA 24
5) Suministros Básicos Garantizados: prohibir el corte de suministro de
servicios básicos (agua, gas y electricidad) a las familias vulnerables.
Han habido muchos ejemplos de suicidios en el momento de los desalojos y las
muertes debido a los incendios en las casas debido a la pobreza energética.
Hablamos de suicidios como el de una pareja de jubilados, que en 2013 decidieron
poner fin a sus vidas debido a un aviso de desahucio. Este suicidio fue la única razón
por la cual el gobierno del PP aceptó debatir nuestra Iniciativa Legislativa Popular ese
mismo año. Después de varios meses, el gobierno del PP bloqueó la iniciativa. Nos
referimos también a la muerte de Rosa, quien murió el año pasado en Reus debido a un
incendio causado por el uso de velas. Rosa no tenía acceso a la electricidad porque la
empresa de servicios había interrumpido ese servicio básico.
A pesar de que estas demandas podrían salvar vidas y parecer de sentido común para
muchos expertos, el Gobierno del PP argumenta ahora que el Congreso no tiene
competencia constitucional para legislar en materia de vivienda. Esto está en marcado
contraste con lo que defendieron en el pasado, cuando apelaron las leyes regionales,
propusimos afirmar que era efectivamente competencia del Congreso aprobar este tipo
de legislación.
INFORME VIVIENDA 25
Registro de la #LeyViviendaPAH en el Congreso de los Diputados
Ahora que la ley está registrada, el gobierno español tendrá hasta el 16 de marzo para
registrar un veto contra nuestras propuestas con el apoyo del partido político
Ciudadanos. El veto es un mecanismo que el gobierno puede usar contra propuestas
legislativas que afectan directamente el presupuesto actual. Sin embargo, nuestra ley
no afecta el presupuesto actual.
Hay una cláusula en nuestro texto que establece que si el Parlamento Nacional
considera que hay artículos que afectan el presupuesto actual, se aplicarán en
los próximos años. Entonces, si el Gobierno usa el veto contra nuestras propuestas y
contra las necesidades de las familias afectadas, simplemente sería porque no quieren
debatir esta iniciativa en el Congreso. Lo que estamos pidiendo es simplemente permitir
el debate de estas propuestas entre los grupos políticos presentes en el Congreso: esta
es una demanda democrática mínima.
INFORME VIVIENDA 26
A pesar de que el gobierno del PP no hace nada para resolver efectivamente la
emergencia de vivienda, la peor parte es que también bloquean las iniciativas legislativas
propuestas por las familias afectadas que enfrentan procedimientos de desalojo. El
gobierno español se negó a tener ningún tipo de diálogo sobre nuestras demandas en el
Congreso, ni siquiera permite que estas propuestas sean debatidas. El gobierno del PP
está aprovechando su poder para dejar a las familias completamente
desprotegidas.
Por otro lado, siempre hemos ofrecido a todos los grupos políticos, incluidos PP
y Ciudadanos, la posibilidad de negociar el contenido de nuestro texto
legislativo. De hecho, hemos integrado en nuestro texto la mayoría de las demandas
que nos fueron enviadas en documentos oficiales. PP ha sido el único grupo político
que no envió ninguna propuesta a través de un documento oficial. Siempre hemos
estado abiertos al diálogo con el PP y su Gobierno, pero se niegan a darnos su opinión,
y están en contra de nuestra iniciativa.
A pesar de todas estas dificultades, las familias afectadas continuarán
proponiendo soluciones al problema y comenzaremos las movilizaciones sociales si
el Gobierno del PP no permite que nuestro texto legislativo sea debatido. Contamos
con el apoyo de 200 colectivos y sindicatos que se han adherido a la campaña, de más
de 100 ayuntamientos que han aprobado mociones a favor de nuestras demandas, de
grupos políticos en 14 parlamentos regionales y de la ex relatora de vivienda de la ONU,
Raquel Rolnik
INFORME VIVIENDA 27
Raquel Rolnik visita PAH Barcelona para conocer la #LeyViviendaPAH
Cumplir con las necesidades básicas de los ciudadanos es una cuestión de democracia y
de otorgar Derechos Humanos. Los mismos Derechos Humanos que son la base de la
Unión Europea y la ONU. Además, el artículo 47 de la Constitución española
establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vivienda adecuada y
que las autoridades públicas se ven obligadas a regular las políticas agrarias y de vivienda
para garantizar este principio. Además, el Artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma que los desalojos forzosos son
prima facie contrarios a la base de este pacto. Un pacto que se ratifica para el estado
español, pero no cumplido por el Gobierno del PP.
INFORME VIVIENDA 28
La propia exrelatora de vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, apoyó la Ley Vivienda
PAH como herramienta para cumplir estas obligaciones internacionales. De hecho,
afirmo públicamente que este texto de ley era un ejemplo mundial en la conquista por
el Derecho a la Vivienda. También la actual relatora de vivienda de la ONU, Leilani
Farha, apoya la Ley Vivienda PAH. Recientemente, escribió un artículo donde
apoyaba el debate parlamentario de esta ley y concluía que era un ejemplo para
inspirar al mundo.
La solución a los problemas sociales, legales y de relaciones internacionales,
analizados en este Informe, es la Ley de Vivienda de PAH. Y la única amenaza
para el avance de los Derechos Humanos en España es la posibilidad de un veto
injustificado por parte del Gobierno bloqueando el debate en el Congreso de la
Ley de Vivienda de los PAH.
