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“La controversia Obama/Trump sobre la atención médica en los

Estados Unidos” Por Roberto Salomón

Junio 2017

INFORME ESPECIAL

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“La controversia Obama/Trump sobre la atención médica en los Estados Unidos”

Por Roberto Salomón

La apasionada controversia en los Estados Unidos sobre la prestación de atención medica gira alrededor de dos posiciones ideológicas totalmente divergentes.

Por un lado, un amplio segmento de la población, generalmente identificado con el Partido Republicano sostiene que la solución de problema debe resultar de la libre acción de las fuerzas del mercado, con la mínima intervención posible por parte del Gobierno. Un caso extremo de esa tesitura fue la afirmación de un partidario de esa posición en una entrevista televisiva, al sostener que “si no pueden pagarla, no deben tenerla”.

Por otra parte, otro segmento aun mayor de la población, generalmente inclinada hacia el Partido Demócrata, opina que la atención medica es un derecho inherente de la vida en sociedad y que la prestación del servicio médico no debe ni puede dejarse librada a las fuerzas del mercado sino que, al contrario, requiere un papel activo del Gobierno.

Una fuerte corriente dentro de esa línea de pensamiento es partidaria del sistema llamado “single payer”, por el cual es el Gobierno y no las compañías de seguro el que reembolsa a los médicos e instituciones por la prestación de asistencia médica. En apoyo de esa posición citan el caso de las mayores potencias económicas mundiales que aseguran asistencia médica al total de la población (Universal Health Care).

Después de siete años en los cuales los Republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron innumerables proyectos de abolición de la ley de Obama sobre asistencia médica conocida como Affordable Care Act (ACA) u Obamacare aun sabiendo que no tenían posibilidades de que fueran siquiera tratados en el Senado, ha llegado la hora de la verdad ahora que su partido controla tres ramas del Gobierno: Cámara de Representantes, Senado y Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que parecía la oportunidad de lograr finalmente la ansiada derogación y reemplazo de esa ley ha probado ser mucho más complicada de lo esperado.

Después del fracaso de su primer intento, la Cámara de Representantes aprobó la llamada “American Health Care Act” (AHCA) y la remitió al Senado para su consideración, ante las declaraciones favorables del Presidente

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Trump. Aunque es prematuro opinar sobre cual será el destino final del proyecto, el camino no parece nada fácil. Ante todo, el Senado ha manifestado su intención de elaborar su propio proyecto, para luego negociar en Conferencia de ambas ramas del Legislativo el texto final a someter a la firma del Presidente. Asimismo, la reacción de la opinión pública fue masiva y cientos de personas asistieron a las reuniones de los legisladores con sus electores para manifestar su disconformidad con el proyecto al que califican de cruel y favorable a la gente de más ingresos a expensas de los pobres, los enfermos y los ancianos.

Los próximos párrafos intentarán resumir los aspectos más salientes del proyecto:

1. Efecto Financiero. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un órgano profesional no-partidista, el proyecto reduciría el déficit fiscal en US$130.000 millones en los próximos diez años, al reducir en US$ 880.000 millones los fondos para el programa social “Medicaid”, que financia la asistencia médica a las clases de menores ingresos, y anular la sobretasa impuesta por la ley de Obama a los Ingresos de los niveles más altos, por un monto superior a los US$ 600.000 millones. Esta faceta ha sido llamada “Robin Hood in Reverse” o “Hood Robin” por los opositores.

2. Número de personas sin seguro de salud. Aunque la cobertura de Obamacare no alcanzó las metas y predicciones formuladas a su lanzamiento, su resultado fue un incremento de 20 millones de personas con cobertura médica. Por otra parte, según las estimaciones de la oficina antes mencionada, si el nuevo proyecto se aprobara, en 2018 habría 10 millones de personas más sin protección medica en comparación con Obamacare. Esta cifra se eleva a 23 millones en 2026, llevando el total a 51 millones, contra 28 millones bajo Obamacare, cifras sorprendentes en la primera potencia económica del mundo.

3. Condiciones pre-existentes. Quizás la faceta más popular de Obamacare fue exigir a las compañías de seguros que aceptaran cubrir a personas con condiciones preexistentes con las mismas tarifas que las personas sanas. Las razones éticas para tal medida son claras, dado que esas condiciones preexistentes generalmente no son causadas por culpa de los afectados y negarles protección cuando más la necesitan parece de una crueldad inaceptable. Resulta paradójico que el costo del seguro automovilístico no aumente en caso de un accidente no culpable, pero que la prima del seguro de salud se incremente o hasta se niegue renovación cuando alguien contrae cáncer, sufre de un infarto o un ACV.

En un mundo ideal, la idea básica del seguro es el “pooling” de riesgos, donde los mismos se distribuyen entre todos los asegurados, salvo en casos

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de culpa del afectado. Sin embargo, cuando la cobertura no es universal surge la pregunta de si es equitativo que las personas sanas vean incrementar sus costos para subsidiar a aquellas que sufren una enfermedad que requiere cuidados permanentes. En ese caso, pareciera más apropiado que la sociedad en su conjunto, y no solo los miembros del grupo de asegurados, se haga cargo de cubrir el exceso de costos.

El proyecto de ley Republicano dispone un mecanismo que, según sus defensores, asegura mantener la cobertura a personas con condiciones preexistentes, protegidas bajo Obamacare. Sin embargo, el proyecto permitiría a los Estados optar por eximirse de brindar esa protección a quienes no mantengan su cobertura sin interrupciones de más de 60 días. Es decir, si un trabajador que recibe su atención medica mediante un plan de su empleador, pierde su empleo y con el su beneficio, queda expuesto a que las compañías de seguros lo discriminen incorporándolo a un grupo de alto riesgo con tarifas tan elevadas que equivaldrían a negarles cobertura.

4. Participación en el sistema. Uno de los aspectos más resistidos por los críticos de Obamacare es que penaliza con un impuesto a aquellos que optan por no asegurarse. La idea era incentivarlos a participar en el sistema y así compensar con asegurados más jóvenes y sanos el costo y/o riesgo para las aseguradoras por los participantes con condiciones preexistentes o de edad avanzada. En los años de vigencia del sistema, la participación de los grupos más jóvenes y saludables fue significativamente menor que la esperada, quizás porque el importe de la penalidad era bajo comparado con el costo de un seguro que no creían necesitar. Ese comportamiento afecto la estabilidad del sistema y forzó a las aseguradoras a incrementar sus tarifas. En lugar de aumentar los incentivos a la participación, y así mejorar la sustentabilidad del sistema, la AHCA elimina el mandato con el argumento de no obligar a los ciudadanos a adquirir un producto que no desean.

5. Condición económica. Algunos críticos de la AHCA señalan que su efecto es considerar la pobreza como una “condición preexistente”, al reducir la ayuda brindada por Medicaid e imponer costos que exceden su capacidad económica.

6. Edad. Pese a que la edad es sin duda una “condición preexistente”, sin culpa del afectado, Obamacare autoriza a las aseguradoras a cargar a los ancianos que adquieran su protección en los mercados individuales hasta 3 veces la prima aplicada a los más jóvenes. Esta discutible provisión legal es exacerbada en la AHCA al permitir a las aseguradoras cargar a las personas de edad más avanzada hasta un 800% más que la tarifa normal.

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7. Costo del seguro. Uno de los mayores argumentos en contra de Obamacare ha sido el incremento en los costos de la asistencia médica, pese a que su crecimiento ha sido menor que en los años precedentes. En cambio, las previsiones para la AHCA anticipan un incremento de costos en 2018 y una gradual disminución a partir del siguiente año. En realidad, lo que el proyecto hace es transferir costos entre grupos de asegurados. Al extraer del grupo general a los asegurados con condiciones preexistente o edad avanzada, el costo para el grupo más joven y saludable se reduce, mientras se traslada a los enfermos y/o ancianos el mayor costo de esos grupos.

8. Cobertura. Finalmente, Obamacare exige a las aseguradoras cubrir ciertos costos de atención, como los exámenes preventivos o el control de la natalidad, mientras el proyecto deja librado a las compañías la decisión sobre esos temas.

En resumen, el plan de los Representantes Republicanos trata de ocultar el enorme regalo al segmento de más altos ingresos y ha sido recibido con críticas por casi todas las organizaciones de profesionales de la salud y con hostilidad y numerosas manifestaciones de protesta popular. Eso fundamenta el optimismo de los opositores del proyecto de que no pasará por el Senado. Sin embargo, el Partido gobernante tiene la mayoría en el Senado, y la experiencia en la Cámara Baja debería atemperar ese optimismo. Allí, las protestas de los Republicanos más moderados se acallaron al momento de votar, y las exigencias de la extrema derecha vieron la luz en el proyecto final.