Informe Especial para Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Falta de Protección a...
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1 Informe por escrito que presenta ARTICLE 19: Campaña Global por la Libertad de Expresión MÉXICO Para consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos En el marco de su 143°período de sesiones respecto de la violencia contra quienes ejercen el periodismo, casos graves o en riesgo extremo y acciones del Estado (Octubre de 2011) Para mayor información, favor de contactar a: Darío Ramírez, Director para México y Centroamérica, [email protected] Cynthia Cárdenas, Consultora Legal: [email protected]
Transcript of Informe Especial para Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Falta de Protección a...
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Informe por escrito que presenta
ARTICLE 19: Campaña Global por la Libertad de Expresión
MÉXICO
Para consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco de su 143°período de sesiones
respecto de la violencia contra quienes ejercen el periodismo, casos graves o en riesgo extremo y
acciones del Estado
(Octubre de 2011)
Para mayor información, favor de contactar a:
Darío Ramírez, Director para México y Centroamérica, [email protected]
Cynthia Cárdenas, Consultora Legal: [email protected]
2
Índice Introducción
3
I. La violencia en contra de periodistas. El contexto. 3 Recrudecimiento de la violencia 5
II. Acciones del Estado mexicano sobre protección 6
1. Mecanismo interinstitucional de protección a
periodistas 7
a. Antecedentes. Recomendaciones coincidentes de
organismos de protección de derechos humanos 7
b. Marco jurídico. Otra instancia diseñada para fracasar 10
c. Resultados. Fallas estructurales impiden efectividad para
prevenir agresiones.
13
2. Inexistencia de una política pública en materia
preventiva
16
III. Periodistas desaparecidos/as. El retrato de la
impunidad
16
a. Impunidad de facto 18
b. Falta de políticas públicas 22
c. Efecto directo en el libre flujo de información 23
d. Fiscalía y Federalización. Otro pendiente sin resolver 24
IV. Casos en riesgo extremo. Sin posibilidades de
protección
26
1. Periodistas exiliados 26
2. Periodistas desplazados internamente 29
3
Introducción
1. ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión, es una organización internacional
de derechos humanos y respetuosamente presentamos este informe de observaciones por
escrito relativo a México para ser considerado durante el 143° Período de Sesiones de la Ilustre
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. El presente informe tiene como propósito actualizar a la Comisión sobre información relativa al
contexto de violencia y agresiones cometidas contra quienes ejercen el periodismo en México,
centrando nuestros comentarios en los casos más graves de violaciones a derechos humanos,
particularmente periodistas desaparecidos, y aquellos/as que han tenido que desplazarse
internamente o salir del país con motivo del alto riesgo que enfrentan. Abordamos también las
acciones del Estado mexicano para atender la violencia contra la prensa, particularmente el
mecanismo de prevención y protección.
3. De ello deriva dar a conocer las repercusiones que dicho fenómeno lleva en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la
Convención”), así como de otros instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, particularmente en cuanto a la responsabilidad estatal de promover, proteger y
garantizar la libertad de expresión (artículo 13) y otros derechos humanos en tanto
interdependientes.
I. La violencia en contra de periodistas. El contexto.
4. ARTICLE 19 ha advertido un incremento preocupante en el nivel de violencia, ataques en
contra de periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicación y contra instalaciones
de los medios en México, panorama que se ve agravado por los problemas de inseguridad que
actualmente afectan al país. Una prensa libre es fundamental en una sociedad democrática, no
sólo para asegurar la libertad de opinión e información, sino también para el disfrute de los
demás derechos humanos amparados por el derecho internacional como fue reiterado
recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU1. Asegurar la libre circulación de
información es aún más esencial cuando un país atraviesa un clima de violencia tal que se
traduce en inseguridad e impunidad. Es vital que la sociedad conozca el origen y la naturaleza
de la misma violencia que les amenaza.
1 Observación General No. 34 sobre el Artículo 19: Las Libertades de opinión e expresión, párrafos 2 y 13. El texto de la Observación puede consultarse (en inglés) en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
4
5. No obstante, la violencia en contra de periodistas y los medios de comunicación ha aumentado
sistemáticamente desde 20002. La tabla abajo contiene cifras generadas por ARTICLE 19 y otras
organizaciones de la sociedad civil que muestran el aumento sostenido en el número de casos
de agresiones cometidas en contra de periodistas3.
AÑO NÚMERO DE AGRESIONES
2003 76
2004 92
2005 93
2006 131
2007 89
2008 186
2009 244
2010 155
20114 130
TOTAL 1196
6. Si bien la tabla muestra una reducción en el número de agresiones registradas de 2009 a 2010,
ello no responde a una mejora en la situación para los trabajadores/as de los medios de
comunicación. La documentación de ARTICLE 19 y Cencos, indica que esta disminución está
directamente relacionada con el aumento significativo de la auto-censura por parte de
periodistas y medios, tanto en la cobertura de ciertos temas como en la denuncia de
agresiones, como medida de autoprotección contra posibles futuros ataques. Es decir, el
objetivo de quienes perpetran estos ataques de silenciar a la prensa se ha cumplido.
7. Junto con las violaciones a derechos humanos de quienes ejercen el periodismo se encuentra la
renuencia del Estado a reconocer públicamente que la violencia también proviene de las
autoridades, aunque las cifras evidencian la denuncia en contra de servidores públicos5.
Mientras que el propio presidente Felipe Calderón ha señalado que “la principal amenaza del
2 Sólo en 2009, ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) registraron 244 agresiones contra periodistas. 3 Recuento de daños 2006: un acercamiento a la libertad de expresión e información en México, Red de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación, Cencos, ARTICLE 19, mayo de 2006; Informe 2009, Entre la Violencia y la Indiferencia: Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México, ARTICLE 19 y Cencos, febrero de 2010, La violencia en México y el derecho a la información, ARTICLE 19 y Cencos, abril de 2011, pág. 13. 4 Datos hasta el 25 de octubre de 2011.
5 La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión adscrita a la Procuraduría General de la República ha reconocido que las consignaciones de servidores públicos fueron en su mayoría por abuso de autoridad, con solo algunas por amenazas, y ningunas por la violencia como tal, de cierto modo demeritando que este tipo de agresiones sea de importancia. Véanse por ejemplo el Quinto Informe de Labores del PGR en la pág. 253. El informe puede consultarse en: http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp
5
pleno ejercicio de la libertad de expresión, proviene, precisamente, del crimen organizado” y
que “quienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por desgracia, a los
periodistas, son criminales sin escrúpulos”6, se ha documentado que mayoritariamente las
agresiones vienen del poder público, ARTICLE 19 y Cencos documentaron que el 49.03% (76
casos) de ataques en el 2010 (frente a un 65% en el 2009) se cometieron por parte de algún
funcionario público o elementos de las fuerzas de seguridad, en particular por la policía y las
fuerzas armadas7. Tan solo el 26.45% se atribuye a personas con supuestos vínculos con el
crimen organizado8. Tal denegación por parte del estado reconocer el origen de agresiones
invariablemente se traduce en impunidad prevaleciente, debido a que no se abordan los
problemas y debilidades sistemáticos en las instancias mexicanas. Obviamente visto desde la
perspectiva de los casos individuales, el hecho de que los ataques se cometan por agentes
locales y federales es una de las razones principales por la cual los autores de estos casos no
son llevados ante la justicia y consecuentemente sancionados, lo que a su vez genera mayor
inseguridad e impunidad.
8. Si bien es cierto que la mayor parte de las agresiones son cometidas por agentes del Estado, las
más graves, como los asesinatos y desapariciones, se atribuyen a miembros del crimen
organizado. Tanto uno como el otro caso, se traducen en responsabilidad internacional del
Estado mexicano por acción y omisión en tanto que directamente agentes estatales violan los
derechos humanos y en la falta de adopción de todas las medidas necesarias para garantizar
los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos9. Esto es, sin
importar quiénes sean los perpetradores —Estado, crimen organizado, narcotráfico o
cualquier grupo fuera de la ley— el responsable de guardar la seguridad de los periodistas es el
Estado.
Recrudecimiento de la violencia
9. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado incide en que el número de ataques
violentos (incluidos asesinatos y desapariciones y contra instalaciones de medios) en
proporción al total de agresiones haya aumentado10 y se ha extendido. Ante un panorama de
comunidades totalmente silenciadas por el efecto de la violencia, internet y las redes sociales
6 El discurso íntegro puede ser consultado en la dirección electrónica http://presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=53838 7 Ibid, pág. 18. 8 Ibid, pág. 17 9 El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar en su totalidad el ejercicio pleno de los derechos
humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Fernández Ortega y otros Vs. México (considerando. 4) ha sostenido: “dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”. 10 La violencia en México y el derecho a la información, ARTICLE 19 y Cencos, abril de 2011, págs 8-9.
6
se convirtieron en una herramienta de la sociedad para romper el silencio impuesto a
periodistas y comunicadores/as, pero también para llenar los vacíos que las autoridades
tendrían que llenar con información suficiente, útil y oportuna. Sin embargo, la ciudadanía
usuaria de redes sociales tampoco está exenta de ser víctima de violencia. Tal es el caso en el
estado de Tamaulipas, de Elizabeth Macías Castro, jefa de Redacción del diario Primera Hora de
Nuevo Laredo y usuaria activa de foros de discusión y denuncia en internet, quien fue
asesinada el 25 de septiembre de 2011 y en cuyo cuerpo se dejó un mensaje que la acusaba de
usar redes sociales para, aparentemente, informar a la Marina y el Ejército de los movimientos
del narcotráfico. El hecho remitió de inmediato a un acontecimiento similar sucedido el 13 de
septiembre, cuando los cuerpos de dos personas asesinadas aparecieron con mensajes
escritos en cartulinas que amenazaban a quienes hacían denuncia en sitios de Internet. Lo
anterior aunado a la detención en el mes de agosto en el estado de Veracruz de dos personas a
quienes se acusó de terrorismo y sabotaje por difundir información no confirmada a través de
sus cuentas de Twitter.
10. Lejos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, gobiernos y congresos locales en
Veracruz, Tabasco, Hidalgo y legisladores federales, han abonado a la zozobra mediante la
presentación, en el caso de Veracruz y aprobación, de iniciativas para regular la difusión de
información falsa que contrario al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) contienen restricciones más allá de las permitidas para limitar el ejercicio a la
libertad de expresión y criminalizan la expresión. Usuarios de redes sociales como twitter y
blogueros que regularmente reportan movimientos, operación del crimen organizado o
refieren hechos violentos a los que los medios tradicionales ya no dan cobertura, han
expresado su temor de ser identificados y acusados o agredidos y han comenzado a
censurarse por miedo a represalias.
II. Acciones del Estado mexicano sobre protección
11. ARTICLE 19 reconoce que el gobierno de México ha creado o dispuesto instancias para atender
la violencia contra quienes ejercen el periodismo, sin embargo las deficiencias en el diseño de
éstas que incluyen falta de disposiciones legales e instituciones adecuadas que permitan
afrontar estos ataques, impactan directamente en la ineficacia del Estado para prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión lo cual ha
motivado el incremento y perpetuado éstas violaciones. Estos ataques y la incapacidad o falta
de voluntad política del Gobierno para resolverlos afectan no sólo la libertad de expresión sino
el disfrute de otros derechos humanos. En concreto, estas violaciones vulneran el derecho a la
vida (artículo 4 CADH), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad
(artículo 7), el derecho al debido proceso legal (artículo 8), el derecho a la protección judicial
(artículo 25) y el derecho a la participación política (artículo 23).
7
1. Mecanismo interinstitucional de protección a periodistas
a. Antecedentes. Recomendaciones coincidentes de organismos de protección de
derechos humanos
12. En abril de 2008 ARTICLE 19 convocó, junto con Internacional Media Support, a organizaciones
internacionales defensoras de la libertad de expresión y prensa a participar en la “Misión
Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de
Comunicación”, la cual se realizó entre el 19 al 26 de abril de aquel año. Entre las conclusiones y
recomendaciones que emitieron las 13 organizaciones que conformaron la misión se incluyó la
necesidad de crear un programa de protección para periodistas y medios en el que trabajaran en
conjunto autoridades estatales y federales, medios y periodistas y organizaciones de la sociedad e
internacionales especializadas en protección a la libertad de expresión.
13. Tras hacer un balance de los resultados de dicha misión Internacional, a mediados de 2008,
ARTICLE 19 presentó la primera propuesta formal sobre un mecanismo de protección a
periodistas, enfocado en la prevención de agresiones a la Secretaría de Gobernación. En
aquella fecha, se acordó trabajar de manera conjunta –sociedad civil y gobierno– en el diseño
de un Comité de Protección a Periodistas. Se llevó a cabo un par de reuniones sin que el
gobierno de México presentase una propuesta concreta de trabajo. Sin embargo ARTICLE 19
continuó emitiendo insumos para el diseño de este mecanismo y llamando a cuentas al Estado
sobre su obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.
14. En febrero de 2009, en el marco del 1er examen periódico universal a México,11 el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano adoptar medidas
más eficaces para combatir la violencia contra los periodistas y el personal de los medios de
comunicación; proporcionar a estas personas mayores garantías y velar por su seguridad en el
desempeño de sus deberes profesionales, en particular de los que investigan y denuncian casos de
tráfico de drogas y corrupción.
15. Fue hasta el 11 y 12 de febrero de 2010, que por convocatoria de la Secretaría de Gobernación,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se realizó en la ciudad de
México el diálogo “Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras
11
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/MXSession4.aspx http://catedradh.unesco.unam.mx/webEpu/
8
de los Derechos Humanos”. El encuentro se proponía dar cauce a los numerosos llamados de
preocupación ante el número creciente de agresiones contra estos dos grupos, generar un
intercambio de ideas entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, y
compartir experiencias internacionales en la implementación de medidas de protección y
programas de evaluación riesgo que permitieran avanzar en el diseño institucional de un
mecanismo nacional. Las conclusiones12 fueron el esbozo de un primer modelo deseable para
México. Había consenso en que el mecanismo debía enfocarse en dos grupos en situación de
riesgo, defensores/ras de derechos humanos y periodistas, y que en sus comités y subcomités
de evaluación y decisión debía existir representatividad de la sociedad civil que trabaja en la
defensa de los derechos humanos y periodistas, como vínculo con entre las autoridades y la
población beneficiaria de las medidas de protección. Se establecía además la necesidad de
presupuesto suficiente para su operación y la integración de un grupo de trabajo que se
comprometiera a realizar reuniones de trabajo periódicas con metas y calendario específicos
para iniciar la construcción del mecanismo. Sin embargo, los compromisos expresados no se
tradujeron en acciones específicas. Se abrió un impasse de varios meses.
16. En marzo de 2010, en el examen de los informes presentados por los Estados en su 98° periodo
de sesiones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado
mexicano [t]omar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los
defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus
actividades profesionales, en particular mediante la aprobación oportuna del proyecto de ley
sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida a través de la práctica del
periodismo.13 En el mismo sentido se pronunció la CIDH durante la audiencia temática sobre
agresiones contra periodistas en México en el mismo mes y año.
17. Apenas el 11 de mayo de 2010, la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión en la que las
autoridades federales expresarían sus reservas sobre la representación que deberían tener
periodistas y medios de comunicación en el mecanismo, y cómo involucrar a las organizaciones
defensoras de derechos humanos. A partir de esa fecha, la comunicación del gobierno federal
para informar de avances o ahondar en las propuestas planteadas fue suspendida de manera
unilateral por la autoridad. Los rezagos en materia de libertad de expresión se volvieron, sin
embargo, prioridad nacional merced a dos hechos: el secuestro, el 25 de julio de 2010, de tres
periodistas en Gómez Palacio, Durango, por integrantes del crimen organizado que buscaban
presionar a medios nacionales para difundir sus mensajes contra grupos rivales, así como por
una marcha nacional en la que participaron miles periodistas que manifestaron en las calles, el
12 Relatoría del diálogo “Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos”. Febrero de 2010, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 13
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.MEX.CO.5_S.pdf
9
7 de agosto del 2010, su hartazgo ante la violencia y la impunidad en las agresiones contra la
prensa.
18. Esto prácticamente coincidió con el arribo a México de representantes de dos organismos
intergubernamentales. Entre el 9 y el 24 de agosto de 2010, la Relatora Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dra.
Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue realizaron una visita conjunta a México para analizar el
estado de la situación de la libertad de expresión en nuestro país14. Habida cuenta de los
crímenes, desapariciones y secuestros de periodistas registrados en los últimos años, así como
el silencio que se han autoimpuesto distintos medios ante el clima de violencia e impunidad, las
relatorías llamaron al Estado mexicano a establecer un mecanismo nacional de protección a
periodistas que involucrara a diversas autoridades y órdenes de gobierno, y permitiera la
participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño,
funcionamiento y evaluación. “El Estado mexicano no solamente está obligado a garantizar que
sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir
razonablemente las agresiones provenientes de particulares”, advirtió al respecto la doctora
Botero en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, que se hizo
público unos meses después. Al final de aquella visita, diversas organizaciones se dirigieron al
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Felipe de Jesús Zamora15, para pedirle la reactivación de los espacios de diálogo para la
creación del mecanismo de protección. Más aún, pusieron a disposición de las autoridades una
propuesta de mecanismo que recuperaba el trabajo de tres años de debates y experiencias
que esperaban fueran tomados como insumos y herramientas para establecer los elementos
mínimos que se consideraban necesarios para un instrumento como el que se buscaba.
19. Casi de manera paralela, ARTICLE 19 emitió recomendaciones muy puntuales de cara a lograr
un diseño que garantizara la capacidad operativa del mecanismo de protección de manera que
generara la confianza necesaria entre los potenciales beneficiarios. Entre las características
deseables se resaltaban:
o Una base jurídica que garantice la adecuada articulación de las instancias competentes en
el ámbito federal y capacidad de actuación en las entidades federativas. El mecanismo
14 http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/RELEMexCP.pdf 15
Carta de OSC al Subsecretario de Gobernación sobre la creación de un mecanismo de protección para defensoras, defensores y periodistas. 29 de septiembre de 2010. http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/carta-de-osc-al-subsecretario-de-gobernacion-sobre-la-creacion-de-un-mecanismo-de-proteccion-para-defensoras-defensores-y-periodistas/
10
debe ser una instancia con autonomía técnica y de gestión; debe contar con recursos
propios.
o Una perspectiva transversal de derechos humanos y género, tanto en la evaluación de
riesgos, como en la instrumentación de las medidas de protección. Para ello, debe
asegurar la coordinación de las diferentes instancias de gobierno, en aras de atender de
forma eficaz y oportuna las situaciones de riesgo desde una perspectiva integral, no
limitada al ámbito policial. La participación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en el mecanismo es fundamental.
o Garantizar la participación de la sociedad civil organizada y de la población protegida en el
proceso de toma de decisión. Dicha representación debe ser decidida por las propias
organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en un proceso abierto y transparente.
o Un catálogo de medidas de prevención y protección que puedan ser instrumentadas a
partir de una evaluación técnica de riesgo para cada caso concreto.
20. Las organizaciones que buscaban la interlocución con las instancias encargadas del diseño del
mecanismo se quedaron sin respuesta. Con posterioridad a la visita de los relatores de la CIDH
y la ONU, el gobierno mexicano sólo informó de los avances en el tema a esas instancias
internacionales.
b. Marco jurídico. Otra instancia diseñada para fracasar.
21. A más de 2 años de realizada la primer recomendación al Estado mexicano para adoptar un
mecanismo de protección, el 3 de noviembre de 2010 el gobierno anunció la firma de un
“Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a
periodistas”16 entre las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, y Seguridad Pública,
además de la Procuraduría General de la República y la CNDH. El documento, a decir de lo
expresado por las autoridades mexicanas, constituía “el primer paso para establecer un
mecanismo de protección de periodistas y comunicadoras” y “cumple con una de las
recomendaciones que hicieron los Relatores Especiales […] en su visita oficial conjunta que se
llevó a cabo del 9 al 24 de agosto de 2010”.
22. El Convenio de Colaboración establece, por un lado, la creación de un Comité Consultivo, que
se encargaría de analizar, proponer y definir las acciones institucionales necesarias para la
implementación de medidas de prevención y protección de periodistas, así como sus alcances
16
La versión íntegra del documento se encuentra en http://www.cencos.org/documentos/021110ConvenioPeriodistas.pdf
11
y magnitud. Por otro lado, la formación de un Subcomité de Evaluación, como órgano auxiliar
que conocería de las solicitudes de medidas de prevención y protección que le sean remitidas
con el fin de formular recomendaciones al Comité Consultivo. Desde el anuncio, ARTICLE 19 y
otras organizaciones se pronunciaron por las deficiencias que presenta el marco jurídico bajo el
que se anunció el supuesto mecanismo de protección. En primera instancia ni siquiera se había
asignado presupuesto específico para el funcionamiento del Comité, que además acusa en su
conformación la ausencia, con voz y voto, de los potenciales beneficiarios y de los expertos en
la materia; es decir, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que han hecho de la
defensa de la libertad de expresión su agenda principal. La toma de decisiones es competencia
exclusiva de los representantes de la secretarías partes del convenio, la PGR, la CNDH y los
gobiernos estatales que voluntariamente quisieran sumarse. Si bien se prevé la participación
de tres “representantes del gremio de los periodistas” y la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se les excluye de las decisiones del Comité, así
como de cualquier participación en la redacción de los lineamientos de trabajo de éste.
23. El Convenio de Colaboración creado como mecanismo de protección de quien ejerce la labor
periodística no retomó estos mínimos requeridos en el diseño del “mecanismo”. El Comité
Consultivo que se plantea como el mecanismo de protección, es un órgano de consulta y
auxilio técnico, que funcionará para dar seguimiento y evaluar las medidas dictadas por las
autoridades competentes (dígase Procuradurías federal y locales, incluso las dictadas por los
órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de Naciones Unidas). Es decir, el
Comité o mecanismo únicamente servirá para dar seguimiento y valorar las medidas
cautelares o de protección dictadas por otra autoridad, el Comité no dictará medida alguna,
sino que realizará meras recomendaciones. Ni siquiera prevé recomendar a la autoridad
competente que dicte medidas, sino únicamente confirmar, modificar, ampliar o terminar las
medidas de prevención o protección ya dictadas.
24. Justamente la necesidad de promover un mecanismo de protección distinto a las medidas
cautelares es la ineficacia con la que el Estado mexicano ha implementado o dejado de
implementar este tipo de medidas. Más aún, bajo este Convenio, se agrega un paso más a la
burocratización de la implementación de medidas, para que un órgano colegiado revise el
otorgamiento de las medidas cautelares, lo que resulta totalmente contrario a los principios de
urgencia y necesidad a que atiende la exigencia de crear un mecanismo de protección.
25. No obstante, ARTICLE 19 planteó la posibilidad de mitigar las deficiencias y elevar las
salvaguardas de protección en los Lineamientos de Operación y Funcionamiento. Dos
compromisos se establecieron en la firma del Convenio de Colaboración. Primero, el Comité
Consultivo quedaría instalado dentro de los 30 días naturales posteriores a la firma del
Convenio. Segundo, los Lineamientos de Operación y Funcionamiento serían publicados dentro
12
de los 30 días naturales siguientes a la instalación del Consejo; es decir, que debieron estar
listos desde enero del presente año. Sólo uno de ellos se hizo efectivo. El 3 de diciembre de
2010 quedó finalmente instalado el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de
Prevención y Protección a Periodistas, el cual celebró una segunda reunión un mes después. En
los siguientes días se cumple un año de haber adquirido ese compromiso, sin embargo, los
lineamientos de operación en los que debería basar su funcionamiento el mecanismo de
protección no han sido publicados.
26. En el mes de mayo circuló entre organizaciones de la sociedad civil un borrador de
lineamientos cuyo contenido fue publicado de manera parcial por la prensa17, que pretendía ser
la guía para que periodistas en situación de riesgo solicitasen protección y las autoridades
implementaran las medidas, pero de manera oficial nada se ha presentado aún. Sin embargo,
el documento no oficial “Borrador Final de los Lineamientos de Operación y Funcionamiento
para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas” a
que tuvo acceso ARTICLE 19 no resuelve o aborda cuestiones básicas de implementación y
desde luego no resuelve las deficiencias del Convenio de Colaboración. El nuevo documento
adolece, no obstante, de la misma falta de claridad y definiciones que el Convenio original. Las
modalidades de protección se dividían en individuales, colectivas o de protección patrimonial,
sin que se detallaran las acciones a tomar en cada caso, aunque sí condicionan su aplicación a
la “disponibilidad presupuestal”.
27. Por otro lado, no se establece a qué instancia de entre las que forman parte del convenio
debería acudir un informador en situación de emergencia o riesgo inminente para poder
acceder a las medidas de protección, mucho menos se plantea la necesidad de dar respuesta
rápida en días u horarios inhábiles.
28. No se detallan los instrumentos ni los criterios que se emplearían para valorar el riesgo; sólo se
establece que el análisis debe elaborarse en un plazo “no mayor a cinco días naturales” sin
reparar en que medidas de protección deben implementarse y quién es responsable de
ejecutarlas en un caso de extrema urgencia.
29. En sus recomendaciones para la implementación del Convenio y la elaboración de los
Lineamientos de Operación y Funcionamiento, la Relatoría de la CIDH era enfática en puntos
que el gobierno federal ha desdeñado en el diseño del texto de las líneas de operación del
mecanismo, como la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas, la
sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y funcionamiento del mecanismo y lo
17 Dulce Ramos. “Cuatro preguntas al Comité de Protección a Periodistas”. En: Animal Político, 10 de mayo de 2010. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2011/05/cuatro-preguntas-al-comite-de-proteccion-a-periodistas/
13
importante de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el
mecanismo y el procedimiento para su adopción.
30. En lo que se refiere a la recomendación de la CIDH de asegurar recursos financieros y
personales suficientes para la implementación adecuada del mecanismo, Artículo 19 pudo
confirmar, mediante un trabajo exhaustivo de monitoreo del gasto desde la aprobación del
presupuesto 2011, que la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la
Segob contaba con 25 millones de pesos destinado a ejecutar medidas de protección para
periodistas y defensores de derechos humanos. El ejercicio de esos recursos, sin embargo, se
está dando de manera paralela y con criterios poco claros, pues por un lado no ha concluido el
proceso de construcción del mecanismo anunciado en noviembre de 2010 para proteger a
periodistas, y por el otro, la Secretaría de Gobernación publicó el pasado 7 de julio de 2011 un
acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección a los defensores y
defensoras de los derechos humanos, que parece más una reacción a la visita que hizo a
nuestro país la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi
Pillay, durante los primeros días de ese mes.
c. Resultados. Fallas estructurales impiden efectividad para prevenir agresiones.
31. Desde aquel diálogo de febrero de 2010 convocado por la Secretaría de Gobernación, al menos
15 periodistas han sido asesinados en el país, otros tres han desaparecido y se han registrado
19 ataques con explosivos y armas de alto poder contra instalaciones de medios de
comunicación, además de otras amenazas graves, además de un cúmulo de otras agresiones.
Sólo en el presente año, y hasta el 12 de octubre pasado, ARTICLE 19 ha documentado 130
agresiones contra medios y periodistas18, que incluyen amenazas, agresiones físicas,
asesinatos, privación ilegal de la libertad, desaparición y desplazamiento forzoso. De ese total
49.6 por ciento es atribuible a agentes del Estado; esto es, funcionarios y fuerzas de
seguridad, mientras que la delincuencia organizada habría participado presumiblemente en
25.5 por ciento de los agravios cometidos contra la prensa mexicana.
Nombre Estado Fecha
Periodistas asesinados
Evaristo Pacheco Solís Guerrero Mar 12, 2010
Juan Francisco Rodríguez Guerrero Jun 28, 2010
18 En 2010, Artículo 19 registró 155 agresiones, entre las que se cuentan ocho asesinatos de periodistas. En el presente año no sólo se registraron 9 homicidios, sino que la tendencia apunta a que el total de agresiones se incrementará respecto del año anterior.
14
Hugo Alfredo Olivera Cartas Michoacán Jul 6, 2010
Marco Aurelio Martínez Tijerina Nuevo León Jul 10, 2010
Luis Carlos Santiago Chihuahua Sep 16, 2010
Carlos Alberto Guajardo Tamaulipas Nov 5, 2010
Luis Emanuel Ruíz Carrillo Nuevo León Mar 25, 2011
Pablo Aurelio Ruelas Sonora Jun 13, 2011
Miguel Ángel López Velasco Veracruz Jun 20, 2011
Misael López Solana Veracruz Jun 20, 2011
Yolanda Ordaz de la Cruz Veracruz Jul 26, 2011
Humberto Millán Salazar Sinaloa Ago 25, 2011
Marcela Yarce Distrito Federal Sep 1, 2011
Elizabeth Macías Castro Tamaulipas Sep 25, 2011
Periodistas desaparecidos
Ramón Ángeles Zalpa Michoacán Abr 6, 2010
Marco Antonio López Ortiz Guerrero Jun 7, 2011
Gabriel Manuel Fonseca Veracruz Sep 19, 2011
Medios de comunicación atacados
XHKG Canal 2 Nayarit May 17, 2010
Zócalo Piedras Negras Coahuila Jun 17, 2010
Noticias de El Sol de la Laguna Coahuila Jun 22, 2010
Televisa Torreón Coahuila Jun 25, 2010
Multimedios Nuevo León Jul 9, 2010
Televisa Nuevo Laredo Tamaulipas Jul 30, 2010
Televisa Matamoros Tamaulipas Ago 13, 2010
Televisa Monterrey Nuevo León Ago 14, 2010
Televisa Ciudad Victoria Tamaulipas Ago 27, 2010
Noroeste Sinaloa Sep 1, 2010
El Norte/La Silla Nuevo León Sep 20, 2010
El Debate Sinaloa Oct 3, 2010
El Sur Guerrero Nov 10, 2010
Televisa Piedras Negras Coahuila Ene 8, 2011
El Norte/La Silla Nievo León Ene 10, 2011
Radiorama Coahuila Feb 9, 2011
Canal 9 Multimedios Coahuila Feb 9, 2011
El Norte/La Silla Nuevo León Mar 31, 2011
Vanguardia Coahuila May 29, 2011
32. Y reiteramos que, a pesar de que el propio presidente Felipe Calderón ha señalado que “la
principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión, proviene, precisamente, del
crimen organizado” y que “quienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por
15
desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos”19, se ha documentado que
mayoritariamente las agresiones vienen del poder público.
33. Las deficiencias en el marco jurídico y falta de corresponsabilidad estatal, así como la
ausencia de lineamientos para activar el mecanismo han marcado la dificultad y
desconocimiento para que periodistas y trabajadores/as de medios accedan al llamado
mecanismo. Lo anterior viola el principio a la seguridad y certeza jurídicas, así como el
principio de legalidad, al desconocer la forma en que se resuelve el otorgamiento o negativa
de protección.
34. Debería existir previsión respecto el habeas data de las personas solicitantes y beneficiarias de
las medidas de prevención y protección, así como lineamientos en materia de transparencia y
acceso a la información, particularmente de decisiones institucionales. También establecer un
sitio web que contenga toda la información relacionada con la ejecución del convenio de
colaboración, mismo que deberá presentarse públicamente y con amplia difusión. En él como
mínimo debiera contener criterios que garanticen la transparencia, mecanismos de evaluación
de desempeño y establecimiento claro de las consecuencias normativas ante el
incumplimiento de los llamados compromisos conjuntos establecidos en el convenio de
colaboración y los que serían los Lineamientos de Operación y Funcionamiento.
35. La experiencia del caso de Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en el estado de
Chiapas (Sureste) ante el llamado mecanismo corrobora las deficiencias en el marco jurídico y
la falta o incapacidad del Estado mexicano para implementar las acciones necesarias para
garantizar el derecho a la libertad de expresión y los correlacionados para prevenir las
agresiones contra periodistas.
36. El trabajo periodístico de Isaín y de su esposa Ángeles Mariscal, han estado marcados por el
constante acoso por parte de los diferentes grupos políticos que operan en el país. ARTICLE19
ha documentó el rechazo sistemático de las denuncias que a lo largo de 7 años ha interpuesto
por las agresiones de las que ha sido objeto él y su esposa, incluyendo campañas difamatorias,
seguimientos y robo de identidad en Internet. El 19 de junio fue acusado de mandar golpear a
un periodista Jacobo Elnecavé Luttmann cercano al gobernador, en los días siguientes los
miembros de la familia observaron varios vehículos sospechosos a las afueras de su domicilio.
En ese mismo tiempo Ángeles fue despedida de su trabajo en un medio local y recibió varias
amenazas telefónicas. ARTICLE19 adoptó la defensa por lo que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para ambos y para el periodista golpeado
también. Los tres fueron contactados por la Secretaría de Gobernación para presentar de
19 El discurso íntegro puede ser consultado en la dirección electrónica http://presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=53838
16
manera simultánea sus casos ante el Comité de Evaluación de Riesgos en una especie de careo.
Isaín y su familia consideraron que encontrarse con el periodista que los inculpaba era un
riesgo innecesario. Al exponer esta preocupación a los funcionarios de la Secretaría de
Gobernación, explicaron que ellos no tenían conocimiento de los detalles del caso y los habían
citado a los tres, sin consideración alguna de la confidencialidad de los datos personales y
riesgo que implicaba, para ahorrar tiempo.
37. Finalmente se pactó una reunión en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios estatales y federales 28
de julio, un mes después de que Isaín y Ángeles fueran inculpados, para negociar las medidas
concretas de protección solicitadas por la familia de periodistas. La solicitud contemplaba
rondines policiacos a las afueras de su casa, instalación de cámaras de videovigilancia en
domicilio, así como un oficio emitido por las autoridades estatales con la información y número
de expedientes en donde apareciera Isaín o Ángeles como presuntos responsables. Isaín y
Ángeles decidieron no aceptar los rondines ya que éstos hubieran estado a cargo de la policía
estatal de Chiapas y no confían en ella. La carta nunca fue emitida, argumentando que la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas ya había constatado que sus nombres no
estaban incluidos en alguna causa legal. La instalación de las cámaras que también estaría a
cargo del gobierno estatal fue también marcada por dilaciones injustificadas, argumentaban
también que ellos escogerían los lugares en donde serían instaladas y los funcionarios tendrían
acceso ilimitado a las grabaciones. Por lo que fue rechazado de manera tajante por Isaín y
Ángeles al considerarlo una invasión a su privacidad y un riesgo para los integrantes de su
familia. Finalmente, casi 2 meses después las cámaras de videovigilancia fueron instaladas
atendiendo las preocupaciones de los periodistas.
2. Inexistencia de una política pública en materia preventiva
38. No obstante los múltiples requerimientos de diversos organismos internacionales para que el
Estado adopte una política pública en materia de prevención de agresiones contra periodistas,
y que inclusive es materia del referido convenio de colaboración, no existen acciones estatales
específicas que puedas considerarse dentro de una estrategia del poder pública orientada a la
erradicación y en consecuencia prevención de agresiones contra periodistas.
III. Periodistas desaparecidos/as. El retrato de la impunidad.
39. ARTICLE 19 expone los casos de periodistas desaparecidos/as como parte de las más graves de
violaciones a derechos humanos, enfatizando la responsabilidad del Estado por violaciones al
17
debido proceso (artículo 8 CADH) y la falta de acceso a la justicia (artículo 25 CADH). Las
deficiencias y omisiones en la prevención e investigación son comunes a los casos de
agresiones a periodistas en general por lo que este capítulo refleja igualmente las fallas en la
investigación de la mayoría de los casos, salvo por las especificidades que representan los
casos de desapariciones.
40. ARTICLE 19 ha registrado la desaparición de 12 periodistas desde 2003 a la fecha, ocho de las
cuales tuvieron lugar en la presente administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (en
adelante FEADLE)20 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportan aún un número
mayor.
Nombre Fecha y lugar de desaparición Medio Instancias investigadoras
1 Jesús Mejía Lechuga Martínez de la Torre, Veracruz. 12 de julio de 2003
Locutor, Radio MS-Noticias
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
2 Alfredo Jiménez Mota Hermosillo, Sonora. 2 de abril de 2005
Periodista del periódico, “El Imparcial”
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada SIEDO, adscrita a la PGR Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
3 Rafael Ortiz Martínez Monclova, Coahuila. 8 de julio de 2006
Reportero del diario “Zócalo” y conductor de un noticiero radiofónico.
Dirección de Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, adscrita a la PGJE de Coahuila Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita a la primer mesa investigadora, Monclova
4 José Antonio García Apac
Tepalcatepec, Michoacán. 20 de noviembre de 2006
Director y reportero, “Ecos de la Cuenca de Tepalcatepec”
Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán PGR
5 Rodolfo Rincón Taracena
Villahermosa, Tabasco. 20 de enero de 2007
Reportero, “Tabasco Hoy”
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) PGR
6 & 7
Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez
Monterrey, Nuevo León. 10 de mayo de 2007
Colaboradores de la televisora, TV Azteca
Ministerio Público Investigador Especializados en Delitos Contra la Vida y la Integridad Física de la Procuraduría General de Justicia del Estado
8 Mauricio Estada Zamora
Apatzingán, Michoacán. 12 de febrero de 2008
Reportero y fotógrafo de “La Opinión de Apatzingán”
Agencia Especializada en Antisecuestros de la PGJE PGR
9 María Esther Aguilar Cansimbe
Zamora, Michoacán. 11 de noviembre de 2009
Corresponsal del periódico,
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la
20 Antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP).
18
“Cambio” de Michoacán
Libertad de Expresión (FEADLE) PGJ Estatal PGR (Delegación Estatal)
10 Ramón Ángeles Zalpa Paracho, Michoacán. 6 de abril de 2010
Corresponsal del periódico, “Cambio” de Michoacán
FEADLE PGJ Estatal
11 Marco Antonio López Ortiz
Acapulco, Guerrero. 7 de junio de 2011
Jefe de información, “Novedades de Acapulco”
PGR Estatal
12 Gabriel Manuel Fonseca Hernández
[Acayucan], Veracruz. 18 de septiembre de 2011
Reportero, “El Mañanero”
[Ministerio Publico en el municipio de Acauycan]
41. ARTICLE 19 documentó y tuvo acceso a las investigaciones de 10 de los casos e identificamos
elementos comunes. A continuación se exponen las conclusiones21.
42. Las desapariciones de periodistas ocurrieron en zonas del país donde los grupos del crimen
organizado tienen una fuerte presencia y/o nivel de influencia22. Hay casos en que esto incluye
el control de los medios de comunicación locales hasta tal punto en el que se prohíbe a dichos
medios que publiquen ciertos sucesos o hechos23.
43. La mayoría de los periodistas cubrían temas de seguridad, reportaban sobre el crimen
organizado y/o sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades.
44. Los casos de desaparición de periodistas han tenido un efecto pluriofensivo en la auto-censura
que genera entre los mismos trabajadores/as de los medios y en los mismos medio de
comunicación, por temer correr la misma suerte.
45. Las desapariciones ocurrieron en aquellos estados en donde no existe legislación sobre
desapariciones forzadas y en donde no se considera como un crimen: Michoacán, Veracruz,
Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Sonora; como consecuencia, las autoridades desarrollan la
investigación bajo los elementos de otros delitos, por ejemplo secuestro.
a. Impunidad de facto
21 ARTICLE 19 presentó comentarios por escrito al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en el marco de su visita oficial a México en marzo de 2011. Para mayor información véase: http://www.article19.org/data/files/pdfs/submissions/mexico-for-the-consideration-at-the-93rd-session-of-the-un-working-group-on-.pdf y las observaciones preliminares del Grupo de trabajo se pueden consultar en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S 22 Cuatro de las desapariciones de periodistas sucedieron en el estado de Michoacán: Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe, Ramón Ángeles Zalpa y José Antonio García Apac. 23 En cambio se considera que los medios internacionales se benefician de un cierto nivel de protección; las represalias por haberse publicado cierta información mayormente recaen en los medios locales.
19
46. ARTICLE 19 nota que hubo una serie de problemas detectados en las indagatorias tanto a nivel
local como federal de los casos de agresiones cometidos en contra de periodistas y
trabajadores/as de los medios de comunicación. Las deficiencias incluyen el fracaso
predominante a abordar los casos de agresiones contra periodistas, incluidas omisiones,
dilaciones y periodos de inactividad, y falta de diligencia en las investigaciones24. En
consecuencia se vulneran los derechos humanos una protección judicial efectiva así como del
debido proceso.
47. En algunos casos, tanto en el orden local como federal, las autoridades únicamente levantaron
un acta circunstanciada sobre los hechos (noticia de la existencia de hechos presuntamente
criminales sin que se inicie actividad alguna de investigación), dejando un transcurso de varios
años antes de elevar una investigación a averiguación previa, en razón de que el periodista no
apareció.
48. Las autoridades fallan en emitir acciones inmediatas para buscar, localizar e investigar cada vez
que desaparece un periodista25:
o Falta de emisión de una ficha de datos completa de la persona desparecida con la
descripción necesaria para la identificación, búsqueda y localización del periodista,
y con detalles de la región o al área donde ocurrió la desaparición.
o Falta de considerar la distribución de tales fichas en hospitales, centros de
detención, autopistas y a las autoridades encargadas de la búsqueda.
o Falta de implementar acciones inmediatas para buscar y localizar los periodistas.
o Falta de un protocolo de rápida respuesta.
49. La autoridad carece de un protocolo o una estrategia específica encaminada a investigar los
casos de desaparición.
50. La autoridad no realiza acciones orientadas por una línea de investigación fundamentada en la
labor periodística de las personas desaparecidas y por lo tanto, queda ausente un análisis de
los móviles relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión para el señalamiento de
posibles responsables (perpetradoras) y móviles para la desaparición, asimismo la omisión en
el agotamiento de una línea de investigación derivada de la labor periodística, limita la
24 Más información disponible en la Recomendación General No. 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, CNDH, agosto de 2009 en la pág. 15. La Recomendación puede consultarse en http://www.cndh.org.mx/node/33. Fallos específicos señalados en el informe arriba mencionado incluye: falta de control y supervisión en la integración de las averiguaciones; falta de aplicación de técnicas de investigación policial efectivas; falta de disposiciones o medidas para impedir la perdida, destrucción o alteración de huellas o vestigios del delito; falta de participación de peritos; y regazo en la ejecución de órdenes de aprehensión (véase la pág. 20). 25 La entonces FEADP comenzó a emitir fichas de búsqueda y localización a partir de la intervención de ARTICLE 19 en la desaparición de Ramón Ángeles Zalpa.
20
posibilidad de creación de políticas públicas en materia preventiva relacionadas con el ejercicio
periodístico.
51. Declaraciones de autoridades prejuzgando sobre el motivo de las agresiones, alegando
crímenes pasionales, e intentos por desacreditar a periodistas desaparecidos/as al afirmar que
éstos últimos estaban involucrados con grupos del crimen organizado, sin que medie evidencia
ni investigación en su contra. En el caso de Rafael Ortiz Martínez, el alcalde afirmó que el
periodista “no fue levantado —término recientemente acuñado para señalar privaciones
ilegales de la libertad relacionadas con el crimen organizado—, se extravió”, además de lanzar
una advertencia contra los medios “tengan mucho cuidado con lo que hablan.” En el caso de
Jesús Mejía Lechuga, la autoridad investigadora sostuvo que el periodista no había
desaparecido, sino que estaba prófugo de la justicia por una denuncia de robo que había en su
contra.
52. Son miembros de las familias de las víctimas, en particular las parejas o los padres, quienes se
ubican a la cabeza de la demanda de justicia, y en algunos casos han sufrido represalias, e
incluso amenazas, por proseguir o exigir las investigaciones adecuadas. En otros casos, colegas
del periodista han referido haber sido intimidados o coaccionados con la finalidad de
proporcionar mayores elementos a los agentes ministeriales sobre el paradero o la causa de la
desaparición.
Por ello, familiares y colegas manifiestan temor y desaliento para denunciar o impulsar el
desarrollo de investigaciones o a proporcionar evidencia sobre los casos por temer represalias
posteriores. Algunos destacaron que las autoridades están coludidas con el autor de la
desaparición, lo que aumenta el miedo de presentar sus testimonios.
Más aún, no se garantizan medidas de protección, tales como protección a testigos, para
salvaguardar la vida e integridad de quienes rinden sus testimonios.
53. La falta de colaboración por parte de familiares y colegas es utilizado como pretexto por las
instancias investigadoras para no indagar. Contrario a la ley revierten la carga de la prueba a
familiares y la única evidencia en las investigaciones es la provista por éstos. Ello conlleva que
al paso del tiempo los casos sean declarados “en reserva” (véanse abajo), sin agotar las líneas
de investigación26.
54. La mayoría de los casos se declararan “en reserva”27, lo que significa que se suspendieron
todas investigaciones hasta que surja nueva evidencia, aun cuando las autoridades no hayan
26 En el caso de Alfredo Jiménez Mota, la PGR señaló que requerían mayor evidencia provista por la ciudadanía para poder investigar más a fondo o poder abrir otras líneas de investigación. Esto revela la dilación, ya que la investigación fue iniciada en Julio de 2005, inacción, así como que todas las investigaciones fueron suspendidas hasta en tanto surgiera nueva evidencia, y la trasmisión de la carga de la prueba a la ciudadanía. 27 En el caso de José Antonio García Apac, la investigación se determinó en reserve a solo 3 meses de iniciada.
21
agotado todas líneas de investigación y las únicas pruebas en los expedientes son aquellas
proporcionadas por las familias28.
55. A la fecha, en ninguno de los casos hay información sobre el paradero de los/las periodistas o
bien sobre el hallazgo de sus cuerpos. En el caso de Rodolfo Rincón Taracena, la Procuraduría
General de Justicia estatal concluyó que se hallaron los restos del periodista, sin embargo, no
existe evidencia de ello y científicamente no puede determinarse, dado que el cuerpo está
prácticamente calcinado y no se cuenta con un análisis de ADN. Además el caso fue cerrado a
pesar de que el hallazgo del cuerpo supuestamente de Taracena se basó en testimonios de
personas acusadas de crímenes distintos al de la desaparición del periodista.
56. Una reforma reciente al Código Federal de Procedimientos Penales29 viola al derecho de
información y refuerza la impunidad por hacer indefinidamente secretos los expedientes de
todas investigaciones criminales, con la única excepción de decisiones de no enjuiciar, las
cuales se pueden difundir únicamente después de un periodo equivalente a la prescripción que
corresponde al crimen, o hasta 12 años y siempre que esa divulgación no ponga en riesgo
alguna indagatoria. La reforma asimismo viola a los principios de la certeza y seguridad legal,
hasta tal medida en que puede resultar que una víctima no conozca detallada y
adecuadamente el contenido de la averiguación previa. Basado en la reforma legal arriba
mencionada, la autoridad ha negado el acceso a los expedientes a las familias de las víctimas y
no hay posibilidad para la sociedad de tener acceso a los expedientes y conocer la verdad de lo
ocurrido.
57. La impunidad se mantiene además por la ineficacia de las instituciones mismas. Por ejemplo,
las acciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la
Libertad de Expresión (FEADLE) se limitan severamente por su competencia definida de una
manera tautológica y restringida30. En cuanto a los periodistas desaparecidos en particular, al
junio de 2011, FEADLE había recibo de estados 6 expedientes de los 13 solicitados para mayor
análisis, es decir, menos de la mitad que corresponden a desapariciones durante los últimos 11
años31. De la información disponible públicamente32, parece que FEADLE ha usado la
información que pudo obtener para realizar análisis criminológico preliminar, incluidos
motivos, circunstancias, actores y vínculos entre sucesos, para producir información estadística
28 Base de datos de ARTICLE 19. 29
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009. 30 Por ejemplo, algunas de las condiciones para que FEADLE indague delitos incluyen que son ilícitos federales (o relacionados), que sean delitos que se sancione penalmente, que se presuma una conexión con la delincuencia organizada, y que el delito se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa, es decir, la FEADLE no tiene competencia para iniciar investigaciones en un alto porcentaje de los casos. El acuerdo correspondiente puede consultarse en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150640&fecha=05/07/2010 31 Quinto Informe de Labores del PGR en las págs. 249/250. El informe puede consultarse en: http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp 32 Para más información sobre la falta de transparencia en la FEADLE, véase La violencia en México y el derecho a la información, ARTICLE 19 y Cencos, abril de 2011, en las págs. 48-49.
22
e inteligencia33. Brilla por su ausencia una aparente falta de enfoque en seguimiento, búsqueda
de justicia, o análisis o tratamiento de los problemas más amplios. Sino el trabajo realizado
entre septiembre de 2010 y junio de 2011 relativo a periodistas desaparecidos consiste
principalmente en la emisión de fichas de búsqueda (288), pero ninguna investigación directa,
2 casos de dirección y supervisión de investigaciones desconcentradas, 1 caso de análisis
criminológico, 1 caso de colaboración y auxilio a los estados y 2 casos de adoptar medidas
cautelares dictadas a periodistas y familiares34.
58. La CNDH considera que los informes que ha publicado la FEADLE tienen más fines de
divulgación y de imagen que de una efectiva rendición de cuentas. La CNDH nota, por ejemplo,
que dichos informes incluyen el total de casos registrados en México, la mayoría de los cuales
no son atendidos por la Fiscalía, y destaca el escaso número de acciones penales ejercitadas.
ARTICLE 19 asimismo ha publicado un informe pormenorizado sobre la ineficacia de la FEADLE
(FEADP en ese entonces)35, señalando que sus debilidades inherentes, comparadas con la
estructura institucional y facultades de otras fiscalías especializadas, parecen sugerir una falta
de voluntad política de amparar el derecho de periodistas de libertad de expresión, y que la
FEADLE sea otra instancia paliativa, diseñada como distractor de la inoperancia del Estado36.
b. Falta de políticas públicas
59. Desde el inicio de la noticia del crimen de desapariciones se evidencia la falta de políticas
públicas para la atención de este tipo de agresiones así como una evidente ausencia de
sensibilidad en la atención de las víctimas -usualmente consideradas indirectas- como son
familiares, personas cercanas y colegas. Así, en muchos casos se cuestiona la necesidad de
iniciar acciones inmediatas de búsqueda y localización ya que sugieren esperar a que la
persona pueda regresar.
60. Prevalece una falta de iniciativa de las autoridades ministeriales para proporcionar diversas
medidas como son: asesoría jurídica, atención psicológica, acciones para garantizar la
integridad física así como asistenciales, en los casos en que la periodista desaparecida era el
sustento económico de su grupo familiar.
La provisión de asesoría jurídica debería abordar cuestiones sobre los derechos y
obligaciones de las personas desaparecidas que, al no ser jurídicamente consideradas
inmediatamente como "ausentes" -requiriendo una declaración judicial que usualmente se
33 El Quinto Informe de Labores del PGR en la pág.250 34 Ibid en la pág. 255. 35 http://www.article19.org/resources.php/resource/855/en/mexico:-discurso-sin-resultados 36 La Corte Interamericana en el caso Bámaca Velázquez párr. 211 ha definido como impunidad: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” y de forma similar en el caso Ivcher Bronstein párr. 186.
23
da después de varios años- evita que se subroguen sus obligaciones y derechos
impactando en aspectos como:
o Suspensión de la obligación de solventar créditos como son de vivienda y de adeudos
entre otros.
o Disposición de los bienes y recursos financieros que requieren la declaración de
ausencia y posterior juicio testamentario.
La atención psicológica debiera consistir en servicios de contención emocional a fin de que
las personas asimilen la situación de la pérdida y eventual aparición o notica de la muerte
del/la periodista, así como para afrontar otras consecuencias de la desaparición tales
como:
o Reclamos o señalamientos de personas cercanas como si hubieran sido la causa de la
desaparición;
o Los reclamos sobre la aparente inacción en la búsqueda de justicia cuando la misma
persona es una víctima;
o Asimilación del hecho de que la desaparición continua y no puede dejarse a un lado un
proyecto de vida de quienes le permanecen a la desparecida en la espera de la
reaparición de la persona desaparecida o de alguna noticia;
o Eliminar el sentimiento de culpa si se pretende iniciar una "nueva vida".
Protección a la integridad física. Con el objetivo de que las víctimas tengan la certeza de
que no sufrirán agresión alguna en su búsqueda de justica.
Asistenciales. Que surgen de la necesidad de brindar ayuda económica a los casos en que
las personas desaparecidas eran el sustento económico familiar y que, al haber sido
desparecidas quedan sin solucionarse aspectos alimentarios y de vivienda entre otros.
c. Efecto directo en el libre flujo de información
61. Además de los efectos inmediatos y los que recaen en los familiares al sufrir una desaparición,
el efecto de la impunidad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es
particularmente preocupante. Se desincentiva, y se promueve temor de, reportar, denunciar y
dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos para evitar represalias. Por el
contrario, alienta a futuros perpetradores de cometer agresiones lo que directamente impacta
en periodistas y medios para autocensurarse.
62. También resulta alarmante el quebranto al libre flujo de información al silenciar a cada uno de
los/las periodistas desparecidos y por causa del efecto pluriofensivo en quienes ejercen el
periodismo de autocensurarse como medida de protección. Lo anterior resulta en una
sociedad desinformada o mal informada y un debilitamiento de la democracia, ya que la
24
sociedad es privada de recibir información completa, oportuna, veraz precisamente para poder
ejercer otros derechos. Si la prensa está en peligro en México, también lo está la democracia.
d. Fiscalía y Federalización. Otro pendiente sin resolver.
63. Si bien el número de agresiones violentas ha aumentado proporcionalmente a la cifra total de
agresiones contra quienes ejercen el periodismo, la denuncia pública o registro de las
agresiones disminuye como consecuencia del efecto enfriador, así como la falta del Estado
mexicano en iniciar y realizar indagatorias. Desde la creación de la entonces Fiscalía Especial
para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) se hicieron numerosos
señalamientos sobre la capacidades limitadas de la Fiscalía para investigar, es decir para hacer
su trabajo. En 2006 fue el primer llamado.37 En 2011, la exigencia no ha cambiado. La debilidad
de las instituciones de procuración e impartición de justicia reproducen el contexto ideal para
atentar contra la prensa. Hace más de 5 años se creó la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra Periodistas, misma que en julio de 2010 sufrió una reestructura y
cambio su nombre a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión. A pesar de estos cambios persisten algunas deficiencias:
o Falta de recursos financieros y humanos suficientes;
o Discrecionalidad en la facultad de atraer casos;
o Ambigüedad en la definición del sujeto pasivo de la agresión;
o Limitantes para el conocimiento de delitos, tales como el requisito de que sean delitos
federales o conexos, que prevean pena de prisión y que no se consideren cometidos por
motivo de la delincuencia organizada;
o Conocimiento limitado y/o discrecional de delitos cometidos por militares y por
delincuencia organizada; y
o Falta de estabilidad respecto la existencia de la FEADLE, ya que la modificación o
eliminación depende de un “Acuerdo” del Procurador.
o No sólo eso, sino que también desde su creación su presupuesto se ha reducido
significativamente 72.36%.
64. El 9 de agosto pasado el Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión. La reunión tuvo lugar “ante la creciente situación de inseguridad contra periodistas y la
37
http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/mexico-article-19-evidencia-la-ineficacia-de-la-fiscalia-especial-para-la-at.pdf; http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/mexico-discurso-sin-resultados.pdf
25
impunidad de los casos”. El Fiscal presentó un diagnóstico institucional. Dentro de las
conclusiones contundentes de su diagnóstico, argumentó tener una capacidad limitada para
investigar por falta de competencia y una debilidad administrativa, como elementos que no
permitieron alcanzar los objetivos. Nada nuevo en ese discurso exculpatorio. La exigencia de
investigaciones efectivas y combate a la impunidad ha sido también señalado en las mismas
fechas y por los mismos organismos de derechos humanos que han demandado mecanismos
de protección a periodistas38. La Fiscalía reporta las principales acciones que ha realizado
desde que encabeza la FEADLE: sistematización de información de casos de homicidios y
desapariciones de periodistas para generar productos estadísticos y de inteligencia criminal;
fichas de búsqueda sobre 3 casos de periodistas desaparecidos (obligación que debieron
cumplir sobre todos los casos); otorgamiento de medidas cautelares, algunas de las que no se
han implementado de manera efectiva o que las autoridades estatales ha negado a
instrumentar; diseño de un sistema de alerta temprana para generar protocolos de seguridad,
que está relacionado con el mecanismo de protección a periodistas instaurado en el seno de la
Secretaría de Gobernación. Sorprendentemente la Fiscalía reconoció que la mayoría de las
agresiones (amenazas, hostigamiento, entre otras) contra quienes ejercen el periodismo son
cometidas por funcionarios públicos, contrario a lo afirmado por su antecesor y por el
Presidente Felipe Calderón quienes han tratado de trasferir toda la responsabilidad (y culpa) a
los grupos del crimen organizado. También establece que las violaciones más graves a
derechos humanos como lo son los asesinatos y desapariciones pueden estar relacionadas con
la delincuencia organizada, un elemento que de manera reiterada ha sido señalado por
organizaciones de la sociedad civil.
65. Sin embargo, el cúmulo de acciones reportadas por la FEADLE no se relacionan con la exigencia
y obligación estatal, investigaciones efectivas. Las preguntas sin resultados que responder
siguen ahí. Existe un mínimo número de consignaciones y no se reportan exitosas para
someter a los responsables a procesos judiciales.
66. Nuevamente se utiliza un lenguaje poco claro y sin valor jurídico. Se reportan 126
investigaciones iniciadas, pero no se detallar el número de averiguaciones previas se han
integrado y los resultados de las investigaciones; el número de órdenes de aprehensión que se
han emitido y cuántas detenciones se han producido; los casos si los hay que han producido
sanciones a los responsables; y finalmente, los datos que demuestren que efectivamente están
combatiendo la impunidad. La excusa de la FEADP era la falta de competencia para investigar,
y al paso del tiempo, la FEADLE argumenta la misma justificación. ARTICLE 19 reconoce que
pese al marco jurídico que limita su competencia sobre los casos de agresiones contra quienes
ejercen la prensa, la FEADLE ha avanzado en algunos casos para integrar las investigaciones
antes de remitirlas al orden local dando paso a la permanencia de la multicitada impunidad.
38 Véase rubro de mecanismo interestatal de protección de este informe.
26
67. En esencia, la Fiscalía continúa excusándose en la falta de aprobación de un marco jurídico
adecuado y el Congreso federal tampoco ha atendido las reformas legislativas necesarias para
dotar de competencia a las autoridades del orden federal para investigar y juzgar a los
responsables de las agresiones contra quienes ejercen la actividad periodística.
IV. Casos en riesgo extremo. Sin posibilidades de protección
1. Periodistas exiliados
Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía de un
grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no
está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua
residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste...
Artículo 1° del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967
también [se considere] como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Conclusión Tercera de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados
68. Las personas refugiadas, más allá del estatus legal del que gocen en los países de acogida,
huyen de sus países de origen por la violencia o amenaza a su persona y ante la falta de
recursos de protección por parte de las autoridades. Es decir, la existencia de personas
refugiadas es la prueba fehaciente del fracaso de un Estado en sus obligaciones de respetar y
proteger a las personas que viven bajo su jurisdicción. El exilio de periodistas mexicanos es un
fenómeno que surgió de manera paralela al patrón de violencia en contra de periodistas y
comunicadores durante los últimos 10 años.
69. De 2008 a 2010, ARTICLE19 y Cencos han conocido 9 casos de periodistas exiliados. Unos han
sido ya reconocidos como refugiados y refugiadas, otros están a la espera de recibir una
resolución. En ciertos casos, las o los periodistas han tenido que huir junto con sus familias
(artículo 22.1 en relación con los artículos 4.1, 5.1, 19 Y 1.1 de la CADH), abandonar el periodismo
(artículo 13 CADH y 6 Protocolo de San Salvador) o permanecer por varios meses en los centros
de detención de los servicios de inmigración de los países de destino. Sin embargo, cada uno
de los casos son ejemplos claros del carácter pluriofensivo ante la falta o ineficacia de los
recursos internos para prevenir agresiones y de la impunidad que impera en la mayoría de los
casos de agresión a periodistas en México. A continuación se presentan algunos elementos
sobresalientes y comunes a los casos y nuestras conclusiones:
70. De los 9 casos registrados de periodistas exiliados, 8 provienen del estado de Chihuahua y uno
de Coahuila. Podemos señalar que por lo menos en 7 casos los periodistas abandonaron el país
acompañados de sus familias, lo que extiende la situación de vulnerabilidad a por lo menos 22
27
personas más. En dos de los casos, los reporteros solicitaron no difundir información respecto
a su familia. Las edades de quienes han salido del país en busca de protección oscilan entre 37 y
47 años.
71. En las coberturas que realizaban antes de abandonar el país, los temas relacionados con
corrupción oficial, narcotráfico y abusos en contra de civiles a manos de elementos del Ejército
en el desempeño de funciones de seguridad pública son los más frecuentes.
72. Los procesos legales para el reconocimiento de la condición de refugiado son largos, tortuosos
y muchas veces revictimizantes. Generalmente son trámites llevados en estricta
confidencialidad atendiendo precisamente a la situación de seguridad. En ocasiones, y como
parte de la estrategia de protección, algunos han salido a la luz pública a contar su relato. Tal
es el caso de reportero Luis Horacio Nájera, ex corresponsal del periódico Reforma en Ciudad
Juárez, ahora refugiado junto con su familia en Canadá luego de un proceso de más de dos
años. Actualmente administra un proyecto en donde difunde información sobre agresiones en
contra de periodistas en México y América Latina a través de Facebook. Nájera investigaba
temas de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército en Ciudad Juárez.
73. Los periodistas que han optado por huir a Estados Unidos han corrido con una suerte
diferente. Hasta hace poco tiempo, toda persona con ciudadanía mexicana que solicitara
refugio era remitida automáticamente a los centros de aseguramiento de la Oficina de Aduana
e Inmigración. Emilio Gutiérrez Soto, reportero hasta 2008 de El Diario, en Asensión,
Chihuahua, cruzó la frontera junto con su hijo luego de recibir amenazas directas por parte de
elementos del Ejército. Al solicitar asilo fue separado de su hijo adolescente y enviado a un
Centro de Aseguramiento en donde permaneció “retenido” por 7 meses. Su hijo estuvo en las
mismas condiciones por 2 meses. Después de ser puestos en libertad, las autoridades
estadounidenses no le otorgaron un permiso para trabajar en espera de la resolución de la
solicitud de asilo. Fueron meses sumamente complicados para Emilio, quien ha criado a su hijo
sin el apoyo de una pareja desde que tenía 4 años. De manera similar, Jorge Luis Aguirre,
director del portal de noticias La Polaka, permaneció en uno de los centros de aseguramiento
migratorios en la frontera de los Estados Unidos por casi 7 meses. Afortunadamente la
política de la Oficina de Aduanas y Migración de los Estados Unidos respecto a los solicitantes
de refugio de nacionalidad mexicana cambió para cuando Alejandro Hernández Pacheco,
camarógrafo de Televisa Torreón, decidió abandonar el país. Hernández Pacheco pudo entrar a
territorio estadounidense con visado láser y solicitar refugio, mientras tanto su esposa y dos
hijos de 5 y 11 años, respectivamente, le esperaban en el lado mexicano de la frontera. La
familia fue reunificada mediante el otorgamiento de un visado humanitario. Hernández
Pacheco fue secuestrado el 26 de julio en Gómez Palacios, Durango, junto con otros tres
periodistas cuando cubrían un supuesto caso de corrupción en el penal de aquella ciudad. Si
bien su familia no tuvo que enfrentar una estancia en los centros de aseguramiento, tampoco
les otorgaron un permiso para trabajar. De acuerdo con el testimonio de Hernández Pacheco,
28
su principal preocupación es la dotación de un medicamento que requiere uno de sus hijos
debido a una discapacidad intelectual.
74. La periodista Rosa Isela Pérez cubrió los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua,
México, de 1999 al 2005 para el periódico local Norte. Rosa Isela denunció irregularidades en
las investigaciones sobre los casos de feminicidios y su impunidad, así como los vínculos entre
autoridades, empresarios de alto perfil y miembros del crimen organizado. Ella recibió
amenazas de muerte y fue víctima de actos intimidatorios y hostigamiento por parte de las
autoridades y personas cuya identidad se desconoce. Antes de abandonar la ciudad, ella y su
familia cambiaron tres veces de domicilio. Las y los servidores públicos que la amenazaron
continuaron en sus cargos hasta el reciente cambio de administración. Debido a la presión
ejercida, Rosa Isela fue censurada y finalmente en 2005 despedida del diario Norte. En medio
de las dificultades que representa el desempleo, Rosa Isela presentó su testimonio ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Campo Algodonero vs México en
abril de 2009 por su profundo conocimiento e investigaciones en el tema, lo cual reactivó las
amenazas e incrementó de manera considerable el riesgo para ella y su familia sin que las
medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuesen
implementadas efectivamente por el Estado mexicano, lo que motivó su salida del país.
75. Por su parte, Alejandro Quintero, esposo de Rosa Isela, es periodista y cubría las notas del
horario nocturno para el periódico local El Diario de Juárez. De manera regular cubría temas
relacionados con violencia vinculada al crimen organizado y las violaciones a derechos
humanos del Ejército. En noviembre de 2008, Armando Rodríguez, colega de Quintero, fue
asesinado. Al sumar el riesgo que implicaba la actividad periodística de Rosa Isela al de su
esposo Alejandro, su permanencia y la de sus tres hijos en Ciudad Juárez era insostenible.
Después de un largo proceso que implicó una estadía de varios meses en la ciudad de México
sin percibir un ingreso económico, viajaron a España, donde el gobierno les reconoció la
calidad de refugiados en octubre de 2010. Rosa Isela y Alejandro enfrentan ahora el proceso de
integración a la comunidad que los ha acogido, mediado por la certeza que ofrece el
reconocimiento del estatuto formal de refugiados
76. El 8 de noviembre, un reportero y un fotógrafo de El Diario de Chihuahua cubrieron un
accidente de tránsito en aquella ciudad en donde perdió la vida una persona. Las amenazas de
muerte presuntamente motivadas por la molestia de los familiares llegaron a través de dos
agentes de la policía municipal. Ambos, en un “tono amable”, les explicaron que debido a lo
que habían hecho (refiriéndose a las fotografías que tomaron) ya no les podían garantizar su
seguridad y que la mejor opción era abandonar la ciudad. El mecanismo de protección
anunciado con bombo y platillo por el gobierno de Chihuahua en marzo, y formalizado en
septiembre de 2010, no fue puesto en marcha para protegerles, según uno de los colegas de
los periodistas, “porque estaban muy ocupados con el proceso de cambio de gobierno”. A
decir del Colegio de Periodistas de Chihuahua, el trámite para evaluar el riesgo en el que se
29
encontraban y brindarles el auxilio necesario ni siquiera pudo ser llevado a cabo, pues el
gobierno estatal no había designado todavía para ese momento a sus representantes ante la
comisión encargada de aprobar el apoyo a los periodistas en riesgo. Como en otros casos
semejantes, la respuesta de las autoridades de Chihuahua ante la solicitud de protección fue la
misma: “Sí tiene visa, mejor crucen la frontera” alentando la salida de quienes resultan
“incómodos” y a quienes se quiere silenciar. Ambos comunicadores ya habían recibido
amenazas; meses antes había sido asesinado el fotógrafo Luis Carlos Santiago en Ciudad
Juárez, la única opción para ambos reporteros y sus familias fue abandonar el país. Ambos
reporteros solicitaron que no se dieran a conocer sus nombres ni el lugar donde se encuentran.
77. El hecho de que la mayoría de los casos de reporteros exiliados provienen del estado de
Chihuahua se explica tanto por la proximidad geográfica como por los niveles de violencia en la
región. De acuerdo con datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, “8 de cada 10
extranjeros que se presentan en los cruces internacionales de Estados Unidos para pedir asilo,
lo hacen por los puertos de Texas, sobre todo en El Paso”.39 Según la información del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, durante los años fiscales de 2007 le fue
reconocida la condición de refugiados a 146 personas de nacionalidad mexicana, en 2008 a
264. Mientras que los primeros 11 meses del año fiscal 2009, fueron reconocidas como
refugiadas un total de 249 personas de nacionalidad mexicana.40
2. Periodistas desplazados internamente
78. Quienes ejercen el periodismo son afectados/as por 3 tipos de violencia. Primero, la violencia
generada a partir de la crisis de seguridad pública en México que enfrentan las comunidades
en donde desempeñan su labor. Segundo, la particularmente dirigida hacia quienes ejercen el
periodismo con motivo de la investigación y difusión de información, ideas y opiniones. Y
finalmente la violencia producto de las condiciones laborales precarias en las que se
encuentran la mayoría de periodistas, comunicadores/as y trabajadores/as de los medios de
comunicación. La conjugación de estos factores está generando que un número mayor de
periodistas decidan abandonar sus comunidades, a menudo en total anonimato. Además las
agresiones graves a derechos humanos de periodistas tienen un efecto inhibidor que se
multiplica a medida de que la impunidad se consolida en la investigación de cada uno de los
casos. De acuerdo con los testimonios recabados por ARTICLE19, la sensación de
desprotección y aislamiento de las comunidades de periodistas fuera de la ciudad de México se
ven exacerbadas por la ausencia de investigaciones diligentes y la subsecuente
39
http://las-americas.org/?p=364 y http://www.milenio.com/node/411682 40 Refugee Resettlement Watch http://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2010/04/02/mexican-drug-violence-creating-new-refugees/
30
estigmatización de las víctimas. Así pues, el desplazamiento interno de periodistas es un
nuevo fenómeno directamente vinculado a la consolidación del patrón de violencia en contra
de la prensa en México.
79. En 20 de junio de 2011 fue asesinado el periodista de Notiver Miguel Ángel López Velasco
(conocido como Milo Vela) y uno de sus hijos, el fotoperiodista Misael López Solana.
Posteriormente fue asesinada la periodista Yolanda Ordaz, también periodista de Notiver. Los
hechos fueron seguidos por declaraciones del entonces Procurador de Veracruz prejuzgando
el caso y vinculando a la periodista con miembros del crimen organizado. El entonces
procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar, afirmó que la periodista tenía nexos con
bandas de la delincuencia organizada y exhibió como prueba el video de un interrogatorio
extrajudicial realizado por criminales a integrantes de un grupo rival en el que se mencionan los
nombres de periodistas entre los que se incluye a Ordaz, a López Velasco y al propio Miguel
Ángel López Solana, hijo de Milo Vela, lo que puso en peligro, aún más, seguridad del
periodista Miguel Ángel López Solana. El señalamiento del Procurador hizo evidente la falta de
voluntad política y prejuicio para brindar protección a quienes ejercen el periodismo. Aunado a la
potencial amenaza contra comunicadores/as, tan sólo entre finales del mes de julio y mediados de
septiembre de 2011, motivó el desplazamiento de 13 periodistas. Sólo tres de ellos han vuelto a
Veracruz.
Periodistas de Veracruz que se desplazaron del estado
Miguel Ángel López Solana
Hugo Gallardo San Gabriel, de Televisa.
Arturo González, de El Dictamen.
Enrique Bautista, de El Dictamen.
Felipe Villanueva, de Imagen.
Franco Cardel, de AZ.
Cristian García, de AZ.
Guillermo Luna, de Notiver.
Luis Monroy, de ¡Orale!
Gabriel Huge, de Notiver.
Esteban Rodríguez, de AZ.
Andrés Salomón, de XEU.
Rafael Pineda Rapé, de Milenio y El Chamuco.
80. ARTICLE 19 ha documentado los casos documentados de 19 periodistas que se han desplazado
internamente desde 2009. El común denominador de estos casos es la recepción de amenazas
y el alto riesgo de que éstas se concretasen. Los/las periodistas desplazados no accedieron a
31
protección porque la amenaza provino de agentes estatales o por los conocidos vínculos de las
autoridades con los agresores. Algunos de los cuales se describen a continuación:
Mónica Perla Hernández. Corresponsal de El Universal en Durango.
Karla Tinoco Santillán. Corresponsal del diario La Opinión Milenio en el estado de Durango, fue amenazada vía telefónica el 24 de mayo de 2010, luego de publicar un trabajo periodístico sobre cómo la violencia ejercida por el narcotráfico ha afectado la actividad comercial y la vida de los habitantes del municipio de Vicente Guerrero. Siete días después, la reportera fue despedida de la empresa pues su permanencia comprometía la seguridad de todos sus compañeros.
José Juan Delgado Alemán. Corresponsal de Milenio en Guerrero y coeditor de la sección de información local del periódico estatal El Sur, abandonó el estado tras realizar la cobertura, el 14 de abril de 2010, de un enfrentamiento entre policías federales y delincuentes en la turística costera Miguel Alemán, donde murieron cinco civiles y un agente federal, además de que se logró la detención de un integrante de un grupo criminal. Durante tres días, Delgado recibió amenazas vía celular que lo hacían responsable de revelar el nombre del jefe criminal en la zona, lo que lo obligó a huir sin su familia y abandonar el estado durante meses, sin apoyo de las empresas periodísticas para las que trabajaba.
Ángel Francisco Padilla. Jefe de fotógrafos del diario Imagen de Zacatecas, fue secuestrado, golpeado y despojado de sus pertenencias la noche del 26 de agosto del 2010 por un grupo de hombres armados que lo abandonaron en un terreno baldío donde le obligaron a tirarse al suelo y quedarse boca abajo. Los agresores, quienes aparentemente habrían sido fotografiados por el periodista mientras tomaba aspectos de una feria regional, se quedaron con su identificación y dirección, llaves de su domicilio y teléfono celular, por lo que el reportero gráfico se refugió fuera de la entidad. Martha Olivia López Medellín. Ex jefa de Información de la Organización Radiofónica Tamaulipeca y El Diario de Ciudad Victoria, dejó Tamaulipas en octubre de 2011, tras el asesinato de la jefa de redacción del periódico Primera Hora de Nuevo Laredo, Elizabeth Macías, y haber recibido amenazas previas del subjefe de prensa del grupo delictivo Los Zetas por no respetar sus “órdenes” de información.
Entre el 26 de julio y el 20 de septiembre de este año, Article 19 confirmó la salida de Veracruz de diez reporteros y fotógrafos, algunos de los cuales recibieron amenazas directas, mientras otros fueron objeto de advertencias veladas. Ellos son Arturo González y Enrique Bautista, de El Dictamen; Felipe Villanueva, de Imagen; Franco Cardel, Cristian García y Esteban Rodríguez, de AZ; Guillermo Luna y Gabriel Huge, de Notiver; Luis
Miguel Angel López Solana. Reportero gráfico del diario Notiver, abandonó el estado de Veracruz el 22 de junio de 2011, luego de que su padre, Miguel Ángel López Velasco, columnista y editor de la sección de policía y seguridad del diario Notiver, y su hermano, el también fotoperiodista Misael López Solana, fueran asesinados la mañana del día 20 por hombres armados que irrumpieron en su domicilio ubicado en el puerto de Veracruz.
Rafael Pineda Rapé. Cartonista de Milenio y colaborador de la revista El Chamuco, anunció su decisión de abandonar Veracruz el 20 de septiembre de 2011, dado el clima de violencia que se vive en la entidad, así como por la ausencia de garantías para ejercer su trabajo. Su decisión obedeció a la detención de dos usuarios de redes sociales bajo cargos de terrorismo por difundir mensajes de supuestos actos delictivos, la aprobación por parte del Congreso de Veracruz de una reforma al Código Penal local para crear la figura de perturbación del orden público y regular uso de redes sociales, así como los asesinatos y desapariciones de periodistas
Hugo Gallardo San Gabriel. Reportero de Televisa Veracruz, se vio obligado a abandonar la entidad en julio de 2011 a raíz de los videos de los mismos interrogatorios extrajudiciales, grabados en video por delincuentes y validados por el procurador estatal, Reynaldo Escobar, toda vez que en uno de ellos se mencionaba su nombre. Su permanencia en el estado comprometía seriamente su integridad.
Luis Enrique Ramírez. Autor de la columna Fuentes Fidedignas, anunció su decisión de abandonar el estado de Sinaloa por encontrarse en peligro real de muerte, esto luego de la desaparición, varias horas antes, del director del diario digital A discusión, quien aparecería muerto esa misma mañana. Ramírez manifestó su temor, pues advirtió que existía un patrón de asesinatos de personas con información privilegiada del medio político sinaloense, en el que él
32
Monroy, de Orale!, y Andrés Salomón, de la emisora XEU. Hasta el momento, se sabe que al menos siete de ellos siguen fuera de Veracruz.
recientes en el estado. A esto se suma un mensaje dejado el 10 de septiembre pasado, sobre el cristal trasero del automóvil del cartonista, en el que se leía “calladito”.
encajaba.
81. La situación se torna más delicada tras los asesinatos en Tamaulipas que buscan amedrentar a quienes usan herramientas en internet para hacer denuncias anónimas de la actividad de los delincuentes, pues la periodista también es coordinadora de un grupo de ciberactivistas a través de la red social Twitter, denominado @ContingenteTam, desde donde además de promover los derechos humanos, se dan a conocer abusos de elementos del Ejército, la Marina, los cuerpos policiacos locales y los grupos delictivos en la entidad.
33
Agradecemos el generoso apoyo para la realización del presente informe a Free Press Unlimited, Foreign and Commonwealth Office, Open Society Institute, Fundación Ford, Media Legal Defence Initiative, National Endowment for Democracy y a la Fundación Angélica
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