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1 Informe de caracterización de la crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña Bogotá, Colombia 5 de Julio 2016 Introducción El presente informe de caracterización de la crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña tiene como objeto aportar elementos de información y análisis para comprender la compleja situación de los flujos de migrantes en tránsito en la zona, evaluar las respuestas de la institucionalidad, otros actores y las mismas comunidades locales y formular algunas recomendaciones para enfrentar dicha crisis. Con este informe, las instituciones miembros de la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación (CER) 1 , principalmente Codhes, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar- PUJ y Pastoral Social-Caritas Colombiana, quieren visibilizar esta crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña, evidenciar la naturaleza regional de ésta, siendo Colombia un país de tránsito de importantes flujos de migrantes, y así contribuir a una comprensión más amplia y a mejores propuestas de solución frente a este complejo contexto. Las informaciones presentadas en el informe fueron recogidas por instituciones miembros de la CER a partir de varias fuentes tales como: su trabajo de asistencia humanitaria y jurídica en los dos municipios colombianos de Turbo y Apartadó, sus visitas de campo en el Caribe (en particular, en Haití) y sus bases de datos y análisis sobre la realidad de los dos departamentos colombianos de Chocó y Antioquia, así como del monitoreo de medios de comunicación, de estados de arte levantados sobre la frontera colombo-panameña a lo largo de los últimos años y de conversaciones con funcionarios del Estado colombiano. Agradecemos de manera especial a la Defensoría del Pueblo de Colombia por su disposición y apoyo en términos de información compartida para la redacción de este informe. 1 La Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER) está integrada por: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Servicio Jesuita para Refugiados (SJR-COL), Servicio Jesuita para Refugiados (SJR-LAC), Consejería en Proyectos (PCS), Foro Internacional de Víctimas (FIV), Pastoral Social-Caritas Colombiana, Fundación Esperanza, Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Rodeemos El Dialogo. Cuenta con el apoyo de expertos académicos: Ángela Iranzo-Profesora Universidad de los Andes-, Roberto Vidal Profesor Universidad Javeriana-, Andrei Gómez- Profesor Universidad de los Andes-, Gloria Naranjo-Profesora Universidad de Antioquia- y Felipe Aliaga-Profesor Universidad Santo Tomás.

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Informe de caracterización de la crisis humanitaria

en la frontera colombo-panameña Bogotá, Colombia – 5 de Julio 2016

Introducción

El presente informe de caracterización de la crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña

tiene como objeto aportar elementos de información y análisis para comprender la compleja

situación de los flujos de migrantes en tránsito en la zona, evaluar las respuestas de la

institucionalidad, otros actores y las mismas comunidades locales y formular algunas

recomendaciones para enfrentar dicha crisis.

Con este informe, las instituciones miembros de la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y

Reconciliación (CER)1, principalmente Codhes, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar-

PUJ y Pastoral Social-Caritas Colombiana, quieren visibilizar esta crisis humanitaria en la frontera

colombo-panameña, evidenciar la naturaleza regional de ésta, siendo Colombia un país de tránsito

de importantes flujos de migrantes, y así contribuir a una comprensión más amplia y a mejores

propuestas de solución frente a este complejo contexto.

Las informaciones presentadas en el informe fueron recogidas por instituciones miembros de la

CER a partir de varias fuentes tales como: su trabajo de asistencia humanitaria y jurídica en los dos

municipios colombianos de Turbo y Apartadó, sus visitas de campo en el Caribe (en particular, en

Haití) y sus bases de datos y análisis sobre la realidad de los dos departamentos colombianos de

Chocó y Antioquia, así como del monitoreo de medios de comunicación, de estados de arte

levantados sobre la frontera colombo-panameña a lo largo de los últimos años y de conversaciones

con funcionarios del Estado colombiano.

Agradecemos de manera especial a la Defensoría del Pueblo de Colombia por su disposición y

apoyo en términos de información compartida para la redacción de este informe.

1 La Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER) está integrada por: Consultoría

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Servicio Jesuita para Refugiados (SJR-COL),

Servicio Jesuita para Refugiados (SJR-LAC), Consejería en Proyectos (PCS), Foro Internacional de Víctimas

(FIV), Pastoral Social-Caritas Colombiana, Fundación Esperanza, Consejo Noruego para Refugiados (NRC),

Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, El Comité

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Rodeemos El Dialogo. Cuenta con el apoyo

de expertos académicos: Ángela Iranzo-Profesora Universidad de los Andes-, Roberto Vidal – Profesor

Universidad Javeriana-, Andrei Gómez- Profesor Universidad de los Andes-, Gloria Naranjo-Profesora

Universidad de Antioquia- y Felipe Aliaga-Profesor Universidad Santo Tomás.

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1. ¿DE CUÁL CRISIS HABLAMOS?

Si bien la crisis humanitaria objeto del presente informe inició desde el pasado 9 de mayo de 2016,

con la decisión del presidente panameño Juan Carlos Varela de cerrar la frontera de su país con

Colombia; sin embargo, dicha crisis tiene una naturaleza regional, ya que están implicados en ella

muchos países de Sud América y Centroamérica, con sus especificidades en el territorio

colombiano, en particular en el departamento de Antioquia y el municipio de Turbo. En la frontera

colombo-panameña se ha venido agudizando la crisis, pues tiene algunos factores jurídicos,

territoriales y políticos que hacen compleja la situación

1.1.Naturaleza regional de la crisis

Desde el pasado 9 de mayo de 2016, el presidente panameño Juan Carlos Varela ordenó al Servicio

Nacional de Fronteras (Senafront) cerrar la frontera del país con Colombia, particularmente en

Puerto Obaldía y otros puntos fronterizos, para impedir el ingreso de migrantes. En una declaración

a la prensa, Juan Carlos Varela explicó el motivo de esta resolución: “Hemos tomado la difícil

decisión de cerrar la frontera con Colombia para enfrentar el paso de migrantes irregulares. No

permitiremos la presencia de personas sin estatus migratorio. Daremos trato humanitario, y en dos o

tres semanas el sistema migratorio cambiará” (Presidencia, 2016).

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Además, los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica habían cerrado sus fronteras con Panamá a

finales del año 2015. Como consecuencia de ello, más de 2 mil migrantes habían quedado varados

en Costa Rica; lo cual provocó una grave crisis humanitaria en Costa Rica y conflictos diplomáticos

entre ese país y Nicaragua. El organismo regional Sistema de la Integración Centroamericana

(SICA) jugó un papel de mediación entre ambos Gobiernos para encontrar una solución diplomática

a la crisis humanitaria.

Sin embargo, a consecuencia del mencionado cierre de las fronteras de ambos países

centroamericanos, los migrantes atrapados en Panamá, de nacionalidad cubana en su gran mayoría,

no pudieron proseguir sus viajes hacia Costa Rica. De hecho, 4 mil cubanos se encontraban en

albergues ubicados en la frontera panameña con Costa Rica, en Los Planes, distrito de Gualaca,

Chiriquí y Puerto Obaldía2. Para solucionar esta situación, el presidente Juan Carlos Varela explicó

que tuvo que acordar con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, la decisión humanitaria de

permitir el paso por avión a México de dichos migrantes, para que éstos siguieran su camino a los

Estados Unidos de América. Se trata de una “solución excepcional, limitada y, por última ocasión,

para garantizar un tránsito ágil, ordenado y seguro de dichos migrantes”3, informó la Secretaría de

Comunicación del Estado de Panamá.

Vale subrayar que el cierre de la frontera se enmarcó en el contexto de lanzamiento de la

“Operación Escudo”, orientada a proteger la economía y la seguridad de Panamá. El Gobierno de

Panamá señaló en la misma nota que “la producción y embarque de drogas se ha duplicado en los

países vecinos, específicamente en Colombia”. La “Operación Escudo” sería ejecutada por

la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por el Senafront, Servicio Nacional Aeronaval, Policía

Nacional, Servicio Nacional de Migración y del Servicio de Protección Institucional.

Después de gestionar esta solución “humanitaria” con su homólogo mexicano, el presidente Varela

anunció el 9 de mayo como parte de la mencionada Operación su decisión de cerrar la frontera de su

país con Colombia, criticando el hecho de que Estados Unidos siga manteniendo la llamada Ley de

Ajuste Cubano4 sin tomar en cuenta sus consecuencias sobre los países de la región de América

Latina que han tenido que enfrentar grandes flujos de migrantes cubanos en busca del “sueño

americano”. El jefe de Estado panameño hizo un enérgico llamado a Estados Unidos para que revise

la llamada política de “pies secos, pies mojados” y otras disposiciones que favorecen la

irregularidad migratoria en los países de América Latina.

De acuerdo con la Ley de Ajuste Cubano (promulgada el 2 de noviembre de 1996), los Estados

Unidos de América da automáticamente residencia permanente a los ciudadanos cubanos que pisan

el territorio de este país. Ante el progresivo restablecimiento de relaciones diplomáticas entre

Estados Unidos y Cuba, se propaga entre la población cubana el temor de que pronto se abrogue

esta Ley; por lo que muchos ciudadanos de este país caribeño tratan de llegar al territorio

estadunidense, lo más rápido posible.

2 Ver nota de la Presidencia de la República de Panamá “Gobierno de Panamá anuncia cierre de la frontera

con Colombia” (9 de mayo de 2016). Enlace: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Gobierno-de-Panama-

anuncia-cierre-de-la-frontera-con-Colombia 3 Ver nota mencionada.

4 Esta ley conocida como política de pies secos, pies mojados se refiere a la disposición, tomada por Estados

Unidos, de admitir a cubanos que pisan tierra estadounidense (pies secos), mientras que prohíben el ingreso a

los que son detenidos por la Guardia Costera en el mar (pies mojados).

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Las más recientes informaciones, difundidas en la prensa de América Latina, revelan que los

migrantes cubanos vienen utilizando otros caminos mucho más complejos en la región en su periplo

de la isla a Estados Unidos, además de la tradicional ruta de Cuba a Ecuador, Colombia y los países

centroamericanos. Por ejemplo, según los testimonios de los mismos cubanos, dicen que habían

salido en avión de la Habana (capital de Cuba) a Georgetown (capital de Guyana [nombre en inglés,

Cooperative Republic of Guyana]) para ingresar en lanchas a Caracas y de ahí viajan en bus hacia

Cúcuta (principal ciudad colombiana fronteriza con Venezuela) y finalmente a Medellín y a la

localidad fronteriza colombiana con Panamá Turbo, donde se encuentran actualmente varados5.

Otra compleja ruta que los migrantes cubanos recorren en su viaje hasta Estados Unidos consiste en

viajar a Guyana en avión, pero pasan a Manaos (capital del estado brasileño de Amazonas) y cruzan

el río Amazonas para llegar a Tabatinga, localidad vecina a Leticia; de esta ciudad colombiana,

llegan a Puerto Asís por la selva, primero del lado de Perú y luego al lado de Colombia por el río

Putumayo6.

Además de los migrantes cubanos, vale subrayar la presencia de extranjeros de otras nacionalidades

en estos flujos. Por ejemplo, desde 2005 se ha reportado un aumento relativamente significativo de

las solicitudes de refugio de los ciudadanos africanos y asiáticos en países de Sudamérica.

En el año 2010, la cifra prácticamente se triplicó en el caso de las personas africanas (964

solicitudes de refugio) y se multiplicó por 14 en el caso de los ciudadanos asiáticos (722 solicitudes).

El aumento de solicitudes de refugio de ciudadanos de Haití y Cuba en Sudamérica también ha sido

aún más significativo en la última década. En el año 2002 solamente hubo 81 solicitudes de refugio

de ambos países en toda la región pero en 2010 fueron 5.716 (604 fueron solicitudes de haitianos en

Brasil y 4.386 fueron solicitudes de refugio de cubanos en Ecuador)” (Organización Internacional

para las Migraciones, 2013, pp. 13-14).

Por su parte, el Servicio Jesuita a Refugiados había señalado en múltiples informes el crecimiento

exponencial de la migración haitiana a Ecuador, Chile y Brasil, después del terremoto que afectó

Haití el 12 de enero de 20107. Sin embargo, varios migrantes haitianos que llegaron a Brasil, incluso

aquellos que ya lograron con mucho esfuerzo regularizar su situación migratoria en Brasil, vienen

abandonando este país sudamericano a consecuencia del desempleo; la gran mayoría de ellos

trabajaban en la construcción, particularmente en la edificación de estadios, hoteles y otras

infraestructuras, en el marco de la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de

Janeiro de 2016.

En una visita de campo en Haití, realizada por el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar

de la Pontificia Universidad Javeriana en la semana del 18 al 25 de junio 2016, esta unidad de

investigación ha comprobado que los vuelos semanales de Copa Airlines de Haití a Panamá están

llenos de ciudadanos haitianos que viajan hacia Brasil; muchos de ellos tienen la intención de

transitar de este país sudamericano hacia Estados Unidos. Además, dos organizaciones haitianas

especializadas en el tema migratorio, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM- Haití) y el Grupo de

5 Ver el informe de la Revista SEMANA “Turbo, el hueco inhumano” (del 26 de junio al 2 de julio de 2016).

Enlace: http://www.semana.com/nacion/multimedia/turbo-en-crisis-humanitaria-por-migrantes-africanos-y-

asiaticos/478236 6 Ver el informe mencionado.

7 Ver el informe del Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR-LAC) Los flujos

haitianos hacia América Latina: Situación actual y propuestas (26 de mayo de 2011). Enlace:

https://www.entreculturas.org/files/documentos/estudios_e_informes/Flujos%20haitianos%20haciaAL.pdf

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Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) nos expresaron su preocupación por este “éxodo” de

los ciudadanos haitianos a América Latina que buscan llegar a Estados Unidos. Varias fuentes en

Haití señalaron que otros haitianos acostumbran viajar a República Dominicana (país vecino a

Haití), desde donde viajan a Sud América, ya que los precios de los tiquetes aéreos son menos caros

que en Haití.

Finalmente, una organización francesa de defensa de los derechos humanos nos ha informado

también acerca de un aumento significativo de los ciudadanos haitianos quienes, durante los últimos

meses, vienen pidiendo acompañamiento y asesoría para sus trámites de regularización migratoria.8

Mientras que otro centro de atención a migrantes haitianos9, basado en Belo Horizonte, nos ha

confirmado que cada vez más estos últimos están dejando Brasil para ir a Chile en busca de empleo.

2. Especificidades en Colombia

Durante los últimos años, los extranjeros en situación irregular llegan principalmente a Colombia en

la zona de Turbo-Antioquia, con la esperanza de poder cruzar la frontera hacia Panamá para así

poder continuar su recorrido por Centroamérica hacia los Estados Unidos. La entrada al país se

realiza, sobre todo, por las fronteras con Ecuador, Venezuela y Brasil. En la frontera con Ecuador,

generalmente la ruta de entrada es por Nariño en el eje andino, cruzando por la ciudad de Pasto, y

viajando a Cali o Medellín10

y de allí a Turbo.

Sin embargo, se han evidenciado casos donde la entrada a territorio colombiano se realiza por el eje

Pacífico, de San Lorenzo-Ecuador a Tumaco-Colombia; esto con el fin de evitar las capturas y

deportaciones que son más recurrentes en el eje andino, aunque los extranjeros se exponen a la

presencia de actores armados ilegales en el Pacífico colombiano.

El fenómeno de la migración irregular se identifica desde el año 2006, pero ha aumentado desde el

año 2015. Según la secretaría de Gobierno de Turbo-Antioquia, se detuvieron 107 migrantes

irregulares en 2012, en comparación con 2.942 en 2015 y 4.204 en lo que va de 2016 (El

Espectador, 2016, 21 de Junio). A partir del cierre de la frontera con Panamá, el pasado 9 de mayo,

el Gobierno de Colombia ha incrementado las deportaciones de migrantes que permanecían de

forma irregular en Turbo-Antioquia, argumentando que es una medida para evitar que los migrantes

continúen la ruta a través de la Selva del Darién y caigan en manos de coyotes y narcotraficantes.

Desde el cierre de la frontera, la vulneración de los derechos humanos de los migrantes y el riesgo a

la integridad se han profundizado. Con las restricciones de paso en frontera, la población migrante

se ha visto en la disyuntiva de seguir su camino por rutas irregulares y de alto nivel de inseguridad

8 Esta información nos ha sido compartida por CIMADE, organización que cuenta con una delegación

ultramar y con muchos socios que trabajan con migrantes y refugiados en Guyana Francesa. Para mayor

información sobre CIMADE, véase el siguiente enlace: http://www.lacimade.org/ 9 Se trata del Centro Zanmi del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes- Brasil. Para mayor información

sobre Centro Zanmi, véase el siguiente enlace: www.centrozanmi.org 10

En Medellín ha aumentado la presencia de migrantes irregulares, quien solicitan salvoconductos para

continuar su camino hasta Turbo. Este año han sido detectados 4.090 migrantes irregulares en Antioquia,

mientras que en 2015 fueron 2.486 y en 2014, cerca de 500. Ver este enlace de una noticia publicada por el

periódico colombiano El Tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/migrantes-en-

medellin/16625957

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como lo es a través de la Selva del Darién, vía marítima, o permanecer represados en Turbo hasta

que se halle una solución, y -de esta manera- enfrentando serios problemas sociales, de salubridad,

y sumidos en la incertidumbre. La mayoría de los extranjeros que han decido permanecer en Turbo

son las personas de nacionalidad cubana, quienes de alguna manera tienen cierta posibilidad de

ingresar a territorio estadounidense en algún momento, por la Ley de Ajuste Cubano de la que se

habló anteriormente. Se tiene información de que algunos migrantes cubanos tomaron esta ruta,

pero algunos regresaron.

Por otro lado, la mayoría de la población extracontinental y los haitianos han continuado el paso por

la Selva del Darién y la vía marítima por el Golfo de Urabá. Estos tipos de rutas migratorias son los

más riesgosos por:

i. las condiciones geográficas inhospitalarias, ya que se trata de una selva;

ii. el alto peligro de naufragio en la vía marítima;

iii. la presencia de actores armados ilegales y

iv. la alta probabilidad de ser víctimas de múltiples redes ilegales violatorias de los derechos

humanos

Según Cabrera Nossa, las víctimas del tráfico de migrantes entre Turbo, Acandí, y Unguía hacia

Panamá son “forzadas a la prostitución, el servicio doméstico, el tráfico de drogas, armas, dinero y

bienes” (Nossa, 2016, p. 227). Integrated Regional Information Networks (IRIN) también afirma

que los narcotraficantes están usando a los migrantes como “mulas” para contrabandear cocaína a

Panamá, aprovechándose de sus múltiples necesidades (IRIN, 2016). Por el cierre de la frontera y

los puestos de control migratorio, ya fuertemente regulados en las rutas oficiales, los migrantes

traficados -así como los migrantes que han logrado evitar los servicios de los traficantes- están

obligados a pasar por la selva y la costa del Darién. Fernando Calado de la OIM describe esta ruta

como un viaje muy arriesgado por “una zona de selva densa y un mar muy peligroso, manejada por

bandas criminales” (2016).

Una de las consecuencias más trágicas de estas vías ocultas es el aumento de naufragios en el Golfo

de Urabá. “Ha habido volteo de lanchas, ahogamientos y hasta desapariciones de estas personas en

el mar”, explica el brigadier general Adolfo Enrique Martínez de la Fuerza de Tareas Neptuno en

Turbo (El Espectador, 2016, 21 de Junio). Agrega que ha rescatado “embarcaciones para 20

personas, pero que llevaban hasta 40, sin salvavidas y con olas de más de cuatro metros de altura”.

Este tipo de accidente se ha vuelto demasiado común en los últimos años. En septiembre de 2015,

una embarcación naufragó con 17 migrantes rescatados y un número desconocido de migrantes

perdidos (El Tiempo, 2015, 1ro de Septiembre); en enero de este presente año, se ahogaron 15

migrantes víctimas del tráfico, mientras que nueve cubanos fueron rescatados (El Heraldo, 2016, 11

de Enero). En total, había 250 migrantes a deriva del mar en 2015 (El Tiempo, 2015, 1 de

Septiembre) y 95 en solo los primeros dos meses de 2016 (Yusnaby Post, 2016, 8 de Febrero)11

.

Evelio Cortez, el sepulturero del cementerio de Turbo, explica cómo terminan los viajes de algunos

de los migrantes: “Los recogen en aguas del Golfo, pero no se sabe la muerte de ellos. Llegan

11 Acá es importante resaltar, que son las cifras obtenidas de monitoreo a medios de comunicación,

reconociendo el sub-registro y la gravedad de lo que no se conoce ya que, por ejemplo, no se tiene cifras de

quienes toman esta ruta, de aquellos que llegan efectivamente a su destino o simplemente perecen en el

camino.

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descompuestos y aquí quedan, sin plazo” (El Espectador, 2016, 21 de Junio). A mayo del año 2014,

la Armada había detectado 109 inmigrantes ilegales en aguas del mar caribe (Terra, 2014).

3. CONTEXTO DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA COLOMBO-

PANAMEÑA: TURBO

Una vez descrita la crisis humanitaria en su naturaleza regional y con sus especificidades en

Colombia, vamos a analizar el contexto de dicha crisis en la frontera colombo-panameña, en

particular en Turbo, donde están varados los migrantes.

3.1.Según su país de origen

Según el país de origen, los migrantes varados en Turbo provienen de Cuba, Haití y –en menor

medida- de República Democrática del Congo, Ghana, Senegal, Nepal, Pakistán, Mali, Guinea,

Gambia, Somalia, Bangladesh, Angola, Afganistán, Eritrea, Camerún, Sierra Leona, Togo. Ya que

se trata de constantes flujos, las nacionalidades de los migrantes cambian constantemente; algunos

fueron deportados, otros se encuentran en un albergue. Vale la pena subrayar que varios pueden ser

considerados personas con necesidad de protección internacional.

3.2.Población deportada

Más de 540 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades han sido deportados por las

autoridades migratorias colombianas en el último mes, el 25 % de la población deportada son

mujeres (Migración Colombia, 2016). Según cifras de Migración Colombia, aproximadamente el

48% de la población deportada es haitiana y el 25% cubana.

Los migrantes fueron deportados “en vuelos privados, al último país en que estuvieron antes de

ingresar a Colombia o a su lugar de origen”. Todo parece indicar que un gran número de esos

extranjeros provino del territorio de Ecuador como último país de procedencia.

3.3.Población en albergue

Desde hace más de un mes se identifica un albergue en Turbo, ocupado en su mayoría por cubanos.

En el reporte mencionado de la Revista SEMANA, se informa que se trata de “una bodega de techo

alto”, donde “el calor se cuela y se mezcla con el que producen más de 300 inmigrantes ilegales que

se encuentran en su interior”; además, “la entrada a la edificación es un lodazal y la salida, que mira

al mar, huele a aguas negras”. Se dice en el mismo artículo que esta bodega que “parece un centro

de sobrevivientes de una tragedia natural o una guerra” fue prestada por los comerciantes de Turbo

“para que esos errantes dejaran de deambular por el pueblo”.

El número de población que allí se resguarda cambia constantemente: oscila entre las 326 y 525

personas, dentro de las que se registran aproximadamente un 25% de mujeres y el resto hombres.

Cerca del 3% son niños y niñas, a la fecha del 15 de junio de 2016 se encontraban 11 niños y 1

adolescente en el albergue; también se encuentran entre 3 y 5 mujeres embarazadas. Por otro lado,

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se han identificado personas con zika, malaria, neumonía, hepatitis y gripe. Sobre el perfil laboral

de las personas en el albergue, es importante señalar que cerca del 88% son profesionales12

.

En relación al albergue, las autoridades han señalado que el propietario de la bodega podría ser

investigado y juzgado por tráfico de migrantes al auxiliar a población en situación migratoria

irregular. Esta situación es aún más delicada cuando el Gobierno ha dado instrucción concreta de

continuar con la “captura y deportación” de los migrantes; lo anterior pone en riesgo a la comunidad

de acogida que presta hospitalidad de buena fe a los migrantes, quienes tenderán a encerrarse o

esconderse en el albergue o en otros lugares.

En este punto, vale recalcar la falta de acompañamiento y mucho menos de soluciones por parte del

Estado que vayan más allá de lo estipulado por la Ley Estatutaria para los migrantes;

responsabilidad que recae en otras instituciones de la sociedad civil.

3.4.Extranjeros en necesidad de protección internacional

Por el acompañamiento en terreno de Pastoral Social-Caritas Colombiana en Turbo, se han

identificado algunas personas que eventualmente podrían estar en necesidad de protección

internacional; sin embargo, ésta no ha sido una intención manifiesta de la población, aun

conociendo su derecho a solicitar el refugio. La población en el albergue manifiesta su intención de

continuar su camino hacia los Estados Unidos y aún no expresan interés alguno en permanecer en

Colombia.

4. CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO Y PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS

ILEGALES EN TERRITORIO COLOMBIANO (CHOCÓ, ANTIOQUIA) EN EL QUE

TRANSITAN LOS FLUJOS MIGRANTES

Sumado a lo anterior, se complejiza aún más el contexto de la crisis humanitaria arriba descrita con

el conflicto armado en Colombia y en concreto en la frontera Colombo-Panameña (constituida por

la región de Urabá y el tapón del Darién) que desde hace medio siglo ha sido una zona de altos

niveles de violencia, donde operan varios grupos armados ilegales dedicados al control territorial y

al tráfico de armas, drogas y personas. El recién cierre de esta frontera por parte del Estado

panameño agudiza la situación de los migrantes que toman esta ruta en camino a los Estados

Unidos. Vale la pena detenerse en este particular contexto.

Esta zona “ha sido escenario de múltiples momentos de crisis humanitaria por cuenta de masacres,

desplazamientos, reclutamiento forzado, confinamientos y amenazas persistentes contra la

población” (Nossa, 2016, p. 226). Dicha crisis está provocada por el conflicto armado, que en esta

frontera tiene ciertas particularidades asociadas a las características geográficas de la región donde

se configuran “territorios de guerra”, según el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Esta región

se caracteriza por ser “zonas de refugio, corredores, zonas de circulación de armas y otros recursos

económicos y bélicos, que la han convertido en una región geoestratégica” (Secretariado Nacional

de Pastoral Social, 2001 citado por ONU, 2006).

12 Esta información proviene del trabajo en terreno realizado por Pastoral Social-Cáritas Colombiana,

institución de la Iglesia Católica.

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Además de esas características geográficas, la región se convirtió en epicentro del conflicto armado

por su histórico desarrollo agroindustrial con la producción bananera. En los años setenta, con la

necesidad de disminuir los costos de producción debido a las exigencias del mercado internacional

y la concomitante agudización de las condiciones laborales, emergieron movimientos de

campesinos contra los terratenientes y con fuerte influencia de las FARC y EPL (ONU, 2006, p. 8).

Impulsados por la amenaza campesina y guerrillera, los terratenientes formaron grupos de

autodefensa para proteger sus intereses económicos. La ausencia del Estado en Urabá y la

expansión guerrillera en los años 90 dieron paso a la expansión paramilitar que culminó con la

formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); este cuerpo paramilitar se alió con

carteles narcotraficantes y efectivamente se apoderaron de las áreas planas productivas de Urabá,

consiguiendo ahuyentar a la guerrilla a la selva. Las mencionadas características geográficas e

históricas de la zona han convertido a Urabá en “una región de colonización permanente,

espontánea y armada” por grupos responsables por masacres, desplazamiento forzado, y otros

hechos victimizantes.

Actualmente, los grupos armados más activos en la frontera colombo-panameña son el Ejército de

Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército Popular

(FARC-EP), el Clan Úsuga (grupo armado organizado, considerado como reducto de los

paramilitares) y las Fuerzas Armadas de Colombia. En el trascurso del 2016 se han cometido varios

hechos violentos en la zona, por ejemplo: en el mes de marzo, en Urabá el Clan Úsuga realizó un

paro de actividades económicas, laborales y académicas que resultó en el asesinato de un capitán

del Ejército (El Colombiano, 2016, 31 de Marzo); en ese mismo mes, en Apartadó se presentan dos

batallas entre las FARC y “grupos paramilitares” (Prensa Rural, 2016, 28 de Marzo); también en

marzo, en el Darién un “grupo irregular” atacó Senafront (institución policial panameña encargada

de la protección de las fronteras de este país) con granadas (La Prensa, 2016, 31 de Marzo); en

abril, en el Darién se presentaron disparos entre cinco “personas sospechosas” y Senafront,

resultando en dos muertos, dos heridos, y un detenido (TVN Noticia, 2016, 28 de Abril).

La confrontación armada, la presencia de actores armados y la constante pugna por el dominio

territorial han generado cifras preocupantes de desplazamientos forzados entre 2015 y 2016. Según

el Registro Único de Victimas-RUV-, en el departamento fronterizo del Chocó, 10.609 personas

fueron desplazados en 2015 y 1.210 en 2016; en el departamento fronterizo de Antioquia, 15.260

personas fueron desplazados en 2015 y 1.435 en 2016. Además de lo anterior, ambos departamentos

se han visto afectados por el desplazamiento transnacional, produciendo la expulsión de

colombianos hacia territorio panameño; país en el que actualmente hay más de 15.500 colombianos

en necesidad o condición de protección internacional. En los dos últimos años, Codhes ha

identificado eventos de desplazamientos forzados “gota gota” y desplazamientos masivos que

sintetizamos en el siguiente cuadro:

Fecha Lugar Causa Número de

Desplazados

Tipo

(Gota

gota/

Masivo)

Fuente

29-1-15 Carmen del

Darién,

Chocó

Amenazas de

grupos armados

3 Gota

gota

Comisión

Intereclesial,

2015

4-2-15 Chigorodó,

Antioquia

Enfrentamientos de

los Urabeños

16 Gota

gota

UARIV, 2015

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24-3-15 Turbo,

Antioquia

Abusos de la

policía

452 Masivo OCHA

Medellin

27-4-15 Apartadó,

Antioquia

Amenazas de la

FARC

28 Gota

gota

Caracol,

2015, 5 de

Mayo

5-8-15 Chigorodó,

Antioquia

Presencia de las

Fuerzas Armadas

575 Masivo Caracol,

2015, 9 de

Agosto

1-11-15 Apartadó,

Antioquia

Amenazas de

paramilitares

apoyados por

Fuerzas Armadas

164 Masivo Prensa Rural,

2015, 4 de

Noviembre

14-2-16 Alto Baudó,

Chocó

Presencia de ELN y

Urabeños

1.770 Masivo OCHA Cali

22-2-16 Alto Baudó,

Chocó

Presencia de ELN y

Urabeños

314 Masivo OCHA

Quibdó

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)

La presencia de actores armados ilegales y de redes de tráfico en los departamentos de Antioquia y

Chocó, además de afectar a la población colombiana y sus territorios, figura entre las principales

causantes de la vulneración de derechos de los migrantes, especialmente de los que se encuentran en

situación migratoria irregular. Con respecto a las redes de trata de personas en esta frontera, uno de

los estudios, realizados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

conjuntamente con la Diócesis de Ipiales-Secretariado de Pastoral Social, había concluido “que casi

nunca y nunca, se maneja el tema en muchas instituciones” y que “esta situación implica difundir

mucho más la legislación sobre el tema y realizar programas de capacitación y sensibilización, para

aprender a identificar de la mejor manera la trata de personas” (2007, p.15).

Por otra parte, según investigaciones de las Fuerzas Armadas de Colombia, redes como el Clan

Úsuga controlan las rutas de difícil acceso que cruzan la frontera con el vecino país para el tráfico

de drogas, que son las mismas por donde los migrantes irregulares entran a Panamá; de esta manera,

se viene desarrollando una modalidad de tráfico denominada ‘hormigueo’, en la que los migrantes

son obligados a cargar cantidades de cocaína en mochilas (El Tiempo, 2016, 30 de Mayo).

5. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA

Frente a esta crisis, ¿cuáles han sido las respuestas de la institucionalidad colombiana?

Identificamos estas cinco acciones que evaluaremos una por una:

i. Diálogos diplomáticos y técnicos con autoridades de países de la región, en particular

para deportar a migrantes irregulares: el Gobierno nacional ha sostenido reuniones con

sus dos homólogos cubano y ecuatoriano. En las relaciones diplomáticas con Cuba se han

adelantado una serie de rondas de conversaciones migratorias, que buscan una migración

“regulada, ordenada y segura con plenos derechos de los migrantes, así como combatir el

tráfico de migrantes y otros delitos conexos” (Cancillería, 2016). En relación con el

Ecuador, los dos cancilleres, la colombiana María Ángela Holguín y el ecuatoriano

Guillaume Jean Sebastien Long, suscribieron en Bogotá el pasado 10 de mayo de 2016 un

protocolo para deportar a ciudadanos extranjeros irregulares que “deben cumplir ciertos

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requisitos como tener tiquete de retorno a su país de origen, documento de identidad y que

hayan salido de forma legal de su propio país”.

Nuestra evaluación: si bien la deportación es una medida administrativa legal y soberana de

los Estados; sin embargo, es importante que la política de deportación tenga como

principios rectores las garantías de los derechos humanos de los migrantes, la solidaridad

humanitaria con ellos y el respeto al debido proceso, entre otros. Es fundamental que la

resolución de deportación otorgue un plazo de tiempo considerable para que el extranjero

salga del país o regularice su situación migratoria, antes de que se presente una expulsión.

Adicionalmente, la solución de los problemas migratorios y humanitarios debe tener como

soporte un análisis regional, en clave de derechos humanos, sobre el contexto social,

económico y político de los flujos migratorios. La deportación puede ser tan sólo una

medida paliatoria de la situación migratoria en el país, con la que se reduce la posibilidad

de encontrar una decisión efectiva, por ejemplo, la celebración de acuerdos regionales con

enfoque de derechos humanos.

ii. Expedición de Salvoconductos: dos meses antes del cierre de la frontera por el Gobierno

panameño, las autoridades locales de Turbo expidieron Salvoconductos, un documento que

permite a los extranjeros movilizarse libremente por el país por un periodo corto de tiempo

y, de este modo, trasladarse posteriormente hacía Panamá. El motivo de la decisión fue el

desbordamiento institucional por la presencia masiva de migrantes; según el secretario de

Gobierno local, la medida buscaba “que no se cree el delito alrededor de la necesidad”.

Nuestra evaluación: esta medida es una respuesta que contribuye a prevenir la violación de

derechos humanos por parte de las redes de extorsión, narcotráfico y tráfico de migrantes,

articulados con los actores armados ilegales. La legalidad del migrante durante el tránsito le

permite ciertas garantías a sus derechos; pues con ello se evita que caigan en chantajes de

toda índole, inclusive por parte de autoridades migratorias. Sin embargo, esta medida

refleja una flagrante contradicción del Estado colombiano: pues por un lado, las autoridades

locales emiten salvoconductos que permiten el tránsito de los migrantes; por otro lado, a

nivel nacional se ordena la captura y deportación de la población en situación migratoria

irregular.

iii. Lucha contra el tráfico ilegal de migrantes: Colombia y Panamá se comprometieron a

avanzar en la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, así como en la lucha

contra el tráfico de migrantes que afecta la frontera común. En el pasado mes de mayo, la

ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y la vicepresidenta

y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, llegaron a un consenso en materia de

seguridad en el marco del 36 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (Cepal), que se realizó en Ciudad de México. Según el General Juan

Pablo Rodríguez Barragán, comandante de las Fuerzas Militares colombianas, Colombia

tiene un trabajo conjunto en la frontera con Panamá, con bases combinadas con presencia

de la Fuerza Pública colombiana y de la Fuerza Pública panameña para neutralizar el

narcotráfico y la presencia de agentes generadores de violencia en la región (Diálogo,

2016). Según Migración Colombia, hay una propuesta de Decreto para la creación de la

Estrategia Nacional de Lucha contra el tráfico de migrantes. Por ahora, “Migración

Colombia ha puesto en marcha un plan de contingencia, en coordinación con otras

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autoridades nacionales, el cual incluye la instalación de puestos de control en las principales

rutas que utilizan las redes dedicadas al tráfico de migrantes”.

Nuestra evaluación: Si bien es importante que los dos Estados controlen las principales

rutas por donde operan las redes de tráfico entre ambos países y que esta estrategia de

Colombia contribuya a prevenir la violación de derechos humanos por parte de las redes de

extorsión, narcotráfico y tráfico de migrantes, articulados con los actores armados ilegales;

sin embargo, se debe evitar la criminalización de la migración en contra del enfoque de

protección de los derechos humanos de los migrantes, sean o no indocumentados. El hecho

de no contar con los documentos requeridos por el Estado colombiano a los migrantes para

ingresar y permanecer en el territorio nacional no es un motivo para negar a éstos sus derechos como migrantes y como seres humanos.

iv. Investigar y judicializar al dueño del Albergue en los que se encuentran algunos

migrantes: desde la Dirección General de Migración Colombia, se ha pedido a la Policía

Judicial iniciar investigaciones para judicializar al propietario de la bodega donde se

encuentran albergados los cubanos, en Turbo, Urabá antioqueño.

Nuestra evaluación: Ante la solicitud, es importante anotar que el narcotráfico y el tráfico

de migrantes no pueden confundirse con las acciones humanitarias, solidarias y

hospitalarias que la población de acogida brinda a extranjeros en situación de

vulnerabilidad, y más aún cuando se trata de albergar a mujeres embarazadas, niñas, niños y

adolescentes y personas con enfermedades delicadas. El deber y la legítima lucha del

Estado colombiano contra el tráfico de migrantes no pueden derivar en la judicialización de

las acciones humanitarias y la hospitalidad.

v. Judicialización a funcionarios del Estado colombiano: la Fiscalía General de la Nación

ha identificado funcionarios de Migración Colombia y de la Policía de Investigación

Criminal e INTERPOL –DIJIN- que hacen parte de una red dedicada a falsificar

documentos para permitir la salida del país de personas con líos judiciales o sin los papeles

al día, incluso extranjeros cubanos y ecuatorianos. En el año 2015 judicializaron 10

funcionarios y en el transcurso de este año van 5 personas por hechos similares (Caracol,

2016, 14 de Junio).

Nuestra evaluación: Aprovechamos la ocasión para solicitar al Estado colombiano que

ponga atención sobre el comportamiento de los funcionarios que se encuentran en las

fronteras y en las rutas donde pasan los migrantes en el territorio nacional, ya que muchos

migrantes testimonian haber sido víctimas de extorsión e incluso de intentos de violación y

agresión sexual por parte de algunos uniformados colombianos.

6. RECOMENDACIONES

Frente a esta realidad migratoria a la vez compleja y preocupante que involucra al Caribe, Sud

América, Centroamérica e incluso Norteamérica y, en concreto, ante esta crisis humanitaria a la que

hacen frente los migrantes varados en la frontera colombo-panameña desde el pasado 9 de mayo de

2016, formulamos las siguientes recomendaciones

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AL ESTADO COLOMBIANO

En el nivel nacional:

i. Proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes en el territorio colombiano y

establecer medidas de protección complementaria, sin importar la nacionalidad, edad, etnia,

sexo, etc., de los extranjeros, de acuerdo con las obligaciones e instrumentos

internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.

ii. Reformar la política migratoria del país, en consonancia con la nueva y compleja realidad

del aumento del tránsito de migrantes y los flujos migratorios mixtos y globalizados.

iii. Crear espacios humanitarios para migrantes, principalmente en las fronteras, para brindar

asistencia de necesidades y servicios básicos.

iv. Activar los instrumentos jurídicos y políticos en materia migratoria a nivel internacional y

regional para atender la actual crisis en la frontera colombo-panameña y construir fronteras

con garantías de Derechos Humanos (por ejemplo, aplicar el programa de “fronteras

solidarias” previsto en el Plan de acción de Brasil de 2014 a partir de la Declaración de

Cartagena de 1984).

v. Reformar la medida de deportación, en la que predominen el debido proceso y el respeto

por los derechos humanos, y se cuente con acompañamiento permanente de organismos

internacionales y la Defensoría del Pueblo como garantes de los derechos de los migrantes.

En el nivel local:

i. Dotar de recursos suficientes a los municipios de frontera para la creación de programas de

atención humanitaria a migrantes.

ii. Incentivar acciones humanitarias en solidaridad con los migrantes en necesidad de

protección internacional.

iii. No criminalizar la hospitalidad, sino reconocer la importancia de la respuesta solidaria de

las comunidades receptoras en pro de la vida y la integridad de los migrantes.

A NIVEL REGIONAL (OEA, CELAC, UNASUR, MERCOSUR):

i. Frente a la realidad de crecientes flujos inter y extra continentales y las reiteradas crisis

fronterizas y binacionales, promover activamente diálogos y compromisos entre los

Estados, con participación de la sociedad civil, con miras a consensuar soluciones integrales

con enfoque de derechos humanos para los migrantes.

ii. Desarrollar acciones binacionales y subregionales (Caribe, Centroamérica, Sudamérica)

para implementar el programa de “fronteras solidarias” previsto en el Plan de acción de

Brasil de 2014.

A LA SOCIEDAD CIVIL

Medios de comunicación:

i. Seguir informando sobre la situación de los migrantes en fronteras, pero de manera

cada vez más seria, respetuosa y responsable.

ii. Sensibilizar a las comunidades receptoras, frente a la importancia de acoger a los

migrantes.

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Academia y organizaciones de la sociedad civil:

Investigar, documentar y socializar sobre la situación migratoria de la región, aportando a la

comprensión y la búsqueda de soluciones a la vulneración de los derechos humanos de los

migrantes.

A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Intensificar su papel frente a la protección de los derechos humanos de los migrantes y las

personas en necesidad de protección, ejerciendo un rol más activo durante las crisis, de

acuerdo con sus mandatos y con miras a la búsqueda de soluciones integrales y duraderas

con base en los estándares internacionales de protección.

7. ANEXO: ALGUNOS TESTIMONIOS

7.1.Motivos económicos y políticos de la migración cubana

“Estamos acá desde el 30 de abril —cuenta Carlos—. Decidimos salir de Cuba porque queríamos

buscar una mejor condición económica. Entramos a Colombia por Ecuador, estuvimos 10 meses

allí, pero decidimos continuar el viaje porque no pudimos encontrar trabajo. Soy licenciado en

Biología, diplomado en Metodología de la Enseñanza y master en Educación. Presenté ocho hojas

de vida en Ecuador, pero no me dejaron ejercer. La declaración de los derechos humanos, el artículo

13, dice que usted puede vivir donde quiera. Pero claro, por ser cubanos no lo podemos hacer. Se

nos ha forzado a correr peligro, a gastar dinero, a pasar por momentos muy difíciles por el simple

hecho de querer ir a un lugar donde nos abren las puertas”. Su esposa interviene. Recuerda cómo el

viaje a Panamá, para poder continuar su ruta hasta Estados Unidos, se frustró por la determinación

de las autoridades. Como ocurre con la mayoría de los migrantes que llegan a Urabá, han estado

sometidos a la especulación con los precios y a los abusos de los “chilingueros” -el nombre que

tienen en la zona los coyotes que controlan el tráfico de personas- , pese a las amenazas de los

grupos armados que buscan evitar que sus rutas de narcotráfico se vean afectadas por la presencia

de los viajeros indocumentados.”

“Unos supuestos guías, que en realidad son coyotes, nos subieron por 100 dólares a una trocha en la

selva —explica Norma—. Estuvimos casi seis horas caminando, no podíamos más y decidimos

voltear para atrás y allí encontramos a otros guías que nos cobraron otros 100 dólares a cada uno

por llevarnos en lancha a una playita antes de puerto Obaldía. Entramos por todo el arrecife,

llegamos hasta donde estaban los otros cubanos y allí nos unieron a ese grupo y nos subieron por

una escalerita a La Miel (el primer pueblo del lado panameño). Cuando llegamos, nos devolvieron

por la selva, sin ninguna ayuda ni ningún guía, eso fue terrible. Estábamos allí con más o menos

180 cubanos. ¡Lo que hicieron con nosotros fue una injusticia!”.

“A pesar que muchos cubanos dicen que vienen aquí por cuestiones económicas —explica Jorge

Luis—, yo lo comparo con un matrimonio: si una mujer deja un hombre porque falta el dinero, es

porque no hay amor. Entonces, la verdad es que muchos viajan más por sus ideas políticas en contra

del gobierno que impera. Yo trabajaba como electricista y dejé el país por una combinación de las

dos cosas: apatía por el régimen y la difícil situación económica” (¡Pacifista!, 2016, 20 de Mayo).

7.2.Dificultades en el albergue de Turbo

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Yosvani Suarez: “El Domingo, entraron como 50 policía aquí…empezaron a revisar…La gente

sigue llegando por pelotas. El albergue está colapsado. La comida que nos da la comunidad ya no

alcanza. Estamos comiendo una vez al día fufú de plátano o arroz con lentejas…” (Martí, 2016, 31

de Mayo).

María: “Ya somos muchos entonces cuando …comida, ahora ha disminuido a una sola comida al

día entonces…personas que salen a comprar algo que comer las que está agarrando por ahí, se las

llevan para Migración…Tenemos dos muchachas embarazadas con malaria, quedaron aquí con

fiebre y eso…El cubano que sale aquí por cualquier motivo, a comprar algo de comer, migración

los detiene. Han agarrado dos o tres y los han llevado a la frontera de donde salieron y ellos vuelven

a regresar para atrás y regresan aquí…” (2016).

Mohamud Warfa Hirsi: "Mi viaje fue muy duro. (De Colombia) me deportaron tres veces" (El

Espectador, 2016, 21 de Junio).

Aliex Artiles: "Primero estábamos en la plaza, éramos más de 60, hasta que una persona nos prestó

esta bodega. Ahora somos más de 500, con tres embarazadas y varios niños. Y todos los días llegan

más…Solo queremos que nos dejen seguir de manera segura. Todos cumplimos los requisitos de la

Ley de Ajuste Cubano. Siento que no tenemos respuesta porque Cuba es anfitriona de los diálogos

de paz con las Farc" (2016).

7.3.Mujeres embarazadas, niños y niñas

“Ahora estamos, digamos, tres días sin almorzar, sin comer, y esto es aquí todos los días, es un

caos, entonces la gente lo que hace es retarse más…y ya viene mucha discordia entre la gente pero

bueno, eso es natural…Están pidiendo que un representante de aquí de nosotros vaya pa’lla para la

reunión pero nadie quiso ir pues con el tema del asunto que están buscando gente, cazando gente,

todos tienen miedo ir…Hoy llegaron dos niños mas, 7 personas mas, hay tres niños de seis meses a

ocho meses, ahí tres niños de dos a cuatro años. Eso es un promedio. Hay un solo niño que supera

los cinco años pero en total hay nueve niños, nueve niños en total hay. Imagina lo que a uno le

preocupa son los niños, las mujeres embarazadas, aquí hay tres mujeres embarazadas, a sobrevivir

aquí…” (Martí, 2016, 10 de Junio).

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