Nº 128 Bogotá, ColombiaValor $500 Mayo de 2015

En este número

CRUCICUT / 23

Ecopetrol entregó la joya de la corona

El Instituto Colombiano del Petróleo es el co-razón de Ecopetrol, su más importante gene-rador de valor agregado y el instituto que hace la prospectiva de la empresa más rentable del Estado colombiano. / 2

El Paro Nacional del Magisterio

Para establecer el real alcance del Acuerdo sus-crito entre Fecode y el gobierno nacional como producto del Paro del Magisterio, este debe ser analizado en su conjunto y no por uno solo de sus puntos. / 3, 4, 5 ,6, 7 y 8

Estatales: de la imposición a la negociación

A diferencia de lo que sucede en el sector privado, en el público, todas las condiciones de empleo están definidas. Es decir, pareciera que el campo de acción del movimiento sindical fuera limitado. / 9

La sociedad civil tenderá un puente hacia un futuro

climático seguro

El calentamiento del planeta es un desafío de tales dimensiones que solo colaborando pode-mos hacerle frente. Ante la próxima Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en diciembre en París, no pode-mos permitirnos seguir confiando a ciegas en los responsables políticos para que logren un avance decisivo. / 11

Declaración: Fundamentalismo

oportunista del Ipes

La recuperación de un territorio considerado “sagrado” por medio de la fuerza para imponer la creencia o fe perdida a quienes se consideran ocupantes ilegítimos, representan su invasión y una afrenta a dicha fe, es decir, lo que se conoce como cruzada, es como ha denomino a su política el director del Ipes. / 16

Hallazgo arqueológico de dimensiones continentales

La hacienda El Carmen, con la denuncia en marzo de 2007 del hallazgo arqueológico se constituyó en un escenario de organización social y abrió nuevos retos de defensa del territorio, pensamiento de ciudad que integre de manera igualitaria la Ciudad Urbana con la Bogotá Rural de manera diferencial por sus condiciones socioeconómicas y culturales. / 18

Postalesde un arco iris

bogotano

1

2

3

4

5

Instantáneas capturadas el 25 de abril: 1. Eje Ambiental, 2. Desde la Alcaldía Mayor, 3. Desde la Secretaría de Integración Social, 4. Calle 24 con Séptima, 5. Los siete colores desde el Centro Administrativo Distrital (CAD).

2 Nº 128, mayo de 2015op in ión s ind i ca l

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo editorialMiguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas,

Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail:

cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.coissn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, dreamstime Manuel a. Mora y tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez / diego Urreaedición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en Los artícuLos son

de excLusiva responsabiLidad de sus autores.

Edwin Palma Egea

Vicepresidente nacional de la Uso

El Instituto Colombiano del Petróleo es el corazón de Ecopetrol, su más impor-tante generador de valor agregado y el instituto que hace la prospectiva de la

empresa más rentable del Estado colom-biano. “...es responsable en Ecopetrol del desarrollo de fortalezas tecnológicas de negocio mediante la investigación, desa-rrollo, transferencia y aseguramiento de tecnologías y conocimiento estratégicos para maximizar el valor de la operación y crecimiento óptimo dentro de un marco de desarrollo sostenible”. Pero con dolor hay que decir que acaba de ser feriada y toda su capacidad prácticamente destruida.

El ICP fue, hasta el 20 de febrero de este año, una red de comunidades científicas que han hecho de Ecopetrol la institución nacional líder en investigación e innovación tecnológica del país. Y las razones son tantas como las 65 patentes de invención registradas y las 34 en proceso de registro que han salvado vidas de trabajadores, protegido a comunidades de los efectos dañinos de la industria petrolera y ahorrado miles de millones de dólares con sus inven-ciones y desarrollo de productos y procesos que mejoran la exploración, explotación, transporte y refinación de petróleo, redu-ciendo costos, mejorando la seguridad y la calidad. Todo esto le suma a la empresa y le significa a la nación ingresos por 473 millones de dólares cada año.

Las cifras eran impresionantes, el ICP operaba en alianza con 20 empresas que emplearon a más de 1.000 profesionales y técnicos con los más altos niveles de formación y experiencia, que trabajaban en más de 18 laboratorios, 29 plantas piloto y un Centro de Información Técnica con más de 120.000 documentos, y esto le costaba a Ecopetrol 80 millones de dólares, es de-cir por un dólar invertido en el instituto, la empresa ganaba cinco.

Pero a pesar de todo lo anterior, la dirección del ICP cerró intempestivamente los labo-ratorios, las plantas piloto, y ahora tiene a sus costosos investigadores y científicos haciendo el trabajo de técnicos y tecnólo-gos, que no están haciendo reportes a au-toridades ambientales, ni análisis de visto bueno y, en consecuencia, de 16 proyec-tos de investigación el ICP solo mantiene cuatro. Y la razón de este desastre político,

económico y ambiental, cuyos costos se pueden medir en cientos de millones de dó-lares, fue impedir la sindicalización de sus empleados que reclamaban de Ecopetrol S.A. lo apenas justo: formalización, em-pleos directos y libertad de sindicalizarse.

La respuesta de la empresa y del Estado fue la militarización y el despido. Mientras tanto, los empleados despedidos resis-ten a la entrada del ICP en Piedecuesta (Santander), viendo pasar a diario a los nuevos empleados precarizados, terceriza-dos y, claro, no sindicalizados que intentan realizar labores para las que no tienen ni experiencia ni formación.

El ICP es clave para la nación y para el pue-blo de Colombia, no solo por sus ingresos, sino por su papel en el mantenimiento de la soberanía petrolera del país. Debe se-guir cumpliendo su misión, atendiendo las emergencias ambientales, desarrollando tecnologías para aumentar la exploración, explotación y producción de crudo, para facilitar su transporte y garantizar que los combustibles que consume el país sean de calidad y contaminen menos.

Eso solo lo pueden hacer estos hombres y mujeres del ICP, los mejores científicos del país, que llevan hasta 25 años al ser-vicio de Ecopetrol. Comprometidos con su trabajo y con el crecimiento del Instituto. Ningún convenio, ninguna otra fórmula de tercerización, servirán para cumplir con su misión, menos con la Universidad Industrial de Santander, que a pesar de ser pública, no puede convertirse en intermediario ver-gonzoso para seguir precarizando trabaja-dores y sobre todo para aplicar la cultura antisindical que reina en Ecopetrol.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE PETRÓLEO PASÓ A LA UIS

Ecopetrol entregó la joya de la corona

s i n d i c a l e s

Miguel Ángel Pardo Romero

Fiscal de la ade1

Para establecer el real alcance del Acuerdo suscrito entre Fecode y el gobierno nacio-nal2 como producto del Paro del Magisterio, este debe ser

analizado en su conjunto y no por uno solo de sus puntos.

La insatisfacción que nos produce a todos el hecho que no se haya alcanzado el 28,3% de la nivelación salarial –teniendo en cuenta el estudio presentado por la Federación en la negociación y que se haya avanzado en el 42% de esta cifra–, no puede desconocer el principal triunfo de este movimiento, propinado a la medida gu-bernamental neoliberal que, desde el año 2002 se propuso bajar el pasivo pensional en 15 billones de pesos3, principalmente congelando y limitando los ascensos de los colegas del 2277 de 1979 y, a la vez, entrabando los ascensos y la reubicación salarial de la docencia regida por el 1278 de 2002, a través de la tramposa evalua-ción de competencias. Lograr, como pro-ducto de este Paro Nacional, la evaluación diagnóstica-formativa y un instrumento para restituir los criterios académicos y no fiscales para los ascensos, constituye un acto mayúsculo a favor de la carrera y la dignificación docente.

Abrir la puerta para que se materialicen los ascensos y la reubicación de 80.000 docentes en la tercera semana de septiem-bre como lo dicen los Acuerdos, que nunca lo han podido hacer en el nuevo escalafón pese a sus cualidades y títulos, le pone cifras a este acto de justicia y solidaridad, como también, para quienes en adelante requieran ascender. En el caso de Bogotá, en donde el 58% del magisterio se rige por el Decreto 1278 de 2002, el alcance será de mayor significación, si se tiene en cuenta que 13.697 colegas se encuentran en la categoría 2º y solo 1.402 han logrado ingresar o ascender al grado 3º4.

Sería un sinsentido que valoráramos mejor la imposición que logró Santos como minis-tro de Hacienda en 2001, -al reducir nuestro pasivo pensional en la impresionante cifra registrada- y no le otorgáramos el alto valor que le corresponde a esta reivindicación con la que desatamos los ascensos de la fiscalis-ta evaluación de competencias, derrotando a Santos como presidente de la República, pese a que insistía en que la evaluación de competencias no era negociable.

De otro lado, la merecida bonificación del 10% en 2016 y del 15% a partir de 2017 para los colegas regidos por el 2277 de 1979, beneficiará a partir del 30 de enero a 120.000 docentes a nivel nacional y,

en Bogotá, a 11.572 educadores que se encuentran en el grado catorce del escala-fón, es decir, al 79% del total de maestras, maestros y directivos docentes que están regidos por este decreto en la capital de la República. Sin contar que, en corto tiempo, cobijará también al 18% que está ubicado en categorías doce (11%) y once (7%)5. No sobra anotar que este reconocimiento no está atado a nuevos títulos ni a producción académica.

Fruto del Paro Nacional, el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, (PND) sig-nificativos recursos con los cuales la Nación se responsabiliza de las deudas al magisterio en las regiones y asegura su pago.

Los Acuerdos suscritos, nos permiten tam-bién presentar a los estudiantes, padres y madres de familia, los resultados del Paro Nacional con la cara en alto al lograr in-cluir en el Plan Nacional de Desarrollo un significativo presupuesto para extender la gratuidad, la infraestructura y la alimenta-ción escolar. Será al Gobierno Nacional al que le tocará responderle a la sociedad por negarles a los niños el preescolar de tres grados y aplazar hasta el 2030 la univer-salización de la educación media.

Reabrir la puerta para que los etnoedu-cadores logren la equidad salarial en consonancia con su trabajo, y los impor-tantes recursos para el bienestar de los educadores, tampoco son puntos de poca monta y monto.

Reivindico la lucha por la dignificación del salario, que se ha retomado en sostenido en los movimientos y paros realizados des-de mayo de 2013, conquistando la prima de servicios, cuyo monto corresponde al 50% de un salario, equivalente a un 4% mensual, que se reconocerá desde este año en adelante para todo el magisterio. El reconocimiento adicional al salario básico en 15 % y el 30% a los colegas con maes-trías y especializaciones, respectivamente, ubicados en la categoría 2º del Decreto

1278 de 2002, que complementa el 9% ya obtenido para los docentes que tienen títulos de especialización; reconocimiento que, en el caso de Bogotá, ya disfrutan 4.999 maestras y maestros (4.109 con especialización y 890 con maestría), cifra que seguirá creciendo gracias a la materia-lización de la propuesta de la ADE, acogida por la SED, consistente en que el Distrito está apoyando con el 70% del costo total la financiación de los posgrados a 10.000 educadores entre 2007 y 2016. A lo que se agrega que, gracias a la unidad de la lucha de los trabajadores del Estado, este año el ajuste anual NO quedará por debajo del salario mínimo, rompiendo otro “criterio” neoliberal que antes desfavorecía a los empleados públicos, incluido el magisterio.

No nos satisfizo el porcentaje alcanzado en esta batalla, pero dos aspectos no pueden negarse, pese o más allá del último 12% de nivelación salarial obtenido: el primero, lo hasta ahora logrado empieza a reflejarse en nuestros ingresos porque asumimos el crite-rio de luchar por estos de manera previa a la aprobación de los presupuestos nacionales, y no en los meses de diciembre cuando nada había que hacer y, el segundo aspecto, los efectos en el aumento real de los salarios que representará destrabar los ascensos producto de los Acuerdos suscritos será muy superior. Prever también es dirigir.

Motivo de otro artículo, será el gran significa-do que tuvo el Paro Nacional para la socie-dad y el magisterio, como también, si hubo errores o no en la táctica y la forma correcta o incorrecta como se levantan los paros, lo cual tiene que ver con la democracia sindical, que también hace parte del debate y de la

insatisfacción sincera de amplios sectores del magisterio, la que debe deslindarse de quienes quieren pescar en río revuelto, intro-duciendo el insulto antes que el argumento. Capítulo especial es el análisis que debemos hacer sobre el alto grado de influencia des-tructora que aún tienen los grandes medios de comunicación en el sector educativo y sus organizaciones sociales, con particular agu-deza e interés, cuando se pretende convertir un triunfo en una derrota.

Todos estos aspectos, los podemos abor-dar acudiendo a nuestra condición de aca-démicos y pedagogos para examinar con acierto la situación.

Un reconocimiento y un abrazo fraternal a todo el magisterio.

Notas1 Miguel Ángel Pardo Romero, Magister en

Historia, licenciado en Ciencias Sociales. Exdelegado del magisterio de Bogotá ante la Junta Distrital de Educación (Judi) y ante el Comité Distrital de Capacitación Docente (Cdcd). Expresidente y actual Fiscal de la ADE. Correo miguep2011@gmail.com, Facebook: Miguel Ángel Pardo Romero, Twitter: miguep_ade, página electrónica www.renovacionmagisterial.org. Radio Revista Aula Múltiple, domingo 10 de mayo de 2015.

2 Ver: Acta de Acuerdos MEN-Fecode 2015 en http://www.renovacionmagisterial.org/portada/acta-de-acuerdos-ministerio-de-educacion-nacional-fecode.

3 Cálculo actuarial y flujo del pasivo del magisterio. Memorando al Ministerio de Educación, elaborado por viceministro Técnico de Hacienda y Planeación Nacional de Colombia, 1999.

4 Caracterización de la planta docente de Bogotá, abril 2015.

5 Ibídem.

No convertir un triunfo en una derrota

s i n d i c a l e s

Carlos Arturo Rico Godoy

director departamento de asUntos legislatiVos y JUrídicos

El 7 de mayo, Fecode y el Gobierno a través de la minis-tra de Educación y el ministro de Trabajo firmaron el acta de acuerdo con el cual se levantó

el paro que por 16 días mantuvo al país en vilo.

Para analizar qué pasó con el proceso de negociación, debemos tener como insumo para el debate el pliego de peticiones que elaboró Fecode y que después de 56 días de ires y venires, no se pudo negociar con la ministra, quien escasamente asistió a una cesión, poniendo asesores que no te-nían poder de decisión. El anterior hecho obligó a Fecode a convocar al paro nacio-nal indefinido.

Fecode presentó en el mes de febrero el pliego, con los siguientes temas para la negociación:

1. Nivelación salarial, en ese sentido, se propone hacer efectivo lo prometido por el presidente Santos el año pasado.

2. Carrera docente, consensuar un nuevo modelo de ascenso y reubicación salarial para los compañeros del 1278. De igual manera, establecer incentivo para los docentes que hace muchos años están ubicados en el grado 14 del Decreto 2277.

3. Plantea la revisión de la jornada única, la tercerización en la carrera docente, incremento de 7,5% del PIB, para los te-mas de la educación pública, como son: gratuidad, calidad, jornada única, pago de deudas laborales de los docentes.

4. En salud, se proyectó la necesidad de revisar la calidad del servicio y que el nuevo pliego de adjudicaciones conten-ga observaciones sobre la calidad en la prestación del servicio.

5. En bienestar, se plantea presupuesto para financiar los juegos del magisterio.

6. Revisar la política de privatización de la educación pública.

El acuerdo alcanzado entre Fecode y el gobierno contiene:

1. La nivelación salarial se dará de la si-guiente manera: 2014 el 1%, 2015 el 1%, 2016 el 2%, 2017 el 2%, 2018 el 3%, 2019 el 3%, más el aumento de ley acordado.

2. Se revisa y se modifica el actual sistema de evaluación para ascenso y ubicación salarial para los docentes del 1278. A partir de ahora, la evaluación tendrá un carácter de diagnóstico formativo efec-tuada por pares.

3. Se crea el defensor del usuario para atender las quejas en el servicio de sa-lud del magisterio. De igual manera, se crea una veeduría en la gestión de adju-dicación, implementación y vigilancia de los contratos de salud conformada por: Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y Fecode.

4. Se crea una bonificación del 10% en el año 2016 para los docentes del grado 14 y del 15% a partir del año 2017 en adelante, además de un salario básico mensual en el momento del retiro volun-tario o forzoso.

5. El gobierno, en adelante, presupuesta 3.500 millones para juegos del magis-terio y los encuentros de cultura.

6. Expedición del decreto que contiene los riesgos laborales de los docentes.

7. En el Plan Nacional de Desarrollo, se incluyeron los recursos para el tema de la gratuidad, alimentación e infraes-tructura. De igual manera, se incluyó el punto de la concurrencia de deudas a cargo del presupuesto nacional, lo cual permitirá que cuando a los entes territo-riales se les agoten los recursos para el pago de ascensos, primas extralegales, porcentaje por laborar en zonas de difícil acceso, etc., la nación girará los recursos necesarios para pagar a los maestros.

8. No habrá represalias con los docentes que participaron en el paro.

Los anteriores son los puntos gruesos del acuerdo. Este sencillo comparativo, nos permitirá tener un punto de partida para sacar conclusiones y de esa manera decir si ganamos o perdimos o si el acuerdo es malo o bueno. Me parece que están desenfocados aquellos que han utilizado epítetos de grueso calibre y quienes asal-taron las instalaciones de Fecode para escribir en las paredes sus inconformida-des, esa no es la actitud de un educador.

Mantengamos la cabeza fría, porque por encima del acuerdo, el magisterio ganó ante la opinión pública, demostramos uni-dad, demostramos capacidad de convo-catoria, y demostramos que el magisterio vive. Seguramente se avecinan nuevas luchas, como la reforma pensional, donde

¿Por qué los maestros estábamos en paro?

seguramente propondrán el aumento de la edad para pensionarnos. Los enemigos no están en Fecode. Finalmente, no veo en el acuerdo mencionar temas fundamentales como el preescolar de tres años, la jornada única y elementos de desmonte de la políti-ca de privatización de la educación pública.

s i n d i c a l e s

María Cristina Orozco Lugo

secretaria de asUntos pedagógicos adec profecrisgirardot@gmail.com

El desprecio con el que fue recibido por parte del MEN el Pliego Nacional de Peticiones del magisterio colombiano, el pasado 26 de febrero, mostró

el talante de la negociación y lo duro que estaría la consecución de las justas re-clamaciones de los y las educadoras, así como de la comunidad educativa.

La ministra Gina Parody, no solo ha evi-denciado desprecio, desconocimiento y arrogancia para con el sector de la educa-ción pública en nuestro país, sino que deja claro su marcado interés por satisfacer los intereses de los mercaderes que apetitosos miran a la educación como el fortín de sus negocios a futuro. A ella le correspondió culminar la tarea que gracias a la unidad y lucha del magisterio en cabeza de Fecode, no pudieron llevar a feliz término sus antece-soras Ma. Cecilia Vélez y Fernanda Campo. Con lo que no contaba la ministra, era con la capacidad de organización, movilización y resistencia no solo de los y las maestras del todo el país, sino con el respaldo decidido por parte de padres de familia y estudiantes, así como de diversos sectores políticos.

Históricamente el magisterio todo lo ha conseguido en medio de la confrontación. El Estatuto 2277 fue producto de innu-merables marchas como la del hambre, paros y manifestaciones. Después de la Constitución de 1991 se han privatizado la salud, los servicios públicos; se han vendido la mayoría de las empresas del Estado y nuestros recursos naturales, y le han metido la mano a la educación a través de recortes presupuestales como el Acto Legislativo 001 de 2001 y el Decreto 2355 que ha entregado en concesión IE del Estado para el lucro del sector privado.

Es claro que el Plan Nacional de Desarrollo que plantea Santos II “Todos por un nuevo país”, no responde a las necesidades de los colombianos, sino a las recomendaciones de la Ocde, que no es otra cosa que las recomendaciones de las multinacionales y el gran capital. En otras palabras, paz, equi-dad y educación no pasan de ser distracto-res que ilusionan, como es costumbre, pero que están lejos de hacerse realidad, pues no hay voluntad política que asigne los re-cursos que hagan posible tales preceptos.

Por ello, después de más de 55 días de dilaciones e irrespetos con los educa-dores y la educación pública, Fecode declaró como hora cero el pasado 22 de abril. Desde ese día se han desarrollado

múltiples tareas por todo el magisterio y la comunidad educativa, tareas que se han visto fortalecidas con las amenazas de la ministra y su incapacidad para negociar con Fecode. Aquí en Colombia se negocia con todos, menos con el sector educativo, los maestros y maestras que en los países con los que nos comparan, como Finlandia, son los de más alto reconocimiento y mejores salarios, en Colombia tienen que irse a las calles a guerrearse una nivelación sa-larial, a pedir el preescolar de tres grados, a exigir un proceso de ascenso justo para los educadores del 1278, y un estímulo económico para los que desde hace años llegaron al grado 14 y sólo pueden aspirar al pírrico aumento anual. Es vergonzoso que haya que hacer paro para que el go-bierno entienda que para que haya calidad, debe haber IE con plantas físicas en buen estado y dotadas pedagógicamente, con tecnología, buena alimentación para los niños y niñas, y maestros bien tratados y felices de ejercer su vocación.

Es muy triste que la política educativa en nuestro país sea pensada en términos de resultados sin tener en cuenta los procesos y condiciones. Es claro que se pretende desprestigiar a la educación pública para justificar su entrega a manos privadas y deshacerse así de la obligación de garan-tizar este derecho fundamental a la ma-yoría de colombianos. Por ello hablan de inclusión, pero excluyen a la mayoría con programas como “ser pilo paga”, dirigido a fortalecer a las universidades privadas y no a las públicas con unas pocas becas que dejan a la mayoría condenados a no poder recibir educación superior.

Es importante que todos y todas sigamos unidos apoyando a Fecode. El gobierno ya se hubiera salido con sus nefastas intencio-nes si no fuera por la unidad, organización, lucha y resistencia del magisterio y nues-tras organizaciones sindicales regionales.

Fundamental el trabajo con los padres de familia y los estudiantes. Si algo ha demos-trado este paro es el poder de convocatoria de los y las maestras, así como la necesi-dad de dialogar permanentemente con la

comunidad educativa sobre las realidades que se viven dentro de la escuela como consecuencia de una política a la que no le importan los niños, niñas y jóvenes más pobres del país.

Un 1º de mayo en medio del conflicto laboral, especialmente del magisterio

o p i n i ó n

Fernando Dorado

actiVista social Bogotá, 16 de mayo de 2015

El Paro de los educadores me-rece un análisis más allá de lo circunstancial. Esa lucha mostró aspectos nuevos que reflejan la evolución de los

mismos trabajadores de la educación y de la sociedad en general.

Esas “cosas nuevas” deben ser asimiladas por los sectores más avanzados del movi-miento democrático para poder ayudar a orientar y a organizar más y mejor, tanto a las bases sociales de ese sector de los trabajadores como a todas las fuerzas comprometidas con las transformaciones que requiere la Nación.

Es importante detallar brevemente los re-sultados materiales del movimiento. Hacía ya 14 años que los profesores colombianos no se movilizaban con la fuerza como lo hicieron. La beligerancia, alegría, entusias-mo y creatividad desplegada en todas las actividades realizadas, da muestra de la conciencia que existía sobre la justeza de las reivindicaciones. Fue evidente la pre-sencia de fuerzas jóvenes del magisterio.

Ese es un activo que no se puede despre-ciar y que se constituye en el principal ele-mento a resaltar. Pero también, se puede decir que los resultados de la negociación, así parezcan reducidos o limitados frente a las expectativas generadas por la lucha, son importantes. Son un triunfo relativo. El porcentaje conseguido en la nivelación sa-larial y haber logrado transformar el sistema de evaluación, pasando de un examen de las competencias a una valoración integral del desempeño del docente, son conquis-tas importantes.

El problema que se presenta en este tipo de luchas, cuando muchos participantes lo hacían por primera vez, es que se quie-re conseguir todo de una vez como si la lucha se limitara a una sola batalla y se pudiera lograr el 100% de los objetivos. Es seguro que se cometieron algunos errores pero no se puede calificar como traición el comportamiento de los dirigentes negocia-dores. Una vez las bases vayan valorando lo conseguido y se realicen evaluaciones serenas, se podrá entender que fue un paso adelante.

Estas luchas van a ser continuadas por nuevos contingentes de trabajadores –los denominados “profesionales precariados” o el “Nuevo Proletariado”– que tomará ese ejemplo de lucha para agremiarse e impul-sar procesos de organización más amplios, con nuevas formas organizativas, con una visión más política.

Todos los dirigentes del magisterio de-ben educar a sus bases y hacerles ver que solo con sus fuerzas sectoriales no podrán romper la lógica presupuestal del gobierno que tiene asignados unos rubros rígidos de recursos financieros para la educación. Igualmente, deben hacerle entender al conjunto de la comunidad educativa que deben juntarse con todos los sectores sociales para obligar al go-bierno a aumentar los presupuestos de inversión social.

Los educadores, estudiantes y padres de familia deberán levantar reivindicaciones que cuestionen la esencia de las limita-ciones presupuestales del gobierno. Así, tendrán que proponerle al conjunto del movimiento social y popular que el gobier-no eche mano de la única fuente que se tiene a la vista y que ya ha sido usada por los gobiernos de los países vecinos: la re-negociación de los contratos con la empre-sas transnacionales petroleras y mineras, la aplicación de impuestos no solo sobre la producción como ocurre en Colombia sino sobre las ganancias de esas empresas, y la renegociación de la Deuda Pública (ex-terna e interna).

Solo así el gobierno va a tener los recursos económicos con que satisfacer las graves necesidades represadas. Si el movimiento en vez de concentrarse en recriminacio-nes y justificaciones internas potencia el esfuerzo que se acaba de hacer, podrá continuarlo con luchas de mayor cobertura al lado de amplios sectores sociales que tienen innumerables motivos para movi-lizarse contra la políticas neoliberales y la entrega de nuestros recursos al gran capital.

Sobre aspectos puntuales del Paro magisterial

Toda lucha debe ser evaluada para apren-der de ella. Sólo señalaré algunos aspectos

El paro: entre lo reivindicativo y lo estructural

que considero pueden haber sido “errores”, que deben analizarse con mayor detalle, no tanto para utilizarlos para descalificar a los dirigentes y los resultados de la lucha, que como afirma un dirigente de Fecode1 le hacen el juego al gobierno que quiere “convertir un triunfo en derrota”, sino para cualificar la lucha y elaborar lecciones aprendidas.

1. Es claro que en el momento de la ne-gociación y concertación de acuerdos, el “umbral de lucha” del movimiento magisterial no se había agotado y por el contrario la lucha estaba en pleno ascenso. Faltó tino y pulso para hacer coincidir el instante de mayor despliegue de la fuerza con la negociación.

2. Hizo falta precisar el eje central de los objetivos a conseguir. Se introdujo el tema de la renuncia de la Ministra Parody y ello estimuló las emociones entre las bases (http://bit.ly/1EjGj6H). El gobierno aflojó en lo de la evaluación y por ello, mantener el paro con una diferencia de 4 puntos en la nivelación salarial no era conveniente.

3. El gobierno tendió una “trampa mediáti-ca” para causar el desorden y la división.

Las condiciones y garantías para el ma-nejo de los medios de comunicación de-ben ser negociadas de antemano con el gobierno porque hoy el tema de medios es un aspecto fundamental para validar los éxitos o los fracasos.

Conclusión

Los trabajadores de la educación deben empezar a entender que son parte del Nuevo Proletariado que trabaja con la cabeza y el cerebro. La industria de la educación es un hecho, ya no es siquiera un servicio, sino un negocio que ofrece inmensas ganancias a los inversionistas.

Si la evaluación que se debe estar ha-ciendo supera los estrechos límites de lo gremial-reivindicativo es muy seguro que los maestros van a hacer aportes muy importantes a los trabajadores y al pueblo colombiano para profundizar las luchas contra el modelo neoliberal capitalista.

Ver el texto completo en: http://bit.ly/1ILsgPg.

Nota1 Miguel Ángel Pardo. “No convertir un triunfo

en derrota”: http://bit.ly/1HtvXpq.

o p i n i ó n

Jorge Enrique Laverde Herrera

director departamento de edUcación cUt Bogotá cUndinamarca

El pasado 26 de febrero, Fecode radicó su pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional conjuntamente con los esta-tales que radicaron su propio

pliego, en un acto de unidad importante. Trascurridos 54 días era poco lo avanzado en la negociación por negligencia de la mi-nistra Gina Parody, lo que obligó a iniciar paro nacional indefinido del magisterio a partir del 22 de abril que se prolongó hasta el 8 de mayo con las asambleas informati-vas acordadas. En el análisis del desarrollo y resultados del paro, debemos tener en cuenta los elementos políticos, económicos y sociales presentados en esta coyuntura y los resultados. Veamos algunos de ellos.

1. Políticos: El paro se da en medio de un proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, lo cual ayuda a presionar la negociación a pesar de la po-sición de la ministra de exigir la suspensión del paro para sentarse a negociar, es un triunfo haber logrado obligarla a negociar, pues no se entiende cómo el Gobierno negocia con la insurgencia en medio de la guerra y se niega a negociar en medio de una lucha legal.

Es esos momentos se da la caída de la ima-gen del presidente Santos por los hechos presentados en el marco de la guerra que mantiene con la insurgencia, que permite la arremetida de la ultraderecha contra el go-bierno, y aprovecha en forma oportunista para justificar las peticiones del magisterio, lo cual también hacen los medios de comunicación; pero en los últimos días comienzan a darle publicidad a las presiones desde algunos sectores por no volver a clases y “afectar a cerca de 9 millones de estudiantes”.

Sectores del Congreso de la República se pronunciaron por la solución del conflicto; igualmente, un grupo de concejales de Bogotá y otras regiones del país, como también lo hicieron diputados de algunos departamentos.

2. Económicos: El pliego de peticiones se presenta en un momento en el cual se da la caída del precio internacional del petróleo, a lo que se le atribuye la causa para que el Gobierno determine la congelación de la nómina del Estado, la baja del proyecto de presupuesto contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de $203 billones en el 2014 a un promedio de $176 billones anuales en el cuatrienio, a pesar de lo cual el presupuesto de educación crece a cer-ca de $34 billones anuales, contemplando la primera infancia sin los tres grados de preescolar, la universalización de la edu-cación media, la educación terciaria, la jornada única, entre otros proyectos, inclu-

sive se contempla la nivelación salarial y los ascensos de los docentes 1278/02; el Gobierno, en medio de la negociación ale-ga no tener con qué financiar la nivelación y plantea la necesidad de una reforma al SGP. La nivelación planteada por Fecode tiene un costo cercano a los $4 billones anuales y la del Gobierno alrededor de $1,3 billones, que es la que finalmente se impo-ne; algunos plantean cómo los congresistas se pueden aumentar $8 millones al mes y a nosotros no nos pueden aumentar cerca de $900.000 mensuales que es lo que pedía Fecode, pero no tienen en cuenta que ellos son un poco menos de 300 mientras noso-tros somos aproximadamente 320.000, los efectos presupuestales son bien diferentes, además, que son parte del poder dominante y su política es excluyente y discriminatoria.

3. Sociales: El paro es un éxito desde este aspecto, logra vincular a más del 90% del magisterio como no ocurría desde hace varias décadas, el último paro que tuvo una gran fuerza con tomas de capitales y de Bogotá con una duración cercana al mes se había dado en 1984, sin negar la fortaleza de decenas de paros realizados en más de 30 años, muchos victoriosos y otros con derrotas. En esta oportunidad las movilizaciones fueron a diario, por muchas ciudades, localidades y barrios, se tuvo más de dos semanas en conmoción al país, pre-sionando al Gobierno. Además, se logró un gran reconocimiento del pueblo colombiano a la labor de los maestros y la justeza de su lucha por mejores condiciones salariales y laborales, igualmente, el estudiantado apo-yó participando en las movilizaciones; los demás sindicatos del Estado reconocieron la fortaleza del gremio y tomaron su ejemplo para reforzar la lucha por sus reivindicacio-nes y salir a la protesta unificadamente; esto fortaleció la lucha; se demostró que es posi-ble obligar al Gobierno a negociar en medio del paro y que con la unidad y la fortaleza de la lucha era posible derrotar las amenazas de sanciones y descuentos, se rompieron los miedos de los docentes ante las reper-cusiones que tienen estos en los salarios y prestaciones. Los maestros volvimos a ser el

centro de la lucha no sólo reivindicativa sino en defensa de la educación pública estatal y contra las políticas neoliberales del Estado.

4. Los resultados: Se obligó al gobierno a negociar y llegar a unos acuerdos donde hay avances en las reivindicaciones del magiste-rio, no todas las esperadas y tal vez mante-niendo el paro uno o dos días más se hubiera ganado uno o dos puntos en la nivelación, aunque no era fácil en las condiciones que ya se han planteado, se lograron 10 puntos porcentuales más en forma gradual para los próximos 4 años, adicionales a un punto del 2014 y otro en el 2015, no se tenían, son producto del paro, sin él no lo habíamos ob-tenido, queda la posibilidad que a través de reformas a la ley se obtengan otros puntos hacia el 2020 y 2021, es bueno decir aquí que la ley reformó la forma de financiación de la educación y debe reformarse nuevamente para lograr su aumento en el 2016; esta nivelación, sin tener en cuenta los reajustes salariales de cada año, representa en prome-dio para cada docente $210.000 mensuales o $7.000 diarios al terminar el cuatrienio. Aquí lo calculamos teniendo en cuenta el reajuste salarial del 4,66% producto de la lucha con es-tatales, más el punto de nivelación del 2015.

Se logró romper la columna vertebral del 1278/02 al eliminar la evaluación de compe-tencias para el ascenso y reubicación salarial de los nuevos docentes, se transforma en una evaluación diagnóstica y formativa que debe ser reglamentada en el transcurso de un mes a partir del acuerdo, ya no se somete a disponibilidad presupuestal, si en el térmi-no de un año se logra que asciendan cerca de 60.000 docentes que no lo han podido hacer, sería una ganancia grande, de varios billones de pesos, más significativo que la misma nivelación; claro, con un Gobierno incumplido y trásfuga se debe mantener la movilización para que se cumpla y no se modifique lo acordado.

La bonificación para los docentes del grado 14 del 2277/79, representa $289.502 en ene-ro de 2016 y $434.253 del 2017 en adelante, para los cerca de 100.000 maestros en este grado significa cerca de $400.000 millones

en el 2016 y $600.000 en el 2017, incluyendo los factores prestacionales, es decir, cerca de $1 billón en los dos primeros años.

La bonificación por retiro de los maestros de este grado, equivalente a un salario mensual, representa alrededor de 290.000 millones a pesos de hoy.

En materia de salud se logran modificacio-nes al control de los contratistas y de los pliegos de condiciones, pero sus efectos son a largo plazo pues los actuales contra-tos están a 4 años y además, mientras no se garantice la inversión de todo lo cotizado para salud y se modifique la estructura del negocio en que se ha convertido, difícilmente habrá una solución definitiva, puede ser otro de los acuerdos infructuosos del pasado.

Se logró modificar algunos artículos del PND, incluyendo la gratuidad de la educa-ción y la concurrencia de la nación con las deudas territoriales con los docentes.

Otros aspectos quedaron en comisiones, que habrá que esperar si realmente tienen algún resultado positivo, pues algunos son muy complejos y de alto costo y no se ve la voluntad del Gobierno para resolverlos.

El levantamiento del paro generó el descon-tento de muchos maestros que no compren-dieron los acuerdos o no los compartían pues consideraban impuestos por el gobierno y mal negociados por la dirección de Fecode. El debate está abierto, se deben estudiar los acuerdos y estar dispuestos a continuar la pelea para que se cumplan, combatiendo las posiciones divisionistas y fortaleciendo la organización sindical sin permitir la creación de nuevos sindicatos, y si algunos o muchos consideran que sus dirigentes no son los me-jores, deben prepararse para elegir nuevos dirigentes, lo cual es un proceso y no solo un deseo fácil de lograr.

El paro no fue una derrota, es un triunfo político, social y económico, hay avances producto de la movilización, quedó mucho pendiente y la lucha continúa y no debe-mos descansar en fortalecerla y lograr una organización más sólida para enfrentar al Estado neoliberal.

Hay avances en los acuerdos

e d u c a c i ó n

Carlos Julio Díaz Lotero

director ens

El pasado 7 de mayo, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, en repre-sentación de unos 350 mil edu-cadores del país, y el gobierno

nacional suscribieron un nuevo acuerdo sectorial en desarrollo del Convenio 151 de la OIT y el Decreto 160 del 2014 que regula la negociación colectiva del sector público.

A pesar de las controversias desatadas en torno al acuerdo colectivo y las especula-ciones sobre mayores conquistas de haber sostenido unos días más el paro, hago las siguientes valoraciones sobre este:

1. Por primera vez en la historia del país, la educación, como derecho fundamen-tal, estuvo en el eje de la deliberación pública, a tal punto que la movilización social del magisterio no solo tuvo apo-yo de estudiantes y padres de familia, sino de amplios sectores políticos, del Estado, y de la ciudadanía en general.

2. La conquista de más de $2 billones para la gratuidad de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo muestra el compromiso del magisterio con la de-fensa del Estado Social de Derecho y la inclusión en el sistema democrático de los niños más pobres de Colombia.

3. La incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de la construcción de 1.500 nuevos colegios con la correspondiente ampliación de la planta de docentes es un reflejo de esta deliberación.

4. Es importante la aprobación en el Plan Nacional de Desarrollo del saneamiento de deudas laborales que se tienen con los maestros vía concurrencia de la nación.

5. Los avances en materia de nivelación salarial con un 10%, adicional al 2% ya logrado, sin renunciar a la meta del 16% como ultima fórmula propuesta por Fecode en la mesa de negociaciones, expresa que el tema no se ha cerrado.

6. Se dieron avances importantes en materia de: escalafón y evaluación de docentes que no han logrado el ascen-so de grado o la reubicación salarial, evaluación diagnóstica formativa para los docentes del 1278, control a la pres-tación del servicio de salud, bienestar social, bonificación anual del 10% para 2016 y del 15% para el 2017 para los educadores del grado 14, comisión para revisar salarios de los etnoeducadores.

7. El compromiso en el acta de acuerdo de seguir trabajando para consensuar un Estatuto Único Docente indica que esta bandera sigue en alto, pero con vientos adversos muy fuertes.

8. Fue un acierto poner la movilización social al servicio del diálogo social para contrarrestar la arrogancia y la intransi-gencia de una ministra y un gobierno proclives a un tratamiento autoritario y represivo de los conflictos.

9. Fue importante el aprovechamiento de la negociación para incrementar la afi-liación a las organizaciones sindicales.

10. El acuerdo sobre no represalias contra el magisterio colombiano por el paro y las acciones de movilización, deja intacta políticamente la capacidad de lucha de Fecode y la imagen de una dirección de la organización madura y responsable frente a los estudiantes, la sociedad y el país.

El debate político relacionado con la apre-ciación sobre si el paro ha debido continuar o no, o sobre cuál debió ser el acuerdo colectivo posible, o sobre si de persistir el paro se hubiera obtenido o no algo más, es difícil resolver y probablemente tendremos controversia para rato. Pero una cosa es evidente e incontrovertible: en el acuerdo colectivo solo hubo avances, no hubo re-trocesos ni entregas. La consigna del todo o nada también tiene el riesgo de que nos quedemos sin nada, como aconteció con el paro del 2001, que dejó al magisterio durante 14 años sin capacidad de reacción.

De todas formas no debemos ocultar los lunares del proceso, vamos:

1. Hubo fallas en la estrategia de comu-nicaciones de Fecode, que no logró contrarrestar la desinformación de los grandes medios, ni comunicarse de manera rápida y oportuna con su base social.

2. Los estilos y métodos para el trámite de las diferencias internas, necesarias e inevitables, dentro de Fecode rayan en la intolerancia y recurren a la guerra de la palabra.

3. A pesar del anuncio sobre trabajar por el Estatuto Único (unificar a los docen-tes de Decreto 2277 de 1979 y los del Decreto 1278 de 2002), este parece bastante lejos, y más cuando la frag-mentación ha dejado heridas que aún no sanan.

Acuerdo Marco Sector Público

El Acuerdo Colectivo Nacional suscrito en-tre las federaciones sindicales estatales y el gobierno nacional el 11 de mayo del 2015 avanzó en forma significativa y comple-mentaria del Acuerdo Colectivo Nacional del 2013. Es de destacar que el acuerdo de incremento salarial de 4,66% aplicará a 1.200.000 empleados públicos, incluidos los docentes, lo que triplica la cobertura de la negociación colectiva del sector privado. El logro del porcentaje de incremento sa-larial señalado es significativo por el difícil contexto fiscal del Estado.

El acuerdo de una agenda de formaliza-ción laboral en las entidades públicas del orden nacional, con la participación del movimiento sindical, da inicio a un proceso de desmonte de las nóminas paralelas que han sido funcionales al clientelismo elec-toral. Contribuirá, por una parte, a mejorar el proceso electoral, y por otra ampliará la base social del sector público que se podría sindicalizar, a tal punto que los empleados públicos afiliados a sindicatos se pueden fácilmente duplicar en un futuro inmediato. Pero lo fundamental aquí es la participación del movimiento sindical en todo el proceso de ampliación de plantas.

El compromiso sobre la inclusión en los currículos de los cursos de formación pro-

fesional que imparte el Sena de un módulo sobre derechos humanos y sindicales, abre las puertas para la implementación de una cátedra sobre ciudadanía laboral para que la fuerza de trabajo del futuro sea portadora de una cultura de derechos en materia de libertades sindicales.

Como ocurrió hace dos años, se concertó esta vez modificar el Decreto 160, que reguló el proceso de negociación, para acercarlo al Convenio 151 de la OIT en la solución arbitral de los conflictos cuando en la etapa de arreglo directo no se logren acuerdos.

Políticamente es importante en el acuerdo la realización de charlas y conferencias sobre negociación colectiva, derechos sin-dicales y humanos en todas las entidades públicas en la semana previa al 1º de Mayo, por el impacto que tendrá en los niveles organizativo y subjetivo de los trabajadores.

Uno de los retos del sindicalismo estatal es construir una dinámica de trabajo, que per-mita la ejecución o desarrollo de muchos de los puntos acordados, que en el año 2013 -sin cumplimiento en % significativo- y ahora en el 2015, han quedado diferidos a la Subcomisión del Sector Público y a la Comisión de seguimiento en el cumplimien-to de los Acuerdos.

Sin prisa, pero sin pausa, el sindicalismo estatal avanza en derechos sustantivos y procedimentales dando ejemplo de unidad en medio de la diversidad, y constituyéndo-se en un pilar para la defensa y conquista de derechos para los empleados públicos, de la construcción de democracia y del Estado Social de Derecho.

El magisterio y los estatales a la vanguardia de las luchas laborales

Nº 128, mayo de 2015 9e s t a t a l e s

Francisco Maltés Tello

miemBro del comité eJecUtiVo de la cUt Franciscomaltestellocut@gmail.com

Twitter @maltescut1

A diferencia de lo que sucede en el sector privado, en el público, to-das las condiciones de empleo están definidas. Es decir, pare-ciera que el campo de acción

del movimiento sindical fuera limitado. Este hecho no ha inhabilitado a los estatales que históricamente se han movilizado por la par-ticipación en la definición de las condiciones de empleo, por estabilidad laboral, mejores niveles de vida y por la ampliación de la democracia, así mismo han acompañado todas las luchas del pueblo colombiano: por la ampliación de la democracia, contra el estatuto de seguridad, la seguridad demo-crática, contra los TLC y las imposiciones de organismos internacionales.

Antes que Colombia incorporara en la legis-lación nacional los Convenios 151 y 154 de la OIT, a través de las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999, ya se daba la negociación colectiva en el sector público, cuyo eje fun-damental era la movilización para incidir en las condiciones de empleo. Los maestros, los trabajadores de la salud, los distritales de Bogotá, los estatales a nivel nacional apoyados en la unidad de acción y en la movilización lograron importantes acuerdos en materia de estabilidad laboral, estatuto de los docentes, defensa de la seguridad social, extensión de la carrera administra-tiva a los entes territoriales y el estableci-miento de los derechos consagrados en los Decretos 1042 y 1045 de 1978.

El proceso de apertura económica impues-to en los años 90 tuvo repercusiones en el sector estatal. Muchas empresas fueron liquidadas, otras privatizadas y se dieron miles de despidos con el prurito de la dis-minución de los gastos, a nivel territorial su-cedía lo mismo. Para ellos se expidió la Ley 617 que dio lugar a miles de despidos en las alcaldías, gobernaciones y contralorías.

En la década que nos precede, de la segu-ridad democrática, continuaron las rees-tructuraciones a las entidades públicas, se dieron cerca de 500 y fueron despedidos más de 50.000 empleados. Pese a lo an-terior, desde el año 2005 se viene dando un proceso de recuperación del movimiento sindical estatal a partir de la lucha por la estabilidad laboral y posteriormente se in-cluyó la lucha por la negociación colectiva. El panorama en el sector público es hoy diferente. En la mayoría de las entidades, un gran porcentaje de empleados trabajan de forma deslaborizada víctimas del clien-telismo, el cual ha venido mutando. Existe una fuerte penalización a la protesta social que ha incidido en el asesinato de centena-res de sindicalistas. El sindicalismo estatal hoy se encuentra más fraccionado que en el pasado por la influencia de sectores po-líticos de la extrema derecha.

Pese a estas condiciones, sin duda adver-sas, se viene un proceso de recuperación

del sindicalismo estatal que ha obligado al gobierno nacional a actualizar su legislación y a sentarse a negociar las condiciones de empleo.El artículo 55 de la CP “garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales”, nótese que no exclu-ye al sector público. Así mismo el artículo 53 precisa que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen en el orden interno. Para el caso nos referimos a los Convenios 151 y 154 incorporados en la legislación nacional.Fruto de la unidad y movilización, al igual que de la presión internacional expresada en diferentes conferencias de la OIT, de la solidaridad del movimiento sindical in-ternacional, en particular la CSI, CSA y la AFL-Ciols el gobierno colombiano expidió el Decreto 1092 del 2012 el cual permitió que las centrales sindicales y las federaciones de estatales presentaran un pliego en el 2013 y a nivel regional se presentaron cerca de 300 pliegos de solicitudes.El decreto en mención establecía serias limitaciones a la negociación colectiva lo cual no fue obstáculo para que el acuerdo celebrado el 26 de mayo de 2013 abarca-ra un sinnúmero de temas que estaban prohibidos.Es de destacar el acuerdo en materia sa-larial, éste fue concertado por primera vez en muchos años quitándole al gobierno su capacidad de imposición, así mismo fue mayor a la inflación pese a las restriccio-nes que pretenden imponer los organismos internacionales a los salarios en el sector público. En este acuerdo se incluyó un punto para modificar el 1092 y acercarlo al convenio 151.Igual que sucedió con la expedición del Decreto 1092 del 2012 y el 1060 del 2014 fue expedido de forma unilateral por el go-bierno. Esta nueva norma es un avance que reconoce el fuero circunstancial que permite la negociación del régimen salarial y presta-cional entre otros pero niega los tribunales de arbitramento como un mecanismo de finalizar el conflicto laboral cuando no haya acuerdos en la etapa de arreglo directo.En el 2015 con base en el Decreto 160 se presentaron cerca de 400 pliegos de soli-

citudes, es decir, en un solo año se pre-sentó igual número de solicitudes que en los dos años precedentes, lo cual muestra una recuperación del sindicalismo estatal. Destacamos el pliego unitario de las cen-trales sindicales CUT, CTC Y CGT, sus federaciones de estatales y de Fecode. El pliego unitario estuvo precedido de tres encuentros nacionales estatales y varios regionales, lo cual implica que se está avan-zando en un proceso político organizativo y de movilización.La intransigencia del gobierno obligó a un paro nacional del magisterio y a situacio-nes de anormalidad en la administración pública del orden nacional. El acuerdo entre Fecode y gobierno es un paso importante en la lucha por la nivelación salarial y la movilidad en el escalafón docente de todos los educadores. En el caso del acuerdo marco nacional que incluyó a los sectores de salud, justicia y universidades, se dieron avances importantes en el plano económico a nivel nacional y territorial. Así mismo, en la normatividad sobre carrera administrativa se logró incidir en el Plan de Desarrollo en los sectores de salud, educación y trabajo decente. Un resumen del acuerdo podría ser el siguiente:En materia salarial el incremento es del 4,66% para este año, retroactivo al 1 de enero, para el 2016 será la inflación causada más 1%, este aumento cobija a 1’200.000 empleados incluidos los unifor-mados del sector defensa. Para los maes-tros el incremento será del 5,66%, los entes territoriales mantienen la autonomía para concertar los salarios con las organizacio-nes sindicales. A nivel central y descentralizados del orden territorial, a partir del 2016 se pagará la bo-nificación por servicios prestados a los em-pleados de los municipios, departamentos y

distritos, así, 50% de la asignación básica a quienes ganan menos de 2 salarios y 35% a quienes ganan más de 2 salarios, sin detri-mento de los que hoy la están devengando.Se iniciará un proceso de desmonte de las nóminas paralelas y formalización laboral en las entidades del orden nacional, con la participación del movimiento sindical en todo el proceso, la primera entidad donde se formalizará será Mintrabajo. (Así mismo, logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo sobre ampliación de plantas de personal). Se realizará un pacto nacional por el trabajo decente entre órga-nos de control, partidos políticos, gobierno, con la veeduría del movimiento sindical.Se concertará con las centrales sindicales la carrera administrativa para las contralorías territoriales, la salud, y el sector de ciencia y tecnología.Se acordó la modificar la Ley 909, así: para el nivel profesional en todas las carreras, se creará un cargo en la base de la escala salarial para el cual no se requerirá expe-riencia; también para que en los concursos de ascenso se reserve el 30% de los cargos para quienes laboran en las entidades.Se comprometió el gobierno nacional a presentar e impulsar en el Congreso de la República para su ratificación los conve-nios de la OIT 135, 149, 156 y 183, en la legislatura que comienza el 20 de julio del presente año.Se acordó que en los currículos de los cur-sos que imparte el Sena se incluirá un mó-dulo sobre derechos humanos y sindicales.Se acordó que previo al primero de mayo se deberá realizar en todas las entidades públi-cas conferencias, paneles y debates sobre la libertad sindical y negociación colectiva.Se acordó modificar el Decreto 160 para acercarlo al Convenio 151 de la OIT.

De la imposición a la negociación

10 Nº 128, mayo de 2015

Gerardo Honty

analista de claes (centro latino americano de ecología social) ALAI Tomado de Amlatina, 18/05/2015

El Departamento del Interior de Estados Unidos aprobó el pa-sado lunes 11 de mayo el plan de Shell para la explotación de petróleo en el mar de Chukchi,

frente a las costas de Alaska. Es una deci-sión que parece ir en contra de la política climática y ambiental que el gobierno de Estados Unidos ha dicho promover, y re-sulta un duro mensaje al mundo en general en el año en que se espera alcanzar un acuerdo climático. La explotación de las reservas en el océano Ártico tiene el poten-cial de liberar un adicional de 15,8 mil mi-llones de toneladas de CO2 a la atmósfera (equivalente a las emisiones de todos los automóviles de Estados Unidos durante 13 años) y el aumento de las concentraciones globales de CO2 en 7,44 partes por millón1.La Secretaria Ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, Christiana Figueres dijo que no haría comentarios sobre los detalles de la decisión de Estados Unidos. Pero, hablando en general, dijo que el gasto de enormes sumas para extraer combus-tibles fósiles de entornos remotos -lo que ella denomina “inversiones de carbono de alto costo”- es una propuesta arriesgada. “Hay una creciente cantidad de análisis que apunta al hecho de que tenemos que man-tener la gran mayoría de los combustibles fósiles bajo tierra”2. Y agregó: “Uno tiene que cuestionar la prudencia de seguir ade-lante con este tipo de inversiones”3.Pero para Shell, mantener el petróleo bajo tierra es imposible. Ben van Beurden, el pre-sidente ejecutivo Shell, dijo al Washington Post que el petróleo y el gas seguirán sien-do necesarios, incluso si la energía solar y eólica se expanda a tasas espectaculares. “Uno podría decir, ‘no te preocupes, todo va a ser suministrado por fuentes renovables’ pero eso es una fantasía. Si nos fijamos en el escenario más optimista, el 75 por ciento de la demanda de energía hacia la mitad de este siglo, viene de fuentes fósiles”.

El Ártico

Se estima que la región contiene un 20% del petróleo y gas natural no descubiertos en el mundo (23,6 mil millones de barriles de petróleo y 104,41 billones de pies cúbi-cos de gas) y la compañía espera iniciar la perforación a mediados de año.Pero el mar de Chukchi es un lugar difícil y peligroso para perforar. La zona es extre-madamente remota, a cientos de kilómetros

de cualquier ciudad o puerto de aguas pro-fundas, en medio de un mar a temperaturas extremas y olas de 20 pies, lo que hace compleja una acción rápida en caso de un accidente. El desastre de la plataforma Deepwater Horizon de BP ocurrido en abril de 2010, que ya ha costado más de 14 mil millones de dólares en tareas de limpieza que aún no terminan, parece no haber ser-vido de escarmiento.Y la probabilidad de que un accidente ocurra es bastante alta. Según la propia oficina federal estadounidense encarga-da de evaluar los riesgos del proyecto de Shell, hay un 75% de posibilidades de que ocurra un derrame mayor a 1.000 barriles de petróleo4.Los antecedentes de Shell no son buenos en la zona. En 2012 la empresa se vio obli-gada a evacuar su plataforma Kulluk, luego de encallar cerca de la isla Sitkalidak, en Alaska. El mismo año, el Noble Discoverer -uno de los barcos de perforación que Shell planea volver usar ahora- tuvo que responder por varios delitos y violaciones de seguridad y ambientales que lo llevaron a pagar multas por 8 millones de euros5.

¿Por qué ahora?

El precio del petróleo viene cayendo desde hace un año (más de un 50% desde junio del año pasado) y la explotación en áreas de difícil acceso como las arenas bituminosas de Alberta, sitios de aguas profundas de Brasil y pozos costa afuera en el Ártico, es demasiado costosa. Entre marzo de 2013 y marzo de 2014 las 127 empresas petrole-ras más relevantes a nivel mundial habían sumado ventas por USD 568 mil millones (MM) pero habían gastado USD 677 MM. La diferencia de USD 110 MM fue cubierta aumentando el endeudamiento (USD 106 MM) y venta de activos (USD 73MM) para asegurar dividendos a los accionistas6.

En los últimos 4 años las compañías pro-ductoras de petróleo no convencional en Estados Unidos han presentado pérdidas por USD 21 MM aun en tiempos en que el promedio de precios fue de USD 95 por barril de petróleo7.Es un panorama que parecería bastante desalentador para la industria, pero Shell ya lleva gastados USD 6 mil millones en el Ártico y apuesta al aumento de la demanda y a la subida de los precios. Ann Pickard, vicepresidente de la empresa en el Ártico, lo ha explicado de esta manera: “Aunque el precio del petróleo se ha desplomado desde agosto pasado, Shell no cree que los pre-cios se mantendrán bajos en el largo plazo. La producción de los campos existentes está cayendo a una tasa promedio del 5 por ciento al año por lo que la necesidad de una nueva oferta podría ser de hasta cinco mi-llones de barriles al día por lo menos hasta 2030. Tenemos que planificar con mucha antelación y los recursos del Ártico son fundamentales para esta planificación”8.Shell, al igual que todas las empresas del petróleo, se enfrentan al problema del “pico” del petróleo convencional y la necesidad de abrir nuevas fronteras no convencionales a pesar del riesgo que eso implica. La produc-ción de las 5 mayores petroleras mundiales (BP, Exxon, Chevron, Shell y Total) ha caí-do casi un 30% en los últimos 10 años (hoy producen menos de 8 Mb/d)9.

Impacto en la negociación climática

La autorización por parte del gobierno de Estados Unidos a la empresa Shell para ex-plotar el petróleo del Ártico parece irracional. Va en contra de la política climática del pro-pio gobierno y pone en alto riesgo uno de sus ecosistemas más frágiles en una explotación que a priori va a dar pérdidas. El supuesto que parece haber detrás de la decisión es que el mundo va a continuar aumentando

su consumo de petróleo, a un precio de al menos el doble del actual y más allá de las certezas del descalabro climático.Esta es una señal que no va a pasar inad-vertida entre los delegados que se reunirán dentro de dos semanas en Bonn a debatir un acuerdo climático global. Este diciem-bre se espera alcanzar un nuevo protocolo en el marco de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas.La decisión de Obama le quita credibilidad (si es que alguna le quedaba) a las inten-ciones del gobierno de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo global y vinculante que evite un aumento de la temperatura global del planeta más allá de los 2ºC. Si las ex-pectativas eran bajas, este nuevo escenario parece llevarlas al nivel del subsuelo.

Notas

1 http://www.alaskawild.org/wp-content/uploads/2014/10/Climate-Change-and-

2 Figures hace referencia a los informes de la Agencia Internacional de la Energía que aseguran que para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC, dos tercios de las reservas de petróleo deben permanecer bajo tierra. (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Spanish.pdf).

3 http://www.washingtonpost.com/news/ener-gy-environment/wp/2015/05/13/un-c.

4 http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/About_BOEM/BOEM_Regions/.Alaska_Re.

5 http://democrats.naturalresources.house.gov/sites/democrats.naturalresou.

6 www.e ia.gov/ today inenergy/deta i l .fm?id=17311

7 www.artberman.com/saudi-arabias-oil-price-war-is-with-stupid-money.

8 http://www.thisismoney.co.uk/money/mar-kets/article-3078520/Shell-braves.

9 http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/03/17/nouvelle-chute-en-2013-de-la-p.

Se abre el grifo petrolero en el Ártico

energ ía y ambien te

Nº 128, mayo de 2015 11

Sharan Burrow

secretaria general de la csi

Kumi Naidoo

deFensor de derechos hUmanos y director eJecUtiVo internacional de la organización

ecologista greenpeace

El calentamiento del planeta es un desafío de tales dimen-siones que solo colaborando podemos hacerle frente. Ante la próxima Cumbre sobre el

Clima de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en diciembre en París, no podemos permitirnos seguir confiando a ciegas en los responsables políticos para que logren un avance decisivo.Debemos propiciar el cambio de abajo hacia arriba. Hoy, cientos de miles de personas de todo el mundo están tomando conciencia de su capacidad para formar parte de un movimiento climático pujante.Es evidente que el activismo medioam-biental, por sí solo, resulta insuficiente para cambiar las estructuras de la econo-mía mundial. Como cualquier transición relevante, el cambio requiere una amplia participación de la sociedad civil.El éxito de la lucha contra el cambio cli-mático pasa por que dejemos la mayoría de las reservas de combustibles fósiles no utilizadas, confinadas de forma segura bajo tierra. Debemos actuar con rapidez y poner todo nuestro peso conjunto para propiciar una revolución de las energías renovables.Para avanzar debemos incluir la “justicia energética” entre los factores de la ecuación.Los trabajadores y trabajadoras de las industrias de los combustibles fósiles, por destacar sólo un ejemplo flagrante, están preocupados por las implicaciones que tendrá la transición hacia una energía no contaminante.Ellos, como millones de trabajadores y trabajadoras de industrias afines, deben formar parte de lo que denominamos una “transición justa”.

El ejemplo de la sociedad civil noruega

Las economías dependientes de los com-bustibles fósiles son las que tienen por de-lante un mayor desafío. Sin embargo, en la Noruega rica en petróleo, se ha forjado una nueva alianza, denominada Puente hacia el futuro, que podría dejar una huella global.Por primera vez en la historia de este país, el movimiento ecologista está cooperando activamente con los principales sindicatos y con la iglesia noruega.Es motivador saber que los representantes de estos pilares de la sociedad civil están hablando con una sola voz.

Si queremos lograr un cambio sistémico necesitamos reproducir alianzas similares en todo el mundo.Las alianzas entre intereses diversos ya demostraron su importancia en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, así como en la defensa de los derechos de los tra-bajadores y en obtener el derecho al voto para la mujer.Ahora, en Noruega, hay una alianza que apuesta por una transición justa hacia un mundo de prosperidad para todos y para todas, en el que no se destruya nuestro medio ambiente.Los sindicalistas noruegos se han sumado a la llamada para defender una transición hacia la economía renovable y los defenso-res del medio ambiente se están uniendo a la reivindicación de una transición hacia la energía renovable, equitativa para todas las personas que hoy están empleadas en el sector de los combustibles fósiles. Por su parte, la iglesia considera esencial la tran-sición desde el punto de vista ético.El amplio consenso y el respeto demostra-dos por esta alianza nos llenan de esperan-za y nos recuerdan claramente lo que viene faltando desde hace demasiado tiempo en el debate sobre el clima.Aunque la sociedad impulsada por las energías renovables será distinta en algu-nos aspectos, sabemos que los sectores industriales de hoy –energía, construcción, transporte, manufactura, agricultura, ser-vicios, entre muchos otros– continuarán funcionando mañana.Por ello, en ausencia de una planificación de una transición justa, que cuente con la participación de los trabajadores y trabaja-doras, el cambio podría provocar trastornos e incluso sufrimientos innecesarios.Hay quien teme perder su empleo y por eso defiende la economía actual, a pesar de todas sus desigualdades. Es preciso airear estos miedos.Nuestra tarea consiste en convencer a la gente de que una sociedad capaz de

responder a sus necesidades energéticas mediante energías renovables ofrecerá empleos decentes. Millones de empleos.La Organización Internacional del Trabajo ha demostrado que las políticas que facilitan la transición energética crean empleos y que combinar el desarrollo económico con la mejora medioambiental puede llevar a la creación de hasta 60 millones de empleos.Este mensaje brilla por su ausencia entre los responsables políticos noruegos.En una reciente conferencia de la alianza climática de la sociedad civil noruega, tan-to el dirigente laborista, Jonas Gahr Støre, como el del Partido Conservador, Nikolai Astrup, explicaron que sus políticas climáti-cas se basan en gran medida en las fuerzas del mercado y en las futuras variaciones de los precios mundiales del carbono.Ningún responsable político mencionó la necesidad de una “transición justa”, de po-líticas básicas de apoyo a los trabajadores y sus comunidades, o de inversiones para reverdecer todos los empleos.

La necesidad de reorientar el debate sobre el cambio climático

Progresar hacia la solución del cambio cli-mático incumbe a los activistas de base de todas las ideologías. El debate lleva dema-siado tiempo dominado por el debate polí-tico y encorsetado en los estrechos límites de los conocimientos aceptados.Debemos reorientar el debate: frenar el cambio climático no es una cuestión de “reducir emisiones”, en abstracto, sino del futuro que queremos para nuestras ciu-

dades y comunidades, de cómo, de una forma justa, podemos sustituir los empleos existentes por empleos verdes y distribuir las ventajas de la prosperidad.La alianza entre los tres pilares de la socie-dad civil noruega sienta las bases para una campaña común en defensa de la disminu-ción de la dependencia del petróleo, por la creación de empleos respetuosos con el clima y la reasignación del inmenso fondo del petróleo que posee Noruega hacia la in-versión en energías renovables, en lugar de seguir invirtiendo en combustibles fósiles.

Si bien la alianza se sustenta en la preocu-pación común acerca del cambio climático, su construcción no ha sido un camino de rosas. Fueron necesarios años de esfuerzo para afianzar gradualmente la confianza y la aceptación de las diferencias en los valores y enfoques.

Y ahora puede servir de prototipo para engendrar coaliciones similares en toda la sociedad civil.

El modelo noruego de cooperación y su enfoque abierto, equitativo y respetuoso puede inspirar a ONG, sindicatos y grupos confesionales de todo el mundo.

No podemos olvidar lo que está en juego: no habrá empleo en un planeta muerto.

Se agotó la paciencia de la sociedad civil con los líderes que desperdiciaron inconta-bles oportunidades de encabezar la lucha contra cambio climático.La Cumbre sobre el Clima de la ONU del próximo diciembre será un momento de in-flexión para la transición justa hacia un mundo alimentado por energías limpias y eficientes.

La sociedad civil tenderá un puente hacia un futuro climático seguro

medioambien te

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12 Nº 128, mayo de 2015

Carmen Pico

analista de la ens

Diferentes Estados en el mundo en sus Sistemas de Seguridad Social han recono-cido procedimientos especia-les (pensiones de jubilación

anticipada) para trabajadores que realizan labores que causan deterioro de la salud, o constituyen riesgo para su integridad física o psíquica, producen enfermedades con más frecuencia que otros trabajos, o disminuyen la expectativa de vida de quienes las realizan. Son los oficios reco-nocidos como de naturaleza penosa, sucia, peligrosa, tóxica, insalubre. En Colombia dichos oficios se denominan “actividades de alto riesgo”.

En el Convenio 128 de 1967 la misma OIT recomendó la pensión de jubilación anticipada para estas personas. Dice así: “Deberá ser reducida la edad de jubilación para las personas que hayan estado traba-jando en labores consideradas por la legis-lación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez”.

Para dichas labores el Sistema de Protección Social de Colombia ha reconocido un régi-men especial de pensión de vejez, que consiste en la disminución del tiempo de exposición a condiciones de trabajo de alto riesgo, mediante el acceso a una pensión de jubilación anticipada, mediante el Decreto 2090 de 2003, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2014.

Las centrales sindicales y sus sindicatos filiales presentaron argumentos y estudios para respaldar la continuidad de dicho derecho de pensión y la posibilidad de su ampliación a otras actividades nuevas. Así fue como mediante el Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014 se logró la prórroga de la norma por otros años 10 años, pero solo para las actividades de alto riesgo consagradas en el decreto 2090. Es decir no se amplió la cobertura de este derecho.

Por tanto, solo se reconocen como activi-dades de alto riesgo las consagradas en el Decreto 2090 del 26 de julio de 2003, entendidas como aquellas que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida del trabajador, inde-pendientemente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo, es decir que no se presente enfermedad o accidente laboral.

Así las cosas, las actividades de alto riesgo reconocidas son:

• En minería que impliquen prestar los servicios en socavones o en subterrá-neos.

• Que impliquen exposición a tempera-turas por encima de los valores límites permisibles, determinados por las nor-mas técnicas de salud ocupacional.

• Con exposiciones ionizantes. • Con exposición a sustancias compro-

badamente cancerígenas. • En la Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de contro-ladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.

• En los Cuerpos de Bomberos, la ac-tividad relacionada con la función es-pecífica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

• En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo que ejecu-ten dicha labor.

Este sistema especial solo opera en el régimen de prima media, por lo que el de-creto consagra que el empleador tiene la obligación, con Colpensiones únicamente, de cotizar por cada trabajador un 10% adi-cional al monto normal de cotización para pensión por vejez.

Los problemas y las necesidadesA pesar de la prórroga del decreto 2090, no se han resuelto los diferentes problemas que hoy enfrenta el desarrollo del derecho de pensión anticipada, que son:

1. Continúa un límite de tiempo de vigencia de dicho régimen especial. Puesto que fue prorrogado nuevamente por 10 años sin claridad de garantía de continuidad. Es decir, se puede estar abonando el camino para la desaparición de dicha pensión en los próximos 5 a 10 años.

2. El no pago de la cotización especial: un número importante de empresas o empresarios, ya sea por negligencia o desconocimiento, no reconoce las activi-dades que desarrolla como de alto ries-go, aún las contempladas en el decreto 2090 de 2003. Por tanto tales activida-des no existen para estas empresas, ni para las estadísticas, ni para la cotiza-ción especial, y mucho menos para las actividades de promoción y prevención

en salud laboral. Además Colpensiones y el Ministerio del Trabajo desconocen a cuántos trabajadores se les reconoce como de actividad de este tipo. Así mis-mo, el fondo de pensiones no realiza los cobros especiales correspondientes en forma efectiva, pese a que cuenta con normas y facultades para desarrollar acciones legales de recobro.

3. Un número importante de trabajadores están expuestos a actividades de alto riesgos y no se conoce su situación. Hoy hay más de 400.000 trabajadores expuestos a actividades de alto riesgos, pero no se conocen si están siendo protegidos y son beneficiarios de este derecho a través, no solo de los progra-

Población Potencial de Trabajadores en Alto Riesgo –AAR- Total Población AAR

Mineros Potencialmente Afectados 214000Trabajadores/as de salud Radiología 4920

Trabajadores de la Industria del Petróleo 27.370

Trabajadores Industriales Potencialmente Afectados (Químicos, pinturas) 110932Bomberos 22000Trabajadores INPEC Custodia y vigilancia 12072Controladores Aéreos (Aproximado) 690Total 401.974

La prórroga por 10 años para personas que realizan oficios de alto riesgo

El derecho de pensión anticipadaEs un logro de la presión del movimiento sindical. Dificultades en la aplicación de este derecho y propuestas para mejorarlo

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Nº 128, mayo de 2015 13

mas de prevención, sino de la cotización especial y adicional del 10%. Estos tra-bajadores se distribuyen así:

4. El no reconocer como trabajos de alto riesgo a las mismas actividades con-templadas en el decreto 2090 de 2003 cuando se interpreta equivocada e ilegalmente que dichas actividades no superan los rangos de los TLV (valores límites permisibles en el trabajo). Este camino para el no reconocimiento ha ganado adeptos empresariales, que lo justifican aduciendo que no existe o no se configura como actividad de alto riesgo cuando no se superan los valores límites permitidos o permisibles; o sea haciendo una interpretación en donde no existe la posibilidad de interpretar, puesto que la norma no plantea la exis-tencia de los límites permisibles para el reconocimiento de las actividades con-templadas en el decreto 2090 de 2003 como de alto riesgo, y en especial des-conociendo las normas técnicas y cientí-ficas que plantean que la sola existencia de la condición de trabajo disminuye la expectativa de vida saludable durante o posterior a la vida laboral.

5. La baja o casi nula inspección laboral en materia de riesgos laborales, y en particular en seguimiento y vigilancia de las actividades de alto riesgo.

6. La aparición de nuevos procesos in-dustriales y laborales como producto de las transformaciones del mundo del trabajo, que se pueden considerar como trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, los cuales no han sido estudiados en sus consecuencias como de alto ries-go, y por tanto están causando dis-minución de la expectativa de vida de trabajadores(as). Es el caso del trabajo en redes de alto espectro o procesos de nanotecnología, muy poco estudiados en el país.

7. Ausencia de estudios científicos y téc-nicos, así como de un procedimiento práctico y científico que permita la vigi-lancia y actualización de los procesos laborales, tradicionales o nuevos, que se podrían reconocer como actividad de alto riesgo.

8. El desconocimiento de las y los tra-bajadores, y de las organizaciones sindicales, del derecho que tienen de disfrute de la pensión especial de ve-jez por estar laborando en Actividades de Alto Riesgo, así como la forma de prevenir las consecuencias por traba-jar en ellas.

Nueve propuestas para mejorar el derecho de pensión por riesgos:

Frente al panorama anteriormente descrito, planteamos estas 9 propuestas:

1. Fortalecer las medidas de promoción y prevención en forma prioritaria, indepen-diente del reconocimiento de una pensión anticipada. En otras palabras: la peligro-sidad, insalubridad o toxicidad debe en principio evitarse del todo y completamen-te, no basta con reducirse, puesto que su sola presencia posibilita la disminución de

la expectativa de vida, especialmente la poslaboral, por ejemplo el riesgo cancerí-geno. En diciembre del 2014 no estaban afiliados a Riesgos Laborales un 24% de los trabajadores mineros.

2. Desaparición del límite de tiempo del Régimen Especial de Pensiones Especiales para las actividades de alto riesgo. Este siempre deberá cubrir a las y los trabajadores vinculados a activida-des que impliquen disminución de su expectativa de vida saludable posterior a la laboral. Si la actividad no acaba, tampoco debe acabarse la norma ni el derecho que los protege.

3. Establecer un procedimiento para el reconocimiento de nuevas actividades de alto riesgo. Deberá contar con el desarrollo de estudios técnicos y cien-tíficos reconocidos por el Ministerio de Salud, y con el concepto de las y los trabajadores. Para ello se propone el establecimiento de una comisión po-lítica–técnica (gobierno, Estado y tra-bajadores) con la participación de los sindicatos implicados.

4. Ratificar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de agosto de 2013, en el sentido de que si de-muestra en el proceso que la actividad del trabajador(a) corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido su deber de la cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las con-secuencias de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones, una vez satisfechos los demás requisitos lega-

les, debe reconocer la pensión especial de vejez. Esto sin perjuicio de que la administradora de pensiones pueda reclamar al empleador el cubrimiento del faltante al aporte especial que no realizó, en los términos que prevea la ley, o que el juez lo imponga por tratarse de una obligación legal.

5. Fortalecer la inspección de trabajo especializada para la vigilancia de las actividades de alto riesgo. No sólo en sentido de la promoción y prevención de mejores condiciones de trabajo para que efectivamente no se acorte la expectati-va de vida de los y las trabajadoras, sino también para el control del pago y cobro de la cotización especial para la pensión de vejez. Esto a través de la “Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en materia de Riesgos Laborales”, y el Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo contemplado en la Ley 1562 del 2012 en su artículo 32.

6. Programas especiales de promoción y prevención de desgaste por actividades de alto riesgo. Definir con precisión la obligación a los empleadores del de-sarrollo de programas y sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral especiales que incluyan programas de formación en estos temas.

7. El Fondo de Pensiones Colpensiones debe estructurar una dependencia téc-nica–política sobre el régimen especial de pensión de vejez por alto riesgo, con el fin de especializar a una instancia técnica encargada de garantizar la afi-liación y pago de los aportes adicionales

por parte de los empleadores, así como llevar a cabo los estudios actuariales frente a la solvencia de este pago.

8. Las Administradoras de Riesgos Labo-rales y los Ministerios de Trabajo y de Salud, deben cumplir con sus responsa-bilidades de promoción y prevención, por tanto deben contribuir a garantizar que se cumpla a cabalidad con dichas medidas, con especial énfasis en las empresas de clase de riesgo IV y V, y en empresas con actividades consideradas como de alto riesgo, como lo contempla la Ley 1562 del 2012 en su artículo 90.

9. Realizar estudios especializados, no solo actuariales si no de corte científico-técnico, que permitan hacer un balance del estado actual del régimen de pen-sión especial de vejez por actividades de alto riesgo, de la relación del número de trabajadores afiliados frente a los que deberían estarlo, condiciones de prevención implementadas, estado de la jurisprudencia y estrategias para hacer cumplir las normas existentes en mate-ria de afiliación y prevención, papel que le cabe a cada uno de los actores: em-presas, ARL, Colpensiones y Ministerios de Salud y Trabajo.

Ante la demanda al decreto 2090 de 2003 por parte de los empresarios a través de la ANDI, es menester que el movimiento sindical colombiano tome las banderas, con acciones de formación, investigación y acciones de asesoría y denuncias para la defensa y promoción del derecho de pensión especial de vejez por alto riesgo.

M I G U E L A P A R D O

E L I S A A R T N I S

Z A G U A N O R B E S

A Q O A E M M A P A

L E R U A L L E A E P O P

U N G I D O V E N D A R A S

I C O N O P A R A I S O O

S A L A R I O I T O N n N

A L L A N T I C I P A D O S

G L A U C O N E A S O M A

R E S T I C A S P R E S O S

U C C O E T A N E O S

B I S N N N A R D O

E D A D T R A S Y R

R A M I R E Z A C T A

9 5 8 6 2 7 4 3 1

4 7 2 5 1 3 9 8 6

3 1 6 4 8 9 5 2 7

8 2 5 1 3 4 7 6 9

6 9 1 2 7 5 3 4 8

7 4 3 8 9 6 2 1 5

5 6 7 3 4 1 8 9 2

1 8 4 9 5 2 6 7 3

2 3 9 7 6 8 1 5 4

3 9 6 5 1 8 2 4 7

7 4 2 9 6 3 1 5 8

8 1 5 2 4 7 3 6 9

9 7 1 6 2 4 8 3 5

6 8 3 7 5 9 4 2 1

2 5 4 3 8 1 9 7 6

1 2 8 4 7 6 5 9 3

5 6 9 8 3 2 7 1 4

4 3 7 1 9 5 6 8 2

5 2 1 8 9 3 4 6 7

3 6 9 5 7 4 2 8 1

4 8 7 1 2 6 5 3 9

1 7 5 3 4 8 6 9 2

6 9 8 2 1 5 3 7 4

2 4 3 9 6 7 8 1 5

7 5 2 6 8 9 1 4 3

8 3 4 7 5 1 9 2 6

9 1 6 4 3 2 7 5 8

SoLUcioNES sudokus y crucigrama / mayo

Temáticas:

1.Avances, retrocesos y perspectivas de la nueva Ley Estatutaria de Salud

2.Experiencia de la Bogotá Humana: re-cuperación y administración exitosa de la red pública de salud.

3.Experiencia del municipio de Cajicá en la operación privada del Hospital.

Ventajas de la operación pública del Hospital de II y III nivel.

4.Estado de ejecución del Proyecto del Hospital Regional y escenarios para su operación.

Mayo 30 de 2015, a partir de las 8:30 a.m.

Lugar: Salón J.A.C. Barrio Algarra Zipaquirá carrera 11 calle 6.

Convocantes:

Asociación Diálogos de Ciudad, CUT Bogotá-Cundinamarca, CUT Sabana

Norte, Sindess Cundinamarca, Anthoc Cundinamarca, Sintravidricol,

Sinaltrainbec (Cajicá, Tocancipá y Cogua), Sintrapulcar (Cajicá, Tocancipá

y Gachancipá), Sintrametal (Cajicá y Tocancipá), Industriall

FOROPresente y futuro de la salud en Zipaquira y la Sabana Norte

A propósito de la construcción del nuevo Hospital Regional de nivel III y IV

14 Nº 128, mayo de 2015

OIT Noticias

Sólo una cuarta parte de los tra-bajadores del mundo tiene una relación de empleo estable, según un nuevo informe de la Organización Internacional

del Trabajo.

El informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015 (Weso, en inglés) muestra que, en los países de los cuales se dispone de datos (que abarcan 84 por ciento de la po-blación activa del mundo), tres cuartas partes de los trabajadores están empleados ya sea con contratos temporales o a corto plazo, en empleos informales con frecuencia sin ningún contrato, como cuentapropistas o en empre-sas familiares sin remuneración.

Más de 60 por ciento de todos los trabaja-dores carece de cualquier tipo de contrato de trabajo; la mayoría de ellos están em-pleados en trabajos por cuenta propia o como trabajadores familiares auxiliares en el mundo en desarrollo. Sin embargo, aún entre los trabajadores asalariados, menos de la mitad (42 por ciento) tiene un contrato permanente.

La primera edición de este nuevo infor-me anual, titulado El empleo en plena mutación, muestra que si bien el trabajo remunerado y asalariado está aumentan-do en el mundo, aún representa sólo la mitad del empleo mundial, con grandes diferencias entre regiones. Por ejemplo, en las economías desarrolladas y en Europa Central y Sudoriental, alrededor de ocho de cada diez trabajadores están empleados, mientras que en Asia Meridional y África Subsahariana la cifra es dos de cada diez aproximadamente.

Otra tendencia actual es el incremento del trabajo a tiempo parcial, sobre todo entre las mujeres jóvenes. En la mayoría de los países con información disponible, los em-pleos a tiempo parcial crecieron con mayor rapidez que los empleos a tiempo completo entre 2009 y 2013.

“Estos nuevos datos indican un mundo de trabajo cada vez más diversificado. En algunos casos, las formas atípicas de empleo pueden ayudar a las personas a ingresar en el mercado laboral. Pero es-tas tendencias emergentes son también el reflejo de la inseguridad generalizada que afecta a muchos trabajadores en el mundo hoy día”, declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder.

“El cambio que estamos observando, de relaciones de empleo tradicionales a un número mayor de formas de empleo atí-picas, en muchos casos está relacionado con el aumento de la desigualdad y de las tasas de pobreza en muchos países”, agregó Ryder. “Además, estas tendencias amenazan con perpetuar el círculo vicioso de débil demanda mundial y lenta crea-ción de empleo que ha caracterizado a la economía mundial y a muchos mercados laborales durante el período posterior a la crisis”.

“El camino a seguir es garantizar que las políticas tomen en cuenta la evolución de la manera en que trabajamos en la actualidad. Esto significa estimular las oportunidades de inversión para impulsar

la creación de empleo y la productividad, y a la vez garantizar una seguridad de ingresos adecuada para todas los cate-gorías de trabajadores, no sólo para los que tienen contratos estables”, señaló Ryder.

Crecientes desigualdades

La desigualdad de ingresos está aumen-tando o sigue siendo elevada en la ma-yoría de los países, una tendencia que se está agravando con el incremento de la incidencia de las formas de trabajo no permanentes, el crecimiento del desem-pleo y de la inactividad. La brecha sala-rial entre trabajadores permanentes y no permanentes ha aumentado a lo largo de la última década.

El informe constata que a pesar de los pasos positivos que se han dado hacia la ampliación de la cobertura de pensiones, la protección social –como las prestaciones de desempleo– sigue estando disponible principalmente para los trabajadores re-gulares. Para los trabajadores por cuenta propia, hasta las pensiones son exiguas: en 2013, sólo 16 por ciento de esta categoría de trabajadores contribuían a un régimen de pensiones.

La regulación del trabajo es importante

De acuerdo con los autores del informe, existe un reconocimiento cada vez mayor de que la regulación del trabajo es necesa-ria para proteger a los trabajadores –sobre

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015

OIT alerta sobre la extensión de la inseguridad en el mercado laboral a nivel mundial

¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? Los contratos permanentes, ¿son la norma o la excepción? Descubra el nuevo informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015”.

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e m p l e o

Nº 128, mayo de 2015 15

todos aquellos en trabajos atípicos– contra el trato arbitrario o injusto y para permitir que se celebren contratos entre empleado-res y trabajadores.

A lo largo del tiempo, las leyes de protec-ción del empleo se han afianzado muy gradualmente, una tendencia común en la mayoría de los países y regiones.

Sin embargo, en Europa, se ha visto que la protección laboral ha disminuido de manera general a partir de 2008, cuando comenzó la crisis financiera mundial.

“La cuestión fundamental es concordar la regulación con un mercado laboral cada vez más diversificado”, declaró Raymond Torres, Director del Departamento de Investigación de la OIT y principal au-tor del informe. “Las regulaciones bien concebidas pueden apoyar tanto el cre-cimiento económico como la cohesión social”.

Las cadenas de aprovisionamiento mundiales

Por último, el informe analiza la creciente importancia de las cadenas de aprovisio-namiento mundiales en la configuración de algunos de los modelos de empleo e ingresos que se observan en los mercados laborales actualmente.

Una estimación basada en unos 40 países de los cuales se dispone de datos muestra que más de uno de cada cinco empleos en el mundo está vinculado a las cadenas de aprovisionamiento mundial, es decir, empleos que contribuyen a la producción de bienes y servicios que son consumidos o terminados de procesar en otros países.

El informe considera las políticas que pue-den apoyar a las cadenas de aprovisiona-miento mundial a aportar beneficios a las empresas y a las economías así como a los trabajadores, algo que no siempre ha sido así.

� A nivel mundial, el crecimiento del empleo se ha detenido a una tasa de alrededor de 1,4 por ciento anual desde 2011. En las economías de-sarrolladas y en la Unión Europea, el crecimiento del empleo desde 2008 ha registrado un promedio de 0,1 por ciento anual, frente a 0,9 por ciento entre 2000 y 2007. .

� Alrededor de 73 por ciento del déficit mundial de empleos en 2014 se debió a una disminución del empleo entre las mujeres, quienes constituyen sólo alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral del mundo. .

� El impacto directo del déficit mundial de empleos sobre la masa salarial agregada es substancial: corresponde a alrededor de 1.218 billones de dóla-res (millones de millones) en pérdida de salarios en el mundo. Esto equivale a alrededor de 1,2 por ciento del total de la producción anual mundial y a aproximadamente el 2 por ciento del consumo total a nivel mundial. .

� Además de la reducción de la masa salarial como consecuencia del déficit de empleos, un crecimiento más lento de los salarios también ha tenido un impacto sobre la masa salarial agre-gada. Por ejemplo, en las economías desarrolladas y en la Unión Europea, un crecimiento más lento de los sala-rios durante el período de la crisis y de la post crisis corresponden a una reducción de 485.000 millones de dó-lares en la masa salarial agregada de la región en 2013.

� Debido a los efectos multiplicadores de salarios, consumos y niveles de inversión más altos, colmar el déficit de empleo aportaría 3,7 billones de dólares (millones de millones) al PIB global, el equivalente a un aumento de 3,6 por ciento de la producción mundial.

� En 86 países, que abarcan 65 por ciento del empleo mundial, más de 17 por ciento de las personas em-pleadas, trabajaban con un contrato a tiempo parcial de menos de 30 horas por semana. El número de mujeres en empleo a tiempo parcial se situó en 24 por ciento frente a 12,4 por ciento para los hombres. .

� En 40 países (que representan de dos terceras partes de la fuerza laboral), 453 millones de personas estaban empleadas en las cadenas de apro-visionamiento mundial en 2013, en comparación con 296 millones en 1995. Esto representa una proporción de 20,6 por ciento del empleo total en los países de referencia, frente a 16,4 por ciento en 1995. .

� A nivel mundial, 52 por ciento de los empleados están afiliados a un régimen de pensión, frente a 16 por ciento de los trabajadores por cuenta propia. .

� Cerca de 80 por ciento de los emplea-dos con un contrato permanente con-tribuyen actualmente con un régimen de pensión, frente a poco más de la mitad (51 por ciento) de los emplea-dos con contratos temporales. .

Luis Doncel

Berlín 10 de mayo de 2015 tomado de elpais.com

El milagro alemán guarda unos cuan-tos cadáveres en el armario. Las cifras récord de empleo y las saneadísimas cuentas públicas que exhibe la primera economía europea tienen su reverso en una desigualdad en niveles máximos, un porcentaje creciente de la población que queda por debajo del umbral de pobreza, y el número cada vez mayor de trabaja-dores —dos millones el año pasado, un 13% más que en 2011— que para llegar a fin de mes necesitan dos o incluso más empleos. “Nunca la diferencia entre ricos y pobres había sido tan grande en este país”, sintetiza Ulrich Schneider, geren-te del Paritätischen Wohlfahrtsverband, una organización que engloba a más de 10.000 ONG que operan en toda Alemania.Schneider recibe en uno de esos lumi-nosos y modernos despachos que tanto abundan en el centro de Berlín. Pero su discurso difiere bastante del habitual entre gran parte de los políticos y empresarios de la capital alemana. “Es cierto que esta-mos en niveles récord del número de ocu-pados. Pero también que cada vez nos encontramos con más gente que entra en la categoría de ‘trabajadores pobres’. Y hay que tener en cuenta que las esta-dísticas de empleo incluyen a 7,5 millones de personas con un minijob”, asegura.Las estadísticas dan la razón a Schneider. En los últimos 15 años no solo han caído los ingresos disponibles de las familias. El reparto de la riqueza también se ha hecho más desigual. “La desigualdad es el gran reto al que se enfrenta Alemania en los próximos años. Es un problema

que además, lejos de ir solucionándose, se va a agravar en el futuro”, asegura el economista Marcel Fratzscher, presidente del prestigioso think-tank DIW.Alemania se ha acercado en los últimos años a los países industrializados más desiguales en el reparto de los ingresos, quedando aún a una distancia consi-derable de EE UU o Reino Unido. Pero en lo que sí es campeona la locomotora europea es en la disparidad de la rique-za que acumulan sus ciudadanos más ricos y más pobres. Un estudio del DIW publicado el año pasado mostraba que ningún otro país de la eurozona muestra una diferencia tan grande entre el patri-monio de unos y otros. Este resultado se explica en parte porque la propiedad de la vivienda no está tan extendida como en países como España.Una de las virtudes del Paritätischen Wohlfahrtsverband es que, de vez en cuando, consigue abrir un debate al poner un espejo nada favorecedor a Alemania, un país acostumbrado en los últimos años a nadar en la autosatisfacción. Lo lograron hace un par de meses, cuando publicaron un informe en el que calculaban que el 15,5% de la población —unas 12,5 millo-nes de personas— viven por debajo del umbral de la pobreza.Schneider admite que estas cifras pueden ser equívocas, porque con el criterio de la UE —que considera como pobres a to-dos aquellos que tienen unos ingresos por debajo del 60% de la media— se incluye también a estudiantes o a personas que, por las circunstancias que sean, caen mo-mentáneamente por debajo de esa frontera del bienestar. Pero incluso deshaciéndose de estos grupos de población, las estadís-ticas muestran que un 10% de los alema-nes dependen de la asistencia social para llevar una vida digna.

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Otras tendencias y datos claves del informe

La cara oculta del éxito

económico

e m p l e o

16 Nº 128, mayo de 2015l u c h a s o c i a l

La recuperación de un territorio considerado “sagrado” por me-dio de la fuerza para imponer la creencia o fe perdida a quienes

se consideran ocupantes ilegítimos, re-presentan su invasión y una afrenta a dicha fe, es decir, lo que se conoce como cruzada, es como ha denomino a su polí-tica el director del Ipes para reinstaurar la creencia peñalosista de que la presencia de vendedores ambulantes en el espacio público agrede la estética y favorece la inseguridad del entorno urbano. Para realizar dicha tarea dotó a los funcionarios no del espíritu de la Bogotá Humana en cuanto a la inclusión social, promoción de la participación de la población objetivo de su labor misional y reconocimiento de sus derechos, sino que al mejor estilo del pro-curador Ordoñez bajo esta vieja consigna del espacio público “sagrado” le suministro a su equipo el espíritu de legión y anuncia públicamente con todos los “bombos y platillos” el inicio de la campaña.

La verdad es mucho más profana: convencida como está la dirección del Ipes de que el próximo alcalde no será ya de izquierda, hace todo lo necesario para pavi-mentar la llegada del nuevo de una política más agresiva de recuperación del espacio público que cuente con sus notables ser-vicios a esta causa. Regularmente en esta época los funcionarios comienzan a sufrir

una trasformación en sus creencias políti-cas que tiene como propósito conservar el puesto de trabajo y así hemos presencia-do que de “peñalosistas” se convierten en “luchistas” y estos en “samuelistas” y luego en “petristas”, para nuestro consuelo es la época en que al igual que el vendedor ambulante, aunque por razones distintas, tenemos la misma preocupación con rela-ción al puesto de trabajo.

Combinando las diversas formas de lucha, el “legalismo”, el clientelismo y la perversión del sentido y significado de las palabras y las cosas, el director del Ipes, mientras a los vendedores les dice que él no tiene que ver con el espacio público, a los medios de comunicación les informa de su cruzada, confunde el mandato cons-titucional de protección del derecho colec-tivo al uso y aprovechamiento del mismo cuya titularidad la tiene el ciudadano y se arroga como representante del Estado la titularidad del derecho y pretende darle lecciones de cultura ciudadana acerca de la forma como se ejerce el derecho, en fin, en su decisión de regresarnos a

los escenarios superados por la lucha de los vendedores ambulantes y la concerta-ción, que obedeciendo los mandatos de la Corte Constitucional desentrañaron el qué y cómo se le debe dar un trato social a un tema de armonización de derechos, el “pichón” de aprendiz de brujo solo le falta decir como decía su mentor político e ideológico Peñalosa, que es “la invasión del espacio público por parte de la venta ambulante la causa del desempleo, la que ahuyenta la inversión y deteriora la ciudad”.

Tampoco podía faltarle a dicha política, el rechazo a las expresiones organizativas de los trabajadores, el componente de dis-criminación y persecución a los sindicatos lo ha focalizado en la Ugti-CUT y en sus directivas, quienes han demostrado con sus propuestas, capacidad de unificar y movilizar a los vendedores ambulantes ser parte fundamental del proceso adelantado en la ciudad en los últimos tres lustros, participación que le irrita al “pichón” de director y que con su limitado conocimien-to de lo que significa lo social y su nula

Fundamentalismo oportunista del ipes

capacidad política para entender el papel del sindicalismo en la configuración de la democracia, hace lo que el tonto cuando se le muestra con el dedo la Luna: solo mira el dedo.

Hacemos un llamado al gobierno de la Bogotá Humana para que en forma urgente revise y redefina su política de espacio pú-blico y venta ambulante, pues no se trata de adelantar cruzadas por la recuperación del espacio público sino concertar políticas públicas que permitan el reconocimiento de la venta ambulante como una actividad social y económica cuyo escenario es el espacio público construido y que es en la organización donde puede encontrar verdaderas y adecuadas prácticas, y sos-tenibles soluciones.

También hacemos un llamado a toda la dirigencia de los vendedores ambulantes de Bogotá y el país a defender la venta am-bulante como un oficio digno que debe ser reconocido, reglamentado y apoyado por el Estado, porque los vendedores ambulantes no son delincuentes, son trabajadores.

Pedro Luis ramírez B., Presidente de uGti; aLfredo manchoLa r., fiscaL de uGti; aLfonso ahumada B., Pre-sidente cut BoGotá cundinamarca; carLos castañeda r., secretario

cut BoGotá cundinamarca

Regreso al fundamentalismo del espacio público “sagrado” y persecución a sus “profanadores”:

los vendedores ambulantes.

Las organizaciones sindicales que se encuentran nego-ciando el pliego unificado de solicitudes presentado al

Ministerio del Trabajo informan:Ante el fracaso de la negociación y

por la intransigencia y negligencia del equipo negociador del ministro, las or-ganizaciones sindicales decidieron de manera unilateral dar por terminada la etapa de arreglo directo mediante oficio radicado con el N0 78345 del 6 de mayo de 2015, suscrito por todos los negocia-dores de las organizaciones sindicales; lo que generó preocupación e inquietud por parte de la alta dirección, quienes ante una actividad sindical -Asamblea Informativa-, realizada en la sede del Ministerio del Trabajo ubicada en la Carrera 14 N0 99-33, el señor vicemi-nistro de Relaciones Laborales, doctor

COMUNICADO 003COMITÉ NACIONAL DE PARO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Enrique Borda, convocó a una reunión de acercamiento para el 12 de mayo, la cual se desarrolló de 2:00 de la tarde a las 11:00 de la noche, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Constitucionales. En esta reunión el minis-tro retomó los 24 puntos no acordados y presentó una propuesta normativa, misio-nal y sindical en la que no se tocaron los temas salariales ni prestacionales.

Ante esta situación y con la posición firme y unánime de los negociadores de las organizaciones sindicales, manifes-tamos nuestro desacuerdo al no tocarse los temas más importantes que son los salariales y prestacionales; al término de la misma el señor ministro del Trabajo propuso convocar una comisión integrada por representantes del Ministerio y por un negociador de cada organización sindical, para asistir al Ministerio de Hacienda y

Crédito Público con el objeto de buscar los recursos necesarios para la propuesta salarial.

En dicha reunión efectuada el 13 de mayo de 2015 en el despacho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los repre-sentantes de los Ministerios del Trabajo y Hacienda se comprometieron a hacer un estudio técnico exprés de viabilidad pre-supuestal para la nivelación salarial en un término máximo de 4 días, resultado que será presentado al ministro del Trabajo el 20 de mayo de 2015.

Es importante precisar que el grupo negociador no ha suscrito acta alguna que comprometa los intereses de los funcionarios de este Ministerio, ni se ha llegado a ningún acuerdo en materia salarial.

Los negociadores en pie de lucha mantienen su posición beligerante de ir a

paro e informan que ya se fijó la hora 0, la cual se dará a conocer a los comités de paro y a los presidentes de Juntas Directivas en cada territorial y del nivel central oportunamente; se espera disci-plina sindical y la organización adecuada para dar inicio a la actividad una vez sea comunicada.

Compañeros, sea esta la oportunidad para agradecerles el apoyo brindado du-rante el proceso de votación y los resulta-dos obtenidos. Se llama a continuar con las actividades sindicales y asambleas informativas.

Comité Nacional de Paro

Sinaltraempros; Sinaltraseguridadsocial;

Sinalseguridadsocial; Asomintrabajo; Asoness; Colegio Nacional de

Inspectores de Trabajo

DECLARACIÓN

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18 Nº 128, mayo de 2015m e m o r i a

Jaime Beltrán S.

presidente mesa de patrimonio ancestral cUltUral de Usme

La hacienda El Carmen, con la denuncia en marzo de 2007 del hallazgo arqueológico se constituyó en un escenario de orga-nización social y abrió nuevos retos de

defensa del territorio, pensamiento de ciudad que integre de manera igualitaria la Ciudad Urbana con la Bogotá Rural de manera diferencial por sus condiciones socioeconómicas y culturales.Con esta denuncia se crea La Mesa por la Defensa Ancestral y Cultural de Usme. En cuatro círculos organizativos de trabajo, en más de 7 años y constante, persistente e insistente labor se logra que el ente territorial solicite la declara-toria como sitio de interés patrimonial mediante Resolución 096 -2014 del Icanh. La hacienda El Carmen debe configurarse como el escenario más importante de la ciudad siendo el primero declarado en Bogotá, pero más allá de la declaratoria es el lugar físico de encuentro social, de historia, memoria y formación territorial a partir del conocimiento, la educación, investi-gación, sopesando el pasado prehispánico de la Sabana y del país. El territorio ofrece un sinnúmero de estrategias que pueden confluir en un espacio de hábitat sos-tenible para el Distrito Capital, Las proyecciones la hacienda El Carmen es crear un museo de sitio, continuar con las investigaciones antropológicas, la socialización y formación de vigías del patrimo-nio avanzando a establecer la catedra del pasa-do prehispánico de Usme, pero configurándose como el Centro Latinoamericano de Arqueología y Antropología y, creación del mapa de Colombia con sus principales yacimientos arqueológicos, la importancia de la relación campo-ciudad, propuesta en el Sexto Foro Mundial de ONU Hábitat en Nápoles Italia, y ante el Laboratorio Internacional por Hábitat Popular en París en el mismo año. La confluencia de grandes proyec-ciones debe dinamizar socialmente el territorio local como centro de estudios sociales para el desarrollo local y de la ciudad, potencializando la conservación rural con sus campesinos.

La debilidad de esta proyección es la falta de en-tendimiento y comprensión de muchas personas, funcionarios públicos del gobierno, ambición de po-deres capitales económicos, sentido de pertenencia, pensamientos cortoplacistas, temores a enfrentar retos que cambien modelos de hacer formación de ciudadanía, que minimiza la asignación de recur-sos pero que también obstaculiza la gestión de la comunidad como garante de su propio desarrollo territorial. Un año después de la declaratoria es incierta la administración y ejecución de recursos y diseño de museo. A pesar de constantes pronunciamientos y propuestas desde el Mandato Ciudadano, no se definen los acuerdos populares y concertaciones acatadas por unos y desconociéndolas o no reco-nociéndolas por otros. La Mesa de Patrimonio Ancestral Cultural y Ambiental de Usme se propuso cuatro objetivos: La denuncia, la defensa, la propuesta, y la implementa-ción. Hoy es incertidumbre por el silencio y la falta de diálogo institucional y debates serios para albergar el futuro propuesto respetando la ciudadanía activa que gestó estos objetivos. A este distanciamiento podemos calificarlo como falta de compromiso, oscuros intereses, claridad y vicios, temores corpo-rativos, pero lo más relevante es la incapacidad de diálogo y coordinación interinstitucional que integre y responda a las propuestas de la comunidad. El hallazgo arqueológico tiene la capacidad de potencializar el desarrollo económico y social de la región y contribuir de manera objetiva en el aporte de memoria e historia educativa y formación del posconflicto.

La hacienda El Carmen:Hallazgo arqueológico de dimensiones continentales

Gustavo Petro visita la zona en compañia Fabián Sanabria, director del ICANH y Jaime Beltrán.

Nº 128, mayo de 2015 19s a l u d

Gerardo Herrera Barbosa

coordinador red salUd internacional de los serVicios púBlicos

Para el año 2003 la red de urgen-cias público-privada de Bogotá atendió 758.004, una media de 2.077 urgencias día; para el año

2006, el número de atenciones creció a 1.172.007, estableciéndose en una media de 3.211 día; en el último año según la SDS se atendieron una media de 3.250.000, es decir una media de 8.904 día.

Dentro de las causas se detectan, en-tre otras, la negligencia resolutiva de las EPS en otorgar citas de medicina general y especialistas, obligando que los pacien-

tes opten por buscar en los servicios de urgencias la puerta de entrada al sistema en las primeras etapas de la enfermedad, sobrepasando la capacidad instalada de los hospitales y clínicas.

La deficiencia de camas instaladas en la red pública-privada, con una sobreocu-pación de hasta el 300%, han establecido un panorama de tragedia en los hospitales de la ciudad, vulnerando de paso el dere-cho a la salud, empujando a los pacien-tes, no importando su edad, a tener que pernoctar en los pasillos, sillas y pisos de los hospitales en condiciones inhumanas, por días y hasta semanas, esperando una cama y una atención más digna.

Qué decir del drama que viven a diario los trabajadores de la salud, víctimas de

Camas PRIVADAS PUBLICAS TOTALAdultos 4381 75,% 1453 25% 5834Pediatria 1182 66% 617 34% 1799Obstetrica 527 58% 382 42% 909Cuidado intensivo adulto 704 86% 115 14% 819Cuidado intermedio neonatal 405 73% 148 27% 553Salud mental psiquiatria 317 69% 140 31% 457Cuidado intermedio adulto 316 79% 85 21% 401Cuidado intensivo neonatal 236 76% 76 24% 312Farmacodependencia 175 78% 50 22% 225Cuidado menta agudo 82 51% 79 49% 161Cuidado intensivo pediatrico 126 78% 35 22% 161Cuidado basico neonatal 67 66% 34 34% 101Cuidado internedio pediatrico 35 53% 31 47% 66Cuidado intermedio mental 44 77% 13 23% 57Quemados adultos 0 0 40 100% 40Quemados pediatricos 13 50% 13 50% 26Sds Total 8.610 72% 3.311 28% 11.921

colapsa la Red de Urgencias de Bogotá

La Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, Asemdep, el 20 de enero del año en curso, le comunicó al secretario general

de la Defensoría del Pueblo el estado de insalubridad y malos olores que presenta el Bloque B, lo cual viene afectando no solo la salud y el ambiente laboral de los servidores de las Regionales Bogotá y Cundinamarca sino también a los ciuda-danos que acuden a la entidad para que se les preste algún servicio.

Para los servidores al servicio de la entidad y para los usuarios, en algu-nos casos menores de edad, que llegan a la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca se han vuelto inaguantables estos olores hediondos, afectando la sa-lud, ocasionando problemas respiratorios, diarrea y otros.

agresiones por parte de los usuarios y pacientes, quienes mal piensan que los trabajadores de la salud, única cara visible del sistema, son los responsables de las dolencias de un aparato de salud en crisis.

A propósito del pasado día internacional de la enfermería, es oportuno reflexionar en las condiciones en que se está desa-rrollando esta importante labor, que intenta por parte de los trabajadores preservar la dignidad de los pacientes en medio de un sistema no garante y cada vez más lejano de su verdadero norte.

La situación de sobrecarga laboral en el personal de enfermería, obliga a que cada día se dispone de menos tiempo en la jor-nada laboral para atender a los pacientes en condiciones óptimas.

Un porcentaje muy alto de trabajado-res manifiestan que se sienten superados por la situación de manera muy frecuente, evidenciando síntomas de agotamiento emocional, tensión muscular, nerviosis-mo, temor, angustia o alteraciones del sueño.

En Bogotá, tres de cada cuatro trabaja-dores de la salud no cuentan con un con-trato estable; la enfermería, la población en salud más numerosa, sometida a múltiples riesgos en el ejercicio de su profesión, vive hoy un momento de los más difíciles como consecuencia de un sistema deficiente, en mora de ser ajustado de manera total, en pro de usuarios, pacientes y trabajadores de la salud.

Debido a este hecho, la organización sindical formuló queja ante la Secretaria de Salud de Bogotá, entidad que visitó estas instalaciones y luego de percatarse de la insalubridad y los problemas respiratorios de los funcionarios, ordenó el cierre tempo-ral del primer piso del Bloque B; situación que originó que los dos restantes pisos de este edificio fueran evacuados por sus funcionarios debido a los fuertes olores.

Este cierre temporal afecta la pres-tación del servicio de los usuarios que acuden a las Defensorías Regionales de Bogotá y Cundinamarca, en donde laboran aproximadamente 200 funciona-rios, dependen de estas 700 contratistas de prestación de servicios (Defensores Públicos) y acuden en busca de los servi-cios usuarios de Bogotá del departamento de Cundinamarca en promedio de 150 a 200 personas por día.

Secretaría de Salud cierra piso de la Defensoría del Pueblo

20 Nº 128, mayo de 2015m o v i l i d a d

Felipe Pineda Ruiz

pUBlicista del politécnico grancolomBiano, actiVista social y colaBorador de la

FUndación democracia hoy / @pineda0rUiz

La Bogotá versión 2015 inexora-blemente se ha convertido en un hervidero de pasiones políticas y descontento ciudadano. El aumento de los índices de victi-

mización o atracos callejeros, las percep-ciones crecientes de inseguridad sumados al colapso de la malla vial y de Transmilenio (TM), son algunos de los temas que can-didaturas de diversos matices de derecha empiezan a utilizar como trofeo electoral.

La aparición reciente del ministro de Defensa anunciando un aumento de 1.300 efectivos para TM (http://bit.ly/1bUtetW) y la irrupción de colectivos de jóvenes de clases medias y altas, quienes hacen su arribo a estaciones del sistema para ejercer acciones de “bullying” contra quienes se su-ben a los articulados sin pagar, que hacen eco en radio, prensa y televisión (http://bit.ly/1e5vZdo), nos avocan a una inevitable confrontación social y ciudadana entre candidaturas a la alcaldía con proyectos políticos no intercambiables.

No es una lectura apocalíptica: estamos ad portas de una pugna frontal entre los defensores de las políticas sociales eje-cutadas en Bogotá durante los últimos 12 años versus los auto denominados “buenos administradores”, quienes tienen en la mira el desmantelamiento del sistema de bien-

estar capitalino, el cuál favorece a más de un millón de habitantes de la ciudad.

Al salir de las superficies del debate en torno a las causas de fondo del colapso de TM, seguramente nos encontraremos frente a una pregunta que establece la discusión en aguas más profundas: ¿son esos millares de seres confinados a la miseria y la exclusión económica los ver-daderos “colados” de este masivo sistema de transporte?

Para ahondar en el tema, es necesario aus-cultar en el destino final de los ingresos de TM y determinar quiénes son los afectados reales de la famosa oleada de “colados”. Cuando en medio de esta andanada me-

Los verdaderos colados deTransmilenio

diática el interés privado quiere disfrazar-se de público, no debemos llamarnos a equívocos: existe una intención deliberada de eludir el debate sobre las jugosas ga-nancias que perciben las 9 familias que se llevan casi el 95% del recaudo del sistema.

El Distrito, dentro de esta leonina nego-ciación que actuó desde un principio en detrimento del erario distrital, corrió con los costos de operación de las estaciones, los pagos de nómina, el mantenimiento de los buses y lozas, así como las externalidades resultantes en la ejecución y funcionamien-to de las fases en construcción y las que se planean a futuro. Los operadores, a cam-bio, solo asumieron la compra de la flota inicial y futura de buses, casi a discreción.

La distribución porcentual de ingresos del sistema, vista en detalle, es la radiografía perfecta del inequitativo trato inicial que deja el 71,9% del total para los operadores de las troncales, el 13,9% para los operado-res de los alimentadores, 9,1% para los re-caudadores y 5 % para TM (cifras de 2013).

Una de las modalidades de cumplimiento que exige Transmilenio S.A. a los opera-dores del sistema, el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), les obliga a transportar un mínimo de 4,75 pasajeros por kilómetro en cada bus. Según cifras de 2013, el IPK que alcanza el sistema se acercaba a los 5,3 pasajeros.

Los consorcios a cargo de la flota han sabi-do capitalizar este indicador para movilizar una mayor cantidad de pasajeros, retra-sando significativamente las frecuencias

y la compra de nuevos buses articulados y biarticulados. Esto explica el colapso del sistema en horas pico así como y el caos en que se convierte la experiencia de estar dentro de las estaciones y los buses.

Desde el comienzo de TM, se puso en la mesa de negociación la premisa de que el sistema era una inversión sumamente riesgosa para los operadores pioneros. Han pasado 15 años desde aquel entonces y los tiempos de incertidumbre inicial terminaron hace más de una década. Sin embargo, aquel modelo de repartición de ingresos, a toda prueba inequitativo, se mantuvo.

A fin de cuentas, una lacónica conclusión: es un imperativo, de ahora en adelante, renegociar los contratos actuales para transferir parte de las ganancias a nuevos subsidios de transporte para estudiantes, discapacitados, personas de la tercera edad y afiliados al Sisben entre otros gru-pos poblacionales. En la actualidad, dichos subsidios son posibles gracias a la financia-ción directa de la Secretaría de Hacienda Distrital (estimados en 60.000 millones de pesos) y no producto del recaudo en pa-sajes de TM.

Otra opción a futuro, que pasa también por la renegociación, sería mantener los actuales porcentajes de distribución en TM, transfiriendo los costos de infraestructura y mantenimiento del sistema a los consorcios que se llevan casi el 95% de los ingresos operacionales para que, con toda la auto-ridad moral del caso, se atrevan a señalar a los “colados” en su Transmilenio privado.

Nº 128, mayo de 2015 21c r ó n i c a s

Paola Cervera Quintero

líder JUVenil

Alfonso Guevara es un cam-pesino desplazado del de-partamento del Tolima. Su tierra natal es el municipio de Icononzo. Hace 22 años en

medio de la más cruenta lucha entre guerri-llas y paramilitares se encontró en medio de las dos fuerzas encontradas. Si les servía a unos quedaba de blanco de los otros. Aguantó varios meses de tensión e incer-tidumbre. Su mujer todos los días le decía que lo iban a matar. No resistió la presión, vendió una vaca con su ternero, empacó lo poco que podía cargar y se vino para Bogotá en búsqueda de un futuro seguro.

Hoy es adulto mayor, y está lisiado. Un au-tomóvil lo atropelló en la avenida Caracas, frente al barrio 20 de Julio. Sus hijos están grandes, tienen familia, Todos los días le ofrecen comida y hospedaje en sus casas pero él prefiere pagar una pieza en el barrio Santafé, a 16 cuadras de donde trabaja, en el barrio La Soledad. “Me gusta la libertad y sentir que todavía me puedo mantener, toda mi vida he luchado y así moriré, lu-chando. Soy un campesino acostumbrado a sufrir y nada me hace mella”.

Su trabajo, que lo realiza en competencia con otros individuos más jóvenes pero con historias parecidas, consiste en ayudar a cuadrar los vehículos automotores de cientos de feligreses que con sus familias acuden a la Parroquia de San Alfonso en la carrera 28 con calle 38. Allí se realizan 7 misas diarias y son numerosos los creyen-tes que requieren de la ayuda de Alfonso y otros compañeros, que a lo largo de 5 cuadras se encargan de cuidar sus carros.

A las 5 de la mañana Alfonso y sus otros compañeros se ubican en sus respectivos territorios. Se disputan el privilegio de que un conductor o conductora aparque su ve-hículo en las calles cercanas a esa iglesia, en sitios especiales que los llamados “cívi-cos” han logrado disponer en acuerdo con los vecinos del sector, que saben que se invade el espacio público pero a la vez ven en ese servicio una especie de seguridad informal que surge en forma espontánea entre el dueño del vehículo, el cuidandero “cívico” y el propietario de las viviendas o edificios circunvecinos.

Todo el día Alfonso está atento a lo que ocurre en su cuadra. Ya es conocido y que-rido en el sector. Se apoya en una muleta que le ayuda con la renquera de su pierna derecha que le quedó lisiada por efecto del accidente. En muchas ocasiones algunas personas de servicio le regalan comida pero cuando ello no sucede debe pagar por una “sopita” que en los restaurantes cercanos le venden a un precio módico.

Así pasa todo el día. En medio del calor o del frío, la lluvia o el viento, la paciencia de los conductores o la intemperancia de algunos que ni siquiera le determinan su labor. Casi todos los días termina su labor al filo de las 10 de la noche. Se va a pie para su “rancho” como todavía le dice a su habitación en el barrio Santafé, donde convive con prostitutas, ladrones, viciosos de toda clase y todo tipo de personas, la mayoría trabajadores como él que encuen-tran en ese sector de la ciudad un lugar para pernoctar.

Son miles de personas que prestan ese servicio en Bogotá. No están contabilizadas ni aparecen en ningún registro del Distrito Capital. Su nombre de “cívicos” se lo co-locaron los taxistas. Con ellos se la llevan bien. La policía en general los acepta y muchos agentes los ven como unos alia-dos. Con lo que las personas les colaboran voluntariamente se sostienen, muchos de ellos, solos, pero los hay también que tie-nen familias por sostener.

Cada uno de ellos tiene su propia historia. La mayoría son campesinos desplaza-

dos por la violencia o por la necesidad. Constituyen una especie de voluntariado informal que hace parte de una infinidad de “trabajos” que la gente ha inventado para poder sobrevivir en una ciudad tan difícil pero a la vez tan vivible como Bogotá.

El caso de Alfonso, es solo uno de tantos de la economía popular, él con su forma de rebusque tiene independencia económica, pero está desprotegido por el Estado, jamás podrá tener una pensión para su vejez y el derecho a la salud lo tiene a través de su condición de vinculado, la más baja que ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que cobija a las personas que no pertenecen al régimen contributivo ni subsidiado. Si tiene una urgencia, los hos-pitales públicos lo atenderían en ese caso.

Este es un caso de la mal llamada “in-formalidad” llevada a los extremos. La consecuencia de un modelo de desarrollo deshumanizado. Son los resultados de la combinación en Colombia de un sistema que ha expulsado a millones de campesi-nos por medio de la violencia, la pobreza, el abandono estatal y la propaganda que ilusiona al poblador rural de poder hacer una vida más digna en las ciudades.

Son tragedias increíbles las que cada “cí-vico” tiene detrás. Pero a la vez son vidas heroicas por el solo hecho de sobrevivir. Alfonso es feliz diciendo que no depende

Aproximación a la economía popular

Los cívicos,rebuscadores de vida

de nadie. Que la gente lo quiere y le ayuda pero que él morirá libre, sin depender de nadie. Sus ojos brillan cuando recuerda su finca y su pasado feliz en su vereda de Icononzo antes de que la violencia lo obli-gara a desplazarse a la capital.

Hay un reto el día de hoy para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Ipes, conocer y reconocer las personas que están dentro de la “economía informal”, teniendo en cuenta sus oficios, las condi-ciones en las que trabajan y las motivacio-nes que los llevan a continuar en ellos. De esta manera se dignificarían sus vidas y la tradición que tiene cada labor desarrollada. En el rebusque se encuentran afectos, en el caso de Alfonso hacia su tierra, la añoranza que le inspira pensar en ella, la tristeza de no poder regresar y al tiempo la libertad que le ofrece la independencia económica que surge de su oficio que aunque humilde le provee de lo que necesita.

Aún hace falta mucho por hacer, pues aun-que las últimas administraciones distritales cuyos gobiernos son de izquierda demo-crática han avanzado respecto a la aten-ción institucional y el reconocimiento de la economía popular, este es un fenómeno gigante que merece especiales esfuerzos para atender dignamente a esta población e incentivar la labor de cada uno de ellos, por más humilde que esta sea.

22 Nº 128, mayo de 2015o p i n i ó n

Óscar Murillo Ramírez

historiador, UniVersidad nacional de colomBia / magister en ciencia política,

Flacso-ecUador

En el marco del proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc-EP, se ha hecho común el uso del término posconflicto.

¡Nada más errado! En realidad la demo-cracia, el sistema político mundialmente más extendido en el umbral del siglo XXI, es el método institucional formal e informal para zanjar los conflictos políticos que, de manera periódica e ineludible, se presentan en el seno de una sociedad.

La democracia, vista así, es la forma orga-nizada a través de la cual grupos de intere-ses colectivos o no compiten por el poder y cuyos inciertos resultados dependen tanto de sus propias acciones como de las con-tingencias coyunturales. Por ello, Adam Przeworski señaló que “(...) la democracia es un sistema en el cual algunos partidos pierden las elecciones”.

Si aceptamos la anterior definición, el esce-nario por naturaleza de esa confrontación en la cual hay ganadores y perdedores son las elecciones universales y periódi-cas para cargos públicos. ¡Ojo!, que no he usado el término escenario por engalanar: entiendo la política como el teatro públi-co en el cual un conjunto de actores que poseen gestualidad, discurso, y un marco escenográfico en el cual interactúan entre sí, se presentan como portavoces del in-terés general -o suponen serlo- frente a la sociedad organizada o no.

Las elecciones, al ser uno de los esce-narios de la democracia, también poseen reglas formales e informales. Las formales se expresan a través de un marco jurídico. Las informales, mucho más dinámicas, las he aprendido en el curso de algunos años a través de mi propia experiencia política. Intentaré definir por lo menos dos de ellas mediante la actual coyuntura para las elec-ciones a la alcaldía de Bogotá.

Gustavo Petro triunfó en octubre de 2011 gracias a dos razones: el desprestigió con el cual finalizó la administración de Samuel Moreno debido a los casos de corrupción a través del cartel de la contratación, y la división del Partido Verde luego de la alian-za entre Álvaro Uribe y Enrique Peñalosa, lo que a la postre resultó un lastre frente a una ciudad con voto de opinión fuerte. La habilidad de Petro, en esa coyuntura, fue justamente canalizar este descontento y presentarse como la vía intermedia entre estas dos opciones.

El anterior ejemplo permite definir con pre-cisión una de las reglas informales de las

elecciones: una campaña resulta exitosa o no en tanto logre interpretar efectivamente un sentimiento colectivo y se presente en el escenario como una opción creíble frente al conjunto de actores en competencia.

Para que esto ocurra, naturalmente, hay que corresponder a las expectativas de la agenda pública. En 2011, la corrupción, el empleo, entre otros, marcaban los in-tereses principales del electorado. En la actual coyuntura la seguridad, movilidad y gerencia pública para mantener una agen-da social consolidada en la ciudad, serán los temas claves. En la pasada campaña era rentable políticamente cabalgar sobre la corrupción de los Moreno Rojas. Hoy lo será ir al lomo de la curva ascendente que registran las encuestas respecto de la percepción negativa sobre la adminis-tración Petro.

Otra de las reglas informales es la len-ta conformación del escenario electoral versus la rapidez con la cual se define el actor principal. En términos más simples: tardamos más en saber quiénes serán efectivamente los candidatos que en sa-ber quién será el vencedor. Las campañas electorales son cada vez más cortas y se definen en un par de meses, pero la defini-ción de las candidaturas en contienda tarda no menos de un año.

La definición del escenario político actual inició, podría decirse, el 20 de marzo de 2014, día en que Rafael Pardo asumió en encargo la alcaldía mayor tras la destitución de Petro. Entre este instante y el final de la campaña presidencial en junio de ese año se inició, a la par con la reelección, la configuración de las próximas elecciones: Clara López, una vez pasada la primera vuelta, ofreció su respaldo a Juan Manuel Santos con el compromiso de mantener los diálogos de paz y a la vez se ubicó entre quienes compiten por la alcaldía de Bogotá gracias al desequilibrio a favor de Santos que supuso dicho apoyo.

Pardo oficializó su intención el 18 de junio del pasado año con el respaldo del Partido Liberal. La U ya ofreció acompañarlo luego de la pasada convención. Él es la expre-sión tangible de la recuperación liberal tras dos gobiernos Uribe, luego de ocupar el Ministerio del Trabajo en el primer periodo de Santos y tras los triunfos obtenidos por este partido en las elecciones regionales de 2011. Clara López es la candidata de un partido que realizó su IV Congreso Nacional, y en cuyo proceso pasó de 161 mil votos en la consulta de 2012 a 418 mil en la realizada el pasado abril. Sin embargo, habrá que esperar la definición del pulso hasta sostenido entre López y el senador Robledo.

El escenario se (in)completa con Francisco Santos, quien oficializó su candidatu-ra en septiembre pasado por el Centro Democrático, luego de la alta votación ob-tenida por Óscar Iván Zuluaga en Bogotá. Los Progresistas –o lo que queda de ellos- tienen de precandidatos a Holman Morris y María Mercedes Maldonado, pero sin una definición frente al mecanismo para dirimir. La Alianza Verde, a través de una encuesta, definió que Carlos Vicente de Roux será el candidato por sus filas y no es descartable una alianza con Clara a medida que avance la campaña.

A esta (in)definición del escenario electoral se sumó Enrique Peñalosa, quien buscará ser candidato mediante firmas, opción pre-visible si recordamos que en la asamblea

El teatro de la política

de la Alianza Verde en Bogotá del pasado 22 de noviembre, este salió abucheado por el progresismo que en el verde acompaña la administración de la Bogotá Humana.

Con 9 elecciones a cuestas de 13 realiza-das desde 1990, Peñalosa logró hacer de la novela de Santiago Gamboa su manual de vida: llevó en la pasada elección a Uribe al Partido Verde, lo dividió, expulsó de facto a Mockus, y allanó la victoria de Petro. ¡Cómo negarlo!: Perder es cuestión de método, y Peñalosa sí que sabe de eso. Con esta candidatura nuevamente se propone una proeza: favorecer a Uribe, el cual sabe que con Francisco Santos no tendrá chance y justo en un periodo en el que la presión judicial está cerrando el cerco; ayudar a Vargas Lleras, quien no gusta de Pardo e impulsó por ello a Carlos Fernando Galán a constituir Equipo por Bogotá; agrupar a la izquierda y parte del centro gracias a la polarización que genera la campaña anti-Clara que desarrollará.

De acuerdo con esta segunda regla infor-mal de las elecciones, no resulta extraño el que las encuestas registren un 22% de indecisos y 15% a favor del voto en blanco. Es claro, de acuerdo con esta lógica, que estos porcentajes sólo se inclinarán por una opción hasta tanto no se defina la compo-sición escenográfica en estas elecciones que no tienen nada totalmente definido y cuyos inciertos resultados pueden, aún, arrojar cambios, alianzas inesperadas y, ¿por qué no?, algunas sorpresas.

Nº 128, mayo de 2015 23

Arranca el sindicato,

revés

Nordeste

Esferas celestes

Marina Vaca

Número atómico 91

Unos tipos como Rin Rin Renacuajo

Caidas del Zarzo

Hace de fobia, un miedo a estar sin celular

Amante y segunda mujer de

Nerón, revésEncrespe

Hace famosa a María Mejía

La primera horizontal

Iniciales del Premio Nobel

de Paz de Costa Rica

Idolatría

Fajarás

Plan que negaron a Petro en el Concejo

El más allá con buen

clima

Cándido

El final del chiquito

Una que anda con la cabeza al revés

Nicaragua News NetworkNuestra señora del buen consejo

Muestra

Prefijo que aumenta la intensidad

Nordeste

Testamento original

Chiviados

Extinta central de Cuevas

Enrejados

La de los cohetes

Que tienen la misma edad

Tío vivo abusivo y peleón

Una víctima sin deudas

Lady popular

Planta que llaman vara de

San José

Rodríguez Zapatero

Detrás de o voz que imita el ruido de un

golpe

Yadira Rivas

La historia oficial

Amada deQuinta

Curtida como mano de campesino

¿Cómo se llama el presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, un maestro soplavientero que dirigió el más exitoso paro de los últimos años?

Con artículo incluido, árbol

cuyas hojas sirven de con-dimento, revés

Entrada de la casa

Anillos

Traga de Bee-thoven a la que dedicó una co nocida melo-dia para piano

Escogido

Imagen que representa un

objeto

Ingreso de un trabajador que

dura mucho menos que un

mes

Todo en inglés

Verde claro de los ojos

Sustracciones pequeñas

UribeCuestionado

Nota que obliga a

repetir

El tiempo de la gente

Frank, actor recién fallecido, de La estrategia

del caracol y María Cano

Es la política que se hace sin nobleza

Un dios en el Islam que no es Alá y que al revés es un exboxeador

Un tipo que le pone precio a las mujeres Común

Empresa de Agua y Alcantarillado

Ong que acaba con los borrachitos

Fórmula por la cual los maestros son medio ricos

Capturas

Renta Nacional Bruta (no es el ingreso de Gina Parody)

Apellido materno de Paulina Vega, la Miss Universo

Un excandi-dato a alcalde, excontralor, exrector de la Distrital, etc.

¿Cómo se llama el fiscal de la asociación de educadores del Distrito, un combativo gremio que lideró en Bogotá el paro de los maestros que demostró que “luchar sí paga”?

5 1 9 3 4 6

3 6 5 1

8 7 1 6 5 3

1 7 5 3 9

1 3

2 9 7 1

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3 7 9 2 6

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1 3

4 3 8 6 2

5 6 3

1 9 5 6 7

9 6 8

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S Complete cada tablero con los números del 1 al 9, de tal manera, que no se repitan en ninguna fila, columna ni en cada caja interna de 3x3.

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24 Nº 128, mayo de 2015cu l tu ra

La nación latinoamericana 16Del mundo colonial a la independencia

REtomando EL hiLo: El Memorial de Agravios sistematiza 300 años de historia. En este importantísimo documento se compendian las razones que llevaron a los criollos a levantarse contra España. Allí hay un aná-lisis de las clases sociales que participarán en la gesta independentista.

Pascual Amézquita Zárate

docente UniVersitario phd. en economía

El Memorial de Agravios (II)

Como quedó indicado, este texto del 20 de noviembre de 1809, redac-tado por Camilo Torres Tenorio y conocido como Representación del muy ilustre cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España, condensa la historia de iniquidades

perpetradas por España contra sus colonias america-nas, el pensamiento político que mostraba la necesi-dad de un nuevo orden institucional en estas tierras y la táctica que sus contemporáneos juzgaron la más adecuada para enfrentar los problemas.

Las ideas políticas en el Memorial

A lo largo de estas entregas se ha insistido en que la independencia americana tuvo como uno de sus fun-damentos el pensamiento de la burguesía en ascenso en el mundo, condensado en la Ilustración.

Punto esencial fue controvertir la teoría del origen divino del poder, es decir, la creencia de que los reyes debían su poder a una designación hecha desde los cielos. En cambio, se planteó que el poder es de origen muy terrenal, o sea surgido de la voluntad de los hombres.

Los cimientos de la ciencia política de la burguesía que luchaba contra los reyes se condensaron en im-portantes teóricos cuyos ecos se pueden encontrar en el Memorial de Agravios.

Así, en evidente reminiscencia al franco-helvético Juan Jacobo Rousseau, en el Memorial se indica que “la jus-ticia no puede subsistir sin la igualdad” a propósito del número desigual de representantes que asistirían a la Junta Central, pero que es dado extender a la pugna histórica de la burguesía en pro de la igualdad de todos los hombres, como quedó expresado en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789. También tiene origen en el pensamiento de Rousseau la afirmación de que “la ley es la expresión de la volun-tad general, y es preciso que el pueblo la manifieste”. Ambos aspectos son aportes del pensador europeo en sus razonamientos expuestos en El contrato social.

Otro filósofo de la época, el francés barón de Montesquieu, quien escribiera Del espíritu de las le-yes, otra de las obras que jugó papel importante en la lucha contra el absolutismo de los reyes se refleja en el Memorial, cuando se anota: “si [las américas] no ma-nifiestan su voluntad por medio de una representación competente y dignamente autorizada, la ley no es hecha para ellas, porque no tiene su sanción”. Esto pone de presente el concepto básico de la burguesía de que la ley debe ser aprobada por los representantes del pue-

blo en el parlamento para que tenga validez. Esta

tesis, como se entiende, riñe contra la práctica de que la ley derivaba su fuerza de la voluntad del rey.

Otro aspecto que planteó Montesquieu es que la ley no es igual en todos los países, sino que depende de las condiciones y circunstancias concretas como igualmente se lee en el Memorial: “Doce millones de hombres con distintas necesidades, en distintas circunstancias, bajo diversos climas, y con diversos intereses, necesitan de distintas leyes. Vosotros no las podéis hacer, nosotros nos las debemos dar”.

Finalmente, una buena síntesis de la teoría política revo-lucionaria de la burguesía se encuentra en este apartado, que recuerda no solo a los dos pensadores mencionados sino a un tercero que desempeño importante papel en la construcción de la civilidad en la Modernidad, el inglés John Locke:

“¿Teméis el influjo de la América en el gobierno? ¿Y por qué lo teméis? Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad”.

La táctica política

No hay duda de que en el Memorial de Agravios hay una muy bien sustentada argumentación a favor de la

independencia tanto desde el punto de vista de los apabullantes hechos como desde el de la teoría que reafirma esa necesidad.

Sorprende por ello que el Memorial no ponga en limpio la conclusión de llamar al levantamiento general sino que se vaya por el camino tortuoso de invitar al Rey a que se viniera a América a gobernar y que, de no hacerlo, ahí sí se seguiría el camino tomado por Quito, que desde el primer momento se declaró en rebeldía y en pie de guerra para lograr la independencia.

Puede suponerse que fue una hábil táctica de los criollos para arrastrar a más seguidores cuando se mostrara que al Rey no le interesaba venirse para América. O, también, puede concluirse que la frac-ción de la burguesía que tuvo a su cargo la historia en ese momento no tenía la fuerza para luchar por la independencia. Es posible afirmar que el estado de postración en que se encontraba América his-pánica se reflejaba también en una burguesía débil económica y políticamente que se sentía incapaz de gobernar.

Pero la respuesta del Rey nunca llegó y los hechos terminaron por imponer el camino de la abierta re-belión y de la guerra contra España.

A la izquierda, tapa de un libro sobre Camilo Torres. A la derecha, faccímil de una página del Memorial: Instrucción de la Villa del Socorro capital de la provincia de este nombre en la América meridional al Excelentí simo Señor Don Antonio Narváez y la Torre, diputado por el Nuevo Reino de Granada para su Representante en la Junta Suprema y Central gubernativa de España

e Indias. 20 de octubre de 1809. Biblioteca Nacional de Colombia.