Nº 71 Bogotá, ColombiaValor $500 Agosto de 2010

El acuerdo laboral en el Distrito / 2, 4 y 11El 20 de agosto pasado se firmó el Acta de Acuerdo mediante la cual se protocolizó el resultado de las negociaciones en el Distrito con los trabajadores. Presentamos a nuestros lectores tres análisis de los resultados del acuerdo.

Uribe ‘cogobernó’ con ‘narcoparamilitares’ durante ocho años / 12”Con Uribe el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido”

Carta de la CUT al presidente Santos / 19Existe una profunda cultura antisindical y de estigmatiza-ción que conlleva a la violación permanente de los derechos de asociación, negociación colecti-va y huelga, así como a la elimi-nación física de sindicalistas.

no a la privatización de la etb

Estimados compañeros y compa-ñeras:

En base a la decisión del 2º Congreso Mundial de la CSI celebrado en Van-couver, Canadá, la CSI convocará una 3ª Jornada Mundial por el Tra-bajo Decente (JMTD). Esta jornada tendrá lugar, como de costumbre, el 7 de octubre. En años anteriores, la JMTD ha involucrado a millones de sindicalistas en acciones a favor del trabajo decente, y en las actuales condiciones de crisis es más impor-tante que nunca que los sindicalistas del mundo entero se manifiesten reclamando su derecho a un trabajo decente y una vida decente.

Pese a que se haya empezado a hablar de recuperación, hay pocos indicios de que se ponga fin a la crisis del empleo. Cada puesto de trabajo perdido representa un drama huma-no, y hasta el momento 34 millones de empleos se han perdido como re-sultado de la crisis desde su estallido en 2008, y 64 millones de personas se han encontrado sumidas en la más extrema pobreza. El mundo se encuentra en un punto de inflexión: puede romper con las políticas falli-

das del pasado que ocasionaron la crisis y avanzar hacia un futuro más justo, sostenible y próspero, o puede volver a caer en las injusticias y la mi-seria del pasado, con la perspectiva de todavía más pobreza y desempleo masivo como una característica per-manente de nuestras sociedades.

Así pues, hemos escogido tres mensajes centrales para la JMTD este año:

1) El crecimiento y unos puestos de trabajo decentes, y no medidas de austeridad, resultan esenciales para superar la crisis y poner fin a la pobreza; 2) Unos servicios públicos de calidad son fundamentales para llevar una vida decente y no deben ser recortados en aras de la conso-lidación fiscal; y 3) El sector finan-ciero ha de pagar por el daño que ha causado y ponerse al servicio de la economía real y responder a las necesidades humanas reales.

El año pasado tuvieron lugar 472 ac-ciones en 111 países y esperamos hacerlo aún mejor este año.

Sharan Burrow Secretaria General de la CSI.

7 de octubre de 2010

3ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente

¡Erradiquemos el trabajo infantil!

2 Nº 71, agosto de 2010s ind i ca l bogo tá

Fraydique Alexander Gaitán

Presidente CUt Bogotá CUndinamarCa

“Construir confianza requiere tiempo. Se des-truye rápido. Recuperar confianza cuesta”.

Rita Kotov

“Tres cosas son necesarias para poder gober-nar: armas, comida y confianza. Si no se pue-den tener las tres, se debe abandonar primero

las armas y en segundo lugar la comida”.Confucio

“El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan”.

Arturo Graf

Felicitaciones a la bancada sindical y a la Administración Distrital que se la jugaron a pesar de todas las dificul-

tades, presiones de sectores enemigos del movimiento sindical y de la ad-ministración, que se benefician de estas nefastas prácticas; la unidad dialógica se mantuvo y llegó a buen puerto

Qué difícil es lograr llegar a un acuerdo sólido y progresis-ta donde el ingrediente de la confianza es sometido a todo tipo de factores internos como externos, por ello, tras la firma del Acta de Acuerdo el 20 de agosto de 2010, es necesario adentrarnos en el proceso para seguir avanzando y, a la vez, reconocer y entender las transformaciones estructurales que en este y los que le prece-den, están definidas (Decreto Distrital 137 del 29 de abril de 2004, Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital del 2 de Mayo de 2007).

Etimológicamente, la palabra confianza significa “actuar con fe” y como no es el interés abordar este concepto desde la perspectiva religiosa, este se le traslada al sentido de construcción de futuro con criterio positivo e incluyente, no es un proceso con un tiempo determinado, la confianza se cultiva de manera permanente y con un criterio que debe aproximarse a la transdisciplinariedad, que implica rigurosidad en lo físico, lo epistemológico y, sobre todo, en lo axiológico. Ello obliga tener una gran ca-pacidad de escuchar y una gran habilidad para intervenir, precisar y aportar en el momento exacto sin perder la paciencia. La confianza es el elemento clave para que sigamos avanzan-do y, por tanto, debemos protegerla y blindarla de ataques que obedecen a intereses que van en contravía de la construcción de una ciudad moderna, respetuosa de la ley y, sobre todo, incluyente. Ya que esta es el bien más preciado en un proceso de diálogo social, que en un es-pacio bipartito, como lo es el Comité de Dialogo y Concertación del Distrito, se convierte en el motor dinamizador para seguir avanzando en la construcción de una política laboral de pun-ta, que dista y se diferencia de la hasta ahora

aplicada a nivel nacional. Si logramos seguir fortaleciéndola vamos a estar en capacidad de presentar un pliego mucho más rápido, superar el alargamiento de la agenda de negociación, mantener una dinámica de argumentación y contra la argumentación ágil y asertiva que per-mitirá obtener resultados positivos en más corto tiempo, previendo que el próximo año estará atravesado por las elecciones regionales.

La presión mayor siempre estuvo alrededor del aumento salarial para tratar de opacar la gestión de la bancada sindical en el manejo del tiempo y, aquí es muy importante resaltar, que siempre se tuvo un orden claro de las priori-dades, que es bueno y sano que, ya hecha la negociación, nos demos por enterados: a pesar de que el pliego estaba compuesto por diver-sos puntos, lo clasificamos en cuatro grandes ítems, que en su orden nos dan la claridad y la

sana valoración del mismo para así entenderlo y proceder a de-fenderlo en su debida medida.

1. La tercerización y plantas de personal: Este era el punto álgido y de mayor dificultad ya que im-plicaba tocar la “política” laboral del Distrito, la cual debe estar ajustada a la ley, la jurisprudencia favorable al espíritu de los conve-nios OIT y, sobre todo, comenzar a marcar la pauta al respecto, convirtiéndose en ejemplo a imi-tar y replicar a nivel nacional. La tercerización es el cáncer para

la administración pública y el método más nefasto para impedir que el trabajador y su familia logren un proyecto de vida digno, al igual que para el movimiento sindical, el que con su accionar depende de su base y cre-cimiento y es en este punto donde la política nacional de los últimos gobiernos ha venido atacándonos sistemáticamente para deslegi-timarnos y ahogarnos en la capacidad finan-ciera y de movilización. Este punto es vital para avanzar en la línea mundial de Trabajo Decente y Salario Digno. El Acuerdo creó una mesa de trabajo conjunta especial para hacer seguimiento al proceso de formaliza-ción del empleo en el Distrito a la luz de la ley, y fija unos plazos para ello.

2. Nivelación salarial: Este punto es muy im-portante, ya que implica el comienzo de un principio de justicia que, aunque es muy co-nocido, poco es aplicado “a igual trabajo igual salario”. La dispersión salarial y de grados es grande, por ello, este punto es de un valor estratégico. Aunque la cifra no es la mejor ($10.000 millones), esta nos va a permitir abrir la puerta al proceso que implicará un seguimiento permanente tanto de evaluación como de la consecución de muchos más recursos financieros para garantizar que esta se dé en todos los niveles y en todos los sectores de la Administración Distrital, manejando así un proceso vertical sectorial y uno horizontal intersectorial, a la par.

3. Incremento salarial: Aunque ya se escuchan voces en contra de este logro (3% pondera-do, donde la escala beneficia en mayor pro-porción a la base donde se ubica la mayoría, con un incremento real del 3,04%), hay que recordar que el aumento nacional fue tan sólo del 2%, lo que significa, comparativa-mente, un logro del 50% por encima. Sobra decir que en la Nación no se dialogó, ni se concertó, ni mucho menos se negoció el sa-lario, y ni qué decir de los demás aspectos que van en contra de los trabajadores y el movimiento sindical.

4. Salud ocupacional: Aunque el pliego presentaba varios puntos, es importante comentar que por la trascendencia de los dos primeros aquí descritos, estos no se profundizaron y deberán ser retomados en los futuros pliegos. En cuanto a salud ocupacional, se creó una mesa de trabajo bipartita para garantizar este proceso, que es muy importante en cuanto a bienestar se refiere y permite desarrollar una política clara al respecto.

El Acta de Acuerdo firmada ya es pública y está disponible a la sana crítica y compete al movimiento sindical hacerle el debido se-guimiento.

Construcción de confianza, dialogo, concertación y negociación: elementos claves

para seguir avanzando en Bogotá

Otros apuntes

Fue aprobado el Plan Estratégico de la Subdi-rectiva, el que, entre sus aspectos fundamen-tales, contiene la organización de los Comités Regionales de Cundinamarca y los Locales de Bogotá, al igual que los sectoriales, por ello es muy importante estar pendiente de los mismos y permanecer en contacto con el Departamento de Organización.

La CUT debe seguir en la tarea de la organiza-ción de la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores colombianos y, por ello, es muy importante la decisión del Ejecutivo Nacional de presentar pliego, ya que esto facilita avanzar en lo que regionalmente, por marco de com-petencias, no se puede negociar ni concertar. La esencia del movimiento sindical es la nego-ciación y no nos podemos negar a ella, es una expresión democrática y civilista.

El gobierno de Cundinamarca sigue en la actitud antidemocrática y en contra de todos los conve-nios OIT, negando sistemáticamente al diálogo con la Central, por ello, una de las tareas del mo-vimiento sindical en Cundinamarca, de la mano con la Regional, es la elaboración y la presenta-ción del pliego al Gobernador, tarea que inicia su proceso después de la Junta Nacional.

Fotos Oficina de prensa Alcaldía Mayor de Bogotá. Firman el Acuerdo Laboral, entre otros, el profesor Alexander Gaitán, presidente de la CUT Bogotá, el Dr. Yuri Chillán, Secretario General de la Alcaldía y el

sociólogo y dirigente sindical José Antonio Acosta, presidente de Sintraired y asesor de Fenaltrase.

Nº 71, agosto de 2010 3

EDITORIAL

A propósito del Día Internacional de la Juventud

La Ley de Primer Empleo y el desmonte de las parafiscales

¿Trampa o alternativa?Jorge Albin Anaya

direCtor dePartamento de la JUventUd CUt naCional

La reducción sistemática del Estado y, por consiguiente, su desentendi-miento de las obligaciones en la garantía de los derechos de la población joven, y el traslado de esta a un sistema privado en el que se paga para

acceder a ellos, ha sido una de las dinámicas impulsadas por los gobiernos de turno durante la última década. El precario presupuesto nacional para atender a dicha población; aunado al poco interés en la creación de un verdadero Sistema Nacional Pú-blico de Empleo, ha conllevado a que proliferen la intermediación y la subcontratación.

La política laboral que impuso el gobierno de Ál-varo Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, a través de la Ley 789 de 2002 y una serie de de-cretos reglamentarios, ahondaron la tasa de des-empleo, desestimuló el empleo formal y conllevó a que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo y los empresarios se ahorraran más de 4 billones de pesos al año, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Tal situación se presentó con el bene-plácito de industriales y empresarios; a través de instrumentos que abarataron costos en mano de obra y redujeron los controles sobre el empleador, como: la proliferación de órdenes de prestación de servicio, contratos temporales de empleo y cooperativas de trabajo asociado.

En lo corrido del año 2010 la situación de los jóvenes en el mercado laboral colombiano se ha deteriorado aún más con relación a los años anteriores. La tasa de desempleo ascendió un punto, de 21,7% en mayo de 2009 a 22,6% a mayo de 2010. Más grave es el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de des-empleo pasó de 28,4% a 28,9%; mientras que en los hombres pasó de 17,1% a 18,1. Así, al finalizar el mes de mayo del año en curso 1.228.000 personas jóvenes se hallaban desempleadas, casi la mitad (48,7%) de los 2.519.000 desempleados en Colombia. Es decir, uno de cada dos sin trabajo en Colombia es joven, mientras que sólo uno de cada cuatro ocupados está en el rango de los 14 a 26 años de edad.

El panorama no es alentador debido a que los empresarios insisten en ampliar los beneficios que reciben por parte del Gobierno, pues exigen el desmonte o eliminación parcial o total de parafiscales, para generar nuevos empleos a través de la Ley de Primer Empleo. ¿Acaso la Ley 789 de 2002 no fue impuesta para generar nuevos empleos? ¿Será que esta nueva exigencia de los empresarios, no ahonda los índices de pobreza de los trabajadores colombianos? ¿Será que la Ley de Primer Empleo es la prueba piloto para llevar a cabo el desmonte total de los parafiscales? La Ley de Primer Empleo y el desmonte de los parafiscales para empresarios que generen nuevos empleos es un arma de doble filo para los trabajadores colombianos.

¿Por qué es una propuesta que se debe tomar con cuidado por parte de las centrales obreras en Colombia? Aunque es una proposición que genera algu-nos empleos formales nuevos, el trabajador que emerge a través de la Ley de Primer Empleo está en condiciones laborales más débiles frente a los emplea-dos formalizados actualmente, debido a la carga prestacional más baja. En contraste, está la situación que no será un empleado informal. Por lo tanto, el debate a dar, es que se requieren empleos formales nuevos, pero con la carga de parafiscales y de prestaciones por trabajador que existe hoy. Una Ley de Empleo digna para los jóvenes colombianos, debe contemplar como mínimo: un pago justo, estabilidad laboral, seguridad social integral y ejercer sin obstáculos y con libertad el derecho a sindicalización

Es urgente presionar al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y municipales para que destinen el presupuesto adecuado para la implementa-ción de políticas públicas para la generación de empleo formal de los jóvenes. Estas acciones deben llevarse a cabo desde el ámbito legislativo, aunado a la movilización social. Se deben generar múltiples escenarios en los departa-mentos y municipios para la discusión de políticas y programas de empleo para jóvenes, donde sean participes las administraciones locales, las universidades, las Secretarías de Desarrollo Departamental, las organizaciones gremiales y, por supuesto, los sindicatos.

opinión

pág ina ed i to r ia l

El pasado viernes 27 de agosto, a 20 días de su posesión, el nuevo ocupante del Palacio de Nariño, Juan Manuel Santos se reunió con las tres centrales sindicales del país, la

CTC, la CGT y la CUT, sin tanta pompa publicitaria como la desplegada para otras entrevistas del novel presidente con gremios, partidos, ramas del poder público o jefes de Estado de otras naciones. Revi-sando la gran prensa escrita, tan solo aparecen unas pequeñas notas informativas, la televisión suministró algún despliegue menos tacaño, y tan solo la radio hizo un mayor cubrimiento del evento.

Anotamos lo anterior, no con un sentido egocéntri-co, sino a manera de termómetro de lo que significa para el nuevo gobierno el tema laboral y lo que está dispuesto a avanzar en este campo. Pero también como medición de la precaria situación actual del movimiento sindical.

El Comité Ejecutivo de la CUT había acordado, desde el 4 de agosto, elaborar unos puntos para una agenda laboral que serían presentados a la nueva administra-ción, cosa que se concretó con la carta al presidente Santos, radicada el 24 de agosto, y que publicamos en esta edición. En ella se consignan doce puntos que consideramos esenciales en la actual coyuntura de los trabajadores y del mundo laboral del país, delimitados por el gran marco de los derechos fundamentales de organización, negociación colectiva y huelga. Algunos de ellos son: la superación del desempleo, que ronda el 14%, como gran mancha del régimen uribista, sobre la base de la creación de empleo estable y bien re-munerado, que permita el fortalecimiento del mercado interior y que sea complementado con medidas de fomento y protección a la industria y la agricultura na-cionales; la eliminación, para la incorporación de mano de obra, de los sistemas contractuales diferentes al laboral, como las cooperativas de trabajo asociado, las órdenes de prestación de servicios, la intermediación laboral, el contrato sindical y otras más; el cumpli-miento cabal, inmediato y concertado de la Sentencia C-614 de la Corte Constitucional, que suprima de raíz las llamadas plantas paralelas en el sector público. Otros asuntos no menos importantes se encuentran el listado enviado al Presidente para desarrollar un diálogo constitucional y de signo positivo.

Es el tratamiento del tema social, laboral y económico el que por excelencia señala, en últimas, el real carác-ter del primer mandatario y su gobierno, diferente es el proceder frente a otros temas adelantados por Juan Manuel Santos en la apertura de su cuatrienio, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el mejoramiento de las mismas con Ecuador, el trato de respeto frente a las Altas Cortes constitutivas de la Rama Judicial, la concertación con la oposición sobre puntos primordiales para elaborar un estatuto de garantías legales para este ejercicio político, y la incorporación de vertientes políticas con puntos programáticos a su gobierno. Desde una po-sición consecuente, el movimiento sindical definirá su accionar.

Por supuesto que para el país en su conjunto es defi-nitivo desentrañar si habrá avances significativos en la separación de las mafias, el narcotráfico y el paramili-tarismo del poder del Estado, empotrados y protegidos

durante los ocho años del mandato anterior, y si en la práctica se dará la reparación de mi-les y miles de víctimas que deja su terrorífica actividad. En especial el despojo de la tierra, que como lo señalan muchos analistas, es el botín de guerra predilecto de este cúmulo de violencia y criminalidad. Sobre todo con una composición del órgano legislativo en la que corrientes y personajes supérstites de esa aberración (unidos a pasados no santos del presidente en ejercicio), conservan un peso político determinante.

Estos temas, que entrañan un profundo sig-nificado para el devenir de los trabajadores y la población colombiana, deberán ser abor-dados a plenitud por el sindicalismo CUT. La ocasión propicia será la realización de la Junta Nacional de nuestra central, citada para los días 2 y 3 de septiembre en Bogotá. Ella deberá discernir el camino justo a seguir en el actual desenvolvimiento de la situación política nacional, y elaborar una ruta de ac-ción adecuada y eficaz conforme a la organi-zación social más importante del país. Para ello contamos con un bagaje incuestionable de lucha y con un legado político e históri-co de grandes conductores del movimiento obrero. Aferrarnos a los principios y diseñar una táctica amplia y flexible, que nos permita atrevernos, unir fuerzas y avanzar en pos de logros democráticos para la nación y de mejores condiciones de existencia para los trabajadores, como antesala de las transfor-maciones profundas que requiere la socie-dad colombiana: ese sería el consejo de la hora que nos darían nuestros maestros.

Por el momento, el resultado de la reunión con el Presidente, además del implícito protocolo, no arrojó resultados inesperados o asom-brosos: Citación de la Comisión Nacional de Concertación Laboral para analizar el proyec-to de formalización laboral y primer empleo, promesa gubernamental de no eliminación de los impuestos parafiscales (Sena, Cajas, Icbf), el énfasis vicepresidencial en la protección de la vida de los sindicalistas, y una posibilidad de financiación de la labor sindical. Sobre los temas gruesos el Gobierno pasó en blanco. De manera simultánea, Fecode se entrevistó con la nueva Ministra de Educación, y el punto fundamental llevado a su consideración, el es-tatuto único docente, fue negado de entrada por la funcionaria.

De cualquier manera, nuestra actitud seguirá siendo de diálogo para la concertación, por supuesto respaldada por la movilización civilista y contundente de nuestros afiliados y amigos, para que, de verdad, se hagan realidad las palabras sobre las impresio-nes de esta primera reunión por parte de nuestro presidente nacional, Tarcisio Mora, quien después de señalar que percibió un ambiente diferente a ocho años de oscura noche, infirió sobre la posibilidad de un nue-vo amanecer.

La entrevista del sindicalismo con el Presidente Santos

4 Nº 71, agosto de 2010opinión sindical

José Antonio Acosta

miemBro del Comité eJeCUtivo naCional de la FederaCión naCional de traBaJadores

del estado (Fenaltrase)

El acuerdo laboral firmado con el Distri-to beneficiará a más de 20 mil emplea-dos de planta y apunta a laboralizar a

más de 50 mil auxiliares de la administración pública deslaboralizados.

El pasado viernes 20 de agosto se firmó el Acta de Acuerdo Laboral, y se reanudó el proceso de diálogo y concertación laboral en el Distrito Capital. El acto contó con la activa participación del Alcalde Mayor de la ciudad, Dr. Samuel Moreno.

Para la firma de este nuevo acuerdo laboral, en la última jornada de negociación, se em-plearon más de 12 extenuantes horas; valió la pena tamaño esfuerzo, tanto de los repre-sentantes de la Administración como de los sindicatos, se logró un acuerdo que estaba asediado por presiones legales, políticas y politiqueras.

Si bien es cierto los trabajadores tenían una expectativa mayor en materia de me-joramiento de su capacidad adquisitiva, “el acuerdo comprende un incremento salarial del 3 por ciento ponderado, ello representa un punto por encima del IPC del año 2009”, y supera sustancialmente lo decretado por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, quien tenía el propósito de llevar a cero en el 2012 el incremento de los salarios para los empleados del sector público, habiendo apenas decretado un 2% en el 2010.

Estamos con este acuerdo, superando ba-rreras impuestas por el gobierno nacional, ya que el Decreto 535/09, que impide la ne-gociación colectiva en el sector público, y se constata una vez más la voluntad política del gobierno de la ciudad y de las organizaciones sindicales de encontrar solución a las deman-das de mejoramiento del nivel de vida de sus funcionarios y afiliados. “20 mil trabajadores del sector central de la Administración, los órganos de control, el Concejo de Bogotá, los establecimientos públicos, las Empresas Sociales del Estado y las Unidades Adminis-trativas Especiales serán los beneficiados. Este aumento tendrá efectos fiscales a partir del primero de enero de 2010”.

Igualmente, se ha pactado una reivindica-ción sentida, tramitada, pactada y no cum-plida en años anteriores, para la puesta en práctica de la nivelación salarial, logrando la asignación de 10 mil millones de pesos del presupuesto distrital, para atender en los próximos años dicha nivelación, no es, no fue fácil concertar este punto, porque su cumplimiento demandará miles de millones de pesos adicionales en los años venideros, para atender la excesiva dispersión que subsiste en grados, salarios y categorías en

las plantas de personal del Distrito. Busca este punto del acuerdo que los funcionarios nominadores de las distintas entidades asu-man con responsabilidad la carga de imple-mentar una nivelación salarial, partiendo del análisis por cada nivel asistencial, técnico y profesional, hasta alcanzar un equitativo re-conocimiento, estímulo y trato diferenciado del talento humano.

Este proceso, según lo pactado, debe ini-ciarse a partir del mes de octubre de 2010. En cuanto a la política laboral y de vincula-ción del talento humano, la Administración Distrital se ha comprometido “a la luz de la normatividad y la jurisprudencia vigentes, determinar la mejor manera de vincular a las plantas de personal el talento humano requerido, para atender las necesidades del servicio, teniendo en consideración el ejer-cicio de actividades permanentes”.

Ello es un reto, y el resultado de la sistemá-tica exigencia de los sindicatos, para que los gobiernos no se excedan en sus facultades a la hora de reestructurar las plantas de personal, pues queda claro que para aten-der el servicio público de la ciudad, esta ha recurrido al empleo de auxiliares de la ad-ministración pública a través de la figura de órdenes de prestación de servicio, OPS, que ya sobrepasan los 70 mil contratos, desvir-tuando la filosofía y mandatos de la ley y la Constitución.

Ha quedado claro el compromiso: “la Admi-nistración presentará en el mes de enero de 2011 a la Mesa de Trabajo los estudios de cargas laborales para su discusión y análisis, que serán elementos para dicha implemen-tación, a partir del mes de marzo del mismo año”, y que “los recursos para la aplicación del mencionado proceso provendrán de los presupuestos que cada una de las entidades deban destinar para la vinculación del nuevo grupo de talento humano”.

Aquí empieza a jugar papel importante la visión que tengan los sindicatos y sus afi-liados para escoger a los líderes que harán parte de las mesas de trabajo, pues se ha pactado que cada central y federación tendrá una representación especifica, para “analizar, discutir y acordar los subtemas de Salud Ocupacional, la que se conformará antes del 30 de septiembre de 2010”, que tendrán como misión “diseñar, validar (abril de 2011), socializar (mayo y junio de 2011) y realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Distrital Promocional y Preventivo de Salud Mental”.

Adicionalmente, en el mes de junio de 2011, se definirán herramientas para hacer el se-guimiento al Plan de Salud Ocupacional y de riesgos profesionales en las entidades del Distrito, dirigidos a todos los servidores públicos del Distrito, dando cumplimiento al punto 5 del Acuerdo Marco de Relaciones Laborales firmado en el 2006.

Corresponde entonces a las organizaciones sindicales y a sus afiliados dar a conocer este trascendental acuerdo, pues su socialización en el entramado institucional hará posible su cumplimiento.

En la medida en que las organizaciones y sus beneficiarios se apropian de estos dere-chos, el esfuerzo y voluntad de pactar habrán

avance laboral en el distrito

Firmado acuerdo

cumplido su objetivo social, de igual manera, reitero, que lo más fácil es llegar al acuerdo y estampar la firma; lo difícil es que el espíritu y contenido del mismo se cumplan.

"Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Simplemente labra el camino para recibir siempre algo mejor”. Anónimo.

Fotos Oficina de prensa Alcaldía Mayor de Bogotá. Firma del Acuerdo Laboral.

Nº 71, agosto de 2010 5política

Raúl Zibechi

tomado de La Jornada

El 7 de agosto Estados Unidos perderá a su más fiel aliado en Sudamérica. Durante ocho años Álvaro Uribe aplicó

a rajatabla las políticas imperiales, con un estilo más radical aún que el de George W. Bush. No sólo con-virtió su país en una suerte de portaviones estadounidense, sino que se empeñó en esca-lar los conflictos en la línea de militarización que defienden el Pentágono y el Comando Sur como modo de asegurar el con-trol de un patio trasero que se les escapa de las manos.

Pero los tiempos cambian. Cuando Uribe llegó al Palacio de Nariño, en 2002, la guerra contra el terrorismo estaba en su apogeo y las grietas del mundo unipolar recién empezaban a hacerse visibles. En 2010, el Pentágono está empantanado en Irak y puede sufrir un descalabro en Afganis-tán. La ex superpotencia no se recuperó de la crisis de 2008 y debe contemplar cómo se articulan potencias emergentes con países desarrollados con capacidad para impedirle desplegar sus iniciativas más importantes.

En Sudamérica, Estados Unidos perdió la iniciativa económica y la geopolítica a ma-nos de China y Brasil, respectivamente. No se trata de que ya no juegue ningún papel en la región, porque sigue siendo la potencia dominante, sino del nuevo papel que tienen ahora sus competidores. De la mano de la só-lida alianza entre Argentina y Brasil, se está construyendo una nueva realidad regional, que se caracteriza por una mayor cohesión entre los 12 países sudamericanos que se han dotado de instrumentos económicos, políticos y militares para caminar hacia una completa integración.

Juan Manuel Santos, el sucesor de Uribe, ex ministro de Defensa y miembro de una de las más destacadas familias de la oligarquía co-lombiana, ha sabido leer los nuevos vientos que soplan en la región y en el mundo. No es menos derechista que Uribe. Fue quien dio la orden de bombardear el campamento de Raúl Reyes en Ecuador y el responsable directo de los falsos positivos, esos cente-nares de jóvenes asesinados y presentados como bajas de la guerrilla por parte del ejér-cito. Fue y seguirá siendo un fiel aliado de Washington y combatirá a la guerrilla hasta exterminarla.

Sin embargo, Santos no puede seguir la misma política de Uribe. La centralidad que tuvo la guerra durante los dos gobiernos anteriores se trasladará, a partir del 7 de agosto, a la economía. Las razones son simples. La guerrilla no es ya una amena-za para la estabilidad del Estado ni para la gobernabilidad. Ha sido diezmada y está en una fase de agudo repliegue como nunca lo estuvo en casi cinco décadas. Para asegurar

el poder de las clases dominantes, ahora debe apelar al crecimiento económico para edificar las bases de largo plazo de la de-seada estabilidad.

Dicho de otro modo: ahora que se fortaleció el Estado –tanto la fuerza militar como las políticas sociales– hay que resolver los pro-

blemas pendientes para que los grupos armados no vuel-van a ser una amenaza ni los conflictos sociales amenacen desbordarse. En ese sentido, hay dos grandes frentes: el interno pasa por depurar algu-nos cargos en la fuerza armada y en la administración, y por mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y los poderes Judicial y Legislativo.

El otro frente decisivo es el externo. Para relanzar la eco-nomía se trata de mejorar las

relaciones con los vecinos y potenciar la integración regional para hacer del comer-cio la locomotora de la producción, toda vez que Santos se referencia en los Tigres Asiáticos como su modelo de desarrollo. En suma, no puede seguir siendo el gallo en una región que ya no se pliega a los dicta-dos del norte.

Por eso Santos se propone recomponer las relaciones con Venezuela. No porque haya cambiado ni pretenda un acercamiento al proceso bolivariano, al que seguirá com-batiendo. Las exportaciones colombianas a Venezuela cayeron de 7.000 millones de dólares en 2008 a menos de 1.500 millones para este año por los sucesivos conflictos diplomáticos. Mientras el nivel de pobreza es del 43 por ciento y la indi-gencia alcanza el 16 por ciento, Colombia ostenta las mayores tasas de desempleo y de informalidad de la región. La frontera binacional vive en la angustia económica por la parálisis de los intercambios, al punto de que esta semana el gobierno de Uribe decretó la emergencia social en los 37 municipios fronterizos, suspendiendo el cobro del IVA.

Tampoco puede Santos relanzar la eco-nomía colombiana sin mejorar las relacio-nes comerciales con Brasil, el país más dinámico de la región, capaz de absorber porcentajes crecientes de la producción de sus vecinos. El ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, Samuel Pinheiro Guimaraes, uno de los más destacados intelectuales del país, acaba de lanzar una propuesta para que su país promueva un nuevo Plan Marshall para estimular y financiar la transformación económica de los países menores; abrir, sin exigir reciprocidad, sus mercados, y financiar la construcción de la infraestructura de esos países y su interconexión continental (Carta Mayor, 27 de julio).

Por último, Santos apuesta por mejorar la imagen de Colombia en el delicado terreno de los derechos humanos para desbloquear

El último conflicto de la era Uribeel TLC. Para eso hará jugar un papel destacado a su vicepre-sidente, Angelino Garzón, ex sindicalista y ex miembro de la Unión Patriótica que en plena crisis elogió a Chávez por haber pedido a las Farc que cambien su estrategia armada.

Como buen oligarca, Santos piensa en grande, en los inte-reses de su clase. Uribe piensa en su futuro personal. No son pocos los que creen que ter-minará sus días en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos por sus viejos vínculos con el cártel de Medellín. Fue la revista Newsweek la que en agosto de 2004 le recordó la existencia de informes de inte-ligencia que lo ligan con Pablo Escobar. Sería una ironía que el presidente más sumiso a Washington que recuerda este continente desde los días de Somoza siga el camino de los principales capos del narcotrá-fico. Y que se convierta en su verdugo el que fue su fiel escu-dero durante ocho años.

6 Nº 71, agosto de 2010sindical internacional

Benjamín Rizzo Madrid

esCUela de Pensamiento CUt Bogotá CUndinamarCa

Es de suma importancia para los trabajado-res conocer, o mejor, recordar procesos que a nivel internacional fueron la base funda-mental para la consolidación de lo que hoy conocemos como Confederación Sindical Internacional, CSI, que aglutina a una gran franja del los trabaja-dores confederados del mundo entero. En especial va dirigido a compañeros y compañeras que hoy inician su devenir en el sindicalismo. Obviamente que haremos un recorrido por el intrincado pasado de los desa-rrollos históricos del movimiento sindical.

I.- En el mundo

Una vez se disipó la humareda de la Segunda Guerra Mundial, los sindica-tos soviéticos e ingleses se dan a la tarea de reunificación del movimiento sindical internacional, en este proceso se llega a la conformación de lo que se denominó Comités Coordinados. El 25 de septiembre de 1945, la Conferencia Sindical Mundial convoca el Congreso Constituyente, el cual con la par-ticipación de la AFL de los EE.UU. funda la Confederación Sindical Mundial (FSM). Este acontecimiento se desarrolla en un contexto caracterizado por la pugna entre dos siste-mas sociales bien diferenciados: capitalismo y socialismo, hecho que indudablemente va a genera un alinderamiento de fuerzas dentro del movimiento sindical mundial.

En 1949, se crea la Confederación Interna-cional de Organizaciones Sindicales Libres, Ciosl. Este desarrollo se consolida gracias a la participación de la Federación Norteameri-cana del Trabajo y el Congreso de Organiza-ciones Industriales (AFL-CIO). Así las cosas, se conforman dos fuerzas sindicales en el concierto internacional:

*La Federación Sindical Mundial (FSM), 1. la cual representa los sectores en vía al socialismo.

*La Confederación Internacional de Orga-2. nizaciones Sindicales Libres, que unifica a sectores democráticos de los trabajadores del mundo.

En este escenario histórico, se presenta una fuerte pugna dentro del capitalismo, cuya ex-presión es la competencia de capitales de los monopolios norteamericanos contra alemanes y holandeses. Alemanes y holandeses pro-mueven la división de la Ciosl con el concur-so de dirigentes sindicales socialdemócratas y logran la fundación de otra organización sindical, la Confederación Sindical Mundial (CMT). De esta manera ya tenemos parcelado el movimiento obrero a nivel mundial en tres organizaciones: La FSM, la Ciosl y la CMT. Como podemos observar, el movimiento

sindical siempre ha sido blanco de la disputa por la supremacía de los sistemas políticos y sociales imperantes en cada tramo de la his-toria universal, pero fundamentalmente con el propósito de profundizar la división para restarle fuerza y capacidad de convocatoria y de negociación.

Una vez consolidados estos procesos, las tres organizaciones mundiales inician gestiones

encaminadas a establecer en América sus filiales, veamos un resumen muy esquemático:

1.-La Confederación In-ternacional de Organiza-

ciones Sindicales Libres (Ciosl)

Establece la Confederación In-teramericana de Trabajadores, CTI, la cual posteriormente se transforma en la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la Orit, el 12 de enero de 1951 y que acogió a los

trabajadores confederaos en la AFL-CIO y de la organización de trabajadores canadienses, la CLC, al igual que la hoy desaparecida por el régimen chavista, la CTV de Venezuela, cuya base eran los trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa.

2.-La Federación Sindical Mundial (FSM)

Crea la Confederación de Trabajadores de América Latina, Ctal, que luego se transfor-mó en el Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, Cpustal, de orientación clasista con propósitos de liberación nacional y social, en esta organización también se encontró la CTC cubana.

3.-La Confederación Mundial del Trabajo

Establece en América la Confederación Lati-noamericana de Sindicatos Cristianos, como pueden ver con un componente religioso, del cual posteriormente prescindió para re-definirse como Central Latinoamericana de Trabajadores, Clat.

Como podemos apreciar, el movimiento sin-dical a nivel mundial ha recorrido un tortuoso camino, la solución no será fácil, muy a pesar de la creación de la CSI, aún persiste la Fede-ración Sindical Mundial y grandes y poderosos sindicatos en el Medio Oriente. El movimiento sindical corresponde a corrientes ideológicas divergentes y a intereses políticos. De otra parte América Latina está conformada por un conjunto de países con tradiciones políticas, culturales e intereses regionales comunes, con algunas excepciones diferenciadas en la última década, casos como Venezuela, Bolivia, Brasil, y Ecuador; como región ne-cesitamos conquistar nuestra independencia y reafirmar una fuerte y decidida oposición a la polarización geopolítica entre bloques económicos, sociales y políticos de poder,

Procesos unitarios históricos del movimiento mundial e internacional

nuestro gran propósito debe girar alrededor de la integración económica y política de Latino-américa. En la próxima entrega haremos un repaso por la intrincada y tempestuosa his-

toria del movimiento sindical en nuestro país, esperando que este sea un pequeño aporte que nos ayude a ubicarnos sindicalmente en el ámbito sindical internacional.

Sharan Burrow fue elegida Secretaria General de la CSI. En el quinto y último día del segundo Congreso Mundial de la CSI en Vancouver (Canadá), Sharan Burrow fue elegida sucesora de Guy Ryder, el primer

Secretario General de la CSI, la mayor organización sindical internacional del mundo, fundada en Viena en 2006. Sharan Burrow dejará su puesto de Presidenta del Australian Council of Trade Unions (ACTU), que

estuvo ocupando desde 2000, para convertirse en la primera mujer que dirigirá la CSI.

Nº 71, agosto de 2010 7magisterio distrital

Miguel Ángel Pardo Romero

viCePresidente ade*

Una vez definida la sucesión en la Casa de Nariño, los ciudadanos del común registramos una serie de pronuncia-

mientos y hechos producidos por el gobierno, la oposición, la derecha, la izquierda o el deno-minado centro político; también obviamente a diario y, la ma-yoría de las veces por encargo de sus dueños, los hace la gran prensa “criolla”, ya sea la que insiste en polarizar diariamente o la acaramelada, que pretende convertir cualquier banalidad en supuestos actos de Estado o hechos históricos. Y, en medio de ese trajín, la población se pregunta ¿y nosotros qué?; “una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”, citaba mi mamá con su sabiduría campesina; “el país político y el país nacional”, diferenciaba Jorge Eliécer Gaitán.

Hace mucho tiempo a las puertas del Magis-terio, por ejemplo, no tocaba la desgraciada y angustiosa condición del desempleo masivo, como hoy ocurre con miles de colegas provi-sionales en Bogotá y en el país, que siguen en pie de lucha; mientras que, a quienes conservamos el empleo, se nos convierte en diario vivir la amenaza de perderlo o de arre-batarnos nuestros derechos, mal llamados “privilegios” por parte de los Gobiernos y los empresarios privados, quienes no pierden la esperanza de subordinar completamente el sector educativo estatal, para hacer “fiesta” con los colegios públicos; negocio con el cobro a precio del mercado de la matrícula de millones de niños y jóvenes, a costa de suprimir completamente el derecho a la edu-cación y, de paso si pueden, especular con nuestras pensiones y cesantías o, peor aún, apropiarse de ellas, sin importarles dejarnos a la intemperie en nuestra vejez.

Entonces debemos dimensionar sobreco-gidos lo que significa que Colombia tenga la tasa de desempleo más alta de América Latina, que sea el país más desigual del con-tinente, con una informalidad cercana al 60% y con las dos terceras partes de los traba-jadores sin protección social e ingresos que los mantienen en la pobreza. Es necesario comprender que estas cifras representan mi-llones de compatriotas de carne y hueso, que están padeciendo todo tipo de penurias.

Con el agravante de que estos fatídicos resultados de dos décadas de dictadu-ra económica del neoliberalismo, fueron acompañados durante los últimos años por el incremento de la violencia, llevada a lími-tes todavía no suficientemente conocidos, que condenó a millones de campesinos a la condición de desplazados, a quienes se les arrebató sus tierras; mientras que a las

organizaciones sindicales se les sometió a las más recia estigmatización y violencia, que las deja en el más bajo porcentaje de afiliación de toda su historia. En resumidas cuentas, hemos sido objeto de dos grandes plagas: de un lado, el neoliberalismo y, del otro, una agresiva y hasta macabra versión criolla de fascismo colombiano, que ligó a la

mafia con el Estado.

Preocupa que algunos dirigentes políticos se fijen sólo en una de las dos plagas mencionadas. En-faticen en la situación económica mientras que voltean la mirada para otro lado frente a la necesi-dad de restablecer las mínimas garantías democráticas que per-mitan, entre otras cosas, luchar por la defensa o reconquista de los derechos laborales y sociales

en mejores condiciones.

¿Qué hacer?, nos preguntamos todos ante este panorama. En primer lugar, el Magis-terio, los trabajadores en su conjunto y del sector educativo, debemos elaborar una propuesta que nos identifique, nos movili-ce a todos y sea consecuente con las más urgentes y angustiosas necesidades de la población, la cual debe incluir: 1) Políticas de generación y conservación de empleos en condiciones dignas; 2) Mejora de los salarios e ingresos; 3) La defensa y recu-peración de la estabilidad laboral en contra de la tercerización y las formas precarias de contratación; 4) La recuperación y am-pliación de los derechos civiles; es decir, el derecho a reunión, asociación, movili-zación y demás expresiones de las liberta-des sindicales; 5) Políticas y medidas que garanticen que aflore la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto y el respeto a los derechos humanos. En el caso del movimiento obrero, ello implica exigir detener y no reeditar la violencia anti-sindical. Todo lo anterior, en el marco de la lucha por el respeto a la soberanía política, económica y territorial; como también, la relación con los demás países con base en el respeto mutuo y en la autodeterminación de los pueblos.

En segundo lugar, es necesario comprender que esta agenda es contraria a la propuesta por el Gobierno Nacional y los empresarios. Por lo cual la declaración de oposición a la coalición gobernante es un acto consecuente de la CTC, la CPC y la CUT, a la cual esta-mos afiliados Fecode y ADE. Pocas semanas duró la absurda premisa, según la cual, la oposición era verdadera o falsa, dependien-do si se establecía un diálogo o no con el Gobierno Nacional, reduciendo el ejercicio de la oposición a un problema de forma. El tema de fondo es si el Magisterio y los tra-bajadores definimos nuestras propias reivin-dicaciones y consignas o dejamos que nos las defina el gobierno o los partidos ajenos a nuestras causas. Precisamente, debemos

exigir interlocución y favorables respuestas ante quienes son responsables del diseño y ejecución de la regresiva política económica, laboral y social; no frente a quienes la pade-cemos y resistimos en el mar de dificultades ya descritas. Incomprensible sería para la población que ante los proyectos de ley, ya anunciados contra ella, nos abstuviéramos de exigir una discusión pública al Presidente y al Congreso de la República.

En tercer lugar, es obvio que una agenda del Magisterio y de los trabajadores; como tam-bién la exigencia de un diálogo nacional, son requisitos necesarios pero insuficientes, si no están acompañados de la movilización per-manente que conlleve al gobierno nacional a replegarse o a aceptar nuestras demandas. Máxime con un Congreso de la República conformado en un 85% por los partidos de la coalición de gobierno. Razón por la cual la bancada parlamentaria que se declare en

para el magisterio, el sector educativo y los trabajadores

Los retos de la hora

la oposición tiene un margen de acción re-ducido. Pero su papel se puede potenciar si coordina con la propuesta defendida por el Magisterio y los trabajadores representados en Fecode y las centrales obreras, en temas como el Estatuto Docente y el Estatuto del Trabajo y realizar las movilizaciones para tales efectos. No sobra recordar que las organizaciones sindicales respetan a las de carácter político pero sus propuestas inclu-yen al conjunto de los trabajadores, a quie-nes nos corresponde defender los derechos de los afiliados, independientemente de su credo político, religioso, raza o género; lue-go, somos sus integrantes y la dirección de los sindicatos, quienes definimos nuestros planes de acción. * Editorial de la Asociación Distrital de Educado-

res, a cargo del profesor Miguel Ángel Pardo Romero, domingo 15 de agosto de 2010, Radio Revista Proyección, programa institucional de la ADE. miguep2007@gmail.com.

8 Nº 71, agosto de 2010crónica laboral

comunicado de prensaLa CUT Bogotá Cundinamarca rechaza el atentado terrorista de la Carrera Séptima con Calle 67 de Bogotá

La Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá-Cundinamarca rechaza, de ma-nera categórica, el atentado terrorista

ocurrido en la mañana de hoy 12 de agosto de 2010 en la ciudad de Bogotá.

En repetidas ocasiones la CUT ha manifes-tado su rechazo a los métodos violentos y a al terrorismo, vengan de donde provengan, que sacrifican miles de vidas inocentes y destruyen los bienes materiales de la po-blación. Siempre hemos planteado que esas prácticas son ajenas al movimiento obrero y sindical, el cual se expresa ante la sociedad colombiana a través de la movilización civi-lista y democrática, utilizando como instru-mentos el dialogo y la concertación social, tal como lo definió el V Congreso de nuestra Central.

Fraydique Alexander Gaitán R. Presidente

Miguel Ángel Delgado R.Fiscal

Carlos Raúl Moreno ParraDirector Dpto. de Comunicaciones

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2010

Bruselas, 12 de agosto de 2010 (CSI EnLínea): La CSI califica los elevados niveles de desempleo juvenil a escala

mundial, que siguen en aumento, como una “bomba de tiempo social” que amenaza con destruir la estructura social, económica y política de los países en el mundo entero. Nuevas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo hoy, declarado por Naciones Unidas como Día Internacional de la Juventud, ponen de relieve el dramático incremento en el número de jóvenes des-empleados conforme continúa agravándose el impacto de la crisis económica mundial sobre el empleo.

“Más de 80 millones de jóvenes no tienen hoy en día trabajo y muchos millones más se encuentran atrapados en empleos a corto plazo, mal pagados o en la economía infor-mal. Toda una generación de jóvenes se está quedando atrás, y las consecuencias de ello para la sociedad serán muy graves. Los Gobiernos han de actuar cuanto antes para promover la creación de empleo, man-teniendo el estímulo económico mientras se necesite en lugar de aplicar recortes en el gasto público”, indica la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Aunque el desempleo juvenil ha venido aumentando de manera constante desde hace más de una década, el informe de la OIT indica que la crisis económica ha ocasionado un incremento explosivo en la tasa de desempleo juvenil, con otros 8 mi-llones de jóvenes sin trabajo entre 2007 y 2009, lo que hace que el porcentaje global se sitúe en el 13%. El informe analiza la situación en los países industrializados y las economías emergentes, que tienen los niveles más altos jamás registrados, así como en el mundo en desarrollo, donde el creciente desempleo juvenil se ve agravado por cerca de 152 millones de jóvenes entre los “pobres que trabajan”, atrapados en la más extrema pobreza.

Aun cuando la situación mundial del em-pleo empiece a mejorar, es probable que el desempleo se reduzca de manera menos marcada entre los jóvenes que para los de-más trabajadores, y el modelo de trabajo a corto plazo, a tiempo parcial y precario para aquellos jóvenes que consiguen encontrar trabajo persistirá a menos que los Gobier-nos actúen de manera decidida. El impacto económico y social a largo plazo que tiene un alto nivel de desempleo juvenil está muy bien documentado, y el daño ocasionado por la actual crisis a la cohesión social sin duda será intenso y duradero.

“En todo el mundo, los sindicatos están pre-sionando a los Gobiernos para que adopten políticas macroeconómicas que den prioridad al empleo, así como medidas específicas para mejorar el acceso de los jóvenes a empleos decentes y a una educación y for-mación de calidad. Los sindicatos debemos además esforzarnos más para llegar a la gente joven, situar sus preocupaciones en primer término dentro de nuestro propio pro-grama tanto en lo que concierne a la política gubernamental como en cuanto a su protec-ción en el mercado laboral y en el lugar de trabajo”, añadió Burrow.

Para leer el informe de la OIT, véase: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_143360/index.htm

Páginas de la CSI sobre los jóvenes, inclu-yendo el Blog de la Juventud: http://www.ituc-csi.org/+-youth-+.html

La CSI representa a 176 millones de tra-bajadores y trabajadoras en 156 países y territorios, y cuenta con 312 organizaciones afiliadas nacionales. http://www.ituc-csi.org y http://www.youtube.com/ITUCCSI

Para mayor información, favor de ponerse en contacto con el Departamento de Prensa de la CSI a los teléfonos: +32 2 224 0204 ó +32 476 621 018.

Asamblea de Sintraupn

Sintraupn es una organización de los trabajadores de servicios generales de la Universidad Pedagógica Na-

cional, que tiene 92 trabajadores afiliados. Sintraupn realizó su asamblea, a la que asistieron 85 compañeros. Se eligió nueva Junta Directiva, en un proceso democrático y transparente. El resultado fue: 60 votos válidos, 18 en blanco y 7 nulos.

La nueva junta directiva la conforman los siguientes compañeros:

Juan M. García, Emperatriz Velásquez, Ja-neth Calderón, Ivón Espinel, Nancy Quijano, Ángela Torres, Luz Marina Torres, Rosalba Llanos, Sandra Díaz, y Jenny Cano.

La CUT lamenta asesinato de Luis Germán Restrepo presidente del Sindicato de Empaques (CGT)

La Central Unitaria de Trabaja-dores de Colombia rechaza y condena el asesinato del presi-

dente del Sindicato de Trabajadores de Empaques, Sintraempaques, Luis Germán Restrepo Maldonado. Los hechos se presentaron en la noche de ayer 12 de agosto de 2010, cuando un sicario le disparó en momentos en que el compañero Germán se encontraba en una cafetería del centro de la ciudad de Medellín.

Luis Germán, de 58 de edad, dedicó 40 años de su vida al sindicalismo antio-queño. A pesar de nuestras diferencias con él por su posición a favor del TLC con Estados Unidos y de los contratos sindicales, rechazamos este asesinato y a quienes lo hayan hecho, pues estamos en contra de utilizar la violencia como arma política.

Estamos en contra de que se diriman las diferencias políticas por la vía de la eliminación física. La estigmatización política que se ha realizado contra el sindicalismo debe ser proscrita y, por el contrario, debe reconocerse al sindi-calismo como un actor muy importante de la democracia.

Reclamamos de las autoridades compe-tentes precisar los móviles y el paradero de los autores materiales e intelectuales de este abominable crimen. Llamamos a las organizaciones sociales y sindicales a nivel nacional e internacional a repudiar el asesinato de Luis Germán y al gobierno colombiano para que entregue garantías para el ejercicio sindical.

Enviamos nuestro más sentido men-saje de condolencias a la familia, ami-gos, compañeros de lucha y a la CGT por la desaparición del compañero dirigente.

conFederación sindical internacional

CSI EnLínea

Desempleo juvenil, una “bomba de tiempo social”

Nº 71, agosto de 2010 9sindical

Victor Manuel Cotrino Herrera

tesorero “sintraFUaC”

El pasado 30 de junio, luego de 13 años de vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo y veinticinco prorrogas automáticas de seis meses cada una, de acuerdo a lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo Artículo 478 y 479, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Colombia “Sintrafuac” Sede Bogotá, presentó denuncia par-cial a su Convención.

Este reto liderado por la Junta Directiva y sus comisiones adop-tado por la Asamblea de Dele-gados como máxima autoridad, es un compromiso que debemos asumir todos los trabajadores afi-liados a la Organización Sindical y beneficiarios de la Convención Colectiva, es un derecho legal, constitucional y convencional que a lo único que apunta es a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores administrativos sin llegar a perjudicar la Institución; esta denun-cia parcial conformada por 18 puntos, doce de los cuales son totalmente nuevos, busca oxigenar y fortalecer la Convención vigente la cual fue rubricada de forma bipartita el 25 de julio de 1997 y cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 1998.

De otra parte, desde el mes de mayo del año inmediatamente anterior, se conformó una comisión integrada por miembros de la Institución y de la Organización Sindi-cal para la elaboración del Reglamento de Escalafón, el cual debe formar parte de la Convención Colectiva de Trabajo, a la fecha, este documento se encuentra terminado para aprobación por parte del Consejo Directivo, esperamos que este trámite se dé a la menor brevedad posible con el fin de empezar a aplicarlo, así de esta forma evitaremos que se siga vinculando por parte de la administra-ción, personal nuevo a los diferentes cargos

sin el perfil requerido para ello como hasta ahora ha sucedido, desconociendo las capa-cidades, calidades humanas y experiencia de los trabajadores de planta, llevando a la Institución al caos Académico-administrativo y por ende al Financiero.

Actualmente en Colombia son pocos los sindicatos que aún permanecen activos, la mayoría de ellos han sido desvertebrados o liquidados por los dueños de las empre-

sas, en complacencia con los gobiernos de turno, pero son más pocos los que se atreven a formular pliego de peticiones o a denunciar ya sea de forma parcial o total las convenciones vigentes, este temor y la falta de compro-miso en defensa de los derechos de sus afiliados, ha fortalecido notoriamente a empleadores y empresarios quienes aprovechan esta debilidad generalizada para explotar cada día más a sus su-

bordinados, obteniendo mano de obra de todo tipo (calificada y no calificada) a un costo irrisorio lo cual termina en el crecimiento exa-gerado de las arcas de unos pocos llamados Capitalistas a costa de muchos quienes se ven obligados a enajenar su fuerza laboral a precios inclusive por debajo de lo decreta-do por el gobierno nacional, siempre con el ánimo de obtener un ingreso para tratar de sobrevivir y sostener su núcleo familiar.

Como sindicato de empresa y aprovechan-do que gozamos de un nutrido número de afiliados y beneficiarios de la Convención con relación a otros organismos del mismo gremio, la Junta Directiva como eje central y orientadora de este proceso, hace un lla-mado especial a todos los federados agre-miados a la CUT Nacional y Regional Bogotá Cundinamarca para aunar esfuerzos y soli-darizarse con esta noble causa en beneficio de la Comunidad Autónoma conformada por el personal administrativo, para esto pueden dirigirse en la ciudad de Bogotá a la Calle 13 No. 4-31 casa Jorge Eliécer Gaitán piso 2°

al doctor Gelasio Cardona Serna Represen-tante Legal de la Institución quién en últimas será el responsable como defensor de los Derechos Humanos y abogado laboralista, de reducir la brecha que nos condujo a esta instancia, de lo contrario, él será el promo-tor de una huelga o tribunal de arbitramento obligatorio, lo cual en nada favorece ni a la Institución ni a sus empleados pero de ser así, estaremos dispuestos a asumir hasta las últimas consecuencias siempre en busca de un mejor nivel de vida.

El sindicato actualmente tiene 188 afiliados y 117 beneficiarios de la convención, acá figura todo el personal directivo, ejecutivo y asesor de la Institución, cifra que alcanza un número de 57 personas, los restantes 63 son trabajadores de manejo y confianza. Cabe resaltar que en marzo de 2009, fecha en la cual asumió la presidencia el doctor Gelasio

sindicato de trabajadores de la universidad autónoma de colombia (sintraFuac)

Presentada denuncia parcial a la ConvenciónCardona, la planta de personal administrativo era de 268 personas y a 30 de junio de 2010 hay 305 funcionarios administrativos, lo que significa un incremento de 37 funcionarios nuevos, beneficiarios de la Convención. El sindicato cumplió el pasado 4 de junio, 34 años de creado, fue reconocido mediante personería jurídica No. 05157 de junio 4 de 1976, hasta el año 1997 se negociaron siete convenciones, posterior a esa fecha, en el año 2000, bajo la administración del doctor Hernando Gutiérrez Puentes, se presentó un pliego pequeño el cual fue hasta un tribunal de arbitramento, pero por estrategia del la organización sindical, esté se dilato para evitar perder las conquistas logradas hasta esa fecha, es por esto que la convención quedó como estaba y empezó a prorrogarse automáticamente en periodos de 6 meses, como hasta ahora ha sucedido.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Fraydique Alexander Gaitán (Presidente); Maria Doris González (Vicepresidenta), Res-ponsable de las actividades de la Niñez, el menor Trabajador y la Juventud; Manuel Té-llez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Carlos Raúl Moreno (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento Derechos Humanos, Solidaridad y Relaciones Internacionales); Oscar Gustavo Penagos (Departamento De Recursos Naturales y Medio Ambiente); lfonso Ahumada Barbosa (Departamento Salud en el Trabajo y Seguridad Social); July González Villadiego (Departamento De La Mujer), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departa-mento de Organización, Planeación y Trabajadores informales); Héctor Bermúdez Rojas (Departamento de Relaciones Laborales, negociación Colectiva y Asuntos Legislativos y Jurídicos; Winston Francisco Petro (Departamento de Asuntos relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial); Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales).

Consejo editorialCarlos raúl Moreno (director del departamento de Comunicaciones),

Fraydique alexander Gaitán (Presidente) Miguel Ángel delgado (Fiscal), Óscar Penagos (dept. recursos naturales y Medio ambiente ), nohora Bulla

(dep. de educación), jorge e. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail: elperiodicocut@gmail.com

cutsubdirectiva@hotmail.com issn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora, Manuel téllesy tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez.

edición: 20.000 ejemplares. tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusivaresponsabilidad de sus autores.

10 Nº 71, agosto de 2010

Fernando Morales Rangel

miemBro (P) ConseJo naCional de riesgos ProFesionales, rePresentaCión

de los traBaJadores CUt

El análisis de los procesos de globa-lización y de los tratados de libre comercio (TLC), identifican tan solo

los aspectos económicos y comerciales que lo acompañan, “la globali-zación de la economía se manifiesta, en el aumento del comercio internacional y la libre circulación de bienes de servicios y capitales en la creciente importancia de las inversiones extranjeras, en la interconexión de los mercados financieros y en el papel preponderante que asumen las empresas mul-tinacionales en el conjunto de la economía mundial” (López y Valcárcel 1996).

Colombia, como miembro de la Comunidad Andina, ha violado los acuer-dos de Cartagena y las decisiones de sus órganos comunitarios, al aceptar negociar bilateralmente un TLC con EE.UU., aún no ratificado por el Congreso norteamericano y recientemente con la Unión Europea, que inicia su ruta de trámite y entrará en vigencia plena dentro de dos años, conociéndose por el momento la movilización y expresiones de rechazo del gremio lechero del país.

El énfasis de nuestros analistas y aun del movimiento sindical, en el cuestionamiento a estos tratados, se fundamenta priorita-riamente en la incidencia de las políticas económicas sobre el sector productivo y sus connotaciones en la producción, donde los Estados fuertes, cabeza de estas negocia-ciones, frente a nuestros débiles Estados, asumen la presencia de tecnología de punta, mientras tanto en los países dependientes queda la producción de bienes y servicios tradicionales y se nos asigna el papel de proveedores de materia prima y mano de obra barata.

Estos cambios en la política económica de nuestros países también se acompañan con reformas laborales, a la seguridad social, al derecho de asociación y negociación y con-fianza colectiva, que supuestamente buscan eliminar rigideces y dar mayor seguridad al inversionista, como por ejemplo, la elimina-ción de los parafiscales, pensiones de medio salario mínimo.

Pero aquí llamamos la atención, en el abor-daje del tema, al darle una mirada en el ámbito de las condiciones de trabajo y salud laboral.

El profesor Oscar Feo Isturiz, Secretario Andino de Salud, consultor de la Organiza-ción Panamericana de la Salud OPS, nos

instala en la dimensión que además de los cambios económicos y comerciales que se producen en los países suscribientes de estos tratados, las repercusiones en la sa-lud de trabajadores, y que él resume en los siguientes aspectos:

Incorporación de nuevas tecnologías, que se •acompañan del desplazamiento de mano de obra.

• Cambios organizacionales, los cuales reciben diferentes denominaciones tales como la tercerización o satelización.

• Cambios normativos, que operan en el ámbito de la relación laboral limitando la estabilidad laboral y las po-sibilidades de asociación y negociación colectiva.

• Cambio en las políticas sociales, deterioro de la se-guridad social representado en reformas en los campos de la salud, pensiones y riesgos profesionales, que los colocan

en la esfera del aseguramiento privado y la especulación financiera.

Cambios en las condiciones de género. •Los estudios además muestran que estos fenómenos se acompañan de un aumento del empleo femenino precario.

No puede ser más perfecto el retrato que aquí se nos presenta para la realidad laboral, que se vive en nuestro país y nos muestra las implicaciones de estos tratados en el perfil de condiciones de trabajo, en las condiciones de salud, en los mecanismos de protección de la salud en el trabajo, en los sistemas de seguridad social en riesgos profesionales y en el medio ambiente.

Con la implementación de estos tratados se profundiza la situación debido a la pérdida de autonomía de los Estados para manejar el diseño e implementación de normas y políticas que protejan a los trabajadores, se agudizan las presiones para la desregulación laboral en todos los campos, con sus consi-guientes alarmantes tasas de accidentalidad y enfermedades del trabajo.

En el caso de los servicios, es de prever un impacto negativo en las condiciones de trabajo y, por ejemplo para el sector salud y seguridad social, la financierización, el ánimo de lucro del sistema de seguridad social en Colombia, las multinacionales de la salud que ya hacen presencia en el país y otras que vendrán incrementarán la carga laboral a los trabajadores del sector salud y seguridad social y limitarán sus ingresos sometidos a la lógica de prestación de servicios, a la ob-tención de rentabilidad financiera.

Otro ejemplo sería el modelo productivo de las “maquilas”, con la utilización intensiva de mano de obra barata, con gran desgas-te y perjuicio para los trabajadores en su

mayoría mujeres, del cual existe evidencia científica del deterioro severo de su salud en pocos años.

En términos generales, el crecimiento acele-rado de la inestabilidad laboral afecta la salud mental de la población laboral sin que exista, en la mayoría de las ocasiones, capacidad de los servicios de salud para identificar las manifestaciones psicosomáticas, el estrés, la fatiga y los cambios de conducta que se asocian a este tipo de situaciones, presen-tándose casos de suicidio, del cual tengo co-nocimiento en trabajadores del sector salud y más concretamente en el Seguro Social.

El deterioro de las condiciones de trabajo, en su conjunto, conlleva una mayor propen-sión a sufrir accidentes de trabajo y contraer enfermedades profesionales, sin que exista un soporte social ni para las actividades pre-ventivas, hoy en manos de los negociantes de la salud, ni para la atención y la rehabili-tación de los compañeros que padecen estos problemas.

El análisis del deterioro de las condiciones de vida está ausente en las reflexiones de nuestros dirigentes políticos y sociales, sobre el impacto de la globalización y las conse-

El impacto de los TLC en la salud laboral y el medio ambiente

cuencias de las firmas de los TLC y no invita desde el movimiento sindical a asumir con rigor el estudio de estos fenómenos.

Aspectos ligados a la propiedad intelectual, frente a la limitada industria farmacéutica de capital nacional que produce genéricos, nos señala un camino de despidos masivos en ese sector y la mayor dependencia de la importación o producción por las multina-cionales que dominan este sector, impacto que debemos medir en términos de costo y acceso a los medicamentos por parte de la población.

Nos corresponde poner en evidencia, la existencia de estos fenómenos y su com-portamiento en los daños en la salud de los trabajadores que se ocultan mediante el solo diagnóstico y subregistro, las condicio-nes peligrosas a que se ven expuestos los trabajadores, el seguimiento por parte de las organizaciones sindicales del deterioro am-biental derivado de los procesos productivos con la transferencia de empresas contami-nantes o traslado de residuos tóxicos como imperativos de las ventajas o zonas francas otorgadas como resultado de los propios tratados.

sector salud

Nº 71, agosto de 2010 11

Miguel Ángel Delgado R.

FisCal CUt Bogotá CUndinamarCa

La negociación colectiva, junto con la organización y la movilización, son de-rechos fundamentales del movimiento

sindical y, como tales, constituyen la esencia de la práctica sindical. Del ejercicio pleno de estos tres derechos depende la existencia misma del sindicalismo. Están íntima-mente relacionados y, por ello, cualquier resultado o acción, de mayor o menor contenido, depende, en gran proporción, del esta-do particular de cada uno de ellos y de su conexión armónica. Hacen parte de lo que hemos denominado, para el análisis objetivo de nuestro accionar, la correlación de fuerzas, en cuanto a nuestra propia condición. De otro lado está la capacidad del anta-gonista. Las dos condiciones están siempre enmarcadas en un determinado contexto político, económico y jurídico.

Nos organizamos y movilizamos para con-venir mejores medios de existencia para los trabajadores y el sindicalismo y, a la vez, esos mejores medios nos permiten mayor ca-pacidad de organización y movilización para mantener o aumentar lo conquistado.

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, haremos el balance del proceso y resultado de la negociación entre el sindi-calismo y la Alcaldía distritales, culminado el pasado viernes 20 de agosto con la firma de un acuerdo laboral, tras cinco meses y 20 jornadas de negociación.

Lo primero que debemos señalar es que el sindicalismo ha logrado, en el Distrito, la existencia de la negociación de las condi-ciones salariales y prestacionales, de esta-bilidad laboral, bienestar social y garantías sindicales, para los empleados públicos, negada por la legislación y por la práctica laboral de los gobiernos nacionales y por la mayoría de entidades territoriales. Muestra de ello son el decreto distrital 137 de 2004, por el cual se crea el Comité de Diálogo y Concertación Laboral, el Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital del 2 de mayo de 2009, firmados bajo la administración de Luis Eduardo Garzón y tres acuerdos laborales firmados con la ad-ministración de Samuel Moreno.

La segunda observación para establecer este balance tiene que ver con el estado del sindi-

calismo a nivel de los entes distritales. Entre otras, dos situaciones adversas prevalecen: la debilidad y la dispersión. La debilidad, como resultado de los muchos años de apli-cación de las recetas neoliberales en contra de los trabajadores, que trajeron despidos masivos en la década de los noventa por parte de las administraciones de Peñalosa y

Mockus y la imposición de la contratación por formas no laborales (OPS, CTA, agencias temporales, etc.), al punto de que hoy la llamada nómina para-lela supera en tres veces a la planta de personal. La pérdida de efectivos sindicales por estas razo-nes llega a límites críticos para la existencia sindical. La dispersión, atribuible a nuestras propias visio-nes, crea un sinnúmero de sindicatos y liderazgos dispersos, desconectados y enfrentados, que no permiten ni la unidad de pensamiento, ni la unidad

de acción. Su consecuencia final es la im-posibilidad de generar acciones de movili-zación y presión contundentes y efectivas, que respaldaran las aspiraciones que en materia de vinculación laboral, permitirían superar de raíz las causas del agotamiento sindical y facilitar las pretensiones de tipo económico.

En cuanto a la situación de la contraparte, la Administración Distrital, la descripción no puede ser optimista. Con niveles muy altos de rechazo a su gestión, con tremen-das dificultades en sus programas bandera de movilidad, con la cifras de inseguridad disparadas, con mucho de su autonomía y mirada política empeñadas por los acuerdos burocráticos de gobernabilidad, con caída de los recaudos, con una que otra investi-gación por presunciones de corrupción, y con constantes conflictos con sectores pro-ductivos y poblacionales, la capacidad de maniobra y concreción de opinión pública favorable, cada día les son más distantes. También observamos que pese a que esta Alcaldía contó con el respaldo unánime del movimiento sindical, rubricado mediante un acuerdo en defensa del patrimonio público, su decisión unilateral de poner en venta más de 30% de acciones de la ETB, rompe con este compromiso y con el ideario de su partido de origen.

Así las cosas, era previsible que esta ne-gociación se demorara lo que se demoró y resultara como resultó. Ni los trabajadores teníamos mucho con que presionar, ni la Administración mucho que ofrecer.

En nuestro criterio, el punto fundamental a resolver en esta negociación era el de la llamada “tercerización”. Teníamos a nuestro favor en esta ocasión una condición externa de carácter jurídico, la sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009 de la Corte Constitu-cional. Además, una realidad admitida por el propio Alcalde en la mesa de negociación, que un porcentaje importante del talento humano se contrata, de forma velada, con órdenes de prestación de servicios. Pero lo cierto es que, a pesar de esto, la Adminis-tración ha incumplido sus compromisos y fue inferior, en la formulación en la mesa de negociación, a su autoreclamado talante de “izquierda democrática” y a la verdad que dice reconocer.

¿Por qué entonces firmamos? Porque el texto, al introducir el término vinculación de personal que ejerza actividades permanen-tes, reconoce la esencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en ese sentido avanza en relación con el acuerdo de julio de 2009. Porque el texto no impide a los tra-bajadores afectados entablar las acciones legales correspondientes. Porque se esta-blecen plazos perentorios para los estudios de cargas laborales, que serán la base para la vinculación de los funcionarios contratados irregularmente a las plantas de personal, lo cual implica su ampliación, que es nuestra reclamación central. Porque permite a la dirigencia sindical incidir en este estudio. Porque da un tiempo a los sindicatos para preparar un plan de trabajo y movilización,

el acuerdo laboral en el distrito

Ni teníamos mucho con que presionar, ni la Administración mucho que ofrecer

serio, sesudo y contundente que impida a la Administración burlar los plazos y compromi-sos para el acrecentamiento de las plantas de personal.

Colateral a lo anterior, en la parte económica, se consiguió un punto porcentual por encima del 2% en el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional, lo que también exce-de, en porcentaje del 0,6% el aumento del año anterior. Se firmó, además, una suma de 4.700 millones de pesos para aplicar a la nivelación salarial en los meses de octu-bre, noviembre y diciembre, que tiene como complemento un mínimo de 5.300 millones para los dos años siguientes. Si bien en este punto, como lo es en todos los demás, las aspiraciones eran superiores, lo importante que se tuvo en cuenta fue dar comienzo, por los niveles más bajos, a este ya antiguo anhelo de los trabajadores distritales.

Como en toda negociación obrero patronal, nunca las aspiraciones consignadas en las peticiones se logran alcanzar. Siempre ha-brá algunos que espeten, sin gran sentido de responsabilidad, que se hubiera podido conseguir mucho más. Claro, todo es sus-ceptible de mejorar, pero para ello toca, indefectiblemente, mejorar la correlación de fuerzas. Fortalecer y centralizar el mo-vimiento sindical distrital y poner en juego toda nuestra capacidad y las condiciones favorables. Eso es lo que debemos hacer en estos próximos cinco meses, si queremos avanzar y no perecer.

El Alcalde Mayor Samuel Moreno, durante la última sesión de negociación. Lo acompañan el equipo nego-ciador: de izq. a der. Beatríz Hincapié, Subsecretaria General, Yuri Chillán, Secretario General y Juan Ricar-

do Ortega, Secretario de Hacienda.

opinión sindical

12 Nº 71, agosto de 2010po l í t i ca

Tomado de El Espectador, sábado 21 de agosto de 2010

Esta aseveración se desprende del libro lanzado por la investigadora y politóloga Claudia López.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe "cogobernó" durante ocho años con el "nar-coparamilitarismo" , período en el que esa mafia se legitimó política y económicamen-te como no lo había hecho antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.

Así se revela en "Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano" (Debate 2010), una publicación ofrecida en la presente Feria del Libro de Bogotá. Tres años de investigacio-nes que han llevado a los autores, pertene-cientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilega-les intentaron secuestrar al Estado sólo los "narcoparamilitares" casi lo lograron.

"Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilita-rismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido" , señala López.

Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vin-culados a grupos al margen de la ley.

De ese centenar, cinco habrían tenido su-puestos nexos con las guerrillas y de ellos ninguno ha sido condenado, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están con-denados, diez procesados y el resto bajo investigación.

Esos congresistas vinculados con los pa-ramilitares suponían el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado, aclara López. No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envuel-tas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Uni-das de Colombia (AUC) , un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantela-dos los grandes carteles de Medellín y Cali, según López. Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el "narcoparamilitarismo" ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vie-ron en esas mafias una forma de defender sus intereses.

Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tie-rras despojadas a los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.

"Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública , son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social" , de-talla López.

En 2002 "se sumaron masivamente al pro-yecto político y electoral uribista" , dotándoles de "un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes" , matiza.

"Llegaron a tener la dirección del Departa-mento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)" , de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña pre-sidencial de Uribe.

Según la escritora, "ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de coptar al Estado" cuando el país afrontaba una reali-dad aterradora.

"Colombia, en democracia, tuvo más desapa-recidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dic-taduras del Cono Sur sumadas" , asegura López.

En 20 años se acumulan "más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas" , a su juicio, "una historia de sangre a punta de bala".

"El narcoparamilitismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legiti-midad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotrafi-cantes" , explica sobre el contexto en el que ese grupo ilegal se hizo fuerte.

Ahora, el reto "es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales" , teniendo en cuenta que "las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas" , pese a que han pasado de tener 35.000 hombres en armas a 10.000.

Otro desafío es acabar con "los altos niveles de impunidad" , porque "algunos paramilita-res la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estruc-tura de poder, la han pagado" , matiza la escritora.

Eso sin contar que en el nuevo Congreso, elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son "here-deros" de la denominada "parapolítica" , es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.

Uribe ‘cogobernó’ con ‘narcoparamilitares’ durante ocho años

Nº 71, agosto de 2010 13ac tua l idad

Mauricio Romero

CorPoraCión nUevo arCo iris y ProFesor Universitario

tomado de EL TiEmpo

Tal como estableció la más reciente investigación de la Corporación Nue-vo Arco Iris sobre la financiación de

las autodefensas, uno de los botines más jugosos para las AUC fueron las regalías que recibían los departamentos y municipios provenientes de la extracción y transporte de petróleo, carbón, níquel y otros minerales. La suma total recibida por las administraciones territoriales entre el 2002 y el 2008 alcanzó una cifra cercana a los 20 billones de pesos del 2008, es decir unos 10.000 millones de dólares. Lo asombroso es que semejante volumen de recursos se concentra en un 44 por ciento en tres departamentos del oriente colombiano, dado que las regalías petrole-ras representaron el 82 por ciento de los recursos que se han distribuido por regalías directas, y estos departamentos concentran la mayor producción de crudo.

Si se considera que los departamentos de la costa Atlántica recibieron el 27 por ciento del total de las regalías directas entre el 2002 y el 2008, a estas dos subregiones han sido transferidas más de las dos terceras partes de las regalías petroleras del país. En prin-cipio esto no tendría nada de negativo, si no fuera porque en estas dos regiones se desarrollaron poderosos bloques paramili-tares, que en conjunto con políticos y admi-nistradores locales controlaron el manejo de los recursos públicos desde inicio del nuevo milenio, y la sospecha es que las redes de corrupción asociadas con los paramilitares y sus sucesores aún mantienen una fuerte influencia en las administraciones locales.

Al observar en el interior de los departamen-tos mencionados, las regalías se concentran aún más, y ciertos municipios han recibido la mayor tajada. Son de destacar entre 20 y 25 municipios, a los cuales se les ha girado una proporción cercana el 50% de las re-galías directas, y sólo han podido alcanzar como máximo una, y a veces ninguna, de las cinco certificaciones en coberturas mínimas - salud, educación básica, agua potable, al-cantarillado y mortalidad infantil, indicadores mediante los cuales la Dirección de Regalías de Planeación Nacional les hace un segui-miento a los recursos girados.

De acuerdo con Planeación, de los siete municipios que recibieron mayores recursos per cápita durante el período 2005-2008 - Castilla la Nueva y Puerto Gaitán en el Meta; Orocué, Tauramena y Aguazul en Casanare; Cantagallo en Bolívar; y Chiriguaná en el Cesar- seis cuentan sólo con una de las cer-tificaciones, y Aguazul con ninguna. ¿Qué se ha hecho la plata? En ese período Castilla la Nueva recibió 21 millones de pesos por ha-bitante cada año y sólo alcanzó la cobertura en un indicador. Seguramente, no se han perdido todos los recursos, y han existido

obras para beneficio común. Sin embargo, los indicadores no mienten.

Un factor determinante ha sido que estos municipios están ubicados en el corazón de las regiones en donde antiguos frentes paramilitares hacían y deshacían: el bloque Centauros, las Autodefensas Campesinas del Casanare, el bloque Norte, y el bloque Central Bolívar, y en donde muy al pesar de los habitantes de esos departamentos, todavía existen grupos armados, herederos de los antiguos grupos ilegales. Estos han reconstruido las redes sociales y políticas y tienen influencia en la contratación pública. El caso de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, en los departamentos del Meta y Casanare, es el más conocido, y también el más preocupante, dado que son los departa-mentos con mayor volumen de regalías (un poco más de un tercio del total).

¿Y cómo lo hacen?La contratación pública con alcaldías y go-bernaciones ha sido el campo por excelen-cia para el desvío de recursos, a través del aprovechamiento del Estatuto Cooperativo o de la economía solidaria. Hay varias posi-bilidades, y una de las más usadas ha sido la figura de las administraciones públicas cooperativas, que permite la asociación de entes territoriales con cooperativas o con ONG, forma de contratación para la ejecu-ción de los presupuestos municipales, que precisamente había sido creada para evitar la corrupción. Estas asociaciones tienen régimen tributario especial, prelación en los contratos de obras públicas, de salud y en la provisión de servicios.

Un caso conocido es el de la Asociación de Municipalidades de la Sabana, en Sucre, promovida por Édgar Cobo, alias Diego Ve-cino, la cual agrupó los municipios de Tolú,

Coveñas, San Onofre, Palmito y Sincé, todos receptores de regalías. Este caso ayuda a entender por qué en los territorios de las AUC proliferaron las asociaciones de municipios y las formas cooperativas para contratar con los entes territoriales, modalidades que continúan operando.

En el sector de la salud, además, las coo-perativas de trabajo asociado, organiza-das para proveer servicios de todo tipo a las empresas de salud pública y privadas, aprovecharon la desregulación laboral del primer gobierno del presidente Uribe para subyugar a profesionales y técnicos de la salud, monopolizando la contratación con los entes prestadores de servicios. El caso de Dief Maloof y Luis Alberto Gil es ilustrativo, en los departamentos de la costa Atlántica y Santander, respectivamente.

Como en las regalías y en la salud, hay otros sectores como tierras, en donde hay un ám-

Así robaron los 'paras'

bito o agencia estatal al que le corresponde-ría el control y la regulación de la actividad correspondiente, función que no ejerce, o sólo a medias y con un limitado efecto en la realidad. La pregunta es, entonces, ¿cómo se llegó a esta situación de inoperancia de los organismos de regulación y control, y cómo solucionarla?

El gobierno del presidente Santos parece estar dando pasos hacia la recuperación de esas capacidades, con la reorganización de las consejerías en el ejecutivo. Se ha anun-ciado la creación de las consejerías para la Gestión Pública y Privada, el Buen Gobierno y la Eficacia Administrativa, y para las Re-giones y la Participación Ciudadana. Paso importante para abrir un campo de discusión sobre cómo enfrentar el tema de la corrup-ción con los recursos públicos, qué reformas hacer, y el papel de la sociedad civil y de los partidos políticos en ese proceso.

14 Nº 71, agosto de 2010op in ión s ind i ca l

Nº 71, agosto de 2010 15infraestructura

Pedro Rubio Jr.

dirigente soCial

Si Colombia quiere sobrevivir cono na-ción soberana, que responda por el bienestar general de sus actuales y

futuras generaciones, tendrá que articularse a las naciones vecinas, al mundo y en espe-cial a la relación transpacífica con Asia, vía los corredores ferrovia-rios. El modo ferroviario –la forma más barata para transportar pa-sajeros y mercancías en grandes distancias– debe integrarse a los modos de transporte fluvial y de carreteras. Las carreteras no pueden competir o reemplazar al ferrocarril; asimismo, no podemos remplazar al metro con buses contaminantes e ineficientes. El transporte con motores de combustión sirve para el transporte en distancias más cortas. Los ferrocarriles deben ser electrificados, en doble dirección y de trocha ancha.

La relación traspacífica… ¡un potencial aliado!

En septiembre de 2008, Zhang Shuguang, director del departamento de transporte del Ministerio de Ferrocarriles, dijo que para el 2012 China completará una red de 42 líneas que abarcará 13.000 km. Los planes actuales implican expandir rápidamente este sistema a 16.000 km. y según los más recientes in-formes, a 20.000 km., para el 2015. Así que para finales del 2012 el sistema ferroviario chino de alta velocidad será tan extenso como la totalidad de sistemas de alta ve-locidad de todos los países del mundo que disponen de esa tecnología.

El anuncio del gobierno chino muestra la ur-gencia y la viabilidad de emprender ese tipo de obras. Sólo personas desinformadas o sicarios económicos pueden oponerse a que Colombia entre a la modernidad a través de la construcción de modernos sistemas fe-rroviarios. (Ver el libro: “Confesiones de un sicario económico”, escrito por John Perkins, confiesa cómo el fue sicario desplegado por organismos multilaterales afines en esta po-lítica diseñada por el imperio británico para destruir cualquier proyecto de desarrollo que consolide la soberanía y garantice el bienes-tar general de la población de una nación).

China está ofreciendo a todas las naciones, inversión y cooperación tecnológica. Hasta ahora Colombia ha sido renuente a estrechar los nexos comerciales y económicos en ge-neral con China, Rusia, India, Corea del Sur y Japón, que ahora van a la vanguardia en corredores ferroviarios, tecnología nuclear y programas aeroespaciales, entre otras áreas. China ya ha firmado Memorandos de Entendimiento con Rusia y Estados unidos, para cooperación en el desarrollo de trenes de alta velocidad.

Los trenes de levitación magnética auto sostenibles energéticamente y desarrollan velocidades superiores a 350 km/h

Nominalmente, Colombia dispone de 3.154 kms de ferrocarril, de los cuales 1.013 kms están inactivos y los otros fueron entregados en concesiones, dizque para ser rehabilita-dos. Sólo 680 kms están funcionando para

el transporte de carbón hacia los puertos de exportación. Pero nuestro ferrocarril es de trocha angosta y no puede integrarse con ninguno otro del resto del planeta. ¿Qué hacer entonces? aprovechar lo que queda de fe-rrocarril para transportar al per-sonal y al equipo necesarios para iniciar la construcción totalmente nueva de las redes ferroviarias modernas de trocha ancha que

requerimos, en donde sea viable, según se ajuste al nuevo trazo de las vías férreas que deberán ser electrificadas.

Esta primera fase de la construcción de infraestructura ferroviaria nos articulará con las naciones vecinas y con el resto del mundo y requerirá la utilización de 1.250 locomotoras completamente eléctricas (no Diesel-eléctrica); 4 millones de toneladas de acero de alta dureza; 6.000 megavatios adicionales de energía eléctrica; 8.000 Km. de nuevas vías de transmisión eléctrica y de catenarias (que transfieren la electricidad a la locomotora); cientos de nuevas subestacio-nes y 4 millones de toneladas de cemento. Este proyecto generará de manera directa, tan sólo en el sector ferroviario 100.000 em-pleos calificados.

En su conjunto, la propuesta generará 3 mi-llones de empleos públicos y 2 millones 300 mil empleos en el sector privado. Estas obras de infraestructura, además de los ferroca-rriles, abarcan la construcción de: canales, túneles, plantas de producción de energía, diques, puertos, aeropuertos, puentes, au-topistas, hospitales, acueductos, alcantari-llados, escuelas, colegios y universidades, entre otras.

Concepto científico de la infraes-tructura desde la economía física…

Como lo sostiene el estadista Lyndon La-rouche el actual desplome económico mun-dial no significa una crisis monetaria, sino la incapacidad de cada nación para sostener a su población físicamente. Lo que se ha desplomado de hecho es la disponibilidad de recursos y la infraestructura, la inversión en nuevos descubrimientos para la mejora de la sociedad, es decir, un futuro y una misión para las siguientes generaciones.

El desarrollo de infraestructura de gran nivel para varias generaciones implica un nuevo sistema económico, basado en el crédito soberano, y más aún, una transformación

de la cultura que regrese hacia la verdadera tradición científica que quedó de lado bajo este sistema bestial llamado liberalismo económico.

La infraestructura a gran escala represen-tada en planes como el metro de Bogotá el tren para Colombia y el tren del Darién que conectará a Venezuela, Colombia y Panamá sentarán las bases para que el continente suramericano se integre con un ramal con trenes por el pacifico, otro por el atlántico y otro por la región central y se consolide a Su-ramérica como una potencia económica en paz y armonía; así mismo la Alianza Norte-americana de Agua y Energía (Nawapa) que involucra a Canadá, Estados Unidos y Méxi-co, así como el Plan Hidráulico del Noreste (Plhino) permitirán conectar las regiones del continente norte y centro americano con los componentes de corredores ferroviarios-, Nawapa también consiste en la implemen-tación y la mejora del ciclo global, natural, del agua, con lo que se podrá no solo pro-porcionar agua potable al oeste de Estados Unidos y al norte de México en perpetuidad, sino que la experiencia ha demostrado que también transformará de modo permanente el clima en esas regiones como resultado, reduciendo la temperatura y aumentando la precipitación pluvial, todas estas obras en el sentido de hacer grandes proyectos no como "cosas" en sí, sino de hecho transformar el espacio-tiempo físico de la economía huma-na y de la biosfera misma.

Rutas trenes de alta velocidad y sistemas de gestión de aguas para

el planeta

Estas transformaciones son concebidas desde la perspectiva científica del padre de la biogeoquímica rusa Valdimir Vernadsky al elaborar el papel del hombre como trans-formador de la biosfera a través de su poder creativo sobre el universo físico conocido como la noosfera; la humanidad, tiene la ca-pacidad de convertirse en generadora y ad-ministradora de recursos naturales a través de la implementación de nuevos principios físicos aplicados a la ciencia, infortunada-mente el escenario de pobreza y subdesarro-llo impuestos a través del modelo económico liberal británico, a través de sus agencias maltusianas como la WWF (fundación mun-dial de vida silvestre) verdaderos enemigos del medio ambiente, han ocasionado la

verdadera tragedia ambiental en el mundo al impedir el desarrollo de las naciones, el ataque y saboteo a la implementación de nuevas, densas limpias y eficientes fuentes energéticas como la energía nuclear, el hi-drogeno y la energía eléctrica para procesos industriales y civiles como para el transporte, que remplacen a los contaminantes y obso-letos combustibles fósiles léase petróleo; ejemplo reciente de cómo opera esta política fascista, es la creación en los Estados Unidos mediante orden ejecutiva por el decadente presidente Obama del Consejo Nacional de los Océanos, en el que se prohíbe la trans-ferencia de agua en las cuencas, como eco de la política mundial que impone la privati-zación y restricción de los recursos hídricos, para que el agua, se convierta al igual que los combustibles, en negocios de especulación financiera beneficiando al capital y negando el derecho del vital recurso a millones de seres humanos.

Nuevos espacios para la movilidad, diseño subterráneo del metro

para Bogotá

En Colombia los mal llamados ecologistas dirigentes del partido verde que se oponen a la construcción del metro para Bogotá, se contradicen, al sostener que mejor que el metro es construir más troncales con buses de transmilenio, movidos por los contaminan-tes motores de diesel, convirtiéndose así en traidores a la causa ambiental y ecológica.

La construcción del metro para Bogotá y la implementación del tren de cercanías son re-flejo de cómo se puede transformar el entor-no con desarrollo y sostenibilidad ambiental a partir del uso de fuentes energéticas no con-taminantes, con la implementación del metro y el Sitp se reducirá la emisión de Co2 en 150.000 toneladas por año, es decir dejarán de emitirse al aire que respiramos 2.102.375 toneladas de Co2 del 2011 al 2024.

El metro y el tren son los infinitesimales de las obras necesarias para que el país logre el bienestar de su población, tenemos la responsabilidad continental, de impulsar iniciativas como el tren del Darién, como primer paso, para que la región sea esa pa-tria grande convertida en polo de desarrollo y crecimiento, que permita la sobrevivencia exitosa para que nuestras futuras generacio-nes vivan en paz.

Trenes para Colombia: infraestructura, economía y ciencia

Únete a la defensa del metro para Bogota y los trenes para Colombia:Facebook: “un millón de amigos del metro de Bogotá y el tren para Colombia”

16 Nº 71, agosto de 2010relaciones internacionales

María Antonieta Cano

doCente del distrito

El 5 de agosto, el gobierno saliente de Uribe expidió el Decreto 2940 por el cual se es-tableció para 2010 la remuneración de los 88.608 docentes vinculados al magisterio bajo el estatuto 1278. Con base en la Ley 715 de 2003 se decretaron para los nuevos docentes, en los años 2008, 2009 y 2010, incrementos salariales reales promedio de 8 puntos adicionales a la inflación para cada uno de estos años. Esta decisión consistía en determinar un incremento superior al de los antiguos maestros vinculados en el marco del Decreto 2277. Con ello se pretendía generar un espejismo para ocultar que el nuevo régi-men sometía al magisterio a una seguridad social acorde con la Ley 100; a la parálisis en la posibilidad de ascenso en el escalafón; a la negación de la formación permanente financiada por el Estado, y a la pérdida de la estabilidad laboral dejada al arbitrio de rectores y directivos escolares.

En los años 2008 y 2009 se cumplió lo pres-crito con base en la Ley 715. No obstante, mediante el Decreto 2940, el gobierno de Uribe y su ministra, Cecilia María Vélez, actuando como fugitivos, determinó para el año 2010 un alza en la remuneración de los maestros cobijados por la Ley 1278 del 4,5%. Lo que corresponde a una adición de tan solo de 2,5% por encima del 2% de la inflación. Esta decisión significa quitar a cada maestro,

en promedio al año, no menos de un millón de pesos y al total de los nuevos docentes 90 mil millones de pesos.

Desde que el gobierno colombiano se aco-gió a los ‘acuerdos’ con el FMI, la política económica principal es el pago de la deuda pública. Para cumplirlo, ya que uno de cada dos pesos del presupuesto nacional se de-dica a los gastos de seguridad y defensa y a cancelar intereses de lo adeudado, se han reducido las transferencias para educación y salud al Distrito, a los municipios y a los departamentos. Entre 2000 y 2019, a los entes territoriales se les habrán quitado el equivalente a 52,5 billones de pesos del año 2005. Por esta razón, el magisterio colombiano ve constantemente lesionados sus derechos.

Es necesario demandar del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministra de Educación, María Fernanda Campo, la dero-gatoria del Decreto 2940 y el pago inmediato de ese pasivo con el magisterio colombiano. Por su parte, urge exigir que el salario de los docentes tenga en cuenta, al menos, la experiencia, la formación académica y la producción intelectual, esto debe plasmarse en el nuevo Estatuto Docente que responda al mejoramiento de la calidad de la educa-ción, que eleve la dignidad de la profesión y que esté de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la Nación y de la educación integral de los 11,5 millones de estudiantes colombianos.

los 90 mil millones de pesos que se adeuda

al magisterio como legado de uribe

El gobierno de Santos debe pagar

Gustavo Alonso Garzón R.

líder magisterial, delegado Codema

“Y siempre tengo miedo, porque soy valiente”

Silvina Ocampo

Hace cerca de una década, una de las verdades incuestionables en el ám-bito de las relaciones internacionales

daba cuenta de la crisis del Estado-nación, como el binomio de territo-rio y conjunto institucional marco de la regulación de las relaciones societarias y ciudadanas, se planteaba la urgente necesidad de reducir las dimensiones del Estado, léase impulso irrestricto a las políticas privatizadoras, impulso a la percepción de servicio sobre la óptica de derechos y posicionamiento del concepto de autonomía-soberanía relativa, se generó una amplia expectativa sobre las posibilidades que el Estado redujese su marco de acción a las garantías de seguridad a la libertad de empresa y a la propiedad, sobre el presupuesto de conseguir mayores índices de eficiencia en el alcance de los propósitos, producto de esta ola de avanza-da en la modificación estructural del sistema capitalista se dio la crisis de superproducción que afecta hoy por hoy el sistema económico mundial con las consabidas consecuencias que estamos afrontando.

Ahora bien, regresemos a la crisis del Esta-do-nación, como alternativas a dicho cisma se planteó el surgimiento de Estado-Región, cuyas características esenciales estaban determinadas por elementos económicos, sobre las tradicionales estipulaciones políti-cas (tradición, pertenencia, identidad, etnia, lengua, religión, entre otras), es decir, que el dinamismo comercial, la reciprocidad oferta-demanda, mano de obra, mercado, entre otros factores, determinaban la configura-ción de entidades territoriales novedosas con la participación de uno o más Estados-nación. Como ejemplos de esta nueva ca-tegorización se destacaron la zona norte de Italia, como territorio industrial y comercial con dinámica claramente diferenciada del resto del tradicional territorio italiano, es decir un Estado-región dentro de un Estado-nación; también se destacó el creciente dinamismo de la frontera EE.UU.-México, como la configuración de un Estado-Región con la confluencia de dos Estado-Nación, pero con las limitantes de idioma y dinámi-cas socioculturales propias de cada territorio a lado y lado del río Bravo. Sin embargo, una “esperanzadora” promesa en la categoría de configuración de Estado-región a partir de dos antiguos Estado-nación se trataba de la pujante relación comercial Colombo Venezolana, auspiciaban esta “esperanza” la rápida conformación de instancias inter-estatales con claro interés por la reciproca relación económica binacional, la tradición

de vieja data entre ambos lados de la larga frontera, la cercanía cultural y las comunes raigambres históricas y culturales, entre otros.

Es bien sabido que desde el punto de vista colombiano los mayores socios comerciales, por volumen, han sido Estados Unidos, Ve-nezuela y Ecuador, sin embargo, en térmi-nos de cuanto representan estas relaciones comerciales en la generación de empleo el

orden varía, siendo Venezue-la, Ecuador y luego Estados Unidos, los generadores de empleo, gracias a los men-cionados nexos económicos, y dado que durante los últi-mos años (casi una década) el comercio binacional con Venezuela se enrareció por obra y gracia de las diferen-cias políticas subyacentes en los modelos de desarrollo y principios orientadores del gobierno a ambos lados del río Orinoco, la posible cons-trucción o consolidación de

un Estado-región también cayó a pique, sin embargo el sorpresivo y rápido restableci-miento de relaciones colombo-venezolanas hace pensar que puede ser viable la norma-lización de las relaciones comerciales de la frontera, que dicho sea de paso involucran mucho más que la frontera, en la medida que el intercambio en 2008 fue cercano a los 8.000 millones de dólares y se espera que luego de normalizadas las relaciones se concrete un alza porcentual significativa de este guarismo.

Es prudente señalar que, al igual que Co-lombia, el primer socio comercial de los venezolanos es EE.UU., pero también es estratégica la relación de abastecimiento con nuestro país, pues son bien conocidas las circunstancias en las cuales los produc-tos provenientes desde Ecuador o Argen-tina han llegado en deplorable estado de descomposición, mientras los proveedores colombianos pueden garantizar calidad y salubridad.

Es muy pronto para hacer balances, pero se pueden augurar mejores condiciones para sectores que han estado duramente golpeados por los caprichos napoleónicos del sátrapa que nos mal gobernó los últimos ocho años, especialmente el automotriz, los ganaderos costeños, los agricultores llaneros (arroz) y boyacenses (el caso de la papa es paradigmático) y el del calzado santanderea-no, entre otros.

Mención aparte merece la condición la-mentable de dependencia económica que aqueja de manera estructural la economía colombiana, y ojalá se den de verdad iniciati-vas tendientes a conquistar otros mercados, sin dejar de lado los ya existentes y sobre todo fortalecer la capacidad de adquisi-ción de los conciudadanos en la óptica de fortalecer el mercado interno, en sintonía con la tendencia que han impuesto China y España.

En últimas, se abre una luz de posibilidades para recobrar el camino de fortalecimiento de una relación económica fraterna que hace mucho bien a los dos lados de la extensa

¿Hacia la reconstrucción del Estado-región?

frontera y que bien puede significar la cerca-nía o armonía entre dos dinámicas sociales que avanzan a ritmos disímiles y con nortes opuestos.

Nº 71, agosto de 2010 17s ind i ca les

Con una nutrida participación de traba-jadores procedentes de todas las re-giones del país se realizó, durante los

días 9 y 10 de agosto de 2010, la celebración de los 75 años de fundación de la Confedera-ción de Trabajadores de Colombia CTC, que reunió a todas las centrales obreras, orga-nizaciones sociales, partidos políticos, cajas de compensación, magistrados, representa-ciones internacionales y personalidades e intelectuales de muy importante trayectoria en las actividades políticas, económicas y sociales de la vida nacional.

Esta importante celebración, de una efe-méride que marca el inicio del sindicalismo organizado en Colombia, colmó todas las ex-pectativas, la cual inició con una exposición gráfica y documental de la historia de la CTC y los sucesos previos más destacados.

Posteriormente, con cuatro paneles y una conferencia en el marco de una actividad académica de gran importancia, interactua-ron importantes historiadores y comentaris-tas, entre ellos, María Tila Uribe, Ricardo Sánchez Ángel, Mauricio Archila, Lina Paola Malagón, Beethoven Herrera, Zita Tinoco, Norberto Ríos, Jorge Humberto Valero, Alejandro García, Héctor Fajardo, Benjamín Durán, Francisco Osteau de Lafont de León y Luciano Sanín, quienes ilustraron y deba-tieron sobre los diferentes acontecimientos de la historia de la CTC y, en general, de las luchas de la clase obrera.

En este acto se trataron importantes temas que dejan muy en alto el valor de los antepa-sados en la dirigencia sindical y los logros en las reivindicaciones para los trabajadoras co-lombianos: Auxilio de cesantía, prima de na-vidad, vacaciones remuneradas, horario de trabajo (48 horas semanales), fuero sindical, jurisdicción especial del trabajo, seguridad social, cajas de previsión social, negociación colectiva, indemnización accidentes y E.P.,

sustitución patronal, jornada diurna de 6:00 am a 6:00 pm, salario mínimo, recargo noc-turno 35%, descanso dominical remunerado, pensión de jubilación e invalidez, tribunal de arbitramento, huelga, prestaciones sociales servicio doméstico, prestaciones trabajado-res del campo, escuela primaria y técnica, cuotas sindicales, permisos sindicales, re-glamento de trabajo, remuneración dominical triple, indemnización por despido injusto, ampliación del fuero sindical, prelación de los derechos laborales, compatibilidad de ce-santía y jubilación, financiación de vivienda, etc. Esta parte académica culmina con una interesante disertación sobre el Bicentenario de la Independencia, en paralelo con los cien años de lucha sindical realizada por Luciano Sanín, director de la ENS y Luis Miguel Mo-rantes Alfonso, presidente de la CTC.

Finalmente, se llevó a cabo un acto solemne donde tomaron la palabra importantes perso-najes de la actividad social, política y sindical, entre ellos: Ariel Armel Arenas, presidente de la Confederación de Consumidores de Colombia; Álvaro José Cobo, presidente de Asocajas; Rafael Pardo Leal, presidente del partido Liberal; Clara López Obregón, presi-denta del Polo Democrático; Rhett Doumith, del Centro de Solidaridad AF-CIO; Jesús Ber-nal Amorocho, ex congresista; Tarsicio Mora Godoy, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Julio Roberto Gómez, Se-cretario General de la Confederación General del Trabajo, CGT; Anselmo Gómez Elguedo, de la Confederación de Pensionados de Co-lombia, CPC; Enrique Herrera Vergara, ex magistrado; el acto culminó con una vibrante intervención del Presidente de CTC, quien invitó a luchar con denuedo por la defensa de las reivindicaciones adquiridas con sacrificio y heroísmo, lo mismo que a trabajar por la creación de empleo decente como la más im-portante herramienta para sacar de la pobreza a tantos millones de Colombianos.

75 Años de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC

Luis Miguel Morantes Alfonso, presidente de la CTC.

José Luciano Sanín Vásquez

direCtor general ens

Durante los 8 años de Uribe estuvo bloqueada la agenda laboral y sindi-cal, lo que significó el agravamiento

de una situación histórica en Colombia: la exclusión a la que han sido sometidos los trabajadores y sus organizaciones.

Uribe nos deja : 1) Con la tasa de desempleo más alta de América Latina, con el país más desigual del continente, con una informalidad cercana al 60%, con las dos terceras partes de los trabajadores sin protección social e ingresos que los mantienen en la pobreza. 2) Con unas políticas económicas, fiscales y sociales lesivas a los derechos laborales. 3) Con una institucionalidad del Estado incapaz de controlar los abusos laborales. 4) Con un gran distanciamiento y desconfianza entre los interlocutores sociales, que en estos 8 años vieron frenada la agenda del diálogo social y disminuida la negociación colectiva. 5) Con el movimiento sindical atropellado por la estigmatización y la violencia, con menos afiliados y presencia en el país.

El Presidente Santos en su campaña presen-tó varias propuestas: 1) Normas para incenti-var la generación y formalización del empleo y una ley del primer empleo. 2) La creación del Ministerio del Trabajo. 3) La creación de 2´500.000 de empleos, como resultado de las locomotoras del crecimiento económico. 4) La implementación de algunos convenios y recomendaciones de la OIT por la vía de decretos reglamentarios. 5) Fortalecimiento de espacios para el diálogo social.

Por su lado, los empresarios han venido anunciando sus propuestas: 1) Eliminación, o reducción, o sustitución de los parafiscales. 2) Eliminación del salario mínimo, o al me-nos el establecimiento de salarios mínimos diferenciados por edad, sector y región. 3) Reforma pensional que elimine el régimen de prima media e incremente la edad y semanas de cotización. 4) Normas fiscales que incen-tiven la creación y formalización del empleo. 5) Reforma al sistema de aseguramiento de la salud para garantizar los márgenes de ganancia.

Por otra parte, los debates de los TLC en EU y Europa vienen implicando, si el gobierno quiere su aprobación, la adopción de algunos cambios en materia de Derechos Humanos y derechos laborales y sindicales. Al menos en tres temas se presiona con fuerza: 1) Una po-lítica seria y estructural para enfrentar la vio-lencia que se ejerce contra los sindicalistas y la impunidad de los crímenes. 2) Algunos cambios en materia de libertades sindicales, partiendo de los asuntos sustanciales que la OIT ha recomendado. 3) El control a las formas de precarización de los empleos, en especial las CTA.

Perspectivas de la agenda laboral y sindical en el

Gobierno Santos

Finalmente, el sindicalismo colombiano ha centrado su agenda en: 1) Políticas de generación y conservación de empleos. 2) Mejora de los salarios e ingresos de los trabajadores. 3) La recuperación del con-trato de trabajo frente a la tercierización y las formas precarias de contratación. 4) La recuperación y ampliación de las libertades sindicales. 5) Políticas y medidas que ga-ranticen la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia antisindical.

La agenda laboral del nuevo gobierno se definirá en medio de grandes tensiones. Por un lado, las demandas ciudadanas que ubican el empleo y los ingresos como el principal problema del país; de otro lado, unas políticas económicas, fiscales y so-ciales que destruyen empleos, precarizan condiciones laborales e incrementan niveles de desigualdad y de pobreza; y como tercer factor, una importante presión internacional dirigida a que el Gobierno asuma varios te-mas claves, como la violencia antisindical, la precarización del empleo y la destrucción del sindicalismo.

La pregunta es si el nuevo gobierno está dispuesto a modificar las políticas que here-da y le da un nuevo rumbo al tema laboral y sindical en el país. Todo parece indicar que tendremos continuidad, así se desprende de los anuncios del presidente Santos y del perfil de su gabinete. En todo caso, la presión para el cambio será fuerte y algunos temas tendrán que ser abordados.

Todo indica entonces que el tema laboral y sindical será abordado, que no podrá ser ignorado, y que ocupará un lugar importante en la agenda del actual gobierno, y por tanto tendremos un amplio debate en el país. El punto está en qué dirección se mueve esta agenda. Y eso dependerá de la capacidad que desarrollen los trabajadores y sus sindi-catos para ampliar la deliberación y movilizar-se por una agenda laboral progresista.

1 Ver en www.ens.org.co “Balance del Gobierno de Uribe en los temas laborales y sindicales”.

18 Nº 71, agosto de 2010soberan ía

Nohora Bulla

direCtora dPto. de edUCaCión CUt Bogotá, CUndinamarCa

Para comprender la dimensión y los alcances del comando de Estados Unidos en el Pacífico (Uspacom), es

preciso destacar que bajo su ju-risdicción se encuentra más de la mitad de la superficie del planeta (cerca de 273 millones de kilóme-tros cuadrados), casi 60% de la población mundial, 20 territorios dependientes y 10 territorios que son posesiones de EE.UU.

Este comando unificado tiene su sede en Honolulú, Hawái, y está conformado por el ejército norte-americano en el Pacifico, la arma-da, la fuerza aérea y la infantería de marina. Bajo su vigilancia se encuentran 43 países del sur de Asia, Aus-tralia y la Antártida; cinco de los ejércitos más grandes a nivel mundial son supervisados por el Uspacom: Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, India y la República Popular China.

Precisamente, el acelerado crecimiento eco-nómico de China y su protagonismo como potencia mundial, han ocasionado que EE.UU. produzca en Asia ágiles transformaciones en su estrategia político-militar. La influencia de China sobre el continente asiático, ha hecho que Was-hington refuerce y promueva nuevas alianzas y acuerdos militares con diversos países como Japón, Corea del Sur, Australia e India.

En la 46ª conferencia de seguridad en Mú-nich, realizada en febrero de 2010, con la asistencia de más de 50 ministros de defen-sa y relaciones exteriores, el ministro chino, Yang Jiechi, en materia de seguridad interna-cional, presentó a China como una fuerza de paz, de estabilidad y de prosperidad y mostró su propósito de mejorar los mecanismos de cooperación internacional que permitan que todas las naciones obtengan beneficios.

Tres meses antes, el presidente norteameri-cano Barack Obama, con ocasión de la gira realizada por varios países del Pacífico pre-sentó la “nueva imagen” de las relaciones de EE.UU. con respecto a estos.

El Libro Blanco, que según el Departamento de Estado de Estados Unidos, es un docu-mento de las fuerzas aéreas donde se anali-zan y evalúan las opciones de transporte, las rutas y escalas en todo el mundo, enuncia en el punto trece la “estrategia del Pacifico”: “…las áreas de interés en esta región se han expandido para incluir las islas de Indonesia como fuente de agitación política e inestabi-lidad geológica… Dado un posible crecien-te interés en el área y desastres naturales rutinarios que requieran una amplia ayuda humanitaria, recomendamos establecer una localidad (militar) en la región con capacida-des más sólidas…”.

Resulta necesariamente jocosa la intención de ofrecer una generosa ayuda humanitaria, a pesar de la crisis económica que afecta al país norteamericano y de la dificultad para atender sus propios desastres.

La verdad es que a pesar de la existencia de 248 bases militares en el área de Asia-Pacífico-Oceanía, la presencia norteamericana en el

sureste de Asia es relativamente débil. Para los intereses y ne-cesidades actuales de Estados Unidos en el continente asiático su presencia está concentrada en lugares poco estratégicos. Por eso, desde comienzos de 2002, EE.UU. empezó a negociar con varios gobiernos del Sureste el uso de bases en la región. Según palabras del jefe del comando del Pacífico, “la proyección del pode-río y la respuesta de emergencia en el Sureste Asiático dependerá

en el futuro de esta red de acceso de EE.UU., en áreas con poca o ninguna estructura de bases militares estadounidenses.

La idea es ir cercando lentamente a China por todos los flancos: por el noreste asegurar la fuerte presencia militar, ya existente, en Corea del Sur y Japón; por el norte la ampliación de la cooperación con Mongolia, y por el occiden-te la profundización de la alianza con India.

A la luz de esta estrategia, podemos com-prender lo sucedido recientemente en Japón y los objetivos respecto al sureste de Asia y particularmente, Filipinas.

En el caso japonés, después de 54 años de hegemonía de los conservadores (aliados incondicionales de EE.UU.) asumió en sep-tiembre de 2009 como primer ministro Yukio Hatoyama, un socialdemocrata, que durante su campaña prometió a la población japone-sa suprimir la base militar norteamericana en Okinawa, lo que le valió una popularidad del 70%. Por supuesto, Washington se opuso categóricamente a revisar cualquier tipo de acuerdo, a pesar de las solicitudes de Hato-yama quien, finalmente, no pudo cumplir a los japoneses su promesa.

Por este y otros motivos el primer ministro se vio obligado a dejar su cargo en junio del pre-sente año. Lamentablemente, este hecho fue un gran golpe para quienes anhelaban grandes cambios en el país contra el intervencionismo norteamericano y otros temas.

El caso de Filipinas es particularmente ejem-plarizante para todo el mundo, ya que en 1992, después de 93 años de presencia de grandes complejos militares norteamericanos en ese país, el Senado filipino decidió, en una votación histórica, el cierre definitivo de todas las bases militares de EE.UU.

En estos últimos años, EE.UU. ha estado evaluando opciones para restablecer su presencia allí. Los estudios y propuestas presentados por muchos analistas desta-

bases militares viii

Comando del Pacífico: EE.UU. intensifica su control en el Sureste Asiático

can que Filipinas se ubica en la zona que los estrategas norteamericanos denominan la “guarida del dragón”, para referirse a los lugares donde China podría impedir el des-pliegue de las tropas de Estados Unidos. Para Norteamérica, la presencia de sus tropas en Filipinas es fundamental, pero se encuentra con el mismo obstáculo que en la mayoría de los países: la oposición por parte de la población. La estrategia ante esta dificultad es la misma que señalamos en el caso del co-

mando europeo: una nueva postura global de EE.UU., que consiste en disminuir el número de grandes bases bien equipadas y ampliar el de pequeñas bases, más simples, más ágiles y situadas en más lugares.

En suma, la maniobra consiste en maximizar la presencia militar en el Sureste Asiático y específicamente en Filipinas, conservando las apariencias de no intervención, y minimizan-do, así, la reacción de la población.

El 13 de octubre de 2009, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que reco-mendó al gobierno nacional renegociar el llamado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en De-fensa y Seguridad, por considerar que tenía implicaciones reales sobre la soberanía na-cional, al tiempo que recomendó adelantar el trámite ante las “instancias ordinarias de control democrático”, es decir, ante el Con-greso de la República. Aún así, el gobierno de Uribe Vélez firmó el acuerdo el 30 de octubre, desconociendo al Consejo de Es-tado y pretendiendo pasarse por encima a la Constitución colombiana.

Hoy, como tenía que ocurrir, la Corte Cons-titucional declaró inexequible el acuerdo que le entregaba el control de por lo menos siete bases militares colombianas al ejército de Estados Unidos, y obliga al gobierno a realizar el trámite por el Congreso. Es bueno mencionar que el fallo de la Corte no recono-ce el acuerdo firmado, por lo que no podrá ejecutarse sin surtir el trámite de la aproba-ción y si ya se venía haciendo deberán ser retiradas las tropas y equipos gringos de las bases militares colombianas.

De esta forma se comprueba que sí tenían fundamento los cuestionamientos que am-plios sectores democráticos de la población colombiana y estadounidense venían ha-

ciendo sobre el Acuerdo militar y sobre la forma mansa en que el gobierno de Uribe, con su entonces ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos, pretendía renunciar a la soberanía nacional.

Este fallo, que es la primera prueba de fuego de Santos en política internacional, abre una oportunidad para que las fuerzas vivas de la nación, del empresariado, los trabajadores, la intelectualidad, las organi-zaciones de derechos humanos, sectores políticos y sociales de diversas tendencias, impidamos que ese Acuerdo sea aprobado en el Congreso colombiano. Nos da la opor-tunidad de exigirle a todos los senadores y representantes que rechacen tal despro-pósito y que, en consecuencia, la sociedad colombiana pueda dar cuenta de quiénes van a votar a favor de que Colombia sea una colonia estadounidense y acepte el ejército que hoy tiene invadido a Afganistán y a Iraq, y quiénes votarán por defender la independencia conseguida hace 200 años por nuestros libertadores.

* La Coalición Colombia No Bases nació el 8 de abril de 2010, conformada por más de 150 organizaciones sociales. La Coalición es de carácter amplio y democrático y tiene como objetivo trabajar para impedir la insta-lación de bases militares extranjeras en el territorio colombiano.

Fallo de la Corte sobre bases militares es solo el comienzo del fracaso en las pretensiones entreguistas

Nº 71, agosto de 2010 19po l í t i ca labora l

Bogotá, 24 de agosto de 2010

Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente

República de Colombia

Palacio de Nariño

Bogotá, D.C.

Señor Presidente

Los trabajadores colombianos padecen las consecuencias de la quiebra de la industria y el agro nacionales y de un

desempleo estructural, el más alto de Amé-rica Latina: 12% desempleados y 58 % en la informalidad. El 70% de los trabajadores no tienen seguridad social; el 80% están en la pobreza, dado que ganan menos de dos salarios mínimos, cifra inferior al valor de la canasta familiar; existe una profunda cultura antisindical y de estigmatización que conlleva a la violación permanente de los derechos de asociación, negociación co-lectiva y huelga, así como a la eliminación física de sindicalistas. Durante los últimos 20 años ha arreciado la aplicación de po-líticas y reformas regresivas que recortan drásticamente los derechos laborales y las libertades sindicales. La violencia ha co-brado tal número de vidas que a Colombia se le considera el país más peligroso para ejercer la actividad sindical.

La CUT ve con preocupación los anuncios hechos por usted y por los miembros de su gabinete reafirmando el énfasis en la gran minería a cielo abierto, la producción de agrocombustibles, el reimpulso de los TLC, la austeridad fiscal en detrimento del gasto social, recorte de las regalías a las regio-nes, modificación de las rentas parafiscales y más flexibilización laboral, entre otras. Además, el señor Vicepresidente de la Re-pública adelantó para el anterior gobierno, parte de las gestiones conducentes a que la OIT calificara a Colombia como país en pro-greso a pesar de las innegables evidencias del deterioro de las condiciones de trabajo y de las libertades sindicales.

La Central se opone al continuismo de tales políticas, expondrá sus propuestas y peticiones e insistirá ante la OIT con las respectivas denuncias y demandando que se ponga fin a las violaciones de los conve-nios suscritos como país miembro de ese organismo.

En representación de nuestros afiliados y de los trabajadores colombianos, dentro del marco de la Constitución y las leyes, pre-sentamos el siguiente pliego de exigencias. Este contiene los problemas que requieren ser tratados con mayor urgencia con el pro-pósito de encontrar soluciones que alivien la ignominiosa condición en que las políticas neoliberales han puesto a los trabajadores colombianos.

-La creación de empleo estable con ingre-sos dignos. Asunto que será determinante en el crecimiento del mercado interno y

que se debe complementar con políticas de favorecimiento a la producción agrícola e industrial nacionales.

-La eliminación de la tercerización laboral: CTA, OPS, contratos sindicales, contratis-mo, entre otros. Requisito indispensable para lograr el pleno derecho a la asociación sindical y la contratación colectiva.

-Hacer efectiva la negociación colectiva para los empleados públicos.

-Cumplimiento inmediato por parte del Go-bierno Nacional de la Sentencia C-614 de la honorable Corte Constitucional.

-La eliminación del trabajo infantil y el reco-nocimiento de los derechos laborales a la mujer trabajadora.

-La derogatoria de la Ley 100 de 1993 y el establecimiento de un sistema de salud que elimine el aseguramiento, fortalezca el régimen contributivo y recupere la Red Pública Hospitalaria. Devolver a los traba-jadores de la salud sus puestos y dignificar la remuneración y la preparación científica de las profesiones de la salud.

-Estabilidad laboral para los 120 mil emplea-dos públicos en provisionalidad, que lo están así por omisión del Estado.

-La atención al pliego de peticiones presen-tado por Fecode, cuyos ejes centrales son la defensa de la educación pública y el estable-cimiento de un estatuto docente único.

-La defensa de las rentas parafiscales y su destinación específica para el sostenimiento del Sena, el Icbf y las Cajas de Compensa-ción Familiar.

-Gestionar ante el Congreso de la Repúbli-ca la ratificación de todos los convenios de la OIT, entre otros el 184 sobre la seguri-dad social para los trabajadores del sector agrario.

-Ante el homicidio de 33 sindicalistas en lo transcurrido del año 2010, y la persistente violación a los derechos humanos de nues-tros afiliados y organizaciones sindicales, reclamamos al Estado las garantías para el ejercicio sindical, fortalecer y concertar los programas de protección; derogar el Decre-to 1740 de mayo 19 de 2010, y garantizar verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la violencia antisindical.

-El compromiso del Gobierno de reconocer al movimiento sindical como interlocutor de los trabajadores colombianos en los diferentes espacios de la vida nacional, así como la asignación en el presupuesto nacional de recursos económicos para su financiación.

Agradecemos su atención,

Tarsicio Mora Godoy

Presidente

Domingo Tovar Arrieta

Secretario General

Carta de la CUT al presidente SantosFabio Arias

FisCal naCional de la CUt

El pasado 20 de agosto de 2010 el Gobierno Nacional presentó, a través del Ministro de la Protección Social, el proyecto de ley de formalización y primer empleo.

Dicho proyecto fue concertado con el empre-sariado, sin la participación de los trabaja-dores y sus representantes de las centrales obreras.

Esta actuación desdice de los anuncios de diálogo social hechos por el nuevo gobierno y contradice la obligación institucional y legal, especialmente la que ordena la Ley 278 de 1996, relativa a que todo proyecto de ley en materia laboral y salarial, debe pasar por la Comisión Nacional de Concertación de Po-líticas Salariales y Laborales, antes de ser radicada en el Congreso.

De esta manera, este Gobierno recurre a las mismas prácticas de desconocimiento de las organizaciones sindicales a las que practicó el gobierno uribista.

A más de lo anterior, nos preocupa:

a. El desmonte de las exenciones tributarias del 30% sobre las inversiones en maquinaria y equipo, sólo se hacen en forma gradual, de beneficios que ya usufructuaron las empresas. Es decir, los 3,5 billones de pesos que se re-cuperarían para ingresos del Estado, serán a cuenta gotas.

b. La formalización laboral debe desarro-llarse principalmente en la gran empresa y, especialmente, en el Estado, que debe dar ejemplo, eliminando toda la tercerización de los contratos y órdenes de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado, dando cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional C-614 de 2009, que ordena al Estado vincular a las plantas de personal a los empleos permanentes y misionales.

c. Tal cual está concebido el proyecto de ley, no está claro qué se va a hacer con los

13 millones de trabajadores informales que hay en el país. La cifra de formalizar 500 mil empleos, sólo apunta a una mínima porción y deja su responsabilidad en la pequeña y mediana empresa, acorralada por las políticas de competencia inequitativas derivadas del libre comercio (apertura económica, firmas de TLC).

d. Promover el primer empleo de jóvenes menores de 25 años, permitiendo a las em-presas contratar aprendices ilimitadamente, es una invitación a cambiar la actual nómina de contratos laborales formales por aprendi-ces informales a los que se les paga el 75% del salario mínimo legal vigente, evadiendo la seguridad social en pensiones y pago de parafiscales; no se les reconoce primas de vacaciones ni cesantías y se les niega los derechos a la sindicalización y a la negocia-ción colectiva.

Se promueve así la informalidad que su-puestamente se pretende formalizar. Adi-cionalmente, promovería el desmonte del aprendizaje en el Sena, entregándoselo a los mismos empresarios y a instituciones de garaje, en desmedro de la calidad de la for-mación profesional.

e. Las actuales circunstancias en que desa-rrollan las actividades de inspección, vigilancia y control del Viceministerio de Relaciones Laborales, no garantizan que los empresa-rios que se acojan a este proyecto de ley no lo hagan mediante procederes evasivos y fraudulentos.

En conclusión, se atiende sólo a los empresa-rios y son preocupantes las medidas anuncia-das, dado que no es claro ni la formalización laboral ni los nuevos empleos para los jóve-nes, por lo cual debe demandarse del Gobier-no el retiro del proyecto de ley del Congreso, hasta tanto se pueda realizar un diálogo na-cional al respecto, que cumpla con el diálogo social con las centrales obreras y las normas de la Comisión Nacional de Concertación y que responda verdaderamente a eliminar la informalidad y el desempleo.

El nuevo gobierno no concierta con los trabajadores

La Subdirectiva CUT Bogotá-Cundina-marca expresa su rotundo rechazo al plan de retiro voluntario presentado por

la administración de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, a sus trabajadores y se so-lidariza con estos y su organización sindical Sintrateléfonos, quienes, en multitudinaria asamblea realizada en el curso de esta se-mana, aprobaron, de manera unánime, decirle no a la propuesta de la empresa.

El plan de retiro voluntario viene a sumarse a una serie de medidas adoptadas por la Empresa y la Administración Distrital, tendientes a crear las condiciones propicias para la entrega de este patrimonio público de los bogotanos, al capital transnacional, que pretende apropiarse de esta estratégica empresa, clave para el desarrollo de la capital y del país, en busca de monopolizar las comunicaciones y obtener así inmensas ganan-cias y el control de este estratégico sector de la economía y seguridad nacionales.

La experiencia indica además que los planes de retiro han sido uno de los instrumentos con

los que los inversionistas y neoliberales, una vez posicionados de las empresas locales, proceden al debilitamiento y liquidación de las organizaciones sindicales, poniendo en la ca-lle a destacamentos enteros de trabajadores antiguos, quienes con sus experiencias de lu-cha y su tradición organizativa, son fuente viva y actuante de las asociaciones sindicales.

Demandamos del Alcalde Mayor de la ciu-dad, Samuel Moreno Rojas, el cumplimiento de los acuerdos firmados, en su condición de candidato, con el movimiento sindical, en lo relativo a las condiciones y garantías de los trabajadores y la defensa de los puestos de trabajo y la salvaguarda del patrimonio público de los capitalinos, asuntos estos que hacen parte del ideario de los demócratas y progresistas del país, el cual se comprometió a cumplir y defender.

Comité eJeCUtivo CUt Bogotá CUndinamarCa

FraydiqUe alexander gaitán r., Presidente Carlos raúl moreno Parra, dir. dPto.

ComUniCaCiones

Bogotá, 13 de agosto de 2010

No al plan de retiros en la ETB

20 Nº 71, agosto de 2010

Raúl Soto A.

direCtor de dd HH s y rr ii, CUt Bogotá CUndinamarCa

El modelo neoliberal aplicado a rajata-bla, y del cual se desprende la flexi-bilización laboral y formas derivadas

de esta, las denominadas nominas paralelas, las CTA, los contratos basados en la relación costo/beneficio, amenazan de muerte la Ca-rrera Administrativa. Quienes se benefician de esta realidad, muchos de los cuales hacen la política fundando sus logros en el aceite que procuran las nomi-nas a dedo, propugnan porque esta realidad no cambie.

Lo duro de este triste panorama es que actualmente la nómina paralela y todas esas modalida-des de contratación de la Nación y muchas de sus entidades territoriales, rebasan con creces la nomina de Carrera, al punto que hoy podemos aseverar que la Carrera solo representa un tercio del total de la nomina estatal.

Las órdenes de prestación de servicios, que vulneran el ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, el derecho al trabajo, se comportan de tal manera que no solo enmas-caran el denominado “Contrato Realidad” sino que, además, se usan como excusa para no ampliar las plantas de empleos de las en-tidades, con el manido discurso de que estas tienen carácter temporal, cosa nada cierta, pues en muchos casos la nominas de OPS se vuelven permanentes y ni qué decir de los servicios prestados por tercerizados (costo/beneficio), como por ejemplo: la celaduría, los servicios de aseo, etcétera.

Estas realidades dieron lugar a la senten-cia: C¬-614 de 2009, la misma a la que su momento el ex Presidente Uribe manifestó que no daría cumplimiento. Este, como en muchos otros temas de violación de derechos humanos, una vez agotados los recursos que podemos interponer ante la justicia co-lombiana, tenemos la obligación de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero siguiendo el curso de la vulneración de los derechos de Carrera, es bueno men-cionar lo que ocurre con uno de los apartes del artículo 53 de la Constitución Nacional, hablamos en este caso del principio de pri-macía de la realidad sobre las formalidades (el contrato realidad es una expresión de este principio) en este caso, las entidades, valiéndose de su posición dominante, uti-lizan a los funcionarios de Carrera de los niveles técnico y asistencial, con titulo de idoneidad profesional, desde luego, para desarrollar actividades profesionales, man-

teniéndoles la remuneración del nivel en que se encuentran inscritos en Carrera, es decir, como asistenciales o como técnicos, según sea el caso.

Otra forma de vulnerar la Carrera se basa en que mientras unos funcionarios son de un grado en determinado nivel, bien sea profesional, técnico o asistencial, otros son de un grado inferior, no obstante desem-

peñar las mismas funciones, ello quiere decir; por ejemplo, que un contador es grado dos en determinada dependencia (nivel profesional) ese mismo contador es grado 17 en otra, dentro de la misma entidad; las diferencias salariales en este caso pueden estar al filo de un millón de pesos. Lo mismo ocurre en otros niveles, en el asistencial por ejemplo, mien-tras un conductor es grado 17 en una dependencia, en otras

dependencias es grado 19, la diferencia salarial en este caso es de $70.000.00. En todo caso, en una u otra situación, se vul-nera el principio constitucional, de: “a igual trabajo, igual salario”.

El movimiento sindical debe crecer en el sec-tor estatal, pues es evidente que su número de afiliados o la denominada membresía cada día es menor, la tasa de sindicalización así nos permite inferirlo, pues es sólo de un 4% de la población económicamente activa, desde luego que este indicador comprome-te tanto la afiliación de los trabajadores del sector público como de los trabajadores del sector privado, e igualmente resulta oportuno aclarar que la violencia antisindical afecta, y de qué manera, la afiliación, cosa que se agrava pues muchas veces esta se planea por los enemigos del sindicalismo y de la democracia, para eliminar a los dirigentes, personas invaluables para desarrollar el ejercicio del derecho fundamental de aso-ciación.

Para comenzar a corregir todas estas ne-fastas realidades laborales, (no es tema de esta columna la violencia antisindical, se menciona en este contexto por lo gravísimo que resulta para el fortalecimiento del movi-miento sindical colombiano) la Comisión de Concertación de Política Laboral debe em-pezar a discutir los alcances de la Sentencia C-614, exigiendo un estudio de ampliación de plantas de empleos al Gobierno Nacional, estudio que, con rigor, adelante las medi-ciones de cargas laborales, competencias, funciones, perfiles; de manera que se planten modificaciones acordes con los desarrollos tecnológicos, pero sobre todo, acordes con las responsabilidades misionales que tu-vieron que asumir muchas entidades, entre otras cosas, por el denominado Prap, Plan de Renovación de la Administración Públi-ca, que nos parece que en gran medida ha

sido improvisado, pues suprimió entidades y fusionó sus actividades misionales en otras, sin hacer estudios serios en las entidades receptoras de las responsabilidades que se desprenden de sus nuevas actividades misionales.

La Comisión igualmente deberá exigir la aplicación de los contenidos de la Sentencia C¬-614 de 2009, porque, como hemos dicho, muchas entidades disfrazan las OPS, las CTA y los contratos basados en la relación Costo/Beneficio, cuando en realidad estos son utilizados para funciones o servicios permanentes, labores que el Estado debe contratar a través de un vínculo legal o regla-mentario, o por qué no, a través de un vínculo contractual, según sea el caso.

El Trabajo Decente, que debe dar lugar a una vida digna para el trabajador y su familia, sigue siendo una situación inalcanzable para los trabajadores del Estado, cuyo promedio salarial en los niveles asistencial, profesional y técnico, a duras penas llega a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo más grave es que estudios recientes demuestran

que estos salarios han perdido de manera significativa su poder adquisitivo durante los últimos 20 años.

De otro lado, queremos expresar nuestro reconocimiento a quienes representaron a los trabajadores en la negociación del Distrito, sobre todo porque mientras en el orden Nacional, no obtuvimos nada distinto al 2%, en el Distrito el acuerdo supone el 3% de incremento salarial, lo mismo que el compromiso de iniciar la renivelación de ca-sos tan protuberantes como los que hemos denunciado en este escrito, e igualmente se establece el compromiso de romper la tercerización, de la que todos los días escu-chamos denuncias en el movimiento sindical colombiano, y la cual es considerada como el peor esperpento del modelo neoliberal y responsable en grado sumo de la baja tasa de sindicalización.

Finalmente, el acuerdo da lugar a la imple-mentación de un programa de salud ocupa-cional que tienda a optimizar las condiciones de salud laboral de los trabajadores del Distrito.

La carrera administrativa versus las nominas a dedo

Tomado de Rebanadas de Realidad

Los empleados públicos no docentes de la Universidad Distrital Francis-co José de Caldas, en la ciudad

de Bogotá, aglutinados en el Sindicato Sintraud- CUT, presentaron pliego de peticiones.

Con la Comisión Negociadora conformada por los compañeros Myriam Espitia, María Eugenia Chaverra, Amanda Gordillo, Alicia Reyes, Guillermo Alfonso, Alexánder Mu-ñoz y Pedro Duarte, por parte del sindicato, y la doctora Luisa Fernanda Lancheros y el doctor Leonardo Gómez, por parte de la administración de la Universidad, y con la presencia del señor rector, doctor Carlos Ossa Escobar, se instaló el 21 de julio la mesa de negociación.

Actuarán como asesores el doctor Fabio Rivera en el marco jurídico y el compañero Manuel Téllez, Secretario de la CUT Bogotá Cundinamarca, como asesor sindical.

Expresó el rector del ente universitario la disposición a atender las peticiones de los trabajadores, como lo hizo en oportunida-des anteriores; espera que las jornadas de

negociación sean fructíferas para conti-nuar con el fortalecimiento institucional.

La presidenta de la organización sindical, Myriam Espitia, manifestó la disposición al diálogo en medio del mutuo respeto, siempre conservando la autonomía sindi-cal, para así encontrar una respuesta a las solicitudes de los trabajadores, amparados en la Constitución Política y los Convenios Internacionales 87, 98, 151 y 154 ratifica-dos por el Estado colombiano.

Son temas de discusión entre las partes el reconocimiento y la participación sin-dical, política salarial, estímulo por pro-ductividad, bonificación por antigüedad y desempeño, bonificación especial por recreación, subsidio familiar, auxilio por fallecimiento, derechos adquiridos, subsi-dios educativos, programas especiales de salud, bienestar social, ayudas educativas, política laboral, salud mental, ocupacional y seguridad industrial, ampliación de la planta de personal, estatuto de personal administrativo y garantías para el ejercicio de la actividad sindical.

Los beneficios convencionales son un de-recho y se defienden con la movilización y la lucha.

Pliego de solicitudes de empleados no docentes en la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas

s ind i ca l

Nº 71, agosto de 2010 21

Óscar Murillo Ramírez

Historiador, Universidad naCional de ColomBia

oscarmur@gmail.com

La polémica generada a raíz de la de-manda instaurada por Íngrid Betancourt contra el Estado colombiano por su

cautiverio, nada simbólica por su monto, llevó el debate sobre la reparación a un terreno que, sin bien importante, resulta insu-ficiente en términos de los dere-chos que tienen las víctimas de la violencia: la capacidad fiscal del Estado para responder a la reparación. En ese, por desgra-cia, estuvo el foco de atención en la opinión pública.

La reparación de las víctimas de la violencia, igualmente, pasa por una comprensión de la compleja dinámica adquirida por el conflicto armado. Por supuesto, negar la existencia de un conflicto armado, tal como ha ocurrido desde el final del proceso de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y los atentados del 11 de septiembre de 2001, anula la existencia misma de las víctimas. Así lo señala el informe presentado el pasado mes de julio por Médicos Sin Fronteras (MSF), quien realizó un estudio centrado en 5.064 víctimas del conflicto en el departamento del Caquetá entre marzo de 2005 y septiembre de 2009.

Si bien muchos de los estudios sobre la vio-lencia y las víctimas en Colombia tienden a ser focalizados o sobre “casos emblemáticos”, tal como realiza el grupo Memoria Histórica (MH) de la Comisión de Reparación, es posi-ble encontrar ciertos patrones comunes que explican no sólo la violencia sino, también, las posibilidades de la reparación. Documentos e informes que no tienen el boom mediático que requerirían.

En el caso del Caquetá, al cual remite MSF, existe una triple condición de víctima en vir-tud de tres tipos de violencia distinta. Una “violencia directa”: definida, evidente, contra individuo o grupo, en un tiempo preciso, con una intención y resultados evidentes, la cual se presentó en un 49,2% de los casos en la población atendida; la “violencia estructural”, producida en virtud de condiciones económi-co sociales excluyentes y segmentarias; por último, una “violencia cultural” que refuerza y legitima por acción u omisión social el actuar de los violentos, particularmente a través del estigma que produce la condición de despla-zado, tanto en las comunidades de origen como en las receptoras.

Las consecuencias de este proceso se ex-presan, además de la destrucción de las condiciones materiales de vida de la pobla-ción afectada, en un deterioro significativo de la salud mental de la población, en especial problemas de trastorno adaptativo, problemas de relación, depresión, duelo, trastorno de estado de ánimo.

La estigmatización social sobre la víctima, la ausencia de una presencia institucional garante de una política social, la destrucción

de un proyecto de vida y la difícil adaptación a las nuevas condiciones debido al destierro, son algunos de los elementos que pueden encontrarse en otros estudios de caso sobre la violencia y que muestran la relación entre una tipología local y regional de la violencia y un cierto carácter global de la misma. Ello puede encontrarse en una comparación con el informe de MH: “La masacre de El Salado. Esa

guerra no era nuestra” (2009).

El Salado es un corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar, ubicado en los Montes de María. En marzo de 1997 se produjo la primera incursión paramilitar, cuyas consecuen-cias tangibles fueron la parálisis sociopolítica debido a la finaliza-ción del proyecto para convertir a El Salado en municipio, ade-

más de una parálisis económica producto de la retirada de las tabacaleras de la zona.

Para el año 2000, en una operación planeada por los máximos dirigentes del Bloque Norte de la AUC, Salvatore Mancuso y Carlos Cas-taño, entre el 16 y el 21 de febrero, alrededor de 450 paramilitares incursionaron en el co-rregimiento bajo el mando de alias “Amaury”, “Juancho Dique”, “El Tigre”, entre otros. El primero de ellos encabezó el denominado “espectáculo de horror”: separación de hom-bres y mujeres, entre la Iglesia y la cancha de fútbol, este último lugar destinado a perpetrar la masacre. Mediante señalamientos de “cara tapadas”, se ejecutaron asesinatos contra la población, empalamiento, violación de muje-res, el asesinato de líderes comunitarios. El saldo: 60 víctimas, 52 hombres y 8 mujeres.

La tesis sostenida por el informe señala que, si bien el acto se presenta como irracional, se está produciendo terror como escenifica-ción del victimario y se infringe daño como una acción estratégica. La realización de los hechos mediante tortura pública, se presenta como castigo debido a la supuesta complici-dad con las Farc. Además, el señalamiento de los “cara tapadas”, produce una destrucción moral de la comunidad por los señalamientos de un integrante de su propia comunidad.

Dos escenarios de violencia distintos con patrones comunes de victimización: relación asimétrica entre población civil y actores ar-mados, destrucción violenta de proyecto de vida a través de pérdida de persona signifi-cativa, quiebre de la comunidad sociopolítica, desplazamiento que produce desarraigo con pérdida de identidad, estigmatización social,

Víctimas, violencia y proyecto democrático (I) deterioro sustancial de las condiciones de vida, salud física y mental.

En ese contexto, la reparación adquiere un ca-rácter cada vez más integral que requiere, para su concreción, la superación de la impunidad como mecanismo reproductor de la violencia, incluida la verdad sobre la alianza político-ma-fiosa, la recuperación de los recursos naturales que se apropian los actores armados y resti-tuirlos a las víctimas con acompañamiento pro-ductivo, una presencia institucional del Estado en las zonas de conflicto con y más allá de las fuerzas armadas, una política social compleja que restituya las condiciones de vida digna, la garantía de no repetición, y una memoria capaz de crear puentes de solidaridad social que supere la estigmatización y convierta a la víctima en un sujeto político con oportunidades para ejercer la ciudadanía política.

dere chos

Mario Méndez

tomado de le monde diPlomatiqUe, ediCión ColomBia, 1º de sePtiemBre de 2010

Nos toma por sorpresa tu último via-je, Jairo Aníbal (Moniquirá, 5 de septiembre de 1941-30 de agosto

de 2010). Quizás en los momentos de tu desprendimiento material hacia regiones etéreas que cada cual concibe a su manera, como escritor de la ternura y los juegos ver-bales para encantar infantes debiste sentirte rodeado de esta población tan propicia para tus motivaciones.

Nos invaden en este momento tu Zoro y tu “¿Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si? Sí, Mi Sol”. Tuvimos el privilegio de seguir la huella de tu transformación de autor de teatro para con-vertirte en mago de la palabra para el niño, hasta el punto de no poder atender ya una entrevista radial sin apelar a las imágenes que te brotaban como catarata, hablando de feticos juguetones con las fibras del vientre materno y haciendo de redes nerviosas un conjunto de elementos de cordófono, como te escuchamos en una emisora bogotana en julio pasado.

Tu apellido no podía ser más preciso, lo que nos hace recordar una sección-coletilla que Antonio Panesso Robledo acostumbraba en sus columnas: “¿Qué hay en un nom-bre?”. Ibas a ser un niño de 69 el próximo 5 de septiembre, y siempre recibías con indisimulado goce esta figura con la que buscábamos rescatar un factor tan desco-llante de tu personalidad.

Aprovechándonos de tu capacidad para acuñar palabras únicas, lejanas del diccio-nario formal, desde hace años utilizamos sin tu permiso el vocablo “Preguntario” (y lo sabías), como título para una sección de periódico gremial en la que la información se da con el recurso de preguntas.

Jairo Aníbal: sobre esta patria que tanto te dolía –y no se requiere decir por qué–, segui-remos complaciéndonos con el encuentro y el abrazo, ahora desde la imaginación que cultivaste y con la que contagiabas en los escenarios de tus páginas y las charlas en que muchas veces te acompañamos. Mis adultos hijos, con plena seguridad, hoy más que nunca retomarán la lectura de tus libros autografiados para guiar a mis nietas.

Gracias por existir, Niño grande.

Jairo Aníbal Niño para niños, se va

Jairo Aníbal Niño.

22 Nº 71, agosto de 2010historia

Tomado de Inter News Service

San Juan. La líder nacionalista Lolita Lebrón, quien estuvo encarcelada un cuarto de siglo en Estados Unidos por

dirigir un comando que atacó el Congreso, falleció a las 11:05 de la mañana de hoy.

Lebrón, de 89 años de edad, se hallaba en un centro hospitalario de San Juan desde hace unas semanas debido a complicaciones car-diorespiratorias que no pudo superar, según trascendió. “Estábamos muy angustiados ante el cuadro clínico que presentó en las últimas horas y, ciertamente, esperábamos este triste y doloroso desenlace en cualquier momento”, dijo a Inter News Service una fuente vinculada a la familia que prefirió no ser identificada.

Lebrón se mantuvo activa en la lucha por la independencia de Puerto Rico hasta su último suspiro, según recordaron allegados, ya que sólo el decaimiento de su salud le impidió estar presente en las más recientes protestas realizadas en el país.

También lamentó no poder estar en el recibi-miento que se le brindó en la Isla el pasado martes, pues ya estaba muy débil de salud, al ex prisionero político puertorriqueño Carlos Al-berto Torres, quien pasó 30 años encarcelado en Estados Unidos por “conspiración sedicio-sa”, relacionado con su lucha por la indepen-dencia como presunto miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Lebrón dirigió en 1954 un comando integrado por Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, quienes permane-cieron encarcelados por 25 años antes de ser indultados en 1979 por el presidente Jimmy Carter como secuela de una intensa campaña internacional. La acción buscaba “denunciar al mundo la farsa del Estado Libre Asociado”, sistema de gobierno que había sido fundado en 1952 para sacar a Puerto Rico de la lista de países coloniales.

En una oportunidad la líder nacionalista es-tableció que el ataque al Congreso estado-unidense no tenía la intención de causar la muerte de ningún congresista y que, por el contrario, los integrantes del comando tenía el propósito de inmolarse, porque pensaron que serían muertos allí mismo.

Biografía

Tomada de wikipedia. Lolita Lebrón (1920 - 1 de agosto de 2010) (nacida Dolores Lebrón Sotomayor en en el pueblo de Lares, Puerto Rico) era una defensora activa de la inde-pendencia puertorriqueña. En 1954, bajo su mando, un grupo de nacionalistas atacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como forma de llamar la atención y demandar la situación colonial de Puerto Rico. Por esto, cumplió 25 años como prisionera política. Lebrón es arrestada después de su participación en el tiroteo.

A temprana edad era una fiel creyente del ideal independentista puertorriqueño y se afilió al Partido Nacionalista de Puerto Rico en aquel entonces presidido por Pedro Albizu Campos. En los años 50, y para denunciar que la Insurrección Nacionalista del 30 de octubre de 1950 no era un problema "doméstico" de los puertorriqueños, como quería hacer ver el gobierno estadounidense, el Partido Na-cionalista desarrolló un plan que implicaría un ataque a la Casa Blair con la intención de asesinar al presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman junto con un ataque al Con-greso de ese país.

El ataque a la Casa Blair fue llevado a cabo por Oscar Collazo y Griselio Torresola el 1 de noviembre de 1950. El ataque a la Cámara de Representantes fue llevado a cabo por una joven de 34 años de edad (Lolita) con la ayuda de Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. La fecha fue escogida para repudiar el hecho de que había sido el 1 de marzo de 1917, cuando los EE.UU., necesitados de tropas para la I Guerra Mundial, implantaron la ciudadanía americana en la isla con el fin de reclutar sol-dados para el frente.

La misión de Lolita Lebrón fue la de atraer la atención del mundo sobre la causa de la in-dependencia puertorriqueña. Cuando el grupo de Lolita llega hasta la galería de las visitas en el piso superior de la "Cámara", se incorporó y gritó "¡Viva Puerto Rico Libre!" y sacó la ban-dera monoestrellada de Puerto Rico. Luego el grupo abrió fuego utilizando armas auto-máticas. Alrededor de treinta disparos fueron hechos y cinco representantes fueron heridos, entre ellos Alvin Bentley, Representante del estado de Míchigan, quien fue seriamente herido en el pecho. Un agujero del tamaño de

un centavo, se puede apreciar en el escritorio que es usado por los Republicanos cuando se dirigen a hablar en el piso de la Cámara. Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que se atacaba a los congresistas en el recinto del Capitolio.

En su arresto, Lolita gritó: "¡Yo no vine a ma-tar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico!". Lolita y sus compañeros de lucha fueron sen-tenciados por atentado de asesinato y otros delitos, y sentenciados a morir. El presidente Truman conmutó la sentencia de muerte a perpetua y Lolita fue encarcelada en la Ins-titución Federal Industrial para Mujeres en Alderson, Virginia del Oeste, mientras que los otros comandos nacionalistas sobrevivientes cumplieron largas décadas de condena en otras prisiones federales lejos de sus seres queridos y de su patria.

Bajo presión internacional, el ´presidente Jimmy Carter en el 1979, le concedió la am-nistía a Lolita Lebrón, Irving Flores y Rafael Cancel Miranda después de haber estado 25 años en prisión. Andrés Fiqueroa Cordero había fallecido en prisión antes del indulto presidencial. El entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló públi-camente se opuso la amnistía otorgada por Carter, afirmando que esto fomentaba el "te-rrorismo" y socavaba la seguridad pública. Ese mismo año, escuadrones de la muerte de los aparatos policíacos de su gobierno, asesinaron a dos jóvenes independentistas en una operación de entrampamiento en el que aparecen involucrados elementos de la extrema derecha cubana y de la inteligencia militar y naval de EE.UU.

Lolita fue bienvenida por varios grupos inde-pendentistas como una heroína al regresar a

la isla. Ella continúa activa en la causa de la independencia y participó en la protesta con-tra la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques.

Un "Tribunal Internacional en Violaciones de Derechos Humanos en Puerto Rico y Vieques" se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2000 en la isla municipio de Vieques. Fue lla-mado el "Comité de Derechos Humanos". Uno de los deponentes fue Doña Lolita Lebrón. Allí la audiencia la aplaudió cuando dijo:

Tuve el honor de dirigir el acto contra el Con-greso de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1954, cuando nosotros demandamos la libertad para Puerto Rico y le manifestamos al mundo que nosotros somos una nación invadida, ocupada y abusada por los Esta-dos Unidos de Norteamérica. Me siento muy orgullosa de haber actuado ese día, de haber contestado el llamado de mi Patria.

El 26 de junio de 2001, Lolita estuvo entre el grupo de protesta que fue arrestado por haber traspasado la zona restringida en Vieques. El 19 de julio de 2001, fue sentenciada a cárcel por un periodo de sesenta días por el delito de traspaso a las instalaciones de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques. El 1º de mayo de 2003, la marina salió de Vieques y entregó sus facilidades al gobierno local de Puerto Rico.

Lolita Lebrón tiene más de ochenta años de edad y continúa participando activamente en las actividades por la independencia de Puerto Rico. Como miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Lolita Lebrón no participa en el proceso eleccionario de Puerto Rico, sin embargo en 2004 expresó que el deber de todo independentista que salga a votar es hacerlo por el Partido Independentista Puer-torriqueño. Esto a raíz del llamado de algunos líderes independentistas, miembros del lla-mado Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de votar a favor de los candidatos del Partido Popular Democrático, defensores del colonialismo. En el año 2006, Lolita Lebrón participó en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico celebrado en Panamá.

Lolita Lebrón ha recibido muchos honores. El del artista Octavio Ocampos quien creó un afiche de Lolita el cual se exhibió en la Galería de la Raza en San Francisco, California. En el Parque Humboldt de Chicago, existe un mural que presenta a Lolita entre otras personas ilus-tres puertorriqueñas. Entre los libros escritos sobre Lolita esta "The Ladies Gallery: A Memoir of Family Secrets", por Irene Vilar y Rabassa Gregory Rabassa y también el libro "Lolita la Prisionera", por Federico Ribes Tovar. La di-rectora y productora de cine Judith Escalona, planifica producir un filme de la vida de Lolita. Un libro escrito por la nieta de Lolita, Irene Vi-lar, "A Message from God in the Atomic Age: A Memoir", recuenta cómo fue crecer siendo la nieta de Lolita Lebrón y cómo le afectó a ella y a su familia. Vilar escribió sobre las tragedias que su familia tuvo que vivir.

Falleció lolita lebrón el 1º agosto de 2010

“¡Yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico!”

Nº 71, agosto de 2010 23i n te rnac iona l

Alba Villalba

doCente del distrito

El 7 de diciembre de 1941 Japón bom-bardea la base naval de Pearl Harbor y es la excusa que Estados Unidos tiene

para entrar a la Segunda Guerra Mundial e impulsar su “Proyecto Manhattan”, que no era otra cosa que el programa atómico dirigido por Robert Oppenheimer.

Estados Unidos, junto con otros países, hacen la declaración de Postdam en donde conminan a Japón a rendirse incondicionalmente; ante su negativa, el presidente Harry Truman ve la po-sibilidad de demostrar su supremacía militar y afirma que es el momento de poner en práctica su programa nuclear; para tal fin, necesitaban seleccionar objetivos que produjeran grandes efectos sicológicos y que fueran lo suficiente-mente espectaculares para demostrar al mun-do el exterminio que eran capaces de infligir. Después de muchos estudios se deciden por Hiroshima, Koruro o Nagasaki, por ser ciuda-des grandes y tener fortalezas militares.

La bomba nuclear “Little boy” fue soltada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945; tres días después fue bombardeada Nagasaki con la bomba “Fat Man”. Se estima que en su totali-dad murieron más de 250.000 personas. Las otras víctimas han muerto por envenenamiento, leucemia, distintos tipos de cáncer, mutaciones genéticas, microcefalia y otras causas, atribui-das a la exposición de la radiación liberada por las bombas. El 80% de la población norteame-

ricana estuvo de acuerdo con esta operación y los medios de comunicación afirmaron: “damos gracias a Dios por haberle dado a América la bomba atómica, porque ¿quién sabe cómo la hubiera usado otra nación?”

Tras el ataque, Trumman ordenó la creación de la Comisión de Víctimas de la bomba ató-mica para que se investigaran sus efectos y se prohibió hacer cualquier tipo de tratamiento a los sobrevivientes para obtener “mejores resultados” en la investigación.

Las víctimas sobrevivientes de los bombardeos son llamadas hibakusha, que significa «per-sona bombardeada». Para el año 2008, los memoriales reconocieron a más de 400.000 hibakushas. En Hiroshima como en Nagasaki, se han erigido una gran cantidad de monumen-tos, esculturas, ceremoniales y parques para recordar y conmemorar este crimen.

Estados Unidos, con esta ignominiosa acción, violó la convención de La Haya en muchos de sus artículos; este fue irrebatiblemente un crimen de lesa humanidad. Hoy, todos los esfuerzos de la comunidad internacional van encaminados a que actos parecidos no se repitan.

Se conoce que el arsenal nuclear que Estados Unidos mantiene actualmente desplegado en Europa, bajo la competencia del Comando Nor-te, es de 200 bombas puestas en 120 refugios antiaéreos, ubicados en seis bases correspon-dientes a cinco países. Sabiendo los daños que una sola bomba puede ocasionar ¿se tendrá conciencia del riesgo que representa la presen-cia de esta enorme cifra de armas nucleares?

la bomba atómica

¡Un crimen de lesa humanidad, en la impunidad!

Los barcos de Greenpeace inician expediciones para denunciar las explotaciones petroleras

en el mar

Greenpeace está enviando a dos de sus embarcaciones (el Esperanza y el Arctic Sunrise) a las fronteras del

problema mundial del petróleo. La misión del Esperanza, que zarpó hoy desde Londres, es clara: enfrentar y protestar contra la ex-ploración petrolera que sigue, día a día, des-truyendo nuestro medio ambiente. El destino final de su viaje aún permanece en secreto para no eliminar el elemento sorpresivo del reclamo. Por su parte, el Arctic Sunrise acaba de arribar al Golfo de México para examinar científicamente los drásticos impactos a largo plazo del desastre provocado por la petrolera British Petroleum.

Greenpeace alerta sobre riesgos de contaminación radioactiva

a partir de los incendios forestales en Rusia

Desde el mes de julio Rusia está su-friendo la propagación de incendios forestales sobre 4.000 hectáreas ubi-

cadas en zonas del oeste del país que inclu-yen áreas contaminadas por la explosión de

la central nuclear de Chernobyl en 1986, según datos publicados en la página de Internet de los servicios de vigilancia de los bosques.

Si bien, hasta ahora, las autorida-des habían negado que se hubiese propagado fuego en zonas radioac-tivas, hace pocos días Greenpeace elaboró un mapa que demuestra lo contrario denunciando que dece-nas de incendios están afectando zonas contaminadas (que incluyen a la provincia de Bryansk, limítrofe con Ucrania y al sudoeste de Mos-cú) y llamó a las autoridades a decir la verdad acerca del alcance de la radiactividad.

“Una organización independiente que no recibe dinero ni presiones de gobiernos, empresas o parti-dos políticos. Solo de personas interesadas en defender el medio ambiente como tú. Ésta es la for-ma que tenemos de defender el medioambiente en todo el mundo. Con protestas pacíficas y creativas, involucrando en sus campañas a personas comprometidas con nuestro planeta.

Noticias sobre el Medio Ambiente

24 Nº 71, agosto de 2010

Bicentenario de la independencia

La constitución del Estado nacional en Colombia, siglos xix y xx

Por Miguel Ángel Urrego

institUto de investigaCiones HistóriCas Universidad miCHoaCana de san niColás de Hidalgo

Las definiciones teóricas (nueva serie de artículos)

Iniciamos esta nueva serie de artículos con el estudio de un problema central para la Colombia contemporánea: el proceso his-tórico de su constitución como nación. Lo

primero que hay que señalar es que dicha cons-titución no ocurrió en un período corto de tiempo, por el contrario, hay que partir de la consolidación de la independencia de la Nueva Granada y llegar hasta los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente hay que contemplar una gran variedad de temas, que van desde la definición de la noción de soberanía, pasando por las guerras civiles del siglo XIX, hasta la irrupción del paramilitarismo.

¿Qué es una nación?

Los historiadores han debatido desde hace dé-cadas qué significa –en términos modernos– una nación y cuándo surge en la historia. Acentuamos el contenido moderno del concepto –la palabra existe desde hace muchos siglos– y, por ello, lo entendemos como una forma de organización propia del capitalismo. Prestigiosos académicos como Erick Hobsbawm han preferido en sus libros explicar sus características antes de arriesgase a proponer un concepto fijo o estático. Otros han elaborado definiciones que han causado gran admiración, entre ellas la de Benedict Anderson (1983) para quien la nación es una comunidad imaginada, es decir, es una construcción que per-mite a dos individuos identificarse como iguales aunque no se conozcan. Para otros, el contenido moderno del término remite a una comunidad política, a “una combinación inédita de ideas, ima-ginarios valores y comportamientos” que supone la conformación de una comunidad a partir de la existencia de un Estado y la elaboración de identi-dades. De esta manera, la nación se distancia de formas existentes anteriores, cuando la creación de comunidades se basaba, generalmente, en criterios religiosos, la autoridad de un monarca o la pertenencia a un pueblo.

Aunque Stalin se encuentra muy desprestigiado como teórico y como político –por ser respon-sable de la debacle del proyecto socialista en la URSS– retomaremos para el análisis su de-finición de nación que propone en El Marxismo y la cuestión nacional (1913), nación, dice, “es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura”. Esta manera de entender la nación

es sutil, por cuanto señala tres cosas importantes: es una cons-trucción histórica; es producto de múltiples procesos; y es una elaboración cultural.

La nación es una realidad históricamente formada

Quiere decir esto, por una parte, que la nación aparece en la historia de la humanidad en un momento específico. Es propia de la era del capitalismo –de la modernidad– por cuanto el desarrollo de las fueras productivas requirió la delimitación de las fronteras, la construcción de obras de infraestructura, la formulación de leyes, la protección de los ejércitos, y lo que hoy denominamos una política económica, la aplicación de una serie de medidas por el gobierno para favorecer la actividad económica.

Es histórica porque es producto de la lucha social, en el caso colom-biano resultado de la Independencia, las guerras civiles del siglo XIX, La Violencia de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, el Frente Nacional, etc. Obviamente, los procesos pacíficos o los períodos de ausencia de violencia también construyen nación.

Finalmente, por ser resultado del proyecto que cada clase social tiene en un momento determinado. Así por ejemplo, los terratenien-tes imaginaron una nación limitada a los ritmos de las haciendas y los pueblos, con escasa inserción en el mercado mundial y con una cultura clerical y conservadora. Recientemente la burguesía finan-ciera encontró en el neoliberalismo la mejor manera de realizar su proyecto histórico.

La nación es producto de múltiples procesos

La nación es una realidad histórica producto de la acumulación, en largos períodos de tiempo, de una serie de dinámicas de diferente naturaleza. Es resultado de la confluencia de modernizaciones de or-den económico, político, social y cultural, entre ellos, de la formación del mercado interno, la creación de una cultura nacional, el estable-cimiento de instituciones, la presencia de ciudadanos, etcétera.

Cultura y nación

La cultura garantiza la reproducción de las sociedades en el tiempo y construye sentido para los seres humanos que la con-

nÚMero 1

forman. Por ello, tienen una particular importancia, por ejemplo, la forma como evo-lucionaron las relaciones Iglesia-Estado, pues dicha institución y las diversas formas de religiosidad han conformado nociones de orden, de moral, de arte y de pertenencia a la nación. Asimismo, la Iglesia ha sido determinante en períodos históricos, como durante la Hegemonía Conservadora cuando fue encargada por el Estado de administrar los resguardos indígenas y de definir la bondad de los textos escolares.

Etapas históricas de formación de la nación en Colombia

Aunque las denominadas revoluciones del Atlántico –la Revolución Francesa, la independencia estado-unidense, etc.– crearon un modelo de nación y una forma de imaginar el transito a la modernidad –en el cual está muy presente la ideología liberal, es decir, los ciudadanos, el mito de la igualdad ante la ley y el libre mercado–, no quiere decir que ésta sea la única manera de realizar la nación. De hecho, el mundo africano, andino o asiático ha tenido su propia manera de realizar dicho proceso.

Evidentemente, el hecho que pertenezcamos a Occidente ha impuesto que tengamos como modelo el liberalismo, por ello nuestros políticos del siglo XIX y el siglo XX –de izquierda o dere-cha– se formaron en dicha ideología y tomaron a la Revolución Francesa como paradigma. Pero aunque sigamos estos criterios, es claro que en la vida del país ciertos acontecimientos son muy específicos de la realidad colombiana y han influi-do notablemente en la formación de la nación. Las diversas etapas de violencia, como por ejemplo las guerras civiles del siglo XIX y, especialmente, la Guerra de los Mil Días; La Violencia –con ma-yúsculas– de mediados del siglo XX; el conflicto interno y el fenómeno paramilitar determinaron que la violencia y sus manifestaciones hagan de Colombia un país único.

Deberemos considerar, igualmente, la manera como se manifiesta la crisis del tipo de Estado nacional construido en la segunda mitad del si-glo XX. Crisis que se expresa no solamente en la irrupción del paramilitarismo sino en fenómenos tan complejos como el narcotráfico, la ausencia de ciudadanos, los ciclos de colonización y violencia, la irrupción de una cultura caribe que se impone a la andina, etc. Esa es la tarea que nos propone-mos en esta nueva serie de artículos.