Indice Tematico Justicia y Paz

Unidad Nacional de Justicia y Paz Relatora

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INDICE TEMATICO

ACUMULACIN DE PROCESOS.. . Es una medida de carcter definitivo, pues no solo media la aceptacin de dichos cargos por parte del postulado, si no que debe mediar el control de legalidad sobre esa manifestacin por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior respectivo, decisin exclusiva del funcionario de conocimiento, quien acumular las actuaciones suspendidas, u ordenar, segn el caso, reanudar las investigaciones ante las autoridades que las conocieron.. Extracto Siete...................................... 95

ARCHIVO PROVISIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE. Solo puede adoptarse cuando en la indagacin preliminar no se hayan acreditado los elementos objetivos del respectivo tipo penal. Extracto Seis. ................................... 75

AUDIENCIA DE IMPUTACIN NATURALEZA Y FINALIDADES. Es el acto por medio del cual la Fiscala comunica a una persona su calidad de imputado. La finalidad de la imputacin es la formalizacin de la iniciacin de la investigacin penal. Extracto Uno............................................................. 6

DERECHO A LA VERDAD. La versin libre que rinden los postulados no constituye pers la verdad. Extracto Tres................................................... 38

DERECHO DE LAS VICTIMAS. La accin de tutela resulta ser el medio mas eficaz para evitar un perjuicio irremediable, dada las caractersticas de inminencia, urgencia, gravedad, inmediatez e impostergabilidad de las medidas por las caracterstica sui generis del proceso de justicia y paz, principalmente por la problemtica de inmediatez que pone de presente la evaluacin de las necesidades de proteccin para la poblacin de victimas. Extracto Cuatro ............................................................................................ 53

DERECHO DE LAS VICTIMAS. La gran preocupacin que le asiste a la comunidad nacional a travs de sus distintos estamentos sobre la problemtica de la victimas de justicia y paz y los esfuerzos que se hacen para hacerle frente a su proteccin resultan insuficientes, tutelar el derecho a la vida, en consecuencia ordenar el diseo, la implementacin y ejecucin de un programa de proteccin a victimas y testigos de la ley de justicia y paz. Extracto Cuatro . 53 DERECHO DE LAS VICTIMAS. Ttienen que ser protegidos inclusive antes de iniciada la actuacin penal por parte de la Fiscala. Extracto Dos ......... 27 EXCLUSIN. AUTORIDAD COMPETENTE. CONSECUENCIAS. Cuando el elegible renuncia voluntariamente a ser investigado por el procedimiento de la ley 975 de 2005, no requiere decisin de la Sala de Justicia y Paz. La


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decisin de exclusin impide al postulado acceder a futuro al trmite y eventuales beneficios. Extracto Seis...........................................................75 EXPEDICIN DE COPIAS. La Corte Suprema de Justicia autoriza la expedicin de copias a la defensa y los representantes de las vctimas para salvaguardar a plenitud sus derechos, exceptuando de tal determinacin lo referente a los listados contentivos de los nombres de las vctimas. Extracto Siete.95

FORMULACION DE CARGOS. NATURALEZA Y FINALIDADES. El Escrito de formulacin de cargos y e acto procesal de aceptacin total o parcial condorman la acusacin. La ley de justicia y Paz no alude a formas especficas para la formulacin de cargos, la supone por remisin legal a la ley 906 de 2004. Extracto Uno ..................................................................... 6 IMPUTACION FORMAL Y MATERIAL. En el juicio de legalidad formal de la imputacin, corresponde constatar en la respectiva audiencia que el imputado hizo parte de un grupo armado organizado al margen de la ley, que se desmoviliz con el fin de contribuir decisivamente a la reconciliacin nacional, que el gobierno nacional certific su postulacin y que los hechos imputados, se cometieron durante y con ocasin de su pertenencia al grupo. En el extremo del juicio de legalidad material de la imputacin, el examen del magistrado de garantas est referido sobre los motivos que permiten la inferencia de la probable autora o participacin del procesado en los hechos imputados. Extracto Uno ................................................................................ 6 LEY 975 NATAURALEZA Y ESTRUCTURA DEL TRMITE. FASES Y ETAPAS QUE LA INTEGRAN. Trmite Administrativo. Tramite Judicial. Etapa preprocesal a cargo de la Fiscala, Ciclo Preliminar. e Investigativo. Etapa procesal o de juzgamiento le Corresponde a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito. Extracto Seis......................................................... 75 MEDIDA CAUTELAR Y COMISO DIFERENCIA-. Las medidas cautelares dispuestas dentro del proceso penal persiguen garantizar la reparacin a las vctimas de las conductas punibles, el comiso busca que los objetos sobre los cuales recae pasen a manos del Estado. Extracto Cinco .......................... 60 MEDIDAS CAUTELARES CLASES-. Para los inmuebles procede el embargo, El secuestro no es procedente en razn a que los bienes ofrecidos por el postulado pasan al Fondo de Reparacin de Victimas. Extrtacto Cinco ............................................................................................................. 60


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MEDIDAS CUTELARES Procedencia. Slo es posible el decreto de las medidas cautelares una vez se ha formulado la imputacin por parte del delegado de la Fiscala. Extracto Cinco ..................................................... 60 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. IMPOSICION. En la audiencia preliminar de imputacin de cargos se solicita e imponen. Extracto Uno....................... 5 OFRECIMIENTO DE BIENES DEL DESMOVILIZADO ES DIGNO DE CREDIBILIDAD. Opera una presuncin de veracidad frente a lo dicho por el denunciante de los bienes. Extracto Cinco .................................................. 60 PRECLUSION. NATURALEZA JURDICA. CONTENIDO Y ALCANCE. APLICACIN EN EL TRMITE DE JUSTICIA Y PAZ. COMPETENCIA PARA RESOLVERLA. La exclusin de un desmovilizado, hecha de oficio o a peticin de parte por no concurrir alguno de los presupuestos legales, no constituye causal de preclusin. Extracto Seis ........................................... 75 PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD. La ley 975 de 2005 se complementa con el Cdigo de Procedimiento Penal. Extracto Tres ......... 38 PRINCIPIO DE ORALIDAD. Las desciones de fondo se deben adoptar en desarrollo de las audiencias. Extracto Dos................................................. 27 REPRESENTACION DE LAS VICTIMAS Las plurales vctimas de un mismo hecho puedan ser representadas para la versin libre hasta por dos abogados. Extracto Tres38 RUPTURA UNIDAD PROCESAL. En la audiencia preliminar de imputacin de cargos, es improcedente. Extracto Uno................................................... 5 SUSPENSION DE PROCESOS. La figura de la suspensin procede previa a la acumulacin de procesos conocidos por otras autoridades cuyo objeto es permitir a la Fiscala, averiguar si esos hechos investigados fueron realizados por el postulado con ocasin de la pertenencia al grupo armado ilegal o, ahondar sobre ese vnculo a fin de poder imputarlos en la audiencia de formulacin y aceptacin de cargos, lo cual equivale a una medida de carcter provisional que le compete exclusivamente al Magistrado de Control de Garantas.. Extracto Siete........................................................................... 95 SUSPENSION Y ACUMULACION. Los actos procesales de suspensin y acumulacin no son obstculo para que la Fiscala durante el trmino preprocesal previo a la recepcin de la versin libre (art. 4 del Decreto 4760 de 2005) o en desarrollo del programa metodolgico, (Art. 17 de la ley 975 de 2005) solicite copias a las autoridades judiciales que adelantan proceso contra el desmovilizado.. Extracto Siete ..................................................... 95


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VERSION LIBRE. Transmisin televisada. Extracto Tres ........................ 38 VERSION LIBRE. Acceso a las salas de versin. Extracto Tres ............. 38 VERSION LIBRE. Participacin de las vctimas. Extracto Tres ............... 38 VIOLACION A LAS FORMAS PROPIAS DEL JUICIO. Fusionar, en un solo acto procesal la formulacin de imputacin y la formulacin de cargos, y por esa va desnaturaliza la finalidad de las distintas e independientes audiencias preliminares. Extracto Uno ........................................................................... 1


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Extracto Uno

VIOLACIN A LAS FORMAS PROPIAS DEL JUICIO. El yerro reside en que el funcionario de primer grado fusion, mezcl indebidamente en un solo acto procesal la formulacin de imputacin y la formulacin de cargos, y por esa va desnaturaliz la finalidad de las distintas e independientes audiencias preliminares reguladas expresamente en la ley 975 de 2005.

RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. En la audiencia preliminar de imputacin de cargos, no se confronta al desmovilizado en relacin con lo que quiera o no aceptar; por tanto, el fenmeno de la ruptura de la unidad procesal es improcedente. Examinar si la aceptacin de cargos ha sido libre y voluntaria le corresponde a la sala de conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito en audiencia pblica; en esta audiencia el acusado debe aceptar los cargos segn el inciso 3 y pargrafo 1 del articulo 19 de la ley 975 de 2005.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. IMPOSICION. Dentro de la audiencia preliminar de imputacin de cargos se solicita e impone, si hay lugar a ello, la medida de aseguramiento de detencin preventiva. La imposicin de la medida de aseguramiento por cada uno de los hechos imputados, no precede del ejercicio de indagar al procesado por su voluntad de allanamiento.


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AUDIENCIA DE IMPUTACIN NATURALEZA Y FINALIDADES. La formulacin de imputacin es por naturaleza el acto por medio del cual la Fiscala comunica a una persona su calidad de imputado. La finalidad de la imputacin es la formalizacin de la iniciacin de la investigacin penal. La ley de Justicia y Paz trae la posibilidad de allanarse a la imputacin en otro momento, y en pasos posteriores. El allanarse a la imputacin se corresponde con las normas sobre la formulacin de cargos y aquellas que se refieren a la etapa de juzgamiento. Ello marca una trascendental diferencia del procedimiento de la ley 975 de 2005 con el de la ley 906 de 2004.

IMPUTACIN FORMAL Y MATERIAL. En punto del juicio de legalidad formal de la imputacin, corresponde al magistrado de garantas constatar en la respectiva audiencia que el imputado hizo parte de un grupo armado organizado al margen de la ley, que se desmoviliz con el fin de contribuir decisivamente a la reconciliacin nacional, que el gobierno nacional certific su postulacin y que los hechos imputados, en su integridad, se cometieron durante y con ocasin de su pertenencia al grupo. En el extremo del juicio de legalidad material de la imputacin, el examen del magistrado de garantas est referido sobre los motivos fundados que permiten la inferencia de la probable autora o participacin del procesado en los hechos imputados.

FORMULACIN DE CARGOS. NATURALEZA Y FINALIDADES. Concluidas las labores de verificacin de los hechos admitidos y de aquellos de los que se tenga conocimiento, hay lugar a solicitar la audiencia de formulacin de cargos. En esta oportunidad, se formulan los cargos, el escrito de formulacin de cargos y el acto procesal de aceptacin total o parcial conforman la acusacin. La delimitacin del objeto del proceso se cie al acto de acusacin, -acto procesal escrito. La ley de justicia y paz no alude a formas especficas para la formulacin de cargos, s supone por remisin legal, ley 906 de 2004 y por virtud constitucional del art. 250 una valoracin jurdica que supera el umbral de la imputacin fctica. Es ante el juez natural que la aceptacin de cargos adquiere la entidad de alegacin de culpabilidad por eso hasta ese momento incluso el procesado puede retractarse. No obstante el presupuesto de consensualidad que rige la ley de justicia y paz, la acusacin est constituida por la formulacin de cargos y el acto de aceptacin total o parcial de los mismos.

CORTE SUPERMA DE

JUSTICIA -SALA DE

CASACIN PENAL-

Segunda Instancia 27484

Magistrado Ponente: Dr. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON.


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Apelacin declaracin de incompetencia para conocer sobre la imposicin de medida de aseguramiento en el proceso de Wilson Salazar Carrascal, auto del 8 de junio de 2007. () El origen de la polmica ms notoria

en este asunto radica en la negativa

del Magistrado con Funcin de

Control de Garantas para resolver

sobre la peticin del Fiscal de Justicia

y Paz de imponer medida de

aseguramiento de detencin

preventiva al procesado, por hechos

que le fueron imputados en audiencia

preliminar pero que no fueron

admitidos por ste, y,

consecuentemente, haber roto la

unidad procesal respecto de estos

ltimos comportamientos.

La Sala no se ocupar de resolver el

fondo del recurso interpuesto, porque

constata que en la actuacin surtida

ante el A quo se presentaron

irregularidades sustanciales

violatorias del debido proceso que le

imponen el deber de decretar la

nulidad de lo actuado.

El yerro reside en que el funcionario

de primer grado fusion, mezcl

indebidamente en un solo acto

procesal la formulacin de

imputacin y la formulacin de

cargos, y por esa va desnaturaliz la

finalidad de las distintas e

independientes audiencias

preliminares reguladas expresamente

en la ley 975 de 2005.

() Examnese el procedimiento desde el

deber ser:

El artculo 13 de la ley 975 de 2005,

que desarrolla el principio de

celeridad, establece que a travs de

audiencias preliminares ante el

Magistrado de control de garantas se

tramitan, entre otros asuntos:

3. La solicitud y la decisin de

imponer medida de aseguramiento.

5. La formulacin de la imputacin.

6. La formulacin de cargos.


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El artculo 18 Ibdem, se refiere a dos

audiencias preliminares diferentes:

una, la de formulacin de imputacin

inciso 1-; y la otra, de formulacin

de cargos inciso 3-.

Acerca del contenido y ritualidad de la

formulacin de imputacin, dice:

Cuando de los elementos materiales

probatorios, evidencia fsica,

informacin legalmente obtenida, o

de la versin libre pueda inferirse

razonablemente que el desmovilizado

es autor o partcipe de uno o varios

delitos que se investigan, el fiscal

delegado para el caso solicitar al

magistrado que ejerza la funcin de

control de garantas la programacin

de una audiencia preliminar para la

formulacin de imputacin.

En esta audiencia, el fiscal har la

imputacin fctica de los cargos

investigados y solicitar al

magistrado disponer la detencin

preventiva del

imputadoIgualmente solicitar la

adopcin de las medidas cautelares

sobre los bienes para efectos de la

reparacin de las vctimas (destaca la

Sala).

Advirtanse enseguida los

presupuestos y el contenido de la

audiencia de formulacin de cargos

inciso 3 artculo 18 ejusdem-:

A partir de esta audiencia [la de

imputacin] y dentro de los (60) das

siguientes, la Unidad Nacional de

Fiscala para la Justicia y Paz, con el

apoyo de su grupo de polica judicial,

adelantar las labores de

investigacin y verificacin de los

hechos admitidos por el imputado,

y todos aquellos de los cuales

tenga conocimiento dentro del

mbito de su competencia. Finalizado

el trmino, o antes si fuere posible, el

fiscal del caso solicitar al magistrado

que ejerza la funcin de control de

garantas la programacin de una

audiencia de formulacin de

cargos, dentro de los Diez (10) das

siguientes a la solicitud, si a ello

hubiere lugar (resalta la Corte).

La norma trascrita da cuenta de una

primera audiencia preliminar, la de


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imputacin, por medio de la cual la

Fiscala comunica al desmovilizado

los hechos jurdicamente relevantes

que se investigan en su contra.

Cumplido este acto procesal, dentro

de la misma audiencia, se solicita e

impone, si hay lugar a ello, la medida

de aseguramiento de detencin

preventiva.

Obsrvese que a la imposicin de la

medida de aseguramiento de

detencin preventiva por cada uno los

hechos imputados, no precede el

ejercicio de indagar al procesado por

su voluntad de allanamiento, se

supedita a los presupuestos de

acreditacin sobre el juicio de

probabilidad que permita inferir

razonadamente que el imputado es

autor o partcipe de las entidades

delictivas atribuidas y, que, adems,

la medida es necesaria, conforme a

los criterios desarrollados

ampliamente en los artculos 308 y

siguientes de la Ley 906 del 2004.

Agrguese que conforme al penltimo

inciso del artculo 13 de la Ley 975

del 2005, las decisiones que se

adopten en la jurisdiccin de justicia y

paz, que resuelvan asuntos de fondo

y las sentencias,

debern fundamentarse fctica,

probatoria y jurdicamente e indicar

los motivos de estimacin o

desestimacin de las pretensiones

de las partes.

Importa destacar para confirmar el

yerro: la normativa de Justicia y Paz

no afirma que en esta audiencia se

confronte al desmovilizado en

relacin con lo que quiera o no

aceptar y, por tanto, el fenmeno de

la ruptura es improcedente en este

momento procesal, como lo

destacaron la Fiscala y el Ministerio

Pblico.

Solo cuando se despliegan las

labores de verificacin de los hechos

admitidos y de investigacin de todos

aquellos hechos de los que se tenga

conocimiento (los denunciados por

las vctimas, los conocidos por la

Fiscala, etc.), de conformidad con el

periodo de sesenta das (60) que

prev el inciso 3 del artculo 18


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citado, hay lugar a solicitar la

audiencia de formulacin de

cargos. Se trata de un requisito de

procedibilidad que se corresponde

con el principio procesal especial del

esclarecimiento de la verdad, que

consagra el artculo 15 de la Ley de

Justicia y Paz, esencialmente en su

inciso 1:

Esclarecimiento de la verdad. Dentro

del procedimiento que establece la

presente ley los servidores pblicos

dispondrn lo necesario para que se

asegure el esclarecimiento de la

verdad sobre los hechos objeto de

investigacin y se garantice la

defensa de los procesados.

En esta oportunidad procesal, no

antes, se formulan los cargos, que

comprenden una precisa y detallada

imputacin fctica y adicionalmente

una valoracin jurdica frente a la cual

el desmovilizado de manera

espontnea, libre, voluntaria, y

asistido por su defensor, decide qu

cargos o delitos acepta.

Sobre este particular los dos primeros

incisos del artculo 19 de la misma

norma agregan:

Aceptacin de cargos. En la

audiencia de formulacin de cargos el

imputado podr aceptar los

presentados por la Fiscala, como

consecuencia de la versin libre o

de las investigaciones en curso al

momento de la desmovilizacin.

Para su validez tendr que hacerlo de

manera libre, voluntaria, espontnea

y asistido por su defensor (negrillas

de la Corte).

El escrito de formulacin de cargos y

el acto procesal de aceptacin total o

parcial de los cargos, conforman la

acusacin, la que se remite a la

Secretara de la Sala del Tribunal

Superior de Distrito Judicial

competente para el conocimiento del

juzgamiento, segn el mismo artculo

19.

Despus, la Sala de conocimiento

convoca a la audiencia pblica para

examinar si la aceptacin de cargos


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ha sido libre, voluntaria, espontnea y

asistida por la defensa y est

conforme a derecho. Satisfechos los

requisitos constitucionales y legales,

y luego de comprobar que no se ha

conculcado el rgimen de garantas

debido a las partes e intervinientes,

se cita a audiencia de sentencia e

individualizacin de la pena.

Destquese que en esta audiencia y

ante su juez -los Magistrados de

Conocimiento-, el acusado debe

aceptar los cargos. Esto indican el

inciso 3 y el pargrafo 1 del artculo

19 de la Ley 975 del 2005.

Mrese.

Pargrafo primero. Si en esta

audiencia el imputado no acepta los

cargos, o se retracta de los admitidos

en la versin libre, la Unidad Nacional

de Fiscala para la Justicia y la Paz

remitir la actuacin al funcionario

competente conforme con la ley

vigente al momento de la comisin de

las conductas investigadas (se

resalta).

La anterior disposicin reafirma varias

cosas:

En primer lugar, el principio

acusatorio, que le es propio a la

Jurisdiccin de Justicia y Paz, el que

se predica de los actos de acusacin

y stos solo se comprenden ante los

jueces de conocimiento.

En segundo lugar, que es ante el juez

natural que la aceptacin de cargos

adquiere la entidad de alegacin de

culpabilidad y por ello es que, segn

lo indica el pargrafo 1, hasta ese

momento, incluso, el procesado

puede retractarse.

En tercer lugar, slo es posible la

ruptura de la unidad procesal a partir

de este acto surtido ante los

Magistrados de Conocimiento de

justicia y paz.

Con el fin de entender la

trascendencia de los defectos de

estructura, obsrvese la naturaleza y

las finalidades de las audiencias

preliminares de imputacin y de

cargos.


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1. Formulacin de imputacin

El artculo 62 de la Ley 975 del 2005

prev el carcter de

complementariedad de las reglas del

Cdigo de Procedimiento Penal para

los asuntos no previstos en la

normativa especial.

Por esa ruta, el artculo 286 de la Ley

906 del 2004 dice que la imputacin

es un acto a travs del cual la

Fiscala General de la Nacin

comunica a una persona su calidad

de imputado.

Sobre el contenido de ese acto, el

inciso 2 del artculo 18 de la Ley 975

explica que es una imputacin fctica

surgida de la inferencia razonada de

que el imputado es autor o partcipe

de las conductas delictivas que se

investigan, segn lo indiquen los

elementos materiales probatorios, la

evidencia fsica o la informacin

legalmente obtenida.

Que se defina como un acto de

comunicacin no indica de manera

alguna que se trate de una

informacin abreviada de hechos que

impidan su cabal entendimiento en

trminos de probabilidad de

responsabilidad penal. Los hechos de

los que se da traslado al imputado

deben abordar las caractersticas

delictivas que se le atribuyen

provisionalmente y que se estn

investigando. Su finalidad es la

formalizacin de la iniciacin de la

investigacin penal.

Sin embargo, obsrvese una nota

distintiva y singular de la Ley de

Justicia y Paz: traslada lo dispuesto

en el numeral 3 del artculo 288 de la

ley 906 de 2004, relacionado con la

posibilidad de allanarse a la

imputacin, a otro momento, a pasos

posteriores.

La razn de ser de la omisin en

este estadio se capta con fluidez en

el contexto de las finalidades de la

Ley de Justicia y Paz, pues en sta

los propsitos de reconciliacin

nacional, esclarecimiento de la

verdad, garanta de no repeticin y

deber de memoria, reclaman


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espacios procesales de revelacin de

la verdad y de acceso a la justicia,

que no por tratarse de una justicia

consensuada pueden ser

pretermitidos y violentados. Y esa

posibilidad resulta irremediable si se

trivializa la Jurisdiccin de Justicia y

Paz a actos de allanamiento a la

imputacin.

La omisin por traslado del numeral

3 del artculo 288 de la Ley 906 del

2004 en relacin con el contenido de

la imputacin en la Ley 975 del 2005,

se corresponde con las normas

subsiguientes sobre la formulacin de

cargos y aquellas que refieren a la

etapa de juzgamiento, en las que el

debate no se traza necesariamente

entre la inocencia y la

responsabilidad, sino en bsqueda

del esclarecimiento de la verdad,

como principio procesal especial,

conforme se dijo- al artculo 15 de

sta, ya citado.

()

2. Formulacin de cargos

Examnese el acto procesal desde el

referente constitucional del numeral

4 del inciso 2 del artculo 250, de

acuerdo con el cual, corresponde la

Fiscala General de la Nacin,

Presentar escrito de acusacin

ante el juez de conocimiento, con el

fin de dar inicio a un juicio pblico,

oral, con inmediacin de las pruebas,

contradictorio, concentrado y con

todas las garantas (se destaca).

El artculo 19 de la ley 975 del 2005

precepta que lo actuado en la

audiencia de aceptacin de cargos se

remite a la Sala de Justicia y Paz

para que se convoque a la audiencia

pblica de juzgamiento.

Sin duda, en el contexto de la Ley de

Justicia y Paz, no obstante el

presupuesto de consensualidad, la

acusacin, como ya se expuso, est

constituida por la formulacin de

cargos y el acto de aceptacin.

La remisin al postulado

constitucional es importante para

precisar que el principio acusatorio

est referido a la existencia de una


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acusacin, respecto de la cual se

afirma la congruencia con la decisin

judicial final.

Los reconocidos axiomas No existe

proceso sin acusacin y Donde no

existe acusacin no hay juez,

develan la importancia del principio

acusatorio como pilar del rito del

proceso penal del Estado de

Derecho.

La delimitacin del objeto del proceso

se cie al acto de acusacin, el que,

constitucionalmente, es un acto de

impulso procesal escrito, desde el

cual se procura la declaratoria de

responsabilidad penal por parte de la

judicatura.

Se recuerda lo anterior para indicar

que si bien la Ley de Justicia y Paz

no alude a formas especficas para la

formulacin de cargos, s supone, por

remisin legal a la ley 906 del 2004, y

por virtud del mandato constitucional

artculo 250-, una valoracin jurdica

que supera el umbral de la

imputacin fctica de la audiencia de

imputacin, para arribar al reclamo de

una forma escritural.

En punto del ingrediente valorativo o

jurdico, no solo interesa la

satisfaccin del presupuesto de

tipicidad estricta de los delitos

atribuidos en la formulacin de

cargos, sino que tratndose de unas

entidades delictivas cometidas por el

desmovilizado pero en su condicin

de militante de una organizacin

armada ilegal, se precisa que las

categoras de atribucin subjetiva

sean aprensibles por aqul de tal

suerte que discierna y descifre las

inferencias que la Fiscala edifica

para concluir su autora y

participacin, y de cara a esa

comprensin, pueda admitir o no los

cargos.

La acusacin as entendida y

dimensionada debe superar al acto

de comunicacin anterior y delimitar

el objeto del proceso en orden a la

congruencia con la sentencia.

Demostrado el yerro por

yuxtaposicin con el deber ser del

procedimiento regulado en la Ley


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975 del 2005, corresponde a la Sala

indicar su trascendencia invalidatoria

de la actuacin, porque impidi que

se cumplieran las finalidades

previstas, separadamente, para cada

acto.

Uno. Al incluir indebidamente en el

acto de imputacin la dinmica

procedimental de la formulacin de

cargos, cuando se anticip el

interrogatorio al procesado sobre su

voluntad de admitirlos, teniendo

como referente un acto oral,

imperfecto frente a la entidad

constitucional y procesal de un acto

de acusacin, se impidi el

cumplimiento del principio de

congruencia con la sentencia, se

trivializ el lapso investigativo que la

ley fij entre la imputacin y los

cargos y, por esa ruta, la posibilidad

de que, con medios probatorios de

acreditacin y categoras jurdicas

aprensibles de atribucin subjetiva, el

procesado admitiera otros cargos.

Sobre este punto es clara la

exposicin de la fiscala en relacin

con el programa metodolgico y las

tareas investigativas que se dirigen

no solo a verificar los hechos

confesados, sino, de manera crucial

para el esclarecimiento de la verdad,

a acreditar la responsabilidad del

imputado respecto de hechos no

confesados, con la probabilidad de

que los acepte luego de una

persuasiva y contundente formulacin

de cargos.

Dos. Adicionalmente, se inocuiz el

rol de las vctimas al dar por

concluida toda probabilidad de que

coadyuvaran a la formulacin de

cargos -dismil con la formulacin de

la imputacin por complejidad

argumentativa de la segunda-

diferentes a los admitidos por el

imputado en su versin libre. Y por

este camino la vocacin probatoria de

la vctima y la revelacin de la verdad

fueron reducidas a su mnima

expresin.

Sobre este punto especfico, la Sala

advierte con preocupacin que las

pretensiones de los representantes

de las vctimas de Puerto Patio, El

Marqus y del Carmen de Bolvar,

fueron despachadas rpidamente


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como improcedentes, pese a que

expresaron la viabilidad de colaborar

probatoriamente a la acreditacin de

la responsabilidad del imputado, con

miras a la formulacin de cargos.

Por esta va, pese al concepto amplio

de vctima que consagra la Ley de

Justicia y Paz, tambin se neg el

recurso que uno de estos

representantes interpusiera contra la

decisin que examina la Sala.

Si la imputacin es un juicio lgico de

probabilidad, ese mismo nivel de

exigencia reclama la demostracin de

la condicin de vctima y, de ser o

parecer tal, la magistratura est

obligada a pronunciarse conforme lo

ordena el penltimo inciso del artculo

13 de la Ley de Justicia y Paz, ya

trascrito.

Estas situaciones reflejan un

equivocado manejo del

procedimiento, con las consecuencias

sealadas en trminos de vulneracin

de las garantas de los intervinientes.

El debido proceso, en general, es una

garanta judicial no slo para el

procesado sino tambin para las

vctimas, en el contexto singular de la

Ley de Justicia y Paz. Por ello, los

trminos que la ley dispone para las

tareas investigativas interesan no

solo a la Fiscala, sino igualmente al

procesado, quien podra demostrar su

inocencia respecto de una de las

imputaciones y buscar que la fiscala

desestimase algn cargo, y, por

supuesto a las vctimas.

Tres. Con las irregularidades

anotadas, la segunda audiencia

preliminar realizada con el fin de

ponderar la necesidad de la

detencin preventiva del procesado,

transit por los equvocos de la

primera y, entonces, la instancia de

primer grado li la prosperidad de la

pretensin a los delitos admitidos,

cuando en estricto sentido a esta

peticin no precede, judicialmente

entendida, la admisin de cargos.

Cuatro. Al ser alteradas y

sobrepuestas las etapas

procedimentales, la primera instancia


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concluy que era incompetente para

valorar la procedencia de la detencin

preventiva para todas las

imputaciones porque impropiamente

gener una ruptura procesal de

manera anticipada, por los hechos

no admitidos.

Cinco. Las irregularidades anteriores

conculcan varios derechos

fundamentales y garantas judiciales

de todos los intervinientes, incluyendo

las debidas al procesado.

An bajo los supuestos de una

justicia de sometimiento, es un

derecho del procesado conocer los

reproches que se le hacen -diferente

a simplemente informarse de ellos-,

con la respectiva valoracin jurdica y

la categora de atribucin subjetiva de

la que se infiere su responsabilidad.

Solo respecto de este referente es

que se lo confronta a admitirlos.

Seis. En el extremo de las vctimas,

su derecho a la verdad termina

reducido a un acto de fe, y no a la

dinmica investigativa de su

acreditacin. Y, adems, la vocacin

probatoria de stas con miras a los

cargos se frustra preliminarmente.

Siete. La fiscala pierde la posibilidad

de que, en su cometido por el

esclarecimiento de la verdad, pueda

persuadir al procesado, con medios

asertivos de conviccin, sobre su

responsabilidad y entonces logre su

admisin de culpabilidad por hechos

que superen los confesados.

Ocho. La irregularidad enseada

vulnera la garanta de no repeticin y

el deber de memoria, en la medida en

que se reducen las opciones de la

Jurisdiccin de Justicia y Paz a la

validacin de una verdad, la del

imputado.

Nueve. La Jurisdiccin de Justicia y

Paz, con todas las instituciones

previstas para su ejecucin, no se

justifican si su labor desestima los

cometidos poltico-criminales que

orientaron su expedicin y reduce la

magistratura a una operacin de

validacin de la confesin o admisin

del procesado, sin otros espacios de

discusin u oposicin.


18

Si bien se parte de una confesin y

de la consecuente aceptacin de

cargos, no se puede perder de vista

que la relacin procesal no se edifica

de manera exclusiva entre el

procesado y la judicatura, y an

desde este nivel relacional, habr de

recordarse que la verdad no se

circunscribe a aquello que diga o

acepte quien narra su versin.

Se trata de una dinmica,

aparentemente breve, pero que,

trabada conforme a los criterios

axiolgicos de la ley y sus principios

procesales, la verdad resulta un

imperativo para los operadores

judiciales, un derecho de las vctimas

y de la sociedad, y un deber del

postulante a justicia y paz.

Lo anterior indica que en las

tensiones propias de los derechos

fundamentales disputados -debido

proceso, verdad, acceso a la justicia,

etc.-, la misin de los Operadores

Judiciales, de la Polica Judicial, del

Ministerio Pblico, de la Defensora

Pblica y de la Comisin Nacional de

Reparacin y Conciliacin, tiene que

estar orientada, conjuntamente, por la

bsqueda del esclarecimiento de la

verdad, la construccin de los

archivos por el deber de memoria que

impone la reconciliacin, y la garanta

de no repeticin, tal como emana de

los artculos 4, 15, 48 y 56, entre

otros, de la ley 975 del 2005.

Diez. Conforme al registro, en estricto

sentido, le asiste razn al delegado

del Ministerio Pblico cuando afirma

que las irregularidades anotadas

conducen a que el seor Wilson

Salazar no tenga la calidad de

imputado porque esta calidad

procesal reclama que previamente el

Magistrado de Garantas imparta

legalidad formal y material al acto de

imputacin.

En punto del juicio de legalidad formal

de la imputacin, corresponde al

Magistrado de Garantas constatar en

la respectiva audiencia que el

imputado hizo parte de un grupo

armado organizado al margen de la

ley, que se desmoviliz con el fin de

contribuir decisivamente a la

reconciliacin nacional, que el

Gobierno Nacional certific su


19

postulacin y que los hechos

imputados, en su integridad, se

cometieron durante y con ocasin de

la pertenencia al grupo.

Estos aspectos preliminares son de

obligatoria verificacin por parte del

Magistrado con funcin de garantas,

porque solamente satisfechas esas

premisas, puede afirmarse que el

postulante acceder a los beneficios

previstos en la ley.1

En el extremo del juicio de legalidad

material de la imputacin, el examen

del Magistrado de garantas est

referido contundentemente sobre los

motivos fundados que permiten la

inferencia razonable de la probable

autora o participacin del procesado

en los hechos imputados.

Este examen no supone un

pronunciamiento de responsabilidad,

pero s un juicio lgico de

probabilidad que ofrezca el Fiscal al

Magistrado, con el fin de que se

imparta legalidad a la imputacin.

1 Obsrvense sobre el particular los artculos 2, 10 y 11 de la ley 975 de 2005.

Los registros de video no informan

estas constataciones ni formales ni

materiales y tampoco develan un acto

judicial a partir del cual se afirme la

imputacin y se declaren las

medidas, tanto de aseguramiento -

detencin preventiva- como

cautelares, sobre el bien inmueble

referido por el seor defensor del

imputado.

Las razones expuestas conducen a la

afirmacin segn la cual las

irregularidades destacadas son

insubsanables, por lo que se

declarar la nulidad de lo actuado a

partir de la audiencia de formulacin

de imputacin, inclusive.

Al rehacer y enmendar correctamente

la actuacin, el Magistrado con

funcin de Control de Garantas,

deber, adems, tener en cuenta:

Uno. El artculo 13 de la ley 975 del

2005, acerca del contenido de las

decisiones que se adopten en el

mbito de su competencia y las

pautas de la jurisprudencia de la


20

Corte Constitucional sobre el

particular, sobre todo las siguientes2:

En esta circunstancias, el

Constituyente, retomando la

experiencia de la estructura

bsica del proceso penal en el

derecho penal comparado,

previ que la Fiscala, en

aquellos casos en que ejerce

facultades restrictivas de

derechos fundamentales, est

sometida al control judicial o

control de garantas - segn la

denominacin de la propia

norma-, decisin que denota el

lugar preferente que ocupan los

derechos fundamentales en el

Estado constitucional de

derecho.

En este contexto, la institucin

del juez de control de garantas

en la estructura del proceso

penal es muy importante, como

quiera que a su cargo est

examinar si las facultades

judiciales ejercidas por la

2 Corte Constitucional. Sentencia C- 1092 del 2003.

Fiscala se adecan o no a sus

fundamentos constitucionales y,

en particular, si su despliegue

ha respetado o no los derechos

fundamentales de los

ciudadanos. En ejercicio de

esta competencia, los efectos de

la decisin que adopte el juez

estn determinados como a

continuacin se explica.

Si encuentra que la Fiscala ha

vulnerado los derechos

fundamentales y las garantas

constitucionales, el juez a cargo

del control no legitima la

actuacin de aquella y, lo que es

ms importante, los elementos

de prueba recaudados se

reputan inexistentes y no podrn

ser luego admitidos como

prueba, ni mucho menos

valorados como tal. En

consecuencia, no se podr, a

partir de esa actuacin, llevar a

cabo la promocin de una

investigacin penal, como

tampoco podr ser llevada ante

el juez de conocimiento para

efectos de la promocin de un


21

juzgamiento; efectos stos

armnicos con la previsin del

artculo 29 superior, conforme al

cual es nula de pleno derecho

toda prueba obtenida con

violacin del debido proceso.

Por el contrario, si el juez de

control de garantas advierte

que la Fiscala, en ejercicio de

esas facultades, no ha

desconocido los lmites

superiores de su actuacin,

convalida esa gestin y el ente

investigador podr entonces

continuar con su labor

investigativa, formular una

imputacin, plantear una

acusacin y pretender la

condena del procesado. Es

cierto que en este supuesto la

facultad del juez de control de

garantas no implica un

pronunciamiento sobre las

implicaciones que los elementos

de prueba recaudados tengan

sobre la responsabilidad del

investigado ya que sta ser

una tarea que se adelanta en el

debate pblico y oral de la etapa

de juzgamiento.

Dos. La concrecin de las finalidades

de la Ley de Justicia y Paz, efecto

para el cual la dinmica procesal

deber propender por el

esclarecimiento de la verdad,

principio al que concurren todos los

sujetos procesales e intervinientes y

que parte de la premisa legal de la

confesin completa y veraz que

deber hacer el imputado de los

hechos.

Sobre el particular recurdese la gua

de la Corte Constitucional al

examinar el alcance y contenido del

artculo 25 de la Ley 975 del 2005.

Se pregunta la Corte si es

constitucional la norma que, a

cambio de una reduccin

sustantiva de la pena efectiva a

cumplir (alternatividad penal)

exige, para el otorgamiento del

beneficio, el reconocimiento de

los delitos que le son imputados

por el Estado o aquellos que el

implicado voluntariamente


22

quiere confesar, pero no ordena

la confesin integral de todos los

hechos criminales en los cuales

la persona hubiere participado

en su condicin de integrante de

un grupo armado especfico y

confiere beneficios penales

adicionales respecto de estos

delitos no confesados cuando el

Estado no pueda demostrar que

la omisin fue intencional.

En otras palabras, se pregunta

la Corte si viola los derechos de

las vctimas la norma que, con la

finalidad de alcanzar la paz,

otorga beneficios penales

sustantivos mediante un

esquema de alternatividad

penal, sin exigir que la persona

beneficiada confiese la totalidad

de los delitos cometidos, y

confiere beneficios penales

adicionales respecto de los

delitos que originalmente no

fueron confesados, siempre que

el Estado no pueda demostrar

que la omisin fue intencional.

Como ya se mencion, la Ley

975 de 2005 constituye una de

las piezas ms importantes del

marco jurdico de los procesos

de paz en Colombia. Para

incentivar estos procesos, la ley

establece una reduccin

sustantiva de las penas de

crcel para quienes han

cometido delitos de suma

gravedad. En efecto, las

personas responsables de tales

delitos en el derecho nacional

podran llegar a ser acreedoras

a una pena hasta de 60 aos de

crcel y en el derecho penal

internacional podran tener,

incluso, cadena perpetua. Sin

embargo, la ley colombiana les

otorga el beneficio de una pena

efectiva que va entre 5 y 8 aos,

lo cual, sin duda, afecta

derechos y principios

constitucionales como el

derecho a la justicia de las

vctimas y de la sociedad y el

principio de igualdad.

El contenido mnimo del

derecho de las vctimas a la

verdad protege, en primer lugar,


23

el derecho a que los delitos ms

graves sean investigados. Esto

implica que tales delitos deben

ser investigados y que el Estado

es responsable por accin o por

omisin si no hay una

investigacin seria acorde con la

normatividad nacional e

internacional. Una de las formas

de violacin de este derecho es

la inexistencia de medidas que

sancionen el fraude a la justicia

o sistemas de incentivos que no

tomen seriamente en cuenta

estos factores ni promuevan

seria y decididamente la

consecucin de la verdad.

Naturalmente todos estos

derechos comportan el deber

irrenunciable del Estado de

investigar de manera seria y

exhaustiva los delitos cometidos

y de informar sobre el resultado

de sus investigaciones.

...En cuanto se refiere a la

dimensin colectiva de la

verdad, su contenido mnimo

incluye la posibilidad de las

sociedades de conocer su

propia historia, de elaborar un

relato colectivo relativamente

fidedigno sobre los hechos que

la han definido y de tener

memoria de tales hechos. Para

ello, es necesario que se

adelanten investigaciones

judiciales imparciales, integrales

y sistemticas, sobre los hechos

criminales de los que se

pretende dar cuenta histrica.

Un sistema que no beneficie la

reconstruccin de la verdad

histrica o que establezca

apenas dbiles incentivos para

ello, podra comprometer este

importante derecho.

En efecto, segn las

disposiciones del bloque de

constitucionalidad, el

ocultamiento, el silencio o la

mentira sobre los delitos

cometidos, no pueden ser las

bases de un proceso de

negociacin que se ajuste a la

Constitucin. Sin embargo, el


24

relato genuino y fidedigno de los

hechos, acompaado de

investigaciones serias y

exhaustivas y del

reconocimiento de la dignidad

de las vctimas, pueden ser las

bases de un proceso de

negociacin en el cual, incluso,

se admita constitucionalmente la

renuncia a la imposicin o

aplicacin plena de las penas

que el derecho penal ordinario

ha establecido, inclusive para

los delitos que la humanidad

entera ha considerado de la

mayor gravedad.

por las razones que la Corte

entra a explicar, la colaboracin

plena y fidedigna de los

perpetradores es una medida

indispensable para satisfacer el


verdad y el inters de la

sociedad en la construccin de

memoria histrica.

No puede perderse de vista que

esta Ley est diseada para ser

aplicada a personas que han

cometido mltiples y graves

delitos. Por las dificultades que

implican estas investigaciones,

en muchos casos la actuacin

estatal no basta para que estos

delitos sean totalmente

esclarecidos o su autor

identificado Por esta razn no

es posible afirmar,

categricamente, que el Estado,

aos despus de los delitos

cometidos, revelar, gracias

exclusivamente a sus propias

investigaciones, la verdad sobre

los mismos.

Por las razones que han sido

expresadas, en casos como

estos, adems de confiar en la

voluntad de buena fe de quienes

deciden entrar a la legalidad, el

Estado debe adoptar

mecanismos procesales idneos

para asegurarse que las

personas a quienes se beneficia

a travs de la imposicin de

penas alternativas reducidas

respecto de los delitos

cometidos, colaboren

eficazmente en la satisfaccin

de los derechos a la verdad de

sus propias vctimas. De esta


25

manera, las personas que

tendrn los beneficios que

supone vivir en un Estado de

derecho, tendrn tambin las

cargas proporcionales que el

derecho les impone. As se logra

ponderar el derecho a la paz y

los derechos de las vctimas, en

especial el derecho a la verdad.

En este sentido no sobra

enfatizar que frente al tipo de

delitos a que se refiere la ley

demandada, slo la

identificacin completa de la

cadena de delitos cometidos por

cada uno de estos grupos

armados especficos permite

conocer la real dimensin de lo

sucedido, identificar a las

vctimas, repararlas, y adoptar

medidas serias y sostenibles de

no repeticin. El secreto sobre lo

ocurrido, la manipulacin de la

verdad y la negacin de graves

delitos cometidos por tales

grupos no slo compromete los

derechos de cada una de las

personas que ha tenido que

sufrir el dolor de la violacin de

sus derechos sino el inters de

la sociedad entera en conocer lo

ocurrido en toda su magnitud y a

adoptar medidas para que

nunca ms esos delitos vuelvan

a ocurrir.

En consecuencia, la Corte

declarar inexequible el inciso

segundo y el siguiente

apartado del inciso primero

del artculo 25 de la ley

demandada: sin perjuicio del

otorgamiento de la pena

alternativa, en el evento que

colabore eficazmente en el

esclarecimiento o acepte,

oralmente o por escrito, de

manera libre, voluntaria,

expresa y espontnea,

debidamente informado por

su defensor, haber

participado en su realizacin y

siempre que la omisin no

haya sido intencional. En este

evento, el condenado podr ser

beneficiario de la pena

alternativa. Se proceder a la

acumulacin jurdica de las

penas alternativas sin exceder

los mximos establecidos en la

presente ley.


26

...Adicionalmente, y bajo estos

mismos supuestos, en la parte

resolutiva de esta providencia,

se declarar exequible, por los

cargos analizados, el artculo

17, en el entendido de que la

versin libre debe ser completa

y veraz.

En suma, en virtud de las

decisiones adoptadas y en

aplicacin estricta de la

Constitucin, los beneficios

penales que la Ley demandada

permite que se conceda a

quienes han cometido delitos de

suma gravedad, slo pueden

conferirse a quienes han

satisfecho de manera plena el


verdad, de lo cual depende,

tambin, la satisfaccin del

inters de la sociedad en

construir memoria colectiva

sobre lo acontecido durante el

conflicto armado. Para eso

deben haber confesado, de

manera completa y veraz,

todos los hechos criminales

en los cuales han participado

como integrantes de tales

grupos.

Tres. Que es menester acreditar, sin

dudas, si el seor Wilson Carrascal

Salazar est condenado por el

homicidio del ciudadano Luis Alberto

Pia, ocurrido el 23 de octubre de

1.998. En este evento, y si prospera

el decurso procesal, no podr

imputarse este hecho, que puede ser

atendido dentro la institucin procesal

de la acumulacin jurdica de penas,

de conformidad con el artculo 20 de

la Ley de Justicia y Paz.

Cuatro. Que debe haber estricto

equilibrio entre los derechos del

procesado y los derechos de las

vctimas.

Cinco. Que la Ley de Justicia y Paz

no est circunscrita exclusivamente a

la aceptacin o confesin. Su

mbito es bastante mayor, como se

desprende de los varios principios

suyos, mencionados en esta decisin.


27

Extracto Dos

PRINCIPIO DE ORALIDAD. La actuacin de la jurisdiccin de justicia y paz se rige por el principio de la oralidad, por ello, las decisiones de fondo de los Magistrados tanto de garantas como de conocimiento, se deben adoptar en desarrollo de las audiencias del art. 26.2 de l ley de Justicia y Paz. La competencia del Magistrado con funcin de garantas no se activa solamente a partir de la formulacin de imputacin, pues la actuacin penal se anticipa a ese acto procesal, y desde su inicio est sujeta a ese control.

DERECHO DE LAS VCTIMAS. La ley y la jurisprudencia integradas, ensean que los derechos de las vctimas se hallan en movimiento y tienen que ser protegidos inclusive antes de iniciada la actuacin penal por parte de la Fiscala, con sus respectivos recursos judiciales y frente a las autoridades expresamente creadas para que materialicen esa misin.

CORTE SUPERMA DE

JUSTICIA -SALA DE

CASACIN PENAL-

Segunda Instancia 27052

Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO GOMEZ QUINTERO. Apelacin por la negativa de

realizacin de audiencia preliminar de

garantas por presunta violacin a los

derechos de publicidad y verdad por

parte del Fiscal Dcimo la Unidad

Nacional de Justicia y Paz

procedimiento en contra de Wilson

Salazar Carrascal. Auto del 23 de

junio de 2007.

() La Corte se abstendr de resolver el

recurso de apelacin concedido por

el A quo, como quiera que el trmite y

la decisin adoptada por la instancia

de primer grado a las peticiones de la

representante de las vctimas se

aparta de la ritualidad y los principios

procesales que rigen las actuaciones

de la jurisdiccin de Justicia y Paz.

De conformidad con el artculo 26.2

de la ley 975 del 2005, el recurso de

apelacin procede contra lo autos

que resuelven asuntos de fondo,

adoptados durante el desarrollo de


28

las audiencias y contra las

sentencias.

Se interpone en la misma audiencia

en que profiera la decisin y se

concede en el efecto suspensivo ante

la Sala Penal de la Corte Suprema de

Justicia (resalta la Corte).

Aun cuando el Magistrado con

funcin de Control de Garantas de la

Jurisdiccin de Justicia y Paz del

Distrito de Barranquilla permiti el

recurso de apelacin bajo el

entendimiento de que se trataba de

un asunto de fondo que deba

conocer y resolver la Corte, sobre

todo para abundar en garantas,

adopt su decisin sin conducir el

tema por el procedimiento de las

audiencias preliminares, con lo cual

se apart del amplio principio de

oralidad que rige la actuacin

procesal de esta jurisdiccin -artculo

12 ejusdem-, presupuestos desde los

cuales se dinamizan los recursos y se

activa el conocimiento de la Sala.

La realidad procesal obliga a la Corte

a inhibirse de resolver de fondo sobre

los motivos de impugnacin, es decir,

de estudiar si efectivamente en la

versin libre del postulado a Justicia y

Paz, seor WILSON SALAZAR, se

vulneraron los principios-derechos de

publicidad y verdad.

Sin embargo, lo anterior no obsta

para que la Corte seale la razn del

yerro procesal:

Como se indic supra, la actuacin

procesal de la jurisdiccin de Justicia

y Paz se rige, entre otros, por el

principio de oralidad, y, por ello, las

decisiones de fondo de los

Magistrados, tanto de Garantas

como de Conocimiento, se deben

adoptar en desarrollo de las

audiencias artculo 26.2 citado-.

El acto legislativo 03 del 2002 cre la

funcin constitucional de control de

garantas, como una manera de

asegurar los derechos de los

procesados y de las vctimas en el

ejercicio de la accin penal, como

expresamente aparece en el artculo

2.1 del acto mencionado, que


29

modific el artculo 250 de la Carta

Poltica.

La ley 906 del 2004, o nuevo Cdigo

de Procedimiento Penal, establece en

el inciso 5 de su artculo 10, la

obligacin del Juez de garantas de

corregir los actos irregulares, no

sancionables con nulidad, respetando

siempre los derechos y garantas de

los intervinientes.

Por su parte, el artculo 11 del mismo

texto, principio rector, referido a los

derechos de las vctimas, afirma en el

literal g. que una de sus prerrogativas

se sustenta en el derecho a acudir,

en lo pertinente, ante el juez de

control de garantascuando a ello

hubiere lugar.

En el mismo desarrollo, el artculo

153 precepta:

Las actuaciones, peticiones y

decisiones que no deban

ordenarse, resolverse o

adoptarse en audiencia de

formulacin de acusacin,

preparatoria o del juicio oral, se

adelantarn, resolvern o

decidirn en audiencia

preliminar, ante el juez de

control de garantas.

El artculo 62 de la ley 975 de 2005 -

Ley de Justicia y Paz-, dispone que

en lo no dispuesto en su contenido,

los asuntos se deben regir por el

Cdigo de Procedimiento Penal, que,

ha de entenderse, es la Ley 906 de

2004, consecuente del acto legislativo

02 de 2003, del sistema de actuacin

procesal oral y de las audiencias

pblicas, aparte de que es la ltima

ley sobre el tema.

La ley 975 de 2005 consagr un

conjunto de derechos de las vctimas

frente a la administracin de justicia.

Su artculo 13 dice:

Derechos de las vctimas. El

Estado garantizar el acceso de

las vctimas a la administracin

de justicia. En desarrollo de lo

anterior, las vctimas tendrn

derecho.


30

37.4. A ser odas y que se les

facilite el aporte de pruebas.

37.5. A recibir desde el primer

contacto con las autoridades y

en los trminos establecidos en

el Cdigo de Procedimiento

Penal informacin pertinente

para la proteccin de sus

intereses; y a conocer la verdad

de los hechos que conforman

las circunstancias del delito del

cual han sido vctimas.

37.6. A ser informadas sobre la

decisin definitiva relativa a la

persecucin penal y a interponer

los recursos cuando a ello

hubiere lugar.

El mismo artculo 13 de la ley de

Justicia y Paz fija como principio

rector el de celeridad, y en su

desarrollo indica que a travs de

audiencias preliminares ante el

Magistrado de Control de Garantas

se tramitarn distintos asuntos, entre

ello, la adopcin de medidas para la

proteccin de vctimas y testigos, y

las que resuelvan asuntos similares

Por consiguiente, la competencia de

los Magistrados con funcin de

Garantas no se activa solamente a

partir de la formulacin de

imputacin, pues la actuacin penal

se anticipa a ese acto procesal, y

desde su inicio est sujeta a control,

como se corresponde con la

naturaleza de una funcin pblica

dentro de un Estado social y

democrtico de derecho.

Lo expresado tiene especial

significacin si se comprende que la

tarea de la fiscala en el rgimen de la

ley de justicia y paz se cumple dentro

del contexto del acto legislativo 03 de

2002, segn el cual su

comportamiento est judicialmente

controlado por los jueces con funcin

de Garantas y de Conocimiento.

Las fuentes legales citadas y la

jurisprudencia, integradas, ensean

que los derechos de las vctimas se

hallan en movimiento y tienen que ser

protegidos inclusive desde antes de

iniciada la actuacin penal por parte

de la fiscala, con sus respectivos


31

recursos judiciales y frente a las

autoridades expresamente creadas

para que materialicen esa misin.

Tnganse en cuenta las siguientes

pautas jurisprudenciales:

4.9.1. Refirindose a los

principios que deben gobernar el

ejercicio de la funcin judicial,

especialmente en materia penal,

y al derecho subjetivo de acceso

a la Justicia, la Corte en sede de

control de constitucionalidad ha

sentado una jurisprudencia que

precisa ciertos parmetros

constitucionales, los cuales,

aunque no se refieren

especficamente a estndares

aplicables dentro de procesos

de consolidacin de la paz y de

trnsito a la plena vigencia del

Estado de Derecho, resultan

ineludibles para el legislador en

todo tiempo, por encontrar un

fundamento permanente en las

normas superiores que no se

suspenden durante tales

procesos de transicin. Tales

parmetros tienen que ver con

asuntos como los derechos de

las vctimas a la justicia, la

verdad, la reparacin y la no

repeticin

4.9.2. Concretamente sobre los

derechos de las vctimas de

violaciones de derechos

fundamentales a conocer la

verdad, a acceder a la justicia y

a obtener una reparacin, en la

Sentencia C-228 de 2002[115]

la Corte reconoci que existe

una tendencia mundial, tambin

recogida por la Constitucin,

segn la cual la vctima o

perjudicado por un delito no slo

tiene derecho a la reparacin

econmica de los perjuicios que

se le hayan causado, sino que

adems tiene derecho a que a

travs del proceso penal se

establezca la verdad sobre lo

acaecido y se haga justicia.

4.9.3. la Corte acept que

mltiples instrumentos

internacionales consagran el

derecho de toda persona a un

recurso judicial efectivo, y que la


32

comunidad internacional

rechaza los mecanismos

internos que conduzcan a la

impunidad y al ocultamiento de

la verdad de lo ocurrido.

4.9.4. En reiterada

jurisprudencia la Corte

Constitucional ha sealado que

el derecho de las vctimas de

delitos a conocer la verdad de lo

ocurrido y el derecho de la

sociedad a esclarecer procesos

de macrocriminalidad que

afectan de manera masiva y

sistemtica los derechos

humanos de la poblacin, son

derechos constitucionales (en

particular, ver la sentencia C-

228 de 2002). 3

Sobre el derecho de las vctimas

al acceso a la justicia y a los

recursos judiciales efectivos en

el contexto de la Ley 906 de

2004, extensivos, por remisin a

la ley de Justicia y Paz, la Corte

Constitucional precis:

3 Corte Constitucional C-370 de 2005

El derecho a que se haga

justicia en el caso concreto, es

decir, el derecho a que no haya

impunidad. Este derecho

incorpora una serie de garantas

para las vctimas de los delitos

que se derivan de unos

correlativos deberes para las

autoridades, que pueden

sistematizarse as: (i) el deber

del Estado de investigar y

sancionar adecuadamente a los

autores y partcipes de los

delitos; (ii) el derecho de las

vctimas a un recurso judicial

efectivo; (iii) el deber de respetar

en todos los juicios las reglas

del debido proceso.

Sobre la efectividad del derecho

de las vctimas a un recurso

judicial efectivo (CP, artculos 29

y 229), ha establecido la

jurisprudencia que su garanta

depende de que stas puedan

intervenir en cualquier momento

del proceso penal, an en la

fase de indagacin preliminar.

Su intervencin no slo est

orientada a garantizar la


33

reparacin patrimonial del dao

inferido con el delito, sino

tambin a la satisfaccin de sus

derechos a la justicia y a la

verdad. En ocasiones, incluso la

representacin de las vctimas

en el proceso penal tiene unos

cometidos exclusivamente

vinculados al goce efectivo de

los derechos a la justicia y la

reparacin. Bajo estas

consideraciones la Corte

constitucional estableci una

doctrina en la que

explcitamente abandon una

concepcin reductora de los

derechos de las vctimas,

fundada nicamente en el

resarcimiento econmico, para

destacar que las vctimas, o los

perjudicados con el delito, tienen

un derecho efectivo al proceso y

a participar en l, con el fin de

reivindicar no solamente

intereses pecuniarios, sino

tambin, y de manera

prevalente, para hacer efectivos

sus derechos a la verdad y a la

justicia.

La explcita consagracin

constitucional de la vctima

como sujeto que merece

especial consideracin en el

conflicto penal, se deriva la

profundizacin de las relaciones

entre el derecho constitucional y

el derecho penal del Estado

social de derecho, que

promueve una concepcin de la

poltica criminal respetuosa de

los derechos fundamentales de

todos los sujetos e intervinientes

en el proceso. Los intereses de

la vctima, elevados a rango

constitucional se erigen as en

factor determinante de los fines

del proceso penal que debe

apuntar hacia el

restablecimiento de la paz

social. Esta consagracin


como elemento constitutivo del

sistema penal, es as mismo

coherente con los paradigmas

de procuracin de justicia

provenientes del derecho

internacional, que han sido

acogidos por la jurisprudencia

de esta Corte tal como se dej


34

establecido en aparte anterior.

La determinacin de una

posicin procesal de la vctima

en el proceso penal conforme a

esos paradigmas, debe

establecerse tomando como

punto de partida un sistema de

garantas fundado en el principio

de la tutela judicial efectiva, de

amplio reconocimiento

internacional, y con evidente

acogida constitucional a travs

de los artculos 229, 29 y 93 de

la Carta. Este principio que se

caracteriza por establecer un

sistema de garantas de

naturaleza bilateral. Ello implica

que garantas como el acceso a

la justicia (Art.229); la igualdad

ante los tribunales (Art.13); la

defensa en el proceso (Art.29);

la imparcialidad e independencia

de los tribunales; la efectividad

de los derechos (Arts. 2 y 228);

sean predicables tanto del

acusado como de la vctima.

b. El derecho a que se haga

justicia en el caso concreto, es

decir, el derecho a que no haya

impunidad.

33. Este derecho incorpora una

serie de garantas para las

vctimas de los delitos que se

derivan de unos correlativos

deberes para las autoridades,

que pueden sistematizarse as:

(i) el deber del Estado de

investigar y sancionar

adecuadamente a los autores y

partcipes de los delitos; (ii) el

derecho de las vctimas a un

recurso judicial efectivo; (iii) el

deber de respetar en todos los

juicios las reglas del debido

proceso.

La jurisprudencia constitucional

ha sealado que el derecho de

acceso a la justicia, tiene como

uno de sus componentes

naturales el derecho a que se

haga justicia. Este derecho

involucra un verdadero derecho

constitucional al proceso penal,

y el derecho a participar en el

proceso penal por cuanto el

derecho al proceso en el estado


35

democrtico debe ser

eminentemente participativo

La posicin de la vctima en el

sistema procesal penal,

instaurado por la Ley 906 de

2004.

43. La explcita consagracin


como sujeto que merece

especial consideracin en el

conflicto penal, se deriva la

profundizacin de las relaciones

entre el derecho constitucional y

el derecho penal del Estado

social de derecho, que

promueve una concepcin de la

poltica criminal respetuosa de

los derechos fundamentales de

todos los sujetos e intervinientes

en el proceso. Los intereses de

la vctima, elevados a rango

constitucional se erigen as en

factor determinante de los fines

del proceso penal que debe

apuntar hacia el

restablecimiento de la paz

social.

Esta consagracin constitucional

de la vctima como elemento

constitutivo del sistema penal,

es as mismo coherente con los

paradigmas de procuracin de

justicia provenientes del derecho

internacional, que han sido

acogidos por la jurisprudencia

de esta Corte tal como se dej

establecido en aparte anterior.

La determinacin de una

posicin procesal de la vctima

en el proceso penal conforme a

esos paradigmas, debe

establecerse tomando como

punto de partida un sistema de

garantas fundado en el principio

de la tutela judicial efectiva, de

amplio reconocimiento

internacional, y con evidente

acogida constitucional a travs

de los artculos 229, 29 y 93 de

la Carta. Este principio que se

caracteriza por establecer un

sistema de garantas de

naturaleza bilateral. Ello implica

que garantas como el acceso a

la justicia (Art.229); la igualdad

ante los tribunales (Art.13); la

defensa en el proceso (Art.29);


36

la imparcialidad e independencia

de los tribunales; la efectividad

de los derechos (Arts. 2 y 228);

sean predicables tanto del

acusado como de la vctima.

Esta bilateralidad, ha sido

admitido por esta Corporacin al

sealar que el complejo del

debido proceso, que involucra

principio de legalidad, debido

proceso en sentido estricto,

derecho de defensa y sus

garantas, y el juez natural, se

predican de igual manera

respecto de las vctimas y

perjudicados.

d. El sistema procesal penal

configurado por la Ley 906 de

2004 pone el acento en la

garanta de los derechos

fundamentales de quienes

intervienen en el proceso

(inculpado o vctima), con

prescindencia de su designacin

de parte o sujeto procesal:

46. As las cosas, los

fundamentos constitucionales de

los derechos de las vctimas,

as como los pronunciamientos

que sobre la ley 906 de 2004 ha

realizado la Corte, permiten

afirmar que la vctima ocupa un

papel protagnico en el proceso,

que no depende del calificativo

que se le atribuya (como parte o

interviniente), en tanto que se

trata de un proceso con sus

propias especificidades, en el

que los derechos de los sujetos

que intervienen estn

predeterminados por los

preceptos constitucionales, las

fuentes internacionales

acogidas por el orden interno y

la jurisprudencia constitucional.

El alcance de los derechos de

las vctimas debe interpretarse

dentro de este marco4.

Con las explicaciones que preceden,

es claro que los temas propuestos

por la representante de las vctimas

no fueron resueltos por el Magistrado

con funcin de Garantas que

concedi el recurso de apelacin,

razn por la cual la Sala, luego de

indicar el yerro, se abstendr de

4 Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006


37

resolver de fondo las razones de la

impugnacin.

()


38

Extracto Tres

PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD. La ley 975 de 2005 consagra un proceso judicial especial que se complementa con el Cdigo de Procedimiento Penal, esto es, la ley 906 de 2004.

DERECHO A LA VERDAD. La versin libre que rinden los postulados no constituye pers la verdad. De ella se espera que sea completa y veraz pero se requiere un proceso de verificacin por parte de la Fiscala. La verdad a que tiene derecho la sociedad no es la verdad del procesado, sino la verdad comprobada que resulta de todo el procedimiento, es decir, la verdad verificada por la Fiscala.

VERSIN LIBRE Transmisin televisada Lo dispuesto sobre el particular en el artculo 6 de la Resolucin 0387 de 2007 no vulnera los derechos fundamentales de las vctimas, porque es vlida la consagracin de ciertas limitaciones al principio de publicidad en la administracin de justicia, como cuando se pretende la proteccin de los derechos fundamentales a las vctimas, procesados y terceros.

VERSIN LIBRE- Acceso a las salas de versin El artculo 5 de la Resolucin 0387/07 prohibi el acceso a las salas de versin libre a personas distintas de aquellas que por mandato legal tienen derecho a participar e intervenir en la citada diligencia previsin que no vulnera garantas fundamentales, pues tal como lo seal la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 al revisar la constitucionalidad de los artculos 48 y 58 de la ley 975 de 2005, son vlidas ciertas limitaciones al principio de publicidad. No puede permitirse que los procesos de justicia y paz se conviertan en espectculo donde adems del sufrimiento que ya soportaron las vctimas al padecer los daos que buscan reparar, se expongan fuera del proceso en detrimento de las vctimas.

VERSIN LIBRE- Participacin de las vctimas La reglamentacin que previ la Fiscala General de la Nacin para el desarrollo de la versin libre garantiza el derecho de las vctimas a participar en el proceso. Ellas pueden interrogar y contra interrogar al postulado desde la sala acondicionada para ellas desde donde observan en pantalla gigante y tiempo real el desarrollo de la misma. Tal reglamentacin no vulnera sus garantas.

REPRESENTACIN DE LAS VICTIMAS El art. 6 de la Resolucin 0387/07 prev que las plurales vctimas de un mismo hecho puedan ser representadas para la versin libre hasta por dos abogados, previsin que no es contraria a la


39

posibilidad de que ellas hagan uso del derecho de postulacin designando sus apoderados en otras etapas del proceso y de manera individual.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Seccin Cuarta

Segunda Instancia radicacin 2000023240002007-00290-01

Magistrada Ponente: Dra. LIGIA

LOPEZ DIAZ.

Apelacin de la Accin de Tutela

interpuesta por el Director de la

Comisin Colombiana de Juristas, por

violacin a los derechos

fundamentales de acceso a la

administracin de justicia, publicidad,

igualdad, verdad y libertad de

expresin. Sentencia del 26 de julio

de 2007.

() En relacin con la inaplicacin de

algunas normas de la Resolucin

0387 expedida por el Fiscal General

de la Nacin y del Decreto 315

expedido por el Ministro del Interior y

de Justicia5, la Sala observa que son

5 Solicita el demandante: 5. Inaplicar los artculos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la resolucin 0387 expedida por

disposiciones expedidas en desarrollo

de las normas generales sealadas

en la Ley 975 de 2005 y que los

destinatarios de las regulaciones en

ellos contenidas pertenecen a un

grupo indeterminado de personas,

para tener por cierto que se trata de

actos de carcter general, impersonal

y abstracto, respecto de los cuales y

segn el artculo 6 [num. 5] del

Decreto 2591 de 1991, la accin de

tutela no es procedente. Adems, no

crea situaciones jurdicas subjetivas y

concretas y debido a ello, tampoco

puede lesionar por s solo derechos de

esta ndole, que es lo que la Constitucin

y la ley requieren para que la accin de

tutela sea viable6.

Para cuestionar judicialmente los

mencionados actos, el ordenamiento

el Fiscal General de la Nacin; los artculos 4 inciso b), 5 y 6, los artculos 2 literales a) y d), 3 y 4 del Decreto 315 expedido por el Ministro del Interior y de Justicia. 6 As tambin lo consider la Corte Constitucional en la Sentencia T-1497 del 2 de noviembre de 2000, M. P. Martha Victoria Schica Mndez, reiterada entre otras en la Sentencia T-645 del 8 de agosto de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.


40

jurdico prev otro tipo de acciones y,

de manera especfica, la de nulidad

establecida en el artculo 84 del C. C.

A.

Entonces, se configura una causal

ms de improcedencia de la tutela,

pues el mecanismo contemplado en

el artculo 86 de la Constitucin es de

ndole subsidiaria y residual, por lo

que no se trata de un mecanismo

alternativo, ni supletivo o sustitutivo

de los medios judiciales ordinarios o

especiales establecidos en el

ordenamiento jurdico7 Segn el

artculo 6 [num. 1] del Decreto 2591

de 1991, en concordancia con el

artculo 8 ibdem, la existencia de

otros recursos o medios de defensa

judiciales, como es la citada accin

de nulidad8, enerva la procedencia de

7 Ibdem. 8 Al revisar el software de gestin judicial aparece una accin pblica de nulidad con solicitud de suspensin provisional instaurada por la Comisin Colombiana de Juristas contra los siguientes decretos: 4760 de 2005, artculos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, y 27, el 2898 de 2006, el 3391 de 2006, artculos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, y 20 y el decreto 4417 de 2006, por el cual se modifica el decreto 2898 de 2006; expedidos por el Ministerio del Interior y de Justicia (Desde el 23 de abril de 2007 se encuentra al Despacho de la Magistrada Martha Sofa Sanz Tobn, por reparto del 19 anterior (N de Rad. 2007-00164). As mismo, aparece registrada una

esta tutela, pues existe la posibilidad

de procurar la proteccin solicitada en

su sede natural y en ejercicio de la

accin pertinente.

()

En relacin con las pretensiones: i) la

transmisin en directo por radio,

internet y televisin de las audiencias

de versin libre; ii) la participacin sin

condiciones previas de las vctimas

en las audiencias de versin libre; iii)

la participacin activa e ilimitada de

las vctimas en dichas audiencias y

iv) la representacin de las vctimas

por ms de dos abogados, la Sala

considera que todas ellas deben ser

analizadas a la luz de los derechos

fundamentales invocados y en

especial, del acceso a la

administracin de justicia, publicidad,

igualdad, verdad y libertad de

accin pblica de nulidad instaurada por el ciudadano Wildeman Salazar Montoya contra el numeral 4 del artculo 27 del Decreto 4760 de 2005 (Desde el 16 de julio de 2007 se encuentra al Despacho del Magistrado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, por reparto del 11 anterior (N de Rad. 2007-00255). Sin embargo, ni contra el Decreto 315 del 7 de febrero de 2007 del Gobierno Nacional ni contra la Resolucin N 0-0387 del 12 de febrero de 2007 del Fiscal General de la Nacin, hay constancia del ejercicio de alguna accin.


41

expresin, consagrados en la

Constitucin Poltica, en la

Convencin Americana sobre

Derechos Humanos y en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y

Polticos. Y para determinar su

presunta vulneracin, es necesario

revisar la estructura del

procedimiento de justicia y paz

consagrado en la ley

()

La Ley 975 de 2005 constituye una

de las piezas ms importantes del

marco jurdico de los procesos de paz

en Colombia9, pues ni en el

ordenamiento jurdico interno ni

internacional hay un instrumento

similar que permita lograr la unidad

nacional en medio del conflicto

armado.

La Ley 975 consagra un proceso

judicial especial que se complementa

con el Cdigo de Procedimiento

Penal, esto es, la Ley 906 de 2004

(artculo 62 ibdem). Como

9 As lo consider la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, Considerando N 6.2.2.1.7.1.

procedimiento especial, la Ley prev,

en aplicacin de los principios

procesales de oralidad (art. 12)10;

celeridad (art. 13)11; defensa (art. 14)

y esclarecimiento de la verdad (art.

15)12, dos grandes etapas, i)

10 En aplicacin de este principio, la Sala de Casacin Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Auto del 23 de mayo de 2007, M. P. lvaro Orlando Prez Pinzn, Exp. 27.052, consider: ... la actuacin procesal de la jurisdiccin de Justicia y Paz se rige, entre otros, por el principio de oralidad, y, por ello, las decisiones de fondo de los Magistrados, tanto de Garantas como de Conocimiento, se deben adoptar en desarrollo de las audiencias artculo 26.2 citado . 11 En aplicacin de este principio, la Sala de Casacin Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Auto del 23 de mayo de 2007, M. P. lvaro Orlando Prez Pinzn, Exp. 27.052, sostuvo: El mismo artculo 13 de la ley de Justicia y Paz fija como principio rector el de celeridad, y en desarrollo indica que a travs de audiencias preliminares ante el Magistrado de Control de Garantas se tramitarn distintos asuntos, entre ellos, la adopcin de medidas para la proteccin de vctimas y testigos, y ( ) las que resuelvan asuntos similares... 12 En aplicacin de este principio, la Sala de Casacin Penal de la Corte Suprema de Justicia en el Auto del 8 de junio de 2007, M. P. lvaro Orlando Prez Pinzn, Exp. 27.484, consider: Slo cuando se despliegan las labores de verificacin de los hechos admitidos y de investigacin de todos aquellos hechos de los que se tenga conocimiento (los denunciados por las vctimas, los conocidos por la Fiscala, etc.), de conformidad con el perodo de sesenta das (60) que prev el inciso 3 del artculo 18 citado, hay lugar a solicitar la audiencia de formulacin de cargos. Se trata de un requisito de procedibilidad que se corresponde con el principio procesal especial del esclarecimiento de la verdad, que consagra el artculo 15 de la Ley de Justicia y Paz, esencialmente en su inciso 1: Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores pblicos dispondrn lo necesario para


42

investigacin y verificacin y ii) de

juzgamiento.

La primera comprende adems, una

fase de indagacin que se tramita

conforme a las reglas sealadas en el

artculo 16 (competencia) y dentro de

la cual se practica la diligencia de

versin libre y confesin (art. 17), que

rinden los desmovilizados ante el

fiscal, quien los interrogar sobre todos

los hechos de que tenga conocimiento ...

En presencia de su defensor,

manifestarn las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que hayan

participado en los hechos delictivos

cometidos ... anteriores a su

desmovilizacin y por los cuales se

acogen a la presente ley. En la misma

diligencia indicarn los bienes que se

entregan para la reparacin a las

vctimas, [si los tuvieren]13, y la fecha de

su ingreso al grupo.

Dada la especial naturaleza del que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigacin y se garantice la defensa de los procesados. 13 El aparte entre corchetes fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, all mismo declar exequible por los cargos analizados, el artculo 17

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