LAS IGLESIAS Y EL ACCESOA LA JUSTICIA

EN AMÉRICA LATINA*Margaret E. Crahan**

Todos sabemos que hay algunas instituciones religiosas quehan promovido y facilitado el acceso a la justicia,especialmente en momentos de crisis, como el Comité de laPaz y su sucesor, la Vicaría de la Solidaridad en Chile,establecido en los años 70 por las iglesias Católica, Luterana yMetodista y la comunidad judía. Hay que agregar que laSección de Asistencia Legal de la Vicaría desarrolló una seriede estrategias pragmáticas para aumentar su capacidad derespuesta a los necesitados, utilizando los servicios voluntariosde abogados de bufetes privados. Esta estrategia no solamenteaumentó el número de abogados disponibles para atender a lasvíctimas de violaciones de derechos humanos, sino que redujolos costos. La Vicaría inició clínicas legales en barrios conrecursos limitados utilizando, a veces, los servicios deestudiantes de leyes. También capacitó a grupos de obreros,mujeres, estudiantes e indígenas en el uso del sistema legalexistente para asegurar sus derechos, en parte mediante suAcademia de Humanismo Cristiano. Las estrategias de laVicaría, iniciadas en los años 70, fueron utilizadas luego nosolamente en países de América Latina, como El Salvador,

* La presente es una transcripción, editada por el IIDH, de la conferencia ofrecidapor Margaret E. Crahan en el marco del XVIII Curso Interdisciplinario enDerechos Humanos (31 de julio al 11 de agosto de 2000).

** Epstein Professor del Hunter College, Nueva York.

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Guatemala, Perú y México, sino también en África del Sur y enlos Estados Unidos.

Quiero enfatizar cuatro puntos:

1. Las crisis de derechos humanos de los años 70, 80 y 90 enAmérica Latina resultaron en una serie de innovaciones yprocesos que han aumentado el acceso a la justicia, y lasinstituciones religiosas han ayudado, muchas veces, a sentarlas bases para tales avances.

2. El papel de estas instituciones en la promoción del acceso ala justicia ha variado de país en país, dependiendo delestatus de las mismas y los contextos nacionales. Porejemplo, las limitaciones de la Iglesia Católica en Argentinaen los años 70 afectaron su capacidad de respuesta a la crisisde derechos humanos, aunque hoy día la Iglesia Católica enArgentina es más activa en este campo. Aún en países comoBrasil hubo variaciones de arzobispado a arzobispado y enel nivel de compromiso con los derechos humanos,utilizando la cooperación ecuménica para su promoción, porejemplo. Jaime Wright, un pastor evangélico, ha sido jefe dela oficina de derechos humanos del Arzobispado de SãoPaulo por muchos años. Pero en otros obispados en Brasilno se ha dado gran cooperación ecuménica.

3. Para entender bien el papel de las iglesias como agentes decambio es sumamente importante abandonar los este-reotipos. Por ejemplo, existe la impresión que la IglesiaCatólica es la más progresista en términos de derechoshumanos, pero en El Salvador, en los años 80, la IglesiaLuterana y algunas iglesias pentecostales locales fueron másactivas en las zonas de conflicto que algunos de losobispados.

4. La capacidad de cualquier iglesia para promover el acceso ala justicia depende de una serie de factores o prerequisitos,que incluyen:

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a. un alto grado de consenso interno en los objetivosrelativos al acceso a la justicia y a los métodos yestrategias para lograrlos;

b. autonomía suficiente para legitimar estos objetivos y losrecursos para convencer a un porcentaje impotante, perono necesariamente mayoritario, del pueblo para aceptarcambios sociales profundos, especialmente en términosde derechos humanos;

c. el conocimiento técnico para crear tácticas y estrategiasadecuadas a la promoción efectiva de un mayor acceso ala justicia;

d. capacidad para mantener su compromiso respecto a loscambios en el sistema de justicia en el largo plazo,enfrentando la resistencia interna de las iglesias y de lasociedad en general.

Ahora voy a referirme a algunas realidades que afectan lacapacidad de cualquier religión de cambiar un sistema dejusticia o de injusticia.

Para cambiar un sistema de justicia obviamente se requiereun consenso amplio en términos de la reestructuración de lasociedad en general. Un requisito básico es el liderazgo que sele reconoce sobre su propio compromiso para con el biencomún. Normalmente los líderes religiosos son reconocidoscomo personas comprometidas al bien común, más que loslíderes políticos, quienes por lo general tienen agendaspartidarias.

Pero si los líderes religiosos empiezan a ser activos encuestiones de acceso a la justicia pueden ser criticados por serdemasiado políticos, arriesgando su legitimidad como personasque no pertenecen a ningún partido político. Al mismo tiempo,dentro de las iglesias hay siempre quienes se oponen a que suslíderes se metan en cuestiones políticas. Dado el deseo de la

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mayoría de las iglesias de mantener su atracción universal,cualquier debate político que toca el acceso a la justicia puedeser visto como contrario al objetivo principal: la salvación detodos.

Esto conduce a la tendencia de muchos líderes religiosos ahablar en términos muy generales sobre un asunto que esaltamente complicado, técnico, y polémico, lo que resulta, enalgunos casos, en ambigüedades en la naturaleza de lasrecomendaciones de algunos lideres religiosos respecto alacceso a la justicia. Tales ambigüedades no facilitan lamovilización para el cambio. Además, en países en transicióndemocrática, las prioridades a veces son otras en términos de laconsolidación de las estructuras democráticas. Por otro lado,cualquier reforma va a requerir recursos fiscales que muchasveces no están disponibles.

Otro factor es la tendencia de las instituciones religiosas aimaginar sociedades no conflictivas. Cualquier programa dereformas judiciales va a ser conflictivo y para influir en eldebate los líderes religiosos tienen que meterse en la lucha.Esto puede causar una reducción del consenso dentro de laiglesia, así como tener un impacto sobre el ejercicio de laautoridad dentro de una iglesia, disminuyendo la lealtad dealgunos sectores del laicado. En instituciones jerárquicas,como la Iglesia Católica, las luchas políticas dentro de lainstitución pueden considerarse contrarias al bienestar de laiglesia como una institución.

Para trascender tales impedimentos una iglesia tiene quetener una gran capacidad de analísis político y equipos queconozcan cómo desarrollar estrategias adecuadas parapromover cambios en la sociedad. Pocas religiones tienen losrecursos para dedicar personal a tales cuestiones. La soluciónes crear alianzas con otras instituciones religiosas y con lasociedad civil.

Desafortunadamente, si dejamos de lado los momentos decrisis extremos, el ecumenismo y la cooperación de las

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instituciones religiosas con la sociedad civil organizada enAmérica Latina siguen siendo limitados. Son excepciones, porejemplo, el Debate Nacional en El Salvador en los años 80 queincorporó iglesias y sectores de la sociedad civil, lograndomovilizar una coalición ecuménica que trascendió diferenciasreligiosas y otras divisiones. La participación de lasinstituciones religiosas junto con organizaciones de la sociedadcivil en el proceso Oslo en la búsqueda de paz de Guatemala enlos años 90 es otro ejemplo. Y finalmente tenemos ejemplos enotras áreas del mundo, como Mosambique, donde el grupocatólico Sant E’gidio ha trabajado cercanamente con gruposluteranos y la sociedad civil para asegurar un tratado de paz.

Sin embargo debemos recordar que dentro de cualquierreligión, y entre las religiones, hay mucha competencia porrecursos y cada cual tiene sus prioridades. Por esta razón loslíderes religiosos son, por lo general, altamente pragmáticos, ydeciden hacer lo que es posible en lugar de lo que es deseable.

Es más, como ya hemos visto, en los años 70 y 80 lamovilización de algunas iglesias, en algunos países de AméricaLatina, por la defensa de los derechos humanos, implicó lautilización de recursos financieros externos. Hoy día lascampañas para aumentar el acceso a la justicia también van arequerir muchos recursos de Europa y América del Norte, enun momento en que hay una gran competencia por recursosescasos. También es fuerte la competencia de otros países enregiones como África, Asia del Sur y Europa Oriental. Anteesta situación, los administradores eclesiales tienen que tomardecisiones duras en términos de la utilización de recursos. Eldinero para enfrentar la pobreza de manera directa es paramuchas iglesias más importante que los programas paraaumentar el acceso a la justicia, aunque exista una vinculaciónobvia entre ambas.

Ante esta situación es útil identificar las distintas estrategiasutilizadas por las instituciones religiosas para lograr cambiossociales.

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De acuerdo a diversos estudios, hay tres tipos de gruposprincipales según sus distintas estrategias. En primer lugar, hayalgunos religiosos y laicos que aceptan la necesidad decambios limitados, en buena medida para eliminar laposibilidad de enfrentamientos violentos en sociedadessumamente desiguales. Segundo, dentro de las iglesias hayotros que apoyan transformaciones más sustanciales yfavorecen alianzas con movimientos populares, sindicales,partidos políticos de la izquierda y sectores reformistas,incluyendo las fuerzas armadas. Su objetivo es la creación deun Estado más o menos del tipo social demócrata. Ellos seoponen a la lucha de clases y dan énfasis a la creación deconsenso por medio del diálogo con sectores diversos. Untercer tipo incluye a aquellos que creen en la necesidad de unatransformación estructural, socioeconómica y política,mediante la lucha armada. Los sacerdotes y religiosos de laIglesia Católica y de las iglesias protestantes en los años 70, 80y 90 corresponden principalmente al segundo grupo.

El estereotipo que prevalece es que, como bloque, lasiglesias fundamentalistas están en contra de los cambiossociales. Sin embargo estudios en Brasil, Chile, Perú,Colombia, El Salvador, Guatemala y otros países sugieren queel contexto específico es un asunto más determinante que eltipo de iglesia. Por ejemplo, en los años 80 en El Salvador yGuatemala hubo iglesias pentecostales en algunos pueblos enzonas de conflicto fuertemente opuestas a los programas decontrainsurgencia del gobierno.

En Brasil los estudios del Instituto Superior de Estudos daReligião (ISER), de Cecilia Mariz1 y Carol Drogus2, por

1 Cecilia Loreto Mariz es una socióloga brasilera, que ha escrito extensamentesobre las religiones en Brasil. Entre sus obras está Coping with Poverty:Pentecostals and Christian Base Communities in Brazil, Philadelphia TempleUniversity Press, 1994.

2 Carol Ann Drogus es una politóloga norteamericana, experta en las institucionesreligiosas de Brasil. Entre otras obras ha publicado Women, Religion and Socialchange in Brazil’s Popular Church, Notre Dame: University of Notre DamePress, 1997.

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ejemplo, indican que algunas religiones pentecostales yespiritistas responden de manera más efectiva a las necesidadesde los pobres que algunas comunidades eclesiales de base(CEB) de la Iglesia Católica. Una queja común en contra de lasCEB es que ponen demasiado énfasis en discusiones teóricas yglobales, y no en los problemas cotidianos de los pobres. Otroestudio reciente de John Burdick3 sugiere que algunasreligiones pentecostales y espiritistas han sido más eficientespara enfrentar el racismo que la Iglesia Católica.

En términos de facilitar el acceso a la justicia, la IglesiaCatólica si tiene recursos institucionales, pero el uso de estosrecursos para aumentar el acceso a la justicia depende muchodel compromiso de los líderes religiosos locales y del contextosociopolítico. En general, los líderes de todas las religionesapoyan reformas graduales para lograr sistemas judiciales másabiertos y efectivos por medio de una participación políticamás amplia. Como agentes de cambio, los líderes religiososnacionales, regionales y locales tienen una ventaja, y esta es suautoridad moral y la lealtad de los creyentes para lamovilización social.

Otro impedimento importante en la promoción de cambiossociales y políticos es la división entre aquellos lideresreligiosos y creyentes que creen que los cambios pueden serlogrados por medio de la transformación de los individuos ylos que creen que lo esencial es la transformación de lasestructuras. Este debate ha sido constante dentro de las iglesiasdesde los años 70. Finalmente hay algunos que creen quetienen que combinar los dos tipos de procesos para lograrcambios sustanciales, pero la tendencia de dar énfasis a unaestrategia más que a la otra ha causado algunos conflictos,disminuyendo la cohesión y el consenso interno requeridospara que las iglesias logren ser más efectivas como agentes decambio.

3 John Burdick es un antropólogo norteamericano, autor de Blessed Anastacia:Women, Race, and Popular Christianity in Brazil, New York: Routledge, 1998.

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Este debate sobre posibles estrategias se presentó en laConferencia Episcopal de Latinoamérica (CELAM), durantesus reuniones en Puebla (1979) y Santo Domingo (1992),incluyendo al Sínodo de América en Roma en 1999, y hastahoy no ha sido resuelto. En estas reuniones se manifestarondivisiones profundas que fueron tratadas de manera general ypoco útil para la creación de una agenda de cambio con ampliacapacidad movilizadora.

En años recientes, con el retorno a una democracia frágil enAmérica Latina, las instituciones religiosas han tendido areducir su participación directa en la política, favoreciendo lareinserción del laicado y la movilización de la sociedad civil,partidos políticos y asociaciones civiles. Algunos han criticadoesta tendencia considerándola evidencia de una disminucióndel compromiso con los derechos humanos por parte de lasiglesias, cuando en realidad las iglesias están convencidas quesu participación directa en la política es necesaria solamente enmomentos de crisis. Para las iglesias su papel principal es laformación de valores normativos y la promoción de laevaluación de las estructuras sociales por parte de un laicadoconcientizado. Muchos líderes religiosos hacen una distinciónimportante entre activación y activismo. La activación serefiere a la evangelización que motiva el laicado para la luchapor la justicia. El activismo se refiere a la movilización directapor parte de la iglesia misma. Algunos estudios handemostrado que la mayoría de los líderes religiosos aceptan laactivación y la consideran acorde con los deberes de susinstituciones; una minoría acepta el activismo. En realidad noes claro donde termina la activación y donde comienza elactivismo. En situaciones de crisis, como Chile en los años 70,Nicaragua y El Salvador en el año 1979, el activismo directoera aceptado por los líderes religiosos. En CELAM, en el año1992, la evangelización se priorizaba como el medio másadecuado para la activación del pueblo en favor de latransformación de sociedades injustas.

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Debemos recordar también que las iglesias Católica yProtestante son instituciones complejas altamente burocráticas,por lo que les es difícil hacer los cambios internos necesariospara la promoción de cambios sustanciales en las sociedades.Lo que ellas pueden hacer es contribuir con recursos ylegitimización moral a los esfuerzos seculares. Las iglesiasnormalmente tratan de promover tales cambios sociales sinabandonar su objetivo principal -la salvación de todos-incluyendo a aquellos que prefieran el status quo. De ahí quea veces sus declaraciones y acciones sean ambiguas. Talesambigüedades disminuyen su capacidad para ser líderes fuertesy consistentes.

Adicionalmente, la mayoría de las iglesias siguencultivando relaciones fuertes con las élites por razones desupervivencia institucional. Esto puede causar ambigüedadesadicionales. Algunos sectores de estas élites apoyan el aumentoal acceso a la justicia, mientras que otros estan en contra.

Dada la opción preferencial por los pobres, la situación encuanto a toma de decisiones institucionales es aún máscomplicada, y muchas veces las iglesias hablan contra-dictoriamente, disminuyendo su capacidad para promoverprogramas consensuales relacionados al acceso a la justicia.

En los últimos años el impacto de la globalización y elneoliberalismo en América Latina han preocupado,obviamente, a las instituciones religiosas, especialmente entérminos del crecimiento de la pobreza y el aumento de labrecha tecnológica en algunos países. Las iglesias Católica yEvangélica han criticado las políticas neoliberales,especialmente cuando resultan en la disminución de losservicios básicos y programas sociales de gobierno, la falta deprotección a la pequeña empresa, políticas monetariasperjudiciales para las clases baja y media, reducción de losderechos de los obreros, daños al medio ambiente y laestimulación de una mayor concentración de riqueza.

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Pero las iglesias no se sienten capaces de ofrecer solucionesespecíficas, y se han concentrado en concientizar al laicado yen el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, el BancoMundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.Incluso un ex presidente del Fondo Monetario Internacionalperteneció al Comité del Vaticano sobre asuntos socioeco-nómicos. En todo esto las iglesias han actuado como parte deun movimiento compuesto de grupos muy diversos, algunosreligiosos y otros no. Aquí hay un desarrollo muy interesanteen términos de cooperación religiosa y secular.

En conclusión, hoy en día el impacto de las institucionesreligiosas para promover cambios sociales y, específicamente,un aumento en el acceso a la justicia, ha estado limitado, enparte, por impedimentos estructurales, institucionales y, porotro lado, por la dificultad de crear consenso no solamentedentro de las iglesias sino también fuera. Aunque la posiciónoficial de las iglesias ha sido la de no apoyar un sistemapolítico o económico específico, han actuado en favor de unreformismo sustancial, pero gradual, por medio de unaampliación de la participación política y mayor seguridadeconómica para la mayoría. Sus esfuerzos han estimulado elproceso generalizado dentro de todas las sociedadeslatinoamericanas, sin controlarlo. Por esta razón muchas veceslos resultados no son del gusto de algunos líderes religiosos ode sus instituciones.

En general, en años recientes las iglesias han contribuido alaumento del espacio político para la participación de lasociedad civil. Las iglesias también han ofrecido recursos parafacilitar la organización y la movilización de sectores de lasociedad previamente no organizados, como las personas sintierra en Brasil, pero no sin generar conflictos políticos dentrode las iglesias respecto a las estrategias apropriadas.

Un elemento imprevisto respecto al compromiso de lasiglesias con una agenda de paz, justicia y derechos humanos ha

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sido el aumento de la creatividad y experimentación dentro delas mismas. Esto ha ayudado a las iglesias a adaptarse a nuevascircunstancias y también ha contribuido a su revitalizacióncomo instituciones y como comunidades de creyentes. Loscreyentes de hoy son más leales a sus iglesias y más activos enla sociedad en general que los creyentes de los años 50. Estoha ocurrido en el contexto de una mayor competencia religiosaen América Latina, que ha sido a veces un impedimento alecumenismo en la construcción de consensos alrededor de unaagenda en favor de la justicia social.

Recopilando la contribución de las religiones a la lucha delos derechos humanos, incluyendo un mayor acceso a lajusticia, en los últimos 30 años ha sido:

• La legitimación de las presiones y movimientos generalesen favor del cambio de sociedades injustas.

• Ofrecer una base institucional y recursos en tiempos decrisis, precipitados por la resistencia de algunos sectores deestas sociedades a los cambios en favor de la justicia y losderechos humanos.

• Cambios en los valores normativos de las sociedades, algoque no es muy fácil de medir.

• La divulgación, más allá de América Latina, de los objetivosde la lucha por la justicia y los derechos humanos en elhemisferio y la creación de redes internacionales de apoyo.

• La concienciación de personas de todos los niveles socialessobre el vínculo de los derechos humanos con la paz y laestabilidad.

• El fortalecimiento de las iglesias mismas en términos de suautoridad moral, en gran parte como resultado de suidentificación más profunda con los derechos humanos.

Por consiguiente, las instituciones religiosas están enmejores condiciones hoy día de participar en la lucha por la

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paz, la justicia y los derechos humanos, sin haber mejorado sucapacidad de ofrecer estrategias y programas específicos paraaumentar el acceso a la justicia, por lo menos a corto plazo.