Huellas de un proceso de reformas

D r . R o b e r t o R o s a r i o M á r q u e z

D i á l o g o s o r i e n t a d o r e s e n e l c o n t e x t o e l e c t o r a l 2 0 0 6 - 2 0 1 0

Huellasde un proceso de Reformas

Título: Huellas de un Proceso de Reformas

Autor: Dr. Roberto Rosario Márquez

ISBN: 978-9945-8701-7-6

Editora: Nurys Paulino,

Correción de Estilo:Carmen Sánchez

Diseño y Diagramación:Charles Castro Torres

Diseño de Portada:Cecilio Mella

Impreso en República Dominicana

D r . R o b e r t o R o s a r i o M á r q u e z

Huellasde un proceso de Reformas

Agradecimientos

Prólogo

Rendic ión de Cuentas en Repúbl ica Dominicana

Rendic ión de Cuentas de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral 2006 - 2010

Rendic ión de Cuantas de la Cámara Administrativa 2008

Proceso Electoral de la República Dominicana

Campaña Electoral: Regulación y Control

Reflexiones Sobre Administración Electoral en la República Dominicana

Juramentación de los Miembros de las 154 Juntas Electorales, de Cara a la Elecciones 2008

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19

21

75

95

97

117

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Índice

Entrenamientos a Inspectores en las Primarias del Partido de la Liberación Dominicana

Presentación Resultados Electorales 2008

Reforma a Nuestra Carta Sustantiva

Entrevista Realizada en el Programa Hoy Mismo

Consideraciones en Torno al Contexto que se Desarrolló el Proceso Electoral

Trabajo Administrativo de Cara a las Elecciones del 2010

Tareas Propias del Quehacer Electoral

N u e v o s R e t o s Datos Biométricos como Elemento Fundamental de la Identidad Nacional

El Papel de la Junta Central Electoral en el Proceso Electoral Democrático Dominicano

Registro Civil, Identidad y Migración


147

159

169

185

199

209

217

235

243

263

265

Inauguración Edificio Junta Electoral Santo Domingo Este, Oficinas del Registro Civil y Centro de Cedulación

Edificio Junta Electoral, Oficialía del Estado Civil y Centro de Cedulación de Las Matas de Farfán

Las Delegaciones del Estado Civil en los Hospitales

Hermanas Mirabal 2010: Una Provincia sin Indocumentados

Programa de Documentación Ciudadana

Inauguración de la Oficina Central del Registro Civil

Unidad Móvil en la Policía Nacional

Centro de Servicios de San Francisco de Macorís

Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar

Política de Publicaciones

291

295

301

309

315

325

341

347

355

365

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Dr. Roberto Rosario Márquez

Agradecimientos

A mi madre Casilda Márquez,quien me infundio la ética y el rigor que guía mi transitar por la vida.

A mi esposa Berkis Sánchez de Rosario, un especial y profundo agradecimiento por estar siempre a mi lado, gracias por ser mí apoyo y mi ayuda en todos los proyectos.

A mis hijas Sara, Raquel, Gabriela, y Berkis Mariepor su incondicional apoyoy el indisoluble amor que nos une.

A los Magistradosde la Honorable Junta Central Electoralpor su respaldo y solidaridad constante.

Al funcionariado, equipo técnico y empleados de la instituciónque siempre puso su empeño para obtener el mejor resultado.

A los organismos internacionalespor la asistencia y cooperación.

Especialmente,a los medios de comunicación y periodistasque siempre nos acompañaron en esta ardua tarea de transparencia,haciendo aportes en el proceso desde sus espacios.

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Algunas apostillas a las Huellas de un Proceso de Reformas del Dr. Roberto Rosario Márquez

Un lector simple, al leer una compilación de discursos que un funcionario público ha pronunciado a propósito de actos de su gestión, tiene tendencia a esperar en ella una mera relación de palabras protocolares y de rendiciones de cuenta. Por suerte, estas Huellas de un Proceso de Reformas del Dr. Roberto Rosario Márquez son algo más: son un recorrido de peldaños de una gestión que, como presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, y junto a los hombres y mujeres que le han acompañado, en el balance de sus realizaciones han devuelto al Registro Civil, al sistema de identificación personal y al proceso de organización de elecciones en la República Dominicana, un sitial de obligado reconocimiento, más allá de las mezquindades y medianías de quienes gustan de reducir el mérito ajeno.

Un Estado–Nación está compuesto por tres elementos materiales y un elemento trascendente, más intangible e invaluable: el territorio, la población, sus instituciones jurídicas y el sentimiento de Nación. ¿Cómo lograr que exista sintonía entre los miembros de la comunidad–Nación y el ente jurídico público?

La identidad individual está compuesta por un conjunto de elementos que permiten la “identificación” del individuo particular dentro de la muchedumbre. Los nombres y apellidos, el sexo, la edad, el estado civil, las señas particulares y aparentes, así como la nacionalidad, constituyen los elementos verificables con los cuales se “identifica” a la persona.

Prólogo

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Huellas de un Proceso de Reformas

Desde la antigüedad, los seres humanos han creado mecanismos que viabilicen la individualización de sus componentes y, más modernamente, de guardar registro o memoria de tal individualidad. Son los registros civiles y de identidad que permiten, entre otras aplicaciones, un inventario de los componentes nacionales de la población. Saber cuántos y quiénes son los ciudadanos de la Nación.

Para los dominicanos, como para cualquier otro país, los registros de identificación personal, referidos al aspecto de la nacionalidad como instrumento, como medio administrativo de guardar memoria de ese “inventario” de cada uno de los paisanos o de quienes no lo son, es lo que permite establecer el vínculo documental, el canal de sintonía, entre ese registro de los individuos que forman parte de la comunidad con el sentido de la “dominicanidad”, con el êthos dominicano.

David Miller, un pensador inglés contemporáneo, ha señalado que la nacionalidad abarca, al menos, tres proposiciones conexas:

1) Identidad nacional, ya que: a) Las naciones existen realmente, no son entidades

ficticias, y b) Al hacer de la nacionalidad una parte de la identidad del

individuo, no se incurre en una actitud racionalmente indefendible .

2) Las naciones son comunidades éticas, ya que sus integrantes sienten hacia sus prójimos nacionales, obligaciones distintas y más amplias que las obligaciones que se tienen para con los seres humanos como tales, y

3) La gente que forma una comunidad nacional siente buenos motivos para la autodeterminación.

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Está claro que no toda etnia cuaja en Nación y no toda Nación alcanza a desarrollar una forma política organizada a manera de Estado. Para que la población vernácula pueda exhibir su condición de súbdita del mismo; aunque existan subdivisiones étnicas internas, es indispensable que estas naciones hayan alcanzado el propósito común de dotarse de ese último estadio de organización.

Si las fronteras del Estado no coinciden geográficamente con el sentimiento de la población que habita su interior, enfrentará el riesgo permanente de la fractura y la autoridad efectiva de sus instituciones será precaria. Si no hay sintonía entre la documentación que permite la identificación de los nacionales, su participación en la vida jurídica y política no será viable. Con el tiempo, las instituciones, y el Estado mismo, se deslegitimarán.Para el individuo poder gozar de sus derechos y posteriormente ejercerlos, su existencia debe ser constatada, cuestión que se logra a través del Acta de Nacimiento. Frente al Estado, el Acta de Nacimiento prueba la vocación a la nacionalidad por jus soli o jus sanguinis y viabiliza el ejercicio de los derechos políticos en general. Al contener la partida la indicación del lugar del nacimiento y la indicación de los padres, la partida de nacimiento constituye prueba de la filiación y, ésta es la base de la vocación sucesoral y del derecho a una familia.

Ante el Estado y la sociedad en su conjunto, el Acta de Nacimiento permite al individuo viabilizar administrativamente el ejercicio de sus derechos fundamentales, pues una vez es identificado como víctima, puede reclamar en su nombre por las violaciones de que sea objeto en relación con su vida, su integridad, su libertad personal y laboral, hacer uso de las garantías judiciales consagradas en su beneficio para evitar la vulneración de derechos. De esta manera, la declaración viabiliza el ejercicio de múltiples derechos humanos, civiles, sociales y culturales, que van desde dotarse de documentos para facilitar la libertad de tránsito en su dimensión de fijar su residencia o su movilidad geográfica, asociarse o hasta acceder a la obtención de una educación.

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Para los dominicanos, el Acta de Nacimiento es también el documento mediante el cual pueden obtener posteriormente su Cédula de Identidad y Electoral y, de este modo, ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos como dominicanos.

Existe unanimidad en que la falta de registro de la identidad de las personas, o el subregistro de éstas, es un factor que se relaciona directamente con la inequidad social y la pobreza, puesto que, quien no está registrado, no tiene acceso a los servicios básicos.

Esa es la trascendencia indiscutible de la labor recorrida por la gestión del Dr. Rosario y del equipo que le ha acompañado quienes, en el proceso de reformas hacia la modernización del Sistema de Registro Civil y de identificación que han implementado, y en la organización de elecciones que han participado, nos han fortalecido como Estado y como Nación, pues al modernizar y crear la infraestructura actual de las Oficialías de Estado Civil e impulsar las iniciativas tendentes a proteger la seguridad de los datos de la Cédula de Identidad y Electoral, se ha protegido nuestra identidad dominicana. Al modernizar el ejercicio del sufragio (acto fundacional y legitimador de nuestra democracia), se ha protegido lo que se ha encarnado como êthos: los valores republicanos que éticamente la población ha entendido como valiosos e indispensables.

Mas estos logros, que se transpiran en cada uno de los discursos recopilados, a lo largo de inauguraciones de instalaciones y de lanzamiento de iniciativas, no es algo que se da por establecido. Hay un antes y un después de esta gestión de hombres y mujeres de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral.

Como estudioso de la problemática de la nacionalidad, guardo en la memoria cuando en el año 2001, de manera no oficial, la Junta Central Electoral dominicana había calculado en más de 500 mil las personas que tenían problemas con sus Actas de Nacimiento por haber sido declaradas tardíamente, señalándose que cerca de

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un 80% de los mismos poseía el documento de identidad; pero carente de validez, en razón de que no habían sido ratificadas mediante sentencia de un Tribunal Civil de Primera Instancia.

Un informe del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana, para ese mismo año, estimó que la cifra de los no declarados rondaba el 25% de los nacidos. Adicionalmente, los medios de prensa se hicieron eco de las debilidades administrativas que acusaban las Oficialías del Estado Civil y de cómo muchas de éstas se habían convertido en un negocio rentable. Esto fue apenas la punta de un iceberg que emergería después, pues la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006), divulgada en el año 2007 por las Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de la República Dominicana, reveló que el 22% de los nacidos en la República Dominicana en los últimos cinco (5) años no habían sido declarados.

Aunque el fenómeno de indocumentación no es exclusivo de la isla La Española, pues en el año 2002, el UNICEF había denunciado en la ciudad de Ginebra, Suiza, que en el año 2000, la cifra de niños no declarados en el mundo ascendía a 50 millones de personas, es decir, el 41% de los nacidos ese año. Al problema de indocumentación de contingentes importantes de la población dominicana, se le ha agregado la masiva inmigración ilegal que, en su mayor parte, carece a su vez de documentos de identidad y cuya descendencia, nacida en territorio dominicano, se ha convertido en piedra de discordia en los foros de discusión de derechos humanos.

La magnitud del problema de vulneración del Sistema de Registro Civil y de documentos de identidad en la República Dominicana rebasó, creció en magnitud con el correr de los años y adquirió las proporciones de una bola de nieve que, descendiendo por una pendiente, se convirtió en un alud que llegó a sepultar la credibilidad del sistema de identificación dominicano.

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A principios del año 2007, el Dr. Rosario, como presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, bajo cuya dependencia se subordina todo el sistema de Oficialías de Estado Civil y de Cédula de Identidad y Electoral, había afirmado a medios de prensa que, el desorden imperante en esos campos había provocado que el Estado dejara de recaudar unos dos mil millones de pesos (RD$2,000,000,000.00) por concepto de impuestos, lamentando que la identidad dominicana haya caído en un estado de fragilidad, a causa de múltiples fraudes, suplantaciones y demás inconsistencias.

Estas ocurrencias graves, sumadas a los deterioros de los Libros–Registros del Estado Civil, llevaron a uno de los jueces de la Junta Central Electoral a proclamar con dramatismo que, en la República Dominicana, el Registro Electoral colapsó, agregando poco después el presidente del organismo electoral que, la identidad de los dominicanos está desintegrada.

Por esto, la tremenda importancia de las iniciativas que condujeron a la creación de procedimientos para facilitar, dentro de un marco de certeza, las Declaraciones Tardías y de la expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, así como la puesta en vigor del Libro Rosado de nacimiento de extranjeros por parte de la Junta Central Electoral.

Esas medidas han corregido gran parte de las debilidades del Sistema de Registro Civil, y han conducido a la reducción de suplantaciones y falsedades, para retornarle la credibilidad al maltrecho Sistema de Oficialías del Estado Civil.

Un ¡¡enhorabuena!!, entonces, para el Dr. Rosario por esta publicación, dándole las gracias como dominicano a él y al equipo que le ha acompañado por una gestión bien hecha, que nos ha devuelto la credibilidad en el sistema de identificación y de Registro de Actos del Estado Civil en la República Dominicana.

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Un logro que necesariamente será un referente futuro para otras gestiones, y un ejemplo regional de fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Juan Miguel Castillo Pantaleón

Rendición de Cuentas enRepública Dominicana

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El tema de la rendición de cuentas en la República Dominicana, hasta hace poco, estaba reservado al mandato constitucional que obligaba al Presidente de la República a presentar un informe de las cuentas públicas, y una especie de memoria de su gestión en la conducción del Estado, como Jefe de Gobierno.

Unas pocas instituciones públicas presentaban informes sobre el desempeño de sus gerentes, secretarios o administradores.

Precisamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008, establecen que: “(…) según un informe publicado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el David Rockefeller Center for Latin American Studies, de la Universidad de Harvard, República Dominicana es el país latinoamericano donde con mayor discrecionalidad y menos controles se manejan los recursos públicos”.

Asimismo, en el Informe sobre Índice de Competitividad Mundial 2008-2009, publicado por World Economic Forum, se señala que el país ocupa la posición 132, de 134 países en materia de “favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos”, la posición 124 en “confianza pública en los políticos”, la 127 en “desviación de fondos” y la 80 en “falta de transparencia en los hacedores de política”.

Rendición de Cuentas de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral 2006 - 2010

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Sin embargo, cada vez es mayor el reclamo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales a los funcionarios públicos sobre su compromiso de rendir cuentas, constituyendo éste un acto obligatorio de toda institución que pretenda estar acreditada en la sociedad. Con el mecanismo de la rendición de cuentas se reivindica el derecho de los ciudadanos a estar informados. Este hábito hace posible que los mismos puedan exigir explicaciones y, a su vez, las autoridades asuman el compromiso de dar cuentas de su gestión.

Rendir cuentas es el contrapeso necesario al compromiso ciudadano de sustentar, en la debida proporción a sus ingresos, los gastos públicos y, en consecuencia, ser parte del pacto social del cual somos signatarios.

Si bien es cierto que la rendición de cuentas deviene de un principio general consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que: “(…) la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración”. En nuestro caso, la Constitución proclamada el 26 de enero del presente año, establece en su artículo 22, como un derecho, el que los ciudadanos “(…) puedan formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”; así como el artículo 49, referido a la libertad de expresión e información, que consagra el derecho a la información, la investigación y, en definitiva, el disfrute de las libertades de acceso, derechos éstos garantizados por el Estado dominicano en cumplimiento del texto de la Carta Sustantiva, respecto a las garantías de los derechos constitucionales, cuyas únicas limitaciones se contraen al derecho a la intimidad y el honor personal, que nos otorga el artículo 44.

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Como se observa, rendir cuentas es parte consustancial de los deberes del funcionario que administra fondos o políticas públicas.

En este escenario, presentaremos un resumen de la administración y formulación de políticas de la instancia que presidimos al interior de la Junta Central Electoral, en el cuatrienio 2006-2010.

Diagnóstico de la Gestión Administrativa en la JCE con Anterioridad a esta Gestión

No podemos presentar una rendición de cuentas objetiva si no la situamos en el contexto en el cual nos correspondió actuar, por lo cual, pasamos a edificarles sobre el estado de la Junta Central Electoral en ese momento. Veamos:

•Existía un amplio desconocimiento en la ciudadaníarespecto a las funciones fundamentales de la Junta Central Electoral, en relación a su rol de ente regulador y administrador del Registro del Estado Civil, de las Oficinas Expedidoras de Cédulas y del Registro Electoral.

•Ausenciaenlapartegerencialdeunavisióndeconjuntorespecto a las altas responsabilidades del órgano.

•Inexistenciadeplanesydeproyectosdemedianoylargoplazo.

•Prevalenciadeprocedimientosmanualesencasitodaslas áreas.

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•DesmotivacióngeneralizadaenelpersonaldelaJuntaCentral Electoral, debido a la baja remuneración e inexistencia de una política de formación, así como la desactualización y limitación en su capacidad de servicio.

•I n s t a l a c i on e s f í s i c a s r u i no s a s , e n e s t a dode descomposic ión, que generaban un gran hacinamiento.

•Administraciónprivadaydiscrecionalde losserviciospúblicos.

•Carencia de un sistema de archivo adecuado, lo queoriginó que más del 14% de los Libros-Registros se encuentren en estado inservible.

•Unelevadoporcentajedesubregistrodenacimientosydefunciones.

•Unsistemavulnerable,quepermitió la falsificaciónyadulteración de Actas del Estado Civil.

•Un alto porcentaje de desviación de los ingresos delEstado, a través de la institución, a manos no oficiales, por falta de iniciativa de sus principales autoridades.

•Carenciadeunapolíticadeinformaciónintegralparalapromoción de los proyectos y servicios institucionales.

•No sedaba cumplimientoa laLeyOrgánica ydemásleyes que rigen estos servicios públicos; específicamente, la Ley Electoral No. 275-97, Ley 8-92 sobre Cédula, Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil y la Ley No. 55 sobre Registro Electoral.

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•InexistenciadeunSistemadeContabilidadPatrimonial,que permitiera tener información y control actualizados de los recursos.

•Una relación de confrontación con los actorespolíticos y de cuestionamiento por parte de éstos a las competencias de la Junta Central Electoral, así como a la calidad de los servicios puestos a nuestro cargo.

Inicio del Proceso de Rescate Institucional

A finales del mes de enero del año 2007, se dio inicio a un amplio proceso de reformas que impactó positivamente a la Junta Central Electoral, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las medidas de control, la modernización y automatización de los servicios, y el relanzamiento de la imagen institucional de la Junta Central Electoral.

Se hizo conciencia sobre la necesidad de acercar al ciudadano como aliado fundamental de este proceso. A pocos días de la toma de posesión, el 24 de noviembre del año 2006, se dictó la primera Resolución, que dispuso la aplicación integral de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Con eso, las actividades de esta instancia de la Junta Central Electoral pasaron a ser de dominio público, revistiendo los procesos electorales, la gestión del Registro del Estado Civil y las funciones gerenciales, de un alto nivel de confianza y aceptación ciudadanas. El impacto de esta decisión se refleja con las estadísticas de nuestra página web, que en estos cuatro años recibió:

•1millón855mil805usuariosúnicos •6millones621mil257visitas,y •28millones772mil183páginasvistas.

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En el portal de transparencia de nuestra página web, se destaca la facilidad para accesar a toda la información y documentación que sustentan las decisiones tomadas, constatar la nómina de funcionarios y empleados, el estado de ejecución presupuestaria, los resultados de las licitaciones, de las adjudicaciones, la lista de suplidores, los cheques emitidos, la inversión publicitaria, entre otras muchas informaciones y documentos que deben ser de dominio público.

Paralelamente, se mantuvo funcionando un programa de consulta denominado JCE-RESPONDE, para satisfacer dudas e inquietudes respecto a las actividades vinculadas a los procesos electorales y al Registro del Estado Civil. A través de este programa recibimos más de 15 mil consultas, las cuales fueron debidamente respondidas en un tiempo relativamente corto.

De su parte, en el Centro de Información Ciudadana, que funciona vía telefónica, se recibieron 828 mil 491 llamadas de ciudadanos, las cuales fueron atendidas por un equipo especializado.

Año Distrito Nacional

Interior del País Total de Llamadas

2007 199,076 33,111 232,187

2008 193,905 35,157 229,062

2009 198,785 39,764 238,549

hasta2010

103,410 25,283 128,693

Total 695,176 133,315 828,491

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Reforma y Transparencia en los Procesos de Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios

Como en otras áreas, la Junta Central Electoral había estado ajena a la implementación de un sistema de compras y contrataciones que garantizara que estos procesos se realizaran en el marco de un ambiente de competitividad, de confianza, de igualdad y de equidad, que se traduzca en eficiencia en la adquisición y contratación, ahorro de recursos, presencia u observación ciudadana, de la forma en que se invierten los recursos públicos que administramos.

Se contrató una consultoría con el grupo Gestión Moderna, que intervino en el diseño de las políticas públicas, en materia de adquisiciones, que garantizaran la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 y su decreto de implementación, lo cual permitió la selección de ofertas donde primó la calidad y el mejor precio, en un ambiente de competitividad.

Las reglamentaciones establecidas incluyeron la creación de una Comisión de Licitaciones, integrada por cinco miembros, uno de los cuales fue propuesto por el Presidente de la Junta Central Electoral, y otro por el Presidente de la Cámara Contenciosa Electoral, siendo aprobada la conformación y designación de los mismos por el Pleno de la Junta Central Electoral. De esta manera, la Cámara Administrativa renunciaba a una atribución exclusiva y directa que le confiere la Ley 275-97, en su artículo 6, literal g).

En esta Comisión se han registrado las siguientes actividades: •101licitaciones •351concursos •2mil454oferentes •578adjudicatarios,y •2mil147millones539mil357pesoscon31centavos

licitados.

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Comparación de Precios para Bienes y Servicios

Cantidad de Concursos 351

Total de Proponentes invitados 2,808

Proponentes que participaron 2,106 75%

Proponentes que no participaron 702 25%

Las licitaciones y concursos eran difundidos a través del Departamento de Administración de Informaciones y Estadísticas de la Dirección General de Contrataciones Públicas, del Ministerio de Hacienda, en el portal “comprasdominicanas.gov.do”, así como en el portal de la Junta Central Electoral y diferentes periódicos de circulación nacional, en cumplimiento de la ley.

El 80% de todas las compras se realizó en base al criterio de menor precio e informe técnico, y sólo el 20% se hizo conforme a otros requerimientos establecidos en el pliego de condiciones elaborado a tales fines.

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Criterios Tomados en Cuenta por la Comisión de Licitaciones para Adjudicar a un Oferente

Cumplimiento de Otros Requisitos

20%

Menor precio e Informe Técnico

80%

Modernización administrativa y financiera

Hemos orientado el accionar de la Junta Central Electoral hacia la modernización del sistema financiero y administrativo, promoviendo la austeridad en el gasto y ejerciendo un control estricto sobre el patrimonio del Estado, y una redistribución de la inversión en función de las prioridades institucionales, de cara a los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, con el propósito de obtener una mayor eficiencia y calidad en los mismos, para hacer posible el fortalecimiento de la autonomía administrativa y financiera que otorga la Carta Magna.

No obstante el cuadro lúgubre que encontramos, fruto de esta política de austeridad, y sin necesidad de recursos presupuestarios adicionales del Poder Ejecutivo para estas tareas, pudimos obtener resultados inmejorables con una inversión de recursos captados por la autogestión, y sin necesidad de crear compromisos financieros o deudas a la Junta Central Electoral. Por el contrario, el compromiso financiero que tenemos con el Banco de Reservas, lo estamos honrando mensualmente de manera regular.


Ingresos por Autogestión 2007 - 2010

20070.00

701,145,598.55

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

800,000,000.00

2008 2009 2010 (Ene-Jun)

519,110,551.58

364,506,173.17

759,064,728.94

En el año 2007, eliminamos el déficit acumulado de 245 millones de pesos, saldamos los compromisos existentes en ese entonces con el Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones de la Junta Central Electoral, así como los compromisos con los suplidores y otras entidades de servicio público y privado. Cambiamos la forma de pago del salario, en vez de manual o mediante cheques, el pago se instrumentalizó por vía de nómina electrónica.

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Como parte de nuestra responsabilidad frente al Estado Dominicano, fuimos más estrictos en la aplicación de los controles para garantizar la entrega al fisco de las retenciones obtenidas sobre alquileres, honorarios, pago en el exterior, adquisición de bienes y servicios, impuestos sobre salarios e ITBIS. Como muestra, en la gestión del 2002 al 2006, se reportaron 87 millones 331 mil 43 pesos con 01 centavo, mientras que en la actual gestión 2006-2010, aportamos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por este concepto, 305 millones 368 mil 647 pesos con 05 centavos.

Comparativo Gestión 2002-2006 Vs. Gestión 2006-2010Retenciones Pagadas al Fisco

350,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

87,331,043.01

Gestión Nov. 2002 - Oct. 2006 Gestión Nov. 2006 - Jun. 20100.00

305,368,647.05

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Detalle 2007 2008 2009 2010 (Ene.-Jun.)

Total

Retención del 10% Sobre Alquileres

1,495,704.59 1,813,279.27 2,348,859.04 1,197,673.84 6,855,516.74

Retención del 10% Sobre Honorarios

329,915.38 1,089,411.54 2,033,410.82 1,865,443.86 5,318,181.60

Retención del 25% Sobre Pagos al Exterior

1,314,834.91 4,464,088.96 102,866.25 167,226.79 6,049,016.91

Retención del 5% por Adquisición de Bienes y Servicios

16,835,951.25 61,913,913.76 16,326,289.20 95,076,154.21

Retención del 0.5% por Adquisición de Bienes y Servicios

1,783,115.59 3,276,868.47 5,059,984.06

Retención de Impuesto Sobre los Salarios

21,242,020.00 41,840,431.36 48,189,336.61 24,639,475.02 135,911,262.99

Retención de ITBIS a Proveedores

1,402,463.17 7,719,245.72 6,611,572.08 6,605,012.28 22,338,293.25

Total de Retenciones 42,620,889.30 118,840,370.61 77,395,449.59 37,751,700.26 276,608,409.76

Contribución Fiscal por Año

Instruimos, para la aplicación de nuevas medidas de seguridad y control, fortaleciendo la Unidad de Post auditoría, cuya función es volver a auditar los procesos ya revisados por la Unidad de Control Previo. Esta unidad ha revisado un total de 74 mil 514 expedientes, correspondientes a órdenes de pago, órdenes de compra, nómina, libramiento, memorando, etcétera. Producto de esta revisión, se han generado 72 mil 258 cheques. Igualmente, se realizaron un total de 2 mil 967 arqueos a fondos de caja chica, a las partidas correspondientes a gastos de Juntas Electorales, Centros de Cedulación y Oficialías del Estado Civil.

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Comparativo Gestión 2002/2006 Vs. Gestión 2006/2010Aportes al Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones

Total Aportes al Plan de Pensiones304,280,263.46

180,443,483.71

89,500,000.00

49,068,780.00

200,000,000.00

214,780,263.46

131,374,703.71

400,000,000.000

Cesantía laboral/ Prestaciones laborales

Monto equivalente al 6% de la nómina de sueldos

Gestión Nov. 2006 - Jun. 2010

Gestión Nov. 2002 - Jun. 2006

En igual proporción se han expresado las contribuciones o aportes al Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones de la Junta Central Electoral, la conservación de recursos por concepto de cesantía o prestaciones laborales, y nos encontramos preparados para el inicio del Sistema de Contabilidad Patrimonial aprobado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, sólo a la espera de que esta instancia del Ministerio de Hacienda entregue la aplicación informática obligatoria.

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Remodelación y construcción

Todo este trabajo administrativo se realizó paralelamente con un proceso de higienización y adecentamiento de las oficinas en que se desarrollan las actividades de la Junta Central Electoral, procurando obtener de nuestros servidores un máximo de rendimiento.

Esta tarea se llevó a cabo de la mano del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), e iniciamos un proceso de remozamiento de nuestra infraestructura, elaborando un prototipo de edificio electoral en donde concentramos los servicios que ofrecemos en los distintos municipios del país, las Oficinas de la Cédula, las Oficialías y la Oficina de la Junta Electoral, así como un pequeño almacén para los períodos electorales.

Veamos a continuación, el testimonio del Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, en relación al trabajo realizado de manera conjunta.

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“El CODIA se llena de orgullo, porque es la segunda institución que hace lo que debieran hacer todas las instituciones, que buscan real y efectivamente la asesoría en materia de ingeniería, en materia de construcción en la institución que por ley está para eso. Le quiero certificar en este momento que las relaciones que hemos tenido como CODIA, con la Junta Central Electoral, especialmente con la Cámara Administrativa en la persona del Dr. Rosario Márquez, no solamente en la construcción de este local que garantiza lo que es un diseño arquitectónico adecuado, con relación a todos los criterios que tienen que llevarse en término con esta materia para que garantice seguridad para sus habitantes, tanto del personal que va a trabajar en él como de los visitantes.”

Víctor Payano Presidente del Colegio Dominicano

de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores - CODIA.Período del año 2009 - 2010

Construcciones Modernas y Seguras

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Como parte de esa política de remodelación y construcción, en la Sede Central se han remodelado o construido, los siguientes espacios de trabajo:

•Unmodernoauditorioparalasaudienciaspúblicas.•Unasaladereunionesytrabajoparadelegadosdelospartidos

políticos.•Un salón especial para los representantes de los medios de

comunicación.•Remodelacióndelviejoedificiodondeseencontrabaelalmacén

y logística electoral de la institución.•Secrearonnuevosespaciosparalossiguientesdepartamentos: •ConsultoríaJurídica •DireccióndeInspectoría •DireccióndeRegistroCivil •DirecciónAdministrativa •RecursosHumanos •RegistroElectoral •Seguridad •UnidaddeRemodelación yAdecuacióndeOficialías

del Estado Civil •Transportación •DireccióndeCedulación •AlmacénGeneral •DivisióndeComprasySuministro •LogísticaElectoral •UnidaddeDeclaracionesTardíasdeNacimiento •UnidaddeCapturadeDatosBiométricos •ProtocoloNacionaleInternacional •Seamplióeláreadeparqueos,conlacontrataciónde3

mil metros cuadrados para esos fines, y la habilitación de otras áreas.

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De igual manera, se intervino el edificio que aloja la Oficina Central del Estado Civil, la Junta Electoral del Distrito Nacional y el Centro de Servicio y Legalizaciones de dicha oficina; se efectuó una remodelación total en todas sus áreas y dependencias.

La Junta Central Electoral ha realizado una inversión de 135 millones 174 mil 448 pesos con 50 centavos en adquisición de bienes e inmuebles en la geografía nacional. Cada una de estas compras fue debidamente precedida de tres (3) tasaciones de técnicos en la materia, afiliados al CODIA y al Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO). Todas estas compras fueron aprobadas por el Pleno de la Junta Central Electoral. Asimismo, obtuvimos 32 bienes inmuebles, donados por las autoridades correspondientes, sobre todo, las municipales.

En numerosos municipios del territorio nacional se han construido los Palacios Electorales y del Estado Civil; el propósito es concentrar en un solo local varios servicios que ofrecíamos de manera dispersa, con suficiente espacio para reuniones, archivos, recepción cómoda de los ciudadanos y disponibilidad para la funcionalidad de los servicios ofrecidos al usuario, así como la instalación de los equipos modernos necesarios para la realización de una labor eficiente y transparente.

Se ha inaugurado una buena parte de estas construcciones, y están listas para ser inauguradas, las edificaciones de Oviedo, Comendador, Guaymate, Los Llanos, Vallejuelo, Duvergé, Altamira, entre otros, y en proceso avanzado, están los edificios de Puerto Plata, Pedernales, Barahona, San Juan de la Maguana, La Vega, Jamao al Norte, Sabana Yegua, Pepillo Salcedo, Tábara Arriba, Padre Las Casas, Los Alcarrizos, Cabral, entre otros.

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Ampliación del parque vehicular

Al iniciar esta gestión, la Junta Central Electoral disponía de pocas unidades vehiculares para el desarrollo de sus actividades de supervisión, fiscalización, investigación y soporte técnico, lo que dificultaba poder brindar un apoyo adecuado a las Juntas Electorales, Oficialías, Centros de Cedulación y Centros de Servicios en todo el territorio nacional.

Para hacer más eficiente la labor administrativa, adquirimos 135 unidades vehiculares, entre las que se encuentran: camionetas, automóviles, autobuses, minibuses, camiones y vehículos todo terreno, que se encuentran asignados a los departamentos fundamentales y a las respectivas Juntas Electorales de los municipios de mayor densidad poblacional y de acceso más difícil, debido a su ubicación geográfica.

Mejoría, Desarrollo y Crecimiento del Capital Humano de la Junta Central Electoral

Toda institución que pretenda ofrecer un servicio de calidad y responder a las expectativas ciudadanas sobre su desempeño, requiere que el capital humano de la misma se ciña a los diseños de políticas que emanen de los marcos políticos y de los funcionarios correspondientes, así como de todas las iniciativas, planes y proyectos que se emprendan.

Los resultados positivos de desempeño de estos servidores públicos están relacionados con las condiciones laborales y salariales en que se desenvuelvan.

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Como parte de esta política de potencialización de los recursos humanos, la mayoría de los empleados han sido dotados de uniformes, parte de la flotilla vehicular está destinada a brindarle transporte, y a una parte considerable se le ofrece el subsidio en el almuerzo, a los que concluyen su horario a las 4 de la tarde, y cena a los que terminan en horas de la noche.

Se desarrollaron cursos de capacitación que involucraron a todo el personal, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) y el Instituto de Administración de Personal (INAP). Por vez primera se instauró el sistema de evaluación de desempeño, cuya finalidad es detectar las fortalezas y debilidades de los empleados, las necesidades de capacitación, comprobar el mérito y eficiencia particular y colectiva.

Se definieron las siguientes políticas en materia de recursos humanos:

•AprobacióndefinitivadeunManualdeDescripciónyClasificación de Puestos.

• Un Manual de Administración de Recursos Humanos. •UnManualdeInducción. •SerevisóelReglamentoDisciplinario, •Yseestablecióunapolíticasalarial.

En la obra denominada: “Audacia de la Esperanza, Reflexiones sobre cómo Restaurar el Sueño Americano”, el hoy Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, hace la siguiente reflexión: “Es difícil imaginar que el presidente de una empresa pueda concederse a sí mismo un bono multimillonario y a la vez recortar el seguro de salud de sus trabajadores si creyera que en algún sentido eran sus iguales… Creo que una mayor empatía cambiaría el equilibrio de la política actual a favor de

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aquellos que sufren para salir adelante en esta sociedad. Después de todo, si son como nosotros, entonces su lucha es la nuestra, sus sufrimientos son nuestros sufrimientos. Si no les ayudamos, atentamos contra nuestra propia dignidad”.

Esta reflexión viene a propósito de la situación que encontramos al asumir nuestras funciones, caracterizada, en términos salariales, por empleados que realizaban la misma tarea, tenían igual capacidad y antigüedad en el servicio; pero recibían remuneración distinta, obedeciendo a relaciones de amistad o cercanía con magistrados o funcionarios, y otros recibían una remuneración sin realizar ninguna labor. Además, el mayor salario recibido era 90 veces más alto que el salario mínimo percibido por empleados cuya remuneración era de dos mil o tres mil pesos, montos que se encuentran por debajo del mínimo establecido para el sector público.

Esta realidad obligó a la Cámara Administrativa a disponer una sustancial mejora salarial en el personal, dejando fuera de esta mejoría a los magistrados y algunos funcionarios del primer nivel e, igualmente, producir una nivelación salarial para corregir las distorsiones antes señaladas, bajo el principio de: a igual trabajo, igual salario.

En efecto, se estableció un salario mínimo de 9 mil pesos mensuales para albañiles, conserjes y carpinteros; 12 mil para jardineros, choferes, guardianes de seguridad y soldadores, y entre 20 y 35 mil pesos para el personal calificado, técnicos y profesionales, según la función que realice.

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Integración de las Personas con Algún Tipo de Discapacidad

Un estudio realizado por la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, establece que en República Dominicana, según la ENDESA 2007, el 2.6 por ciento de la población posee algún tipo de discapacidad.

La Constitución promulgada el 26 de enero del año en curso, en su artículo 58, establece que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio autónomo y pleno de sus capacidades.

Inspirados en este mandato constitucional, se ha dispuesto que todas las edificaciones y oficinas de servicio de la JCE dispongan de rampas y facilidades de acceso e, igualmente que, en condiciones de igualdad, se inicie la integración de personas con alguna discapacidad, los cuales ofrecen un servicio encomiable, y cuentan con el reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo por su capacidad, su entrega y la calidad humana de los mismos.

Política de Comunicación, Relaciones Públicas y Publicación

La forma en que culminaron los procesos electorales de los años 2002, 2004 y 2006, y lo que el empresario José León Asencio denomina como “reacción normal en los procesos electorales”, agregando a eso el pésimo servicio que se brindaba a los ciudadanos en los Centros de Cedulación y en las Oficialías del Estado Civil, además de la enorme cantidad de personas con

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problemas registrales que, insatisfechos, no encontraban la forma ni el mecanismo para encauzar sus demandas de servicio, daba lugar a una percepción negativa sobre la institución, lo que nos obligó a establecer una política de comunicación con el propósito de revertirla.

El objetivo fue llegar a todos los segmentos de la población, y muy en especial, a aquellos que se mostraban reticentes a valorar positivamente las mejoras evidentes que se empezaban a producir en el Registro Civil. Simplemente se presentó a la ciudadanía la situación encontrada, se promovió la visión del equipo gerencial y se integró a la población en cada una de las ejecutorias; se hizo visible el trabajo y se le mantuvo informada de la forma en que se administraban los recursos y las políticas implementadas en su beneficio; se varió el sistema de colocación de publicidad, se produjo un acercamiento con los medios de comunicación y con las organizaciones de la sociedad civil, para dar las explicaciones de lugar, cuando se requirieran, y para consultar, cuando fuera necesario.

Relación Publicidad 2010

Dueños de Programas de TV y Radio

Programación Regular Radio y TV, Periódicos, Letreros, Vallas, Perifoneo, Producción de Spot y Documentales

16.45% 83.55%

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Publicidad Colocada en el 2010

16.45%

83.55%

Dueños de Programas de TV y Radio

Programación Regular Radio y TV, Periódicos, Letreros, Vallas, Perifoneo, Producción de Spot y Documentales

La inversión publicitaria que acompañó la política de comunicaciones fue monitoreada en los dos procesos electorales por la empresa PUBLIMONITOR, S. A., y de manera permanente, para la auditoría de la publicidad, en prensa escrita, se contó con la empresa Armonía, S. A., todas ellas seleccionadas con estricto apego a las normas institucionales y procedimentales de rigor establecidos.

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Resultados del Proceso de Monitoreo Mensual de Cuñas de Radio

11102

3770

Marzo 2010 Abril 2010 Mayo 2010

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

1454

Los resultados de esta política de comunicación se pueden apreciar en la encuesta Latinobarómetro de Las Américas del 2009, que colocó a la JCE como la institución estatal de mayor credibilidad pública en el país; igual ocurrió con otras encuestas auspiciadas por medios de comunicación.

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Fuente: Latin American Public Opinion Project (LAPOP).

Promedio de confianza en las elecciones, teniendo en cuenta las características individuales de América Latina y el Caribe con respecto a la línea media de 50 puntos, 2008

Como parte de esta política, se mantuvo una constante edición e impresión de los materiales que difunden conocimientos técnicos relacionados con áreas temáticas. En esta categoría se incluyen ensayos, boletines, folletos, brochures y afiches, a fin de mantener orientada e informada a la población en general.

El conjunto de medidas descritas anteriormente ha permitido que personalidades de reconocida solvencia intelectual, moral y espiritual, reconozcan la labor que se desarrolla en la Junta Central Electoral, con su acompañamiento, tal como expresa Monseñor De La Rosa Carpio.

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Cuánto Hemos Crecido, Cuánto Hemos Avanzado

“Para hacer la memoria de esta Junta Central Electoral, que como digo, termina sus funciones en el año 2010, yo quisiera valorar el trabajo que se tomó esta Junta de seguir fortaleciendo la institución, haciendo que la Junta Central Electoral sea una institución fuerte, dotándola de recursos, cosa que nosotros necesitamos. Me gusta repetir que en la República Do-minicana, en esta época nuestra, en la que nos ha tocado vivir, cuando se habla de que es necesario tener instituciones fuertes o cuando se habla de la institucionalización del país, precisamente son esas: la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que tiene que ver con la justicia en el país.

Y yo creo que estamos creciendo en la fortificación de la Junta Central Electoral, creo que hemos crecido, y no solamente mirar una Junta Cen-tral Electoral por su función política, digamos así, sino también por esas otras funciones, como la cedulación. Por ejemplo, es un servicio necesario, utilísimo. Cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado. Es cierto que todavía no hemos llegado a la perfección; pero hemos avanzado.

Otra dimensión son las Oficialías Civiles, cuánto hemos de valorar el aporte de esta Junta Central Electoral. Debo decir que, cuando yo visi-taba esas oficinas, me daba una pena enorme al ver los montones de documentos, de papeles que aparecían tirados aquí y allá, cuánta or-ganización se necesitaba en ese sentido, y hemos avanzado en esa orga-nización, han mejorado las Oficialías Civiles, se han creado verdaderas oficinas en este sentido, porque es un servicio que nosotros necesitábamos en la organización.

En esa dimensión, hemos de valorar ese servicio, y esa memoria debe quedar de esta Junta que ahora termina su labor. Hemos de felicitarlos por esta tarea.”

Monseñor De la Rosa y Carpio

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Supervisión y Fiscalización de Asambleas y Convenciones de los Partidos Políticos

Por vez primera, la Junta Central Electoral dio ejecución al mandato contenido en la Ley 275-97, que faculta a esta instancia para supervisar y fiscalizar las asambleas y convenciones de los partidos políticos, por iniciativa propia o por solicitud de parte interesada.

La primera actividad supervisada fue la convención para la escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para los comicios del año 2008. De igual forma ocurrió en las elecciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para este mismo certamen.

En cada uno de estos casos, la supervisión perseguía observar el comportamiento de los actores y protagonistas del proceso electoral al interior de cada partido; monitorear la inversión en propaganda y publicidad que realizaran los diferentes precandidatos; dar seguimiento y comprobar la marcha del proceso de organización y logística de esos eventos; facilitar materiales y equipos de los cuales disponía la Junta Central Electoral para la buena marcha de los mismos; mediar para buscar salidas, en caso de que se presentaran conflictos o diferencias que no ameritaran de soluciones contenciosas; facilitar el uso de las edificaciones públicas dando garantías a las instituciones del Estado, y asumir, frente al Estado, la responsabilidad en el caso de destrucción o deterioro de éstas durante la celebración de la actividad interna, y ofrecer nuestra red de cómputo y transmisión de resultados.

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A partir de la supervisión de la convención interna del PRD y de las facilidades dadas por la Junta Central Electoral, sobre todo, en lo que respecta a materiales y equipos, ningún partido político desarrolla estos eventos sin el acompañamiento de la institución.

Podemos afirmar que, en la primera fase, esta novedad logró su propósito, y la Cámara Administrativa pudo contribuir en la construcción permanente de los consensos internos. Sobre los aspectos técnicos, se generó confianza y seguridad en los mismos.

Debemos resaltar que, en el período posterior a este primer esfuerzo, de cara al proceso electoral del año 2010, la democratización de los partidos políticos en la República Dominicana sufrió un importante revés, ya que en una proporción importante de cargos a postular, se sustituyó el método de la competencia interna y la elección democrática, por el “método de la reserva” para la escogencia de los candidatos; la voluntad de los miembros fue sustituida por la decisión de los órganos de dirección de cada una de las organizaciones participantes en el certamen, efectuando asambleas primarias en un universo reducido.

Si bien es cierto que la intervención de la Junta Central Electoral disminuyó los niveles de conflictividad interna, como ente supervisor y fiscalizador, no es menos cierto que, en los actuales momentos, al interior de las principales fuerzas políticas no existe posibilidad de un arbitraje aceptado por los diferentes actores involucrados. Lamentablemente, los partidos políticos agotaron sus espacios de mediación y arbitraje interno.

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Aunque esta no es la ocasión propicia para introducir una discusión sobre la situación del sistema de partidos en República Dominicana, no es ocioso hacerlos partícipes de las siguientes consideraciones sobre el tema particular.

En la obra: “Un desafío a la democracia, los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, el señor Ricardo Córdova Macías, precisa que: “(…) para que un sistema de partidos democrático sea institucionalizado, se deben tener en cuenta cuatro condiciones: a) estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia interpartidaria; b) los partidos importantes deben tener raíces algo estables en la sociedad, de lo contrario, no podrán estructurar las preferencias políticas a través del tiempo y limitarán la regularidad en cómo la gente vota; c) los principales actores políticos acuerdan darle legitimidad al proceso electoral y a los partidos. Las élites políticas basan su comportamiento en la expectativa de que las elecciones serán la ruta primaria para gobernar; y d) la organización de los partidos es importante”.

Si consideramos correctas las puntualizaciones arriba indicadas, entonces se hace necesario reencauzar los partidos políticos hacia una corriente democratizadora e integradora, que reposicione al sistema de partidos y fortalezca las estructuras partidarias.

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La Tecnología de la Junta Central Electoral al Servicio del Sistema de Partidos Políticos en los Procesos de Alianzas e Inscripción de Candidaturas

A fin de automatizar los pactos de alianza concertados entre las diferentes fuerzas políticas, fue creada una herramienta informática que aseguró el cumplimiento de las posiciones pactadas en los partidos y que los mismos se depositaran en la fecha pautada por la ley. Esta aplicación impedía a cualquiera de las partes disponer de los cargos pactados sin el concurso de todos los intervinientes en la alianza.

De igual manera, se diseñó una aplicación informática para la inscripción de candidaturas, cuyas características principales eran las siguientes: la validación de los datos de los candidatos, validación de la cuota femenina, control de pactos con otros partidos, captura de los datos faciales a ser utilizados en la boleta. Esta novedad constituye un valor agregado en el proceso de alianza e inscripción de candidaturas, que evita la vulneración de la ley y los derechos de los candidatos, impidiendo que puedan ser despojados de su candidatura al momento de depósito de la inscripción y, sobre todo, garantiza los derechos de la mujer dominicana en cuanto a la aplicación de una cuota de postulación que históricamente se le otorgaba en la legislación adjetiva; pero se escamoteaba en la inscripción, con la complicidad por comisión u omisión, de los órganos encargados de la administración electoral.

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Un Padrón Electoral sin Cuestionamientos

Por primera vez en el proceso electoral que concluye, tuvimos un Padrón Electoral sin cuestionamientos, al margen de los ruidos, el escarceo y la desconfianza de los actores por excelencia del proceso. Los traumas generados con la conformación del Padrón Fotográfico del año 2000, prácticamente ya no existen. Los controles y elementos de seguridad aplicados al Padrón Electoral de las elecciones de los años 2008 y 2010, dieron como resultado la normalización de muchos registros duplicados, la reducción de registros sin fotos y la depuración de militares y ciudadanos fallecidos. Estos últimos aspectos alcanzaron mayor efectividad por la realización de operativos de captura de datos biométricos realizados a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el inicio del proceso de integración del Registro Civil con el Registro Electoral y de la inserción en las Actas de Nacimiento de la nota marginal de defunción.

Para las elecciones del año 2004, el Padrón Electoral presentaba 112 mil 428 registros sin fotos, 2 mil 904 votantes con fotos de militares, una cantidad importante de mesas electorales que excedían los 600 votantes, entre otras incongruencias. Todas estas deficiencias, han sido corregidas durante la actual gestión. Tanto es así que, en el recién pasado proceso electoral, sólo un partido presentó observaciones al Padrón de Electores, referidas a 21 ciudadanos que, al 16 de mayo no tendrían la edad requerida para ejercer el sufragio; pero que de conformidad con la Constitución de la República, podían hacerlo, pues al adquirir la emancipación, también adquieren ese derecho. Más 21 mil 189 que supuestamente no estaban incluidos en el padrón; pero posteriormente se demostró que estaban incluidos; aunque al ser menores, debían esperar que adquirieran la mayoría de edad antes del 16 de mayo, para entonces entregarles la cédula, para ejercer su derecho a elegir.

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Ciudadanos sin Fotos en el Padrón Años 2004 - 2006 - 2008 -2010

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

112,428

32,936

16,900

2004 2006 2008 2010

12,964

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El Voto de los Dominicanos en el Exterior

Se impulsó el registro de los dominicanos residentes en el exterior. De un total de 52 mil 440 dominicanos empadronados para votar en las Elecciones Presidenciales del año 2004, logramos que se elevara a 154 mil 789 dominicanos, reflejando un incremento de un 200%.

También se registró un incremento en el número de ciudades donde se instalarían Colegios Electorales, de once ciudades, ubicadas en cinco países, que tuvieron colegios en el 2004, pasamos a diecisiete ciudades, en once países en el año 2008, y de ciento dos (102) Colegios Electorales en el 2004, a 321 en el año 2008.

Escaneo y Transmisión de Resultados desde los Recintos Electorales

Uno de los aspectos más trascendentales del proceso electoral en este período es el referido a la utilización de equipos informáticos especializados para transmitir las imágenes de las relaciones de votación, conteniendo los resultados desde los recintos electorales hasta la Junta Central Electoral, y a los centros de cómputos de los partidos políticos.

La utilización de este ventajoso sistema, denominado Unidades EyT, impactó significativa y positivamente los procesos electorales, teniendo como resultado que, las Juntas Electorales y los partidos políticos dispusieran de una rápida y precisa información de los resultados de cada Colegio Electoral. Lo que antes requería de un gran tiempo para recibir los resultados de los colegios, ahora, en fracciones de minutos, se tenía a mano.


Tomando en cuenta la experiencia positiva del 2008, para las elecciones de este año se amplió el alcance del uso de las unidades de transmisión y escaneo, llegando a cubrir el 100% de las provincias, el 98% de los municipios, el 38% de los recintos de votación, el 69% de los Colegios Electorales y el 73% del universo de electores.

Este proceso ha sido tan innovador, que ha servido de marco de referencia para organismos electorales de nuestra región, quienes han reconocido su importancia y, a su vez, han realizado múltiples visitas con el objetivo de explorar la posibilidad de implementarlo en sus respectivos países. Este cúmulo de información nos permitió utilizar los distintos medios que la tecnología facilita, para que la misma fuera conocida por toda la población en un tiempo breve, en una muestra más de transparencia y seguridad del proceso electoral.

Es evidente que la recepción de las actas conteniendo los resultados en los centros de cómputos de los partidos políticos es una acción positiva, de confianza y transparencia extrema, que revela la honradez y la pulcritud con que se manejó el proceso de transmisión, libre de interferencias y manipulación.

Esta novedad introdujo un impulso y una aceleración en la recepción y divulgación de la información electoral, en el entendido de que la misma debe ser de dominio público y entregada a la ciudadanía en el menor tiempo posible.

2008

Hora En boletín Imágenes Diferencia %

09:00 1,340 7,025 5,685 19

10:00 3,910 10,119 6,209 39

11:00 6,378 11,761 5,383 54

12:00 8,148 12,282 4,134 66

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2010 Nivel Municipal

Hora En boletín Imágenes Diferencia %

09:00 2,114 6,270 4,156 34%

10:00 4,189 7,659 3,470 55%

11:00 5,279 8,801 3,522 60%

12:00 7,030 10,051 3,021 70%

Gráfica de las Imágenes Transmitidas por Hora a los Partidos Políticos Proceso Electoral 2010

66,308 imágenes

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

100

1,503

3,524

7,666

9,172

10,28

6

9,298

67,2

255,6

881,8

981,0

1322

180 49 9616

3

196

146

106 44

932

022

425

321

330

822

1 462

16/5

18:0

016

/5 1

9:00

16/5

20:0

016

/5 2

1:00

16/5

22:0

016

/5 2

3:00

17/5

0:00

17/5

1:00

17/5

2:00

17/5

3:00

17/5

4:00

17/5

:0017

/5 6

:0017

/5 7

:0017

/5 8

:0017

/5 9

:0017

/5 1

0:00

17/5

11:0

017

/5 1

2:00

17/5

13:0

017

/5 1

4:00

17/5

15:0

017

/5 1

6:00

17/5

17:0

017

/5 1

8:00

17/5

19:0

017

/5 2

0:00

18/5

5,428

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Nuevo Modelo de Capacitación

De los aspectos indicados anteriormente, debemos resaltar la capacitación electoral, incorporándose a ambos procesos técnicas y metodologías modernas de enseñanza que facilitaron y propiciaron un buen aprendizaje de los participantes.

La capacitación electoral en el año 2010 alcanzó a 224 mil 329 personas, en un total de 8 mil 609 talleres impartidos, incluyendo técnicos, militares y aspirantes a Miembros de Colegios.

Podríamos resumir que la capacitación electoral fue incluyente, a tiempo y especializada, produciéndose 2 millones 861 mil 850 unidades de material educativo electoral, entre libros, manuales, folletos, afiches, hojas divulgativas, entre otros. En esta ardua tarea contamos con la colaboración de instituciones y personas nacionales y extranjeras.

Con relación a este tema, el reverendo padre Alonso Beato, Rector Magnífico de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), expresó lo siguiente:

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La Universidad Aplaude Sinceramente Estas Iniciativas

“Esta Cámara Administrativa nos ha mostrado un criterio muy serio de trabajar, de que sentían una responsabilidad muy grande y que no iban a decir lo que siempre se dijo de la Junta, sí, lo que en este momento se requiere decir.

Ha habido diplomados, ha habido cursos de entrenamientos para el per-sonal que trabaja en las mesas electorales, ha habido un montón de cosas así, y siempre hemos visto en ellos que no arrastraban los pies cuando venían a la universidad, es decir, venían con entusiasmo, creían en lo que estaban haciendo, y miren, cuando se cree en lo que se hace, las cosas van mucho mejor. Y la universidad sencillamente ha dado su apoyo, y aplaude sinceramente estas iniciativas.”

Rev. Padre Ramón Alonso,Rector Universidad Católica Santo Domingo

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Nuevos Elementos que se Agregan al Proceso de Organización y Administración Electoral

Parte del legado de este cuatrienio, en adición a los avances tecnológicos señalados, lo constituyen una serie de novedades e innovaciones puestas en práctica, como son:

•Lautilizacióndeurnastransparentes. •ValijadeseguridadparalosmaterialesdelosColegios

Electorales. •Sobres de seguridadpara el resguardodel acta y

resultados del colegio. •Sobresdeseguridadparael resguardode lasboletas

válidas en el colegio. •Usodepresillasycintillosdeseguridadparalavalija. •Plantillaauxiliardevotaciónparanovidentes. •Podiodevotación. •Relacióndevotacióndesprendibledelactadelcolegio. •Láminas de seguridad particularizadas para el

plastificado de las relaciones de votación. •Establecimiento de códigos de barras para la

numeración de todos los elementos de seguridad, lo que permitía identificar con exactitud la ubicación de cada material con su respectivo colegio.

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Medidas Cautelares

En un hecho sin precedentes en la historia de la administración electoral dominicana, pese a las limitadas atribuciones de carácter legal, respecto a la regulación y control de la campaña electoral, la Cámara Administrativa dictó una serie de medidas cautelares en los procesos del 2008 y del 2010, encaminadas a garantizar un mayor nivel de equidad en la competencia electoral entre los partidos y candidatos concurrentes, de tal manera que, si bien no calificó los hechos porque le estaba vedado por la ley, introdujo en el proceso medidas precautorias que fueron aceptadas y acatadas por los contendiente, entre las que destacamos las siguientes medidas y decisiones garantistas:

•Resoluciónquedisponeelcesedepagodenóminasparalelas en las instituciones públicas.

•Resoluciónquesuspendevariosanunciosoficialesyelretiro de un anuncio en una página web oficial.

•Disposiciónqueadviertesobreelusodeunlenguajeinadecuado en los procesos internos de los partidos.

•Di spos ic ión que ordenó e l c i e r re de var iosestablecimientos que violaron la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas.

•Intervencióna favordel reclamopresentadoporelMovimiento Independencia, Unidad y Cambio–Acción por el Cambio (MIUCA), sobre la destrucción de vallas y publicidad diversas que alegaban les fueron dañadas en La Romana, y que por demás, afectaba sus candidaturas.

•Intervención a favor del candidato a senador dela provincia María Trinidad Sánchez por el PRD, Jesús Vásquez, quien alegaba que los medios de comunicación de esa provincia no le facilitaban espacio para su promoción, logrando que las emisoras del

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Grupo Telemicro y del Grupo Medrano, le facilitaran espacios radiales.

•Resoluciónqueprohibía a lospartidospolíticos ycandidatos la realización de actividades proselitistas en el mismo lugar en que se estuvieran desarrollando programas sociales del Estado.

•Resoluciónquedispusoexclusióndeuncomercialdetelevisión y amonestó a un partido en la provincia de San Juan de la Maguana, por utilizar inconsultamente a un miembro de la Junta Electoral de ese municipio.

•Resoluciónqueestableceadmonicionesalprecandidatopresidencial de un partido político.

•Resoluciónqueprohibió la realizacióndeplanessociales en el período comprendido del 14 al 17 de mayo del año 2010.

Dentro de estas medidas cabe considerar, como otra acción sin precedentes, la investigación realizada por la Cámara Administrativa, mediante la cual se comprobó que en varias comunidades del país, un total de 7 mil 095 electores, realizaron un cambio de residencia a demarcaciones en las que realmente no tenían su domicilio habitual, con el propósito de alterar e incidir en el resultado electoral de esas demarcaciones. Una vez comprobada la intención de estos ciudadanos, se procedió a dejar sin efecto estos cambios de residencia, lo que evitó que se trastornara la voluntad de los electores de la demarcación correspondiente.

La Observación Electoral

Tanto el proceso electoral del 2008, como el del 2010, contaron con una importante representación de observadores nacionales e internacionales. En el caso de los internacionales, compuesto

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fundamentalmente por magistrados y ex magistrados de organismos electorales de América Latina, Estados Unidos y Europa, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, así como de otros grupos especializados en observación electoral.

Los informes presentados en ambos procesos destacaron de forma significativa la organización del proceso, la transparencia y la seguridad en el manejo de los resultados. Igualmente, destacaron el respeto a la voluntad de los dominicanos expresada en las urnas y, muy especialmente, la confiabilidad de que goza el organismo electoral por parte de los diferentes actores políticos.

Además, reconocieron los grandes avances alcanzados en materia de organización y administración electoral en la República Dominicana, y al evaluar la gestión del proceso, se expresaron con gran satisfacción.

La Experiencia del Plebiscito Municipal

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos y espacios de participación directa, la Cámara Administrativa apoyó el proceso plebiscitario realizado en los municipios de Cotuí, Fantino y Maimón, que fue la primera experiencia del país en este sentido. Para esta acción, facilitó la realización de una consultoría a cargo de expertos internacionales con experiencia en la materia, para que acompañaran este importante evento.

En el marco de esta consultoría, también se incluyó un estudio sobre la figura del referéndum, la experiencia en América Latina y la formulación de una propuesta de ley sobre este aspecto, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República.

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Registro Civil e Identidad en un Proceso de Cambio

Una de las áreas que más ha verificado transformaciones en estos cuatro años de gestión, ha sido el Registro Civil. A los pocos días de iniciar sus labores, la Cámara Administrativa propuso al Pleno de la Junta Central Electoral el Reglamento que establece Tasas por Servicios y Salarios a los Oficiales del Estado Civil. Con esta medida, prevista en la Ley 8-92; pero postergada por más de quince (15) años, se terminaba el control antojadizo que de los Actos del Estado Civil tenían los funcionarios responsables de esta dependencia.

A partir del 26 de enero del 2007, cuando nos correspondió la responsabilidad de aplicar este Reglamento, los ciudadanos comenzaron a beneficiarse de una serie de servicios gratuitos, por los que antes se les cobraba irregularmente. Asimismo, en cuanto a los servicios pagados, se puso en vigencia una tasa unificada, de manera que la celebración de un matrimonio o la trascripción de un divorcio, tenía el mismo costo en todas las oficialías del país. Pero lo más importante es que la Junta Central Electoral tomó control efectivo de los actos vitales realizados en las oficialías, pasando todo el personal de las mismas a estar bajo la dependencia y supervisión del organismo.

La Cámara Administrativa implementó una serie de controles en relación, tanto con los Libros-Registros, Actas y Papel de Seguridad de las oficialías, como con los ingresos por estas percibidas; que dejaron ya de ir a manos particulares y comenzaron a formar parte del patrimonio institucional. Es oportuno señalar que en el período en que ha estado en vigencia este Reglamento, es decir, desde el año 2007 hasta la fecha, han ingresado a la Junta Central Electoral, por concepto del pago de tasas por servicios, un total de RD$1,340,656,507.97 (mil trescientos cuarenta millones,

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seiscientos cincuenta y seis mil quinientos siete pesos con noventa y siete centavos), fondos que han sido devueltos a la ciudadanía a través de las inversiones realizadas en el Registro Civil.

En el período 2006-2010 han sido remodeladas un total del 122 Oficialías del Estado Civil, con una inversión total de RD$643,670,730.88 (seiscientos cuarenta y tres millones, seiscientos setenta mil setecientos treinta pesos con ochenta y ocho centavos). Hemos pasado, de solamente tener seis (6) oficialías automatizadas en el año 2006, a alcanzar un total de ciento treinta (130) oficialías automatizadas que representan, a su vez, el 91.17% de los usuarios del Registro Civil.

La automatización de las oficialías no solamente preserva de manera perpetua las actas vitales de los ciudadanos en formato digital, sino que también mejora sustancialmente el servicio brindado a la población que, en pocos minutos, puede obtener un Extracto de Acta con simplemente dar su nombre y apellido. Gracias a la automatización, hemos podido iniciar el servicio de solicitudes de Extractos de Actas por Internet a través de nuestra página web y, algo mucho más importante, hemos creado los diferentes Centros de Servicios Regionales.

Los Centros de Servicios, en los cuales los ciudadanos pueden legalizar las actas obtenidas en las oficialías u obtener una acta sin importar el lugar en el cual esta haya sido instrumentada, constituyen un claro ejemplo de cómo una medida administrativa puede beneficiar directamente a la población, ahorrándole sacrificio, incomodidades, tiempo y dinero. Hasta esta gestión, únicamente la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Distrito Nacional, era la dependencia facultada para ofrecer este tipo de servicio. Hoy tenemos Centros de Servicios en Santo Domingo Este, Santiago,

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San Francisco de Macorís, La Romana, Azua y Barahona. Desde el mes de enero del 2007 hasta agosto del 2010, estos Centros de Servicios han emitido un total de 1,116,818 (un millón, ciento dieciséis mil ochocientos dieciocho servicios) de actas y 2,792,197 (dos millones, setecientos noventa y dos mil ciento noventa y siete) legalizaciones.

Estos Centros de Servicios, al igual que la mayoría de las oficialías, han sido acondicionados para que los ciudadanos reciban un servicio cómodo, rápido y eficiente.

Otro importante beneficio de la automatización han sido los Centros de Servicios del Exterior. Reconociendo la importancia que para el país tienen los dominicanos que residen en tierras extranjeras, la Cámara Administrativa organizó estos centros convirtiéndose la República Dominicana en el primer país en el mundo que, en el exterior, dota de Actas de Nacimiento y Cédulas de Identidad a sus nacionales. Actualmente tenemos funcionando diecisiete (17) centros de este tipo en las principales ciudades donde se concentran los dominicanos, en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Desde el 2007 hasta el mes de junio del presente año, la Junta Central Electoral ha dado un total de 75,380 (setenta y cinco mil trescientos ochenta) servicios, ahorrando tiempo y dinero a la diáspora dominicana.

Cabe destacar que, durante la actual gestión, se han tramitado 18,293 (dieciocho mil doscientos noventa y tres reconstrucciones de actas), 30,497 (treinta mil cuatrocientas noventa y siete) rectificaciones, transcripciones y autorizaciones de actas y 57 (cincuenta y siete) adopciones, actualizamos los sistemas de administración de expedientes de la Consultoría Jurídica y de la Dirección de Registro Civil, con el propósito de que puedan dar a los ciudadanos un servicio ágil y eficiente, sin descuidar en modo alguno la seguridad inherente a los actos vitales.

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Nuevos Centros de Cedulación

Como un complemento natural de la modernización de las Oficialías del Estado Civil, surgía la necesidad de disponer modernos Centros de Cedulación en todo el territorio nacional. Al inicio de la actual gestión, apenas trece (13) Centros de Cedulación estaban funcionando de un total de sesenta y tres (63) centros instalados. En esa época, era frecuente que las labores de estos centros se interrumpieran porque se dañaban los equipos, se terminaba el material para la elaboración de las cédulas o no había energía eléctrica, y los ciudadanos incurrían en grandes gastos, molestias y pérdida de tiempo, trasladándose de su municipio para obtener el documento.

Las tareas que en este orden asumió la Cámara Administrativa, no se limitaron exclusivamente a poner en funcionamiento los Centros de Cedulación ya existentes, sino también en la creación de nuevos Centros de Cedulación que permitieran acercar este servicio a las localidades donde residen los ciudadanos.

Actualmente la Junta Central Electoral dispone de ciento treinta y dos (132) Centros de Cedulación, dotados de las más variadas modernas tecnologías, que brindan ininterrumpidamente sus servicios.

Desde el año 2007 hasta el mes de agosto del año 2010, la Junta Central Electoral ha procesado un total de 2,998,098 (dos millones novecientos noventa y ocho mil noventa y ocho) servicios de cedulación, correspondientes a duplicados, nuevos inscritos y cambios de datos. En ese mismo período, se han emitido un total de 31,462 (treinta y un mil cuatrocientos sesenta y dos) Cédulas de Identidad a favor de personas extranjeras residentes en la República Dominicana.

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Número Único de Identidad

Otro proyecto importante que fortalece el sistema de identidad nacional es la puesta en vigor del Número Único de Identidad (NUI), previsto en la Ley 8-92, con el propósito de unificar todos los datos de los nacionales bajo una denominación única.

A través de las Oficialías del Estado Civil, Delegaciones de Oficialías en los hospitales y el Ministerio de Educación, la Cámara Administrativa comenzó el proceso de asignación del NUI a los recién nacidos y escolares. Este número se ha comenzado a utilizar para el carné de los estudiantes y será el que identificará la licencia de conducir, el pasaporte y la Cédula de Identidad Electoral de ese menor, una vez adquiera estos documentos. Hasta la fecha se han asignado un total de 518,676 (quinientos dieciocho mil seiscientos setenta y seis) Números Únicos de Identidad.

Proyecto Datos Biométricos

Para revestir de una mayor seguridad el sistema de identificación nacional, la Cámara Administrativa inició, en el mes de octubre del 2008, el Proyecto de Captura de Datos Biométricos. El propósito de este proyecto es incorporar la huella digital, la foto y firma biométricas al documento de identidad y a los archivos de la institución, consolidando de este modo la identidad de cada persona. Estos archivos permitirían prevenir las suplantaciones o la doble identidad, a través de la comparación automática de huellas dactilares y faciales.

Este proyecto se ha desarrollado en las diferentes dependencias de la Junta Central Electoral, es decir, Oficialías del Estado Civil, Juntas Electorales y Centros de Cedulación. Asimismo, se han desarrollado decenas de operativos móviles en

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diferentes empresas, plazas comerciales, universidades, instituciones públicas y privadas, barrios y campos de todo el país. El resultado obtenido hasta la fecha es que, 3,624,568 (tres millones seiscientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho) personas ya han aportado sus datos biométricos. Esta cantidad equivale a casi el 60% del total de personas inscritas en el Padrón Electoral de la JCE, que asciende a 6,100,000 (seis millones cien mil personas).

Uno de los aportes al tema de la identidad y la seguridad ciudadana, vinculado a la integración de los datos en un documento de identidad, fue la propuesta del Plan Operativo para la Aplicación del Reglamento de Migración, o Plan Regulador, sugerido por la Cámara Administrativa al Consejo Nacional de Migración, el cual fue aprobado, se encuentra en fase de programación y uno de sus componentes inició su ejecución al poner en marcha el proceso de captura de datos biométricos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”, en un plan piloto que abarcará nacionales y extranjeros y que se instalará en todos los aeropuertos, puertos y en los puestos de control de tránsito fronterizo. La información captada será compartida por todas las instituciones participantes.

Preservando la Identidad

Una de las principales preocupaciones de la Cámara Administrativa durante la actual gestión, ha sido la de preservar la identidad dominicana, custodiándola de elementos inescrupulosos que por diferentes motivos intentan vulnerar el contenido de las Actas de Nacimiento y las Cédulas de Identidad y Electoral para así obtener documentación falsa.

Para esto, se adoptaron una serie de medidas y controles internos que permiten detectar cuando cualquier persona intenta cometer

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un fraude con estos documentos. Como resultado de estas iniciativas, la Junta Central Electoral ha sometido a la acción de la justicia a un total de 1,650 (mil seiscientas cincuenta personas) por suplantación de identidad y se han suspendido un total de 384 (trescientas ochenta y cuatro cédulas). Asimismo, se han trabajado 46,437 (cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete) certificaciones de identidad, y se ha promovido la cancelación de 99,195 (noventa y nueve mil ciento noventa y cinco cédulas).

Declaraciones Tardías: Documentando la Identidad

No por casualidad hemos dejado para el final el tema de las Declaraciones Tardías de Nacimiento. Una de las más graves herencias que ha arrastrado el Registro Civil a través de los años es el subregistro de nacimientos. En el año 2002, la encuesta de pobreza del Gabinete Social, determinó que existían 364,000 (trescientos sesenta y cuatro mil) dominicanos y dominicanas sin Actas de Nacimiento ni Cédulas de Identidad. Hombres y mujeres sin nombres ni apellidos. Una de las más importantes metas que nos trazamos fue disminuir la cantidad de personas afectadas por esta problemática, documentado su identidad, para que puedan acceder a derechos y deberes como personas plenas.

Para cumplir con este objetivo, pusimos en funcionamiento la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, a través de la cual comenzaron a funcionar, en todo el país, las Unidades Móviles que, en síntesis, consisten en oficialías ambulantes que recorren nuestros barrios y campos detectando a aquellas personas sin identidad y ofreciéndoles todas las facilidades para obtenerla.

Para realizar este programa, la Junta Central Electoral pactó alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, como son:

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el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Comisión de Reforma del Sector Salud, así como con organismos de cooperación internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y UNICEF. Un papel fundamental en este proceso ha sido jugado por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente por aquellos organismos de base que juegan un papel esencial en la ubicación y traslado de las personas que no tienen acta ni cédula.

El resultado de esta labor es que, en la actual gestión, se les ha otorgado identidad a un total de 269,251 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y una personas), que tienen ya un nombre y un apellido.

Modernas Delegaciones de Oficialías en los Hospitales

Para enfrentar el fenómeno del subregistro de nacimientos, no basta con que se dote de documentos a aquellas personas que no han sido registradas, sino que es necesario combatir la problemática desde su punto de origen. Es por eso que la Cámara Administrativa decidió implementar un amplio programa de automatización de las Delegaciones de Oficialías en los hospitales públicos, de manera que los niños y niñas que nazcan en estos centros hospitalarios, salgan de los mismos ya declarados, con sus Actas de Nacimiento y su número único de por vida.

El trabajo desarrollado en este campo nos ha permitido llegar a un total de 30 (treinta) Delegaciones de Oficialías automatizadas, las cuales cubren el ochenta por ciento (80%) de los partos realizados en el sector público.

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Los frutos que hoy presentamos son el resultado de un trabajo en equipo, en el que han participado, con entusiasmo y dedicación, los empleados, funcionarios y magistrados de esta Junta Central Electoral.

Deseo que me permitan invitar en este momento, para acompañar las palabras finales de nuestra intervención, a los magistrados César Francisco Féliz Féliz y José Ángel Aquino Rodríguez, Miembros Titulares de la Cámara Administrativa, con quienes he compartido esta gestión administrativa durante este cuatrienio.

Con ellos a mi lado, quisiera compartir con ustedes la visión que tenemos respecto a los principales retos que debe asumir la Junta Central Electoral para continuar por el sendero de la reforma, la modernización y la transparencia. Estos son:

•La culminación del proceso de modernizacióndel Registro del Estado Civil, lo cual implica la automatización completa de las Oficialías del Estado Civil, la eliminación del subregistro de nacimiento y defunciones, y el mejoramiento creciente de los servicios brindados a la ciudadanía.

•Fortalecer el sistema de identidad nacionalmediantela expedición de una nueva Cédula de Identidad y Electoral, que tenga plenamente incorporados los datos biométricos de los ciudadanos y todos sus actos vitales.

•Propiciar el proceso de reforma al marco jurídicoelectoral, para adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales, e introducir en el mismo los aspectos de la nueva administración electoral.

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•Acompañar a los partidos políticos en los procesosde modernización y democratización interna, a fin de mejorar la equidad y la competencia partidaria.

•Definir los procedimientos que regirán las nuevasfiguras de participación directa y de consulta popular que están definidas en la Constitución de la República.

Estas han sido nuestras realizaciones, humildemente le presentamos para cumplir con nuestra obligación de rendir cuentas.

¡Muchas gracias…!

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Sirvan éstas palabras para agradecer su presencia, a propósito de esta convocatoria para recibir las Memorias de la Cámara Administrativa de la JCE.

Se trata de la entrega de un compendio sobre las realizaciones de este medio tiempo de gestión. Trataré pues, de hacer un breve resumen de su contenido.

Este compendio se encuentra, a su vez, separado en un análisis detallado de todo el proceso de planificación, organización y montaje de las elecciones del 2008, bajo el título: “Elecciones Generales Presidenciales 2008: Un Proceso de Cambio”, con su reverso en gráficas, y un segundo volumen que hemos denominado: “El Registro Civil en Una Nueva Era”.

Al meditar sobre estas palabras de presentación, rememoraré parte de un texto contenido en el libro “Cuentos Chinos”, del célebre escritor Andrés Oppenheimer, columnista del periódico Miami Herald, ganador del premio Pulitzer, entre otras distinciones y reconocimientos, en la cual el citado escritor relata la experiencia vivida en su recorrido por varios países de América Latina y su visita a la República Popular China. Analizando la diferencia entre el modelo de desarrollo de América Latina y el Este asiático, preguntaba a un señor, que identifica como el Dr. Ji, la diferencia entre ambos modelos, a lo cual éste contestó

Rendición de Cuentas de la Cámara Administrativa 2008

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que: “Desde el punto de vista cultural, la principal diferencia es que los chinos son devotos seguidores de las enseñanzas de Confucio, el filósofo del siglo V antes de Cristo, que todavía es venerado como el principal icono de la sabiduría china. Las tres principales características de la filosofía confuciana son: alentar a los padres a invertir tiempo y dinero en la educación de sus hijos, promover el ahorro y estimular la obediencia a la autoridad”.

Mientras que, al analizar el comportamiento en latinoamérica, decía “que una de las cosas de América Latina de las que se quejan los empresarios chinos son las huelgas. Muchos de ellos dicen que los obreros latinoamericanos van a la huelga todo el tiempo”. Su explicación la continúa desarrollando cómo en América Latina disipamos el tiempo en siesta y carecemos de una cultura de inversión en educación para el desarrollo.

Este punto de vista del Dr. Ji refleja qué filosofía de vida y trabajo guía a los chinos en su reto de convertirse en la mayor economía mundial antes del año 2020, y cómo cifran los proyectos de crecimiento en su apego a la filosofía confuciana. Como hemos dicho, al trabajo tesonero, a la inversión y al desarrollo educativo.

Por nuestra parte, la adopción de esta filosofía de vida y de trabajo, nos permite presentar este novedoso evento, que consiste en poner en evidencia una institución nueva, absolutamente diferente a la institución que hemos tenido en sus casi 90 años de existencia.

La JCE, como institución y parte de la estructura estatal, ha sido dirigida la mayor parte de su tiempo con una visión conservadora. Su trayectoria ha estado sesgada, sobre todo, en los últimos años, por la ausencia de inversión en los planes de educación, desarrollo tecnológico y consolidación institucional, situación propia del Estado dominicano en su conjunto.

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Esta visión, que por mucho tiempo sirvió para conducir la institución, se expresa en frases como éstas: “Los recursos que el Estado pone en manos de sus administradores deben ser guardados, administrados y entregados a quienes le sustituyen”. La seriedad e idoneidad en la gerencia de la institución, a decir de una buena parte de quienes nos han antecedido, se relaciona con su capacidad de no inversión de recursos y fondos. Sobre todo, porque es más serio quien menos gasta, quien menos invierte en infraestructura y tecnología, y quien menos se arriesga por el temor al qué dirán.

Como consecuencia de esta visión, la JCE fue vista como la cenicienta de las instituciones estatales, con una empleomanía en sus niveles bajos y olvidada, carente de planes de formación, alejada del desarrollo y de la modernidad, con salarios miserables, conviviendo en condiciones laborales de hacinamiento y habitando en un trabajo con infraestructuras totalmente inadecuadas, imposibilitados de brindar un servicio óptimo, que pudiera satisfacer los requerimientos ciudadanos.

Las consecuencias de esta concepción sobre el manejo de la cosa pública las ha sufrido la ciudadanía, que ha visto cómo el Registro del Estado Civil se desenvolvía en la más absoluta indigencia, en donde desaparecían sus Libros–Registros por la desatención; sus documentos de identidad eran sometidos a todo tipo de suplantación y la nacionalidad dominicana rodaba sin dolientes. Mientras tanto, nadie cuestionaba ni ponía en dudas la honorabilidad del buen nombre y la idoneidad de la administración de éste estamento estatal.

Para sólo citar un ejemplo: desde el año 1992 tenemos la Ley 8-92, que dispone la necesidad de tener un Número Único en los documentos emitidos por las instituciones públicas, tal como lo establece la misma en sus artículos 6 y 9. Sin embargo, esta

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decisión legal no se ha implementado. La citada ley, también dispuso la integración de las huellas a la data histórica, y tampoco se hizo, e igualmente dispuso pasar las Oficialías del Estado Civil, las Oficinas de la Cédula, la emisión de un Reglamento para Establecer Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y el Personal Auxiliar y, por esa misma visión, esta decisión se implementó el 26 de enero del 2007, por parte de esta JCE. Obviamente, siempre quedaban recursos económicos para ser entregados a los nuevos incumbentes.

Por la falta de ejecución de esta ley, en el acto realizado para la puesta en vigencia del Reglamento que Establece Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar, había indicado que el Estado dominicano había dejado de percibir aproximadamente unos 2 mil 500 millones de pesos. Luego de dos años de ejecución de esta medida, debo reconocer nuestra equivocación, ya que del 1992 a la fecha han transcurrido 17 años, por lo que el cálculo que habíamos hecho era de un ingreso mensual muy por debajo de la realidad, ya que el ingreso promedio anual ronda entre los 500 y 525 millones de pesos, que calculados por 17 años, nos arroja la astronómica cifra de 8 mil 500 millones de pesos que no ingresaron al Estado, suficiente para pagar la deuda y modernizar la JCE, sin préstamo nacional o internacional.

Precisamente, por nuestra diferencia con esta forma del ejercicio de la función pública, el compendio que presentamos constituye la mejor evidencia y el principal testimonio de la ruptura radical de esta desidia, lo cual evidenciamos una vez ponderamos las informaciones contenidas en los mismos. Veamos:

En el aspecto electoral se desarrolló el más amplio programa de educación y formación a los ciudadanos, a nuestros empleados y a los miembros de colegios y personal que labora en los recintos

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electorales. En efecto, iniciamos capacitando a los delegados de los siete partidos concurrentes en los procesos de primarias y convención de los partidos reconocidos que sustentaron candidaturas. De igual manera lo hicimos con 2 mil 269 facilitadores que realizaron su labor en mil 058 recintos electorales, para las primarias de los partidos.

Como parte de este proceso educativo, se impartieron 7 mil 803 talleres, los cuales beneficiaron, en su primera fase, a 93 mil 636 ciudadanos, de los 138 mil 028 que disponíamos para constituir el banco de elegibles para los 154 municipios y 11 oficinas del exterior. Esto dio como resultado que disponíamos de 82 mil 254 personas debidamente entrenadas y capacitadas, de las cuales fueron escogidas 65 mil 359 miembros de Colegios Electorales; 41 mil 314 del sexo femenino y 24 mil 045 del sexo masculino.

Por primera vez se rompió con la tradición de que los Colegios Electorales eran conformados con listas partidarias, dando paso a una selección libre de ciudadanos interesados en hacer su aporte a la democracia. De este total de talleres, 218 fueron dirigidos a jóvenes estudiantes integrados al programa: “Un paso por mi Nación”. De este grupo surgieron 99 presidentes de colegios, 278 secretarios, 363 primeros vocales, 327 segundos vocales, 396 sustitutos de secretarios, 89 facilitadores y una cantidad importante que fueron integrados como encargados de centros de escaneo. El resultado de ésta ardua labor educativa es que, prácticamente, no hubo actas que contuvieran errores graves o que fueran de imposible lectura.

En otro orden, debemos hacer referencia a los aspectos novedosos introducidos al ejercicio eleccionario y que caracterizaron el proceso presidencial de mayo del 2008. En sentido general, fueron los siguientes:

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• Plantilla Auxiliar de Votación. Carpeta de cartón para colocar la boleta electoral, a través de la cual las personas con discapacidad visual o motora pudieron ejercer el voto sin la necesidad de ser asistidos.

• Urnas con laterales transparentes. Receptáculo de cartón para el depósito de las boletas marcadas por los electores, cuyos laterales están confeccionados en plástico transparente que permite la comprobación del material que se deposita en las mismas.

• Valija de Seguridad de mayor dimensión. Bulto de material impermeable, debidamente identificado por colegio, en el cual se guardaron y transportaron los materiales destinados a los Colegios Electorales.

• Centro de Escaneo y Transmisión. Lugar o espacio dentro del Recinto de Votación en el cual fueron recibidos y transmitidos los resultados de los Colegios Electorales del mismo. Estuvieron ubicados en aquellos Recintos Electorales con 5 o más Colegios Electorales.

• Desprendible de la Relación de Votación. Formulario contenido en el Acta del Colegio Electoral en el cual se consignaron los resultados obtenidos por cada una de las agrupaciones políticas (llenado en original) y luego fue escaneado en el centro habilitado para tales fines.

• Presillas de seguridad, de colores negro, azul y mamey, fueron utilizadas para el cierre de las valijas de seguridad que contenían los materiales electorales destinados a los colegios; en esta ocasión fueron leídas electrónicamente y asociadas a un colegio en particular.

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• Sobre Plástico Transparente. Utilizado para guardar el Acta del Colegio una vez fueron llenados los resultados, el cual se introducía dentro del bolsillo de la valija destinado para tales fines. Era sellado cuando los resultados se llevaban a la Junta Electoral.

• Caseta de Votación. Compartimiento en donde los electores ejercen en secreto el derecho al voto; su estructura ha sido modificada y mejorada para garantizar que el elector marque la boleta sin ser observado por terceros. Fueron dispuestas tres (3) casetas por colegio.

• Manual de Delegado. En esta ocasión se depositaron en la valija con los materiales electorales, con el propósito de que sirviera de instrumento de consulta sobre los deberes y derechos de los delegados acreditados en los Colegios Electorales.

En el área de escrutinio, transmisión y cómputo electoral, se produjeron profundas innovaciones, que fueron las siguientes:

•UtilizacióndelasunidadesdeEyT. •ColocacióndepantallasgrandesenlasJuntasElectorales

para la divulgación de resultados. •Utilizacióndelasactasenpapeldeseguridad. •Color diferente para las copias de las actas de los

partidos. •ImpresióndeunsoloPadrónaColor. •Separación de las redes JCE, partidos y unidades de

EyT. •Entrega de las imágenes a los partidos políticos en

tiempo real. •Utilización de las redes inalámbricas GSM para la

transmisión de resultados desde las Juntas Electorales y los Recintos Electorales.

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•Conexión de los centros del exterior en línea con laJCE, para la transmisión de resultados.

•Utilizacióndetecnologíasatelitalpara losmunicipiossin comunicación.

•Creacióndehelpdeskparalosrecintos. •Utilización de asistentes de soporte técnicos para los

recintos de EyT. •Laasignacióndedirectores,subdirectoresyencargados

departamentales en la supervisión directa de las diferentes Juntas Electorales.

Como parte de este proceso de innovación, introdujimos la aceleración de los resultados desde los Recintos Electorales, con tecnología de punta, por los efectos positivos que produjo. La entrega a los partidos de una fotografía del acta desde el Recinto de Votación minutos u horas de haberse escrutado en el centro de cómputos, pudiendo los mismos examinar la información contenida en dicha acta en un tiempo más rápido que el reportado por sus propios delegados. En consecuencia, estas novedades permitieron que la JCE tuviera preparada para dar un primer boletín, consistente, a las 8 de la noche, que comparado con el boletín final, no tuvo ninguna diferencia porcentual, al extremo de que ya a las 9:20 minutos de la noche habíamos entregado a los partidos el 70 por ciento del resultado, y a las 12 de la noche, el 93.93 por ciento. En adición a esto, la ciudadanía tuvo la oportunidad de recibir la imagen exacta del acta de cada Colegio Electoral en las pantallas colocadas en los lugares de acceso al público.

Paralelamente a estas labores, en el período analizado se hizo una importante inversión en materia de equipos de organización electoral, con los siguientes resultados: sólo en activos fijos invertimos 636 millones de pesos, desglosados en maquinarias y

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equipos de producción, equipo educacional y recreativo, equipo de transporte, programas de computación, comunicación y señalización, edificaciones, adquisición de edificios, equipos de seguridad, entre otros.

Dentro de estas inversiones se destacan: la adquisición del edificio de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), la remodelación total de las oficinas del Centro de los Héroes, la remodelación parcial de las oficinas principales de la JCE, su fachada y áreas neurálgicas; la construcción de un nuevo Salón de Sesiones, un área especializada para partidos políticos y un Salón de Prensa, la adquisición de una nave para la Logística Electoral, entre otros. No de menos importancia está la adquisición de edificios en el municipio de Cotuí, Santiago de los Caballeros, La Romana, Moca, y otros.

Estas inversiones y contrataciones en bienes y servicios se realizaron en medio de un proceso de cambio en el país, respecto a la normativa en materia de compras y adquisiciones, el cual nos obligó a desarrollar procesos de adaptación como institución autónoma e independiente del Poder Ejecutivo.

En efecto, para el año 2008, en la JCE tuvimos registrados 486 suplidores que participaron en compras directas, para un total de 21 millones 210 mil 584 pesos; tuvimos 396 suplidores que participaron en compras menores, para un total de 41 millones 154 mil 076 pesos, y en compra por comparación de precios, tuvimos 58 suplidores participando en un volumen de 240 millones 591 mil 271 pesos con 30 centavos, a través del Departamento de Compras. Por su parte, la Comisión de Licitaciones realizó 14 licitaciones públicas, 12 licitaciones restringidas, 10 concursos especiales y 136 adquisiciones por el procedimiento de comparación de precios, para un total global de 172 concursos,

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en los cuales 247 empresas presentaron propuestas, resultando adjudicatarias 163 entre nacionales y extranjeras, administrando por esta vía la Comisión de Licitaciones 507 millones 055 mil 266 pesos con 04 centavos.

Resaltamos que, de éstas adjudicaciones, el 75% se hizo en función de las ofertas de menor precio, mientras que el restante 25% se escogió en base a elementos relacionados con la propuesta técnica, el cumplimiento con los requerimientos, el tiempo de entrega, la garantía y las condiciones de pago. De los 172 concursos procesados por la Comisión de Licitaciones, sólo tres (3) fueron objeto de imputación 71 o reclamo, lo que evidencia, entre otras cosas, que los mismos se han realizado con total apego a las normas y principios que rigen la materia.

Como se puede observar, en la JCE hay una extraordinaria presencia de pluralidad en los procesos de adquisición y compras. Las actas de las mismas se encuentran en el Internet y no existe cuestionamiento o duda respecto a los criterios de selección de los oferentes, y de la honestidad y seriedad de nuestros funcionarios, que es lo que se refleja en éstas memorias que presentamos.

A fin de agilizar los procesos de comunicación y de transporte, al llegar a la institución sólo disponíamos de 20 vehículos de transporte, y hoy contamos con un parque vehicular que se utiliza en los procesos de trabajo cotidiano, tanto en el área electoral como del Registro del Estado Civil, ampliándola en 160 unidades de transporte aproximadamente.

Sin descuidar la organización del proceso electoral, en materia de Registro del Estado Civil, produjimos importantes avances para beneficio de los ciudadanos, implementando la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento. A través de este programa hemos podido registrar 9 mil 110 mayores de edad, y

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mediante los procesos de desjudicialización y adecuación en las Oficialías, 60 mil 365, para un gran total de 78 mil 743 declaraciones tardías, permitiendo así que estos ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un nombre y a una identificación y, con ello, a los demás derechos consustanciales de los ciudadanos. Igualmente, iniciamos el proceso de otorgamiento del Número Único de por vida en los hospitales públicos, desarrollamos el convenio con la Secretaría de Estado de Educación (SEE), otorgando Número Único de por vida aproximadamente a 150 mil estudiantes, a través de un proyecto que se encuentra instalado en el edificio de Proyectos Especiales que tenemos en la Av. Luperón.

Como parte de este proceso de modernización, creamos y habilitamos Centros de Servicios y Asistencia Ciudadana en los municipios de San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, Azua, y se encuentra en estado de construcción el Centro de Servicios de La Romana. Por esta vía expedimos 433 mil 165 actas, legalizamos 1 millón 415 mil 064, para un total de servicios ciudadanos de expedición de documentos de 1 millón 848 mil 219. En esta misma área recibimos 13 Oficialías del Estado Civil automatizadas y actualmente disponemos de 54 Oficialías totalmente automatizadas, y cinco unidades móviles, además de los ya citados Centros de Servicios, Cedulación y Unidades Móviles de Captura de Datos Biométricos y Declaraciones Tardías.

Estos servicios ciudadanos, por primera vez, fueron llevados al exterior, siendo el único país que garantiza atender las demandas ciudadanas y dotarlos de Actas de Nacimiento y cédula, sin tener que viajar a Santo Domingo. En esas dependencias hemos brindado 53 mil 574 servicios a los ciudadanos.

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Iniciamos el Proyecto de Captura de Datos Biométricos del Ciudadano, con el propósito de lograr la unicidad total de los actos registrales, captando a la fecha la información facial, dactilar y la firma de 1 millón 272 mil 114 ciudadanos, no obstante las restricciones y limitaciones que hemos atravesado por razones presupuestarias.

Esta labor ha sido posible gracias a la entrega y dedicación de nuestro personal gerencial, de los empleados y servidores de la JCE a nivel nacional, de la comprensión y del apoyo de los partidos políticos y de la ciudadanía.

Precisamente, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia de nuestro personal, la Cámara Administrativa introdujo una serie de políticas dirigidas a fortalecer el rendimiento laboral del mismo, desarrollando las siguientes políticas de recursos humanos:

•ElaboracióndelManualdeClasificacióndePuestos. •ElaboracióndelManualdeAdministracióndeRecursos

Humanos. •Elaboración de ReglamentoDisciplinario para

empleados. •PropuestadeManualdeInducción. •PropuestadeReglamentacióndeVacacionesyPermisos. •EstablecimientodelSistemadeRegistrodeEntraday

Salida por captura de huellas dactilares. •Implementacióndepagopornóminaelectrónica. •Implementación de evaluación, con la aplicación de

pruebas psicométricas para el Reclutamiento y Selección del personal de nuevo ingreso.

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•Levantamiento físico de todas las direcciones ydepartamentos, con el objetivo de reformular las estructuras orgánicas en los casos que sean necesarios y reubicación del personal de acuerdo a las funciones desempeñadas y a la dependencia donde esté físicamente ubicado.

•LevantamientofísicoentodaslasOficialíasdelEstadoCivil, con la finalidad de unificar las funciones y metodología de trabajo que permita crear un modelo de gestión.

•Aplicacióndeunaunificaciónsalarial,reajustesysalariomínimo.

•Desarrollodeunapolíticadesaneamiento,conel finde mejorar la imagen institucional y la confianza de los usuarios, prescindiendo de los servicios de aquellos empleados involucrados en actos dolosos.

•Sehadotadodeuniformeaunagranpartedelpersonalde la institución, tanto de la sede central, Oficina Central del Estado Civil, Oficialías del Estado Civil y Juntas Electorales del territorio nacional.

Los beneficios de estas políticas hacia los empleados se traducen en servicios de seguro médico, de vida, gastos funerarios, gastos de representación (ampliado a los miembros titulares de Juntas Electorales), almuerzo, transporte, pensión, jubilación y reconocimiento al mérito. Estos niveles de beneficios han dado lugar a un alto grado de satisfacción en nuestra empleomanía. Paralelamente a estas facilidades, hemos desarrollado programas de capacitación a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para 1,296 empleados, talleres y cursos de capacitación tecnológica a 331; talleres y cursos a 65 directores, encargados y supervisores y, finalmente, este año que transcurrió, integramos la nómina completa de las Oficialías del Estado Civil, asumiendo estas políticas públicas de documentación, como una responsabilidad estatal.

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Uno de los mayores beneficios obtenidos por los empleados ha sido el proceso de nivelación y aumento salarial, expresado de la siguiente manera:

Esta política salarial se ha hecho exclusivamente con el personal auxiliar, subalterno, medio y de gerencia directa, sin incluir a los Miembros Titulares de la JCE que, desde el año 2005, reciben los mismos ingresos, con la diferencia de que, a partir de octubre del 2007, se les empezaron a deducir de su remuneración los impuestos a algunos de esos accesorios. En este sentido, esta Cámara Administrativa y la JCE, en materia salarial, no ha sufrido ningún tipo de incremento o cambio.

Al recibir la Cámara Administrativa de la JCE el 28 de noviembre del 2006, la Dirección Financiera rindió un informe al Presidente del Pleno de la situación de la institución. A decir de la Directora Financiera de ese momento, disponíamos en términos reales de 9 millones 838 mil 054 pesos con 46 centavos, sin incluir las cuentas inactivas. Teníamos una deuda de 66 millones 734 mil 769 pesos con 39 centavos y un déficit, proyectado al mes de diciembre de ese año, de 22 millones 616 mil 283 pesos con 10 centavos. Es

Ubicación Empleados Sueldo 2008 Aumento Bruto

Enero Diciembre

Sede Central 1,228 21,305,444.61 29,971,055.80 8,665,611.19

Oficialías Civiles

1,049 6,075,381.00 10,271,332.00 4,195,951.00

Juntas Electorales

1,015 9,061,289.68 13,806,596.00 4,745,306.32

Totales RD$ 3,292 36,442,115.29 54,048,983.80 17,606,868.51

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decir, unos 89 millones que, en su mayoría, correspondían a cargas fijas y compra de bienes y servicios. Como se puede observar, no recibimos una institución saneada ni en condiciones financieras saludables, sino todo lo contrario.

Con mucha frecuencia hemos escuchado en los últimos días, tanto al interior de la JCE como fuera de ella, la opinión de algunos críticos, en el sentido de que la buena administración de los recursos asignados en el presupuesto consiste en guardarlos y no gastarlos, lo cual implica una contradicción, ya que se supone que lo presupuestado es lo que se prevé invertir y gastar.

Esas opiniones, que forman parte de la vieja visión de administrar precariedades y deficiencias y no resolverlas, me motivan a concluir estas palabras dando lectura a un pasaje bíblico, contenido en el Libro de san Mateo, Capítulo 25, Versículos del 14 al 30, con el propósito de iluminar las mentes y corazones de cada uno de ustedes e impregnarlos de toda esta sabiduría que irradia. Citamos:

Parábola de los talentosMateo 25.14-30

14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.

15. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.

16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.

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17. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.

18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.

19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.

20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.

21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.

23. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;

25. por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.

26. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.

27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.

28. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.

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29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

28 de marzo del 2009

Proceso Electoral de laRepública Dominicana

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En nombre de la Cámara Administrativa de la JCE, les hacemos saber que su presencia nos llena de satisfacción, ya que por nueva vez, esta ocasión es propicia para presentarles y explicarles las propuestas y proyectos que tenemos de cara a las elecciones presidenciales de mayo del próximo año, respecto a un tema de cardinal importancia, como lo es la Regulación y Control de las Campañas Electorales.

Para tal propósito, la Cámara Administrativa de la JCE ha organizado un “Diplomado en Administración Electoral”, en coordinación y con el aval académico de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

El objetivo de este diplomado es contribuir con la formación especializada de profesionales de las ciencias sociales y ciudadanos interesados en el tema electoral, actualizando su formación con una visión moderna de la administración electoral, con el propósito claro de elevar su nivel de análisis y de debate de los temas relativos a la materia.

Además, lograr que nuestros funcionarios y los propios representantes de los partidos, y actores por excelencia del proceso, se integren con esta nueva visión y realicen aportes sustanciales para bien del proceso electoral.

Campaña Electoral: Regulación y Control

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Como parte del diplomado, hemos querido iniciar con dos eventos importantes que nos dirigen a los temas básicos del mismo, el que hoy desarrollamos, titulado: “Campaña Electoral: Regulación y Control”, y el que tenemos pautado para el 28 y 29 del mes que discurre, sobre el “Financiamiento de la Campaña Electoral”.

El inicio de este Diplomado en Administración Electoral persigue abrir un debate sobre los temas tratados en el mismo, en un momento en que la JCE se avoca a conocer las reglamentaciones y resoluciones que regirán los comicios pautados de cara al 16 de mayo del año próximo.

Lo normal ha sido abordar en conjunto el tema de la regulación y el control de las campañas con el financiamiento de las mismas. Esto ha traído como consecuencia que, en los hechos, haya una abundante literatura y se hayan producido debates de mucho interés respecto a la financiación de la campaña. Y sin embargo, en sentido general, se ha descuidado el tema de la regulación y control, que evidentemente tiene una mayor amplitud que el segundo.

Como parte del seminario, se nos ha encomendado hacer una introducción sobre el tema: “Marco Regulatorio de las Campañas Electorales en la República Dominicana”. Trataremos, con la brevedad que aconseja este evento, de presentar someramente cuáles son las disposiciones contenidas en nuestras leyes sustantivas y adjetivas respecto al tema, y hacer algunas precisiones y sugerencias que la Cámara Administrativa depositará ante el Pleno de la JCE, para fines de discusión, análisis y aprobación.

Consideramos conveniente precisar que, generalmente utilizamos el concepto de proceso electoral como sinónimo de campaña electoral, y ocurre que el proceso electoral no es más que una

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secuencia de actividades y actos establecidos en nuestras leyes, que tienen como meta planificar, organizar, evaluar, dirigir y ejecutar el montaje y realización de las elecciones, hasta el momento del cierre con la declaración y publicación de los resultados. Mientras que la campaña electoral es parte del proceso electoral y a su vez del período electoral mediante el cual los partidos políticos, agrupaciones independientes o candidatos proyectan hacia el ciudadano su plataforma y su concepción ideológica y política, en el propósito de ganar su favor e inclinar en su beneficio sus preferencias políticas, valiéndose de los instrumentos y recursos que le proporcionan la ley y la costumbre.

En nuestro caso, nos centraremos en el marco regulatorio, obviando los elementos de carácter político-partidista que acompañan y rigen las campañas electorales. De tal manera, que podamos colocar el contexto en el cual se desarrollará la campaña electoral venidera, ubicando la normativa establecida por la ley, el reglamento y los órganos de control.

Disposiciones de la Ley Sustantiva

La Constitución de la República, en varios de sus articulados, define cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos, y de manera muy taxativa, establece cuáles deben ser preservados, aún en el marco del proceso electoral. Asimismo, establece las características de nuestro órgano electoral, su capacidad de conducción y organización del proceso electoral.

Como uno de los derechos fundamentales del ciudadano, se establece el de elegir y ser elegido, consignando en su artículo 13 el derecho al ejercicio del voto con arreglo a la ley, así como el derecho a ser elegido en condiciones similares. Es decir, que si

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bien es cierto que se consagra el derecho universal al voto, no es menos cierto que lo condiciona a que el mismo se ejerza con estricto apego a la ley, que al tenor de la Ley No. 275-97, no es más que cumplir con el requisito de disponer de una Cédula de Identidad y Electoral, estar inscrito en el padrón de concurrentes, estar ubicado en un recinto determinado y en un Colegio Electoral, así como no estar afectado por ninguna de las condiciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Constitución de la República, sobre la pérdida y suspensión de los derechos de ciudadanía.

Ya previamente, el artículo 8 de nuestra Carta Magna establece que, la finalidad principal del Estado es: “La protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

Conforme a este título constitucional, cada uno de los literales y numerales en él contenidos, deben ser resguardados en lo que sea aplicable en el curso de todo proceso electoral, en el caso de los partidos, sus candidatos y en el desarrollo de su campaña, destacándose obviamente los numerales 5, respecto a la libertad de pensamiento, 7, sobre la libertad de asociación y reunión, 8, sobre la libertad de conciencia, y 9, relativo a la inviolabilidad de la correspondencia, inviolabilidad del secreto de la comunicación telegráfica, cablegráfica y telefónica, entre otros.

De su parte, el artículo 38 de nuestra Constitución reserva el derecho a nuestro órgano electoral, en su literal d), al uso de las iniciativas legislativas en asuntos electorales en la formulación y efecto de las leyes.

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En otro orden, el artículo 88 retoma el ejercicio de los deberes del ciudadano, estableciendo la obligatoriedad del sufragio, la forma del ejercicio del voto y las limitaciones para el mismo. Los artículos 90, 91 y 92 disponen de manera expresa que las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral (JCE) y por Juntas dependientes de ésta. Este mismo articulado concluye indicando que, la JCE posee la facultad de juzgar y, sobre todo, que es nuestro interés en esta materia destacar, le otorga a la JCE la facultad de reglamentar de acuerdo con la ley.

Es evidente que el constituyente quiso dejar en manos de la JCE la reglamentación de los aspectos no previstos en la Constitución y en la propia ley adjetiva, con la finalidad de garantizar el perfeccionamiento constante del sistema electoral dominicano.

Como todo país democrático, consagramos la libertad de organización de los partidos políticos en el artículo 104 y otros derechos y deberes, de los cuales somos signatarios, incluso, en convenciones internacionales.

Como es normal, es importante conocer de estas disposiciones de carácter constitucional, ya que constituyen el origen de todas las leyes adjetivas, reglamentos, resoluciones y decisiones que debe adoptar la JCE en el marco de la regulación de la campaña electoral en la República Dominicana.

La Ley No. 275-97 en el Marco de Regulación de la Campaña Electoral

En relación con la Ley Electoral, en su artículo 3, se establece que la JCE constituye una entidad de derecho público, con su propia personería jurídica, con capacidad para revisar los actos que le fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, con autonomía económica y presupuestaria, y el poder reglamentario, ya previamente definido en la Constitución.

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Establece las atribuciones del presidente en su artículo 5, y en su artículo 6, las atribuciones de cada una de las instancias que intervienen en el proceso.

En una intervención sobre este particular, a propósito de una invitación del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el Dr. Luis Nelson Pantaleón González, ex Miembro Titular de la Cámara Contenciosa de la JCE en el período pasado, definió las atribuciones de cada una de las instancias de la siguiente manera:

“El Pleno tiene en última instancia la máxima responsabilidad del buen funcionamiento del organismo y sus dependencias, incluyendo las Oficialías del Estado Civil.

La Cámara Administrativa de la JCE es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el montaje del proceso electoral, para lo cual tiene a su disposición los recursos humanos, técnicos y financieros con que cuenta el organismo para esa finalidad. Tiene además la obligación medular de lograr que el proceso sea ordenado, libre, imparcial, transparente y confiable.

Por su parte, la Cámara Contenciosa Electoral tiene a su cargo la función de arbitrar, o sea, dirimir todos los conflictos que surjan entre partidos y/o candidatos en ocasión de un proceso electoral, así como resolver los litigios que a menudo surgen a lo interno de los partidos, tanto al elegir sus candidatos a cargos públicos de elección popular, como al escoger las propias autoridades partidarias.”

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Sobre el Período y Duración de la Campaña Electoral

Como ya indicamos, los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, establecen con precisión cuál es la fecha en la que se reunirá de pleno derecho la Asamblea Electoral, para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República, que será el 16 de mayo cada cuatro años, y las llamadas elecciones de término medio, que serán dos años posteriores para esa misma fecha, que corresponderá a la elección de Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores. El párrafo del artículo 90, que fue el causante de la crisis electoral del año 1994, establece una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, cuarenta y cinco días después de la primera.

Precisamente, la Ley Electoral vigente, en su artículo 88, establece cuál es el período de inicio y terminación de la campaña electoral, cuando señala que: “El período electoral se declarará abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos”.

Ya previamente, el artículo 87 ha establecido que la proclama será publicada 90 días antes en que deba celebrarse la elección; es decir, que la proclama electoral y la apertura de la campaña electoral, deben producirse el 16 de febrero del año 2008, para las elecciones venideras.

Extrañamente, los partidos políticos que obtuvieron un mayor nivel de votación en las dos últimas elecciones, que debieron haber iniciado su precampaña en el mes de noviembre del presente año, ya han agotado este plazo, y desde el mes de septiembre del año 2006 a la fecha, se encuentran inmersos en una febril precampaña electoral que, por su forma, ha desbordado los límites de la misma y se ha convertido en una campaña nacional.

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El argumento expuesto por los dirigentes políticos es que la ley no prevé la prohibición de la realización de campaña electoral fuera de los plazos establecidos. Es la opinión de la Cámara Administrativa, que todas las actividades de campaña que se desarrollan al margen del período establecido en los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, constituyen actos que vulneran la legislación vigente, ya que cuando el legislador ha establecido que el período electoral queda abierto con la proclama y termina con la elección, está definiendo de manera expresa que todos los actos de promoción propios de una campaña electoral realizados fuera de este plazo, contravienen la Ley Electoral.

Preocupado por este fenómeno extraño, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo de Santiago, en su homilía a propósito de una misa ofrecida en las instalaciones de la JCE, nos expresaba lo siguiente:

“El año pasado apenas salimos de las Elecciones Congresuales y Municipales, cuando ya algunos partidos empezaban a abrir sus campañas para elegir candidatos presidenciales para las elecciones del 2008, con el agravante de que ya las primarias no son internas, sino verdaderas campañas nacionales, a través de los periódicos, la radio y la televisión, en calles y avenidas, y hasta con caravaneos y bandereos.

”Extranjeros que han venido al país últimamente, asombrados por la abrumadora cantidad de propaganda política que ven en calles y carreteras, preguntan cuándo son las elecciones presidenciales. Y algunos no pueden creerlo cuando se les dice que faltan más de 13 meses.

”Las extensas campañas electorales dominicanas conllevan un costo muy elevado, han encarecido excesiva y perniciosamente el costo de nuestra democracia.”

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Continuaba indicándome:

“Se afirma hoy con frecuencia, que el gran peligro de las elecciones del futuro ya no está en los fraudes, sino en quién las paga. Se impone, como primer paso, el que las autoridades electorales ejerzan las funciones de guardianes de la Ley Electoral, y procedan a elaborar los reglamentos correspondientes, tal como avanzó el mes pasado el presidente de la Cámara Administrativa, Dr. Roberto Rosario. La sanidad de nuestra democracia demanda con urgencia que se impongan límites a las campañas, sean primarias o nacionales, y al gasto por candidatos y partidos, estableciendo un sistema de absoluta transparencia, tanto de las fuentes de financiamiento como del gasto mismo. Esto es más justificable y necesario por cuanto año por año crece la suma que aporta la ciudadanía a los partidos, a través de la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos.”

Precisamente, inspirado en el ejercicio pleno de nuestras atribuciones, en la necesidad de que asumamos con responsabilidad las funciones que nos han sido encomendadas, y en la homilía de monseñor De la Rosa y Carpio, acogiendo la misma íntegramente, el cuerpo de técnicos y especialistas en la materia en la Dirección Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral, han elaborado un documento denominado: “Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación”, el cual ha sido revisado y enriquecido por la Cámara Administrativa, y que el próximo lunes será colocado a disposición del Pleno de la JCE para su discusión, consulta y aprobación.

En ese mismo sentido, la Dirección Nacional de Elecciones ha preparado todo el cuerpo de resoluciones y reglamentos propios del proceso electoral, que suman 17 en total, y que tienen que ver directamente con el proceso electoral. Igualmente, estamos

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colocando, para consulta, discusión y aprobación, tres reglamentos adicionales a los ya indicados, que tienen que ver con la campaña electoral en sí.

Sobre la Campaña Electoral en los Medios de Comunicación

En días anteriores indicamos que uno de los aspectos más difíciles de tratar en un proceso electoral, era el control y la regulación de la campaña electoral, en relación con los medios de comunicación, las empresas nacionales e internacionales de propaganda, difusión y consultas, ya que alrededor de la política hay todo un mundo de negocios con intereses que giran en torno a la misma.

En tal sentido, en la parte relativa a los medios de comunicación, en el Capítulo 4 del citado documento, estamos proponiendo reglamentar el uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, en lo siguiente:

a) El cumplimiento del mandato de la ley, en el sentido de que se respete la libertad de expresión, de conciencia y que impere el principio de la inviolabilidad de la comunicación cablegráfica, telegráfica y telefónica.

b) Que se respete el principio de igualdad de acceso a los medios de comunicación, establecido en el artículo 94 de la Ley Electoral, así como de garantía de mantenimiento de tarifas, de tal manera que las tarifas que se utilicen para fines de divulgación política, sean las acostumbradas y similares a las que se usan en asuntos comerciales, profesionales o de cualquier índole.

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c) El cumplimiento del mandato legal de que los abastecedores de mercancía en general no produzcan precios diferentes a los acostumbrados e impidan o nieguen a determinado partido el suministro de los mismos.

d) Igualdad de espacios, conforme a los principios de equidad, una vez inscritas las candidaturas oficiales, y

e) Restricción de frases contrarias a la decencia, al decoro y a la dignidad de los partidos, agrupaciones políticas y sus candidatos.

Para la ejecución de estas medidas, la JCE puede prevalecerse, en relación a los partidos y a los candidatos, de la parte in fine del artículo 94, literal d), respecto a las admoniciones, así como del párrafo segundo del artículo 47 de la Ley Electoral.

Con relación al desarrollo del proceso electoral, corresponde a la Cámara Administrativa dar cumplimiento al literal d) del artículo 6 de esta ley, en el sentido de que ésta debe garantizar el sufragio de todas las garantías necesarias.

Respecto a la Propaganda Electoral

En relación a la propaganda electoral, las reglamentaciones de las que disponemos permiten tomar algunas medidas cautelares en la misma, y aunque estamos sometiendo un reglamento sobre la propaganda electoral, que se apoya en el artículo 92 de la Constitución de la República, que otorga facultad reglamentaria a la JCE, siempre y cuando las disposiciones reglamentarias de este órgano estatal no sean contrarias a la misma Constitución y a

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las leyes, así como a las previsiones contenidas en los artículos 170 y siguientes de la Ley Electoral. Iniciaremos de inmediato algunas medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley.

En efecto, la Ley Electoral en su artículo 6, numeral j), establece que es atribución de la Cámara Administrativa: “Tomar las medidas de lugar, en coordinación con las autoridades que correspondan, con miras a que la propaganda mural no afecte el medio ambiente ni dañe o lesione la propiedad privada ni las edificaciones ni monumentos públicos”.

En cumplimiento de este articulado, a través del presidente de la Junta Electoral de Santiago, Lic. Jaime Tomás Frías Carela, estamos iniciando un acercamiento con el síndico de esta ciudad, Lic. José Enrique Sued, para iniciar una campaña y convertir a Santiago en una ciudad modelo en el uso de la propaganda y el proselitismo electoral. Además de requerir del síndico municipal que proceda de inmediato a limpiar de propaganda que contenga proselitismo político a destiempo, que afecte el medio ambiente, la propiedad privada y las edificaciones y monumentos públicos.

Con fines similares estamos iniciando los contactos con el síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, con el propósito de rescatar, para dar fiel cumplimiento, un reglamento denominado: “Pacto de Regulación de la Propaganda Política y Respeto al Ornato Público en el Distrito Nacional”, de fecha 10 de octubre del 2001, para que el mismo sea actualizado, se renueve en el Distrito Nacional y se implemente en todos los ayuntamientos del país.

Está demás indicar, que para la Cámara Administrativa de la JCE toda la propaganda de promoción de candidaturas y de propuestas electorales que han sido colocadas a destiempo, no se encuentran amparadas en el ordenamiento legal electoral establecido.

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Sobre las Manifestaciones Públicas

La Cámara Administrativa de la JCE ha asumido la necesidad de regular la realización de manifestaciones, mítines o reuniones públicas con carácter proselitista, garantizando que se realicen con el más amplio sentido del respeto a la ley y los derechos de asociación, de libertad de tránsito, de conciencia y de expresión, de manera tal que todos los actores del proceso puedan llevarla a cabo sin producir fisuras entre sí y sin generar alteración del orden y la paz públicos. Precisamente, en el Reglamento sobre Campaña Electoral, hemos introducido algunas regulaciones al respecto.

En este mismo sentido, estamos reintroduciendo un reglamento sobre manifestaciones políticas públicas, que fue sometido por primera vez en la JCE en el mes de noviembre del año 1999, y que finalmente no fue aprobado por ese Pleno, para fines de discusión, consulta y aprobación.

Sin embargo, en lo que se aprueba el mismo, es opinión de la Cámara Administrativa, que las actividades como marchas, concentraciones, mítines, caravanas, bandereos, uso de disco light y otras parecidas, realizadas en lugares no techados, constituyen acciones extemporáneas, no pautadas por la Ley Electoral, toda vez que las mismas son actos de proselitismo político y propias del período electoral legalmente establecido.

Las infracciones a las disposiciones del reglamento propuesto constituyen un delito electoral, que será sancionado de conformidad con las previsiones del acápite 22, artículo 173 de la Ley Electoral No. 275 - 97 y sus modificaciones.

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Las Encuestas: Regulación y Control

Por primera vez estamos introduciendo, para fines de estudio, consulta, discusión y aprobación, un conjunto de disposiciones para organizar la realización y publicación de las encuestas y sondeos de opinión.

La propuesta consiste en crear un registro de empresas encuestadoras ante la JCE para fines estrictamente electorales y políticos, y en establecer pautas respecto al control de las fichas técnicas y respecto a los plazos para la presentación de la misma, limitándolo en su última publicación a diez días antes del día de votación.

Lo que se persigue es proteger al ciudadano de la proliferación de encuestas o sondeos de opinión, cuyo único propósito es desinformar y desorientar al votante, impidiendo que haya un correcto discernimiento de la verdad por el mismo.

Limitaciones y Restricciones

Como ya hemos indicado, la Constitución de la República contiene una serie de restricciones y limitaciones que están dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos individuales y sociales del ciudadano, además de reglamentar el ejercicio del voto.

En ese sentido, se destacan las limitaciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a realizar actividades de proselitismo político, las limitaciones a hacer uso de los derechos de la libertad de expresión para atentar contra la dignidad y la moral de las personas, el orden público y las buenas costumbres, tal como lo

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prevé el artículo 8 de la Constitución, así como las limitaciones propias de restricciones a la libertad de asociación, reunión, libertad de conciencia, a la inviolabilidad de la correspondencia y del secreto de comunicación telefónica, telegráfica y cablegráfica.

Toda campaña electoral, en consecuencia, debe ser organizada por los partidos políticos. De manera tal que, en el ejercicio del derecho a la libre organización, como lo prevé el artículo 104 de la Constitución, no se generen privilegios que quebranten la igualdad y la equidad necesarias del proceso ni se afecten los derechos sociales y políticos anteriormente citados.

Los Órganos de Control

Como hemos indicado anteriormente, el principal órgano de regulación y control de la campaña electoral lo constituye la JCE, a través de cada una de sus instancias. Esto está claramente definido en el artículo 6 inextenso, y en todos los articulados de la ley No. 275-97 con sus modificaciones, y en los artículos desde el 80 hasta el 92 de la Constitución de la República.

Accesoriamente, como órgano de control, la JCE tiene que valerse de instituciones como los ayuntamientos, para la regulación y el control de la propaganda escrita y visual; de los tribunales ordinarios, para el conocimiento de las infracciones de carácter penal previstas en los artículos 170 y siguientes de la Ley Electoral, y muy en especial, del artículo 170 que establece lo siguiente: “Los tribunales penales del Poder Judicial son los encargados de juzgar las infracciones electorales, cuya persecución corresponden al Ministerio Público por apoderamiento de parte interesada”. De igual manera, para fines de control de las manifestaciones públicas en el período electoral y de campaña, los cuerpos militares y

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policiales estarán a disposición de la JCE, para garantizar el orden público, sin afectar los derechos políticos, de asociación, de expresión y de tránsito.

Como ya indicamos anteriormente, la parte relacionada con el financiamiento de la campaña, la transparencia en el origen y uso de los recursos de que dispongan los partidos, así como la regulación sobre el uso de los recursos del Estado, serán abordados en el seminario fijado para el 28 y 29 del mes en curso, razón por la cual no hemos tocado este aspecto.

Finalmente, estamos conscientes de que alrededor de nuestras propuestas se va a producir un debate, con respecto a la pertinencia o no de la misma, ya que históricamente se ha rehuido enfrentar situaciones como las planteadas, bajo el alegato de que no están previstas en la ley.

No es ocioso recordar que, para establecer Sueldos y Salarios del Estado a los Oficiales del Estado Civil, tuvimos que esperar quince años, desde el año 1992 hasta la fecha, para supervisar y fiscalizar las Asambleas Electorales llamadas Primarias y Convenciones de los partidos políticos, tuvimos que esperar diez años, es decir, desde el año 1997.

La Cámara Administrativa entiende que estamos en el momento justo de iniciar un proceso de regulación de la campaña para proteger al ciudadano y definir reglas claras que, al final, también redundarán en beneficio de los propios partidos. Entendemos que hemos salido con éxito del proceso de supervisión de las Primarias de los Partidos; aunque debemos corregir algunas deficiencias. Igual ocurrirá con la aplicación de estas propuestas de regulación y de control de la campaña electoral, y con la ejecución de la ley. Para que esto sea posible, los partidos políticos,

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la iglesia, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general, deben contribuir a crear un estado de conciencia al respecto, deben acompañar a la Junta Central Electoral en una tarea de la magnitud que hemos anunciado, ya que el adecentamiento y la reglamentación del ejercicio de la política, es un compromiso de todos.

14 de junio del 2007

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El tema que trataré significa que debo fijar posiciones sobre aspectos que no han sido decididos; pero dicen que cuando un pensador está acostumbrado a fijar posición sobre un hecho, y ese hecho ocurre y no fija posiciones, desde el momento en que deja de fijar posiciones, está fijando posiciones. En consecuencia, yo así lo haré.

Hoy es un día muy especial para la Cámara Administrativa de la JCE, ya que asistimos a la clausura del Diplomado en Administración Electoral que hemos organizado junto a la Universidad Católica de Santo Domingo. En nuestra presentación al inicio de este diplomado, los días 14 y 15 de junio del año en curso, establecimos que el objetivo de este diplomado es contribuir con la formación especializada de profesionales de la ciencias sociales, representantes de los partidos y ciudadanos interesados en el tema electoral, actualizando sus conocimientos con una visión moderna de la administración electoral, con el propósito claro de elevar su nivel de análisis y de debate de los temas relativos a la materia.

Insistimos en el interés nuestro de lograr que los representantes de los partidos políticos y los funcionarios de la propia institución se integren en este proceso de formación y sistematización del derecho electoral, y que se apoderen de la nueva visión en esta materia, para poder realizar aportes sustanciales en un proceso de reforma que tratamos de encauzar.

Ref lexiones Sobre Administración Electoral en la República Dominicana

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El Diplomado de Administración Electoral se inició con dos procesos importantes. El primero, titulado: “Campaña Electoral, Regulación y Control”, y el segundo: “Sobre el Financiamiento de la Campaña Electoral”, ambos concebidos con temas importantes que gravitarían en todo el trayecto del mismo. El propósito es claro: se perseguía abrir un debate sobre la administración Electoral y, muy especial, sobre los dos aspectos anteriormente citados. No sólo en el interés de contribuir con la formación de un personal capacitado y educado en las mejores de las fuentes del derecho electoral, sino también en el interés de crear un estado de conciencia en la comunidad política. Para que esto sea posible, los partidos políticos, la iglesia y los ciudadanos en general, deben contribuir a crear este estado de conciencia y acompañar a la JCE en una tarea de la magnitud que hemos anunciado, ya que el adecentamiento y la reglamentación del ejercicio de la política es un compromiso de todos.

En estos tres meses de ardua labor educativa, ante ustedes han desfilado expositores nacionales e internacionales con diversos enfoques y visiones sobre el tema objeto de estudio. La metodología empleada fue propiciar foros de discusión girando alrededor de exposiciones centrales. Invitamos como expositor a Eduardo Núñez, politólogo y catedrático universitario de Costa Rica, que centró su exposición en una comparación sobre las regulaciones en el caso latinoamericano, estableciendo básicamente lo siguiente: “Si de algo se carece hoy por hoy, es de un estudio comparado en Latinoamérica sobre regulación de campaña; excepto ciertos esfuerzos hechos en el ámbito académico por CAPEL, en asociación con algunas organizaciones académicas”.

Resumiendo sobre estas posiciones, no existe una tendencia homogénea en América latina sobre el tema. Más bien hay tres o cuatro preocupaciones generales. A saber. Primero: la preocupación por la certeza, es decir, que no hayan cambios en las normativas electorales que puedan generar desequilibrios en

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la competencia electoral entre las fuerzas políticas. Segundo: una preocupación reciente por la equidad en los términos de partidos, que no hayan desequilibrios, con ninguna de las fuerzas políticas en ejercicio formal del poder público. Tercero: una preocupación reciente por la competitividad del sistema, o sea, que no sólo haya criterio de igualdad o equidad en las condiciones de partidas de la regulación, sino que las regulaciones incentiven la competencia y, en cierto grado, la incertidumbre en cuanto a resultados electorales. O sea, que no haya resultados electorales predecibles como resultante de una norma que se ajuste a los intereses de una u otra organización. Y cuarta: una preocupación reciente, cada vez mayor, por la transparencia y la limpieza, que algunos llaman “la sinceridad de las elecciones”, lo que hace posible ver las elecciones y entender los resultados que corresponden a las fuerzas políticas, según el marco normativo.

Por su parte, la Lic. Luisa Alejandra, Consejera Electoral de México, se centró en exponer sobre las Campañas Electorales, Equidad y Democracia en México, destacando que la campaña electoral en ese país, para las elecciones presidenciales tiene un período de 5 meses y medio, para los senadores 3 meses, y para los diputados, 2 meses y medio.

Recordó que en el caso mexicano, en el marco regulatorio de la campaña, está consignado en el artículo 41 de la Constitución de la República, así como en la inscripción de procedimiento electoral. Centró su exposición, básicamente, en el análisis de la equidad por medios masivos de comunicación y el uso de los mismos por parte de los políticos de ese tema, así como en el control que tiene el tribunal electoral sobre los gastos de campaña, presentando la asistencia de los jefes de campaña, que incluye lo que será demostrativo de campaña, precio en TV, incluyen financiamiento público con todas las aportaciones privadas que recibe el partido. A su vez, expresó la asignación de recursos para programas permanentes de los partidos vinculados con los resultados electorales de procesos anteriores.

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En el caso mexicano, nos anunció la facultad que poseen las instituciones de control respecto a las informaciones electorales en los noticiarios de radio y televisión, así como la capacidad del Instituto Federal de intervenir en la propaganda negativa. Calificar y establecer los procedimientos para su regulación. En ese aspecto, los más notorio es que en televisión fue que el tribunal electoral definió un procedimiento para el cual pudo resolver 18 quejas relativas a este tipo de propaganda y ordenó retirar del aire 22 spots de radio y televisión. Al resumir su intervención, afirmó que este aspecto del control de la propaganda y el contenido de la misma es uno de los principales retos que se tiene por delante para las futuras campañas.

De igual modo, contamos con la magistral exposición de Juan Ignacio García Rodríguez, uno de los funcionarios de mayor renombre en América Latina, con varias décadas de servicio electoral y actual director del Servicio Electoral de Chile, una verdadera institución en la materia, cuyos años de experiencia y madurez comparte con otros de la talla de Carlos A. Urruty Navatta, del Tribunal Electoral de Uruguay. La función de García Rodríguez fue organizar los procesos electorales.

Entre las aportaciones realizadas, destaca la existencia de una ley que regula el gasto electoral, tomando una media de los últimos 6 meses anteriores al inicio de la campaña electoral y comparándolo con el promedio de gasto al ultimo año, así como la regulación a partir del 1962, de la propaganda electoral para la prensa, limitando el periodo de regulación de la campaña a 15 días antes de la elecciones de senadores y diputados o municipales, y durante 45 días quedaba limitada la propaganda para las elecciones presidenciales, amén de las represiones a la propaganda gráfica.

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Pero de todas sus aportaciones, las más importantes fueron: a) la existencia de un límite de plazo electoral dependiendo del nivel de candidatura; b) la obligatoriedad de los candidatos y los partidos de tener un personal administrativo, o un administrador electoral que garantice un control contable de sus ingresos y gastos, y como dice el mandato de ley: debe rendir cuentas desde los 30 días de trascurridas las elecciones; y c) la existencia de una franja electoral regulada por la presencia del Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Como parte de los expositores, también tuvimos al Director de Gestión Electoral, Dr. Carlos Echeverry Londoño, y a la Dra. Adelina Cobo, Consejera Nacional de Electoral, ambos de Colombia, quienes, evidentemente, incitaron la atención de los presentes. La Dra. Cobo hizo una exquisita disertación de los conceptos fundamentales de la democracia de derecho cívico y de la evolución de la democracia, y el derecho al voto de los ciudadanos, desde la democracia clásica del siglo XV hasta la época actual. Así como una clasificación y conceptualización de los sistemas electorales y de los instrumentos de la administración electoral, al igual que una presentación de su misión, de los retos y desafíos de la administración electoral, de cara al nuevo milenio.

Por su parte, el Dr. Echeverry nos dio una explicación exhaustiva de la composición de los órganos electorales, de las instituciones, de la regiduría de Colombia. Como órgano de la legislación colombiana, le corresponde la legislación de las elecciones, de la dirección del Registro Civil y la identificación de la persona. Obviamente, llamó la atención la explicación y respecto a la elección presidencial, sobre todo, la ley que obliga al presidente a anunciar seis meses antes de su decisión de optar por las reelección, así como la novedad de tener un sistema especializado en el manejo de logística y el kit electoral. También, la fortaleza y

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el sistema de transmisión, no obstante descansar básicamente en procesos manuales y en transmisión de resultados provisionales por medio de telefonía, pese a tener un Registro Electoral mucho más débil y vulnerable que el nuestro.

He querido referirme básicamente a estos expositores, porque entiendo que los mismos recogen los elementos fundamentales del ejercicio académico a que se contrae el cierre de este evento.

Esto implica que, en alguna circunstancia, obviemos la aportación de otros expositores, sobre todo, en el ámbito del financiamiento de la campaña electoral, así como las interesantísimas exposiciones de los invitados nacionales, como es el caso del reverendo Padre Alonzo, el periodista Juan Bolívar Díaz, el politólogo José Oviedo, los delegados políticos César Pina Toribio, Jesús Colón, Tácito Perdomo, al igual que mis colegas de la Cámara Administrativa y el Pleno de la JCE, y de la homilía que fue dictada por este diplomado, ofrecida por el arzobispo de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio.

El propósito de este preámbulo es retrotraerlos al momento fundamental de este diplomado. Posiblemente algunos de ustedes esté convencido de que estoy tratando de rehuir abordar los temas sobre los cuales les gustaría escuchar nuestra opinión, que son los retos y desafíos de la administración electoral, de la competencia de los órganos electorales en nuestro país, del financiamiento y regularización de la campaña y, muy especialmente, del reglamento que verá el Pleno y que tratará sobre la erogación en la campaña, y particularmente que deberá conocerse pronto.

Efectivamente, Robert Nin y Joseph F., en su libro: “Las 48 leyes del poder”, nos aconsejan actuar de la siguiente manera: “No revelar nunca el propósito de sus acciones, manteniendo la gente en la mayor ignorancia posible; a tener en cuenta que cuanto

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más días, más vulnerable será, cuanto más hables, mayor será el riesgo de decir una tontería”, y en su ley No. 22, que de manera lapidaria establece. “Cuando usted sea el más débil, nunca luche simplemente por salvar su honor, opte, en cambio, por la capitulación”.

También llama la atención, prácticamente al empezar su obra, su afirmación de que “usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos”. A decir de los autores citados, éstos son los primeros en traicionarlos. Todas estas hipótesis, ya confirmadas por el tiempo, son conocidas por su inclinación, por su apego a la verdad. Actuar con sinceridad, exponer mi punto de vista despojado de incredulidades, confiar en la amistad y exponerme al escrutinio público, por aquello de que el que nada debe, nada teme. O como diría el profesor Juan Bosch en uno de sus célebres discursos del 1966: “El que no busca nada, no tiene porqué engañar. Algunas veces engañan a uno dándole un medio beso falso, otras veces vendiéndole una burra vieja diciéndole que es joven; pero siempre sin mancar una sola vez. El que engaña busca perjudicar al engañado y beneficiarse de él”. Por tanto, le aseguro que al final de mi exposición, caeré cándido exponiendo todo mi pensamiento ante ustedes, mis entrañables amigos.

Quiero hacer unas puntualizaciones sobre los procesos de la reforma electoral en República Dominicana. Aunque no pretendo hacerles un tratado sobre la historia electoral de la República Dominicana, es importante retrotraernos a los momentos de la historia electoral dominicana para entender la situación actual, sobre todo, para ubicarnos en cuáles circunstancias se han producido las reformas y los cambios electorales fundamentales.

A diferencia de muchos países de América Latina, nuestra democracia electoral, si pudiéramos llamarla así, es relativamente joven, no sólo por su existencia, sino por los diversos momentos

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en que su vivencia fue utilizada por el imperio de la fuerza. Para no abundar mucho sobre este tema, no resultará ocioso recordar que los acontecimientos que han marcado nuestra vida republicana son los que han sido el sustento fundamental de la reforma en el sistema político electoral. En efecto, aunque en el 1844 la República es independiente como Nación, en su discurrir sufrimos tres ocupaciones militares que cerraron toda posibilidad de desarrollo institucional, en ese periodo y en el milenio antepasado y principio antepasado. Al momento de la independencia estuvimos acosados por las asonadas constantes de inestabilidad política y militar, y una muy frágil existencia institucional. Los cambios de poder y mando se fundamentaron más en la fuerza que en la voluntad.

A principios del milenio recién transcurrido, la República Dominicana inició un proceso regresivo en la vigencia de las libertades públicas, de las instituciones democráticas. A partir del 16 de agosto del 1930, que a su vez fue seguido por el movimiento cívico del 23 de febrero del 1930, y que tuvo como líder a Rafael Estrella Ureña, Rafael Leónidas Trujillo y el Dr. Joaquín Balaguer, esto abrió las puertas para un sistema unipartidista en la República Dominicana.

Todos sabemos que en el sistema de partidos, el mayor resultado es la eliminación o supresión de toda su pasión plural, o disidencias de todos los puntos de vistas oficiales imperantes, y se prolongó hasta el ajusticiamiento del dictador.

Vamos a recrear algunos de los párrafos contenidos en el libro “Memorias de Un Cortesano en la Era de Trujillo”, que a nuestro modo de ver, retrata la realidad a la que fueron sometidas nuestras instituciones democráticas. Citamos: “Cuando estalló el 23 de febrero del 1930 el llamado Movimiento Cívico contra el gobierno del general Vásquez, apresuradamente algunas

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horas antes se anunció al país que el móvil obedecía a un acto subversivo”. En la página 63 del citado libro, el Dr. Balaguer expresa lo siguiente: “En el año 1937, un alto oficial del ejército se acercó para informar que una banda de merodeadores haitianos había penetrado en territorio nacional portando un gran número de reses y depredando, como de costumbre, varias fincas de la región fronteriza. El oficial que denunció esto recibió la orden siguiente: acuse funciones para que se proceda desde esta misma noche a exterminar sin contemplación a toda persona nacional haitiano que se halle en territorio dominicano. Varias horas después de esta espantosa carnicería y que perecieron alrededor de 17,000 inmigrantes del país vecino, esta obra de exterminio de cumplió fiel y detenidamente prolongándose durante varios días. Tal holocausto realizado en pleno siglo XX en una pequeña isla del Caribe pinta a Trujillo de cuerpo entero”.

Más adelante, continúa definiéndolo como un idólatra y afirma: “Trujillo no sólo sojuzgó la voluntad, sino el pensamiento mismo de sus conciudadanos”.

Finalmente, el autor nos relata lo siguiente: “El culto de Trujillo se exageró hasta el punto que los nombre de Duarte y los demás fundadores de la República, dejaron de ser ofrecidos a la veneración del público y aun se les desterró de las aulas escolares”. Desde nuestra época, esta palabra de uno de los testigos principales de aquella época nos indica que, la democracia electoral en esos 30 años, era una ficción.

En ese intermedio de la historia, tuvimos las primeras elecciones libres y democráticas ganadas libérrimamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La institución electoral ejerció su dominio una vez concluida la era de Trujillo, y en medio de la convulsión propia de este periodo de transición de cara a la fortaleza democrática del país, este gobierno efímeros

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dejó una Constitución con una actualización democrática. Sin embargo, estas reformas políticas e institucionales no dudaron mucho tiempo.

Otro proceso electoral interesante lo constituye las elecciones del 1966, matizadas por acusaciones recíprocas de fraude y la intervención directa de una potencia extrajera. En su libro sobre la época, el historiador Bernardo Vega nos relata lo siguiente: “Mientras hablaba con Bosch, aviones de caza se lanzaban en picada sobre la residencia. Tres horas después de Silfa haberse marchado de esa casa se presentó allí, según cita el Mayor de la Policía, Ernesto Paulino Falcón, acompañado de un contingente de hombres armados hasta los dientes: era el asesino contratado. En efecto, mató al sargento Almonte Morán como Hombre Rana, dos miembros más de la escolta quedaron heridos. ‘Aquello parecía una pesadilla’, explica Silfa, quien admitió a Bosch que ese acto podría repetirse”.

Como si esto fuera poco, el Dr. Balaguer, incluso, en el mes de marzo anterior a las elecciones, había denunciado la organización de un fraude en su contra, aduciendo que en la oficina de la cédula y la corporación azucarera se preparaba el mismo. Por su parte, el profesor Bosch, el 13 de junio del 1963, adujo que el PRD había sido víctima de un fraude electoral y el cual denunciaba con puntualizaciones como la siguiente: “Se han encontrado a su vez diversas urnas con votos blancos y verdes, y hasta con la documentación de las mesas; paquetes con actas, relaciones de votación y sobres sellados con votos dentro. Aparecieron después de las elecciones en la Capital, Barahona, Salcedo, La Vega y otros sitios del país, sin que hasta este momento la JCE haya podido explicar eso satisfactoriamente”.

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Esos episodios tratados por los principales protagonistas de las elecciones del 1966, pone en evidencia que ambos negaron la administración del proceso y adujeron recíprocamente que las mismas fueron viciadas. Con estas elecciones se marcó el inicio de una era caracterizada por la ausencia de las principales fuerzas opositoras en los comicios, tal como ocurrió en los años 1970 y 1974, en que la oposición se abstuvo de concurrir a las mismas, aduciendo faltas de garantías electorales para participar, situación que se prolongó hasta el 1978.

El proceso del 1978 debe ser recordado por haberse dado en el mismo una reforma de carácter político y electoral, como consecuencia de la crisis que sacudió al país por el triunfo de la oposición.

Dieter Nohlen, en su libro: “Sistema Electoral de Partido Político”, indica lo siguiente: “A partir del 1978 las elecciones empezaron a ser pluralistas, sin embargo, el acto fundacional de la alternancia en el gobierno fue posible gracias a una decisión de la JCE, cuando desconoció los resultados electorales del senado”. Prosigue el escritor indicando que, desde entonces, las elecciones del 1982 al 1986 y 1994, han sido competitivas; pero siempre en medio de serios problemas de administración electoral. Aunque no han sido bien documentadas, es evidente que la salida a la crisis del año 1978, como consecuencia del manejo de los resultados electorales, fue debidamente pactada en condiciones difíciles; pero pactadas por los actores principales.

Vale decir que las reformas subsiguientes no sólo fueron el resultado de la lucha y la elección popular, sino también por un consenso mediatizado. Otro proceso importante lo constituyeron las elecciones del 1990, las mismas estuvieron marcadas por el uso de los recursos del Estado y el uso desenfrenado de los medios de comunicación por parte de los contendientes.

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Por nueva vez, luego de un apagón y de múltiples enfrentamientos que, incluso, llevaron al Presiente de la República a ofrecer la renuncia del cargo por dos años. Las fuerzas políticas y sociales volvieron a pactar, y pactaron la reforma contenida en la ley 892, que pasó el control del Registro Civil y Electoral a manos de la JCE, con el propósito de transparentar más los procesos electorales, y evitar que el porte y tenencia de Actas y Cédulas de Identidad se constituyera en un elemento de discusión postelectoral que influyera en los resultados.

Esta y otras reformas contribuyeron a mejorar la administración electoral. No obstante, dos años después de la misma, en el 1994 se volvió a repetir la historia de las acusaciones y contraacusaciones, con la emisión de Cédulas y Registro Electoral doble, el uso del nombre de personas fallecidas, compra de carné de Registro Electoral, uso de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dotando los mismos, supuestamente, de estos carnés para ejercer el voto. Es evidente que, como bien apunta el citado escritor, todas estas denuncias y cuestionamientos que restan credibilidad, confidencialidad y legitimidad a los procesos electorales, se contraen al campo estricto de la administración electoral.

Como consecuencia de los sacudimientos de estos procesos, las fuerzas políticas y sociales, para preservar el sistema democrático, tuvieron que pactar nuevamente, llegando a acuerdos tácitos y explícitos. Uno de ellos, el llamado “Pacto por la Democracia”. Lo mismo diríamos con relación a la reelección presidencial del 50% más 1, requisito para ganar la primera vuelta, y en la segunda vuelta, el establecimiento de los Colegios Cerrados, la separación de las Elecciones Presidenciales de las Congresionales y Municipales y se fortaleció el Padrón Electoral, Además, se obligó a la elección de personalidades con perfiles independientes en las Juntas Electorales, para lograr la composición de Juntas Electorales más o menos equilibradas.

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Es importante destacar que con todas estas reformas, nuestro sistema electoral ha seguido evidenciando imperfecciones y debilidades. En efecto, en las elecciones del año 2000, volvieron a traer consigo el trauma del fraude, y la crítica anterior sobre la imperfección del Registro Electoral, a la supuesta duplicidad de carné de votación, a la supuesta exclusión y dislocación en el Padrón de Votantes, entonces fue sustituida por la denuncia de manipulación de las actas de escrutinio y el uso de números adicionales en la misma, o el llamado “palito”.

Si bien es cierto que estas denuncias no pudieron ser confirmadas, no menos cierto es que, en esta fase, se puso en evidencia la debilidad en la administración electoral, con la búsqueda de hechos que pudieran dar lugar a la denuncias como éstas. En las elecciones del 2004, la JCE introdujo el sistema de plastificado de las actas de los Colegios Electorales, con esta medida se le dio mayor consistencia y confidencialidad al contenido de la misma, disminuyendo las denuncias al respecto.

La confianza en este sistema dio lugar a que los partidos políticos de oposición que realizan primarias abiertas, la utilizaran como un nivel de éxito.

Efectivamente, ahora considero definir, desde mi óptica, cuáles son los retos y desafíos esenciales de la JCE a corto y mediano plazos, así como cuáles están siendo discutidos y preparados para ser aplicados en el certamen venidero, y cuáles necesitarán el proceso de concertación que viabilice su introducción mediante un proceso de reforma legislativa. Sucintamente podemos enumerarlos. Primero: Reforma en la estructura, composición, forma de elección y órganos electorales. Segundo: Reforma legislativa y cambio cualitativo en el Registro Civil y su integración con el Registro Electoral, con la Oficina de Expedición de Cédula de Identidad y Electoral en un solo órgano, con un único número

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de por vida en un solo documento. Tercero: El proceso de cambio en el escrutinio, transmisión y cómputo electoral de cara a las elecciones venideras. Cuarto: Proceso de cambio en el Registro Electoral. Quinto: Introducción de nuevas metodologías en el proceso de captación y capacitación de Miembros de Colegios electorales. Sexto: Instalación de la Escuela Nacional de Formación Electoral y Registro del Estado Civil. Séptimo: Ampliación y consolidación del Voto en el Exterior, con la introducción de de nuevas tecnologías y servicios. Octavo: Creación y construcción de una estructura física electoral en todo el territorio nacional. Noveno: Introducción del voto electrónico en la cultura dominicana. Décimo: La readecuación y el funcionamiento de la actividad política.

En una reflexión profunda de la ubicación, en término del tiempo de la reforma, nos permite indicar que, evidentemente, todos estos procesos en el financiamiento electoral institucional, han sido acompañados de amplios debates y sólidos consensos.

En este mismo escenario, el Magistrado Presidente de la JCE, Dr. Julio César Castaños Guzmán, reclamó un pacto de los partidos políticos y de la sociedad. Incluso, insistió en que en esta etapa nos avoquemos, a la mayor brevedad, reunirnos con la comunidad política para debatir, de una manera seria y desapasionada, esta realidad que se nos viene encima y, de esta forma, buscar la participación política, a fin de que la misma sirva a los mejores intereses de la justicia electoral.

Invoco a sentar las metas necesarias, imperativas, si se quiere, de una cumbre de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de la JCE.

El párrafo anterior no hace más que expresar la necesidad de consensuar los cambios de reformas necesarias que se deben producir en nuestra legislación electoral, y que deben impactar

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en la administración del proceso; pero sobre todo, reclamando un consenso que, por interés generalmente partidista y privado, no hemos podido concebir.

En la reforma, estructura, composición, formas de elección y órganos electorales en el sentido indicado, el actual Presidente de la República convocó a un grupo de destacados juristas, a fin de preparar una propuesta de Reforma Constitucional, con la expresa finalidad de generar un ambiente de cambio y reforma en la administración del Estado y en la estructura de los órganos de poder.

Personalmente, nos identificamos con la propuesta en cuestión, y entendemos que la misma tiende a resolver los problemas de competencia interna que tiene la JCE, mediante la creación de dos órganos separados: uno denominado Junta Central y otro denominado Tribunal Superior Electoral, con su respectiva conformación y con las atribuciones debidamente especificadas.

Podemos resumir el tema indicado de la siguiente manera: que esa reforma tiene solamente algunas debilidades. Primero, no asigna al Tribunal Supremo Electoral la capacidad de juzgar los delitos electorales que atribuye a la figura del fiscal nacional. Por tanto, la reforma debe incluirlo. Y segundo, reduce a 45% el 50% establecido por ley y no establece una diferencia de un 10% necesario entre ambos contendientes. Asimismo, la misma no garantiza necesariamente que su aplicación de manera gradual garantice un sistema adecuado, sin que se le dé todo el poder necesario a las Juntas Electorales Municipales, para que actúen en consonancia con el mandato del Tribuna Supremo Electoral.

De igual manera, quiero resumir nuestra posición en relación a los cambios que deben definirse en el numeral 2. Se hace necesario que hayan cambios cualitativos en el Registro Civil y su integración

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con el Registro Electoral y con la Oficina de Expedición de Cédula de Identidad y Electoral, que esto se maneje en un solo órgano electoral con un solo numero único de por vida y un solo documento.

Este tema es de primordial importancia, porque la República Dominicana es el único país del mundo, para ser más exactos, de América Latina, que tiene un Padrón Único Electoral con un único documento de identidad, que tiene fotografía en blanco y negro y a color, que está a la disposición de los partidos permanentemente y al cual se puede accesar en nuestra página Web y constatar su presencia de manera constante. Esta fortaleza en el Registro Electoral debe ser consolidada con la integración de la Oficina de Expedición de Cédula de Identidad y Electoral, con los Datos Biométricos de los ciudadanos.

En relación al tercer aspecto, que se refiere a los cambios en el escrutinio, transmisión del cómputo electoral en curso de cara a las elecciones venideras, nosotros queremos reivindicar la propuesta que hemos hecho originalmente, de que los resultados electorales sean transmitidos desde los recintos electorales. De aplicarse esta metodología, nosotros podríamos garantizar que en un tiempo récord, en la historia de la República Dominicana, podría obtener resultados confiables y rápidos y que esto contribuya a fortalecer la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales.

En relación a la logística electoral, las novedades planteadas que se refieren a la introducción de la plantilla para los no videntes, así como las novedades que se refieren a la adquisición de una urna electoral de cuatro ventanas transparentes, entendemos también que es una nueva innovación que tiene la facilitación del proceso.

En cuanto a la metodología en el proceso de captación y capacitación de los miembros de los Colegios Electorales, es importante señalar que el programa denominado: “Un Paso por

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mi Nación”, está siendo dirigido básicamente por profesionales y estudiantes, ha resultado totalmente exitoso y que, por tanto, asumimos la defensa del mismo, y llamamos a la JCE a no ceder a la presión de los partidos políticos, de politizar y partidarizar la selección de 102 mil ciudadanos que se ha integrado en estos Colegios Electorales.

En relación a la instalación de la Escuela Nacional de Formación Electoral y Registro Civil, entendemos que este diplomado no es más que el preámbulo de este nuevo órgano de la JCE y que, en consecuencia, su funcionamiento debiera ser a más tardar antes del 16 de mayo del 2008 estaremos dando un paso gigantesco.

En relación al Voto en el Exterior, queremos indicar que desde nuestro punto de vista, hemos logrado avances significativos. Estamos dando a nuestros ciudadanos Actas de Nacimiento y Cédula de Identidad y Electoral en el extranjero; pero además de eso tenemos un número de 95,087 ciudadanos inscritos para ejercer el derecho al voto.

En relación a la creación de una estructura física en todo el territorio nacional, es evidente que la JCE no puede seguir arrabalizada, arrimada o alquilada en espacios ajenos. Se hace necesario que esta administración electoral cree una infraestructura física nacional, que garantice que tengamos equipos actualizados y condiciones adecuadas para dar un servicio digno a los ciudadanos.

En relación al Voto Electrónico en la estructura electoral dominicana, somos de opinión que la introducción de esta solución va a contribuir a resolver los problemas de las disparidades y discusiones en las Elecciones Congresionales y Municipales básicamente; pero sobre todo, que vamos a avanzar en una trasmisión de votos mucho más rápida que la que tenemos.

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Finalmente, y sobre la regulación y funcionamiento de los partidos políticos, de la campaña, del financiamiento de la actividad política, queremos precisar lo siguiente: en junio del año del año que discurre, sometimos dos proyectos de reglamento a la discusión del pleno de la JCE. Uno relacionado a la necesidad de regular la campaña electoral, con respecto a la necesidad de establecer un sistema contable y de rendición de cuentas de los partidos políticos y sus adecuaciones. Ambas piezas no son extrañas a la legislación electoral, más bien es una organización de ideas y del mandato a la propia ley que busca garantizar a los actores del proceso, y la igualdad de condiciones en la contienda, así como proteger los derechos del elector. Impropiamente, partidos políticos y medios de comunicación se han abalanzado como fieras salvajes contra dicha propuesta. Algunos, incluso, han tenido la osadía de negarle a la Junta el derecho constitucional a la reglamentación, más aun: el derecho a la aplicación del mandato contenido en la ley adjetiva para el control y uso de los medios de comunicación.

Evidentemente que ha habido un concierto de los actores políticos y medios sobre esta iniciativa de regular el negocio electoral. Uno de los principales retos y desafíos de los órganos electorales es impedir que quien disponga de más recursos disponga de más curules, municipios o resultados ventajosos. El reto fundamental en este tiempo del órgano electoral dominicano, precisamente, es garantizar la equidad en la contienda y la transparencia del proceso.

Ya los fraudes electorales y la manipulación de los resultados no constituyen una preocupación fundamental del derecho electoral dominicano, más bien el uso de esta denuncia se interpreta como gajes del oficio, la intención de sobresalir de los denunciantes de tales quimeras. Lo fundamental y

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cierto es que, los temas que hoy se discuten, están vinculados a la calidad de la votación, a la eficiencia de la administración electoral y no a la falta de veracidad de los resultados.

El motivo principal de una larga relación de los hechos históricos en esta intervención fue destacar que, cada uno de estos procesos de cambio y de reforma, estuvo acompañado de amplias discusiones y sólidos conceptos. Es evidente que en el caso que nos ocupa, y que a excepción de la JCE y algunos bien intencionados periodistas y articulistas, no hay un consenso ni siquiera una opinión mayoritaria en beneficio de ninguno de los dos proyectos de reglamento, e incluso, periodistas de gran vocación democrática como Huchy Lora, Nuria Piera, José Monegro, Miguel Franjul, Rafael Molina Morillo, Danny Alcántara, Orlando Gil, Fausto Rosario, entre otros, han asumido posiciones de vanguardia en contra de las demás piezas. Aunque estos reglamentos contienen esencia del principal desafío y reto de los órganos electorales de la República Dominicana de cara a este nuevo milenio. Es evidente que, sin consenso, la perspectiva de aplicación de los mismos no es muy promisoria, por demás, todos los expositores internacionales que tuvimos, todos, sin excepción, insistieron que la herramienta fundamental del proceso de cambio y reforma electoral es el consenso.

Parece ser que en este caso estaremos condenados a decir como Galileo: “Sin embargo, se mueve”.

¡Muchas gracias!


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Este 21 de noviembre ocupará un lugar importante en la historia de la República Dominicana. Por primera vez nos reunimos en esta augusta sala en ocasión del acto de Juramentación de los Miembros de las 154 Juntas Electorales que, de conformidad con la ley, tendrán la responsabilidad de arbitrar los procesos electorales correspondientes a los períodos 2008 - 2012 y 2010 - 2014, para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, así como de los Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores, junto a los Encargados de los Distritos Municipales que, por disposición reciente, pasan a ser electos también en ese mismo certamen electoral.

Es importante destacar que la categoría que le hemos conferido a este evento, no está necesariamente vinculada al hecho mismo de su juramentación, sino más bien al significado del mismo, ya que se produce en un momento en que la sociedad dominicana requiere de la Junta Central Electoral y sus dependencias, para dar un salto cualitativo que nos coloque como una instancia institucionalizada del Estado con plena conciencia del rol que le corresponde en el fortalecimiento y renovación permanente de la democracia dominicana.

Juramentación de los Miembros de las 154 Juntas Electorales, de Cara a la Elecciones 2008

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Este hecho es de mayor trascendencia si partimos de la característica de su escogencia, debido a que ustedes son el resultado de un arduo y difícil proceso de construcción, de consenso y de administración de disenso, que ha arrojado una enorme satisfacción a los actores del sistema político que, por primera vez, han expresado su total y absoluta avenencia a la conformación de Juntas Electorales que se apegan estrictamente al mandato contenido en el artículo 22 de la Ley 275-97 y sus modificaciones. Es decir, de Juntas integradas por personas sin militancia partidaria o, en su defecto, conformadas con gran equilibrio.

La Cámara Administrativa que presido, desea testimoniar que este logro es el resultado del trabajo tesonero de un grupo de magistrados miembros del Pleno de la JCE, y muy especialmente, de la magistrada Aura Celeste Fernández R., a quien este auditorio, en su momento, deberá reconocerle la devoción, la perseverancia y la humildad con que condujo el proceso de selección de los miembros de las Juntas Electorales, motivos de este evento.

El Rol de las Juntas Electorales de Cara a las Elecciones de los Períodos 2008-2012 y 2010-2014

Al concluir el Diplomado sobre Administración Electoral, el 6 de noviembre del año en curso, en nuestra intervención sobre la administración electoral de cara al nuevo milenio, establecimos los siguientes retos y desafíos:

1ro. Introducir las reformas necesarias en la estructura, composición, forma de elección y atribuciones de los órganos electorales.

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2do. Iniciar la reforma legislativa y cambios cualitativos en el Registro Civil y su integración con el Registro Electoral y con la oficina de expedición de Cédula de Identidad y Electoral, integrándolos en un solo órgano con un número único de por vida, un solo documento.

3ro. Introducir cambios en el proceso de escrutinio, transmisión y cómputo electoral, de cara a las elecciones venideras.

4to. Modificar significativamente la logística electoral.

5to. Introducción de las nuevas metodologías en el proceso de captación de los miembros de los Colegios Electorales.

6to. Instalación de la Escuela Nacional Electoral y del Registro Civil.

7mo. Ampliación y consolidación del voto en el exterior, introducción de nuevas tecnologías y servicios.

8vo. Creación y construcción de una infraestructura física electoral en todo el territorio nacional.

9no. La introducción del voto electrónico en la cultura electoral dominicana.

10mo. La regulación del funcionamiento de los partidos políticos, de la campaña y del financiamiento de la actividad política.

Es evidente que los miembros de la JCE, así como los miembros de las Juntas Electorales de cada municipio que hoy se juramentan, estamos llamados a afrontar de manera exitosa estos retos de la

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administración electoral. Asimismo, en la medida en que vayamos afrontando los mismos, de igual modo iremos creciendo como órgano eleccionario, y consolidando el poder electoral como base esencial de la legitimidad de la democracia.

Uno de lo primeros desafíos que en materia administrativa deberán afrontar las Juntas Electorales, es la conformación de Colegios Electorales que respondan a los mismos criterios de selección aplicados para las Juntas, garantizando la equidad y la transparencia a los actores principales del proceso, y superando las debilidades detectadas en los eventos más recientes. Para lograr ese objetivo, deberán asumir como propio el programa denominado “Un Paso por mi Nación”, dirigido a crear un banco de elegibles que supera los 103 mil ciudadanos. Este listado, en su momento, será puesto a la disposición de los partidos, para su revisión y opinión. Este es el primer gran desafío de las Juntas Electorales en el orden administrativo.

De igual manera, deberán garantizar que el proceso de escrutinio y transmisión de resultados se efectúe con la agilidad y la transparencia que reclama la sociedad y demandan estos tiempos. Desde nuestro punto de vista, este es el otro gran desafío, toda vez que los nuevos jueces electorales tendrán que empoderarse de un nuevo sistema de escaneo y transmisión de resultados desde los recintos de votación, que eliminará las grandes filas, el desorden y la innecesaria tardanza en la emisión de los boletines. Esta tarea debe ser asumida con responsabilidad y descansará básicamente en ustedes.

El tercer gran reto que de deberán afrontar, es su integración a la Escuela Nacional Electoral y del Registro del Estado Civil, en proceso de construcción, creada recientemente por el Pleno de la JCE, luego de un esfuerzo y dedicación de los miembros de esta instancia, y muy especialmente, de la magistrada Aura Celeste Fernández R., autora del proyecto inicial presentado al Pleno de la JCE.

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El propósito es crear una Carrera Electoral y del Registro del Estado Civil, educar y formar hombres y mujeres especializados en la materia, que les den carácter de permanencia a las Juntas Electorales, tal y como lo prevé el artículo 17 de nuestra Ley Electoral, y que le den una dimensión de servicio público al Registro Civil. Como parte de este esfuerzo, ya tenemos disponible el local donde funcionará dicha escuela.

Históricamente, el Estado dominicano no ha podido, o no ha sabido reconocer el sacrificio ni los aportes que, de manera permanente, realizan muchos ciudadanos, que desinteresadamente se integran a estos órganos electorales. Aunque la Ley Electoral en su artículo 24, párrafo tercero, establece que: “Los miembros de las Juntas Electorales también disfrutarán de sueldo y podrán ser permanentes o temporales, según los disponga la JCE”, la verdad es que la ausencia de recursos adecuados y la falta de orientación por parte de la JCE a las propias Juntas Electorales respecto a las responsabilidades que poseen, no han permitido que se cumpla con este mandato legal.

Precisamente, ejerciendo las atribuciones que nos confieren las leyes, nos proponemos introducir una remuneración acorde con nuestras posibilidades para los miembros de las Juntas Electorales, que más que remuneración, será un reconocimiento simbólico a su entrega y su vocación de servicio por la patria, preservando este sentimiento social y este compromiso con la democracia, como elemento fundamental de su integración a las labores electorales.

Hasta la fecha, las Juntas Electorales han subsistido en los espacios públicos, ya sea en sus funciones electorales o de servicio al público, a través de las Oficialías o Centros de Cedulación, por la generosidad de otros órganos y poderes del Estado, muy en especial, de la Suprema Corte de Justicia, que ha facilitado sus espacios para el funcionamiento de estos servicios.

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Corresponderá a estas Juntas Electorales ser parte del establecimiento de la infraestructura adecuada, que les permita dar un servicio con dignidad y ejercer la majestad del cargo, para el cual son juramentados en condiciones óptimas.

En ese sentido, estamos estructurando un presupuesto de ingresos y gastos que se corresponda con estas necesidades y con los requerimientos necesarios para la realización exitosa de las elecciones pautadas para el año 2008, año éste en que esperamos que no se vuelva a producir una reducción tan drástica de nuestra propuesta presupuestaria y que se cumpla, aunque sea en esta ocasión, la palabra empeñada de dar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JCE. De nada vale establecer autonomía económica, administrativa y presupuestaria de la JCE, si no se otorgan los recursos debidos. ¡Sin presupuesto, no hay independencia ni autonomía electoral!

Finalmente, confiamos que la administración del proceso electoral haya sido colocada buenas manos. Confiamos en su compromiso ciudadano, confiamos en que todos hagamos conciencia de que, desde ahora hasta la proclamación de los ganadores en el año 2008, la suerte principal de la democracia está en nuestras manos.

Demostremos al país que estamos en capacidad de ofrecer el mejor y más grande espectáculo de la democracia.

21 de noviembre del 2007

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Por nueva vez nos reunimos en el Salón de Eventos que ha cedido gentilmente la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), para concluir una serie de encuentros educativos de cara a la culminación del proceso de elección del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que será escogido el próximo domingo 6 del corriente mes, y que se presentará en las elecciones pautadas para el 16 de mayo del 2008.

En un encuentro anterior en esta misma institución, el magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, en nombre de la Cámara Administrativa de la JCE, hizo una explicación de las novedades que a esa fecha, es decir, el 24 de abril del 2007, se habían presentado y el compromiso de cara a este proceso de la Cámara Administrativa de la JCE. Esas explicaciones y consideraciones expuestas por el referido magistrado, fueron el resultado de la discusión conjunta de la totalidad de los integrantes de la Cámara Administrativa y, en consecuencia, de manera precisa puntualizó los resultados del esfuerzo desplegado por nosotros en esta labor. En tal sentido, creo oportuno indicar que todas y cada una de las exposiciones que expresó el magistrado Aquino, desde un punto, hasta una coma, fueron ampliamente discutidas y avaladas por el magistrado Féliz Féliz, y por quien habla.

Entrenamientos a Inspectores en las Primarias del Partido de la Liberación Dominicana

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Es bueno recordar que el legislador dominicano, al votar la Ley No. 275-97 del 21 de diciembre de ese año, estableció las pautas que debió seguir la JCE respecto a las actividades y eventos políticos, y el rol a desempeñar en cada una de ellas.

Ahora bien, como era costumbre, las composiciones anteriores de la JCE no se interesaron en ejecutar estos mandatos y en adoptar las disposiciones reglamentarias pertinentes, que permitieran que el sistema de partidos en la República Dominicana se desarrollara en un estado de sanidad y bajo las regulaciones y supervisión del órgano institucional escogido para esos fines. Se puede decir que hubo un abandono de las actividades propias del Registro del Estado Civil, negligencia en el manejo del Registro Electoral y la carencia de una política coherente respecto a las atribuciones propias de la JCE, en relación a la administración y manejo de la identidad nacional.

La situación descrita anteriormente se extendía a la actividad política. Hasta este momento, los partidos políticos habían operado en la ausencia total de una voluntad de regular y supervisar sus actividades, como consecuencia de la pasividad del órgano indicado para ejecutar la misma. En esa circunstancia es que el 4 de enero del 2007, el Pleno de la JCE acoge la propuesta formulada por la Cámara Administrativa de la JCE, respecto al establecimiento de un reglamento para la fiscalización de las Asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos Políticos.

Recuerdo que, al discutir dicho reglamento, hubo varios de los presentes en la reunión que dudaron de la pertinencia de aprobar el mismo y, sobre todo, de la eficacia al momento de controlar el gasto, de supervisar las actividades públicas de los partidos y de fiscalizar el discurso y el comportamiento de los candidatos. La práctica, sin embargo, ha terminado dándonos

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la razón, y hoy podemos afirmar que cualquiera de los partidos del sistema que se aventure a realizar asambleas electorales o convenciones, al margen de las reglamentaciones votadas, y en consecuencia, de la supervisión de la Cámara Administrativa, no gozará de la legitimidad requerida en este tipo de eventos. Por tanto, éste solo hecho de por sí valida todo el esfuerzo que estamos desarrollando en estos momentos.

En consecuencia, ¿cuáles son los ejes fundamentales de la supervisión y fiscalización de las actividades de los partidos? A nuestro entender, en primer lugar, la garantía del ejercicio de los derechos constitucionales, es decir, la garantía del ejercicio del derecho de elegir y ser elegido, el derecho a la libertad de asociación y reunión con fines políticos, y el derecho a la libertad de conciencia, expresión y difusión del pensamiento. En este orden, nos hemos propuesto incursionar en estos eventos internos para que los mismos sean preservados, de tal manera, que cada ciudadano organizado en un partido político, pueda postularse a la función pública que crea estar en capacidad de servir a la sociedad, que todo ciudadano pueda votar por quien entienda se identifique más con su forma de pensar y actuar, y que al momento de ejercer el derecho a elegir, lo haga al margen de todo tipo de elemento extraño a la actividad política que pueda torcer su voluntad, ya sea de orden objetivo o subjetivo.

En ese propósito, el reglamento votado, que se apoya a su vez en los artículos 67 y 68 de la precitada Ley Electoral, y en el artículo 6, literal i) consagra la forma y manera en que deben organizarse las Asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos.

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Artículo 6, Literal i):

Fiscalizar, cuando lo estime necesario o conveniente, por iniciativa propia o por solicitud, las asambleas y convenciones que celebren los partidos para elegir sus autoridades y/o nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto apego a lo que dispone la ley, los reglamentos y los estatutos, sin la cual serán nulas.

A tal efecto, para garantizar la correcta aplicación de los mismos, nuestra primera labor es estudiar la competencia de los electores. Por esto, uno de los requerimientos básicos contenidos en el artículo 4 de dicho reglamento, es la presentación del Padrón de Electores.

Artículo 4.- Padrón Electoral. La Junta Central Electoral solicitará a los partidos políticos una copia de su Padrón Electoral contentivo de la lista de miembros inscritos que acorde con sus Estatutos, normas y disposiciones internas, tengan derecho a votar en sus convenciones y asambleas. Este depósito deberá realizarse en las mismas condiciones y plazos establecidos en el artículo precedente.

En el caso que nos ocupa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), está realizando su Congreso Elector Profesor Juan Bosch con un Padrón de Electores con un total de 1,125,438 miembros con derecho a elegir y ser elegidos. Sobre el mismo, la Cámara Administrativa, a través del equipo de técnicos informáticos y electorales, formuló un estudio, y está refiriendo al PLD el resultado del mismo, para los fines de lugar.

Como parte de la fase de supervisión al Padrón Electoral el día 6 de este mes, la Cámara Administrativa desplegará un total de 320 presidentes y secretarios de Juntas Electorales y otro personal

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administrativo de la JCE. Asimismo, estamos enviando 110 empleados más de los departamentos de Partidos Políticos, Dirección de Elecciones, Voto en el Exterior, Prensa, Logística Electoral y la Dirección de Informática.

Como se observa, en la asamblea electoral organizada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), contamos con unas 390 personas; en el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estamos desplegando 430 funcionarios y empleados de la JCE, debido a que el evento realizado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no incluyó la supervisión del voto del dominicano en el exterior, y como primera experiencia, no hubo el tiempo necesario para que la Cámara Administrativa dispusiera de la logística, del conocimiento y la experiencia acumulados al día de hoy. En pocas palabras, no teníamos el know-how. Esa supervisión y fiscalización tuvo una duración aproximada de 1 mes. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la supervisión ha abarcado los meses de marzo, abril y mayo.

Todos y cada uno de estos supervisores e inspectores, muchos de los cuales están presentes, tendrán bajo su responsabilidad realizar las siguientes actividades a partir de la apertura de las votaciones. Veamos:

a) Instalación y Apertura de los Centros de Votación.

Aspectos a observar:

•Llegadadelosmiembrosdecentrosdevotación. •Disponibilidaddelosmaterialeselectorales. •Identificacióndeloscentrosdevotación.

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b) Desenvolvimiento de las Votaciones.


•Comportamientodeloselectores. •Organizacióndeloscentrosdevotación. •Elpadróndeelectoresdeloscentrosdevotación. •Garantíadelosderechosdelelector. •Garantíadelsecretodelvoto. •Secretodelvoto.

c) Cierre de las Votaciones y Escrutinio.


•Cierredelasvotaciones. •Escrutinio. •Llenadoyplastificacióndelasactasderesultado. •Usodelavalijadeseguridadparalosresultados.

Esta actividad ha sido precedida de una supervisión y fiscalización de toda la logística montada y llevada a cabo por el PLD en su Casa Nacional y en los lugares de impresión. Específicamente una supervisión estricta en la impresión de las boletas, impresión de las actas, organización y empaquetamiento del kit electoral y el proceso de colocación y distribución de los materiales, además de la propia impresión del Padrón Electoral.

En materia de fiscalización de los procesos informáticos, nos proponemos intervenir en una observación minuciosa del Centro de Cómputos, de los procesos de recepción y entrega de actas, de los procesos de conteo y de transmisión de datos, en las fases de digitación y validación de datos, así como en la revisión de los procesos de generación de boletines, que concluirá con la emisión

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del último boletín por parte de los órganos correspondientes del PLD. En esta fase intervendrán el personal de la Dirección de Informática y Elecciones, y si fuera necesario, los propios magistrados de la Cámara Administrativa de la JCE.

En relación a la aplicación del artículo 8, respecto a la supervisión de la propaganda gráfica, la Cámara Administrativa produjo un primer informe dirigido al PLD que, inicialmente generó una reacción poco crítica de los estamentos organizadores del congreso elector, toda vez que se pudo detectar la presencia de material publicitario y propagandístico de los candidatos en instituciones públicas. Sin embargo, debemos reconocer que en esta segunda inspección el informe rendido por los inspectores desplegados, salvo raras excepciones, coincide en destacar que en los puntos supervisados no hubo propaganda visual ni activismo político al interior de las instituciones públicas, lo que constituye de por sí un avance en nuestra labor. Al día de hoy estamos despachando el segundo boletín respecto a la no colocación de propaganda visual, ni activismo político en las actividades de proselitismo político del PLD en las instituciones públicas. Cabe destacar que, sí se pudo detectar propaganda visual en vehículos asignados a funcionarios; pero en una cantidad poco significativa.

En otro sentido, en el día de hoy, la Cámara Administrativa está despachando un oficio dirigido al Jefe de la Policía Militar Electoral, General de Brigada, E. N. (DEM), Cáceres Chestaro, en donde al igual que al anterior incumbente, le estamos solicitando mantenerse a disposición de la Cámara Administrativa y comunicar a sus superiores, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden intervenir bajo ninguna circunstancia en ningún aspecto o hecho que ocurra, si no es por instrucciones expresas de esta Cámara y que, por tanto, no debe desplegarse ninguna acción o esfuerzo en esta contienda interna de un partido político, al igual que ocurrió en el proceso anterior, salvo que así sea requerido por esta Cámara.

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Respecto al monitoreo de la propaganda electoral, los resultados son los siguientes:

Al monitorear el gasto en materia de publicidad, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 5, literal b) del reglamento, en el sentido de verificar si el costo de los referidos anuncios colocados en los medios está en correspondencia con lo previsto en el presupuesto de campaña, es obvio que el gasto ha desbordado lo presupuestado, ya sea por colocación de anuncios pagados o por colocación de cuñas gratuitas.

“Articulo 5.- Fiscalización de las precampañas en los medios de comunicación. La Junta Central Electoral desarrollará un monitoreo de los anuncios y promociones para determinar:

a) Si el contenido de los mismos se ajusta a lo dispuesto en la Ley Electoral No. 275-97.b) Si el costo de los mismos está en correspondencia con lo previsto en el presupuesto de la precampaña.”

Precandidatos del PLD

Presupuesto de gastos estimados

Ingresos estimados

Presupuesto de publicidad estimado

Inversión en publi-cidad cuantificada según informes de REVISA (este moni-toreo cubre el 90% de los medios en sentido general)

Danilo Medina 37,000,000.00 37,000,000.00 15,800,000.00 31,280,811.92

José Tomás Pérez 9,401,000.00 9,617,400.00 6,507,000.00 16,089,033.70

Leonel Fernández 71,028,500.00 67,000,000.00 22,820,000.00 43,401,967.04

Totales 117,429,500.00 113,617,400.00 45,127,000.00 90,771,812.66

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Algunos críticos de la Cámara Administrativa arguyen que la misma se ha excedido en sus funciones al incursionar en estas áreas e, incluso, advierten que no existen topes para los gastos en campaña, y esto es cierto. Sin embargo, es importante destacar que una cosa es que no haya previsiones legales al respecto, y otra muy distante es que los gastos y actuaciones estén revestidos de la legitimidad que debe acompañar a toda actuación política. Es decir, estos gastos excesivos son legales, lo que debiéramos determinar es si son legítimos.

El otro aspecto a destacar en este proceso de supervisión es el hecho de que los candidatos inscritos para este proceso asambleario, al igual que ocurrió con el PRD y que está ocurriendo con el PRSC, están desbordando los límites propios de los eventos internos de los partidos y están arrastrando a la sociedad dominicana a una campaña a destiempo, no para elegir los candidatos al interior de sus parcelas políticas, sino a una campaña presidencial abierta. Y a tal efecto, en este caso, estas acciones realizadas por los precandidatos de los tres (3) principales partidos ni son legales ni son legítimas.

La Cámara Administrativa está consciente de que le ha tocado la difícil tarea de ejecutar procesos de supervisión y fiscalización a los cuales le habían rehuido nuestros antecesores, y ha descubierto la razón de ese comportamiento. Es que alrededor de los procesos políticos hay todo un mundo empresarial, comercial y social orquestado, que no quiere permitir regulación, y por demás, hay una actuación cómplice, por omisión o comisión, de las organizaciones sociales y de la propia sociedad que, de manera pasiva, observa cómo se desarrollan estos eventos, en detrimento de los valores y de los intereses colectivos.

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La Cámara Administrativa les hace un llamado a ustedes, para que, al actuar en el proceso de supervisión y fiscalización de la actividad interna del PLD, lo hagan desprovistos de todo tipo de pasión e inclinación, y revestidos de la imparcialidad e idoneidad que impone el cargo que ostentan. Asimismo, les advierte que el crédito público y el prestigio de la JCE está en la actuación de cada uno de ustedes, y espera que sepan mantener en alto sus obligaciones y funciones, y que actúen sin temor, en estricto apego al mandato de las normas legales y reglamentarias sobre la materia.

Al final de esta jornada, algún día se reconocerá el esfuerzo que estamos realizando, y entonces los partidos políticos y la sociedad dominicana valorarán el sentido profundo de todo lo que hemos hecho, como parte de nuestro deber institucional para bien de la democracia. Es oportuno solicitarles no olvidar que nuestro sistema democrático se sustenta en un sistema de partidos con virtudes y defectos, y nuestro papel es resaltar sus virtudes y contribuir a subsanar los defectos. Nuestra apuesta es al fortalecimiento de los partidos. Nuestro interés en éste y todos los casos que supervisemos, es que los eventos internos den fortaleza y vigor a los partidos políticos como instrumentos claves del proceso democrático.

La Cámara Administrativa aspira a que el PLD salga fortalecido y unido. Y a tal efecto, desplegaremos el poco y mucho talento que pudiéramos tener, y todos nuestros esfuerzos, para bien de la democracia dominicana. En esta labor quisiéramos contar con la colaboración y ayuda de los organizadores de este evento por el PLD, y de la militancia de este partido.

2 de mayo del 2007

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El propósito de presentarles y entregarles el documento titulado: “Resultados Electorales 2008”, que recoge, como su nombre lo indica, el fruto de las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales y Vicepresidenciales celebradas el pasado 16 de mayo.

El objetivo de esta publicación es aportar y fortalecer la cultura democrática en la República Dominicana, reflejada en este resultado, que no es más que la consecuencia de una precisa y detallada planificación del proceso electoral, el cual se inició el 30 de noviembre del año 2006, apenas a días de conformada esta Junta Central Electoral.

El documento entregado contiene las siguientes informaciones:

a) Resultados Generales por boletines emitidos por la JCE.

b) Resultados Generales por alianzas y partidos. c) Resultados por provincias y municipios según alianzas y

partidos. d) Mapas indicativos de los resultados por provincias y

municipios. e) Frecuencia de la remisión vía electrónica desde los

recintos de votación hacia los Centros de Cómputos de los partidos, simultánea a la JCE.

Presentación Resultados Electorales 2008

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f) Emisión de boletines en las últimas cuatro elecciones presidenciales.

Además, por primera vez, junto a este informe estamos entregando, en formato digital, un CD que contiene una imagen exacta del resultado electoral del año 2008, abierto al público, que constituye una auditoría informática a todos los resultados y que ha de ser una herramienta importante para el trabajo político de los partidos y candidatos del certamen electoral de medio tiempo.

Es importante destacar que en el proceso que formalmente cerramos con este acto, pusimos en práctica, por vez primera, el Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Asambleas, Convenciones y Primarias de los Partidos Políticos, que fomentó al interior de los actores por excelencia del proceso, la democracia interna y el respeto a la voluntad de sus miembros, y consolidó éstos procesos internos elevando su nivel de credibilidad y despejando la secuela de traumas, situaciones de conflicto y fragmentación que generalmente sucedían con posterioridad a las contiendas internas.

Como de costumbre, cada proceso de supervisión y fiscalización dio lugar a la premonición acostumbrada de que esto sería el Waterloo de la institución. Hoy podemos afirmar, sin embargo, que esta novedad en el proceso electoral, así como la construcción permanente de los consensos sobre los aspectos técnicos del proceso, como partidos políticos, generó confianza y seguridad en los mismos, respecto al compromiso y a la responsabilidad asumida, y a la determinación nuestra de llevarle a feliz término.

De igual manera, interesados en ampliar la capacidad de la institución en la regulación y control de la campaña electoral, les

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presentamos a la opinión pública y a los partidos políticos dos proyectos de reglamento: uno respecto a la regulación y control, y otro respecto al financiamiento de los partidos. Ninguno logró el respaldo suficiente de los partidos y las organizaciones sociales, dejando al tribunal desprovisto de un instrumento jurídico que le permitiera afrontar las situaciones generadas en este tipo de contienda.

Es evidente que los actores del proceso prefirieron competir con las condiciones preexistentes. No obstante, es importante apuntalar que esto no fue óbice para darle respuesta a todas y cada una de las denuncias presentadas por los actores políticos durante el proceso, adoptando medidas cautelares, en algunos casos, sin precedentes en el país, lo que propició un adecuado clima de equidad en la competencia partidaria y en la contienda electoral.

Estos resultados, a su vez, también reflejan un extraordinario esfuerzo de educación y formación hacia los ciudadanos que integraron los Colegios Electorales, esfuerzo dirigido a través de la Dirección de Elecciones que permitió la creación de un banco de elegibles de 95 mil personas, seleccionadss de un total de 130 mil, las cuales obtuvieron una calificación de no menos de 70 puntos. Este fue un titánico esfuerzo de formación, que se realizó a través de 7 mil 803 talleres de capacitación impartidos en el territorio nacional. Los informes y comentarios respecto al comportamiento de los miembros de los Colegios Electorales, hablan por sí mismos. De los 13 mil 075 Colegios Electorales, existentes, en ninguno de ellos se produjo una sola impugnación; la presencia de actas descuadradas fue de poca trasendencia y la rapidez del escrutinio, como es normal, impactó en los subsecuentes procesos de transmisión de resultados, reflejo fiel de la pulcritud con que se escrutó la presencia del elector libremente expresada en las urnas.

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En el documento que entregamos, también presentamos una información detallada del impacto producido por la utilización del equipo de EyT, diseñado para transmitir los resultados desde los recintos electorales, de los cuales, 740 unidades fueron instaladas para recoger los resultados del 51 por ciento de los colegios existentes y el 54 por ciento de la población de electores, transmitiendo simultáneamente a la red de la Junta Central Electoral y al centro de cómputos de los partidos políticos, transparentando el flujo de información contenido en las actas. De esta manera, se introdujo un elemento de aceleración en el conocimiento de los resultados, cuyo efecto fue el siguiente: a las 7 de la noche habíamos entregado a los partidos 561 actas, para un 4.29%; a las 8 de la noche habíamos entregado unas 3,565, para un 27.27%; a las 9:00 p.m., unas 7,025, para un 53.53%; a las 10:00 p.m., unas 10,119, para un 77.39%; a las 11:00 p.m., unas 11,761, para un 89.95%, y a las 12:00 .pm., unas 12,292, para un 93.93%. Como se puede apreciar, el compromiso que hicimos de que los resultados serían conocidos antes de la medianoche del día de las elecciones, fue cumplido y, por demás, por vez primera en la historia, en menos de 24 horas, todos los partidos políticos pudieron recibir una imagen exacta del original del acta de cada Colegio Electoral, así como el universo de las actas digitadas.

El proceso que hoy cerramos representó, desde nuestra óptica, un salto cualitativo y representó un ejemplo que nos ha permitido ser reconocido por nuestros pares en América. Sobre el mismo, un reconocido escritor dominicano, en uno de sus artículos establece lo siguiente:

“En sus formas, nuestra democracia ha evolucionado. Nuestras elecciones han dejado de ser eventos traumáticos cargados de sobresaltos. ‘Cajas de Pandora’ manejadas por la malicia de nuestros manes tutelares tropicales, empeñados en asustarnos con fantasmas burlones que malogran la esperanza.

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“Ah, esas madrugadas ‘draculescas’ y ‘morrocotudas’, todos pegados a la radio o al televisor ‘velando’ pasmosos la tragedia. El frío en el alma, el aliento entrecortado, el café, ‘la tizana de valeriana’, el tilo, el cigarrillo, todos esperando sin dormir el desenlace.

“La interrupción, el corte, el apagón, el golpe asechado, el ‘granadazo’, el tiroteo, el ‘juntazo’, el ‘lío’, el ‘rebú’. La cara del sargento estropeado por la ‘yuca’. La vaina de amanecer en claro para percatarnos de que faltan la mitad de los boletines. ‘Que dislocaron el padrón. Que se lo llevaron’. El deporte de robarse las urnas, de tirarlas al ‘zafacón’. Falsificar las actas. Hacer ‘capú y no te abaje’. Jugar al ‘escondido’, uno, dos tres, sin el ‘pisá colá’, esquivando el ‘topado’. La tinta indeleble que se borra. Todos esperando el parto doloroso, tras la afeitada en el brazo que no cuaja en los lampiños.

La “guardia” acuartelada. Que si “entriega”, que no “entriega”, que tienen que entregar, carajo. Los observadores internacionales bebiendo “frío-frío” para la foto del después. Que vieron unos ‘barcos grises’ frente al malecón. Los rumores, la “llamadera”. Que la embajada, que los arzobispos, que el monseñor, que Carter, que la OEA.

”La gestión esa de los entrometidos. La prensa internacional y los comprometidos. La gente de la sociedad civil, el borracho que se sabe el cuento antiguo y los centros de cómputos de los partidos”.

Concluye dicho articulista indicando: “Felicitaciones a los magistrados de la Junta Central Electoral que cumplieron con su deber, sirvieron a la ley y pudimos dormir tranquilos. Todos ganamos la partida”.

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Obviamente, no podemos quedarnos regodeándonos por los resultados obtenidos, sino que, por el contrario, debemos sacar las lecciones de estos procesos, y desde ya ver cuáles son los principales retos y tareas de cara al futuro en un proceso electoral de medio tiempo, que si revisamos la historia, desde el año 1998 a la fecha, ha estado cargado de cuestionamientos y traumas y empañado las elecciones precedentes. De manera resumida, me permito enumerar cuáles son los desafíos a los que me refiero:

1) Ampliar el sistema de transmisión desde los recintos. 2) Aplicación del artículo 139, limitándolo sólo al aspecto

de verificación de las actas descuadradas, reduciendo el tiempo para la generación del boletín.

3) Piloto del voto electrónico. 4) Control del proceso de migración de votantes para

variar y alterar el resultado natural de la votación. 5) Transparentar y ampliar la transmisión de resultados. 6) La aplicación de la Ley de los Distritos Municipales. 7) Organización de las primarias de los partidos, a

celebrarse con un mismo padrón, organizadas y dirigidas por la JCE.

8) Garantizar el cumplimiento de los tiempos y plazos, como es la precampaña interna y la campaña.

9) Consolidar los procesos de capacitación de los Miembros de Colegios Electorales, dirigidos por la Dirección de Elecciones.

10) Incrementar los niveles de control y seguridad del documento de identidad y electoral como una forma de fortalecer el Padrón Electoral.

11) Producir una profunda reforma al proceso de escrutinio electoral, a fin de reducir a su mínima expresión el impacto negativo que significa el hecho de las actas descuadradas.

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12) Automatización del proceso de inscripción de candidaturas, a fin de garantizar la integridad de las propuestas presentadas por los partidos, que asegura la aplicación de la ley, especialmente en lo referente a la cuota femenina y la entrega de candidaturas en las instancias correspondientes.

13) Establecer el sistema de verificación y control del costo y gasto en la campaña.

14) Sincerización de la base de datos de los recintos electorales, que debido al dinamismo y movimiento de los Colegios Electorales, desde el año 2002, que fue la última vez que se hizo una sincerización de la base de datos, resulta que hay electores que votan en un lugar distinto al que indica su cédula, esto se viene arrastrando desde las elecciones del año antes indicado.

Muchos han cuestionado la inversión que ha hecho el Estado en este proceso. Me refiero a que en las elecciones recién transcurridas, el Estado invirtió 1 mil 563 millones 272 mil 446 pesos con 94 centavos, basado en 4 millones 113 mil 664 de ciudadanos que acudió a las urnas a emitir su voto, a un costo unitario promedio de 380 pesos con 02 centavos. Esta inversión es el necesario costo “de la democracia dominicana, que no es más que un delicado equilibrio entre los valores y prácticas que nos trazan el camino que debemos transitar. Es decir, no es más que el costo de la libertad, la igualdad y el respeto a los valores que nunca se concretan plenamente y que en algunas oportunidades pueden entrar en trágico conflicto”. En esta ocasión, los resultados han sido los mejores e indican “que cada democracia plasma sus principios en ciertas instituciones, y que si bien ellas nunca alcanzaran los ideales, la constatación no debe conducir a la pérdida de la confianza, sino a una exigencia para el perfeccionamiento de las normas y de los comportamientos”.

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En este momento en que hacemos esta presentación, y que hemos establecido los retos y tareas para el próximo proceso, debemos aprovechar este escenario para recordar que estamos en tiempos de reformas, y que el sistema electoral y el sistema de partidos no permiten más posposiciones, y asumimos el compromiso de cumplir con la cuota que nos corresponde, por lo que pedimos a los órganos del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la democracia, a que no desaprovechen esta oportunidad y propiciemos que la reforma haga más factible nuestra democracia.

Finalmente, quiero garantizar, con la autoridad que dan los resultados presentados, que en el proceso electoral venidero no habrá traumas ni retrocesos. Los resultados serán conocidos rápidamente; la imparcialidad y la equidad seguirán primando y las contiendas internas supervisadas y fiscalizadas, pretendemos realizarlas en un mismo día, con un mismo padrón, sin posibilidad de cambio de los candidatos internos que salgan airosos, con respeto absoluto de la voluntad de los miembros de los partidos; que no habrán actas descuadradas, y que, como dijera el Episcopado Dominicano en una de sus encíclicas en el año 1996: “El ideal es que no aparezca ni asomo de desconfianza y duda”.

14 de agosto del 2008

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La República Dominicana es sacudida por un amplio proceso de discusión respecto a la pertinencia de la reforma a nuestra Carta Sustantiva. Todos los órganos e instituciones del Estado, por iniciativa propia o a fuerza de los hechos, son parte de este proceso de reflexión, examen y discusión de la citada reforma.

No es ocioso recordar que, en el período 1996-2000, se produjo una convocatoria a diálogo nacional, que dio como resultado un conjunto de propuestas en el interés de reformar las principales instituciones del Estado y de crear instituciones de derecho, las cuales posibiliten la representación de la ciudadanía.

Aunque este esfuerzo no se concretó, posteriormente hubo una reforma parcial y muy restringida a la Carta Magna en el período 2000-2004, y en este mismo período tuvimos también la iniciativa de modificación de la Ley No. 275-97, mediante la Ley No. 02-03, también limitada esta reforma a la Ley Electoral, al aspecto restringido de la competencia de los órganos, que definió las atribuciones de cada una de las instancias que conforman la Junta Central Electoral de la manera siguiente:

•ElPleno,que tieneenúltima instancia lamáximaresponsabilidad del buen funcionamiento del organismo y sus dependencias, incluyendo las Oficialías del Estado Civil.

Reforma a Nuestra Carta Sustantiva

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•LaCámaraAdministrativadelaJCE,queeselórganoresponsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el montaje del proceso electoral, para lo cual tiene a su disposición los recursos humanos, técnicos y financieros con que cuenta el organismo para esa finalidad. Además tiene la obligación medular de lograr que el proceso sea ordenado, libre, imparcial, transparente y confiable.

•YlaCámaraContenciosaElectoral,quetieneasucargola función de arbitrar, o sea, dirimir todos los conflictos que surjan entre partidos y/o candidatos en ocasión de un proceso electoral, así como resolver los litigios que a menudo surgen en los partidos, tanto al elegir sus candidatos a cargos públicos de elección popular como al escoger las propias autoridades partidarias.

Como se puede notar, las dos últimas reformas que afectan el funcionamiento de nuestro órgano electoral, obedecieron a situaciones coyunturales y no fueron parte de una visión integral de reforma de la estructura estatal, en interés de introducir mejorías de cara a las demandas ciudadanas, sino que fueron más bien acomodaticias a las coyunturas.

Esta reflexión viene a propósito de que, por primera vez en nuestra vida republicana, estamos sentándonos en frío para diseñar e implementar las reformas que habrán de incidir en los procesos por venir. En ese contexto, nos hemos permitido apelar a la cooperación internacional horizontal e invitar a los administradores de procesos electorales y especialistas en la materia, que hoy se encuentran con nosotros.

Uno de los aspectos positivos de la mundialización ha sido el desarrollo, desde finales del siglo pasado, de todo un sistema de cooperación internacional que ha ido caminando en

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América Latina, de la mano de los procesos de democratización, aprovechando las experiencias individuales, socializándolas y desarrollando las instituciones, programas, procedimientos y una importante jurisprudencia en la materia que sirven de soporte a los procesos de consolidación democrática que vivimos.

Durante el evento, nos proponemos tratar una variedad de temas con respecto a la administración electoral, que están recogidos en la ola de reformas que vivimos. Muy en especial, el capítulo de la Reforma Constitucional que tratará sobre los órganos electorales y su funcionamiento, la normativa propiamente electoral que afectará la Ley No. 275-97, la creación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como los procedimientos e instituciones del derecho electoral dominicano.

Contexto del Evento

Como consecuencia de una serie de factores que se han producido en el ámbito internacional, los regímenes dictatoriales fueron cediendo y, en su lugar, se fueron desarrollando regímenes democráticos en Latinoamérica, dado el proceso de mundialización.

En consecuencia, todos los países han estado compelidos a organizar elecciones competitivas, plurales y transparentes, de tal manera que, el carácter local de los procesos electorales ha cedido a la presencia cada vez más perfeccionada de la observación internacional y a la vigilancia mundial. Los países en los cuales no se respetan estos principios son aislados y segregados de la comunidad crediticia mundial. Por tanto, estas premisas conducen a la obligatoriedad de las elecciones como el único medio legítimo de acceso al poder político.

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Por tal razón, resultan importantes los esfuerzos por perfeccionar los procesos electorales, no solamente sobre la legislación electoral, sino toda la organización electoral y los mecanismos de control, como forma de disminuir los procesos antidemocráticos, denunciados como fraudulentos, y las malas prácticas administrativas que contribuían a restar crédito y confianza al acto electoral.

Al abordar el tema de las Reforma Constitucional y Electoral, se puede ver como un elemento aislado que solamente genera el interés de los políticos y de las organizaciones sociales, sino como parte de la agenda integral, en la cual se articulan temas tan esenciales como el funcionamiento de la democracia, la gobernabilidad y estabilidad, la participación y representación de los ciudadanos, la legalidad y legitimidad. En consecuencia, la fluidez en el ejercicio de las obligaciones, derechos y deberes de ciudadanía y, por tanto, el principio general del bienestar social.

Esto significa que el sistema electoral dominicano debe ir en consonancia con la evolución de la sociedad en su conjunto, y debe ser el instrumento esencial para garantizar la canalización de las inquietudes y demandas ciudadanas en el ejercicio de los gobiernos. Esto es así, ya que si no tenemos claramente definidos los espacios de participación de manera plural y competitiva, la democracia colapsaría, y sin democracia, no hay participación, no hay acceso a los derechos esenciales, generales e individuales, y las iniciativas colectivas no tendrían forma de implementarse en beneficio de la población. La reforma y el perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales es la principal responsabilidad en estos momentos de quienes tenemos a nuestro cargo esta función de Estado.

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Es importante destacar que, el proceso electoral recién transcurrido ha dado lugar a que una importante cantidad de observadores hayan considerado el mismo como un modelo a seguir, ya que resultó ser libre, muy competitivo y extraordinariamente transparente, se podría decir que se ha ido construyendo y creciendo como institución, que hemos creado un espacio en el orden internacional, y hemos apuntalado en el orden internacional a la Junta Central Electoral.

Sin embargo, ¿debemos conformarnos con los niveles de eficiencia alcanzados o debemos ser parte de una nueva ola de reformas que haga de nuestra institución un órgano más fuerte? En los procesos políticos y sociales, el que se estanca, se retrasa. Por tanto, es importante aprovechar este tiempo de reformas, insertarnos en ellas y avanzar lo más que podamos, ya que condiciones como las actuales, no se presentan con mucha frecuencia. Esto indica que, el reconocimiento que hemos obtenido por el proceso pasado, debe ser nuestro principal impulso de cara a las reformas venideras.

En este mismo sentido, y como consecuencia de la crisis política de mediados de la década de los ’90, muy en especial, la presión social y política interna, de la presencia internacional y el monitoreo de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde este momento es nuestra responsabilidad conducir el Registro del Estado Civil, el Registro Electoral y las Oficinas de Expedición de Cédula de Identidad, por tanto, las reformas antes enunciadas, también deben centrarse en este aspecto.

Recordemos que, precisamente, la incapacidad de países como Egipto de entregar documentos migratorios en tiempo rápido, o como Estados Unidos, de garantizar un control efectivo ciudadano y seguridad plena, han dado lugar a cuestionamientos a su funcionamiento como Estados. De ahí que este tema, que

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trasciende lo meramente electoral, aunque obviamente está íntimamente vinculado, debe seguir avanzando en su proceso de reforma en curso, para completar y garantizar los derechos de identidad de nacionales y de extranjeros.

Como parte de estos procesos de reforma, y aprovechando la presencia en este escenario del embajador José Octavio Bordón, Jefe de la Misión de la OEA en las pasadas elecciones, de los tribunales presentes y de organizaciones como el Consejo de Expertos Electorales, nos atrevemos a pedirles que nos acompañen en este proceso de reforma a la Ley Electoral.

De la Participación y Representación Ciudadana

En este sentido, y a propósito de la participación y representación ciudadana, un grupo de cientistas sociales desarrolló en el año 2004 un interesante proceso de investigación respecto a la percepción de la población sobre aspectos vinculados a la propia ciudadanía y a la democracia en la República Dominicana. El propósito, a decir de ellos, era interpretar los datos que arrojaba una encuesta nacional de opinión pública sobre este tema y formular, a la luz de los mismos, sus estrategias de trabajo.

Lo interesante de esta investigación fue que pudieron contactar lo siguiente: se resaltaron los elevados porcentajes de personas que dijeron no haber participado nunca en petición o demanda, un (83%), o participación en proyección comunitaria (58.6%), o contactar un representante político para expresarle sus opiniones, un (71.3%). Contrariamente a este descubrimiento, pudieron determinar que un (51.1%) reconoce tener determinados niveles de participación partidaria y se reduce en ese experticio a un (32.6%) los ciudadanos que dicen nunca haber sido miembros de un partido.

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Peor aún. En el aspecto de las organizaciones sociales, dice que el (62.3%) de la población dijo no haber pertenecido a ninguna asociación sindical, profesional o de negocios, y un (42.1%) dice que nunca ha estado en clubes culturales o deportivos.

Pero ese mismo estudio dio como resultado que el (74.8%) de la población se identifica y prefiere el sistema democrático frente a cualquier otra forma de gobierno, y un (74.3%) afirma que bajo ninguna circunstancia aceptaría la restricción de los derechos democráticos, y asombrosamente en el año 2004, ése mismo informe determinó que el (64.6%) calificó el último proceso electoral como muy confiable, y el (90.7%), según estas estadísticas, consideró justo o muy justo el grado de equidad y oportunidad entregado a los candidatos.

Si hiciéramos una proyección de los niveles de aceptación del proceso recién transcurrido, y conociendo ya los estudios de opinión preelectoral, al ser inquiridos respeto a la percepción ciudadana sobre la Junta Central Electoral y su desempeño, por un lado arrojó un (72%) de aprobación ciudadana, y un (89%) el último estudio realizado en medio del proceso electoral, es decir, entre los meses de abril y mayo. Podemos asegurar que los niveles de confianza y aceptación del arbitraje por parte de los ciudadanos, en esta ocasión, es mucho más alto que el presentado en relación a las elecciones anteriores.

Lo que evidencian estos datos es que no hay una correlación entre los niveles de participación y representación ciudadana y los niveles de confianza y aceptación de los mismos respecto a la clase política.

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La Reforma Constitucional en el Aspecto Electoral

Las informaciones anteriormente ofrecidas indican que las reformas introducidas en el año 2003, mediante una ley adjetiva, no fueron suficientes de cara al porvenir.

Por esto sugerimos a los legisladores que, cuando estén reunidos como Asamblea Revisora, valoren algunas de las ideas y criterios que tenemos al respecto, y que, en sentido general, enunciamos:

1) La necesidad de establecer una Junta Central Electoral integrada por cinco miembros cuya responsabilidad sea organizar, dirigir y supervisar las elecciones a los cargos electivos nacionales congresionales y municipales, que conserve las responsabilidades relativas a la organización, manejo y supervisión del Registro del Estado Civil. La misma debe ser seleccionada y designada por una mayoría especializada del Senado de la República, que represente la tercera parte de su matrícula.

2) La creación de un Tribunal Supremo Electoral que tenga como función juzgar todos los recursos de impugnación, demandas, quejas y violaciones a la normativa legal electoral, conocer todos los asuntos contenciosos, y en adición a esto, atribuir toda la competencia para conocer y juzgar las instancias relativas a las Actas del Estado Civil, tales como rectificaciones, declaraciones tardías y cambio de nombre.

3) El establecimiento de la figura del Legislador Nacional, a fin de garantizar la participación de las minorías y su inserción en los órganos de funcionamiento del Estado.

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4) Rediscutir la aplicación del voto preferencial, a fin de corregir las distorsiones que ha introducido en la vida de los partidos y en los procesos electorales, con el propósito de determinar la viabilidad del mismo.

Asimismo, en el aspecto electoral de la Reforma Constitucional, los legisladores deben valorar la idea de establecer que, en adición al porcentaje del 50 por ciento más uno, consignado para resultar electo en una primera vuelta, cuando entre uno y otro candidato medie una diferencia de un diez por ciento, no sea necesaria la convocatoria a una segunda vuelta.

En adición a esta adecuación constitucional de la estructura electoral dominicana, se plantea la necesidad de introducir novedosas figuras como nuevas instituciones de derecho electoral en la República Dominicana; descuellan entre estas propuestas la creación de la institución del plebiscito y del referéndum.

Como ya hemos visto anteriormente, aunque hay amplios niveles de aceptación y confianza de la ciudadanía respecto a los procesos que llevamos a cabo, no existen instituciones que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos. De ahí que el establecimiento de la institución del referéndum y del plebiscito, puede jugar un papel importante en el proceso democrático del país, sobre todo, cuando estas instituciones nuevas están dirigidas a decidir sobre políticas sociales y económicas, para sólo enunciar algunas. Las políticas sobre energía, sobre manejo de agua, sobre seguridad ciudadana y porte de armas, sobre migración, en fin, sobre una variedad de temas que, de manera indistinta, los poderes públicos, entiéndase el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los propios órganos de Estado, como la Junta Central Electoral, nos vemos obligados a tratar, sin el necesario trasvase, monitoreo, participación y decisión de la ciudadanía. Estas nuevas

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instituciones merecen nuestro respaldo y deben ser insertadas en nuestro ordenamiento constitucional.

La Reforma en Materia de la Ley Electoral No. 275-97

En este mismo sentido, en el ámbito estricto de la Ley Electoral, tuvimos la oportunidad de abordar este tema en el seminario desarrollado en el marco del Diplomado en Administración Electoral, organizado por la Cámara Administrativa y en coordinación con la Universidad Católica Santo Domingo. Tratamos el tema de la regulación y control de la campaña electoral. Tocamos algunos aspectos, que desde nuestro punto de vista, merecen ser revisados.

Veamos:

a) Los plazos y duración de la campaña electoral. b) El acceso a los medios de comunicación y equidad de

participación en los mismos. c) El régimen de propaganda y publicidad. d) La reglamentación y definición de la rendición de

cuentas. e) El establecimiento de límites en el gasto electoral. f) La restricción a los aportes privados y su reglamentación. g) El régimen de sanciones. h) Los alcances y límites de las encuestas. i) El uso del financiamiento público en la vida institucional

de los partidos. j) La regulación de las tarifas publicitarias. k) El establecimiento de un tope en el tiempo y horario en

los medios de comunicación.

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l) El establecimiento de un régimen contable, tomando como base la propuesta formulada por la Cámara Administrativa en el seminario precitado.

Es obvio que nuestra normativa electoral también necesita de una reforma integral, que permita afrontar mayores niveles de eficiencia en los procesos venideros. En ese sentido, existen aspectos puntuales que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar una nueva ley:

a) La posibilidad de introducir nuevas tecnologías en el proceso de escrutinio, transmisión y cómputo electoral.

b) El rediseño de la logística electoral para el día de las elecciones en la entrega de materiales y equipos.

c) Obligaciones y deberes en los Colegios Electorales. d) Obligaciones, derechos, deberes y penalidades en el

ejercicio del sufragio. e) La profundización y rediseño de las circunscripciones

electorales. f) La distribución del financiamiento y la especialización de

fondos en aspectos tales como: desarrollo institucional, educación y proselitismo.

g) La introducción de nuevas modalidades en el proceso de depuración del Registro Electoral.

h) La ampliación de los niveles de garantía de los ciudadanos y de los partidos.

i) Redimensionar el papel de la Junta Central Electoral en los procesos de organización de las primarias de los partidos políticos, de manera que las mismas se organicen por la institución, en un mismo día, en una misma hora, usando como base el padrón general como fuente de los demás padrones, de manera que la forma de colocación de la boleta y la decisión de quién formaría parte de la misma, surja de la voluntad libérrima de los miembros de cada partido.

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Estos aspectos, entre otros, requieren de modificaciones inmediatas en la Ley No. 275-97 y de readecuación a la luz de la Reforma Constitucional que se produzca.

Sobre los Partidos y Agrupaciones Políticas

Es costumbre escuchar a sociólogos y a politólogos, desde hace tres décadas anunciar el fin de la clase política, la falta de credibilidad pública de los políticos, la debilidad del sistema de partidos y la inminencia de una crisis de proporciones apocalítica, que terminarán arrastrando todo el sistema de partidos y con ello el sistema de democracia representativa que hoy conocemos.

Sin embargo, contrario a estos augurios, las estadísticas apocalíticas mostradas por investigaciones realizadas, demuestran que muy particularmente en la República Dominicana, se tiene un sistema de partidos fuerte, que ha sabido sobreponerse a sus propias debilidades y que goza de un gran aprecio por parte de la comunidad.

En adición a estos estudios citados, los resultados electorales de los últimos procesos permiten demostrar que el sistema de partidos mantiene una gran estabilidad y que un segmento de los mismos ejerce hegemonía relativa sobre el electorado, oscilando la masa de votantes entre uno y otro.

Veamos:

En el año 1996, tres de los partidos concurrentes obtuvieron el 95 por ciento de los votos emitidos; en el año 2000, éstos mismos partidos obtuvieron el 93 por ciento; en el año 2004, obtuvieron el 87.8 por ciento, y en el año 2008, el 88.1 por ciento

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(estas estadísticas no incluyen las alianzas establecidas alrededor de cada una de las candidaturas de estos partidos). Si incluyéramos las alianzas que giran alrededor de ellos, la proporción en estos cuatro períodos superaría el 97 por ciento de los votos emitidos.

Asimismo, la abstención promedio en estos períodos es de un 25 por ciento, incluyendo en la misma un porcentaje de ausentismo electoral de, aproximadamente, un 15 por ciento, como consecuencia de algunas inconsistencias que refleja nuestro padrón, debido a la imposibilidad de excluir del mismo a algunos ciudadanos fallecidos en el país y en el exterior, y a una gran proporción de dominicanos que viven en otros países y están incluidos en el Listado de Electores. Por lo que, en términos reales, la abstención nuestra se mueve en un espacio de un 10 a un 15 por ciento, comparada con otros países del área. Y dado que en el sistema el tener una Cédula de Identidad y Electoral, que de por sí es obligatorio y genera el ingreso automático del ciudadano al Listado de Votantes, se puede decir que existe una participación elevada y consistente de la población en los procesos y en el ejercicio del derecho al sufragio.

Se hace necesario el conocimiento de una Ley General de Partidos que establezca los plazos y el tiempo de la precampaña, los requisitos de candidatura, la competencia para la supervisión y fiscalización de la misma, la restricción al universo partidario de estas campañas, el establecimiento de nuevos umbrales para la conservación y pérdida de la personalidad jurídica, el establecimiento de períodos obligatorios de participación individual, el condicionamiento del financiamiento, en fin, toda una serie de normas que reglamenten la función partidaria.

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Para lograr estos propósitos, necesitamos caminar de la mano de todas las organizaciones políticas y sociales, y de los órganos de administración electoral y organismos colaterales de cooperación, que hagan posible que nuestra democracia perfeccione más sus instrumentos de arbitraje y control del proceso. Por tanto, estos enunciados que presentamos sólo serán posibles con su concurso, quedando como tarea pendiente en el proceso de reforma en curso.

16 de septiembre del 2008

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César Medina: ¿En qué consiste el “Primer Encuentro Internacional de Administradores de Procesos Electorales”? ¿Qué es esto?

Roberto Rosario Márquez: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de llegar de nuevo a los ciudadanos dominicanos que le dan seguimiento día tras día a este programa.

Lo que proponemos es analizar en frío, que es el término adecuado, las experiencias que tuvimos en el proceso electoral, el nivel de perfección, si se le pudiera llamar así, que hemos logrado en la administración de cada uno de los procesos que se dan en el montaje de las elecciones y de cada una de las instituciones que en el derecho electoral existen.

Generalmente, estos eventos se analizan con personas que manejan el tema; pero que no necesariamente lo administran. En esta ocasión, lo que hemos querido es involucrar a quienes lo organizan en cada país. Hemos invitado 21 países a que asistan, de los cuales ya tenemos algunos confirmados. De esas naciones invitadas, representantes de 17 de ellas ya se encuentran aquí, encabezados por presidentes, magistrados y técnicos electorales de primera línea, que estarán junto a nosotros analizando las experiencias que ellos han tenido, los retos que ellos tienen en cada uno de sus países, los proyectos que tienen, para verlos juntos

Entrevista Realizada en el Programa Hoy Mismo

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con los nuestros. Y entonces, de esa manera, estar en condiciones de introducir modificaciones o corregir las imperfecciones que pudiéramos tener.

En ese sentido, también hemos invitado, junto a los magistrados y técnicos, una importante cantidad de personalidades que descuellan en esa área. Entre ellos, como tú has señalado, tenemos al señor José Octavio Bordón, que es un experto en la materia, y que fue el Jefe de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que jugó un rol muy activo en el proceso electoral que recién transcurrió.

Asimismo, tendremos muchas personas que han sido presidentes y magistrados con una alta incidencia, como es el caso de Oscar Eisenhower, de Bolivia, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. De igual modo, viene el presidente del Tribunal de Bolivia, la presidenta del Tribunal Electoral y varios magistrados de Venezuela; también vienen el presidente del Tribunal Electoral y varios magistrados de Paraguay. Además, tendremos a América Central entera; una parte importante de América del Sur, como son: Argentina, Paraguay y Uruguay. Contaremos con la presencia del presidente y varios miembros del Consejo Electoral de Haití. Es decir, viene toda una constelación de administradores de procesos electorales en el período que va del 16 al 20 de septiembre, para analizar y debatir en detalle, estos procesos.

Ahí habrá una relatoría del proceso que, en este caso, la va a dirigir don José Octavio Bordón, quien tiene el interés de recoger todas esas experiencias, plasmarlas posteriormente en un documento y ver qué provecho se les puede sacar.

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César Medina: En ése mismo contexto, en el concierto de países que van a participar aquí de Juntas Centrales Electorales, por llamarlo así, englobarlo, ¿cuál es la experiencia, embajador Bordón, o la enseñanza, que pudieron ustedes, o usted particularmente, sacar del caso dominicano en el último proceso?

José Octavio Bordón: En primer lugar, agradecerle al magistrado, a su área administrativa y a la Junta, el haberme invitado. En este caso, yo no vengo representando al Jefe de la Misión de la OEA, sino como parte de la comunidad democrática de la región latinoamericana. Así que estamos aquí, muy felices, en este querido país de la región del Caribe, y gracias a ustedes por invitarnos a compartir en esta mañana.

Yo quería hacer dos reflexiones que están en el campo de lo que usted plantea. Por un lado, un tema integral que articula los temas de la democracia, del bienestar y de la ciudadanía, porque son tres conceptos que deben estar unidos. Si no podemos participar libremente y no se puede respetar nuestra participación, nuestra decisión, estamos afectando la democracia. Si al mismo tiempo, como ustedes mencionaban, frente a hechos muy dramáticos en el campo social, no podemos dar bienestar y acceso al derecho, al bienestar y al derecho individual, estamos afectando la democracia.

Además, en estos años hemos aprendido lo importante que es tener ciudadanos en un sentido integral, ciudadanos en el campo de los derechos humanos, ciudadanos en lo civil, ciudadanos en lo social, capaces de producir y de consumir, de educar y ser educados.

Por lo tanto, si bien no lo agota el sistema electoral, en este trípode de democracia, bienestar y ciudadanía, es muy importante la calidad y la confianza en los sistemas electorales.

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Segunda reflexión, que va más directamente a su pregunta y en el sentido de la invitación; pero yo lo quise poner en contexto. ¿Cómo frente a dramas como los que se están viviendo, que ustedes mencionaban antes, nos preocupamos de este tema? Es que este tema ayuda a tener mejor capacidad para afrontar y vivir más pacíficamente y con mayor justicia. Y hay dos ejes que para mí son muy importantes de la enseñanza dominicana y de este proceso de crecimiento de la democracia. Uno es la institucionalidad. En la República Dominicana, ustedes han ido construyendo una institución que yo creo que es modelo, no digo que es perfecta; pero que es un verdadero modelo para países con mayor desarrollo económico y social, que debieran aprender de República Dominicana, porque es una institución que al sistema republicano del ejecutivo, del legislativo y del judicial, le ha generado una institución independiente que articula con los tres. Incluso, en su diseño tiene un aspecto muy importante: que es la responsabilidad en el registro de personas, que no es habitual en todos los países. Esto es, que el registro de las personas, que es un tema que trasciende lo electoral y que favorece una mejor ciudadanía, está en esta institución independiente de los otros tres poderes, que garantiza y profundiza ese sentido de ciudadanía. Entonces, esta institución realmente es modelo desde el punto de vista del diseño.

Pero otro aspecto, y que va muy directamente relacionado a la responsabilidad del magistrado, es la gestión. Uno puede tener una institución muy bien diseñada; pero si la gestión es mala, si la gestión es insuficiente, no tiene recursos o los recursos no son utilizados, o la institución no está permanentemente aprendiendo y mejorándose a sí misma, usted puede tener un buen diseño; pero va a tener una mala práctica, y la mala práctica, va a desprestigiar el buen diseño. En este caso, tenemos una muy buena gestión de crecimiento permanente.

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Yo recuerdo, y con esto cerraría los debates que se abrieron acerca del tema de los escáneres, que no era nuevo, sino que era una ampliación y profundización de la luz. Nosotros reconocimos que era un desafío, que era un riesgo; pero también lo respaldamos totalmente, porque era una manera de superar dificultades que habían existido, como la lentitud. Fíjese usted, yo viví con la alegría no partidaria, porque nosotros tenemos que escuchar, acompañar u observar con igual atención y con igual sentido de la equidad a los partidos de gobierno y de la oposición; pero esa noche, ver la serenidad con que la oposición, más allá de sus críticas, reconocía el resultado a hora temprana y que el oficialismo esperara hasta ese reconocimiento para iniciar, digamos, su festejo. Ese festejo fue trasladado al día siguiente; pero ese festejo tuvo que ver con la madurez de la sociedad, tuvo que ver con una buena actitud del oficialismo y de la oposición. También tuvo que ver con un buen diseño del sistema electoral, con una muy buena gestión y con el coraje que tuvo la Junta y su administración de no detenerse por lo logrado, de no dormirse en los laureles, como decimos en deporte, sino decir: no, vamos a ir más allá, vamos a buscar un sistema de escáner que supere los problemas que tiene la democracia en Estados Unidos, que tiene la democracia en países latinoamericanos y que había vivido Dominicana. Me refiero a la lentitud en conocer los resultados; eso genera inseguridad, genera desconfianza, no solamente entre los actores del proceso electoral, los candidatos y los partidos, sino en la población.

Entonces, estamos hoy acá para eso, porque estamos muy orgullosos. Y además, por la cooperación horizontal, porque no es el único país que va a participar, hay países que vienen a contar sus defectos y otros que van a venir a transmitir sus aciertos, sus virtudes, y esto nos va a permitir mejorar.

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Pido disculpas, fui un poco extenso; pero la verdad es que tenemos un reconocimiento muy importante que hacer, por esta voluntad de aprendizaje. Hemos dejado algunas reflexiones para mejorar, algunas muy sencillas, muy menores, como es el tema del horario, el cual nos parece tan extendido. Tal vez tiene que ver con algo que existía antes, que era que en una parte del día iban las mujeres y, en la otra, los hombres.

César Medina: ¿Usted cree, embajador, que es muy extendido el horario del sufragio de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde?

José Octavio Bordón: Creo que sí, porque cansa a los responsables, porque no es que empiezan a las 6:00, es como el caso de ustedes, que es admirable: empiezan a las 4:00 para estar aquí a las 6:00.

Como le decíamos al magistrado Rosario, a nosotros nos toca esto un día, no todos los días. Pero tiene que ver con una situación anterior, que demuestra cómo va madurando la sociedad dominicana, que a una hora iban las mujeres y a otra hora los varones. Ahora yo los he visto conviviendo con respeto, con entusiasmo, entonces eso tenía que ver con el pasado. Nosotros hemos recomendado achicarlo, porque además concentra, y la gente está más descansada. Hay cosas más profundas que hemos recomendado y que, obviamente, respetamos vuestra decisión, porque los dueños del proceso electoral son ustedes, no somos nosotros; nosotros somos observadores (hemos sido) y ahora vengo a compartir experiencias.

Yo creo que se ha actuado muy bien previendo las dificultades, desde el punto de vista de los distintos ámbitos de la Junta Central Electoral y, por supuesto, el rol de la Cámara Administrativa; pero nos parece que todavía no está correspondido. Me estoy refiriendo a los temas constitucionales o leyes electorales, quizás la solución sea una Fiscalía Electoral.

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César Medina: La observación de la OEA, en su informe final, dice que ciertamente se utilizaron recursos del Estado en la campaña electoral a favor de un candidato, el oficialista, por supuesto. Ahora, para los fines de la observación de la OEA, de usted en términos particulares como embajador, que yo estimo que tendrá muchas misiones parecidas, similares o superiores a ésta en otra parte del mundo, ¿hasta dónde pudieran tomarse medidas para evitar que esto se repita?

José Octavio Bordón: Bueno, yo tengo muchas experiencias de elecciones ganadas y perdidas como candidato, y de presentar leyes de financiamiento de los partidos políticos cuando era senador o cuando fui candidato a la presidencia, aparte de este tipo de experiencias.

Yo diría que nosotros dimos dos conclusiones: una fue ésta. También dijimos que la voluntad popular había sido absolutamente respetada y era absolutamente transparente el proceso eleccionario. O sea, que hemos tenido una visión crítica de algunos aspectos. En resumen, una actitud y una observación positiva sobre la confianza con que los ciudadanos pudieron ir a votar y de que su voto fuese respetado.

Yo creo que hay que perfeccionar las instituciones, me parece que hay dos temas en específico. Esta situación atraviesa transversalmente la América Latina y lo estamos viendo también en algunos países muy desarrollados, que es perfeccionar los sistemas de financiamiento electoral. No hay país en que no haya sospechas o dificultades. Tenemos un problema transnacional del delito organizado que trata de ingresar en estos temas. Por lo tanto, yo no desestimaría tan rápido el rol del financiamiento del Estado a las elecciones y un control muy transparente del aporte privado, porque esto puede ayudar y, sobre todo, la cooperación internacional.

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En segundo lugar, como le decía recién, me parece que habría que mejorar, no mejorar, sino crear una nueva institución dentro de la justicia que sería esta Fiscalía Electoral. ¿Por qué? Porque cuando la Junta detecta situaciones, la Junta tiene poder para advertir, no tiene un poder judicial directo, salvo en algunos aspectos, y la justicia aunque actúe bien, actúa con los ritmos de la justicia normal. En consecuencia, tener una fiscalía solamente dedicada a ese tema le permitiría el buen desempeño a la Junta y, de igual modo, tener una correspondencia de acción y de eventual sanción en oportunidad y tiempo. Obviamente, éstos son procesos que deben ser debatidos, que tienen que ver con algo muy especial también, que son las leyes dominicanas.

César Medina: ¿Sería una instancia judicial para debatir únicamente los conflictos electorales?

José Octavio Bordón: Exactamente, a la velocidad que la Junta y el proceso democrático lo necesitan, porque si se resuelve como son los otros procesos normalmente, después de un año…

César Medina: Pero la Cámara Contenciosa se supone que tiene que jugar ese rol.

José Octavio Bordón: Juega ese rol, lo que pasa es que tiene un límite sancionatorio, que necesitaría de una institución en el campo judicial, según nuestra opinión. Pero obviamente que hay que ser muy cuidadosos. La serenidad debe ir de la mano en estos temas, de la responsabilidad y del debate, lo cual lleva un tiempo. Por eso es que nos parece muy razonable que nuestras recomendaciones sean analizadas en profundidad por la Junta Central Electoral, que en este país tiene iniciativa legislativa en los temas específicos que tienen que ver con lo legislativo, y por supuesto, el Poder Legislativo, que es un ámbito fundamental para aprobar y no aprobar, y la opinión, por supuesto, del Ejecutivo y

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del sistema judicial, porque esto nosotros lo vemos desde nuestro interés electoral. Ellos también tienen que ver cómo articulan con el buen funcionamiento del sistema judicial dominicano.

Christian Jiménez: Embajador, ¿usted cree que es preferible separar definitivamente lo que es ahora la Cámara Administrativa y lo que es Contencioso, ya como tribunal, que estén separados realmente? Porque ahora hay una unión extraña, porque todo es tribunal, todo participa: lo contencioso o administrativo cuando están de conjunto; pero luego pasa a tribunal de lo que ya sancionó como Pleno en alguna medida. ¿Usted sería partidario de que se separaran definitivamente?

José Octavio Bordón: Yo sería muy cuidadoso, y acá el magistrado seguramente tiene más conocimiento y experiencia que yo. Nosotros lo que hemos observado es simplemente lo siguiente (no nos hemos ido tan lejos): es la organización de la Junta Central Electoral en su conjunto y las distintas responsabilidades en lo contencioso y en lo administrativo, con la autoridad, independencia y celeridad, como si fueran las Cámaras que a veces en las Supremas Cortes de Justicia se organizan. Nos parece muy inteligente este tema también.

Lo que hemos observado es que el área contenciosa, o los temas que va detectando el área administrativa durante el proceso electoral, no tienen un correlato en el área judicial y en la fiscalía que le permita actuar con la agilidad, que juegue preventivamente, porque lo que le interesa a la Junta Electoral es garantizar y proveer el mejor proceso. Obviamente, si hay una resolución posterior, siempre es útil; pero en el deseo de la Junta, de su área administrativa o de la acción contenciosa, es tratar de que se supere el tema. Incluso en este caso creo que fue la Cámara Administrativa la que tomó algunas decisiones e hizo algunas

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recomendaciones previas para facilitar el proceso; pero obviamente hay aspectos que ya trascienden a la Junta y que tienen que ver con el sistema judicial, en la cual pensamos. Digo pensamos, porque nosotros no podemos disponer, que una eventual fiscalía, podría ayudar en esta materia. Y este tema lo hemos hablado también con el área judicial, y ha habido, creo yo, no digo aceptación; pero se compartió la idea. Es como cuando uno tiene los niños, luego pasan a adolescentes y de adolescentes pasan a adultos. Lo que quiero decir es que tenemos que ir cambiando la ropa también, porque le queda chica y a veces no es adecuada. Acá está creciendo la cultura democrática, están creciendo las instituciones y, por tanto, se están exigiendo nuevas instituciones, que es lo que hemos recomendado.

Miguel Franjul: A propósito de cambio de ropa, doctor Bordón y doctor Rosario, ¿cuál sería el mejor traje que le cabría a una Junta que ya se reconoce como modelo en América Latina en materia de sistema, en materia de modernidad?

José Octavio Bordón: El magistrado dijo algo muy importante al principio. Hay que “discutir en frío”, dijo él. Hay veces en que las discusiones se dan en pleno proceso electoral, y es positivo; pero después de esos procesos, cuando uno no está en la lucha de intereses, de un resultado, de un posicionamiento, esto permite un diálogo distinto.

Un tema que yo agrego a eso, que lo pensaba cuando venía para acá, es el hecho de que uno pueda detectar que muchas dificultades están en los países respecto al financiamiento, también quita un poco este peso de sólo la culpabilidad o la mala fe, no aquella idea de “mal de muchos, consuelo de tontos”, o excusa del mal pagador. No estoy hablando de eso, sino que permite detectar que hay problemas globales que todos los sufrimos y que, por lo tanto,

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es importante que todos los sectores se pongan de acuerdo dentro de cada país y a nivel internacional, porque hay temas que tienen que ver con el financiamiento y con la preocupación de que el delito internacional intente ingresar como poder, a partir del financiamiento de elecciones primarias o de elecciones generales. Seguramente cuando uno detecta que esto es global, también esto permite tener un accionar global y colaborar entre todos para enfrentar, a veces, intereses transnacionales, que uno desde una candidatura, desde un solo partido o desde un solo país, se hace muy dificultoso.

Así que, creo que esta idea de invitar y haber sido exitosos en convocar 17 ó 18 tribunales electorales, tiene mucho que ver con la calidad de la democracia, con lo cual ustedes habían iniciado el programa, con la mejor calidad de vida y a través de la mejor calidad de vida, más seguridad a todos los lados de las distintas fronteras donde viven seres humanos, con las mismas aspiraciones y con los mismos sueños.

Febrero del 2009

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Primeramente, deseamos felicitarles por el magnífico y ejemplar desempeño mostrado por ustedes en el proceso electoral del 16 de mayo del año 2008.

La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral ha decidido convocar esta reunión, con el propósito de abordar varios temas propios de la administración electoral, los cuales sucintamente pasamos a tratar a continuación.

a) Producir una reflexión respecto al contexto en el cual se desarrollará el proceso electoral, de cara a las elecciones congresionales y municipales pautadas para el año 2010, y la normativa que regirá el comportamiento de nuestro órgano y de los actores del proceso.

Se prevé la elección en el nivel congresual de senadores y diputados, y de síndicos y regidores en el nivel municipal. Hasta esa parte del panorama electoral, desde el punto de vista de la administración, no se presenta ninguna novedad, más bien es idéntico a los procesos que vivimos en los años 2002 y el 2006. Ambos procesos fueron discutidos y cuestionados por los actores políticos que electoralmente salieron perjudicados con el resultado de la votación.

Consideraciones en Torno al Contexto que se Desarrolló el Proceso Electoral

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En las del año 2002, los miembros de la JCE fueron cuestionados por algunos hechos vinculados a las elecciones de diputados, por la asignación de bancada, y estas fueron bautizadas como las elecciones del “palito”. En el 2006, el proceso estuvo caracterizado por un desorden descomunal en las primarias partidarias y por el caos creado en la recepción de las candidaturas, a través de la Secretaría General de la Junta Central Electoral, generándose un alto cuestionamiento, como consecuencia del descuadre que se produjo en las actas. Sólo en el proceso posterior a la votación, se produjeron unas 325 impugnaciones, y todavía en el año 2008, se tomaban decisiones fundadas en los errores arrastrados por estas elecciones.

b) Una de las características de los procesos antes indicados estuvo relacionada con la baja calidad de la composición de los Colegios Electorales, que a su vez produjo los fenómenos distorsionantes de la necesaria transparencia electoral que anteriormente citamos. Por demás, el procedimiento y el tiempo de selección de los miembros de éstos colegios generó serias dificultades en la administración electoral, al grado de que el 14 y el 15 de mayo del 2006, se tomaban decisiones respecto a la composición de los Colegios Electorales en muchas de las Juntas Electorales y se presentaban obstáculos en el sistema informático para la selección del personal.

Es evidente que, el hecho de haber iniciado la planificación del proceso electoral con poco tiempo, jugó un rol importante en la mala imagen que acompañó a esos dos procesos electorales, por lo que reivindicar el poco tiempo con que los mismos se organizaron como un mérito, es reivindicar muchas de las causas reales que dieron lugar al cuestionamiento de esas elecciones.

c) En las elecciones de los años 2002 y 2006 no hubo una presentación adecuada de los resultados. Además, tampoco fueron

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entregados en tiempo oportuno, lo que generó que los recintos de votación estuvieran prácticamente rodeados por militantes políticos al momento del escrutinio, y que el proceso se viera enturbiado con la violencia que produce la falta de información, por la ineficiencia en la gerencia electoral.

Sólo basta con recordar los sangrientos hechos que se produjeron en la localidad de Pedro Brand, con su secuela de heridos, muertos e intento de secuestro de urnas, así como el hecho de que varias Juntas Electorales debieron ser trasladadas por contingentes militares, vía terrestre y aérea, para que pudieran concluir las labores de escrutinio y transmisión desde las oficinas principales de la JCE.

d) La institución permitió que fuera violada la Ley de Cuota de participación femenina. Y más aún, que con posterioridad a su inscripción, candidatos de ambos géneros fueran excluidos administrativamente de las boletas por dirigentes de los partidos, en contubernio con funcionarios de la JCE, con la indiferencia de la autoridad electoral, al extremo de que los candidatos que promovían los partidos políticos, no necesariamente eran los que aparecían inscritos en la boleta electoral.

e) Las Juntas Electorales no pudieron dar respuesta a las distintas impugnaciones que se presentaron en sus respectivas jurisdicciones con el nivel técnico requerido, en la mayoría de los casos se inhibieron y fueron instruidas para remitir a la Cámara Contenciosa cada uno de sus litigios. Por demás, en el primer nivel, al momento del escrutinio en los Colegios Electorales muchos candidatos a diputados fueron despojados de la votación real obtenida por acuerdos hechos entre miembros de un mismo colegio y delegados de los partidos, vulnerando seriamente la voluntad del elector en el momento del escrutinio.

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f) Primó la improvisación en la logística electoral, serias dificultades en la impresión y distribución de las boletas, y falta de previsión en la custodia de la boleta electoral, de tal manera que, resultó imposible satisfacer la demanda de recontar los votos formulada por varios candidatos.

g) Falta de educación y orientación a los candidatos, a los delegados de los partidos y a los propios miembros de colegios respecto al rol que corresponde desempeñar a cada uno de éstos en su respectivo espacio.

Principales Retos de la Cámara Administrativa de Cara a las Elecciones del 2010

Primero: Retomar la planificación electoral que caracterizó el período electoral pasado, como una herramienta fundamental en la gerencia del venidero proceso electoral.

Segundo: Constituir este acto cívico en un toque de diana que ponga a todas las Juntas Electorales de cara a la ejecución del cronograma electoral regresivo, integrando en su implementación y evaluación a los delegados y representantes de los partidos políticos en cada localidad, realizando los ajustes necesarios e introduciendo las modificaciones y mejoras que sean necesarias.

Tercero: Declarar el inicio, a partir de este momento, de los procedimientos para la selección de los miembros de los Colegios Electorales, así como la implementación de las medidas administrativas necesarias para la formación de los mismos, ante los desafíos que presentan estas nuevas elecciones, estableciendo la selección de los miembros de Colegios Electorales como la prioridad de las Juntas Electorales, así como el inicio del primer nivel de formación desde esta fecha hasta el mes de diciembre del presente año.

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Cuarto: En el presente proceso se pretende introducir nuevas figuras en el litoral político y legislativo, y el otorgamiento de otras competencias al órgano electoral que, de implementarse, representarían serios y graves desafíos. En consecuencia, a partir de ahora debemos visualizarlos. Los enumero para que se tenga una idea del impacto que tendrían en este proceso:

a) La posibilidad de que se apruebe la organización de elecciones en dos demarcaciones electorales que crearía la Constitución de la República, de aprobarse tal como está prevista la Reforma Constitucional. Estamos hablando de la organización de la elección de dos senadores y siete diputados en territorio extranjero.

b) La intención de poner a cargo de la JCE la elección de los miembros del Parlacen en una boleta aparte y con un régimen jurídico y reglamentario actualmente indefinido.

c) La introducción de la Ley 176-07, que manda a la elección de 229 directores de distritos municipales y tres vocales para las demarcaciones y localidades, cuyos límites, incluso, deben ser bien precisados en la geografía electoral.

d) La introducción, como proceso nuevo, de la elección de diputados por el principio de acumulación de votos, es decir, la creación de la circunscripción nacional.

e) La aprobación y discusión de una Ley General de Partidos, una vez ya iniciada la administración del proceso electoral, creando nuevas atribuciones y competencias en el ámbito administrativo.

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f) La celebración de las primarias internas de los partidos en un mismo día con el padrón y la supervisión de la JCE, y la supervisión de primarias para elegir las autoridades internas de ellas.

g) La propuesta de varios partidos de que se introduzca el voto electrónico para el presente proceso electoral.

Como se puede observar, cada una de éstas propuestas constituyen de por sí una elección y procesos nuevos, que por el sólo hecho de ser novedosos, requieren de experimentos y ensayos en un tiempo que, para mucho que no tienen la responsabilidad de la administración electoral, es abundante; pero que para nosotros, que tenemos a nuestro cargo la administración del proceso, es un tiempo corto para cumplir con las actividades normales; implementar éstas novedades eleva a niveles muy altos el riesgo y la improvisación en la administración electoral.

A la fecha, las elecciones de medio tiempo que hemos tenido, en sentido general, no han sido transparentes, han carecido de planificación y organización y han sumido en el descrédito a sus organizadores. Por eso, al escuchar decir que disponemos de tiempo suficiente a quienes estuvieron involucrados en la organización de esos procesos, y fracasaron en garantizar la transparencia de los mismos, nos preocupa, porque al parecer, lo que se pretende es que las elecciones venideras sean una reproducción de las anteriores elecciones de medio término, con la diferencia de que en ésta ocasión, las responsabilidades administrativas son mayores.

Definitivamente, hay gente que no entiende que el fracaso de la Cámara Administrativa es el fracaso del país, del sistema de partidos y de la JCE en su conjunto, sin excepción.

Quinto: En esta ocasión, queremos garantizar que ampliaremos la utilización del sistema de escaneo y transmisión de resultados desde los recintos electorales, la colocación de pantallas en los principales centros de concentración y circulación pública,

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introduciremos además la automatización total del sistema de recepción de candidaturas, así como la automatización total de la logística electoral.

Sexto: Afirmamos categóricamente que antes de la medianoche, en un tiempo récord, el país conocerá cuáles ciudadanos resultaron electos en las 32 provincias como senadores, así como las principales candidaturas electas a los cargos municipales.

Séptimo: Como administradores y organizadores de las elecciones, garantizamos hacer nuestros mejores esfuerzos para que éstas sean las elecciones más transparentes y pulcras que se hayan organizado en la República Dominicana, que sólo sean comparadas con las anteriores elecciones presidenciales del 2008, también organizadas por ésta Cámara Administrativa y por esta Junta Central Electoral.

Es importante destacar que, todas las reformas administrativas introducidas en el proceso electoral anterior, todas, sin excepción, se hicieron con la oposición de una parte importante de los partidos políticos y con una apreciable disensión al interior de la propia JCE, y en ése camino, pudimos avanzar.

Sin embargo, al momento de discutir el tema de la regulación de la campaña y el establecimiento de un régimen financiero y contable para el sistema de partidos políticos, no pudimos avanzar, debido a que al no ser éstas reformas administrativas, sino políticas, requerían del consenso de los principales actores involucrados.

Posteriormente, los grandes opositores a nuestras propuestas de reglamentación y de regulación de la campaña, y del régimen financiero y contable, se la han pasado parados en el muro de las lamentaciones, por no haber apoyado éstas iniciativas institucionales.

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Por nueva vez, las organizaciones políticas y de la sociedad civil se han inclinado por mantener intacto el sistema de voto preferencial y el contenido esencial de las circunscripciones. Aunque la Cámara Administrativa ha sometido dos proyectos en sentido contrario, la decisión de mantener o eliminar el actual sistema descansa fundamentalmente en los partidos políticos, ya que no es posible introducir reformas electorales sin el consenso de éstos, por lo que nuevamente el espíritu conservador de los partidos políticos impone una vieja agenda, en perjuicio del propio sistema de partidos. Esperamos que de nuevo no tengamos que lamentar esta situación.

Cuando decidimos enviar las dos propuestas al Pleno de la JCE, sin inclinarnos por ninguna de ellas, se debió a que la Cámara Administrativa tenía la decisión de acoger la propuesta mayoritaria de los partidos, ya que un cambio de esta magnitud no era posible sin su apoyo.

Finalmente, hoy les estamos entregando el cronograma electoral de cara a las elecciones del año 2010, con la finalidad de iniciar los procesos de implementación y evaluación. Sabemos que los resultados serán beneficiosos para el país, y que al concluir junto con nosotros el período para el cual fueron electos, todos nos sentiremos orgullosos de haber sido parte de uno de los acontecimientos más importantes para la construcción de la institucionalidad democrática de la República Dominicana.

Reunión con Presidentes, Secretarios y Miembros de Juntas Electorales

15 de abril del 2009

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La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, en el mes de noviembre del pasado año, puso a disposición de los delegados técnicos y políticos de los partidos reconocidos, las líneas generales para el trabajo administrativo, pautadas para el 16 de mayo del año 2010. Posteriormente, fue entregado el Calendario Regresivo de Plazos Administrativos de cara a las Elecciones Congresionales y Municipales, en las cuales serán escogidos los senadores, diputados, síndicos, regidores, encargados y vocales de los distritos municipales.

Como novedad de este proceso, los miembros de la Asamblea Revisora han constituido una mayoría que propugna por la realización de elecciones para las funciones congresuales en el exterior, la elección del diputado por el método de acumulación de votos y la selección, a través de elecciones, de los Miembros del PARLACEN. La selección de los encargados y los vocales de los distritos municipales también es parte de esta novedad.

A menos de un año para la reunión de las Asambleas Electorales, les hemos convocado para comentar algunos de nuestros puntos de vista y darle cumplimiento al mandato contenido en la Ley No. 275-97, artículo 6, en su literal c), que deja en manos de esta

Trabajo Administrativo de Cara a las Elecciones del 2010

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instancia la atribución de “poner semestralmente a disposición de los partidos reconocidos, a más tardar quince (15) días después del cierre de las inscripciones, la base de datos del registro que contiene las listas actualizadas de los inscritos en el Registro Electoral, con las especificaciones de los datos personales de los electores, las nuevas inscripciones, los traslados y las cancelaciones…”.

Como podemos constatar, el proceso a que nos contrae el documento que entregamos, identifica a 32 provincias, 155 municipios y 229 distritos municipales, como el área geográfica en que se desarrollará el proceso en cuestión.

De efectuarse elecciones en ultramar, estaríamos llamados a definir dos o tres nuevas circunscripciones electorales en Europa y parte de América.

El Padrón Electoral entregado presenta espacios geográficos, en este caso distritos municipales, como es el caso de Quita Sueño, en Cotuí, y Guayabo, en Comendador, que apenas cuentan con 295 y 356 electores, respectivamente. Pero en contraste, en esta unidad geográfica de la ley adjetiva, encontramos distritos municipales como Santo Domingo Norte y San Francisco de Jacagua, en Santiago de los Caballeros, con 25 mil 414 y 19 mil 378 electores.

El Padrón Electoral, al 16 de mayo del 2009, experimentó un crecimiento de 244 mil 825 nuevos electores en relación con el padrón utilizado en las elecciones del año 2008, para un total de 6 millones 009 mil 212 electores.

Los municipios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago de los Caballeros concentran, entre otros, el 30% de toda la votación por municipio. De nuevo la población está

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distribuida en un 50.46% del sexo femenino, es decir, 3 millones 032 mil 479, y 49.54% del sexo masculino, es decir, 2 millones 976 mil 733.

Se inició el proceso de promoción y captación de jóvenes estudiantes y personas sin f iliación partidaria para la conformación de los Colegios Electorales. La idea es ampliar la cantidad de ciudadanos para conformar el banco de elegibles, a fin de seleccionar y capacitar un personal que conforme los Colegios Electorales que sea educado e instruido, para realizar una eficiente labor el día de las elecciones, con el propósito de superar los traumas generados por los diversos errores en el llenado de las actas en las elecciones de los años 2002 y 2006. De tal manera que, la cantidad aproximada de 3 mil cargos disponibles, la cual representa más de 20 mil posibles candidatos, tenga confianza absoluta en el sistema y reciba los votos que efectivamente hayan sido depositados en su beneficio en las urnas.

Para este proceso existen 13 mil 424 Colegios Electorales diseminados en 3 mil 986 recintos electorales. Nos proponemos impactar positivamente instalando unidades de EyT en los mismos, de manera tal que, desde los recintos se obtenga información rápida de más del 70% de los votos emitidos, ampliando además el número de unidades adquiridas, como forma de poder ofrecer a una hora prudente del 16 de mayo del 2010, los boletines electorales correspondientes a las 32 senadurías y a las principales sindicaturas.

Para evitar la repetición de los errores cometidos en el año 2006, en este proceso electoral, fue creada una aplicación de informática, mediante la cual, se está automatizando todo lo que es la inscripción de los procedimientos de alianzas y las candidaturas, de tal manera que, por nueva vez, no se vulnere la Ley Electoral.

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De igual manera, se ha instruido a fin de que tan pronto indiquemos, se inicien los procedimientos de empadronamiento de los ciudadanos residentes en el exterior, para ampliar el número de ciudadanos residentes en el exterior que desearían ejercer su voto en estas ciudades; esta medida se implementaría a partir de la Reforma Constitucional.

También será amplicado el uso de la transmisión de resultados a los partidos políticos y la presentación de éstos en los municipios de mayor concentración ciudadana. De igual manera estamos realizando una gran inversión, a fin de fortalecer el sistema de seguridad a nivel del hardware y software, haciendo que nuestro sistema sea invulnerable.

En esta ocasión, incorporaremos la tecnología de radiofrecuencia para control de las unidades de EyT.

En el aspecto de cómputo electoral, nos hemos propuesto segmentarlo por nivel de votación, para agilizar la transmisión de resultados y evitar el taponamiento en las mesas de escrutinio. Con el propósito de capacitar al personal técnico y a los miembros de Colegios Electorales, seran efectuados talleres en todo el territorio nacional.

Todo este esfuerzo estará dirigido a eliminar los factores de distorsión que se produjeron en los procesos electorales anteriores y a garantizar que estas elecciones se correspondan con la calidad, la eficiencia y la transparencia que nos han caracterizado.

Asimismo, se desarrollará una amplia campaña de motivación y de sensibilización ciudadana, en procura de ampliar el nivel de aceptación y opinión favorable de que goza el tribunal electoral, a fin de que los resultados ofrecidos no puedan ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento, tal y como aconteció en el

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proceso electoral del año 2008, y contribuir, por nuestra parte, con el necesario incremento de la participación ciudadana en las elecciones de medio término, disminuyendo sensiblemente los altos índices de abstención acostumbrados en este tipo de proceso.

De más está indicar que en todo este trayecto nos conduciremos con la equidad con la transparencia que requieren los ciudadanos y los actores del certamen, concluyendo así nuestra labor, y coronando exitosamente esta gestión.

19 de mayo del 2009

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Tareas Propias del Quehacer Electoral

Tenemos un cronograma de trabajo con una serie de tareas propias del quehacer electoral. La JCE hace una proclama que contiene los límites y los alcances del proceso electoral. Eso significa que estamos totalmente inmersos en la organización del proceso electoral, y que ya todas las actividades políticas partidarias que se realicen, son actividades propias del período electoral.

Según ordena la Ley Electoral, el período se inicia con la proclama electoral que realiza nuestra institución. A veces las campañas comienzan, y las actividades que son propias del período electoral, no se han iniciado formalmente. Ese tipo de manifestación inadecuada trae como consecuencia, que tal o cual persona se propague como candidato a senador, a diputado, y en su partido ni siquiera se han elegido los candidatos. Legalmente ni para ustedes ni para nosotros, al día de hoy, no hay un solo candidato seleccionado. Hay personas que aspiran a ser candidatos, y que quizás lo serán cuando su partido las elija y la Junta reciba esa candidatura, la acepte o la rechace. Mientras tanto, no hay una Resolución de admisión de candidatura, no hay candidatos de ningún partido. Por lo que ustedes, como secretarios de las Juntas Electorales, no pueden manejarse con el concepto de candidato, porque legalmente, ni para ustedes ni para nosotros, hay un solo candidato en la República Dominicana.

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He querido referirles esta situación, porque he visto que en algunas Juntas Electorales una serie de personas les han estado enviando comunicaciones identificándose como candidatos de los partidos. Ustedes están autorizados a recibir comunicaciones de los delegados especiales de los partidos políticos, no de candidatos de partidos e incluso, después de ser electos tendrán que seguir comunicándose con ustedes, a través de los delegados especiales.

Hago la distinción, porque a veces el gran problema de esta función es que el período eleccionario es una actividad que involucra, sobre todo, a los secretarios. No hay nada más parecido a la Cámara Administrativa que un secretario; hay una interacción diaria de los políticos y de los tribunales.

Hace unos días refería, que en la República Dominicana se acostumbra a decir (o se generó la falsa percepción) que los miembros de la Junta tenían que ser apolíticos. Se mantuvo engañada a la población con esa percepción, pero esto es totalmente falso. Los miembros de la Junta Central Electoral y de las Juntas Electorales, lo que deben ser es apartidistas en su ejercicio (quiero recalcar eso para que se entienda correctamente lo que quiero decirles). Los miembros de las Juntas Electorales, sus secretarios y los miembros de la Junta Central Electoral, son políticos por excelencia, en el sentido amplio de la palabra, porque su función es, precisamente, administrar procesos políticos. Es como que el director de un hospital no sea médico, o que el director de cómputos de la JCE no sea un ingeniero en electrónica, o informática. O que el ministro de Agricultura sea ingeniero civil, o tenga otra función. Se han dado casos de buenos administradores y gerentes que no necesariamente ostentan la profesión del sector para el que sirven.

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En el caso específico de la Junta Central Electoral, se supone que los que van a administrar los procesos políticos son personas con determinada pericia técnica-administrativa y legal, como lo establece la ley; pero también con determinado nivel político, para que se pueda desenvolver en el ámbito de la política. Lo que no deben ser es militantes del activismo político, no deben tener parte en ese proceso propio de los partidos y movimientos político-partidistas. La ley establece que, al asumir la función pública, deben tomar su licenciamiento o renunciar a la actividad político-partidista. Desde ese momento, su práctica debe corresponderse con su función.

Es preciso llamar la atención sobre este particular en la conversación que estamos sosteniendo, porque lo que les acabo de decir es fundamental para nuestro desempeño. A partir de este encuentro, todo lo que hagamos será importante, porque eso va a marcar el nivel de responsabilidad y transparencia, el nivel de organización y de eficiencia electoral, de cara a los intereses políticos que hay creados.

Nos hemos atrevido a expresarles esto, debido a que nosotros actuamos con demasiada buena fe, somos muy sinceros, y resulta que en el mundo de la política no hay sentimientos ni hay gratitud ni hay reconocimientos. Lo que existe son intereses, sólo eso, por lo tanto, se actúa sin miramientos, despiadadamente.

Muchas personas se van a reunir con ustedes, tal vez se van a tomar un café con ellas, y hasta es posible que sean sus familiares. Esas mismas personas, por los niveles de responsabilidad de ustedes, les van a echar en cara que “su comportamiento ético”. Y prepárense, que a la hora de defender sus intereses, no crean ustedes que tendrán piedad al actuar. Ustedes tienen que estar conscientes de eso.

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Como un ejemplo de que se debe estar preparado, les voy a contar lo siguiente. En días pasados, a la Cámara Administrativa, muy específicamente a mi despacho, fueron algunas personas preguntándome que cuál era mi opinión respecto a determinado miembro de su grupo, porque querían saber si sometían su candidatura y que si yo creía que podía ser aceptado. Les transcribí lo que dice la ley en torno a las candidaturas. Les dije: “Si él reúne las condiciones que dice la ley, consulten a un abogado, y que sea él quien les informe. Ahora, la posición mía es que él tiene que cumplir con eso que está ahí, que es lo manda la ley”. Después de esa visita, he escuchado decir que desde aquí se le ha querido impedir su participación en las elecciones.

Como pueden notar, de una conversación aparentemente informal, de buenas intensiones, ha salido una distorsión, una mentira.

Esta reflexión es para que ustedes estén advertidos y no caigan en la ingenuidad que he caído yo.

La moraleja de este cuento es que: está prohibido darle consulta a quien sea, y es en este contexto que se lo digo.

A veces se le presta ayuda a una persona para que no se caiga; más si se va a caer, hay que dejarlo caer, no importa que tan alto sea el edificio.

Quiero que esto les quede bien claro: nada de consultas, absolutamente a nadie. No se pueden reunir con personas que aspiran a ser candidatos, a menos que sea en la oficina de la Secretaría de la Junta Central Electoral. Y si se le aparecieran en sus casas, como ustedes por normas de cortesía elemental, no los puede botar, tienen que recibirle, pero cuidado con abordar aspectos particulares o de caracter personal fuera del contexto eminentemente institucional.

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Está definido: nada de reuniones secretas, y si se van a reunir con alguien, preferiblemente que haya otra persona con ustedes, puede ser un empleado, para que los oiga, para tener un testigo, porque después dicen que usted ha hablado lo que no ha pensado decir.

En estos tres meses tienen que ser sumamente cautos. Cero reuniones que no sean institucionales y en secretaría. Y quien desee plantearles algo, tiene que informarles que se lo dé por escrito, y se responde por escrito. Y si se negara a esa solicitud, porque lo que desea hablar no puede ser tan formal, ustedes le sugieren que vengan a reunirse con la Cámara Administrativa, que eso trasciende sus facultades. Y nosotros los recibiremos con los brazos abiertos.

Esto que les estoy diciendo es importante, y de inmediato paso a decirles el porqué. En los últimos 60 días, en esta Junta Central Electoral se han cancelado entre 15 y 20 empleados por participar en actividades políticas partidistas. Se cancelaron 2 ó 3 Oficiales de Estado Civil que incursionaron en actividades políticas, se cancelaron algunos empleados que salieron exhibiendo cartelones o afiches en sus vehículos y se cancelaron a otros que salieron en fotografías. Y la última cancelación que ustedes conocen, fue la del señor Braulio Alcántara, porque hubo una acusación de que él estuvo presente en el centro de cómputos de un partido y, obviamente, nos vimos obligados a cancelarlo.

Como él mismo lo diría después: estuvo en el día, lugar y hora equivocados. Con esa evidencia, y atendiendo a una denuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que hicieron los señores Guido Gómez y José Francisco Peña Guaba, nos vimos obligados a tomar esa decisión. El Pleno tomó la decisión en atención a ese reclamo.

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Si esas decisiones se han tomado con personas que tenían 15 y 20 años en la institución, con cualquiera de ustedes que lo haga, será igual. No se lo estoy adornando porque está en juego, no solamente el prestigio de ustedes, sino el nuestro; está en juego la imagen bien ganada de la Junta Central Electoral.

¿Qué es la Junta Central Electoral?

Hay personas que están amarradas al pasado, que viven en un sueño, con nostalgia de lo que pasó, y eso no es bueno.

Algunos creen que todavía estamos en la Junta Central Electoral de hace 15 años. ¿Cuáles eran los episodios que veíamos aquí hace 15 años? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí en las elecciones del 2002? ¿A cuántos de ustedes no les afectaron su reputación? A la mayoría de ustedes, porque la mayoría de ustedes tiene más de 10 años en la Junta Central Electoral.

Entonces, si ustedes tienen tanto tiempo en la Junta Central Electoral, conocen los hechos. Por ejemplo, vieron que en el 2002 hubo lugares en donde los procesos electorales fueron afectados, debido a que se hicieron denuncias sobre supuestas anomalías en las actas. Aducían que en algunos recintos y Colegios Electorales éstas habían sido vulneradas, porque se les introdujo el número uno (acción a la cual terminó llamándosele “el palito”) variando así el cómputo de esa mesa. Me imagino lo mal y lo avergonzadas que debieron sentirse muchas personas en la institución. Al fin y al cabo, actuaciones indecorosas que, a lo mejor, no incidieron en el curso del proceso electoral; aunque sí incidieron en la reputación del buen nombre de la Junta Central Electoral.

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En el 2006, período que yo viví, ¿qué ocurrió? Ocurrió el enorme desorden que se llamó “las actas descuadradas”. Y esa plaga que se llamó “las actas descuadradas” afectó la transparencia de todo el proceso electoral y colocó a la Junta Central Electoral en su peor momento, en término de crédito público. Obviamente no pasó lo que ha vivido esta Junta Central Electoral de hoy. Del mismo modo, ustedes también vivieron otro fenómeno. ¿Cuántos de ustedes vivieron lo que sucedió en El Seibo? En El Seibo, siendo yo supervisor de la zona Este, tuve que ir a suplicarles a los miembros de la Junta Electoral para que no renunciaran, porque si la Junta Central Electoral aceptaba la candidatura a síndico y a regidores que debieron suscribir allá y vinieron y se inscribieron aquí, se iba a producir una crisis.

Es oportuno que recuerden lo sucedido en el 2006, porque en ese año se violó la Ley Electoral en todos los municipios. En vez de inscribir los candidatos en donde correspondía, lo hicieron aquí. Si no ocurrió de esa manera, que alguien me desmienta. Lo cuestionable de esa acción fue que lo hicieron con la anuencia de la Junta Central Electoral. Hubo partidos políticos que, para burlarse de la cuota femenina, que es el 33% de los cargos, la excluyeron para poner hombres sin ni siquiera pasar por el Pleno.

Como ejemplo ilustrativo de esta situación, les voy a recordar lo sucedido en El Mamey, municipio de Puerto Plata. La persona que está ejerciendo como regidor no es la que aparece en el certificado de elección que entrega la Junta central Electoral. También se dieron casos de candidatos que el nombre y la foto que aparecían en las boletas eran de otro, razón por la cual el 13 y 14 de mayo hubo que mandar a imprimir otras boletas.

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En consecuencia, hay personas que no se dan cuenta de que eso en esta Junta Central Electoral no pasará.

Esos individuos que propugnan por el retorno del pasado perdieron el privilegio de manejarse a oscuras. Ahora el que quiera algo tiene que depositar una instancia y pedirlo formalmente a la Junta Central Electoral. Esta Junta Central Electoral no se va a prestar a alterar el derecho de una persona que haya sido electa por su partido para ser candidata. No queremos que nos comparen, porque no somos lo mismo. Además de que la comparación es odiosa.

Esta Junta Central Electoral se ha ganado un sitial en el país y fuera de él, por ser justa y transparente. No se lo ha ganado la Cámara Administrativa, se lo han ganado ustedes y la Junta Central Electoral.

Muchas personas están molestas porque estamos aplicando la ley, como debe ser.

El tiempo en que se nombraban Oficiales Civiles a conveniencia, es un asunto del pasado. Por esa anomalía el país estaba perdiendo entre 500 y 600 millones de pesos anuales. Y había oficiales que ganaban 2, 3 y 4 millones de pesos. Hoy ese dinero entra al Estado dominicano, a la cuenta de la Junta Central Electoral; eso cambió.Esa Ley tenía 15 años y nunca se aplicó.

Algunas personas que aspiraban a ser Oficiales Civiles no quisieron el puesto y bajo estas nuevas condiciones no lo aceptaron, porque lo que iban a cobrar era un sueldo. El que quiera ser parte de la Junta Central Electoral tiene que venir aquí como un servidor público, a darle un servicio al país y a cobrar un salario digno por esa función, no más.

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Esta situación estuvo produciéndose por 15 años y ningún partido ni ningún político nunca exigió que se corrigiera, que esto se reglamentara. Al contrario, lo aplaudían y se beneficiaban de esa situación, por eso es que debemos cuidarnos, debido a que los hechos generan sus propias respuestas.

Y hemos hecho más. El día de las elecciones, todas las actas que llegaban al Centro de Cómputos de la Junta Central Electoral, se las remitimos a los centros de cómputos de cada partido.

Nunca en la historia de la República Dominicana había existido tanta transparencia, nunca. Si hubiésemos tenido algo que esconder, no le hubiéramos enviado el acta. Y cuando decidimos colocar las actas en la televisión, con la firma de todos los miembros de mesas, entonces protestaron por el nivel de transparencia.

Nosotros abogamos por ese tipo de transparencia, en donde se va a ganar o a perder; pero de manera transparente. Esa transparencia no puede ser acomodada a la conveniencia del momento. Es un principio que debe primar para todos.

Comentaba a ciertos funcionarios que si conocían alguna institución pública en donde las licitaciones y las propuestas de los proveedores del Estado se abrieran en presencia de los medios de comunicación. Lo que no se quiere reconocer es que el prestigio que tenemos ganado, no es el resultado de la voluntad de la gente, sino del trabajo que hemos hecho. Un trabajo realizado en equipo.

Hay un aspecto de la ley que yo sé que le va a crear problemas a esta Junta Central Electoral; pero estamos dispuestos a afrontarlos.

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Esta reunión con ustedes tiene el propósito de definir las reglas de su comportamiento en este proceso. Todos estamos comprometidos con la superación de lo que ayer hicimos bien, por lo que tenemos que aunar nuestras voluntades y esfuerzos para tener éxito en el compromiso que nos espera.

El artículo 79 de la Constitución recién votada dice lo siguiente: “Requisito para ser senador o senadora. Para ser senador o senadora se requiere ser dominicano o dominicana en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos”. Y las personas naturalizadas deben haber adquirido la nacionalidad dominicana y haber residido por lo menos cinco años. El que nació en la jurisdicción o ha residido durante cinco años la recorre a pie, porque el mandato no es de ley, es constitucional. Y el artículo 81 de esta misma Constitución, al referirse a los diputados por acumulación, dice: “Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: Ciento setenta y ocho diputadas y diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito y las provincias, distribuidos en función de la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia”. El numeral 2 dice: “Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinara su distribución”. A este aspecto de la ley era que me estaba refiriendo más adelante. Y este es el tema que va a crear la discordia. Preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no obtengan escaños y hayan alcanzado no menos del 1% de los votos válidos emitidos.

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La Constitución es la que traza la pauta. Sin embargo, algunos están exprimiéndose el cerebro y no han interpretado bien el numeral de que hablo, no se han dado cuenta de que, lo que quiere decir es que si tú te alías a un partido pequeño o te alías con uno grande, y esa alianza saca un diputado, ya ese candidato perdió, en el sentido de preferencia. Aunque saque cinco, esos cinco diputados, en vez de distribuirse en igualdad de condiciones en función de los votos que saque cada partido o alianza de partido, van a ser distribuidos entre los que más votos saquen.

La Ley 275-97 tiene algunos señalamientos que los veremos más adelante. Pero la Ley 176-07 establece lo siguiente: “Artículo 14. Sobre elección del personal municipal. Las y los munícipes son los habitantes que tienen su residencia habitual en el territorio municipal. El conjunto de personas que reside en un municipio constituye la población del mismo”. Eso quiere decir que viven ahí. Y el artículo 17, que dice: “Relación de Residentes. Los ayuntamientos contarán con una relación de residentes y para tales fines podrán solicitar a la Junta Central Electoral una relación de todas las personas que figuran inscritas como electores del municipio para su conocimiento y a los fines que se derivan de las disposiciones de esta ley”.

Fíjense lo bien especificada que está esta parte. Cada ayuntamiento debe llevar una relación de sus residentes, y si no la tuvieran, entonces tienen que pedirle a la Junta Central Electoral que les facilite el Maestro de Cedulado. El resultado va a ser que ellos van a verificar si el postulante vive o no vive en esa demarcación. Eso es lo que está diciendo ese artículo.

Pero la ley va un poco más lejos en el artículo 37. “Requisitos, Inelegibilidades e incompatibilidad para desempeñar los cargos de síndico/a, vicesíndico/a y regidores/as. A) Ser dominicano mayor de edad; b) Estar en pleno goce de los derechos civiles y

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políticos; c) Estar domiciliado en el municipio con al menos un año de antigüedad; d) Saber leer y escribir”.

La condición de residencia no será necesaria cuando se trate de municipios de reciente creación, como es el caso de Sabana Iglesia, que es el único municipio de reciente creación. Esa ley es del 27 de julio del 2007, reciente, hecha para aplicársela a este proceso electoral.

Personas de todos los partidos se han acercado a nosotros y nos han dicho: “Pero, ¿y cómo es que ustedes ahora pretenden aplicar esa ley?”. Y yo les he contestado: “¿Y cómo es que ustedes han estructurado una ley para que no la apliquemos?”. Es por esta situación que esto también les compete a ustedes, porque son los secretarios y los miembros de las Juntas Electorales los que tienen que recibir la inscripción de las candidaturas. Y la ley dice que, al momento de recibir la candidatura, deben examinar los documentos que se depositen a propósito de ésa inscripción.

Ustedes deben tener toda la información necesaria para que cuando una persona vaya a indagar sobre su inscripción, se le pueda informar correctamente. Todo esto por los problemas que se pudieran producir en torno a la aceptación o no de esa candidatura. De esta forma, los recursos que se presenten ante la Junta tengan que ver específicamente con ése señalamiento que se les hace. Porque la ley dice que, al momento de depositar la candidatura, la Junta debe examinar el expediente y determinar las exigencias.

Sé que antes no se hacía de la forma que lo estamos haciendo ahora; pero era porque la ley no lo mandaba. Esta Junta tiene el criterio de que la ley es para ser aplicada y que, en consecuencia, tenemos que avanzar en esa dirección. Y tiene que ser de este modo, porque nosotros vamos a tener que hacerlo junto con ustedes.

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Como han podido notar, esta es una ley avanzadísima. En su Art. 38 establece que:

“tt.- Causas de inelegibilidad.

Son inelegibles para el cargo de síndico/a o regidor/a:

a) Los que hayan perdido los derechos de ciudadanía o estén suspendidos en ellos, conforme dispone la Constitución de la República.

b) Los que hayan sido condenados a la privación de los derechos a que se refiere el Código Penal, mientras duren los efectos de la pena.

c) Los condenados por sentencia con autoridad de cosa juzgada a pena privativa de libertad, durante el período que dure la pena.

Párrafo I.- También serán inelegibles y no podrán ser candidatos mientras duren en sus funciones:

a) El Presidente y miembros de la Suprema Corte de Justicia y demás jueces de la República.

b) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.

c) El Procurador General de la República y los representantes del Ministerio Público.

d) Los Ministros y Viceministros, Directores Generales de aquellos Departamentos y los equiparados a ellos.

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e) Los jefes de misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo internacional.

f) Los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, en activo.

g) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.

h) Los Gobernadores Civiles y las autoridades similares con distinta competencia territorial.

i) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de los organismos estatales autónomos con competencia en todo el territorio nacional.

j) El Director de la Oficina Nacional de Estadística.

k) El Gobernador y Subgobernador del Banco Central y administradores de las entidades de crédito del Estado.

l) Los funcionarios y empleados del mismo ayuntamiento.

Párrafo II.- Los funcionarios antes descritos que deseen presentarse a las elecciones, deben solicitar previamente licencia en el ejercicio de sus cargos tres meses antes del día de las elecciones municipales. De ser elegidos, podrán reincorporarse a sus cargos hasta el día de la toma de posesión de las nuevas autoridades.

Artículo 39.- Incompatibilidades.

El ejercicio de los cargos de síndico/a, vicesíndico/a y regidor/a es incompatible con el desempeño de las siguientes funciones:

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a) Cualquier cargo electivo de los contemplados en la Constitución de la República.

b) Los empleos públicos cuyo desempeño son motivo de inelegibilidad.

c) Empleos en el ayuntamiento, sea como asalariado, contratado o sin disfrute de sueldo.

d) La administración de bienes o fondos municipales.

e) Contratas y consultorías de cualquier tipo o condición con el municipio”.

Según el dictado de la ley, hay muchos funcionarios que deberán pedir licencia.

Como esta legislación es nueva, nosotros vamos a proveerles toda la información necesaria, para que cuando reciban las candidaturas, tengan los suficientes datos de los candidatos. Dada esa condición, ustedes nos van a mandar una relación de todas las personas inscritas con esa condición. Luego, esa relación va a ser notificada a la Contraloría General de la República, Liga Municipal y a todas las instituciones estatales, ayuntamientos e instituciones públicas, diciendo que esa persona no puede ejercer su función, que deben otorgarle su licencia.

Y ustedes, como secretarios, tendrán que verificar si esas personas continúan desempeñando su función de empleados. En esa situación, el secretario tiene que levantar un acta, y debe verificar que esa persona sigue trabajando en su puesto, entonces la Cámara Administrativa, en virtud del artículo 6, de la Ley 275-97, tomará las medidas pertinentes en contra de ese candidato.

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Esa vigilancia debe regir para todos, porque debe haber equidad en la Junta Central Electoral y en las Juntas Electorales, y la equidad sólo la dispone la ley, no nosotros.

En consecuencia, será una tarea de ustedes garantizar que esas disposiciones sean cumplidas. Éstas disposiciones no tienen que ser aceptadas, lo que tienen que ser es acatadas, porque la ley no se acepta, se acata.

18 de febrero del 2010

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La Junta Central Electoral había computado ayer el 80% de los votos, pero el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, prefirió no adelantar juicios sobre la cantidad de diputados de cada partido, pues hay lugares donde todavía se revisan los votos nulos.

Ayer sólo faltaban unos 100 colegios por computar. Rosario indicó que revisaban manualmente el escaneo en casos específicos para evitar que haya confusión. “En el conteo rápido nosotros podemos decir que concluimos pero el conteo rápido interno es un conteo interno, no podemos darlo a la opinión pública aunque los partidos lo tienen y nosotros también”, informó.

Concluyó que el proceso electoral reflejó que en el país se necesitan profundas reformas legislativas en lo relativo al funcionamiento del sistema de partidos, elección de candidatos, reglamentación de la campaña y participación de los sectores público y privado.El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) llamó a los partidos políticos y a los candidatos de las recientes elecciones para que permitan que el país recupere su paz.

N u e v o s R e t o sDatos Biométricos como Elemento Fundamental de la Identidad Nacional

E n t r e v i s t a Pe r i ó d i c o E l C a r i b e

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“Ya se votó, ya se levantó el acta, que dejen que al país llegue un poco de tranquilidad y calma. Que dejen de estar llamando a los medios de comunicación, que la ley prohíbe que estén estimulando actividades públicas de cuestionamientos al proceso electoral”, expuso Roberto Rosario.

El magistrado explicó que la Ley Electoral establece que los partidos deben esperar que las juntas electorales proclamen a los ganadores antes de expresar su inconformidad por los resultados electorales. “Los partidos no deben llamar a la gente a amotinarse alrededor de las juntas electorales, eso pone en riesgo vidas humanas y quien lo esté haciendo, está ejerciendo un liderazgo inmaduro e irresponsable que en nada contribuye a transparentar este proceso”, apuntó ayer, entrevistado por los directores de Multimedios del Caribe, Osvaldo Santana, y de El Caribe, Manuel A. Quiroz, en el marco del almuerzo semanal de Multimedios del Caribe.

Indicó que hubo localidades donde los resultados determinaron al ganador por tres o diez votos de ventaja y el que no obtuvo la posición, quedó disgustado. Eso se debe, dijo, a que en la República Dominicana no hay cultura de perder, sino una cultura de ganar y el que no lo logra, queda insatisfecho.

Esa situación, opinó, ha sido uno de los factores que más ha contribuido a retardar la culminación del trabajo de la JCE en muchos lugares, debido a que partidos y candidatos han tratado de incidentar el proceso.

Expresó que hay comunidades donde amedrentan a miembros de las juntas electorales, pretendiendo que en cada organismo se empiece a recontar los votos, como el caso de Río San Juan, adonde Rosario tuvo que acudir para imponer orden.

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Una significativa parte de la población se apostó en los alrededores de la Junta Electoral de ese municipio.

El que exige a una junta que recuente los votos, sostuvo Roberto Rosario, pierde su tiempo, porque “la ley no otorga esa facultad a esas instituciones”.

“No pueden hacerlo, es peligroso, porque si se ponen a hacer reconteos, el que pierda siempre dirá que ganó en el colegio y que la junta le quitó la oportunidad de ejercer el cargo por el que votó”, expuso Rosario, quien estuvo acompañado del administrador general de Informática de la JCE, Miguel Ángel García.

Al respecto, anunció que la Cámara Administrativa bajará una circular prohibiendo el recuento en las juntas y que sólo se proceda si fuera necesario, pero “hechos por los colegios electorales y mandando a buscar los miembros de ese colegio si fuera necesario”.

Rosario valoró como positivo el pasado proceso de votación. Puntualizó que el sistema que se emplea en el país, reúne las condiciones de ser reconocido en toda América Latina como uno de los mejores.

“Quien no está a la altura del sistema electoral, es el sistema de partidos politicos; nuestro sistema político tiene que evolucionar para colocarse a la par con el sistema electoral. Creo que nosotros hemos cumplido. Los partidos tienen ahora que cumplir su parte y aceptar los resultados emitidos por el soberano”, expresó.

Rosario argumentó que los pasados comicios pusieron de relieve la necesidad de la creación de una Ley de Partidos y la reforma de la ley Electoral 275-97. Además, citó Rosario, que es urgente avanzar hacia la automatización del escrutinio, variar en la ley electoral el diseño de las boletas e introducir otras mejoras de carácter administrativo.

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Consideró que el Senado debe escoger con prontitud a los jueces que representarán el nuevo tribunal comicial.

Esto, porque apenas faltan dos años para la próxima contienda, que será presidencial y tendrá el componente de la elección de los siete diputados en el exterior.

El presidente de la Cámara Administrativa del tribunal electoral recordó que con esta elección termina el funcionamiento de la Junta en cámaras y ahora se divide en un tribunal superior electoral y en una Junta Central Electoral.

Enumeró entre las tareas que deberá cumplir el nuevo equipo, la conclusión del levantamiento de la infraestructura física de la oficialía del estado civil, y del proceso de automatización del registro civil en su conjunto mediante proyectos de incorporación de los datos biométricos como elemento fundamental de la identidad nacional.

Igualmente, concluir el proceso de modernización que se inició con la digitalización e indexación de los folios de la Junta Central Electoral.

De su lado, el administrador general de Informática del tribunal de comicios informó que a nivel municipal ya tienen más del 99% listo y computados más del 90% del nivel congresual.

“Sólo falta la parte del nivel preferencial que ya está en más de un 80%. Tenemos equipos de personas que tienen como meta para el día de hoy (ayer) terminar. Estaremos dando los cómputos prácticamente finales, dejando para mañana (hoy) recoger algunas juntas que no se han podido determinar”, expuso Miguel Ángel García.

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Rosario concluyó que si no se hubiera introducido la reforma de la generación de tres actas para el cómputo: el acta correspondiente al alcalde, el acta del senador y el acta de diputado preferencial, la República no sabría en este momento quién fuera un solo senador.

“El trabajo que tienen quienes queden a cargo de la JCE es enorme porque tienen la responsabilidad en materia de registrar sobre todo de unificar la cédula y las actas civiles en un solo cuerpo y ponerlo a depender de las huellas dactilares y los datos faciales de los ciudadanos; eso no es un trabajo pequeño”.

JCE hizo lo que pudo respecto al uso de recursos

En cuanto a la denuncia del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, de que la JCE no hizo lo suficiente para evitar el uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña, Rosario aseguró que la entidad hizo más de lo que estuvo a su alcance para controlar esa prácica. Opinó que pretender que actuaran de otra forma, sería llevar a la Junta al plano ilegal. “En el proceso electoral, tanto oposición como Gobierno recurrieron a métodos no santos, ambos.

Y sobre ambos debe haber alguna manera de “reglamentar”, señaló. Indicó que la Ley Electoral en su articulo 171 y siguiente establece que “crímenes y delitos electorales son perseguidos por el Ministerio Público a instancia de parte privada, ni siquiera de oficio”. Dijo que hasta el momento no conoce de un solo representante del Ministerio Público que haya sido apoderado de una instancia de parte interesada para perseguir ese crimen.

“En este proceso más bien ha habido fallas en el comportamiento del sistema de partidos y ha habido inconsistencia de los propios partidos políticos”, y agregó: “La JCE no tiene capacidad legal ni para perseguir ni para sancionar eso.

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Según la ley Electoral, eso está contemplado como una facultad exclusiva del Ministerio Público con el agravante de que no puede ser de oficio, sino a requerimiento de parte interesada”. Sostuvo que si existiera la Ley de Partidos, la Junta tendría la potestad de calificar, levantar actas y de apoderar a los órganos de justicia de esos casos.

Opina sobre niveles de participación en las elecciones

1- Abstención de un 42% en la votación

Rosario subrayó que de acuerdo al boletín número 12 se rondaba el 58% de votación. Aunque a veces, indicó, un boletín sube o baja un punto, ya ese será el nivel de votación definitivo. Numéricamente quiere decir que la abstención fue de un 42%. Dijo que no es un tema que amerite aclaración.

2- Datos precisos sobre la abstención

La estimación de organismos internacionales que atribuyeron un nivel de abstención de un 60%, se debió a que no tuvieron la información adecuada para ofrecer esas estadísticas. Rosario recordó que en las elecciones del 2006, exactamente votó el 58% del electorado.

3- Plano internacional

Porcentajes habitualesEn América Latina, la votación ronda entre un 30 y 50 por ciento. La República Dominicana es de los países que más vota en las elecciones de término medio. Las presidenciales incrementan siempre la intención de voto.

Entrevista Periódico El Caribe19 de mayo del 2010.

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A inicios de este siglo, tuve la oportunidad y el privilegio de ser recibido en las aulas de la Escuela de Graduados de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas, y en la misma, pude conocer la idoneidad, calidad académica y profesional de quienes conforman las diferentes ramas de esa institución, sobre todo, y para sorpresa mía, el alto nivel de instrucción del cuerpo de graduandos que anualmente cursa sus estudios de grado en esa academia.

Recuerdo que al grupo al que yo pertenecía, le correspondió desarrollar su tesis sobre “El Narcotráfico y el Microtráfico en la República Dominicana y Cómo Impactan los mismos en la Seguridad del Estado y su Relación con la Frontera”.

Hoy quiero agradecer al director de este centro de estudios, señor Julio E. Florián Pérez, y al buen amigo periodista, Freddy Sandoval, por canalizar la invitación y mantenerme informado sobre las actividades cotidianas de la institución, de la cual soy egresado.

Se me ha encargado en esta tarde decir unas palabras breves a esta promoción sobre el “Papel de la Junta Central Electoral en el Proceso Democrático Dominicano”.

Al abordar este tema trataré de enunciar cómo se relaciona el órgano electoral y el efecto de su accionar en la democracia.

El Papel de la Junta Central Electoral en el Proceso Democrático Dominicano

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Originalmente concebíamos a la Junta Central Electoral como la institución encargada de administrar y arbitrar los procesos de los cuales resultarían escogidas las autoridades para las funciones de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Síndicos y Regidores. Posteriormente, la institución fue creciendo en competencias y atribuciones, y también en la administración de los procesos fundamentales de documentación e identidad, de nacionales y de extranjeros legalmente establecidos. Precisamente, en interés de ilustrar sobre la evolución histórica de la institución, me permito presentar, en resumen, el desarrollo de la Junta Central Electoral.

A raíz de la gesta de Independencia del año 1844, se consideró necesario dotar la nueva República de una Constitución que le sirviera de base institucional. Para tales fines, se conformó la Junta Central Gubernativa, y mediante el Decreto Núm. 14, del 24 julio del 1844, se convocó al pueblo para la elección de los Diputados al Congreso Constituyente, celebrándose elecciones de manera indirecta.

Nuestra primera Constitución, aprobada el 6 de noviembre del 1844, establecía que las elecciones se celebrarían mediante el sufragio indirecto, o sea, que primero se elegiría el Colegio Electoral de la Provincia y a los Regidores de los respectivos ayuntamientos, y luego, los Colegios Electorales elegirían los miembros del Tribunado, al Presidente de la República, los respectivos Diputados Provinciales, los Miembros del Consejo Conservador y otros señalados por la Constitución y las leyes.

Tanto las Asambleas Primarias como los Colegios Electorales se disolverían tan pronto como terminaran sus operaciones, cuya duración fijaría la ley.

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El 9 de diciembre del 1844, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 25, mediante el cual convocaba a las Asambleas Primarias y los Colegios Electorales; los Colegios Electorales decidirían sobre las contestaciones, oposiciones o dificultades que pudieran sobrevenir en las respectivas elecciones.

En el año 1845 se dictó la Ley Electoral No. 30, de fecha 18 de abril, que reglamentaba el sistema electoral. Los miembros del Colegio Electoral durarían dos años en sus cargos, se regulaba el horario de las elecciones y las actas de las asambleas, entre otras disposiciones.

La Constitución del 1858 estableció que el sufragio sería universal, por voto directo y que estaría a cargo de las Asambleas Electorales, las que se disolverían inmediatamente después de agotada la elección.

Luego, la Constitución del 1908 estableció que los Colegios Electorales se compondrían de los electores nombrados por las Asambleas Primarias de conformidad con la ley. Su función sería la de elegir al Presidente de la República, Senadores, Diputados y Suplentes, y formar la lista de los jueces; estos Colegios Electorales durarían un período de seis (6) años. Con esta disposición se vuelve al sistema electoral instaurado por nuestra primera Constitución.

En el año 1923, mediante la ley No. 35 del 8 de marzo, se creó la Junta Central Electoral, disposición que quedó incorporada en la Constitución del año 1924, al señalar ésta que “las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, de conformidad con la Ley”. Establece además, que la “Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública en los lugares en donde dichas votaciones se verifiquen”.

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La Constitución del 1927 amplió las facultades de la Junta Central Electoral, al señalar que ésta tendría la facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley. Las constituciones posteriores a la de esta fecha han continuado el mismo sistema.

En el año 1962, se dictó la Ley Electoral No. 5884, de fecha 5 de mayo del 1962, modificada en el 1997 por la Ley No. 275-97, vigente en la actualidad con algunas modificaciones.

En el 1992, mediante la Ley No. 8-92, promulgada el 13 de abril, fueron puestas bajo la dependencia de la Junta Central Electoral: la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y las Oficinas y Agencias Expedidoras de Cédulas, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil.

A raíz de las elecciones del año 1994, se introdujeron modificaciones importantes en la administración del proceso electoral, ampliando las mismas de manera sucesiva hasta la última reforma introducida en el año 2003, mediante la Ley No. 02-03, del 7 de enero del 2003, que instituyó la existencia de tres instancias confluyentes en un Pleno; pero con atribuciones claramente diferenciadas, que exponemos a continuación:

•ElPleno,que tieneenúltima instancia lamáximaresponsabilidad del buen funcionamiento del organismo y sus dependencias, incluyendo las Oficialías del Estado Civil.

•LaCámaraAdministrativadelaJuntaCentralElectoral,

que es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el montaje del proceso electoral, para lo cual tiene a su disposición los recursos humanos, técnicos y financieros con que cuenta el organismo para esa finalidad. Tiene además la obligación medular de lograr que el proceso sea ordenado, libre, imparcial, transparente y confiable.

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•YlaCámaraContenciosaElectoral,quetieneasucargola función de arbitrar, o sea, dirimir todos los conflictos que surjan entre partidos y/o candidatos en ocasión de un proceso electoral, así como resolver los litigios que a menudo surgen a lo interno de los partidos, tanto al elegir sus candidatos a cargos públicos de elección popular, como al escoger las propias autoridades partidarias.

Como podemos notar, las dos últimas reformas que afectan el funcionamiento del órgano electoral, obedecieron a situaciones coyunturales y no fueron parte de una visión integral de reforma de la estructura estatal en interés de introducir mejorías de cara a las demandas ciudadanas, sino que fueron más bien acomodaticias a la coyuntura.

Sin embargo, es notorio que todos los procesos de cambio y adecuación de la normativa electoral, siempre han estado precedidos de convulsiones y crisis políticas que han forzado remiendos y parches que, en su esencia, dificultan el papel del órgano electoral en la democracia dominicana.

Desde el nacimiento mismo de la República, los intentos de realizar elecciones limpias y plurales, fueron ahogados. Nos recuerda Roberto Cassá en su libro “Juan Pablo Duarte: El Padre de la Patria”, colección juvenil, volumen V, la ocurrencia del golpe de Estado en la incipiente República dado por Pedro Santana, y el intento del prócer Matías Ramón Mella, que al recibir esta noticia, “se dirigió hacia Santo Domingo con la intención de negociar a nombre del Cibao… la propuesta de que se celebrasen elecciones con Duarte y Santana como candidatos a la presidencia, y que el perdedor ocupase la vicepresidencia. Pero tan pronto traspasó los muros de la ciudad fue reducido a prisión junto a su ayudante Juan José Illás”. Concluye este autor diciendo “que Duarte, Mella

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y sus seguidores, a fin de evitar una guerra civil que fuese aprovechada por los haitianos”, y por tanto, entendieron conveniente no generar un conflicto por la no realización de éstas elecciones.

Cita Roberto Cassá a Rosa Duarte, describiendo que “la ciudad, con las amenazas estaba aterrada, y todo era confusión y espanto. El pueblo temblaba bajo el imperio del sable”.

Igual ocurrió más adelante con la inestabilidad propia de los regímenes autoritarios que se sucedían e interrumpían recíprocamente, sin permitir un fortalecimiento de la institucionalidad democrática, hasta el largo período del 1930 al 1961, que castró toda tentativa de organización de elecciones democráticas, competitivas y plurales, dando paso, con la caída de la dictadura, a las elecciones más limpias y organizadas hasta ese momento, que produjeron la elección del profesor Juan Bosch. Ejercicio democrático de corta duración que, a su vez, fue interrumpido con el golpe de Estado al gobierno democráticamente electo, hasta las elecciones del año 1966, realizadas sin una presencia activa de la oposición, ya que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano fue impedido de realizar campaña y las tropas interventoras, de manera constante, realizaban maniobras alrededor de la residencia del mismo. Se llevaba a efecto una política de exterminio para diezmar los remanentes del sector constitucionalista que intervino en la asonada del año 1965.

La falta de condiciones que permitieran la competencia democrática y pluralidad en la contienda electoral, se reprodujeron en las elecciones del 1970 y el 1974. Sin embargo, éstas fueron superadas por las elecciones del 1978, que en medio de una profunda crisis, dio lugar al inicio de una verdadera democracia electoral en la República Dominicana.

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Como consecuencia de la profundización de la democracia electoral, en América Latina fueron cediendo los regímenes autoritarios, dando lugar a democracias electorales. Nuestros países fueron compelidos “a organizar elecciones competitivas, plurales y transparentes, de tal manera que el carácter local de los procesos electorales ha cedido a la presencia cada vez más perfeccionada de la observación internacional y la vigilancia mundial, los países en los cuales no se respetan estos principios son aislados y segregados de la comunidad crediticia mundial, por tanto, estas premisas conducen a la obligatoriedad de las elecciones como el único medio legítimo de acceso al poder político”.

En su libro “América en la Encrucijada”, Francis Fukuyama señala que algunos pensadores preferían regímenes “autoritarios modernizadores a democracias impotentes”. Aunque afirma que “el buen gobierno, en última instancia, es imposible sin democracia y participación pública: la calidad de una burocracia aislada del escrutinio y la supervisión pública se deteriora con el tiempo; sólo puede contenerse la corrupción si la opinión pública sabe que existe y exige un mejor rendimiento de los funcionarios. Sin legitimidad democrática los dirigentes autoritarios no sobrevivirán a los inevitables reveces y crisis”.

Su tesis fundamental es que el objetivo de Estados Unidos debe ser fomentar el buen gobierno, no sólo la democracia, y que el desarrollo político es una etapa superior al fomento de la democracia que, por tanto, la “construcción del Estado y la creación de instituciones eficaces, son condiciones del gobierno democrático; pero no necesariamente democráticas por sí mismas”.

Estos criterios, expresados por quien se constituyó en su momento en el vocero del sector neoconservador del país más poderoso del mundo, indican qué tanto ha evolucionado la democracia, como consecuencia de la mundialización y el fin de la Guerra Fría, y también nos presenta los nuevos paradigmas.

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Los temas recurrentes respecto al perfeccionamiento del padrón, los colegios cerrados, la tinta indeleble y todos los instrumentos y formas para restringir las posibilidades del fraude electoral, se fueron archivando, y en su lugar, los órganos electorales han tenido que ir orientado su trabajo hasta convertirse no sólo en instrumentos que garanticen la transparencia, la justicia electoral y la legitimidad de origen de los gobernantes, sino también en instrumentos eficaces para medir la legitimidad del resultado que debe acompañar a todo buen gobierno.

En efecto, como consecuencia de esta nueva ola democratizadora, la República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de reforma de su Carta Sustantiva que, por primera vez, se realiza al margen de una crisis política. Una reforma pensada e integral, que recoge la necesidad de adecuar el órgano electoral a los procesos de construcción del Estado y la creación de instituciones que sirvan al mismo.

En ese sentido, se destacan la nueva propuesta de conformación de los órganos electorales, el establecimiento de la institución del plebiscito y el referéndum, éstas dos últimas instituciones del derecho electoral como instrumentos eficaces para generar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas en el país, constituyéndose el proyecto presentado al Congreso, en el intento más avanzado conocido hasta la fecha en esta materia.

En tanto esto ocurre, ya la Junta Central Electoral administró y arbitró el proceso electoral del 2008, y en el mismo, introdujo importantes innovaciones con la presentación del uso de la tecnología en la administración electoral, y otros avances que hacen de esas elecciones las más limpias, organizadas y transparentes que se hayan realizado en la historia dominicana. Evidentemente que,

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a partir de esta realidad gratificante, entonces se nos plantean nuevos retos y desafíos. Por lo que, para seguir fortaleciendo e incidiendo en el crecimiento de las instituciones públicas en la República, necesitamos ir hacia otros aspectos nodales que se contraen básicamente a la calidad de los procesos.

En un país amenazado por el narcotráfico, vulnerable por compartir territorio con una hermana República que carece de instituciones fuertes, debemos introducir nuevos elementos de control y regulación, de tal manera que las instituciones públicas y los partidos políticos no sean asaltados y permeados por este flagelo.

En consecuencia, para elevar la calidad debemos fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, necesitamos partidos políticos fortalecidos, con capacidad de control de su membresía y con una visión de Estado, cuyo propósito fundamental esté dirigido a ser instrumentos eficaces de los ciudadanos y expresión de sectores que los utilicen para la canalización de sus ideas.

Los partidos políticos no pueden seguir siendo utilizados como trampolín de quienes más recursos posean para acceder a un puesto público. En su lugar, tanto para las contiendas internas como para optar para una función pública a través de las elecciones, se debe garantizar que prime el talento y la vocación de servicio del ciudadano.

La Junta Central Electoral no puede coadyuvar a crear más ciudadanía, más democracia y bienestar social, si no se crea la legislación que le permita fiscalizar el origen y la ejecución del gasto de los partidos, monitorear y estandarizar las oportunidades de los contendientes en cada uno de los procesos y el respeto a los derechos ciudadanos.

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Aunque hace unos 10 años, por ejemplo, el voto preferencial en las elecciones nacionales, abría mayores espacios de participación y garantizaba la democracia en los partidos. Hoy representa un escollo para la generación de una partidocracia participativa. Por esa razón, estamos abogando por contraer el voto preferencial a unas primarias con padrón universal, abiertas y competitivas, reguladas en el tiempo, en la publicidad y en el gasto, donde gane no el que más recursos posea, sino el que formule mejores propuestas, muestre mayor vocación de servicio y ofrezca mayor talento al ciudadano.

Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional a la democracia, el órgano electoral debe tener competencia para fiscalizar el gasto de los recursos públicos entregados a los partidos políticos en la administración de su patrimonio, en el desarrollo de programas para elevar la calidad de sus miembros y en la ejecución de programas de desarrollo partidarios.

Sin embargo, como órgano electoral nos desarrollamos en un contexto en donde se da una situación extremadamente contradictoria. Contrario a la opinión de algunos politólogos, que ven en peligro la democracia dominicana o la existencia de una supuesta crisis en los partidos políticos, la verdad es que gozamos de un sistema de partidos relativamente fuerte, que gira alrededor de los tres partidos que en los últimos 20 años, de manera consecutiva, han hegemonizado la vida política nacional.

Los resultados electorales de los últimos procesos permiten demostrar que el sistema de partidos mantiene una gran estabilidad y que un segmento de los mismos ejerce hegemonía relativa sobre el electorado, oscilando la masa de votantes entre uno y otro. Veamos: en el año 1996, tres de los partidos concurrentes obtuvieron el 95 por ciento de los votos emitidos;

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en el año 2000, éstos mismos partidos obtuvieron el 93 por ciento; en el año 2004, obtuvieron el 87.8 por ciento, y en el año 2008, el 88.1 por ciento (estas estadísticas no incluyen las alianzas establecidas alrededor de cada una de las candidaturas de estos partidos). Si incluyéramos las alianzas que giran alrededor de ellos, la proporción en estos cuatro períodos superaría el 97 por ciento de los votos emitidos.

Asimismo, la abstención promedio en estos períodos es de un 25 %, incluyendo en la misma un porcentaje de ausentismo electoral de aproximadamente un 15 % como consecuencia de algunas inconsistencias que refleja nuestro padrón, debido a la imposibilidad de excluir del mismo a algunos ciudadanos fallecidos en el país y en el exterior, y a una gran proporción de dominicanos que viven en otros países y están incluidos en el Listado de Electores. Por lo que, en términos reales, la abstención nuestra se mueve en un espacio de un 10 a un 15 por ciento, comparada con otros países del área, y dado que en nuestro sistema el tener una Cédula de Identidad y Electoral, que de por sí es obligatorio, y genera el ingreso automático del ciudadano al Listado de Votantes, podemos decir que tenemos una participación elevada y consistente de la población en los procesos y en el ejercicio del derecho al sufragio.

Paradójicamente a las estadísticas citadas anteriormente y al alto nivel de participación de los dominicanos en los procesos electorales, y a propósito de la participación y representación ciudadana, el Instituto Nacional de Opinión Pública (INOP) desarrolló un interesante proceso de investigación en el año 2004, respecto a la percepción de la ciudadanía sobre aspectos vinculados a la propia ciudadanía y a la democracia en la República Dominicana. El propósito, a decir de ellos, era interpretar los datos que arrojaba una encuesta nacional de opinión pública sobre este tema y formular, a la luz de los mismos, sus estrategias

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de trabajo.

Lo interesante de esta investigación fue que pudieron contactar lo siguiente: Se resaltaron los elevados porcentajes de personas que dijeron no haber participado nunca en petición o demanda (83%), no haber participado en acción comunitaria (58.6%), y no contactar un representante político para expresarle sus opiniones (71.3%). Contrariamente a este descubrimiento, pudieron determinar que un 51.1% reconoce tener determinados niveles de participación partidaria, en ese cuestionario se reduce a un 32.6% los ciudadanos que dicen nunca haber sido miembros de un partido.

Peor aún, en el aspecto de las organizaciones sociales, dice que el (62.3%) de la población dijo no haber pertenecido a ninguna asociación sindical, profesional o de negocios, y un (42.1%) dice que nunca ha estado en clubes culturales o deportivos.

Pero ese mismo estudio dio como resultado que el (74.8%) de la población se identifica y prefiere el sistema democrático frente a cualquier otra forma de gobierno, y un (74.3%) afirma que bajo ninguna circunstancia aceptaría la restricción de los derechos democráticos, y asombrosamente en el año 2004, ese mismo informe determinó que el (64.6%) calificó el último proceso electoral como muy confiable, y el (90.7%), según estas estadísticas, el grado de equidad y oportunidad entregado a los candidatos lo consideró justo o muy justo.

A la luz de estos datos, es evidente que uno de los principales desafíos que tenemos es crear conciencia en los ciudadanos respecto a sus deberes y derechos, y propiciar las instituciones que le permitan el ejercicio de los mismos, es decir, no es suficiente que las elecciones sean limpias, transparentes, plurales y participativas, se necesita dar un paso hacia delante y generar confianza en los individuos, para que sean cada vez más ciudadanos en conciencia y participación.

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En otro aspecto de su función, la Junta Central Electoral, como órgano establecido para la administración y custodio de la identidad nacional, le corresponde garantizar los derechos esenciales al nombre, a la identidad de toda persona nacida en territorio dominicano.

Al efecto, el principal aporte que esta Junta Central Electoral puede hacer a la democracia es desarrollar una política de documentación de ciudadanos nacionales y extranjeros legalmente establecidos, para que los mismos puedan tener acceso a los derechos esenciales.

Un estudio del año 2006 del Gabinete Social de la Presidencia nos indica que, en la República Dominicana, contábamos con una población de más de 400 mil ciudadanos que carecían de documentos de identidad.

La Oficina Nacional de Estadísticas, a través de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y el Informe sobre Desarrollo Humano en República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del año estableció lo siguiente:

“Porcentaje de personas en barrios pobres con Actas de Nacimiento: este indicador fue calculado a partir de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para el año 2004. El promedio nacional es del 80.8%; el mínimo es del 23.9% y corresponde a Independencia, mientras que el máximo está en Salcedo, con un 95.3%.”

Los proyectos pilotos realizados nos han permitido obtener los siguientes resultados: en las Unidades Móviles de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento instaladas en diversas localidades del país, nos han permitido que a la fecha se

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hayan registrado 4 mil 329 ciudadanos, así como 4 mil 939 en la Unidad Central, la cual funcionaba en una Unidad Móvil alojada en las instalaciones de la Oficina Central del Estado Civil, en el Centro de los Héroes.

Simultáneamente con las mejoras introducidas mediante reglamentaciones y resoluciones y la participación de los sectores representantes de la comunidad, en las Oficialías del Estado Civil hemos declarado a 61 mil 047 ciudadanos desde el año 2007 hasta la fecha, es decir, que sólo en el proyecto piloto ya hemos otorgado documentos a más de 71 mil dominicanos.

Una de las Unidades Móviles instaladas en San Juan de la Maguana, en coordinación con el obispo de la diócesis de esta localidad, monseñor José Dolores Grullón Estrella, nos permitió documentar, en un tiempo de 29 días, a 668 ciudadanos en la comunidad de Padre Las Casas, y 108 en la comunidad de Las Yayas de Viajama, Azua. Éstas Unidades Móviles fueron movilizadas hacia otras localidades cuando los sectores comunitarios y eclesiásticos nos indicaron que ya no contaban con personas identificadas con falta de documentos, es decir, que se pueden considerar como zona libre de indocumentados.

En otras comunidades, como la provincia Hermanas Mirabal, se han documentado más de 1,200 personas, representando más del 30 por ciento de la cantidad de indocumentados reportados en esta comunidad en el año 2006. De igual manera, al día de hoy, fruto del acuerdo suscrito con la Secretaría de Estado de Educación, sólo en la Unidad Móvil instalada en el Liceo Unión Panamericana hemos entregado actas a 2 mil 755 escolares.

Estas estadísticas nos permiten afirmar que el proyecto concebido es viable, y que en un plazo de tres años, habremos concluido y resuelto uno de los mayores actos discriminatorios socialmente

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identificados, que de acuerdo con los datos suministrados por el Gabinete Social de la Presidencia, involucra a unos 364 mil ciudadanos.

Como consecuencia de este trabajo, 71 mil dominicanos pueden accesar a los programas de asistencia social del Estado, inscribirse en las escuelas, tener derecho a registrar una vivienda, acceder a créditos y a los servicios de la banca. En pocas palabras, a existir civilmente.

En este aspecto de administración de políticas públicas de identidad, la redención de los restantes 364 mil ciudadanos que carecen de documento constituye el mayor aporte que se pueda realizar en los últimos años a la democracia dominicana, desde ésta instancia.

Junto a estas políticas de eliminación del subregistro, en los centros hospitalarios estamos estableciendo los formularios de control prenatal, a fin de garantizar que desde el mismo hospital, las personas nacidas en estos centros obtengan, antes de que su madre sea dada de alta, un Número Único de por vida y porten su Acta de Nacimiento.

Paralelamente a estas acciones, la Junta Central Electoral ha estado desarrollando políticas de identificación de los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior, permitiéndoles tener acceso, desde el lugar en que se encuentren, a las actas y cédulas, disminuyendo sensiblemente los costos de adquisición de estos documentos, rescatando a estos ciudadanos de la diáspora dominicana y preservándoles su nacionalidad.

Uno de los propósitos esenciales de la Junta Central Electoral es contribuir a la creación de una gran base de datos de todas las personas que habitan en el país, respetando su status. De tal

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manera que haya un control exacto de las personas que ingresen al territorio nacional, por cualquier vía e independientemente de su condición migratoria.

Saber quiénes habitan la República Dominicana, constituye una necesidad nacional y, a tal efecto, la Cámara Administrativa propuso al Consejo Nacional de Migración el inicio de un proyecto de Registro de Extranjeros y Asignación de Número de Identificación (NIE), que permita identificar a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen o se encuentren en la República Dominicana, a través de la captura de sus datos biométricos y asignándoles un número único de registro: Número de Identificación de Extranjero (NIE). Esta asignación no implicará una definición de su status migratorio en el país, sino que es, en esencia, un registro de identificación. Al asignar un registro de extranjero, se asentarán en la documentación de soporte los datos que se encuentren en los documentos que aporten estos ciudadanos en los puntos de registro.

Como hemos indicado, corresponde a la Junta Central Electoral administrar y custodiar los documentos en que se asienta la identidad de los nacionales dominicanos y de los extranjeros residentes legales. La Ley 8-92, en sus artículos 6 y 9, por su parte, nos obliga a asignar un Número Único de Identidad a todos los documentos que sean emitidos por instituciones públicas, este documento de identificación no es sinónimo de identidad; pero sin embargo, tiene un peso determinante en el ejercicio de derechos sustantivos.

Hemos dicho que el derecho a la identidad es un derecho humano esencial, que afecta la posibilidad de ejercicio de todos los demás derechos; pero que, a su vez, la ausencia de identificación e identidad hace que quienes carecen de ellas sean más vulnerables, sean víctimas del crimen, de la violencia, del narcotráfico, de la

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trata de blancas, y que por demás, sea nulo el acceso a los servicios del Estado.

Además, el Estado que carece de instrumentos eficientes para la identificación de quienes viven en su territorio, se convierte en presa de sus propias debilidades. La posibilidad de poder falsificar, suplantar o suprimir una identidad, abre las puertas para la ocurrencia de situaciones de inseguridad del Estado y de los ciudadanos.

Es decir, desde el momento en que la persona es identificada, o se hace identificable frente al Estado, el Estado a su vez puede protegerse mejor del crimen, de la violencia y del narcotráfico. Por tanto, no sólo se trata de la preservación de derechos humanos esenciales, sino de la garantía del propio Estado, de garantizar la integridad, la seguridad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a quienes se debe.

Recientemente, en una intervención realizada en el marco del “Encuentro Internacional de Administradores de Registro Civil, Identidad y Migración”, la representación de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un representante del Departamento de Estado, introdujo una discusión que, por razones geográficas y sociopolíticas, no podemos ignorar respecto a las políticas migratorias y de identidad.

Los representantes de esta Nación consideraron que en el mundo existen aproximadamente 2 millones de apátridas, y asimiló el ser apátrida con indocumentado. La distinción de este concepto es importante, ya que el hecho de que un dominicano se encuentre en Estados Unidos y haya ingresado ilegalmente a su territorio, no significa que este dominicano sea apátrida, simplemente es un indocumentado en un país extranjero; pero es dominicano.

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De igual manera, el hecho de que un extranjero alemán o de otra nacionalidad en la República Dominicana carezca de documento, no significa que es apátrida, simplemente es indocumentado en la República Dominicana. Por tanto, como en este país y en los países latinoamericanos en su mayoría impera el principio del jus sanguinis, los descendientes de estos extranjeros conservan su identidad y nacionalidad, y no son apátridas. Al igual que el dominicano, que es dominicano no importa dónde nazca. Es obvio que esta discusión debe ampliarse más adelante por el bien del país.

En la agenda democrática de la República Dominicana, en los últimos 15 años se ha producido un crecimiento importante en las instituciones del Estado, el cual ha ido acompañado de un mayor nivel de conciencia ciudadana. Los retos de estos tiempos deben ser acompañar éstas instituciones y este crecimiento en la conciencia ciudadana, de tal manera que las organizaciones sociales y políticas, se conviertan en un mecanismo idóneo para la participación de la comunidad.

La capacidad que desarrollemos en este sentido, será el termómetro que determinará los niveles de aporte de la Junta Central Electoral a la democracia dominicana.

05 de marzo del 2009

El Registro Civil, Identidad y Migración

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Hoy damos continuidad al evento inaugurado en el día de ayer, con la interesante intervención del señor José Octavio Bordón, enviado Especial del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), señor José Miguel Insulza.

Haciendo uso de este escenario, el exponente expresó su satisfacción porque “el proceso electoral se ha realizado de manera exitosa y que la voluntad de los dominicanos, libremente expresada en las urnas, se ha respetado”. Insistió en indicar que “si bien la democracia dominicana goza de estabilidad y madurez, los desafíos jurídicos, técnicos y políticos que la Junta tuvo que solventar no fueron menores; pero siempre prevaleció la voluntad de resolver los problemas…”. Concluye este aspecto señalando que “la República Dominicana tiene ya una nueva elección que incluir en su lista de las celebradas exitosas y democráticamente”.

La mención del comentario citado anteriormente obedece a que es responsabilidad de la Junta Central Electoral y de la Cámara Administrativa, la organización de los procesos electorales y, por demás, porque en el mismo se introdujeron importantes innovaciones que fortalecieron el referido proceso. Como bien dijo el representante de la OEA, el desarrollo exitoso de estos procesos de por sí, no resuelve los problemas fundamentales del país; aunque sí crea la base, la confianza y la legitimidad en las autoridades y actores principales del Estado dominicano, que


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deben conducir los procesos de creación y fortalecimiento de instituciones estatales que sirvan de sostén a la democracia.

Precisamente, no bien acabado el proceso electoral, en un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Estado de Interior y Policía, les hemos convocado a este “Encuentro Internacional de Administradores del Registro Civil, Identidad y Migración”, con el propósito de intercambiar ideas, conocer experiencias, asimilar las buenas prácticas e introducir las mejoras necesarias en nuestros sistemas registrales y, por demás, afrontar retos y desafíos comunes a nuestra región. La existencia de puntos de coincidencia entre los ministerios de interior y los órganos electorales en esta materia no debe sorprender, ya que hasta hace poco los ministerios de interior en América Latina tenían el control de las instituciones encargadas del manejo del Registro Civil y de la oficina de expedición de Cédula de Identidad. Las reformas recientes han introducido este cambio en América Latina, no así en otras regiones.

En el marco de este evento, debemos abordar el tema denominado: “Situación Actual del Registro Civil y Subregistro en la República Dominicana: Focalización de los Problemas, Desafíos y Retos”.

A tal efecto, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones.

Breve Reseña de la Evolución del Registro Civil en República Dominicana

Desde sus orígenes, el Registro del Estado Civil ha estado regido e influido por el Código Civil francés. El formalismo propio del derecho francés ha impregnado todas las actuaciones registrales,

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en principio, muy asociadas en los Actos del Estado Civil a las actuaciones propias de la Iglesia Católica. Gradualmente, estos nexos fueron desapareciendo y sólo queda el matrimonio canónico, establecido entre el Estado dominicano y el Vaticano mediante el Concordato, y la autorización del acta de bautismo como documento soporte para las declaraciones tardías de nacimiento.

En todo este tiempo, éstas han sido las normas vigentes, salvo el período de la anexión de nuestro país a España en el año 1861, que dio lugar a la supresión de todos los artículos del Código Civil francés que eran contrarios a la concepción religiosa española del matrimonio. Posteriormente, el 17 de julio del 1944, fue promulgada la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil, la cual derogó las disposiciones que le eran contrarias en el citado código.

De todas estas modificaciones, la de mayor relevancia se produjo en el año 1992 con la promulgación de la Ley 8-92, que transfirió la Dirección General de la Cédula de Identidad Personal, las Oficinas Expedidoras de la misma y las Oficialías del Estado Civil a la Junta Central Electoral. En adición a esta disposición, esta ley contiene una serie de normativas referidas a los requisitos para el ejercicio de la función de Oficial del Estado Civil y deja en manos de la Junta Central Electoral la emisión de un reglamento para su funcionamiento, así como el manejo de la política de recaudo por concepto de tasas y servicios.

Como de costumbre, estas reformas legislativas fueron el resultado de una crisis económica que devino en crisis política, como consecuencia de las elecciones presidenciales del año 1990, y que se profundizó en el año 1994, a causa de la confrontación política que concluyó con la firma de un pacto entre las fuerzas políticas, sociales y la mediación de la iglesia, el mismo modificó

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el período para el cual fue postulado el presidente de turno, y dio lugar al inicio de otras reformas legislativas que impactaron el Sistema Electoral y el Registro Civil, dando origen a la creación del Padrón Fotográfico que hoy existe.

Finalmente, el 18 de enero del año 2007, esta administración dicta un reglamento estableciendo Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y al Personal Auxiliar, unifica y fija las tasas por los servicios en todo el país. Es en este momento que se inicia el proceso real de toma de control del Registro del Estado Civil por parte de la Junta Central Electoral.

Situación del Registro Civil al Inicio de la Actual Gestión

En un documento titulado: “Líneas Estratégicas del Registro Civil e Identidad Ciudadana”, presentamos un diagnóstico del Registro del Estado Civil al momento de iniciar esta gestión, que resumimos de la siguiente manera:

• Administración privada de las oficialías.

Las Oficialías del Estado Civil habían estado funcionando mediante un esquema que mantenía una administración privada, en el cual los Oficiales establecían las tasas a cobrar por los servicios prestados a los ciudadanos, e ingresando estos fondos en su patrimonio particular. Los Oficiales contrataban a su discreción el personal auxiliar, establecían los salarios y disponían qué debía gastarse para el mantenimiento del servicio. Estos funcionarios y empleados carecían de un sistema de carrera, recibían salarios por debajo del mínimo legal y no ejercían sus funciones con arreglo a procedimientos institucionales uniformes.

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• Prevalencia de procedimientos manuales para la instrumentación y expedición de actas.

En más del noventa y cinco por ciento (95%) de las Oficialías, solamente existían procedimientos manuales para la instrumentación y expedición de actas, lo cual provocaba numerosos errores humanos, además de un considerable retraso en el servicio a la ciudadanía. Las Actas del Estado Civil no han estado vinculadas digitalmente a los documentos de identidad, impidiendo la creación de archivos informáticos integrales de cada persona registrada.

• Servicio deficiente a la ciudadanía.

La calidad del servicio a la ciudadanía había sido calificado como pésimo, en correspondencia con empleados y funcionarios mal pagados, con poca o ninguna capacitación respecto a sus funciones y, en muchos casos, sin ningún tipo de supervisión de las responsabilidades a su cargo. Por demás, la cantidad de Oficialías y Centros de Cedulación no se correspondía con la demanda ciudadana. De los Centros de Cedulación, aunque estaban instalados formalmente cuarenta y nueve (49), apenas funcionaban trece (13) al inicio de la actual gestión.

• Instalaciones físicas deterioradas e inadecuadas.

Las Oficialías del Estado Civil habían estado funcionando en edificios públicos alquilados o cedidos por otras entidades gubernamentales, que carecían de las condiciones mínimas de seguridad y confortabilidad que permitirían una adecuada conservación de los Libros-Registro y un servicio de calidad a la ciudadanía. En muchas ocasiones estos locales habían sido objeto de escalamiento por parte de malhechores que sustrajeron equipos y documentos de seguridad. Un inventario realizado por

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la Junta Central Electoral en el año 2005, reveló que el 56% de los locales de las Oficialías no reunían condiciones para instalar los equipos informáticos que automatizarían los servicios del Registro Civil.

• Deficiencia crónica en la conservación de los Libros-Registro.

Las condiciones físicas de los locales antes señalados, los sistemas inadecuados de archivos, así como el manejo inadecuado por parte del personal responsable, han traído como consecuencia que, una parte significativa de los Libros-Registro se encuentre en franco estado de deterioro. Se ha comprobado que el 14% de estos Libros-Registro se encuentran en estado inservible. De hecho, solamente el 80% de las Actas del Estado Civil pudieron ser escaneadas mediante procedimientos ordinarios, teniendo las demás que someterse a un proceso de reconstrucción.

• Instrumentación irregular de las Actas del Estado Civil.

Las Actas del Estado Civil, asentadas en los Libros-Registro, están afectadas en un alto porcentaje de diversas omisiones e irregularidades que afectan su valor intrínseco. Entre las irregularidades más frecuentes, podemos señalar: actas carentes de la firma del declarante, testigos, contrayentes y Oficial del Estado Civil actuante; omisión de las anotaciones marginales correspondientes; actas instrumentadas sin la mención de los datos requeridos por ley; actas instrumentadas con posterioridad a la clausura del Libro-Registro; actas rectificadas de manera administrativa sin la intervención de la sentencia judicial requerida al efecto; actas insertadas en los Libros-Registro que sustituyen las correspondientes a los inscritos originales; actas instrumentadas con los nombres en abreviaturas y actas de nacimiento que no precisan la calidad del compareciente, entre otras.

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• Centralización de los servicios de legalización de actas.

El servicio de legalización de actas, que tiene como propósito certificar la autenticidad de las que son emitidas en las diferentes Oficialías del país, había sido concentrado exclusivamente en la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, generando una gran congestión de este servicio, así como gastos adicionales y pérdida de tiempo a los habitantes de las diferentes provincias del país.

• Creciente aumento del subregistro de nacimientos y defunciones.

Uno de los más graves problemas que afecta al Registro Civil dominicano es la gran cantidad de nacimientos y defunciones que no se encuentran registrados. En el caso de los nacimientos, el problema reviste particular importancia, pues este subregistro coloca a los afectados al margen de la sociedad, dificultando su acceso a derechos fundamentales. Diversos estudios realizados reflejan una alta cantidad de subregistro de nacimientos de niños entre 0 a 15 años, siendo de un 13.6% en la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA, 2002); un 11.94% en la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2004), y de un 13.1% en la realizada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN, 2004-2005).

• Falsificación de Actas y Cédulas de Identidad y Electoral.

La vulnerabilidad del sistema, la falta de supervisión y de autoridad, permitió la proliferación de la falsificación y adulteración de Actas del Estado Civil, lo que a su vez consintió la emisión de Cédulas de Identidad y Electoral y pasaportes falsos, poniendo en peligro la seguridad jurídica y la identidad nacional.

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• Normativa legal desactualizada.

Las disposiciones legales contenidas en los instrumentos jurídicos reguladores de la materia se encontraban desactualizados, en relación con las necesidades de modernización del Sistema de Registro Civil e Identidad Ciudadana. Los plazos y procedimientos previstos en la ley se constituían en obstáculos para garantizar la seguridad de los documentos y un servicio público eficiente a la ciudadanía.

Estas debilidades en la dirección del Registro Civil fueron recogidas parcialmente el 16 de junio del año 2000 en un informe “sobre los Resultados y Estado Actual de la Solución Integral del Sistema de Cedulación Nacional (BIOWARE) y la Automatización de las Oficialías del Estado Civil”, rendido por la Comisión de Evaluación y Ejecución de Proyectos de la Junta Central Electoral, que encabezó el ingeniero Henry Lizardo Ovalles, y otros informes de auditoría realizadas con este propósito.

Reformas Administrativas y Tecnológicas en el Registro del Estado Civil

Definidas las líneas estratégicas para el trabajo en el Registro Civil y la identidad ciudadana, nos propusimos revertir la situación precedentemente expuesta, iniciamos un amplio proceso de remodelación y adecuación de las oficinas en las que se encontraban instaladas las Oficialías del Estado Civil, priorizando en las que concentran mayor cantidad de transacciones y demanda de servicios ciudadanos.

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Al efecto, se realizó una remodelación total del edificio que aloja la Oficina Central del Estado Civil ubicado en el Centro de los Héroes, se trasladaron y reubicaron las Oficialías del Estado Civil de Santiago de los Caballeros, la 2da. Circunscripción del Distrito Nacional, la Décimo Segunda Circunscripción de la provincia Santo Domingo, la Primera Circunscripción de San Francisco de Macorís, se creó e instaló la Oficialía del Estado Civil de Bávaro, se adquirieron los inmuebles para las Oficialías del Estado Civil de Cotuí, de la 1ra. y 3ra. Circunscripción del Distrito Nacional, de la 1ra. y 2da. Circunscripción de La Romana, y hemos trasladado y ubicado en mejores locales un total de 45 Oficialías del Estado Civil en todo el país. Actualmente se encuentran en proceso de construcción y remodelación 17 Oficialías del Estado Civil, que sumadas a las anteriores, representan el 75% del volumen general de las operaciones.

¿Por qué Damos Tanta Importancia al Acondicionamiento de éstas Oficinas de Servicio Público?

Al elaborar las líneas estratégicas tuvimos acceso a un informe de la Oficina Nacional de Estadística del año 2006, que basado en una encuesta de hogar de propósitos múltiples, presentó como una de las limitantes para el registro de las personas la distancia que debían recorrer para hacer los registros, las dificultades administrativas y condiciones de servicios por la presencia de procesos manuales y el congestionamiento y centralización que impedía un fácil acceso a los mismos.

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En el interés de eficientizar los servicios, le hemos dado prioridad al Proyecto de Automatización de Registro Civil, iniciado en el año 2005, protegiendo y preservando de por vida los Libros-Registro de las Oficialías del Estado Civil, consistente en la digitalización de las actas. Este trabajo nos permite tener disponible, en formato digital, más de 18 (dieciocho) millones de imágenes, las cuales representan el 74% de las declaraciones contenidas en los Libros-Registro del Estado Civil del país.

Hemos instalado cinco Centros de Servicios y Legalizaciones en las principales regiones del país, con el propósito de acercar más el servicio al ciudadano, disminuir los costos en la adquisición de los documentos y descentralizarlos.

Los servicios ofrecidos, sólo en el año 2008, fueron los siguientes:

Asimismo, iniciamos una política de documentación hacia los dominicanos residentes en el exterior, aperturando oficinas en 17 ciudades donde residen la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas, tales como: New York, Miami, Boston, Madrid, Milano, Zurich, Puerto Rico, entre otras. En estas oficinas, la diáspora dominicana puede obtener sus Actas de Nacimiento y su Cédula de Identidad y Electoral sin tener que viajar al país. Estas acciones forman parte de la política de identificación de todos los dominicanos, para que los residentes en el exterior tengan

Legalizaciones 2,090,298

Centros de Servicios 771,120

Total 2,861,418

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la oportunidad de documentarse, y de esta manera contribuir a regularizar su status en cualquier parte del exterior en que se encuentren, y así puedan ejercer sus derechos civiles y políticos.

Subregistro en República Dominicana

Los datos aportados por instituciones internacionales indican que en América Latina existe un alto nivel de falta de registro y subregistro, constituyendo ésta una de las principales fuentes de marginalidad y exclusión social. Al efecto, la Organización de

Ciudad Cant. Servicio

New York 8,537

Puerto Rico 6,710

Miami 5,223

Boston 4,624

Madrid 4,420

New Jersey 3,689

Panamá 2,252

Venezuela 1,896

Barcelona 1,387

Milano 1,099

Zúrich 770

Washington 580

Montreal 521

Ámsterdam 467

Philadelphia 100

Gran Total 42,275

Estadísticas Servicios en el Exterior2007-2008

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Estados Americanos (OEA) y todos sus miembros se han trazado como meta lograr que al año 2015 se obtenga el registro universal gratuito y oportuno, lo cual hizo constar en su Resolución 2286 del 5 de junio del 2007. Esto se debe a que la falta de registro y el subregistro, según los organismos internacionales, ronda indistintamente alrededor de un 20 a 25 por ciento en los estratos de extrema pobreza de la mayoría de sus Estados asociados.

En la República Dominicana, un trabajo de investigación realizado por el Gabinete Social de la Presidencia en el año 2004, determinó que aproximadamente 450 mil personas no habían sido declaradas. En una actualización de ese trabajo, realizada en el año 2006, se produjo el hallazgo de que de 255 mil 379 hogares en que se desarrollan programas de asistencia social, 115 mil 799 menores de 16 años carecían de Actas de Nacimiento y 78 mil 364 personas de 16 años o más carecen de Cédula de Identidad, entre los que se encuentran 91 mil 748 hogares donde el jefe del mismo carece de Cédula de Identidad y Electoral, imposibilitando el acceso a los servicios de asistencia social.

Este fenómeno de falta de registro es casi exclusivo de las zonas de extrema pobreza. Al efecto, la Oficina Nacional de Estadísticas establece que el 95.7% de los hijos de mujeres con educación superior y más, recibió un registro relativamente oportuno, frente a un 68.5% de los hijos de mujeres que no alcanzaron niveles formales de instrucción.

El citado estudio, a su vez, nos revela lo siguiente: “En cuanto al contenido de la atención prenatal recibida por las mujeres con nacimiento vivo en los últimos dos años previo a la encuesta, los elementos de la rutina básica de la atención prenatal presentan altas coberturas. Casi la totalidad de las madres informó que fueron pesadas en el chequeo prenatal (96.9%) o que recibieron control de la presión arterial (97.0%). Al 95.9% le tomaron muestra de sangre, y al 95.1% muestra de orina”.

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Finalmente, en su informe, la Oficina Nacional de Estadística nos indica que el 97.8% de las mujeres que tuvieron hijos en los dos años anteriores a la encuesta fueron atendidas por algún personal profesional de salud.

Estas informaciones nos permiten focalizar las instalaciones hospitalarias como el centro de atención primaria en que debemos concentrar nuestros mayores esfuerzos, con la finalidad de impedir el incremento del subregistro y, a su vez, nos exponen, de manera dramática, las consecuencias que producen en los ciudadanos dominicanos que no tienen acceso a este servicio público que nosotros administramos, el poder recibir la documentación que les permite existir legalmente y ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos.

Por estas razones, hemos iniciado, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y el Consejo Ejecutivo para la Reforma del Sector Salud, un convenio que permitirá que en un tiempo breve tengamos 36 Delegaciones de Oficialías del Estado Civil en los hospitales públicos para que, desde la primera visita prenatal, iniciemos el proceso de identificación de las madres en estado de gestación y los procesos de documentación de sus descendientes. Esto así, porque el inicio en esta fase de la identificación permitirá determinar el estatus de los padres, de tal manera que permita regularizar la situación de los mismos, en caso de que fuera necesario, con la finalidad de que al nacer el niño, sus padres estén debidamente identificados y en condiciones de declararlo.

Para estos fines, en coordinación con las autoridades citadas, hemos confeccionado el Formulario de Preinscripción. Por su parte, la SESPAS, en correspondencia con esta decisión, emitió la Resolución No. 18 del 16 de enero del presente año, que responsabiliza al personal administrativo y médico de los

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hospitales para que a ningún recién nacido se le dé de alta sin que previamente se le haya llenado el Certificado de Nacido Vivo, que es la base fundamental para el registro del nacimiento. Este formulario, que da lugar al Acta de Nacimiento, culmina con la entrega del Número Único de Identificación de por vida que acompañará a ese ciudadano hasta su último acto vital.

El convenio implica que todos estos formularios tengan un código de seguridad que sea registrado en un sistema informático, para interrelacionar todas las instituciones involucradas en el proceso de inscripción del recién nacido. Estas medidas promueven el registro oportuno y evita el incremento del subregistro.

Como parte de estas políticas, ya hemos instalado Delegaciones de Oficialías automatizadas en las siguientes instalaciones hospitalarias:

No. Delegación de Hospitales Nacimientos Defunciones Total Registros

1 Villa Tapia, Centro de Salud y Mater-nidad

77 - 77

2 Santo Domingo Este, Maternidad de Los Mina

8,085 - 8,085

3 Distrito Nacional, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

19,339 - 19,339

4 Salcedo, Hospital Pascasio Toribio Piantini

1,281 - 1,281

5 Tenares, Delegación Hosp. Ángel Con-cepción Lajara

125 - 125

6 El Seibo, Delegación Hosp. Teófilo Fernández

83 2 85

7 Jarabacoa, Delegación Hosp. Octavia Gautier de Vidal

65 37 102

8 La Vega, Hosp. Dr. Luis M. Morillo King

334 42 376

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Como se indica, habiendo tomado las medidas para impedir el incremento del subregistro, en un acuerdo con el Gabinete Social de la Presidencia y el apoyo del Banco Mundial, iniciamos un programa de gestión de documentos de identidad, concebido dentro del Programa General de Asistencia Pública del Gabinete Social de la Presidencia. Con este propósito, se ha

9 Moca, Hosp. Dr. Toribio Bencosme 201 6 207

10 Santiago de Los Caballeros, Hosp. Cabral y Báez

394 10 404

11 Santo Domingo Este, Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara

66 - 66

12 Distrito Nacional, Subcentro Jesús Te Ama

5 - 5

13 Cotuí, Delegación Hosp. Inmaculada Concepción

114 114

14 Distrito Nacional, Delegación Hosp. Fuerzas Armadas

101 8 109

15 Distrito Nacional, Delegación Hosp. Luis E. Aybar

194 6 200

16 Hato Mayor, Hosp. Dr. Leopoldo Martínez

15 15

17 Higüey, Hosp. Nuestra Sra. de la Alta-gracia

88 1 89

18 La Romana, Hospital Francisco Gon-zalvo

- - -

19 San Francisco de Macorís, Hosp. San Vicente de Paúl

201 38 239

20 San Pedro de Macorís, Delegación Hosp. Dr. Antonio Musa

186 11 197

21 Yamasá, Delegación Hosp. Municipal de Yamasá

26 - 26

Total 30,980 161 31,141 31,141

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dispuesto que una partida de aproximadamente 7 millones de dólares, en un período de 4 años, correspondiente al empréstito de 19 millones de dólares del Banco Mundial a la República Dominicana, sea destinada a este capítulo del Proyecto de Inversión en la Protección Social (PIPS).

Este programa de gestión de documentos está siendo ejecutado a través del Proyecto de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, que inició esta Junta Central Electoral en el mes de agosto del año 2007, instalando varias unidades móviles en diversas localidades del país.

Simultáneamente se elaboraron manuales e instructivos, se puso en funcionamiento el Libro de Declaración Tardía de Nacimiento en correspondencia con la Ley No. 218-07 de Amnistía de Declaración Tardía de Nacimiento del 14 de agosto del 2007, y se dictaron reglamentaciones, resoluciones e instructivos para facilitar la declaración de las personas afectadas por la carencia de documentos. Hasta este momento, hemos obtenido el siguiente resultado: 32,688 en la Unidad Central de Declaraciones Tardías y las Unidades Móviles; 166,591 en las Oficialías del Estado Civil automatizadas, para un total de más de 199 mil declaraciones.

Otro de los ejes troncales del trabajo de la Junta Central Electoral ha sido el establecimiento de un convenio con la Secretaría de Estado de Educación, mediante el cual se está ejecutando un programa para dotar a 2 millones 450 mil estudiantes de escuelas públicas y colegios privados de un Número Único de Identidad de por vida. Este programa va acompañado de una jornada de trabajo para identificar y documentar unos 18 mil niños en las escuelas públicas, que se ha reportado carecen de información sobre la existencia de su nacimiento. Entre los beneficios colaterales de este programa, está la posibilidad de entrega de un carné estudiantil, el acceso

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a la información escolar vía electrónica y el mantenimiento de una relación electrónica entre las autoridades educativas y el núcleo familiar, entre otros. Para avanzar en este programa, hemos habilitado un espacio en el edificio de proyectos especiales ubicado en la Av. Luperón.

Con la finalidad de apoyar el programa de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, la Junta Central Electoral dictó un conjunto de decisiones de carácter reglamentario y administrativo, tendente a disminuir los trámites burocráticos, desjudicializar el procedimiento, garantizar su gratuidad y reducir sustancialmente el tiempo que se toma la inscripción del ciudadano en el Registro del Estado Civil. Estas decisiones fueron las siguientes:

•Desjudicializaciónde losprocesosdeDeclaracionesTardías de menores de 16 años.

•Lapuesta en vigenciadelLibrodeDeclaracionesTardías con Amnistía, para menores de 16 años, según la Ley 218-07.

Vía Secretaría de Estado de Educación 109,361

Vía Oficialías del Estado Civil Automatizadas 52,849

Total 162,210

Número Único de Identidad de por Vida asignado a la fecha

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•Elestablecimientodeunprocedimientoparasuplirlaausencia de Acta de Defunción, en las Declaraciones Tardías de Nacimiento.

•LasDeclaracionesTardíasdemenorescuyasmadresestén ausentes, y estén bajo la guarda y cuidado del padre.

•ElfuncionamientodelaUnidadCentralylasUnidadesMóviles de Declaraciones Tardías.

•LosrequisitosyelprocedimientoparalasDeclaracionesTardías de personas mayores de 60 años, con Cédula de Identidad y Electoral (Cédula de cartón, carné azul o amarillo).

•Emisiónderesolucionese instructivosy realizaciónde talleres de formación para la preparación de los recursos humanos que intervienen en el proceso de documentación.

•Definicióndeunprocedimientoparaladocumentaciónde adolescentes en estado de gestación menores de edad, y que por razones obvias, no podrían declarar a sus descendientes.

•ResoluciónsobreexpedicionesdeActasdelEstadoCivil no firmadas por los declarantes, comparecientes y testigos.

•ResoluciónsobreDeclaracionesTardíasdeNacimientode personas ceduladas mayores de 60 años de edad cuyo carné sólo consigna el apellido correspondiente a la filiación materna.

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•Resoluciónquecreaelinstructivoparalaaplicacióndela Resolución No. 012 del 10 de diciembre del 2007, que autoriza a la Junta Central Electoral a suspender provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.

•Resoluciónpara el establecimientodeunSistemade Carrera para los Oficiales del Estado Civil y sus Suplentes sobre la Base de Concursos Públicos de Méritos por Oposición, entre otras.

Propuesta para la Identificación de Extranjeros

La República Dominicana acoge una alta cantidad de emigrantes extranjeros que, en el devenir histórico de nuestro país, han jugado un papel importante en su vida económica. Al igual que la población dominicana, muchos de ellos están, situados en los diferentes estratos sociales, incluyendo la zona de extrema pobreza. Así como en relación a los propios nacionales dominicanos no ha habido una política de Estado eficiente que garantice su documentación, como lo hemos demostrado en esta intervención, igualmente hemos carecido de una política clara y eficiente para la identificación de los extranjeros en territorio dominicano.

En ese sentido, hemos hecho una propuesta al presidente del Consejo Nacional de Migración, doctor Franklin Almeyda Rancier, para que los ciudadanos extranjeros que ingresen o se encuentren en República Dominicana sean identificados a través de la captura de sus datos biométricos, y asignarles un número único de registro. Esta decisión no implica una definición de su estatus migratorio, sino que más bien procura la asignación de un número para registrarlos y crear las condiciones para su posterior regularización. La misma se encuentra en manos del

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referido consejo y, de aprobarse, contribuiría enormemente a disminuir los niveles de presión que recibe el Registro Civil, ya que erróneamente se cree que la Junta Central Electoral es el órgano encargado de otorgar los derechos de nacionalidad a nacionales extranjeros. Más aún, se piensa que la Declaración Tardía de Nacimiento es el instrumento para estos fines.

Los grandes pensadores de la democracia liberal se han planteado nuevos retos y desafíos de cara a la consolidación democrática, y establecen como su prioridad, la creación de instituciones estatales que garanticen el cumplimiento de los derechos ciudadanos. No basta tener un crecimiento económico adecuado, realizar elecciones periódicas, plurales y competitivas, sino que más bien se necesitan ciudadanos conscientes y con capacidad para el ejercicio de su derecho. En nuestro caso, la incapacidad para garantizar la expedición de una inscripción en el Registro Civil constituye nuestra principal obligación ciudadana y nuestro principal compromiso de Estado. El hecho de que en los últimos dos años el Estado dominicano haya invertido 959 millones en el sostenimiento y modernización del Registro Civil, y que en ese mismo período hayamos inscrito 71 mil personas que carecían de Actas de Nacimiento, revela el nivel de compromiso y de conciencia que tenemos sobre esta materia. No obstante, ninguna inversión será suficiente para redimir a los marginados y excluidos de su inexistencia legal.

Por ello, nos encontramos en un proceso de reforma y fortalecimiento institucional del Registro del Estado Civil, como el bien más preciado de los dominicanos.

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Desafíos y Retos

Entre los proyectos que complementan este capítulo de gestión de documento, que ha sido concebido por nosotros dentro de las líneas estratégicas del Registro Civil e Identidad Ciudadana, tenemos los siguientes:

•Adecuación de la Ley 659 con resoluciones quehan sido emitidas por el Pleno de la JCE, o por las circulares y disposiciones de la Cámara Administrativa, lo cual avala la necesidad de una reforma integral de la mencionada ley, incorporándole los avances que generan el desarrollo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones.

•Dotar deActas deNacimiento y/oCédulas y deIdentidad a los 364,000 (trescientos sesenta y cuatro mil) dominicanos identificados por el Gabinete Social, debido a que no cuentan con una documentación oficial.

•Construirlocalesadecuados,debidoalaimprescindibley necesaria remodelación y adecuación de las arrabalizadas y hacinadas Oficialías del Estado Civil, en los 108 municipios aún pendientes de atender.

•Continuarconelprogramade laCapturadeDatosBiométricos, el cual nos permitirá unificar los datos de cedulación del ciudadano con los de las Actas del Registro del Estado Civil, relacionándolos con sus huellas dactilares, su fotografía y su firma. A la fecha hemos capturado más de 750,000 personas, incluyendo a los miembros de la Policía Nacional.

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•UnidadCentraldeDigitacióndeActas, lacualnospermitirá convertir la información escaneada en datos y poder atender de forma ágil las solicitudes de duplicado de actas en todo el territorio nacional, en las Oficinas del Voto en el Exterior y en los kioscos de atención inmediata.

•ConvertirlasOficialíasdelEstadoCivilenoficinasdeServicios Múltiples, expandiéndose a todo el espectro nacional para la expedición de los duplicados de los actos y manteniendo su jurisdicción para el registro de los mismos.

•Implementacióndekioscosdeatencióninmediataenplazas comerciales y vía Internet, los cuales permitirán que los ciudadanos puedan obtener un duplicado de sus documentos sin la necesidad de trasladarse a las Oficialías Civiles y/o a los Centros de Servicios.

•CompletarlaautomatizacióndelasOficialíasCivilesenlos 108 municipios pertenecientes a la tercera categoría y la instalación de Centros de Cedulación en todos los municipios de país, con la finalidad de atender las demandas de los servicios de Registro Civil y Cédula de Identidad para todos los ciudadanos.

•Censo informatizado en los órganos policiales ymilitares, con el objetivo de capturar sus datos biométricos y determinar cuáles de sus miembros o familiares carecen de documentación.

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•Reinversión de los recursos obtenidos por larecuperación de las tasas establecidas en adecuación, remodelación, climatización, equipos, mobiliarios y materiales diversos, en las diferentes oficinas del Registro Civil en la República Dominicana.

•Instalacióndeáreasdeatenciónalpúblicoquenospermiten hacer contacto directo con la población, como ejemplo, la dirección de Internet www.declaracionestardias.com, un Call Center y el servicio de JCE-Responde, entre otros, con los cuales los ciudadanos pueden consultar y recibir informaciones sobre el procedimiento de Declaraciones Tardías o Solicitudes de Cédulas, y revisar electrónicamente el estatus en que se encuentran sus expedientes, ahorrándoles tiempo, dinero y viajes innecesarios.

Con todas estas tareas, lograremos ejecutar un plan integrado que permitirá identificar y documentar los ciudadanos que carecen de Acta de Nacimiento o Cédula de Identidad y Electoral, prestar el mejor de los servicios y terminar con el rescate del Registro del Estado Civil en la República Dominicana.

Finalmente, auguramos el más rotundo de los éxitos para este evento, y esperamos que con esta jornada, tomemos un nuevo impulso para continuar con la regulación y control del Registro Civil, la Identidad y la Migración en nuestros países.

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Para la Junta Central Electoral es motivo de satisfacción entregar a la importante provincia de Santo Domingo, y muy en particular, al municipio de Santo Domingo Este, la obra que ha sido bendecida por su Eminencia Reverendísima, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

En cuanto a la modernización y adecentamiento del servicio digno que merece la población, esta infraestructura nueva tiene un monto que asciende a RD$40,333,368.84 y en equipamiento, entiéndase, climatización, planta de emergencia, mobiliarios, dispositivos informáticos y equipos de oficina, se ha invertido la suma de RD$8,057,131.16, para un total de RD$48,390,500.00 millones de pesos.

En estas instalaciones podrán recibir servicio de cedulación 542 mil 822 mayores de edad, 7 mil 914 menores de edad, 19 mil 001 militares, 2 mil 442 extranjeros, y 2 mil 660 extranjeros temporales, para un total de 574 mil 829 personas.

Como consecuencia de la automatización de los servicios del Registro del Estado Civil en el municipio Santo Domingo Este, tenemos 794 mil 150 imágenes digitalizadas, de las cuales, 624 mil 158 corresponden a la Oficialía del Estado Civil de la 4ta. Circunscripción, y 30 mil 597 a la Oficialía del Estado Civil de la 13ava. Circunscripción. Asimismo, hemos registrado 196 personas en el Libro de Extranjería, y hemos entregado 24 mil 917 Números Únicos de Identidad de por vida.

Inauguración Edificio Junta Electoral Santo Domingo Este, Oficinas del Registro Civil y Centro de Cedulación

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En el caso de las Oficialías del Estado Civil que funcionan en este municipio, todas están automatizadas. De igual manera, tanto en el Hospital Dr. Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), como en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, se ofrecen servicios al instante.

Como parte del esfuerzo de esta gestión, se ha dado seguimiento y se ha consolidado el proceso de automatización de las oficinas de la JCE. En efecto, al momento actual contamos con más de 20 millones de imágenes escaneadas, de 26 Delegaciones de Hospitales debidamente automatizadas. De 64 oficinas de expedición de cédulas que existían cuando asumimos esta gestión, las hemos elevado a111. Es decir, hemos creado 47 nuevos Centros de Cedulación. Inauguramos 5 Unidades de Declaraciones Tardías de Nacimiento, y hemos expandido el servicio de Registro del Estado Civil y cedulación a 15 ciudades del exterior.

De igual modo, los datos faciales y dactilares de 3 millones 313 mil 075 dominicanos están en proceso de validación. Hemos automatizado 66 Oficialías del Estado Civil, de las cuales, 26 están funcionando con cajas de cobro automatizadas, y tenemos 72 en proceso de automatización, de un total de 164 Oficialías.

Desde el primero de enero del 2007 a la fecha, hemos atendido a 3 millones 092 mil 590 ciudadanos, y como parte de este servicio, desde octubre del 2007 a la fecha, a través de las Oficialías del Estado Civil, hemos entregado 185 mil 554 Actas de Nacimiento Tardías, y a través de las Unidades Móviles, 32 mil 817, para un total de 218 mil 421 Declaraciones Tardías de Nacimiento.

10 febrero del 2010

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Es un gran honor poder estar reunido aquí con ustedes, en la región Sur del país, y específicamente en esta productiva y hermosa ciudad de Las Matas de Farfán (tierra que me vio nacer y que ha sido cuna de mis progenitores), con el propósito de dejar inaugurado este nuevo edificio en el cual funcionan, desde estos precisos momentos, las oficinas de la Oficialía de la 1ra. Circunscripción, La Junta Electoral y el Centro de Cedulación de este municipio.

Con la inauguración de esta edificación, la Junta Central Electoral da continuidad a la misión de rescatar el Registro del Estado Civil del estado de abandono a que fue sometido por años, alojándolo en estas modernas instalaciones, con los equipos y sistemas informáticos necesarios para proteger y salvaguardar los documentos vitales de los ciudadanos que habitan esta hermosa tierra.

En el pasado reciente, los libros del Registro del Estado Civil se deterioraban con gran rapidez, dadas las malas condiciones en que estaban almacenados y al mal manejo a que eran sometidos.

Hoy, una gran parte de esos libros ya están protegidos de por vida con el escaneo y con la digitalización de sus folios.

Edificio Junta Electoral, Oficialía del Estado Civil y Centro de Cedulación de Las Matas de Farfán

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De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la población estimada y proyectada para este año 2009 de Las Matas de Farfán, es de 48,400 habitantes. De éstos, la JCE tiene 36,675 personas en su Maestro de Cedulados, los cuales, conjuntamente con sus descendientes, recibirán de manera eficiente los servicios requeridos en estas nuevas y acondicionadas instalaciones.

Desde su automatización a la fecha, en esta Oficialía se ha ofrecido la cantidad de 21,388 servicios.

Dado que contamos con más de 20 millones de imágenes escaneadas, se han instalado cinco (5) modernos Centros de Servicios regionales, los cuales, desde el 2007, ofrecen la siguiente estadística:

Centros de Servicios Expediciones LegalizacionesTotal

Servicios

Centro de Servicios San Francisco de Macorís 22,614 83,081 105,695

Centro de Servicios Santiago

93,527 524,180 617,707

Centro de Servicios Sto. Dgo. Este

150,517 132,779 283,296

Centro de Servicios Azua 19,697 28,536 48,233

Centro de Servicios Legalización Actas D. N. 492,853 1,338,251 1,831,104

Total 779,208 2,106,827 2,886,035

Estadísticas Centros de Servicios

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Asimismo, tenemos 58 Oficialías del Estado Civil automatizadas. Para el mes de diciembre se completaron 61, lo cual permite que más del 80 por ciento de los servicios que solicitan los ciudadanos sean ofrecidos de forma automatizada, totalizando a la fecha 5,713,011 asistencias.

De igual manera, conjuntamente con la Comisión Ejecutiva para la Reforma de Sector Salud (CERSS) y la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), estamos automatizando la Delegación del Hospital de esta comunidad, y con ella completamos 22 Delegaciones de Oficialías en los principales hospitales públicos del país. La meta es que, en los próximos meses, se hayan terminado más de 40 delegaciones.

Como parte de este esfuerzo, también hemos convenido con la CERSS el inicio de una campaña de educación, formación y sensibilización de las comunidades hospitalarias. Entiéndase, las autoridades sanitarias, los directores y empleados de los hospitales, de la Junta Central Electoral y la propia ciudadanía, a fin de crear conciencia acerca de la necesidad de que no se permita que un solo niño salga del hospital sin su documento de registro e identidad.

Esta gestión de la Junta Central Electoral tiene instalado y funcionando, como parte de este programa de rescate del Registro del Estado Civil e Identidad Ciudadana, 92 Centros de Cedulación. Asimismo, se ha programado la instalación de 77 nuevos centros, con el objetivo de que todos los municipios del país cuenten con los servicios necesarios de cedulación, en su misma ciudad.

Paralelamente a esta responsabilidad, la JCE desarrolla un agresivo programa de disminución del subregistro mediante la instalación de unidades móviles y otras iniciativas y programas, no sólo con el propósito de eliminar la causa del subregistro de nacimiento,

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sino también de registrar a quienes ya nacieron y no tuvieron la oportunidad de ser registrados.

En estas nuevas instalaciones que, la Junta Central Electoral deja inauguradas, podrá desarrollarse todo el proceso para la logística y cómputos de las elecciones del 2010.

Finalmente, es importante destacar que en éstas oficinas, en adición a los servicios del Registro Civil, Junta Electoral y Cedulación, existen los equipos necesarios que nos permiten ofrecer otras atenciones, tales como la captura de los datos biométricos de los ciudadanos y su verificación en el Padrón de Electores.

Inversión en Infraestructura 24,600,196.10

Desembolso Al 15-12-2009 15,106,041.89

Cubicación Pendiente de Análisis 2,246,759.73

Adicionales 7,247,394.48

Equipamiento 3,067,662.95

Equipos de Cómputos 278,251.33

Mobiliario 921,586.36

Instalación de Redes 218,904.76

Planta de Emergencia 901,520.00

Climatización 747,400.50

Total Inversión (RD$) 27,667,859.05

En éstas nuevas instalaciones hemos realizado la siguiente inversión:

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Reiteramos nuestro agradecimiento al señor José Francisco Peña Guaba, ex Administrador del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), y actual Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, por habernos donado los terrenos en que hemos edificado esta importante obra.

Esta Cámara Administrativa que me honro en presidir, en los próximos días estará poniendo a disposición de la ciudadanía otras importantes edificaciones en varios municipios del país, con las cuales, estamos marcando una diferencia notable de los hechos del pasado con los del presente, en que el descuido y la falta de interés de muchos, era la norma.

17 de diciembre del 2009

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Nos hemos reunido en este Hospital, Octavia Gautier de Vidal, de Jarabacoa, con el propósito de dejar inauguradas las oficinas automatizadas para el registro de personas que tendrá la Junta Central Electoral en esta edificación, en su misión de recoger y documentar los hechos vitales de los recién nacidos, así como de sus progenitores.

Este sencillo, pero significativo acto, organizado por la Junta Central Electoral, constituye un reconocimiento al apoyo y entusiasta cooperación brindada por la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), en una gestión iniciada por su anterior titular, el Dr. Gustavo Rojas, y que ha sido retomada y ampliada por el Secretario de Estado, Dr. Humberto Salazar, así como también un reconocimiento a la receptividad de las autoridades y personal gerencial y administrativo de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

El acuerdo suscrito entre la CERSS-SESPAS-JCE persigue habilitar oficinas de la Junta Central Electoral en cada uno de los hospitales públicos que carezcan de las mismas, y en aquellos en que existan, remodelarlas y entregarlas a la Junta Central Electoral con todo su mobiliario y equipos electrónicos, debidamente instalados y en condiciones de ofrecer servicio al público.

Las Delegaciones del Estado Civil en los Hospitales

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El programa llevado a cabo implica la automatización de 40 Delegaciones en los hospitales públicos, de las cuales, 37 serán automatizadas por la CERSS y tres (3) por la Junta Central Electoral. A la fecha, la CERSS ha automatizado doce (12) Delegaciones de Oficialías del Estado Civil en los hospitales seleccionados, y la Junta Central Electoral dos (2), quedando pendientes 26 delegaciones. De éstas, cuatro (4) esperan por la designación del personal para entrar en funcionamiento, cuatro (4) están en proceso de instalación de la red de datos, ocho (8) ya han sido remodeladas y están en proceso de instalación del cableado, el mobiliario y los equipos, y dicieocho (18) están pendientes de adecuar.

Los hospitales en donde se ha concluido este trabajo son: Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional; el Centro Materno–Infantil, San Lorenzo de Los Mina, municipio de Santo Domingo Este; Dr. José María Cabral y Báez, Santiago de los Caballeros; Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega; San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís; Dr. Toribio Bencosme, Moca; Inmaculada Concepción, Cotuí, y Teófilo Hernández, El Seibo.

De igual manera, el Pascasio Toribio, de Salcedo; Ramón de Lara, en San Isidro, municipio de Santo Domingo Este; Ángel Concepción Lajara, de Tenares; la Maternidad de Villa Tapia, y el hospital de las Fuerzas Armadas, en el Distrito Nacional.

Al concluir el proceso de remodelación y automatización, las Delegaciones de Oficialías del Estado Civil estarán en condiciones de garantizar que a los niños nacidos en cada uno de estos hospitales, al momento de sus madres ser dadas de alta, les sea entregada su Acta de Nacimiento y un Número Único de Identidad de por vida, que en el futuro se constituirá en el número que identificará todos los Actos del Estado Civil en que se vean involucrados, incluyendo su Cédula de Identidad y Electoral.


Como parte de este programa, queremos informar que, en los hospitales en que están operando las delegaciones automatizadas, desde el mes de noviembre del 2007 a la fecha, las estadísticas de asignación de Número Único de Identidad (NUI) de por vida desde el hospital, son las siguientes:

Resumen Número Único de Identidad (NUI) asignados

Total NUI por Oficialía 105,409

Total NUI en Arce 17,166

Total NUI asignados RNE-JCE 203,246

NUI asignados por RNE-JCE 42,917

NUI en proceso de asignación 160,329

Total NUI asignados 308,655

Hospital Cantidad de Partos Anuales, según la CERSS

Cantidad de NUI

Cantidad deDeclaración

Hospital Nuestra Sra. Altagracia

21,251 17,264 17,817

Hospital Centro Materno Infantil Los Mina

12,272 6,792 9,482

Hospital Ángel Concepción Lajara

611 123 124

Hospital Subcentro de Salud Maternidad

605 140 140

Hospital Pascasio Toribio Piantini

640 1,196 1,196

Octavio Gautier de Vidal 567

José María Cabral Báez 8,639

Dr. Luis Manuel Morillo King 2,457

Dr. Toribio Bencosme 2,086

Teófilo Fernández 798

Hospital Ramón Lara - -

49,926 25,515 28,759

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Tal como han reflejado los estudios de opinión e investigación realizados por la Oficina Nacional de Estadísticas y por el Gabinete Social de la Presidencia, en la República Dominicana, al año 2006, se tenía una cantidad aproximada de 365 mil personas que carecían de Acta de Nacimiento o de Cédula de Identidad y Electoral, una representación muy gráfica del lastre que arrastra la sociedad dominicana.

Con la remodelación y automatización de éstas oficinas, así como con la designación del personal a cargo, se ataca de raíz la causa fundamental del incremento del subregistro, ya que las estadísticas ofrecidas por instituciones nacionales e internacionales de que disponemos, indican que más del 95% de las mujeres en estado de gravidez reciben atención médico–hospitalaria y accedan a estas instalaciones. Esto significa que con un esfuerzo dirigido, ya los recién nacidos no tendrán que correr la suerte, el descuido o el olvido de los padres en acudir a los Centros de Servicio de la Junta Central Electoral para registrar a sus descendientes, y el Estado estará creando las condiciones para cumplir con su obligación de proveer el derecho al nombre y a la identidad de todos los ciudadanos, tal como lo establecen la Constitución de la República, los acuerdos y convenios internacionales.

Como parte de este esfuerzo, también se hizo un convenio con la CERSS para iniciar una campaña de educación, formación y sensibilización de las comunidades hospitalarias, dirigida específicamente a las autoridades sanitarias, los directores y empleados de los hospitales, de la Junta Central Electoral y la propia ciudadanía, a fin de crear conciencia sobre la necesidad de que no se permita que un solo niño salga del hospital sin su documento de registro e identidad.

Asimismo, como parte de este acuerdo, la CERSS y la SESPAS están creando las condiciones para la contratación de equipos,

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tecnología y programas para informatizar toda la data contenida en los actos registrales que reposan en los hospitales, colocarla en un sistema y hacerla compatible con el de la Junta Central Electoral, con el propósito de eficientizar el servicio.

Paralelamente a esta responsabilidad, la JCE desarrolla un agresivo programa de disminución del subregistro mediante la instalación de unidades móviles y otras iniciativas y programas, con la finalidad de registrar a quienes ya nacieron y no tuvieron la oportunidad de ser registrados. Próximamente, unidades de este programa de la JCE, que encabeza la Dra. Brígida Sabino Pozo, Encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, visitará ésta comunidad de Jarabacoa, para garantizar que la misma sea un territorio libre de dominicanos indocumentados.

Es importante destacar que en éstas oficinas, en adición a este servicio, existen los equipos que nos permitirán ofrecer otras atenciones, tales como la captura de los datos biométricos de los ciudadanos y también el servicio de asistencia a los que acudan a esta instalación hospitalaria, y que carezcan de documentos de identidad.

Además, una vez notificado nuestro personal de que algunos ciudadanos, sobre todo, madres solteras o menores de edad, carecen de documentos, se iniciarán los trámites de asistencia y documentación de los mismos, para que la escacez de documentación no genere a su vez la falta de documentación de su vástago. Obviamente, en estas oficinas, y a propósito del período electoral, también tendrán la facilidad de informarse sobre su lugar de votación.

Al dejar inauguradas estas instalaciones, hemos dado el primer paso para iniciar la ardua labor de preparación y formación del personal administrativo que tendrá a su cargo éstas oficinas, para

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que esté en condiciones de dar el servicio que necesitan nuestros ciudadanos, quienes son nuestra principal razón de existir como oficina pública.

Estamos conscientes de que hasta que no se creen las condiciones en la República Dominicana para que todo ciudadano, nacional o extranjero, esté debidamente registrado, de conformidad con el estatus que le corresponda, no habrá posibilidad de que se puedan garantizar los derechos fundamentales de existencia de los mismos.

De igual manera, el Estado que no ofrece el servicio de registro de sus ciudadanos, tampoco está en condiciones de desarrollar una eficiente política de asistencia social y, en consecuencia, no podrá redimir a los más necesitados de las condiciones de miseria y de pobreza en que viven, ya que si carecen del derecho al nombre y a la identidad, no podrán recibir los servicios sociales, la educación, el acceso a los centros sanitarios, a los sistemas crediticios y de facilidades de vivienda, en fin, no podrá convivir en sociedad.

De ahí el trascendente significado de este acto, que está llamado a marcar una diferencia notable de los hechos del pasado, en que el descuido y la falta de interés estatal en cumplir con éstas obligaciones, era la norma.

23 septiembre del 2009

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Nuestras primeras palabras de salutación a las distinguidas personalidades y ciudadanos de la provincia Hermanas Mirabal, que nos acompañan en este acto de presentación de los resultados del programa: “Hermanas Mirabal 2010: Una Provincia sin Indocumentados”.

Este programa iniciado junto a las organizaciones comunitarias, con el interés de garantizar la eliminación del subregistro en la provincia, a través de acciones de impacto directo, consistentes en promoción, educación, formación de instructores y creación de unidades especializadas de acción directa en los lugares más vulnerables.

Como parte de este esfuerzo, en los municipios de Salcedo, Villa Tapia y Tenares, en el período comprendido entre el 29 de noviembre del 2007 al 24 de abril del 2009, a través de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento se dio asistencia a 7 mil ciudadanos, otorgando 1,212 actas mediante este procedimiento de declaración tardía.

El método utilizado consistió en implementar jornadas de sensibilización y organización de recorridos en los lugares preseleccionados, casa por casa, para identificar las personas carentes del registro.

Hermanas Mirabal 2010: Una Provincia sin Indocumentados

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Es importante destacar que, paralelamente, en varias comunidades de esta provincia se desarrolló un programa de asistencia en materia de rectificación, impugnación y cedulación, que son parte de las variables detectadas en las personas con las que trabajamos, producto de la dificultad para registrarse.

En el interés de eliminar las causas que dan lugar al subregistro, también fueron inauguradas tres Delegaciones de Hospitales en Salcedo, Villa Tapia y Tenares, para que ningún niño sea dado de alta sin cumplir con el procedimiento del previo registro, otorgando a sus padres un Acta de Nacimiento y una tarjeta con fines escolares totalmente gratis, a los cuales además se les asigna el Número Único de Identidad de por vida.

Cabe mencionar que este programa de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, iniciado por la Junta Central Electoral, se está desarrollando en toda la geografía nacional, tocando comunidades como el Liceo Unión Panamericana y el Campamento Duarte, en el Distrito Nacional; Padre Las Casas, Las Yayas de Viajama, en Azua, y actualmente existen unidades instaladas en San Juan de la Maguana, Los Alcarrizos, La Romana, Pedro Brand y Puerto Plata.

En este intervalo, es decir, desde el mes de septiembre del 2007 a junio del 2009, las políticas adoptadas por la Junta Central Electoral en el marco del programa Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento, consistió en una sólida inversión en infraestructura, equipos y tecnología al servicio de este programa y en la adecuación y actualización de la normativa reglamentaria para la implementación de la Ley No. 659 sobre Registro Civil, de la Ley General de Amnistía y de este programa en particular, se han reforzados.

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En efecto, se han emitido 146 mil 306 Declaraciones Tardías de Nacimiento. Bajo el amparo de esta acción dirigida a disminuir el subregistro, actualmente se encuentran en estado de investigación 137 expedientes, y han sido rechazadas 155 solicitudes.

Para llevar a cabo esta labor, a la fecha, sólo hemos recibido unos 150 mil dólares, aportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El grueso de las inversiones ha sido realizado con recursos obtenidos de la asignación presupuestaria asignada anualmente y de los ingresos propios generados por la propia institución. Se esperan los recursos prometidos por el Banco Mundial, según el acuerdo firmado en el año 2005.

Es de extraordinaria importancia destacar que, esta labor se viene realizando con el concurso y la coordinación con cada una de las Diócesis de la Iglesia Católica, destacándose, sobre todo, el Obispado de San Juan de la Maguana, en la persona de su obispo, José Dolores Grullón Estrella, con los pastores y líderes cristianos, y con organizaciones comunitarias, tales como el Club de Leones, el Activo 20–30, juntas de vecinos, asociaciones de padres, entre otros.

Asimismo, como parte de la política de identidad ciudadana, se desarrolla un acuerdo o convenio de trabajo con la Secretaría de Estado de Educación, para otorgar el Número Único de Identidad a 2 millones 450 mil estudiantes. Hasta este momento, fueron asignados 173 mil 420 Números Únicos de Identidad a igual número de estudiantes, de los cuales, 135 mil 345 han sido procesados en coordinación con la referida cartera, y 32 mil 885, a través de las Oficialías del Estado Civil.

La campaña de sensibilización consiste en enterar a la ciudadanía de que, “declarar a sus hijos es abrirles las puertas al futuro”, y

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que eso sólo se logra con la integración y el esfuerzo de cada uno de nosotros, y sobre todo, con el desarrollo de políticas públicas al servicio de los más necesitados.

Al presentar este informe, deseo reiterar el compromiso de esta gestión de disminuir el subregistro a su más mínima expresión, de eliminar las causas que dan origen al mismo y de garantizar el derecho a un nombre e identidad a dominicanos y extranjeros, respetando sus derechos y valores, en el entendido de que ésta es la acción administrativa de mayor impacto social y humanitario.

Como se puede notar, los resultados del trabajo del Consejo de Desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal demuestran haber superado el fenómeno del subregistro en una importante proporción. En ese sentido, nos comprometemos a concluir con acciones puntuales la labor iniciada. Esperamos seguir recibiendo el respaldo y con la integración de las autoridades locales, de las organizaciones sociales, comunitarias e instituciones religiosas que hoy nos acompañan.

Les exhortamos a no desmayar para hacer realidad el proyecto “Hermanas Mirabal 2010: Una Provincia sin Indocumentados”, y con su visión y dedicación estimular a otros sectores sociales y comunitarios a emular su ejemplo.


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Nos satisface compartir con ustedes este acto de “Lanzamiento del Programa de Documentación Ciudadana e Implementación de las Unidades Móviles para Declaraciones Tardías”, organizado por el Banco Mundial, el Gabinete Social y la Junta Central Electoral.

El origen del mismo se encuentra en las iniciativas y consenso logrado entre éstas instituciones en el año 2005, cuando una delegación del Banco Mundial, representada por el señor Sam Carlson; por el Gabinete Social, la señora Susana Gámez y Enrique Ogando; por la Junta Central Electoral, los magistrados Rafaelina Peralta, Ramón Hernández Domínguez y quien les habla, asistidos de los funcionarios y técnicos de la Junta Central Electoral en materia de Registro Civil e Informática, logramos articular un plan que permitiera identificar y documentar los ciudadanos que carecen de Acta de Nacimiento o Cédula de Identidad y Electoral.

Las estadísticas de las personas sin declarar en América Latina, admitidas por las organizaciones internacionales, oscilan entre un 24 a un 25 por ciento de la población ubicada en la zona de extrema pobreza, constituyendo esto una de las razones fundamentales de exclusión y marginalidad social.

Programa de Documentación Ciudadana

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En el caso de la República Dominicana, aunque se han expresado diversas estadísticas desproporcionadas de esta situación, la verdad es que los informes oficiales ubican la problemática de carencia de documentos en un renglón más o menos equivalente a los países del área. Ya en el año 2002, el Gabinete Social había realizado un trabajo sobre la materia, y muy en particular en el año 2006, la Oficina Nacional de Estadísticas, a través de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y el Informe sobre Desarrollo Humano en República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establecen lo siguiente:

“Porcentaje de personas en barrios pobres con Actas de Nacimiento: este indicador fue calculado a partir de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para el año 2004. El promedio nacional es del 80.8%; el mínimo es del 23.9% y corresponde a Independencia, mientras que el máximo está en Salcedo, con un 95.3%.”

Estas estadísticas son el soporte de este programa de gestión de documentos de identidad, concebido dentro del programa general de asistencia pública establecido por el Gabinete Social de la Presidencia, con la colaboración y ayuda del Banco Mundial, que se denomina Proyecto de Inversión en la Protección Social (PIPS).

Con la finalidad de determinar la efectividad del programa de Unidad de Declaraciones Tardías de Nacimiento, la Junta Central Electoral, con recursos propios, en el año 2007 inició varios proyectos pilotos, gerenciados desde nuestras oficinas y ubicados en comunidades urbanas y rurales. Previamente se tomaron una serie de medidas dirigidas a facilitar la documentación de los ciudadanos y desburocratizar los procedimientos establecidos,

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que son muchos de los requisitos planteados por el Banco Mundial para el inicio del financiamiento del mismo, los cuales enumeramos a continuación:

•Desjudicialización de los procesos de DeclaracionesTardías de menores de 16 años.

•LapuestaenvigenciadelLibrodeDeclaracionesTardíascon Amnistía, para menores de 16 años, según la Ley 218-07.

•Elestablecimientodeunprocedimientoparasuplirlaausencia de Acta de Defunción, en las Declaraciones Tardías de Nacimiento.

•Las Declaraciones Tardías de menores cuyas madresestén ausentes, y estén bajo la guarda y cuidado del padre.

•ElfuncionamientodelaUnidadCentralylasUnidadesMóviles de Declaraciones Tardías.

•LosrequisitosyelprocedimientoparalasDeclaracionesTardías de personas mayores de 60 años, con Cédula de Identidad y Electoral (Cédula de cartón, carné azul o amarillo).

•Emisión de resoluciones e instructivos y realizaciónde talleres de formación para la preparación de los recursos humanos que intervienen en el proceso de documentación

•Definicióndeunprocedimientoparaladocumentaciónde adolescentes en estado de gestación menores de edad, y que por razones obvias, no podrían declarar a sus descendientes, entre otras.

Como parte de estas facilidades, hemos instalado la Oficina de Dirección de este proyecto, ubicada estratégicamente en la avenida Luperón de esta ciudad, muy cercana a las instalaciones principales de la Junta Central Electoral que, a su vez, coincide

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también con la ubicación de las oficinas de otros proyectos que complementan este capítulo de gestión de documento, que ha sido concebido por nosotros dentro de las líneas estratégicas del Registro Civil e Identidad Ciudadana, que son:

•Gerencia del programa de Captura de DatosBiométricos, el cual permitirá unificar los datos de cedulación del ciudadano con los del Registro Civil, relacionándolos a sus huellas dactilares, a su fotografía y firma.

•UnidadCentraldeDigitacióndeActas,lacualpermitiráconvertir la información escaneada en datos y poder atender de forma ágil las solicitudes de duplicado de actas.

•UnidaddeAsignacióndeNúmeroÚnicodeIdentidad(NUI), consistente en un programa el cual se está ejecutando conjuntamente con la Secretaría de Estado de Educación, cuya finalidad es dotar a más de 2 millones 450 mil estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados de un Número Único de Identidad, encontrándose entre los beneficios de esta asignación de número único la protección de la identidad de estos niños y niñas para que sus Actas de Nacimiento no puedan ser suplantadas, y que los padres puedan acceder electrónicamente a las notas que obtengan éstos en sus estudios a través del portal de la Secretaría de Estado de Educación.

•YunCentrodeCedulación,conlafinalidaddedotarde Cédula de Identidad a los declarados mayores de 16 años de edad.

Sólo en adecuación, remodelación, climatización, equipos, mobiliarios y materiales diversos, hemos hecho una inversión aproximada, hasta la fecha, de 12 millones de pesos.

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Con el objetivo de dar soporte a la población, la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la Junta Central Electoral cuenta con un portal de Internet con la dirección www.declaracionestardias.com, y un Call Center, con los siguientes números 809 531-1230 y 809 531-1141, para que los ciudadanos puedan consultar y recibir informaciones sobre el procedimiento de Declaraciones Tardías y el status en que se encuentran sus expedientes.

Los proyectos pilotos realizados permitieron obtener los siguientes resultados: En Las Unidades Móviles de Declaraciones Tardías de Nacimiento instaladas en diversas localidades del país, han permitido que a la fecha se hayan registrado 4 mil 329 ciudadanos, así como 4 mil 939 ciudadanos en la Unidad Central, la cual funcionaba en una Unidad Móvil alojada en las instalaciones de la Oficina Central del Estado Civil, en el Centro de los Héroes.

Simultáneamente con las mejoras introducidas mediante reglamentaciones y resoluciones y la participación de los sectores representantes de la comunidad, en las Oficialías del Estado Civil hemos declarado 61 mil 047 ciudadanos desde el año 2007 hasta la fecha, es decir, que sólo en el proyecto piloto, se otorgaron documentos a más de 70 mil dominicanos. Todos estos trabajos han conllevado una inversión aproximada de 1 millón 200 mil dólares norteamericanos. Es importante destacar que en esta parte del proceso fue recibida la generosa colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un total de 149 mil 892 dólares.

Una de las Unidades Móviles instaladas en San Juan de la Maguana, en coordinación con el obispo de la diócesis de esta localidad, monseñor José Dolores Grullón Estrella, permitió documentar en un tiempo de 29 días, 668 ciudadanos en Padre Las Casas, y 108 en Las Yayas de Viajama, comunidades de

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Azua. Estas Unidades Móviles fueron movilizadas hacia otras localidades cuando los sectores comunitarios y eclesiásticos que indicaron que ya no contaban con personas identificadas con falta de documentos, es decir, que se pueden considerar como zona libre de indocumentados.

En otras comunidades, como la provincia Hermanas Mirabal, se han documentado más de 1 mil 200 personas, representando esto más del 30 por ciento de la cantidad de indocumentados reportados en esta comunidad en el año 2006. De igual manera, al día de hoy, fruto del acuerdo suscrito con la Secretaría de Estado de Educación, sólo en la Unidad Móvil instalada en el Liceo Unión Panamericana del Distrito Nacional, hemos entregado actas a 2 mil 755 escolares.

Estas estadísticas nos permiten afirmar que el proyecto concebido es viable, y que en un plazo de tres años, habremos concluido y resuelto uno de los mayores actos discriminatorios socialmente identificado, que de acuerdo con los datos suministrados por el Gabinete Social de la Presidencia, involucra a unos 364 mil ciudadanos, siempre que se cuente con los recursos necesarios.

Para hacer realidad este proyecto, la Junta Central Electoral ha tenido que emplear toda su estructura administrativa, financiera y técnica, las que ha venido operando eficientemente en la ejecución de proyectos tan importantes como éste, así como el Proyecto de Captura de Datos Biométricos, que al día de hoy supera la cantidad de más de 600 mil personas que han aportado sus datos. De igual modo, el proyecto de digitalización inmediata, el proyecto de asignación de Número Único de Identidad, dirigido a 2 millones 450 mil estudiantes; los proyectos de apertura y modernización de Delegaciones de Oficialías del Estado Civil en los hospitales, el censo informatizado en los órganos policiales y militares, los Centros de Servicios y, finalmente, la imprescindible y necesaria

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remodelación y adecuación de las arrabalizadas y hacinadas Oficialías del Estado Civil, acciones vinculadas, de una u otra forma, a este programa.

Esta precisión es importante, ya que el financiamiento que generosamente ofrece el Banco Mundial, mediante el préstamo concertado, es a mediano plazo y contra resultados, y no sustituye el necesario sostenimiento económico de la institución, que precisamente el pasado martes fue notificada por el Banco de Reservas de la República, que de su asignación presupuestaria mensual en el curso de esta semana, le serán deducidos 45 millones de pesos, situación que suponemos debe haber ocurrido en el día de hoy.

Al compartir en este evento el lanzamiento oficial de este programa de gestión de documentos, podemos afirmar que estos recursos frescos jugarán un rol de extraordinaria importancia en la erradicación definitiva del subregistro dominicano y la redención de los sectores marginados y excluidos económica y socialmente, ya que con ello se recibe el aporte de una legión de gestores sociales, técnicos y el respaldo de una campaña de concientización y sensibilización ciudadana.

En consecuencia, con esta jornada se toma un nuevo impulso, por lo que auguramos el éxito total de este proyecto.

29 de enero del 2009

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Deseamos referirnos en la mañana de hoy, esencialmente, al aspecto que consideramos más novedoso, más difícil y más revolucionario de los cambios que hemos implementado, desde que fuimos constituidos.

Asistimos hoy a un acto que simboliza el final de una era, y al mismo tiempo, un comienzo, que representa un cambio que, a su vez, constituye un renacimiento. Esto así, ya que el tema al que se refiere este evento es muy diferente tratarlo y enfocarlo en estos tiempos, y en tiempos anteriores. Se puede decir que somos los herederos de la práctica histórica institucional aceptada como normal.

De entrada hacemos esta reflexión, ya que por costumbre, la JCE convoca para abordar temas de carácter político, de la técnica electoral; en fin, de lo que se ha tenido siempre como su razón fundamental de existir, en virtud de que desde el año 1992 a la fecha, nos habíamos olvidado de que al recibir la responsabilidad de administrar los registros de los hechos vitales de los ciudadanos y los documentos de identificación primaria, nos transformamos en la única institución estatal que tiene un vínculo permanente con la totalidad de los ciudadanos dominicanos y de los extranjeros residentes provisionales o definitivos.

Inauguración de la Oficina Central del Registro Civil

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Al asumir las nuevas funciones que nos fueron otorgadas en la JCE, nos propusimos dedicar el mayor de nuestros esfuerzos a las políticas públicas que están bajo nuestra responsabilidad, respecto al registro de los actos anteriormente referidos y a la custodia y administración de la documentación de la identidad nacional.

En el mes de febrero del año en curso, a propósito de un taller de entrenamiento al personal de las Oficialías del Estado Civil, referíamos la necesidad de insertarnos en las corrientes internacionales que entienden como una prioridad el crear, “partiendo desde la base, instituciones y competencias estatales hasta ahora ausentes, ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda global y, probablemente, se haya convertido en un requisito imprescindible para garantizar la seguridad en importantes partes del mundo”.

Hecha esta reflexión, ya que en cierta medida ha ocurrido un poco lo que definió Mario Vargas Llosa, en su obra “La verdad de las mentiras”, cuando definía a un fanático como “un soñador político a quien la hipnótica concentración en una quimera le nubla la visión de la vida real. Se empeña en cortar la rama podrida cuando en verdad lo que se está quemando es el bosque”.

En efecto, consciente de la necesidad de abordar el tema en su justa dimensión, nos hemos propuesto definir en la JCE los ejes fundamentales de lo que deben ser las estrategias y proyectos de la institución, de cara a la documentación y preservación de la identidad de los ciudadanos, como consecuencia del diagnóstico que tenemos sobre el tema.

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Situación del Registro Civil al Inicio de esta Gestión

Podemos resumir la situación del Registro Civil de la siguiente manera: una institución nominalmente pública bajo el control privado, con ausencia total de controles oficiales, de condiciones de trabajo, de servicio y con ausencia total de garantía de la autenticidad de la data que debemos custodiar, con una carencia total de transparencia y eficiencia en los servicios, permitiendo esta situación “que la identidad dominicana haya caído en un estado de fragilidad, a causa de los múltiples fraudes, suplantaciones y demás inconsistencias”.

Estadísticas del Subregistro

Hemos heredado, a decir de un censo que fuere realizado por el Gabinete Social en los sectores más deprimidos de la sociedad, una cantidad de más de 600 mil ciudadanos que carecen de Acta de Nacimiento o de Cédula de Identidad y Electoral, los cuales se encuentran excluidos y marginados de la sociedad, imposibilitados de ejercer los más elementales derechos del ciudadano. Para sólo citar un ejemplo, el Sistema Nacional de Salud nos reportó tener dificultades con más de 80 mil ciudadanos por falta de documentación para acceder al sistema, y la Secretaría de Estado de Educación nos ha reportado la existencia de 17 mil 983 niños que, al concluir este año, entregaremos las actas de las que carecen.

El Inicio de Una Nueva Era

Desde el 26 de enero del 2007 se ha iniciado una profunda reflexión sobre la necesidad de asumir el Registro Civil como un gran desafío, un gran reto, con la decisión que implica reformarlo junto a las elecciones.

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Una de las áreas que necesitaba mayor prioridad era la parte correspondiente a la remodelación y modernización de la Oficina Central del Estado Civil. En este local hemos iniciado la automatización del Registro del Estado Civil de las personas, con lo cual se da un paso de avance al fortalecimiento de las instituciones, contribuyendo de esta manera a la transparencia y legitimidad de los Actos del Estado Civil, con la efectiva aplicación de la Ley No. 659 sobre los Actos del Estado Civil, del 17 de julio del 1944.

Es así como, en nuestras grandes metas y desafíos ha estado esta institución, la Oficina Central. Oficina olvidada, con una estructura física sumergida en un total abandono, por lo que, fue un reto para nosotros venir aquí y observar lo que estaba pasando y preguntarnos: ¿por qué? Si es una institución creada por el legislador del 1935, cuyas funciones son determinantes para el desarrollo económico, y lo que implica la seguridad jurídica del mismo, es aquí donde descansa el archivo del Registro Civil, es aquí donde existe una Junta Municipal, la Junta del Distrito Nacional.

Tuvimos que asumir la gran decisión de adoptar una serie de medidas que van en beneficio del ciudadano, asumir el control de las Oficialías del Estado Civil, estableciendo sueldos a los Oficiales Civiles y al personal auxiliar, garantizando la gratuidad de aquellos servicios a la ciudadanía establecida en la referida Ley No. 659 y fijando tasas uniformes para los servicios.

La automatización de las Oficialías permite proteger de por vida el Registro del Estado Civil de la persona, como son: Nacimientos, Defunciones, Matrimonios, Divorcios y todo lo relacionado con Certificaciones, Reconstrucciones y Cambios de Nombres. Cuando a una persona se le ha escaneado su acta, lo

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que tenemos es una imagen electrónica de la misma, y cuando necesita una expedición, ésa imagen se convierte en información y se transforma en datos, los cuales son validados con la misma imagen y el Maestro de Cedulados, pasando por los procesos de Digitación, Control de Calidad y Aprobación, realizados por las personas autorizadas que tenemos en lugares estratégicos dentro de las Oficialías o en los Centros de Servicios.

Actualmente tenemos cinco (5) Oficialías que están automatizadas (con foto, firmas y huellas dactilares), diecisiete (17) en un 80% (automatización de los actos) y siete (7) están en proceso de instalación, que estarán terminadas en este mes de octubre.

Se ha incorporado a la automatización de las Oficialías la entrada en vigencia del Libro de Extranjería, un hecho sin precedente en la historia del Registro Civil en la República Dominicana.

Ejes que Ha Definido el Pleno de la JCE de Cara a la Documentación y Preservación de la Identidad de los Ciudadanos

1.- Rescate del Registro Civil:

•Reglamentoqueestablecesueldo. •Cualificaciónycapacitacióndelpersonalquetrabajaen

los Centros de Servicios y en las Oficialías del Estado Civil.

•CreacióndelaEscuelaElectoralydelRegistroCivil. •CursospuntualesparalaconversióndeestosCentrosy

Oficialías en oficinas de servicio al público.

•Mejoramientodelascondicionessalariales. •Acondicionamiento de la infraestructura física de las

Oficinas del Registro Civil.

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•InstalacióndeCentrosdeServicios yLegalizaciónenSanto Domingo, Santiago, Azua, San Francisco de Macorís y La Romana.

2.- Políticas para Frenar el Incremento del Nivel de Subregistro en la República Dominicana.

•Inicio de la remodelación y modernización de lasDelegaciones en los Hospitales Públicos, caso hospitales La Altagracia y Los Mina.

•Acuerdo con Salud Publica para dictar norma queobligue a los padres a retirar el Acta de Nacimiento de los recién nacidos antes de recibir el alta en los hospitales públicos, como primer esfuerzo, y más adelante para extenderlo a los centros privados.

•CreacióndelafiguradelaDelegaciónItinerante. •Iniciode ladotacióndelNúmeroÚnicodepor vida

desde las delegaciones.

3.- Eliminación del Subregistro.

•UnidadesMóvilesdeDeclaracionesTardías: •Acuerdo de la JCE con el Banco Mundial para la

adquisición de nuestras unidades móviles para el trabajo territorial.

•Acuerdo de la JCE con el Programa de lasNacionesUnidas para el Desarrollo (PNUD, para las escuelas públicas.

•AcuerdoconlaSecretaríadeEducaciónparadotardeactas a 17,983 niños inscritos en las escuelas, antes de concluir el año escolar.

•Acuerdo con la SecretaríadeEducaciónparaotorgarel Numero Único de por vida a 2,450,059 inscritos, de los cuales ya hemos validado 1,284,726, con los que se trabaja este año escolar.

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4.- Políticas de Documentación de los Dominicanos en el Exterior.

•EntregadeActasdelRegistroCivilalosresidentesenelexterior.

•EntregadeCédulasdeIdentidadyElectoral. •Estadísticasdelosserviciosofrecidos: 4,605 Actas 1,613 Cédulas

5.- Implementación de la Ley General de Migración que Crea el Libro para Niños de Madres Extranjeras no Residentes.

•Recepcióndeconstanciarosadadeloshospitales. •Registro en la delegación del contenido de las

constancias. •ConfeccióndelLibrodeRegistroen157Oficialías.

6.- Construcción Áreas Especializadas.

•Área para el Sistema deRecepción y Legalización deActas del Estado Civil.

•ÁreaparaelCentrodeServicios. •UnidaddeValidacióndeCédulas.

Los Centros de Servicios

Conscientes de la importancia que tiene la descentralización en el Registro Civil, hemos creado los Centros de Servicios Regionales, en respuesta a la demanda de la Sociedad Dominicana, para facilitarle a los ciudadanos los Actos del Estado Civil, de forma

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rápida y digital, como son: Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción. Este hay que verlo en su justa dimensión: es un avance sin precedente, ya que el ciudadano no tiene que trasladarse a su oficialía o municipio de origen para obtener su acta.

Esta es una de las innovaciones más importantes que hemos implementado, ya que permite facilitar a los ciudadanos la obtención de sus Actas de Nacimiento de cualquier municipio del país. Esto se ha logrado gracias al escaneo de más de 15 millones de actas y la elaboración de la aplicación que permite localizar la imagen de ésta, ya sea por los datos del acta o por los datos de nombres y fechas. El Centro de Servicios del Distrito Nacional está funcionando desde hace seis (6) meses, y estamos en proceso de incorporar los Centros de Santiago de los Caballeros y el de Azua, los cuales es muy probable que estén listos a finales de mes para su inauguración. De esta forma continuaremos brindando un mejor servicio a la ciudadanía y disminuiremos los tiempos para la entrega de los documentos.

En este Centro de Servicios del Distrito Nacional, una persona que haya nacido en Jimaní y viva en Santo Domingo Este, puede ir a La Feria, y si su acta está escaneada, se le entrega el mismo día, o en un máximo de 24 horas, si hay que buscar y escanear el 2do. Original.

Asimismo, en este Centro de Servicios hemos estado atendiendo un promedio diario de seiscientos (600) ciudadanos, lo cual da un promedio mensual de atención de doce mil (12,000) personas, lo que nos daría un aproximado de más de ciento cuarenta mil (140,000) de casos atendidos al año.

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Automatización del Área de Verificación Electrónica de Actas

Ésa es una de las áreas más importantes que tenemos para el servicio de los ciudadanos, es de reciente creación. Cuando los ciudadanos realizan alguna solicitud de cédula nueva o cambio de datos a las existentes, sus actas son validadas electrónicamente, reduciendo sustancialmente el tiempo de verificación, ya que anteriormente era un proceso sumamente manual. Las personas duraban dos o más meses para que les aprobaran y entregaran su cédula. Esta unidad fue iniciada el 15 de marzo del 2007 y está siendo coordinada y supervisada por la Administración General de Informática. Hemos procesado 176 mil documentos, de los cuales 118 mil se han verificado correctamente y hemos encontrado algún tipo de error en 22 mil; solamente 35 mil no han aparecido en el sistema, debido a que estos registros no fueron escaneados por deterioro. Diariamente estamos validando entre 1,200 y 1,700 registros de solicitudes de cédulas nuevas o cambio de datos.

Fecha Trabajadas Aprobadas

Marzo 16,991 11,785

Abril 51,935 28,282

Mayo 26,993 17,250

Junio 15,108 10,030

Julio 19,787 14,977

Agosto 26,481 20,976

Septiembre 25,915 20,610

Total 183,210 123,910

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Automatización del Área de Legalización en La Feria

El Departamento de Legalización de Actas se encarga de legalizar la autenticidad de las actas que son emitidas por las diferentes oficialías del país. Este proceso en la actualidad se realiza en la Oficina Central, ubicada en el edificio de la Junta Electoral del Distrito Nacional.

Actualmente es un proceso manual en su totalidad, lo que provoca un gran esfuerzo del personal que realiza los trabajos de manejo y control del dinero y de las actas que son recibidas por los ciudadanos.

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

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Juni

o

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Trabajadas

Aprobadas

335


Hemos reestructurado las siguientes áreas: recepción y cobro de las actas, legalización de las mismas, y las áreas de entrega de las actas legalizadas. Se han habilitado espacios con suficiente comodidad para los ciudadanos y los empleados. De igual manera, se han incorporado tecnologías de control para poder darle seguimiento computadorizado a todo el proceso de la legalización.

Las firmas de los Oficiales Civiles se escanearon, de manera que cuando un acta va a legalizarse se escanea también, y el sistema automáticamente le coloca la firma del Oficial Civil y la firma del acta escaneada. Con esto la persona que legaliza la compara visualmente, lo que antes se hacía por apreciación, porque no buscaban la ficha de firma, sino que era de memoria.

Además de esto, el papel de acta de seguridad tiene asignado un código de seguridad, el cual también se está escaneando e incorporándose en el sistema para saber de dónde es la procedencia del mismo. Por lo que estamos validando que el papel venga de la oficialía correcta.

La automatización de la legalización de las actas, será ejecutada en cuatro áreas:

1- Cajas.

Se han habilitados diez (10) cajas para agilizar el proceso de recepción y cobro de los actos legalizados a los ciudadanos.

•RecepcióndelasActasdelEstadoCivil. •Recepcióndelosingresos. •Impresióndelcomprobantedepago.

336


2- Digitalización de los Actos.

•Escanear las Actas del Estado Civil para fines deadministración y control de los documentos.

•Integracióndelrecibodecajaconelpapeldeseguridad.

3- Legalización.

•Verificación de los datos registrados en el sistema deRegistro Civil.

•Verificación y control de la autenticidad del papelde seguridad, según la asignación del mismo en las diferentes oficialías.

•Comparaciónde la firmadelOficialdelEstadoCivilcon la almacenada en la base de datos de la Oficina Central.

•Impresióndeunaetiqueta con información referenteal proceso, asignación de un Número Único, Código de Barra, Firma digitalizada del Director de la Oficina Central y, posteriormente, estampar el sello seco de legalización.

4- Entrega de las Actas Legalizadas.

Se han habilitado siete (7) ventanillas para agilizar el proceso de entrega de los actos legalizados a los ciudadanos.

Módulo de Consulta Vía Internet para Instituciones

Simultáneamente, hemos desarrollado una serie de controles de seguridad, con la finalidad de que al legalizar un Acta en la Oficina Central del Registro del Estado Civil, las instituciones que las reciban puedan consultar vía Internet su autenticidad.

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- Permite la consulta en línea de las legalizaciones mediante el Internet.

- Acceso a la aplicación mediante llave de seguridad de encriptación de datos asignada a cada institución.

- Los datos que pueden ser consultados son:

•NúmerodePapeldeseguridad. •Datosasentadosenellibro. •Numeracióndelossellosdelegalización. •FirmadelOficialCivil. •Secuencia única de legalización en laOficina

Central.

Esta explicación procura generar claridad en ustedes sobre la profundidad de las reformas que estamos produciendo en el Registro del Estado Civil, y en las políticas públicas para la documentación de los ciudadanos. Estas reformas se han hecho gracias a la autogestión y a las políticas de austeridad dictadas por el Pleno de la Junta Central Electoral, las que han permitido la reinversión de la recuperación por tasas en una mejora sustancial del servicio al ciudadano, como lo demuestra esta obra que hoy les presentamos, y que no es más que el inicio de una nueva era para el Registro del Estado Civil.

27 de noviembre del 2007

341

Expresamos nuestra gratitud por su presencia en este evento y, sobre todo, al jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, a su distinguida esposa y presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional, señora Patricia Chomalí de Guzmán, y a todo el cuerpo de oficiales superiores, subalternos y alistados que, con tanto entusiasmo, han hecho posible el inicio de este censo digital y de los procedimientos de captura de informaciones básicas para los documentados, así como para el personal de esta institución y sus familiares que se presume no tienen Acta de Nacimiento.

En esta ocasión estamos presentando una de las Unidades Móviles que utilizamos en el Programa de Declaraciones Tardías, ya anteriormente dejamos inaugurada la Unidad Móvil instalada en la provincia Hermanas Mirabal, que a la fecha ha dado servicio a más de 2 mil 500 ciudadanos, de los cuales se ha completado el proceso y documentado a 550, que ya son parte de la sociedad. En este caso, tenemos previsto facilitar Acta o Cédula de Identidad a más de 4 mil personas, que presumiblemente carecen de los documentos esenciales. Recientemente instalamos la Unidad Móvil en el Liceo Unión Panamericana, asignada a un Distrito Escolar que debe recorrer todos los distritos escolares del país y documentar con Actas de Nacimiento aproximadamente a 18 mil estudiantes inscritos en nuestras escuelas. En esta unidad hemos

Unidad Móvil en la Policía Nacional

342


recibido 149 solicitudes, de las cuales 39 ciudadanos tienen ya sus expedientes completos, de tal manera que puedan continuar formándose para servir al país con nombre y apellido, lo que les permitirá insertarse en la sociedad. En el Distrito Nacional, a su vez, estamos trabajando 3 mil solicitudes.

En un hecho sin precedentes en la historia del Registro del Estado Civil de la República Dominicana, la Junta Central Electoral y la Jefatura de la Policía Nacional han acordado un plan de trabajo para documentar a todos sus efectivos policiales, con la finalidad de darles un “nombre y apellido a sus miembros” y, de esta manera, puedan beneficiarse de las políticas estatales, así como del ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Precisamente, el propósito de realizar un censo informatizado nos permitirá, sin que sea el propósito principal, depurar el Padrón de Electores de manera efectiva. Además, y éste sí es el propósito principal, captar toda la data de estos ciudadanos, entiéndase huellas, fotografías, firmas, dirección, teléfono y otras informaciones útiles para la Policía Nacional y para la Junta Central Electoral.

Esta Unidad Móvil deberá recibir la información de más de 30 mil efectivos policiales, los cuales se pretenden censar en un cien por ciento, lo que nos permitirá detectar cuáles de ellos carecen de Acta de Nacimiento y, a su vez, cuáles familiares de ellos carecen de esta documentación, de tal manera que el cuerpo especializado nuestro que trabaja en la Unidad Central de Declaraciones Tardías, realice su trabajo de documentación ciudadana. Vale la pena recordar que, para sacar la cédula anterior, no se obligaba a la presentación de un acta para solicitarla.

La Junta Central Electoral ha desarrollado una página de Internet www.declaracionestardias.com y un Call Center, con los siguientes

343


números (809) 531-1230 y (809) 531-1141, para que los ciudadanos puedan consultar y recibir informaciones sobre el procedimiento de Declaraciones Tardías y el estatus de sus expedientes.

Este proyecto inició con un plan piloto el lunes pasado, y al mediodía de hoy, hemos dado servicios a 738 policías, de los cuales, 54 ciudadanos creían carecer ellos y sus familiares de Actas de Nacimiento. El proceso de validación que contiene la unidad permitió que los procedimientos informáticos localizaran 26 actas de estos ciudadanos, informándoles los datos de sus correspondientes actas. En algunos de esos casos, se les está dando soporte para completar el expediente. Sin embargo, 24 niños, niñas y adolescentes, y 4 esposas de policías censados carecían de registro, con los cuales empezaremos a trabajar de inmediato.

Aunque en el Presupuesto Nacional, en la partida otorgada a la Junta Central Electoral, no se incluyó una suma para este programa, de los recursos recibidos por las tasas que pagan nuestros usuarios en esta unidad, está haciendo las siguientes inversiones:

Item Valor Unidad ITBIS Total

Trailer (Oficina Móvil) 4,073,000.00 651,680.00 4,724,680.00

Computadora 36,500.00 5,840.00 42,340.00

Ups 5,900.00 944.00 6,844.00

Escáner 4,200.00 672.00 4,872.00

Cámara Digital 21,232.00 3,397.12 24,629.12

344


Como se puede comprobar, la Cámara Administrativa ha diseñado un programa efectivo para disminuir el subregistro y ha iniciado este trabajo con las instituciones, que como la Policía Nacional, muestran interés y nos permiten realizarlo al menor costo y, por demás, porque la Policía Nacional nos ha indicado de una manera precisa cuáles miembros de sus filas y/o sus familiares carecen del documento de identidad, sin tener la Junta Central Electoral que deambular detectando dónde se encuentran los indocumentados.

La Junta Central Electoral, por nuestro órgano, se siente orgullosa por la confianza depositada por la Policía Nacional, para sus familiares para con nosotros, de la colaboración recibida y del esfuerzo serio de las autoridades de esta institución, en erradicar la situación de marginalidad que afecta a algunos de sus miembros y sus familiares, por lo que queremos reiterar, que pese a las críticas y al acoso a que es sometida la Cámara Administrativa, por todos los costados, no variaremos nuestra firme decisión de continuar con la política de adecentamiento, rescate y modernización del Registro del Estado Civil.

17 de julio del 2008

Captura Biométrica (Foto, Firma y Huella)

73,094.00 11,695.04 84,789.04

Lector de Tarjetas (6 en 1)

5,720.00 915.20 6,635.20

Impresora Láser 26,500.00 4,240.00 30,740.00

Impresora Matricial de 3”

5,700.00 912.00 6,612.00

Equipo para Transmis-ión de Datos

202,100.00 32,336.00 234,436.00

4,453,946.00 712,631.36 5,166,577.36

347

Sean estas primeras palabras para expresar nuestra más profunda gratitud por la presencia de cada uno de ustedes en este evento, que marca un hito en la historia de los actos registrales en toda la Región Nordeste del país.

Esto así, porque con pasos firmes continuamos el rescate del Registro del Estado Civil dominicano del abandono y del hacinamiento sin límites a que fue sometido por tantos años. Esta situación queda atrás en la provincia Duarte con la inauguración de estas instalaciones, que servirán de albergue a la Oficialía del Estado Civil de la 1ra. Circunscripción de San Francisco de Macorís, el Centro de Cedulación No. 2 y el Centro de Servicios y Legalización, para ofrecer servicio a todos los ciudadanos del país.

Estas modernas instalaciones que la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) pone en manos de esta comunidad, constituyen un nuevo paso en el proceso de automatización y modernización de las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) en el país. Pretendemos facilitar nuestros servicios a 142 mil 551 ciudadanos con derecho al voto en este municipio cabecera, los cuales tenían un sólo Centro de Cedulación, y que en ocasiones se agregaban los municipios cercanos, lo que provocaba tapones, largas filas y se creaban condiciones para que terceros afectaran la imagen institucional del organismo, con acciones de cabildeo o soborno, entre otras prácticas incorrectas.

Centro de Servicios de San Francisco de Macorís

348


En estas instalaciones hemos realizado una inversión para la refracción, climatización, equipos y mobiliario, tanto de la Oficialía del Estado Civil de la 1ra. Circunscripción, del nuevo Centro de Cedulación, como del Centro de Servicios y Legalización, ubicados en la calle El Carmen No. 17 de la ciudad de San Francisco de Macorís, República Dominicana, la cual detallamos a continuación:

Con estas dotaciones la Junta Central Electoral garantiza un eficiente desempeño del personal en cada una de las áreas, lo cual se traducirá en un excelente servicio a la ciudadanía.

Remodelación, Electricidad y Climatización 3,025,077.46

Mobiliario y Equipo 1,230,387.19

Planta Eléctrica 596,190.52

Equipo de Informática 4,470,000.00

Detalles Informática:

Servidor y Equipos de Comunicación 2,000,000.00

Datacard 120,000.00

Impresoras Láser 300,000.00

Computadoras 2,050,000.00

Oficialía (16 computadoras) 560,000.00

Centro de Cedulación (5 computadoras) 175,000.00

Centro de Servicios y Legalización (29 computadoras) 1,015,000.00

Otros (Impresoras label, lectores, etc.) 300,000.00

349


La instalación de este Centro de Legalizaciones y Servicios en la Región Nordeste beneficiará aproximadamente a 700 mil ciudadanos, que para obtener un Acta de Nacimiento o la legalización de un documento, tenían que trasladarse al Centro de Legalizaciones de Santo Domingo. Ahora, no importa el lugar en donde hayan nacido, podrán solicitar y obtener estos servicios en estas oficinas. Esto representa un ahorro estimado de mil pesos por cada ciudadano, por concepto de pasaje de ida y vuelta en transporte interurbano, transporte urbano, más los gastos de almuerzo, desayuno y otros colaterales, sin incluir la posibilidad de tener que volver al Distrito Nacional, además del tiempo que implicaba este desplazamiento.

Como consecuencia de la instalación de estas nuevas oficinas, a partir del viernes 11 del mes y año en curso, estarán abiertas estas puertas para que San Francisco de Macorís pueda atender los requerimientos de documentación de las comunidades aledañas y los propios munícipes del municipio cabecera. Aquí se podrá atender al usuario en un ambiente digno y con un personal que ha sido debidamente entrenado y capacitado para cumplir con su deber, y que dispondrá de modernos equipos que garantizan rapidez y seguridad en la documentación entregada y custodiada, en el marco de una administración que ha utilizado con pulcritud y transparencia los recursos recibidos.

350


La cantidad de dominicanos de la Región Nordeste que serán beneficiados con estos servicios son los siguientes:

Es oportuno indicar que la política institucional de rescate del Registro del Estado Civil se basa en ofrecer y garantizar que nuestros funcionarios y empleados ejerzan sus funciones en condiciones dignas, y que los ciudadanos al recibirlas, disfruten del mejor servicio que una institución pueda ofrecer.

Las inversiones realizadas en tecnología en el Centro de Cómputo de la Junta Central Electoral, garantizan el almacenamiento adecuado de las bases de datos, programas, fotos, firmas y huellas, así como la evidencia de que los documentos de los ciudadanos serán conservados bajo las más estrictas medidas de seguridad y con el uso de las más avanzadas tecnologías, las cuales permiten el registro y expedición de documentos en el tiempo más breve posible, y al menor costo.

En otro evento como este, hace menos de dos semanas fueron inauguradas oficinas similares a éstas en el municipio Santo Domingo Este y en la ciudad de Santiago de los Caballeros, todos

Electores

Provincia Masculino Femenino Total

Duarte 104,009 101,264 205,273

Hermanas Mirabal 40,108 38,784 78,892

Sánchez Ramírez 53,073 49,935 103,008

María Trinidad Sánchez 48,297 44,930 93,227

Samaná 29,408 27,564 56,972

Espaillat 78,963 77,333 156,296

Total 693,668

351


estos esfuerzos redundarán en beneficio de los ciudadanos, y no son más que la reinversión de sus aportes con las modestas tasas que pagan en cada uno de los Centros de Servicios.

El pasado va quedando atrás para el Registro del Estado Civil dominicano. Estamos trabajando en Azua y en La Romana, para dejar instaladas edificaciones con Centros de Servicios y Legalización, con el objetivo de fortalecer regionalmente el Registro del Estado Civil. Simultáneamente, trabajamos en la automatización de las Oficialías del Estado Civil. En este período de cuatro años nos proponemos adecuar los locales, y construir edificaciones y oficinas en las principales ciudades del país.

Los recursos que recibimos por concepto de las modestas tasas establecidas, se reinvierten de esta forma, eliminando la discrecionalidad en la gerencia de los mismos y poniendo las Oficialías del Estado Civil al servicio del país, y no de particulares, dando el mayor ejemplo de transparencia en la administración del presupuesto asignado que organismo alguno pueda mostrar.

Finalmente, y con el interés de seguir mejorando los servicios que ofrecemos, queremos solicitar la colaboración de ustedes y de todos los ciudadanos de esta hermosa región, en los aspectos siguientes:

1. Ayudarnos a proteger estas instalaciones. 2. Hacernos sus sugerencias y recomendaciones, las cuales

nos permitirán cada día servirles de manera eficiente en la prestación de los servicios solicitados, y

3. Ayudarnos a eliminar el subregistro existente,

apoyándonos con los programas de Declaraciones Tardías de Nacimiento, tanto para menores como para los mayores de edad.

352


Es evidente que en la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) no hay tiempo para el ocio, sino para el trabajo, que dignifica y permite que seamos útiles desde la función pública que se ha puesto a nuestro cargo. El pueblo dominicano puede tener la seguridad de que sus recursos han sido bien invertidos y que, independientemente de las distracciones y el acoso a que es sometida esta instancia, desde todos los frentes, no renunciaremos al cumplimiento del deber ni dejaremos de cumplir con el compromiso de entregar un Registro del Estado Civil saneado al culminar esta gestión, que permita resguardar la documentación nacional y la documentación puesta a nuestro cargo por los extranjeros registrados en el país, sin desmedro de los derechos individuales.

Está cercano el momento en que la suplantación, la falsedad de documentos, el macuteo y otras prácticas corruptivas serán desplazadas, gracias a la eficiente labor que viene realizando esta administración, y a las condiciones que estamos creando para la desaparición de las mismas. En el Registro del Estado Civil, evidentemente, se está viviendo una profunda transformación, que debió producirse desde el año 1992, y que quienes nos antecedieron relegaron u olvidaron ejecutar, dejando la identidad dominicana rodar y caminar en harapos y hacinada, sin importar el destino de la nacionalidad, no obstante existir una comunidad que, de manera incesante, reclamaba hechos y soluciones, no retóricas ni discursos. El fin de esta negligente actitud, que lo demuestra la obra que hoy presentamos en esta región, indica que por fin: ha llegado la Era del Registro del Estado Civil.

08 de julio del 2008

355

Me corresponde decir algunas palabras al inicio de este taller de entrenamiento al personal básico que prestará sus servicios en las Oficialías del Estado Civil de 1ra. y 2da. Categoría, que a partir del 1ro. de marzo del cursante año empezarán, conforme al Reglamento dictado por el Pleno de la Junta Central Electoral, a recaudar los ingresos que, por concepto de recuperación de costos, han sido establecidos en las tasas por los servicios ofrecidos, y que no son gratuitos por ley, en las Oficialías del Registro del Estado Civil.

Es de conocimiento público la discusión, elaboración y aprobación del citado Reglamento en un hecho histórico que impactará en la vida institucional de la República Dominicana; pero que en los presentes momentos no hemos podido aquilatar el significado y el impacto del precitado Reglamento, de cara al futuro y al funcionamiento transparente y eficiente de la Junta Central Electoral, de los demás órganos del Estado y, fundamentalmente, para la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los 9 millones de usuarios de que dispone el sistema, sobre todo, por las distracciones intrascendentes que impiden su visibilidad.

No es ocioso recordar el criterio de la magistrada, Dra. Leyda Margarita Piña, de que la JCE es la única institución estatal que, de manera real, está obligada a garantizar un servicio a la totalidad de la población, al administrar las partidas de nacimiento,

Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar

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recibiendo al ciudadano al ingresar a esta vida y despidiéndolo con las partidas de defunción al momento de fallecer.

En nuestro caso, y como diría el magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, nos ha sido encomendada la tarea de manejar los asuntos administrativos de esta JCE. Es de suponer por este hecho, que nos está vedado el camino de la denuncia y la agitación; nuestra principal obligación es hablar con realizaciones y ejecutorias, el funcionario público, a decir de dicho magistrado, no está para denunciar, sino para resolver, para ejecutar medidas, para satisfacer necesidades y para corregir entuertos.

Al definir y aprobar el Reglamento, corresponde entonces a nosotros garantizar su aplicación, diseñar los mecanismos que permitan la entrada en vigencia del mismo y dictar las medidas administrativas que garanticen que su implementación esté revestida de la mayor transparencia posible y, sobre todo, que el producto que ofrecemos a nuestros usuarios sea el más idóneo y servido de la manera eficiente.

Hace apenas más de una década un catedrático universitario de la Universidad de John Hopkins, Estados Unidos, impactó el mundo al presentar un libro denominado: “El fin de la historia”, se trata del señor Francis Fukuyama. Este señor volvió a ocupar el escenario público al presentar otra obra titulada: “La construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI”, y en el cuerpo de la misma hace puntualizaciones como la siguiente:

“Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo, como son la pobreza, el SIDA, las drogas o el terrorismo.”

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Más adelante continúa aseverando: “La ausencia de capacidad estatal en los países pobres ha pasado a revelarse como una seria amenaza para el mundo desarrollado”. Y profundiza este criterio indicando: “La capacidad de fortalecer o crear, partiendo desde la base, instituciones y competencias estatales hasta ahora ausentes, ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda global y probablemente se haya convertido en un requisito imprescindible para garantizar la seguridad en importantes partes del mundo”.

Más adelante, al analizar el criterio de si los Estados Unidos tienen un Estado fuerte o débil, pone sobre el tapete las debilidades que en materia de seguridad arrastra este Estado, e indica sin duda que: “Existen países que intentan realizar complejas tareas gubernamentales tales como la gestión de empresas paraestatales o la asignación de créditos de inversión y, sin embargo, son incapaces de proporcionar bienes públicos básicos como leyes y orden o infraestructura pública”.

En el otro extremo ubica a los Estados cuya fuerza de capacidades institucionales están relacionadas a la “capacidad de elaboración y ejecución de políticas y de promulgación de leyes; administración eficaz en la mínima burocracia; control del soborno, la corrupción y el cohecho; mantenimiento de un alto nivel de transparencia y rendición de cuenta en las instituciones públicas; y, lo más importante, el cumplimiento de las leyes”.

Precisamente destaca el autor como el mejor ejemplo de lo que es un Estado fallido a Egipto, al señalar lo siguiente: “Un país como Egipto, por ejemplo, dispone de un aparato interno de seguridad muy eficaz y, sin embargo, no es capaz de llevar a cabo con eficiencia tareas tan simples como la tramitación de solicitudes de visados o la autorización de licencias para pequeños negocios”.

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Si nos ubicamos en la República Dominicana y analizamos las afirmaciones que hemos venido explicando, nos podemos preguntar: ¿Disponemos de capacidad suficiente para registrar una partida de vida? ¿O para registrar una partida de muerte? ¿Para administrar nuestra identidad nacional? ¿Para transparentar nuestra operaciones y transacciones en el Registro Civil? ¿Para garantizar la autenticidad de nuestros documentos de nacionalidad? ¿Para ofrecer con agilidad y de manera eficiente los servicios solicitados? Más aún, ¿disponemos de capacidad suficiente para rendir cuenta por los ingresos que recibimos como institución? La respuesta a estas interrogantes respecto a este aspecto de la función estatal que administramos, nos indica que evidentemente fallamos como Estado.

Ahora bien, ¿cuál es la magnitud de las medidas que estamos tomando en la cultura y en el ejercicio de la política institucional en la República Dominicana? Veamos:

Como consecuencia de las nuevas medidas que establecen tasas fijas a los servicios que ofrecemos, desde el 26 de enero a la fecha, hemos asumido el control en términos de información, de cuánto ingresa a las Oficialías del Estado Civil por este concepto y, para sólo poner un ejemplo, obtenemos el siguiente cuadro: la suma de los ingresos de 4 Oficialías que generan un promedio de ingreso semanal, reporta un total de cuatrocientos tres mil quinientos sesenta pesos con 00/100 (RD$403,560.00), para un promedio mensual de un millón setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos con 80/100 (RD$1,747,414.80), y anualmente representa Veinte Millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y siete pesos con 60/100 (RD$20,968,977.60).

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Obviamente, estos cálculos están siendo hechos tomando como parámetro los ingresos actuales, que representan menos del 40% de lo que se cobrara antes del 26 de enero y, por demás, sin incluir las Oficialías de mayor volumen de operaciones y transacciones y, por tanto, de ingresos.

Si utilizáramos este promedio para determinar cuánto representa en materia de ingreso anual para la JCE, si estuviéramos recibiendo lo que producirían las 32 Oficiales de la categoría 1ra. y 2da., estaríamos hablando de un ingreso anual por este concepto de ciento sesenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos veinte pesos con 80/100 (RD$167,751,820.80).

Si hiciéramos un ejercicio respecto a lo que ha significado para el Estado dominicano la falta de decisión de quienes nos han precedido en esta función pública desde el año 1992 a la fecha, muy específicamente por el incumplimiento del mandato contenido en la Ley No. 8/92 que transfiere el Registro del Estado Civil a manos de la JCE y puso como una obligación de quienes ejercían la función de jueces de la JCE en los períodos subsiguientes al año 1992, podremos comprobar lo siguiente:

El costo estimado mensual para el funcionamiento y la garantía de estos servicios podría ubicarlo en ocho millones trescientos ochenta y siete mil quinientos noventa y un pesos con 04/100 (RD$8,387,591.04), lo que representa evidentemente un costo anual de más de cien millones de pesos con 00/100 (RD$100,000,000.00).

Sin embargo, hay un aspecto que no podemos obviar: ¿cuánto ha representado para el Estado dominicano la negligencia y la falta de templanza de quienes han dirigido la JCE hasta la fecha, al no establecer el Reglamento objeto de este taller? Un simple ejercicio

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matemático nos indicará que estamos hablando de que en lo que va del 1992 a la fecha, el Estado dominicano, a través de la JCE ha dejado de recibir aproximadamente dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones, doscientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos con 93/100 (RD$2,459,241,692.93), solamente por éstas 32 Oficialías del Estado Civil, y el Estado ha perdido una renta presunta de novecientos ochenta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y siete pesos con 17/100 (RD$983,696,677.17), desde esa fecha a este momento.

Obviamente que en materia de impuestos sobre la renta el fisco ha sido afectado con una cantidad aproximada de ciento noventa y seis millones setecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos con 43/100 (RD$196,739,335.43), como consecuencia de uno de los más grandes actos de irresponsabilidad institucional por quienes estaban llamados a garantizar los bienes públicos.

¿Cómo es posible tanta insensibilidad? ¿Que haya pasado tanto tiempo y se haya permitido un daño al Estado de tal magnitud? ¿Acaso no nos damos cuenta de que con estos recursos pudimos haber automatizado el Registro del Estado Civil, el Registro Electoral e, incluso, el proceso de votación? Es evidente que la transparencia no es un discurso y la honorabilidad no es un título que se exhibe, sino una práctica constante. Como diría el magistrado, Dr. Eddy Olivares Ortega: “Tuvieron que llegar los de a pie, los sin nombre, los carentes de abolengo, para eliminar esta práctica”.

Esta insensibilidad no sólo se reflejó en la falta del establecimiento de tasas unificadas y justas, de garantías del cumplimiento de la gratuidad, sino que también implicó el abandono total y absoluto

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del Registro del Estado Civil a su suerte, permitiendo que la identidad dominicana haya caído en un estado de fragilidad, a causa de los múltiples fraudes, suplantaciones y demás inconsistencias.

Esta Cámara Administrativa de la JCE ha definido, en consecuencia, los procedimientos que harán posible que esta práctica, poco transparente, no siga imperando en la institución. Y a tal efecto, ha dispuesto las medidas de control y de carácter administrativo, mediante reglamentos con procedimientos escritos, que les están siendo suministrados, a través de los departamentos de Finanzas y Auditoría.

Hemos decidido aplicar el bisturí, profundizar, organizar y eficientizar el Registro del Estado Civil. Sabemos que el cambio es brusco y que las condiciones de trabajo harán muy difícil la aplicación de éstas medidas, y más aún, estamos preparados para enfrentar las campañas, las denuncias y los intentos por hacer fracasar este proceso de saneamiento institucional, ésta verdadera revolución estructural que se está produciendo en la JCE y que está colocando a nuestros funcionarios y empleados en su verdadero rol.

No podemos obviar al finalizar, referirnos a un reportaje hecho por la periodista Pilar Moreno, del Periódico Listín Diario, que da cuenta que Oficiales del Estado Civil se quejan de no haber sido consultados sobre las tarifas y demás medidas instituidas en el Reglamento, más aún, la queja de que supuestamente estas tarifas son muy bajas, o la amenaza que contiene este escrito, de que los Oficiales Civiles se dedicarían a no atender las bodas de los ciudadanos que se presenten a su despacho, para preferir las que se realicen fuera del mismo para aumentar sus ingresos e, incluso, la posible violación de este Reglamento.

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Cierta o no esta información, queremos advertir que la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral actuará con energía y no tolerará que ningún Oficial del Estado Civil pretenda hacer fracasar este proyecto, y que cualquier acción dirigida en este sentido, dará lugar a que dispongamos de las medidas administrativas que fueran necesarias, y si las circunstancias así lo determinaran, de las acciones penales que la Ley y el Reglamento prevén.

Esperamos contar con la colaboración de todos los funcionarios, Oficiales del Estado Civil y empleados en el cumplimiento de éstas medidas. Aquellos que difieran de la misma, deben abrir las puertas a otros ciudadanos que tienen un verdadero interés de servir a su país por una remuneración justa.

Nos ponemos en manos de Dios y queremos confiar en ustedes.

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La presencia de tantas personalidades distinguidas en este auditorio, para ser testigos y actores en su nivel de este acontecimiento, nos genera satisfacción, ya que nos permite presentarles y explicarles la conducta de la actual composición de la Junta Central Electoral, respecto a un tema tan importante como el de la política de publicaciones de la institución.

El 23 de noviembre del año 2006, el Congreso de la República, por mandato de la Constitución, designó los integrantes de la nueva Junta Central Electoral, y al hacerlo, abrió el camino para la transformación del órgano estatal llamado a dirigir los procesos de elección de dignatarios, para administrar las políticas básicas de identidad, supervisar y fiscalizar las Asambleas y Convenciones de los Partidos, conocer y decidir respecto a las contiendas que se produzcan al interior de los mismos, así como de las impugnaciones y demás acciones legales que surjan a propósito de la actividad política y electoral.

Interesados en crear una mística de trabajo de cara a los usuarios del sistema, que son la totalidad de los dominicanos que residen en nuestro país o en el exterior, y de los extranjeros que residen en el nuestro, nos propusimos rediseñar toda la política de información y la estructura orgánica de la institución en materia informativa. A tal efecto, se amplió la Dirección de

Política de Publicaciones

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Comunicaciones, estableciendo el personal con sus encargados en Relaciones Públicas, en Prensa; se designó el director de la Revista Mundo Electoral y un equipo encargado de publicidad y publicaciones, además del establecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, en cumplimiento de la Ley No. 200-04 de fecha 8 de julio del 2004.

Como parte de esa nueva mística, la nueva Junta Central Electoral ha establecido como norma la implementación de cursos y talleres a todo el personal, de cara a cada uno de los procesos que enfrentamos, los cuales, en su gran mayoría, constituyen novedades. No porque los mismos legislativamente hayan sido definidos recientemente, sino por la falta de atención de nuestros antecesores a muchas de las instituciones propias del derecho electoral, que hoy estamos prácticamente fundando, razón por la cual, es vital tener una política de información y de publicaciones que sirvan de soporte a todas y cada una de éstas iniciativas.

Nuestra primera acción estuvo dirigida a establecer Sueldos del Estado a los Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar y establecer Tasas Fijas por los Actos del Estado Civil. Esta decisión estuvo acompañada de la publicación y difusión de más de 5 mil ejemplares del Reglamento que instituye éstas tasas, así como de una agresiva colocación de cartelones y presentación de spot publicitarios orientando y educando a nuestros ciudadanos.

Paralelamente, publicamos el Boletín Informativo: “Calendario Regresivo, Plazos Administrativos y Plazos Legales, Elecciones Mayo 2008”. En dicho documento se recogió toda la programación desde el mes de noviembre del 2006 hasta el 16 de agosto del 2008, incluyendo los encuentros trimestrales de evaluación y control de la ejecución del citado cronograma, de la Cámara Administrativa con los delegados técnicos de los partidos. Como todas nuestras

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decisiones, este boletín se encuentra colocado en la página web de la institución y fue publicado en los periódicos de circulación nacional.

De cara a la orientación e información al público, hemos impreso los siguientes brochures:

a) Declarar a tus hijos es abrirles la puerta al futuro, que contiene una información resumida del procedimiento de inscripción de menores, de declaraciones tardías para mayores de 16 años y de los procesos de transcripción de actas instrumentadas en el extranjero.

b) El brochure denominado: “Consigue tus documentos fácil, sin viajar a República Dominicana”, con una información enunciativa de los servicios que ofrecemos a los dominicanos residentes en el exterior para inscribirse en el padrón de votantes en la ciudad donde residen.

c) El brochure identificado como: “Tu Cédula de Identidad y Electoral es el documento que te identifica y te permite ejercer el derecho al sufragio”, que contiene la información necesaria para la obtención, renovación o cambios de datos del ciudadano, de la Cédula de Identidad y Electoral.

d) El brochure titulado: “Hazle un servicio a la Nación, participa como miembro de un Colegio Electoral”, que contiene las informaciones, requisitos y responsabilidades para integrar y ser miembros de los Colegios Electorales.

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e) Presentación de la publicación: Reglamento y Metodología para la Fiscalización de las Asambleas y Convenciones de los Partidos Políticos, que contiene el Reglamento dictado al respecto y la metodología para su aplicación, proceso éste que pudo haber sido ejecutado desde el 21 de diciembre del 1997, en atención al mandato contenido en los artículos 6, 47, 55, 67 y 68 de la Ley Electoral No. 275 - 97 y sus modificaciones; pero que como otras responsabilidades, nadie quiso afrontar en todo ése período, contribuyendo con su desidia al fortalecimiento de las deficiencias y debilidades que hoy aquejan al sistema de partidos.

f) Para sostener y sustentar las labores administrativas, en el mes de febrero presentamos el Boletín Informativo de la Cámara Administrativa, el primero dedicado al proceso de cambios y reformas en curso en el Registro del Estado Civil y las Oficialías, entre otros aspectos, y el segundo ejemplar correspondiente al mes de marzo, que presenta el avance en la integración de las Juntas Electorales consensuadas, la Delegación en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y los nuevos servicios, de cara al voto del dominicano en el exterior, entre otros, que también estamos entregando en el día de hoy.

Otras publicaciones que estamos poniendo a su disposición en este acto son:

•Lapublicación:Glosario Electoral, dirigida a todos los interesados en el manejo de la terminología electoral.

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•La publicación: Resultados de la supervisión y fiscalización de la Asamblea Electoral Interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que recoge las incidencias del proceso asambleario y convencional del PRD, los resultados, el gasto incurrido por los precandidatos, el comportamiento de sus dirigentes y militantes en el uso de los recursos de las instituciones públicas que están bajo su control, el reporte de la inversión en publicidad de los precandidatos, sólo por el mes de enero, que fue el período monitoreado por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral y que, a decir de sus dirigentes, tuvo un costo total de 123 millones de pesos, entre el gasto de los precandidatos en más de un 71 por ciento y gastos institucionales del partido, correspondiente a un 29 por ciento, que también dejamos en sus manos.

•Asimismo,ponemosacirculareneldíadehoyellibro:Resultados Electorales 2006, que recoge información respecto al comportamiento electoral de las Elecciones Congresionales y Municipales del 16 mayo del 2006, tanto a nivel de los partidos, de los candidatos, los porcentajes y la votación por alianzas.

•Inauguramos hoy la serie: Ensayos Electorales, queinician los magistrados, Dr. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, con el ensayo: Ética para un político del siglo XXI, volumen I, y el magistrado, Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Titular de la Cámara Administrativa, con los Ensayos Electorales y Sistemas Políticos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, volumen II, y Sistema Electoral y Representación Femenina, volumen III.

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Una fuente importante para la ampliación de esta política de publicación de los ensayos electorales, lo constituirá el Diplomado en Administración Electoral, a iniciarse proximanente en coordinación con la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en donde varios de los miembros de la Junta Central Electoral, técnicos nacionales y expertos internacionales dictarán charlas magistrales, que pasarán a formar parte de esta colección de ensayos.

Es evidente que el propósito de la Junta Central Electoral, no solamente es lograr mejorar la calidad y elevar la eficiencia de los servicios, sino divulgar estos trabajos y contribuir con los ensayos electorales, a la creación de una bibliografía electoral en la República Dominicana, incentivando todo un programa de fomento de las publicaciones de obras y reflexiones importantes en asuntos electorales, tanto por técnicos nacionales como extranjeros, con el expreso interés de que sus aportes no se diluyan ni se dispersen en el tiempo y en el espacio, por la ausencia de una política de compilación e impresión que garantice la permanencia en beneficio de las nuevas y futuras generaciones, de tan importantes contribuciones.

Están ustedes, en consecuencia, en presencia de una Junta Central Electoral con una nueva visión institucional y con una firme decisión de encarar exitosamente la multiplicidad de retos y eventos que tenemos por delante.

Queda, pues, este espacio abierto para recibir y publicar todas las contribuciones que se escriban en esta visión de futuro.

5 de mayo del 2007

Huellas de un proceso de reformas

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