HidroSantaCruzInformeHegoa

7/29/2019 HidroSantaCruzInformeHegoa

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HEGOA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACININTERNACIONAL/UNIVERSIDAD DEL PAS VASCO

La presencia deHidro Santa Cruz

en BarillasUna historia de imposicin y violencia

Noviembre de 2012

Este documento es fruto de dos Misiones de Verificacin Internacional realizadas

en los meses de octubre y noviembre por Hegoa, Instituto de Estudios sobreDesarrollo y Cooperacin Internacional/Universidad del Pas Vasco. Ha sido

complementado a partir de entrevistas, memoriales de organizaciones y medios de

comunicacin. Este documento forma parte de las acciones de Instituto Hegoa en

Guatemala, encaminadas a apoyar, desde el mbito de la investigacin, el anlisis y

la comunicacin, las luchas de las organizaciones sociales con las que trabajamos

para defender y fortalecer los derechos de opinin, movilizacin, accin social y

libre decisin.


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CONTENIDO

1. ANTECEDENTES: LA OPININ DE LA POBLACIN ..................................... 2

Consulta comunitaria de Buena Fe ......................................................................... 2

Posicin de las comunidades .................................................................................. 3

2. IDENTIDAD E INTERESES DE HIDRO SANTA CRUZ .................................... 5

Intereses econmicos ............................................................................................. 6

3. ACTUACIN DE LA EMPRESA EN BARILLAS: RECUENTO DE

ILEGALIDADES ...................................................................................................... 8

Ocupacin sin consentimiento................................................................................. 8

Imposicin, mentiras, amenazas, violencia e ilegalidad .......................................... 9

Primero de mayo: la implantacin del estado de sitio ........................................... 10

La amenaza de un rgimen sin derechos: el Estado de Sitio permanente ............ 11

4. VICIOS DEL PROCESO JURDICO ............................................................... 12

La violacin de la Constitucin Poltica ................................................................. 13

5. PERSECUCIN POLTICA: BARILLAS COMO ENSAYO DE

CRIMINALIZACIN DE LUCHAS SOCIALES ...................................................... 15

6. PROPUESTA: EL FIN DE LA PERSECUCIN A LAS LUCHAS Y LOS

LUCHADORES SOCIALES EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO ...... 17

7. REFERENCIAS .............................................................................................. 18

Sobre la actuacin de Hidro Santa Cruz y el grupo empresarial promotor ............ 18

Sobre los vicios del proceso jurdico ..................................................................... 18

Sobre las reuniones y actividades comunitarias donde se exige la salida de Hidro

Santa Cruz ............................................................................................................ 18

Recopilacin de prensa ......................................................................................... 18

Informes de Misiones de Verificacin realizadas por Hegoa ................................. 18


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1.ANTECEDENTES: LA OPININ DE LA POBLACIN

Consulta comunitaria de Buena Fe1A raz de informaciones sobre la concesin de licencias para explotacin derecursos naturales renovables y no renovables en Territorio Qanjobal, lapoblacin de Santa Cruz Barrillas se organiza para promover una ConsultaComunitaria. Esta es aprobada mediante Acuerdo Municipal de fecha treinta demayo de dos mil siete, acta 29-2007, punto noveno, emitido por el ConcejoMunicipal reunido en pleno. En ese entonces ya la poblacin haba detectado

movimientos sospechosos por parte de personas que llegaban a las comunidades.

Las comunidades promueven la consulta porque el Estado no las toma en cuentaal momento de autorizar licencias a travs del Ministerio de Energa y Minas. LaConsulta Comunitaria de Buena Fe se realiza el 23 de Junio del ao 2,007 con lasformalidades y la legalidad respectivas. Se observa una participacin masiva de lapoblacin en el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y polticos.

En la Consulta Comunitaria votan 46,490 personas, de las cuales 46,481 (de130,000 habitantes) rechazan la minera y la explotacin de los bienes de lapoblacin de Santa Cruz Barillas.

1 Las Consultas Comunitarias de Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de decisin de lospueblos indgenas. Es una herramienta participativa, abierta y transparente en la que las comunidadesy pueblos indgenas pueden hacer ejercer sus derechos mediante la democracia directa. En el mbitojurdico las Consulta Comunitarias estn reconocidas en Guatemala en la Constitucin Poltica de laRepblica y en el Cdigo Municipal, y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en laDeclaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas.


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Posicin de las comunidadesCon posterioridad y de forma complementaria a la Consulta de Buena Fe, lapoblacin contina tomando iniciativas para manifestar su rechazo a la empresa:

En el ao 2008 se consolidan organizativamente las comunidades cercanas al

ro, en el rea de construccin de la hidroelctrica, conformando el Comit deDefensa de los Recursos Naturales. Este comit es elegido en asamblea decomunidades activas en defensa del territorio y queda inscrito en laMunicipalidad.

En el ao 2009 personeros de la empresa presentan el proyecto de lahidroelctrica en una reunin del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE.El COMUDE rechaza la construccin de este proyecto, constando este rechazoen el Acta de la reunin.

El 12 de abril de 2011, el Concejo Municipal deniega la solicitud de

construccin de obras en la ribera del rio Qan Balam, presentada por HidroSanta Cruz. Esta resolucin denegatoria se mantiene vigente a la fecha, apesar de lo cual la empresa ha continuado construyendo.

El 4 de julio de 2011 se aborda la situacin de la presencia de Hidro SantaCruz en el municipio y la conflictividad que genera en una reunin dondeparticipan el Alcalde y el Concejal Tercero de la Municipalidad de Barillas, ascomo ms de 600 autoridades de 300 comunidades, representativas de toda lapoblacin de Barillas. En esta reunin se reitera por parte de las comunidadesla negativa a la construccin de la hidroelctrica, que consta en el acta 09-2011de la Municipalidad de la Villa de Barillas.

En enero de 2012, las nuevas autoridades municipales electas en el mes denoviembre convocan a la empresa para buscar una solucin a la situacin deconflicto generada. Cinco das despus, y sin avisar, la empresa introducemaquinaria pesada en Barillas.

Viendo como se ignora su voluntad, las comunidades vuelven a expresar porescrito su rechazo a la hidroelctrica, exigiendo el respeto de sus decisiones yla legislacin vigente. El 30 de marzo de 2012 entregan un manifiesto dirigidoal Alcalde y al Concejo Municipal de Barillas, respaldado por miles de firmas.(los datos anteriores han sido aportados por organizaciones sociales de

Barillas).

En este contexto se producen situaciones de tensin hacia la empresa, con quemade maquinaria y otros (noviembre de 2011 y marzo de 2012, entre otros) que laempresa atribuye a las comunidades, y stas achacan a autoatentados, para

justificar la represin.

En ningn momento la empresa toma en cuenta o respeta la voluntad de lapoblacin, as como tampoco las resoluciones emanadas de la autoridad


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municipal. Por ello, la poblacin considera que la empresa llega con la nicapretensin y la mentalidad de instalarse en Santa Cruz Barillas a cualquier precio.


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2.IDENTIDAD E INTERESES DE HIDRO SANTA CRUZ

El registro empresarial de Ecoener-Hidralia Energa (que en Guatemala sedenomina Hidro Santa Cruz) y en general de las decenas de sociedadesvinculadas a Luis y David Castro Valdivia (propietarios) est plagado deirregularidades.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consello de Contas deGalicia documentan prcticas del grupo empresarial en el lmite de lo legal oabiertamente ilegales. Organizaciones sociales y medios de comunicacin

visibilizan la denominada trama energtica impulsada por Luis Castro, el rey delkilovatio gallego: sociedades extensas y opacas, empresas de recientsimacreacin, con nula experiencia () ocultamiento de personas, formacin deempresas pantalla, concesiones irregulares () incompatibilidades, falsificacinde registros y agilizacin de trmites, corrupcin, trmites administrativos exprs,declaraciones ambientales a la medida (el diario digital La opinin ha realizadouna amplsima investigacin sobre esta trama energtica). Cuando se manifiestael descontento y la oposicin social, la empresa recurre a la violencia.

La trama energtica se fortalece en la impunidad a partir de alianzas estratgicasdel grupo Castro Valdivia con lderes econmicos, polticos y partidarios: entre

otros, Antonio Fontenla, presidente de los empresarios gallegos; la familia delexalcalde de A Corua y hasta 2011 embajador de Espaa en el Vaticano,Francisco Vzquez (integrante del ala ms conservadora del Partido SocialistaObrero Espaol); Manuel Fraga Iribarne, poltico de corte franquista, presidentedel gobierno autnomo de Galicia entre 1990 y 2005; Ramn Ords, directorgeneral de Industria, Energa y Minas de dicho gobierno en el periodo 1999-2005.La participacin de este ltimo es fundamental. Durante la gestin de Ords,cuado de Luis Castro, se produce un crecimiento exponencial de los contratosdel grupo: segn el peridico La Opinin, de A Corua, Luis Castro Valdivia


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gestiona en 2006 por lo menos 33 empresas, muchas de ellas creadas a partir dela relacin con su cuado.

Son fundamentales los vnculos ideolgicos con el Partido Popular, de carcterconservador y heredero de la dictadura franquista, actualmente en el gobierno deGalicia y Espaa: Luis Castro Valdivia fue responsable de Novas Xeracins, la

rama juvenil de dicha agrupacin poltica.

Este elemento ideolgico (presente asimismo en la conformacin del poderososector energtico de Galicia, al que pertenece entre otros el grupo Unin Fenosa)acta como favorecedor de la expansin econmica y como rasgo de identidad: seplasma en una cultura (accionar) organizativa propensa a la jerarqua y laimposicin, que en Guatemala se traducir en el uso de la violencia.

Intereses econmicosLa llegada de la empresa a Guatemala tiene al menos dos lecturas, con relacin aagendas e intereses econmicos (adems del inters especfico de la

hidroelctrica, que parte de una inversin estimada de 30 millones de dlares ybeneficios anuales de 50 millones de quetzales.

Primera lectura, la huida hacia delante de un grupo empresarial cuestionado, y portanto con expectativas limitadas de crecimiento en Galicia y el Estado Espaol.

En segundo lugar, la bsqueda de ampliacin de negocios:

Las energas renovables (elica, solar, mareomotriz...), definidas por el BancoCentroamericano de Integracin econmica como una enorme oportunidad.

La Gestin Integral del Recurso Hdrico, incluyendo el agua potable (aguacomo servicio, Acuerdo de Asociacin Unin Europea-Centroamrica) y laprivatizacin vinculada a las transnacionales europeas del agua.

La economa verde y el cambio climtico como beneficio: acceso afinanciamiento a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el marco delProtocolo de Kioto.

La multiplicacin del negocio inicial: energa a partir de mini centrales.

La empresa es, as, tanto actor principal como instrumento favorecedor de

agendas empresariales globales (por ejemplo, las vinculadas a la gestin/privatizacin del agua), cuya dimensin excede el proyecto de Hidro Santa Cruz.

Esta segunda lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de laCorporacin Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (BankiaEspaa, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integracin Econmica,Banco Interamericano de Desarrollo), que apoya con 10.7 millones de dlares elproyecto Cambalam (de los 30 millones de inversin estimada); justifica tambin laalianza de Hidralia Energa con Fundacin Solar en las Verapaces (energas


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renovables) y el proyecto que Hidralia desarrolla en Ecuador, ntegramente degestin del agua, replicable en Guatemala.

Los intereses en juego y la articulacin a su alrededor de actores diversos,permiten entender asimismo la rpida expansin de una empresa recin llegada alpas y sus mtodos expeditos de trabajo, que no son objeto de cuestionamiento.

Por el contrario, las ventanas de la inversin se abren y la empresa recibe elapoyo de importantes centros de poder, entre otros la estratgica Cmara OficialEspaola de Comercio de Guatemala, la Embajada de Espaa, autoridadeslocales, y espacios institucionales que le permiten obtener de forma expedita laCarta de Aprobacin de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio, paso previo paraacceder a la venta de bonos de carbono.

Ninguna de estas entidades financieras y polticas internacionales ha cuestionadoen ningn momento y hasta la fecha los mtodos de trabajo de Hidro Santa Cruzni su irrespeto a la voluntad de las comunidades:

Corporacin Interamericana para el financiamiento de Infraestructuras, queconcede en 2010 un aval de 10.7 millones de dlares a Hidro Santa Cruz. Losprincipales accionista de CIFI son: Bankia (Espaa), con 20.37% de acciones,Corporacin Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial (15.74%),Banco Centroamericano de Integracin Econmica (9.26%), CorporacinInteramericana de Inversiones, miembro del Banco Interamericano deDesarrollo (5.56%).Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integracin Econmica y BancoInteramericano de Desarrollo, interesados en promover inversiones

hidroelctricas y energas renovables en Guatemala.Naciones Unidas, que gestiona la venta de bonos de carbono en el marco delProtocolo de Kioto, a travs de la Junta Ejecutiva del Mecanismo para unDesarrollo Limpio (MDL) del Secretariado de la Convencin Marco de NacionesUnidas para el Cambio Climtico.

Embajada de Espaa, que facilita las acciones de la empresa.


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3.ACTUACIN DE LA EMPRESA EN BARILLAS:

RECUENTO DE ILEGALIDADES

Ocupacin sin consentimientoA finales de 2008, la poblacin que vive en las riberas del ro Qan Balam nota lapresencia de personas que no son vecinas del municipio y que realizanmediciones de los caudales del ro y de los terrenos ubicados en la comunidadPoza Verde.

En ese momento se establece en Barillas la empresa espaola Econer-Hidralia,que se reconvierte en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto quedenominan Cambalam, una hidroelctrica a filo de agua con capacidad de generar4.9 megavatios en cada una de sus fases (dos hasta el momento).

Este proyecto se instala en un rea utilizada tradicionalmente como centro derecreacin y como centro ceremonial, limitando el uso domstico y agrcola delagua y alterando un entorno ya frgil de por s por la cercana de la cabeceramunicipal.

Las comunidades afectadas por el mencionado proyecto no son consultadas,como establece la ley y los Convenios Internacionales (Convenio 169 y otros).


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La empresa se ampara en que es la propietaria legal de los terrenos y tiene portanto derecho a construir y hacer actividades en su propiedad. Ignora as lavoluntad expresada por la poblacin y tambin la autoridad de la Municipalidad.

Imposicin, mentiras, amenazas, violencia e ilegalidadEn julio de 2009, lderes y lideresas comunitarias informan a las autoridades

municipales que personas desconocidas continan con las mediciones decaudales y terrenos, as como destrozo de cultivos. La empresa reaccionacalificando la solicitud de los comunitarios como coaccin, intimidacin y detencinilegal, presentando al Ministerio Pblico de Santa Eulalia denuncias en contra desiete lderes (uno de ellos, Pablo Antonio Pablo, resulta herido en el atentado delprimero de mayo de 2012). A la fecha, la empresa mantiene la denuncia contrauno de estos lderes.

Progresivamente, las dirigencias comunitarias reportan amenazas directas o porva celular contra las personas opuestas al proyecto. Estas amenazas sonefectuadas por personal de la empresa, segn consta en una denuncia

documentada por la Unidad de Defensores de los Derechos Humanos deGuatemala, UDEFEGUA, en 2010.

Para desarrollar su proyecto, la empresa no duda en contratar a ex militares comoencargados del rea de promocin social. A algunos de ellos se les sindica deamenazar a la poblacin, caso de Norman Villatoro y actualmente el ex capitnJuan Garrido.

Al tiempo, forma una base de apoyo formada por prestatarios de sus servicios(alimentacin, alquiler de maquinaria, servicio de hospedaje, personal empleado)fundamentalmente en el rea urbana, generando un ambiente de divisin y

enfrentamiento en la comunidad, con lgicas de racismo (enfrentamiento reaurbana-comunidades indgenas).

En 2011 la empresa contrata seguridad privada con lo que la zozobra, lainseguridad y la confrontacin van en aumento, hasta que la poblacin se veobligada a llevar a cabo diferentes tipos de protesta frente a la empresa. Sonrutinarios los disparos al aire y la agresin sexual verbal a las mujeres. Continaadems la intimidacin va celular a los dirigentes y las personas opositoras alproyecto.

Al presentar el proyecto en diferentes reuniones, la empresa solamente menciona

las presuntas ventajas del mismo (luz para todos, desarrollo en sentido abstracto)no los efectos ni otros intereses de fondo.

En todo momento, los personeros de la empresa, especialmente su propietarioLuis Castro Valdivia, actan con prepotencia, arrogancia y autoritarismo, actitudesdetectadas y reconocidas por la Iglesia Catlica de Huehuetenango. Acusan a lascomunidades, de oponerse al desarrollo, calificativos que reproducenpensamientos racistas y parten de visiones de superioridad.


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En la medida en que las personas desconfan de los ofrecimientos, la empresaincrementa la presin y la violencia sobre las comunidades.

Primero de mayo: la implantacin del estado de sitioEn este contexto, el primero de mayo de 2012, cuando se inicia la feria titular delmunicipio, don Andrs Francisco Miguel, don Pablo Antonio Pablo y don Esteban

Bernab son emboscados a la salida de la cabecera municipal hacia suscomunidades.

Les disparan y don Andrs Francisco cae muerto, resultando heridos PabloAntonio Pablo y Esteban Bernab Gaspar. Pablo Antonio es uno de los lderesopuestos a la venta de tierras, a pesar de las presiones recibidas por parte de laempresa.

Dado el ambiente de tensin existente, gran parte de la poblacin interpreta estaejecucin como un paso ms en las estrategias intimidatorias de la empresa. Elasesinato del lder comunitario exacerba los nimos y produce una respuesta de

indignacin. Como consecuencia, cinco mil personas van a buscar a los miembrosde la seguridad de la empresa y, al no hallarlos, acuden al destacamento militardonde se rumorea que se esconden. A partir de ah, se desarrollaron los hechospblicamente conocidos. La participacin de la empresa se confirma el 26 demayo, cuando dos trabajadores Hidro Santa Cruz son capturados, acusados delasesinato y los atentados: uno de los capturados es jefe de seguridad: el otro escontratado por el exmilitar Juan Garrido, encargado del rea de promocin socialde la empresa y principal operador de la misma.

El primero de mayo, el gobierno decreta el Estado de Sitio y enva 400 policas y500 militares a Barillas. El dos y tres de mayo se producen al menos catorce

capturas (diez personas guardan todava prisin), se conocen 23 rdenes decaptura (se amplan posteriormente a 33) y comienza a circular una lista con msde 100 nombres de personas sospechosas.

Se criminaliza la protesta social, acusando a las personas que se oponen a HidroSanta Cruz de formar parte de estructuras delictivas criminales. La suspensin delas garantas constitucionales genera en Santa Cruz Barillas un estado de terror.Se vuelve preocupante la situacin de las mujeres, dados los abusos cometidoscontra sus vidas y cuerpos por parte de las fuerzas de seguridad.

En Santa Cruz Barillas se repite una prctica histrica: cuando la poblacin

organizada se opone a proyectos lesivos, se responde usando la fuerza ytorciendo la ley de forma reiterada e impune por parte de las empresas. Y cuandose da una reaccin por parte de la poblacin, las autoridades se olvidan de estosantecedentes y se les acusa y criminaliza como maleantes, utilizando ademstoda la fuerza pblica y de la ley. As pas en Livingston en 2008, en San JuanSacatepquez en 2009, en el Polochic en 2011, en Regados, Cunen a inicios de2012.


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En muchas comunidades de Guatemala se dan situaciones de tensin y seincrementa la conflictividad ante la presencia de empresas que imponen susintereses impunemente, sin tener en cuenta la voluntad de la poblacin de loslugares.

El recurso al Estado de Sitio no asegura que se resuelvan las causas que llevaron

al hecho conflictivo, lo mismo que la presencia de brigadas militares en las reasen pugna con los intereses comunitarios slo asegura la paz de los fusiles. Loscateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias recuerdan a los peoresmomentos del Estado contrainsurgente que debera haber desaparecido con laFirma de los Acuerdos de Paz en 1996.

La amenaza de un rgimen sin derechos: el Estado de SitiopermanenteEl Estado de Sitio se suspende el 18 de mayo. Sin embargo, se prolonga en laprctica a travs de:

El terror promovido por los patrullajes del Ejrcito, diurnos y nocturnos.

Los disparos al aire por parte de guardias de la hidroelctrica y la difusin demensajes intimidatorios en la televisin local.

La amenaza de nuevas capturas, con decenas de personas registradas enlistados extraoficiales.

La persecucin, deslegitimacin y criminalizacin de dirigentes yorganizaciones (que obliga a lderes a huir de sus casas y comunidades).

El chantaje a travs de los capturados: si no aceptan a la empresa se van apudrir en la crcel afirma el excapitn Juan Garrido.

El fin del Estado de Sitio no modifica la actitud de Hidro Santa Cruz, inamovibleen, la reiteracin de su discurso y su proyecto, la imposicin que no toma encuenta la opinin de las comunidades:

La empresa no toma en cuenta la oposicin de la Municipalidad de Santa CruzBarillas, expresada en Acuerdo Municipal de 11 de abril de 2011, y ratificadahasta la fecha.

La empresa no asume su participacin en el asesinato de Andrs FranciscoMiguel y el atentado con heridas contra Esteban Bernab Mateo y Pablo

Antonio Pablo, el 1 de mayo, aunque es pblico que los asesinos estnrelacionados con la empresa.

La empresa intensifica las amenazas y presin a las comunidades.

La empresa contina laborando, a pesar de la oposicin comunitaria.


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4.VICIOS DEL PROCESO JURDICO

En la foto, la Polica Nacional Civil protege la construccin ilegal de la empresa.

La detencin ilegal e irregular de los comunitarios de Santa Cruz Barillas (hoypermanecen 8 en prisin2) ha sido documentada a travs del informe deobservacin del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DerechosHumanos, el informe de Verificacin de la situacin de Derechos Humanosrealizado por la comisin de la Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej y laUnidad de Proteccin a Defensoras, Defensores de Derechos HumanosUDEFEGUA, as como en el amparo interpuesto por la defensa de los detenidosen contra del Juzgado Sptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y

2 En el momento en que realizamos las Misiones de Verificacin Internacional eran 10 lospresos polticos. Sin embargo el jueves 15 de noviembre, mientras este dossier estaba siendofinalizado, fueron liberados Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernab Gaspar. El juez ademscritic de alguna manera al Ministerio Pblico acerca de la tramitacin en el proceso, ya que enningn momento se ha logrado determinar ni demostrar los cargos por los que haba imputado alas personas detenidas. Esta y otras irregularidades han venido siendo denunciadas en repetidasocasiones por los abogados, comunidades y organizaciones que han defendido que la causa delencarcelamiento de los presos polticos de Barillas era la defensa del territorio y de los derechos desu propio pueblo.


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Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera deapelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.

Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, con sede enGinebra, Suiza, organismo de Naciones Unidas, analizar el expediente de PedroVicente Nez Bautista, uno de los lderes comunitarios en prisin.

El abogado de la defensa, Carlos Bezares, y la Unidad de Defensores de losDerechos Humanos, documentan vicios del proceso, que implican la suspensinde los derechos procesales y los derechos humanos de los detenidos. Entre otros:

Las detenciones se dan aproximadamente dos das antes de que se publiqueen el diario oficial el Estado de Sitio. La detencin viola as el artculo 15constitucional.

El artculo 13 constitucional dice que nadie puede ser fotografiado por los

medios si no ha sido previamente escuchado por un Juez. Sin embargo, lestoman fotos tanto en la base militar como en el trayecto a Ciudad deGuatemala, que es la que aparece en Prensa Libre el tres de mayo, a pesar deque hasta ese momento no los haba escuchado ningn juez ni les habancomunicado el motivo de su detencin.

Los detenidos son sealados y acusados por personas civiles.

Son interrogados y golpeados en el destacamento militar de Barillas, antes desu conduccin al juez.

Los trasladan a Guatemala, llegan a las tres de la maana y sin que los hayaescuchado ningn juez ni les hayan dicho de porque estaban detenidos, losingresan en el Preventivo. A la una de la tarde del da 3 escuchan por vezprimera a dos de los capturados, y a las tres de la tarde a otros siete. El juez deGuatemala hace la advertencia de que el plazo constitucional de las seis horasy de las 24 horas contenidos en el 6 y el 10 constitucional esta violentado.

La violacin de la Constitucin PolticaPara los abogados de la defensa, las detenciones en Barillas violentan estosartculos constitucionales:

Artculo 6. Detencin legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sinopor causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley porautoridad judicial competente. Se exceptan los casos de flagrante delito o falta.Los detenidos debern ser puestos a disposicin de la autoridad judicialcompetente en un plazo que no excede de seis horas, y no podrn quedarsujetos a ninguna otra autoridad.


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El funcionario u otro agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en esteartculo ser sancionado conforme a la ley, y los tribunales de oficio iniciarn elproceso correspondiente.

Artculo 7. Notificacin de la causa de detencin. Toda persona detenida deberser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que

motiv su detencin, autoridad que la orden y lugar en el que permanecer. Lamisma notificacin deber hacerse por el medio ms rpido a la persona que eldetenido designe y la autoridad ser responsable de la efectividad de lanotificacin.

Artculo 10. Centro de detencin legal. Las personas aprehendidas por laautoridad no podrn ser conducidas a lugares de detencin, arresto o prisindiferentes a los que estn legal y pblicamente destinados al efecto. Loscentros de detencin, arresto o prisin provisional, sern distintos a aquellos enque han de cumplirse las condenas.

La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artculo,sern personalmente responsables.

Artculo 13. Motivos para auto de prisin. No podr dictarse auto de prisin sinque proceda informacin de haberse cometido un delito y sin que concurranmotivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo hacometido o participado en l.

Las autoridades policiales no podrn presentar de oficio, ante los medios decomunicacin social, a ninguna persona que previamente no haya sidoindagada por tribunal competente.

Artculo 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo enmateria penal cuando favorezca al reo.

Los detenidos que permanecen en el Preventivo de la zona 18 son:

Diego Juan Sebastin,Andrs Len Andrs Juan,Joel Gaspar Mateo,Ventura Juan,

Antonio Rogelio Velsquez Lpez,

Pedro Vicente Nez Bautista,Amado Pedro Miguel yPascual de Pascual Pedro.

Debido a que la captura y el encarcelamiento son ilegales, los abogados y lasfamilias, as como las comunidades y organizaciones, solicitan su liberacin conuna sentencia del juez que declare su inocencia. Esta sentencia debe tambindictar medidas de reparacin a sus familiares y sus comunidades, por los daoscausados por este injusto encarcelamiento.


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5. PERSECUCIN POLTICA: BARILLAS COMO ENSAYODE CRIMINALIZACIN DE LUCHAS SOCIALES

La restriccin de libertades y derechos ataca a las comunidades y organizacionesopuestas a Hidro Santa Cruz, la empresa de capital espaol gestora de la

hidroelctrica Cambalam. Para Hidro Santa Cruz y las instituciones estatales, lasorganizaciones, lderes y lideresas forman parte de asociaciones criminalesilcitas, discurso que repiten personeros de la empresa, Ministro de Gobernacin oPresidente del Gobierno.

La deslegitimacin no es solamente de palabra ni amenaza, sino se traduce enhechos. En Barillas, adems de los diez capturados y presos, estn vigentes 23rdenes de captura (10 ms temporalmente retiradas) y existen listas con nombresde aproximadamente 100 personas, incluyendo las fotografas de los mismos, quepueden ser detenidas y apresadas en cualquier momento. Las rdenes de capturason por plagio y secuestro, amenazas e instigacin a delinquir, y terrorismo. Se

usa la figura delictiva de actividades de narcotrfico de manera tergiversada,porque la aplican a una asociacin u organizacin de carcter comunitario que seopone al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.

La consecuencia es la restriccin progresiva y permanente de derechos ylibertades. Hay mucha preocupacin, mucho miedo. Nunca en nuestro municipio,nunca en la historia de Barillas hemos sufrido persecucin, hasta que la empresallega y hace todo eso a las comunidades, a los lderes y a las lideresas, afirmauna lideresa con orden de captura.


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La persecucin estatal convierte a los capturados en presos polticos y enpersecucin poltica las rdenes de captura.

La alternativa es el fortalecimiento y protagonismo de las organizaciones sociales,la capacidad de decisin de las comunidades sobre su territorio y bienes, la no

injerencia de empresas y en general de actores extranjeros en asuntos internos delos municipios. En fin, la reconstruccin de un Estado y un modelo de organizacincon lgicas autnomas, comunitarias, de inters colectivo.


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6.PROPUESTA: EL FIN DE LA PERSECUCIN A LAS

LUCHAS Y LOS LUCHADORES SOCIALES EN DEFENSA

DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

La posibilidad de que el modelo de persecucin desarrollado en Barillas segeneralice a todo el pas (estados de sitio, restriccin de derechos, criminalizacinpersecucin, capturas masivas) obliga a redoblar los esfuerzos de denuncia de lasactuaciones de la empresa y las instituciones.

Para Hegoa, Instituto de estudios sobre Desarrollo y CooperacinInternacional/Universidad del Pas Vasco, implica apoyar los esfuerzos de las

organizaciones con las que colaboramos en Guatemala, desde nuestros espaciosde investigacin, anlisis, difusin y sensibilizacin, comprometindonos a trabajarsolicitando:

La anulacin de un proceso jurdico viciado.

La liberacin de los presos polticos, con una sentencia del juez que declare suinocencia. Esta sentencia debe tambin dictar medidas de reparacin a susfamiliares y sus comunidades, por los daos causados por este injustoencarcelamiento.

La revocatoria de las rdenes de captura.

El encarcelamiento de los responsables intelectuales del asesinato del primerode mayo,

La salida de Hidro Santa Cruz de Barillas, por su actuacin impositiva, violenta,divisionista y contraria a los intereses y deseos de las comunidades.

El respeto al trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias,representantes de los intereses de la poblacin, que actan de forma legtimaen defensa de derechos colectivos.

La restitucin y fortalecimiento de los derechos colectivos, especialmente elderecho de opinin y decisin, gravemente amenazados.

El respeto a las decisiones de las comunidades.


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7.REFERENCIAS

Sobre la actuacin de Hidro Santa Cruz y el grupo empresarialpromotor

Una extensa recopilacin de irregularidades del grupo empresarial de CastroValdivia se encuentra en www.laopinioncorua.es. Los informes del TSXG y delConsello de Contas de Galicia pueden ser solicitados [email protected].

ww.memorialguatemala.blogspot.com. Hidro Santa Cruz, de la A hasta la Z yEjrcitos, gobiernos y empresas en el Estado neoliberal militarista. El caso HidroSanta Cruz.

Sobre los vicios del proceso jurdico

Entrevistas a abogados Carlos Bezares y Sergio Vives.

Informe Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej.

Informe de la Unidad de los Defensores de Derechos Humanos de Guatemala,UDEFEGUA.

Sobre las reuniones y actividades comunitarias donde se exige la

salida de Hidro Santa CruzSolicitar [email protected].

Recopilacin de prensa

Solicitar [email protected].

Informes de Misiones de Verificacin realizadas por Hegoa

Octubre de 2012: Gonzalo Fernndez Ortz de Zrate y Javier Gonzlez lvarez.

Noviembre de 2012: Juan Hernndez Zubizarreta.
http://www.xn--laopinioncorua-2nb.es/http://www.xn--laopinioncorua-2nb.es/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.xn--laopinioncorua-2nb.es/

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