GUIA PARA EL AUTOEMPLEO - ccooautonomos.es · 1 GUIA PARA EL AUTOEMPLEO PROLOGO La guía que tienes...

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1 GUIA PARA EL AUTOEMPLEO PROLOGO La guía que tienes en tus manos se ha elaborado para facilitar, a cualquier trabajadora o trabajador, la creación de su propio puesto de trabajo a través de la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional. Para ello, se han marcado dos objetivos muy concretos: a) facilitarte elementos de análisis que permitan reducir las incertidumbres y miedos ante esta idea; y, b) proponerte un guion de trabajo que ayude al desarrollo de tu idea de una forma rigurosa y profesional. A lo largo del texto, que se ha procurado simplificar haciendo énfasis en los conceptos fundamentales, se describe el proceso de creación de un negocio de forma intuitiva, echando mano del sentido común y de la experiencia que todas y todos tenemos en el mundo de la economía práctica. El propósito de esta guía no es agotar cada tema referido, en el campo del Derecho o de la Economía de la Empresa, sino precisamente ofrecerte un mapa amplio de cuestiones que pueden serte de interés y hacer una breve referencia al contenido habitual en los manuales para elaborar Planes de Negocio, que deberá ser ampliado según lo exija el día a día de cada uno. Por tanto, no debes utilizar esta guía como un manual rígido y muy académico, sino como una estructura de trabajo que te ofrece ideas y sugerencias y a la que tú debes aportar tus propios puntos de vista y reflexiones a partir de tu propia observación. Ten siempre presente que el proyecto que vas a desmenuzar es para ti, que debe servir para que te formules las preguntas más importantes antes de lanzarte a la actividad, antes de que no puedas echarte atrás. Y tampoco debes olvidar que es muy recomendable apoyarse en otras personas que, bien por experiencia, bien por formación, pueden aportarte una orientación que evitará que cometas los errores más comunes o que pierdas el tiempo en senderos que te llevarán a ninguna parte. Procura contactar con quienes ya trabajen en el sector de tu interés y con quienes se dedican al asesoramiento en esta materia. Finalmente, no compartimos el planteamiento de moda con relación al emprendimiento y al autoempleo. Desde una postura crítica con la línea oficial y utilizando argumentos políticos y técnicos, en esta guía encontrarás otros puntos de vista sobre la orientación de una actividad económica y sobre cómo debe enfrentarse. El autoempleo siempre nos ha parecido una opción más cuándo es elegida libremente y no como única salida a quienes han sufrido procesos de externalización sin sentido económico y como consecuencia de una visión cortoplacista de las empresas. En definitiva, la puesta en marcha un negocio es un asunto más complejo que el mero cumplimiento de unos trámites administrativos o la obtención de una licencia municipal.

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GUIA PARA EL AUTOEMPLEO 

 

PROLOGO 

La guía que tienes en tus manos se ha elaborado para facilitar, a cualquier trabajadora o trabajador, la creación de su propio puesto de trabajo a través de la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional. 

Para ello, se han marcado dos objetivos muy concretos: 

a) facilitarte elementos de análisis que permitan reducir las incertidumbres y miedos ante esta idea; y, 

b) proponerte un guion de trabajo que ayude al desarrollo de tu idea de una forma rigurosa y profesional. 

A lo largo del texto, que se ha procurado simplificar haciendo énfasis en los conceptos fundamentales, se describe el proceso de creación de un negocio de forma intuitiva, echando mano del sentido común y de la experiencia que todas y todos tenemos en el mundo de la economía práctica. 

El propósito de esta guía no es agotar cada tema referido, en el campo del Derecho o de la Economía de la Empresa, sino precisamente ofrecerte un mapa amplio de cuestiones que pueden serte de interés y hacer una breve referencia al contenido habitual en los manuales para elaborar Planes de Negocio, que deberá ser ampliado según lo exija el día a día de cada uno. 

Por tanto, no debes utilizar esta guía como un manual rígido y muy académico, sino como una estructura de trabajo que te ofrece ideas y sugerencias y a la que tú debes aportar tus propios puntos de vista y reflexiones a partir de tu propia observación. Ten siempre presente que el proyecto que vas a desmenuzar es para ti, que debe servir para que te formules las preguntas más importantes antes de lanzarte a la actividad, antes de que no puedas echarte atrás. 

Y tampoco debes olvidar que es muy recomendable apoyarse en otras personas que, bien por experiencia, bien por formación, pueden aportarte una orientación que evitará que cometas los errores más comunes o que pierdas el tiempo en senderos que te llevarán a ninguna parte. Procura contactar con quienes ya trabajen en el sector de tu interés y con quienes se dedican al asesoramiento en esta materia. 

Finalmente, no compartimos el planteamiento de moda con relación al emprendimiento y al autoempleo. Desde una postura crítica con la línea oficial y utilizando argumentos políticos y técnicos, en esta guía encontrarás otros puntos de vista sobre la orientación de una actividad económica y sobre cómo debe enfrentarse. El autoempleo siempre nos ha parecido una opción más cuándo es elegida libremente y no como única salida a quienes han sufrido procesos de externalización sin sentido económico y como consecuencia de una visión cortoplacista de las empresas. En definitiva, la puesta en marcha un negocio es un asunto más complejo que el mero cumplimiento de unos trámites administrativos o la obtención de una licencia municipal. 

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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

1. EMPRESA Y EMPRESARIO 

1.1. Concepto de Empresa 

El concepto de empresa, que no debe confundirse con los conceptos de explotación o sociedad mercantil, no es único sino fruto de la combinación de varios enfoques. 

Desde un punto de vista macroeconómico, la empresarial es una de las actividades que genera riqueza en un país, en forma de valor añadido, al igual que lo producen las actividades sociales y culturales, entre otras. Dicho valor añadido surge como diferencia entre el valor del producto que cada actividad proporciona a la sociedad con relación a la suma de los valores de los factores empleados para su generación. Así, el valor añadido de una actividad social viene determinado por la satisfacción proporcionada a la sociedad en su conjunto, y a las y los beneficiarios en particular, frente al conjunto de recursos empleados para alcanzar tal fin. 

En el caso de la actividad empresarial, el valor añadido se consigue transformando las materias primas, mediante el trabajo de las personas y los equipos (capital productivo) que el empresario tiene a su disposición y que combina a través de una tecnología determinada. El objetivo de la empresa será obtener un producto final de mayor valor que la suma de los valores de los factores utilizados y que sirva para cubrir las necesidades de los consumidores finales según los deseos de éstos. 

Por tanto, el concepto de empresa no es exclusivo del sistema capitalista sino que, como instrumento para la consecución de resultados eficientes, podemos encontrarla en cualquier sociedad, sea primitiva o sea avanzada. Entendemos, por resultado eficiente, la obtención del máximo producto final con el empleo de los mínimos recursos. Y serán la concreción de ese producto final y su destino los que definan los distintos sistemas económicos que, en términos generales, podemos clasificar como: 

a) sistema capitalista, en el cual el objetivo de una empresa es obtener el máximo beneficio económico‐financiero y son los propietarios de las empresas quienes deciden el destino de éste (acumulación de capital); 

b) sistema socialista, en el cual el objetivo es atender las necesidades sociales manifestadas por la sociedad directamente o bien a través del Estado como su representante; y 

c) sistema mixto, en el cual coexisten, por un lado, las empresas privadas con un planteamiento capitalista y, por el otro, el Estado y las empresas públicas cuyo papel es atender las necesidades sociales no satisfechas por las empresas privadas. 

Desde un punto de vista microeconómico, podemos decir que una empresa es una organización económica, financiera, social y jurídica, compuesta por clientes, productos y/o servicios, dirección y dinero, que combina personas, materias primas, equipos e información para 

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transformarlos en productos y/o servicios, clientes y/o usuarios satisfechos, información y dinero. 

 

Observamos que las empresas y los consumidores finales mantienen una relación circular que sustenta la actividad económica, de manera que ese doble juego combinado da lugar al llamado flujo circular de la renta de un país.  

Las empresas demandan factores (trabajo, capital productivo y materias primas) que utilizan, a través del proceso de producción definido por una tecnología, para generar los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores. Después, las empresas venden sus productos finales en el mercado de bienes y servicios al cual acuden consumidores finales u otras empresas. Y vuelven a repetir el ciclo de demanda de nuevos factores de producción que les son necesarios para producir nuevos bienes finales. 

 

 

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Los consumidores finales son demandantes de bienes y servicios y, por otra parte, obtienen sus rentas al ofrecerse como factores productivos (trabajadores, inversores o rentistas) a las empresas en el mercado de factores de producción. 

 

1.2. CONCEPTO DE EMPRESARIO  

El concepto de empresario también ha ido evolucionando con el desarrollo de las empresas, de los mercados y de la economía mundial. Entre las distintas acepciones, debemos destacar:  

a) como capitalista (K.Marx): el empresario industrial cuya única función es aportar y/o acumular capital a la empresa;  

b) como empresario‐control (J.B.Say, A.Marshall): el empresario organizador, director y controlador cuya función es la toma de decisiones estratégicas en la empresa, la cual mantiene en funcionamiento y dirige;  

c) como empresario‐riesgo (R.Cantillon): el empresario interioriza, por un lado, el riesgo técnico del proceso productivo que dirige, como diferencia entre el rendimiento material esperado y el que se produce realmente, y por otro, el riesgo económico, el cual alude a cambios en el valor de la producción;  

d) como empresario‐innovador (J.A.Schumpeter): el empresario toma decisiones sobre la combinación de factores de producción y su misión es identificar nuevas oportunidades en el ámbito económico a través de:  

� la introducción de un nuevo bien;  

� un nuevo proceso de producción;  

� la apertura de un nuevo mercado;  

� la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento; o,  

� la creación de una nueva organización dentro de una industria.  

e) como empresario‐complementador (H.Leibestein): el empresario es el intermediario encargado de conectar diferentes mercados, es capaz de suplir las diferencias del mercado, consigue inputs y crea entidades transformadoras de ouputs; o,  

f) como relación empresario vs directivo, de manera que el primero cuida de la supervivencia de la empresa mientras que el segundo es sólo un mecanismo de funcionamiento interno de ésta.  

 

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Perspectiva económica  

El empresario, sea o no propietario del negocio, desarrolla conjuntamente una serie de funciones requeridas por la empresa. 

 

Planificar supone adoptar aquellas decisiones apropiadas para alcanzar una situación futura deseada, partiendo de la situación actual, así como de los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos previstos. 

Organizar supone definir y aplicar una serie de procedimientos y reglas de funcionamiento para que los recursos disponibles (personas, materias primas y equipos productivos) alcancen los objetivos previstos. 

Dirigir supone impartir las instrucciones precisas en cada momento para que la actividad de la empresa se encamine hacia los objetivos previstos, resolviendo los problemas y dificultades que vayan surgiendo. 

Controlar supone analizar los resultados obtenidos, compararlos con los previstos y adoptar las decisiones apropiadas para corregir las desviaciones observadas. 

Negociar supone entablar relaciones con los distintos agentes que intervienen en una empresa, sean los propietarios, los trabajadores, los proveedores, los clientes, las Administraciones Públicas o los potenciales inversores, buscando la mejora constante en las situaciones actual y futura de la organización. 

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Conectar mercados supone descubrir constantemente oportunidades de negocio, haciendo llegar, a quienes demandan bienes y servicios, los productos que mejor darán satisfacción a estas necesidades. 

Liderar equipos hace énfasis en las personas y sus interrelaciones como eje del funcionamiento de cualquier organización, así como el primer recurso estratégico para la consecución de los objetivos previstos o el fracaso en el empeño. 

Innovar supone una actitud constante en busca de mejores productos y procedimientos, tanto en la eficiencia de su obtención como en la satisfacción última de los clientes, proveedores y personal de la organización. 

Financiar supone disponer de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la actividad, disponiendo de éstos en las cantidades necesarias en cada momento y a un coste asumible. 

Considerando al empresario simplemente como aquella persona que reúne los factores necesarios para emprender un negocio, deberíamos añadir una serie de elementos que además deben concurrir para el desarrollo de su actividad: 

1) debe tener un alta motivación para alcanzar el objetivo que se proponga; 

2) debe ejercer un control interno, lo cual implica que deber tener confianza en aquello que sucede y los resultados de sus acciones dependen en gran parte de su comportamiento y en lo que pueda influir en su entorno 

3) debe tener conocimientos y aptitudes adquiridos principalmente mediante su propia experiencia; 

4) debe tener cierto capital para iniciar la actividad empresarial, 

5) debe tener un proyecto factible y viable, a partir de los hechos y pruebas que le demuestran que realmente hay posibilidad de crear una empresa; y, 

6) debe encontrar un entorno favorable a la creación de ésta. 

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Perspectiva jurídica 

Una actividad mercantil viene caracterizada por su habitualidad o profesionalidad. El trabajador autónomo se convierte en empresario individual cuando ejerce su actividad concurriendo conjuntamente estas tres características: 

1) busca obtener lucro, esto es, es una actividad con contraprestación o remuneración, en contraposición al trabajo voluntario; 

2) ejerce dicha actividad de una forma planificada, no esporádica, corriendo con el riesgo y ventura de ésta, asumiendo el resultado de la actividad; y, 

3) da a conocer al mercado su actividad y su deseo de captar clientes. 

No es lo mismo habitualidad que periodicidad. Hace falta que la actividad, aunque periódica, constituya un medio de vida, por lo que se considera como empresarial aquella cuya finalidad fundamental sea atender a las necesidades y no cuando se trata de una actividad complementaria o marginal. 

La doctrina del Derecho Mercantil distingue tres conceptos: 

� empresa, como la actividad lícita desarrollada por el empresario; 

� empresario como los distintos formatos bajo los cuales se puede realizar la actividad de empresa; y, 

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establecimiento mercantil como los medios empleados para el ejercicio de la actividad o empresa. 

El trabajador autónomo o empresario individual adquiere la personalidad jurídica cuando nace y es inscrito en el Registro Civil. 

Las sociedades civiles se inscriben en el registro administrativo de la Comunidad Autónoma del domicilio social. 

Las sociedades mercantiles se constituyen según un procedimiento establecido en la ley y adquieren su personalidad al ser inscritas en el Registro Mercantil u otros similares (cooperativas, sociedades laborales). 

La normativa reguladora de las actividades empresariales o profesionales de los trabajadores autónomos y de las sociedades se encuentra básicamente en el Código de Comercio, el Estatuto del Trabajo Autónomo y en las leyes de las sociedades mercantiles (Ley de Sociedades de Capital, Ley de Cooperativas, Ley de Sociedades Laborales, Ley de Sociedades Profesionales,…). 

 

Tipos de empresario  

Sin ánimo de agotar todas las formas jurídicas posibles, deben citarse las siguientes: 

Trabajador autónomo (empresario individual) Trabajador autónomo dependiente (TRADE) Personas físicas Emprendedor persona física de Responsabilidad limitada 

Comunidad de bienes. Mínimo 2 personas. Capital social sin definir Sociedad civil (Mín. 2 per, CS sin definir) Asociación (Mín. 3 personas, patrimonio inicial sin definir) 

Civiles 

Fundación (Mín. 2 personas, dotación fundacional 30.000 €) Limitada (Mín. 1 persona, CS 3.000 €) Anónima (Mín. 1 persona, CS 60.000 €) Anónimas o Limitadas laborales (Mín. 3 personas, según la forma societaria) Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (Mín. 1 persona, CS < 3.000 €) Cooperativas (Mín. 3 personas, CS sin definir) 

Personas Jurídicas 

Mercantiles 

Profesionales (según la forma societaria por la que opte) 

   

 

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Recientemente, se ha publicado la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, la cual introduce matizaciones en las formas jurídicas ya conocidas: 

a) emprendedor de responsabilidad limitada; se define como aquella persona física que delimita su responsabilidad por las deudas contraídas por su actividad respecto de su vivienda habitual, siempre que: 

• esta limitación se inscriba en el Registro Mercantil; y, 

• el valor, según el criterio del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en el momento de su inscripción, no supere los 300.000,00 euros (en el caso de poblaciones de más de un millón de habitantes, el valor puede alcanzar los 450.000,00 euros). 

b) sociedad limitada de formación sucesiva; se define como aquella sociedad que, en su constitución, lo hace con un capital inferior a 3.000,00 euros y básicamente, mientras mantiene esta situación, cumple con los siguientes requisitos: 

• destina a reserva legal el 20% del beneficio obtenido, sin límite de cantidad; 

• después de cubrir la reserva legal y otras obligaciones legales y estatutarias, no podrá repartir dividendos que dejen el valor del patrimonio neto de la sociedad por debajo de 1.800,00 euros; y, 

• la suma anual de las retribuciones abonadas a socios y administradores por el mero ejercicio de estos cargos no podrá superar el 20% del valor del patrimonio neto en ese ejercicio, sin perjuicio de las retribuciones por su actividad por cuenta ajena o por la prestación de servicios profesionales a ésta. 

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1.3. RESPONSABILIDAD 

El trabajador autónomo es responsable de cualquier obligación que surja en el ejercicio de su actividad con todo su patrimonio presente y futuro. 

En el caso de que esté casado, su cónyuge puede limitar el alcance de esta responsabilidad bien a través de las capitulaciones matrimoniales (régimen de separación de bienes), bien a través de la inscripción en el Registro Mercantil de dicha limitación. 

En las sociedades civiles, los comuneros son responsables de la misma forma que si actuaran como trabajadores autónomos. 

En las sociedades mercantiles, la responsabilidad es de la entidad y de sus Administradores (Único, Mancomunados, Solidarios o Consejo de Administración) según establezcan sus estatutos en los términos que delimiten la ley de aplicación a cada tipo de entidad. Respecto a los socios, la legislación aplicable en cada caso delimita dicha responsabilidad; en las sociedades limitada y anónima queda limitada a su aportación económica (capital social). 

En otro tipo de entidades (asociaciones, fundaciones), la responsabilidad es de la entidad y de quienes realizan las labores de dirección como miembros de sus órganos de gobierno (Junta Directiva, Patronato) según establezcan sus estatutos y la ley de aplicación a cada tipo de entidad. 

Para poder hacer frente a estas responsabilidades, el empresario tiene la posibilidad de suscribir distintos tipos de seguros, entre lo que conviene señalar: 

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• seguros de responsabilidad civil, que tienen como finalidad cubrir las indemnizaciones que deba satisfacer, como responsable de los daños causados a terceros; 

• seguros de responsabilidad profesional, que tienen como finalidad hacer frente a los daños personales y materiales que, involuntariamente, por sus errores u omisiones, el profesional haya podido causar a sus clientes, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar; estos seguros no sólo son una garantía para los profesionales, sino también para quienes contratan sus servicios; o,  

• seguros de caución, o de garantía, que tienen como finalidad proteger al acreedor de los perjuicios que sufra en caso de que el empresario o profesional incumpla sus obligaciones, legales o contractuales, que mantenga con éste.  

 

La responsabilidad social hace referencia al compromiso u obligación de una entidad, ya sea un Gobierno, una corporación o un empresario individual frente a la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración, que puede ser positiva o negativa, al impacto que una decisión empresarial tiene desde distintas perspectivas; destacando las éticas, medioambientales, laborales, legales,… Generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad pública.  

1.4. OBLIGACIONES MERCANTILES  

Un contrato, en general, es un acuerdo por el cual una o más personas se obligan, con otra u otras, a dar, hacer, o no hacer alguna cosa.  

Un contrato mercantil o contrato comercial es un acto jurídico bilateral que trata sobre actos de comercio, bien sea porque en él interviene al menos un empresario o profesional, bien porque su objeto sea mercantil.  

La legislación aplicable a los contratos mercantiles tiene algunas diferencias importantes con relación a la regulación civil, pues busca adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil, el cual necesita soluciones distintas (normalmente más ágiles y rápidas) que el ámbito civil. Así, los contratos mercantiles en general no tienen forma y son exigibles sin que sea posible la gracia o dispensas de las obligaciones contractuales.  

Los contratos mercantiles se rigen por la legislación mercantil, esto es, por el Código de Comercio, por las Leyes especiales en materia mercantil, por las reglas generales de la contratación del Derecho Civil y por el uso y costumbre.  

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El contrato tiene todos los elementos y requisitos propios de cualquier acto jurídico, cuales son:  

• elementos personales: los sujetos del contrato pueden ser personas físicas o jurídicas con la capacidad jurídica, y de obrar, necesaria para obligarse;  

• elementos reales: la prestación (cosa u objeto del contrato) y la contraprestación; y,  

•  elementos formales: la forma es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en la celebración de un contrato; en algunos contratos es posible que se exija una forma específica de celebración.  

 

Para que un contrato en general se perfeccione, esto es, tenga plena validez en el mundo del Derecho, debe reunir tres requisitos:  

1) consentimiento, que supone la manifestación libre y no viciada de la oferta y de su aceptación en relación al objeto y a la causa que da lugar al acuerdo;  

 

El consentimiento se entiende viciado cuando cualquiera de las personas que lo han dado lo han hecho bajo coacción (intimidación), habiendo sufrido violencia, mediante artificios contrarios a la buena fe (dolo) o por error.  

2) objeto, que alude a todas las cosas que estén dentro del comercio de las personas, incluso las futuras. En este sentido, el objeto debe ser posible, cierto y lícito.  

3) causa cierta, esto es, un contrato no tiene causa cuando se simula, es decir cuando el fin real es una apariencia de negocio o acuerdo. El contrato siempre debe tener una causa.  

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1.5. CONTABILIDAD 

La contabilidad es una ciencia que reúne una serie de perspectivas y técnicas cuyo objetivo es conocer la situación real del patrimonio de una persona o entidad, cómo ha obtenido de resultados derivados de su actividad y la situación financiera en que ésta se desarrolla. 

Todos los empresarios, sea cual fuera su tipo, tienen la obligación de la llevanza de una contabilidad ajustada al Código de Comercio y a su legislación específica. 

Dicha contabilidad será adecuada a las características de cada actividad, aunque desde un punto de vista técnico (normas de valoración, estados contables,…) debe cumplir con lo previsto en los Planes Generales de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 

La contabilidad es una herramienta de uso tanto en el ámbito mercantil como civil, en entidades públicas o privadas, que como tal puede ser útil para varias finalidades: 

• información para el trabajador autónomo o para los socios en sociedades sobre la marcha de la actividad; 

• registro de operaciones; 

• datos para liquidaciones fiscales; 

• permite calcular el patrimonio común a dividir en caso divorcio o reparto de herencia; 

• será requerida por el Juez de lo Mercantil en el caso de apertura de un procedimiento concursal, tanto voluntario como necesario; y, 

• aportará datos a financiadores e inversores. 

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En el caso de las sociedades mercantiles así como de otras personas jurídicas, todos los ejercicios deberán depositarse en el registro correspondiente: 

a) los Libros contables oficiales (Libro Diario y Libro de Balances e Inventario); y, 

b) las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria explicativa). 

 

 

FISCALIDAD 

1. AUTOEMPLEO INDIVIDUAL 

La fiscalidad se puede definir como aquel conjunto de normas y reglamentaciones que regula el sistema organizado por una Hacienda Pública para  fijar, controlar y recaudar  sus ingresos públicos. 

Para un empresario individual o autónomo, sus obligaciones fiscales van en función del tipo y volumen de la actividad económica que desarrolle.  

El trabajador autónomo tributa a través del  IRPF por  los rendimientos  íntegros de  las actividades económicas ejercidas cuando: 

a) procedan del trabajo personal y/o del capital, 

b) el ejercicio de estas actividades se realice por cuenta propia y bajo su dirección, 

c) con o sin plantilla y medios de producción a su cargo, y 

d) con ánimo de producir o distribuir bienes y/o servicios 

Para  el  cálculo  de  estos  rendimientos,  el  trabajador  autónomo  dispone  de  varios métodos  que  podrá  elegir  dependiendo  de  la  actividad  económica  (empresarial, profesional o artística) a desarrollar: 

a) Estimación Directa: 

a. normal 

b. simplificada 

b) Estimación Objetiva por módulos. 

Cada  actividad  económica,  identificada  por  su  epígrafe  en  el  IAE,  tiene  asignado  un método  de  cálculo  por  defecto.  Así,  las  actividades  profesionales  y  artísticas  sólo pueden usar el método de Estimación Directa. Por el contrario, en las empresariales hay una lista cerrada de actividades en las cuales el empresario puede optar por el método 

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objetivo  (módulos)  o  por  el  directo;  Hacienda  supondrá  que  el  empresario  elige  la Estimación Objetiva salvo que expresamente opte por la Estimación Directa (renuncia) o legalmente no pueda acogerse  (exclusión). Para el  resto de actividades empresariales, esto es, para las actividades que no figuren en la lista citada, el método a utilizar será el de Estimación Directa. 

Sólo para  las actividades en Estimación Objetiva por módulos, el trabajador autónomo puede  renunciar  a  este método  y  acogerse  al  de  Estimación  Directa;  en  este  caso, deberá  permanecer  tres  ejercicios  hasta  poder  optar  nuevamente  por  regresar  a Estimación Objetiva. La renuncia podrá hacerse: 

• al iniciar la actividad; 

• en  el mes  de  diciembre  antes  del  inicio  del  ejercicio  en  que  se  producirá  el cambio; ó, 

• al presentarse el pago fraccionado por Estimación Directa dentro del plazo del primer trimestre (hasta el 20 de abril). 

La  liquidación  del  rendimiento  íntegro  de  la  actividad  se  realizará  con  el  resto  de rendimientos sujetos al IRPF en la declaración anual (mayo‐junio). 

ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA 

Este  método  está  dirigido  a  trabajadores  autónomos  que  desarrollen  actividades económicas: 

no acogidas al método de Estimación Objetiva por módulos; 

cuya cifra de negocio anual sea inferior a 600.000,00 euros; 

no hayan renunciado a su aplicación; y, 

no realicen actividades que le obliguen al método de Estimación Directa normal. 

El cálculo del  rendimiento económico  se obtiene a  través de  la  facturación,  tanto  la emitida a los clientes como la recibida de proveedores y acreedores, según la siguiente expresión:  

Ingresos computables – Gastos deducibles – Reducciones 

Los  trabajadores  autónomos  que  tributen  en  este  régimen,  deberán  llevar  los siguientes libros fiscales: 

a) Actividades empresariales: deben llevarse libros registro de: 

• ventas e ingresos, • compras y gastos, y • bienes de inversión. 

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b)  Actividades  profesionales:  además  de  los  libros  mencionados  en  el  apartado anterior, se llevará el libro registro de provisión de fondos y suplidos. 

Las facturas emitidas por profesionales deberán llevar una retención a cuenta del IRPF, a  ingresar en  la AEAT por el  cliente  y por  cuenta del profesional, por  los  siguientes importes sobre la base imponible: 

‐ 19% en general; ó, ‐ 9% cuando se inicie la actividad por primera vez y a lo largo de ese ejercicio y los 

dos siguientes; de ello deberá informarse por escrito a los clientes 

No hay obligación de realizar pagos fraccionados cuando se ejercen actividades profesionales y, al menos, al 70% de nuestros ingresos se les ha practicado la retención por IRPF. 

 

ESTIMACION DIRECTA NORMAL 

Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades económicas por importe superior a 600.000,00 euros liquidarán sus rendimientos según este método. 

Con relación a la llevanza de libros fiscales así como condiciones y plazos para la realización de pagos fraccionados, se siguen los mismos criterios que para el régimen de Estimación Directa Simplificada. 

 

ESTIMACION OBJETIVA POR MÓDULOS 

Podrán optar por este método de estimación de rendimientos aquellos trabajadores autónomos cuando básicamente se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que  todas  sus actividades estén  incluidas en  la Orden anual que desarrolla el régimen de estimación objetiva y no rebasen los límites de cada actividad. 

b) Que el volumen de rendimientos   del año anterior, sea  inferior a 300.000 € en actividades  agrícolas  y  ganaderas  y  450.000  €  para  la  suma  de  todas  las actividades, incluidas las agrarias. 

c) Que  el  volumen  de  compras  del  ejercicio  anterior,  sea  inferior  a  300.000  € anuales, sin tener en cuenta las adquisiciones de inmovilizado.  

d) Que  las  actividades  económicas  no  sean  desarrolladas,  total  o  parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del  IRPF  (las actividades de transporte urbano, autotaxis y servicios de mudanzas si se incluyen en el IRPF). 

e)  Que  el  volumen  conjunto  de  rendimientos  íntegros  para  las  actividades  de transporte  de mercancías  por  carretera  (epígrafe  722  IAE)  y  de  servicios  de mudanzas (epígrafe 757 IAE) no supere los 300.000 €. 

f) Para  determinadas  actividades  económicas,  cuyas  contraprestaciones  estén sujetas  al 1% de  retención,  cuando el  volumen de  rendimientos  íntegros del año  anterior  de  dichas  actividades  supere  50.000  €  anuales  y  además 

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represente más del 50 % del volumen total de rendimientos  íntegros de estas actividades ó 225.000 € anuales. 

g) Que  no  hayan  renunciado  expresa  o  tácitamente  a  la  aplicación  de  este régimen. 

h) Que no hayan renunciado o estén excluidos de  los regímenes simplificados del IVA y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Que no hayan renunciado al régimen especial de  la agricultura, ganadería y pesca del  IVA, ni al régimen especial de la agricultura y ganadería del IGIC. 

i) Ninguna actividad ejercida esté en estimación directa.  

 

El  cálculo  de  los  rendimientos  íntegros  no  dependerá  de  la  facturación  sino  de multiplicar  los  importes unitarios de  los módulos por el número de unidades de cada uno empleadas. 

Cada actividad económica tiene sus propios módulos. 

Aunque  no  es  obligatoria  la  llevanza  de  libros  fiscales,  los  trabajadores  autónomos bajo este régimen deben guardar: 

.  las facturas emitidas; 

.  las facturas recibidas; 

.  las facturas de bienes de inversión; y, 

.  los  justificantes  del  número  de  unidades  empleadas  para  el  cálculo  de  los rendimientos. 

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En el caso de algunas actividades, el cliente que sea empresario o profesional (no  los particulares) tiene la obligación de practicar una retención del 1% de la base imponible de  cada  factura  e  ingresarla  en  la  Agencia  Tributaria  a  nombre  del  trabajador autónomo que esté en el  régimen de Estimación Objetiva. Las actividades afectadas son, identificadas por su epígrafe del IAE: 

grupos  3  y  4  (carpintería  metálica,  y  actividades  de  fabricación  de  artículos  de ferretería, de piezas de carpintería, de muebles o de prendas de vestir, etc.) 

grupo 5 (actividades vinculadas con la construcción); y, 

grupo 7  (en  lo relativo al transporte de mercancías, excluyendo el de viajeros ya sea colectivo o en taxis). 

Con  relación a  las condiciones y plazos para  la  realización de pagos  fraccionados,  se siguen los mismos criterios que para el régimen de Estimación Directa Simplificada. 

 

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Impuesto  que  grava  a  trabajadores  autónomos,  que  desarrollen  actividades empresariales, profesionales o artísticas. 

‐ las personas  físicas,  tanto  si  realizan una actividad empresarial como profesional están exentos de este impuesto. 

Dicha  exención  no  exime  de  la  obligación  de  presentar  una  declaración  de  alta, variación  y/o  baja  del  Impuesto,  aunque  esta  obligación  se  cumple  a  través  de  la Declaración Censal (modelo 036 ó 037). 

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

El  IVA es un tributo de naturaleza  indirecta que recae sobre el consumo y que grava expresamente: 

a) las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales; 

b) las adquisiciones intracomunitarias; y, 

c) las importaciones de bienes. 

La gestión del IVA dependerá del régimen que corresponda en función de la actividad a desarrollar. Entre las varias posibilidades, los regímenes más importantes son: 

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• el Régimen General que se aplicará cuando no proceda aplicar ninguno de  los especiales, se renuncie a ellos o se quede excluido; 

• el Régimen Simplificado (módulos); y, 

• el Régimen Especial de Recargo de Equivalencia. 

Si  tomamos  como  criterio el  sector de actividad,  los empresarios autónomos  tienen varios  régimen de IVA según el colectivo al que pertenezcan: 

• los  comerciantes  minoristas,  si  reúnen  los  requisitos  necesarios,  tributan obligatoriamente en el Régimen del Recargo de Equivalencia; en caso contrario lo  harán  en  Régimen  General.  En  algunos  supuestos  pueden  tributar  en  el Régimen Simplificado; 

• los autónomos del sector servicios pueden tributar en el Régimen General o en el Régimen Simplificado, en algunos casos; 

• los profesionales, artistas y deportistas tributarán en el Régimen General. 

Hay una relación de actividades que están exentas del pago del IVA; la exención afecta exclusivamente  a  la  actividad  concreta  exenta,  pero  no  afecta  en  ningún  caso  ni  al régimen del resto de actividades que se ejerzan conjuntamente con la primera ni a las facturas que la o el trabajador autónomo reciba de sus proveedores y acreedores; así: 

• se indicará esta exención, y el artículo correspondiente de la Ley del IVA, en las facturas emitidas por la actividad exenta, y, pagará, sin derecho a deducción, el IVA de las facturas que le presenten sus proveedores y acreedores relacionadas con dicha actividad exenta. 

Régimen General 

Resulta aplicable cuando no lo sea ninguno de los regímenes especiales o bien, cuando se haya renunciado o se quede excluido del simplificado o del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 

Debe recordarse que no todo el IVA soportado es deducible y que, en caso de serlo, puede aplicarse hasta en los cuatro ejercicios posteriores a la fecha de emisión de la factura. 

El trabajador autónomo tiene la obligación de expedir, entregar y conservar copia de los siguientes documentos: 

• en general, factura completa, y, • f

actura simplificada, en determinadas operaciones (comercio minorista,...) y por 

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un importe inferior a 3.000,00 euros, IVA incluido. 

Debe exigir la entrega de factura y guardarla para justificar el IVA soportado y deducido. 

Con relación a los libros fiscales, el trabajador autónomo deberá llevar los siguientes registros: 

a) Libro de facturas emitidas; 

b) Libro de facturas recibidas; 

c) Libro de bienes de inversión, esto es, de elementos que sustentan la actividad económica y serán utilizados en varias operaciones y/o ejercicios; y, 

d) Libro de operaciones intracomunitarias, recogiendo las operaciones con países del Mercado Único Europeo. 

Mientras esté dado de alta, el trabajador autónomo presentará obligatoriamente cada trimestre una autoliquidación cuyo resultado puede ser a pagar, compensar, o devolver (sólo en el 4º trimestre). En su caso, la declaración puede ser sin actividad. 

 REGIMEN SIMPLIFICADO 

Resulta  aplicable  exclusivamente  cuando  el  trabajador  autónomo  calcula  sus rendimientos íntegros para el IRPF mediante el método de Estimación Objetiva. Ambos regímenes  funcionan  de  forma  inseparable,  de  forma  que  las  decisiones  sobre  uno afectan automáticamente al otro. 

Los requisitos básicos para poder acogerse a este régimen serían: 

a) los mismos que para el método de Estimación Objetiva en el IRPF; 

b) en  caso  de  ejercer  varias  actividades  económicas,  todas  ellas  en  Estimación Objetiva respecto al IRPF, se tendrá en cuenta respecto al IVA que: 

• exclusivamente podrán convivir actividades en Régimen Simplificado del IVA con actividades en Recargo de Equivalencia (comercio minorista) del IVA; y, 

• las únicas excepciones a este requisito son  las actividades exentas y el arrendamiento de inmuebles que no supongan actividad empresarial. 

c) si no se cumplen los requisitos anteriores, habría que cambiar: 

• respecto al IRPF, todas las actividades pasarían a Estimación Directa; y, 

• respecto al IVA, las actividades en Régimen Simplificado del IVA pasarían al Régimen General. 

El cálculo del  IVA  repercutido no dependerá de  la  facturación sino de multiplicar  los importes unitarios de los módulos por el número de unidades de cada uno empleadas. 

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De esta cantidad podrán deducirse, en las condiciones establecidas, las cuotas del IVA soportadas en: 

• la adquisición de bienes y servicios corrientes; y, 

• la adquisición de los activos fijos afectos a la actividad. 

No obstante, el resultado de las operaciones corrientes (IVA devengado menos el IVA soportado  en  las  operaciones  propias  de  la  actividad)  no  puede  ser  inferior  a  un mínimo que se establece para cada actividad. 

Cada actividad económica tiene sus propios módulos 

Aunque no es obligatoria la llevanza de libros fiscales, los trabajadores autónomos bajo este régimen deben guardar: 

a) las facturas emitidas; 

b) las facturas recibidas; 

c) las facturas de bienes de inversión; y, 

d) los  justificantes  del  número  de  unidades  empleadas  para  el  cálculo  de  los rendimientos. 

Con  relación a  las condiciones y plazos para  la  realización de pagos  fraccionados,  se siguen los mismos criterios que para el régimen de Estimación Directa Simplificada. 

 

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RÉGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA 

Régimen aplicable de forma OBLIGATORIA PARA EL COMERCIO MINORISTA, esto es, a trabajadoras y trabajadores autónomos que ejercen de forma habitual la venta de bienes y semovientes (ganado de cualquier tipo), sin haberlos sometido a ningún proceso de fabricación, elaboración o manufacturación, a consumidores finales de forma preferente. 

El carácter preferente se acredita cuando: 

a) el volumen de ventas dirigidas a consumidores finales en el ejercicio anterior debe haber superado el 80% de las ventas totales; o, 

b) el epígrafe del IAE de la actividad ejercida es de comercio minorista, si no se tuvo actividad en el ejercicio anterior y se ha optado por el método de Estimación Objetiva para calcular el rendimiento íntegro. 

No se podrá aplicar el régimen de Recargo de Equivalencia si el comercio se ejerce sobre una serie de bienes, entre otros: 

• vehículos a motor, embarcaciones y aeronaves 

• accesorios y piezas de recambio de los anteriores 

• joyas, alhajas y bisutería con piedras preciosas 

• prendas de vestir con pieles de carácter suntuario 

• bienes de segunda mano 

Si no se cumplen los requisitos anteriores, se aplicará el Régimen General del IVA. 

En cuanto a su mecanismo de funcionamiento, consiste en que los proveedores del trabajador autónomo incluirán en la factura que emitan un porcentaje adicional. Al pagar la factura, éste queda eximido de obligaciones por el IVA, salvo en operaciones: 

• con países de la Unión Europea (intracomunitarias) 

• en la recuperación de materiales de desecho (inversión sujeto pasivo) 

• en la venta de inmuebles con renuncia a la exención por reinversión 

 

 

23   

 

 

 

El trabajador autónomo que esté sometido al Régimen Especial de Recargo de Equivalencia tiene la obligación de:  

• comunicar al proveedor o en la Aduana, la aplicación de este régimen  

• emitir factura sólo cuando:  

• nos lo soliciten, especialmente quienes actúen como empresarios o profesionales o una Administración Pública; ó,  

• en operaciones con países de la Unión Europea (intracomunitarias).  

 

Por el contrario, no hay obligación de:  

• emitir factura cuando no nos lo soliciten;  

• llevar libros a efectos tributarios, aunque SI hay obligación a efectos mercantiles; y,  

• presentar declaraciones del IVA.  

 

 

2. AUTOEMPLEO COLECTIVO 

2.1 Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes 

La fiscalidad de las sociedades civiles y comunidades de bienes, es prácticamente idéntica que para los autónomos, presentando los mismos impuestos, tanto  IRPF como en IVA, pero con algunas particularidades.  

IRPF 

A nivel de IRPF, los comuneros, así llamados a los trabajadores que forman parte de la asociación, sea Sociedad Civil o Comunidad de Bienes, declaran su IRPF correspondiente de forma individual, según el porcentaje de imputación de rendimientos del negocio al que hayan llegado de mutuo acuerdo con el resto de comuneros. Lo normal es que los rendimientos del negocio se imputen de forma proporcional al número de trabajadores autónomos. Es decir, que en el caso de una sociedad civil formada por dos trabajadores autónomos, cada uno se imputaría el 50% del rendimiento íntegro del negocio.  Queda claro  entonces, que no es la asociación quién declara el rendimiento íntegro del negocio, sino cada comunero de forma individual. 

24   

 

Las modalidades de IRPF que le correspondan, va en función de la actividad de la asociación (Sociedad civil o Comunidad de Bienes), aplicándose los mismos métodos que para el caso de trabajadores autónomos, ya comentado en el caso de Autoempleo Individual, por lo que remitimos al lector a ese apartado  para cualquier consulta. 

IVA 

A diferencia del IRPF, el IVA sí que lo declara directamente la asociación (sociedad civil o comunidad de bienes).  

Los regímenes tributarios también van en función de la actividad, por lo que también remitimos al lector al apartado de IVA de autoempleo individual.  

 

2.2  Sociedades mercantiles,  laborales y Cooperativas 

Las sociedades mercantiles (Sociedades limitadas y anónimas), Sociedades limitadas laborales, y  cooperativas declaran los rendimientos de la empresa mediante el impuesto de sociedades. Por su parte, también declaran el IVA como lo hacen los empresarios autónomos.  

 

IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS)  

Impuesto de carácter directo, objetivo, periódico, proporcional y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas.  

El IS se aplica en todo el territorio español, salvo en el País Vasco y Navarra debido su concierto fiscal que les otorga independencia en esta materia.  

El hecho imponible es la obtención de renta por parte de determinados sujetos pasivos (personas jurídicas y otros entes sin personalidad). El cálculo de ésta parte del resultado contable, obtenido según los criterios determinados por la legislación mercantil de aplicación a cada tipo de entidad, que luego es corregido en su caso con los criterios fiscales. Para la imputación de los ingresos y gastos en cada periodo impositivo se aplica el principio del devengo, esto es, del momento en que se generan los derechos o las obligaciones.  

La sujeción al IS la determina la residencia en territorio español. Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos:  

25   

 

a) constituidas conforme a las leyes españolas;  

b) con domicilio social en territorio español; o,  

c) cuya sede de dirección efectiva se encuentre en territorio español.  

 

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.  

Específicamente, están sujetas al IS toda clase de entidades, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que tengan personalidad jurídica propia, excepto las sociedades civiles. Por tanto y entre otras, están sujetas las sociedades anónimas, limitadas, cooperativas, laborales y sociedades profesionales.  

Algunas entidades están parcialmente exentas del IS debido a que una parte de su actividad no es mercantil y por tanto objeto de tributación en este impuesto. Entre ellas, debe destacarse las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.  

La declaración anual se presentará en el plazo de 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio social. Como normalmente el ejercicio social es el año natural, la presentación de esta declaración se debe producir antes del 25 de julio del año posterior a aquel que se liquida.  

En cualquier caso, y según el método más habitual, se realizan tres pagos fraccionados, a cuenta del importe que se liquidará en julio, antes de los días:  

• 20 de octubre, primer fraccionado a cuenta (modelo 202, 2P),  

• 20 de diciembre, segundo pago fraccionado a cuenta (modelo 202, 3P),  

• 20 de abril, tercer fraccionado a cuenta (modelo 202, 1P), y,  

• 25 de julio, presentación y liquidación final del impuesto (modelo 200).  

Finalmente, las sociedades anónimas y limitadas tiene la obligación de presentar sus modelos fiscales, tanto las autoliquidaciones como las declaraciones anuales, por vía telemática. 

 

IVA 

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La mayoría de las personas jurídicas, y demás entes sin personalidad (empresarios colectivos),  tributan por el régimen general del impuesto sobre el valor añadido.  

Como excepción están las actividades   (ver recargo de equivalencia) 

 

 

 

 

FACTURACIÓN  

Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su actividad y a conservar copia de la misma. También deben expedir factura en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes exentas. 

 

27   

 

 

 

En todo caso, los empresarios y profesionales están obligados a emitir una factura en los siguientes supuestos:  

• cuando el destinatario sea otro empresario o profesional, que actúe como tal;  

• cuando el destinatario de la obligación así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria, como es deducirse un gasto o una cuota de IVA;  

• en exportaciones de bienes exentas de IVA (salvo las realizadas en tiendas libres de impuestos);  

• en entregas intracomunitarias de bienes exentas de IVA;  

• cuando el destinatario sea una Administración Pública o una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional;  

• en determinadas entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando aquella se ultime en el territorio de aplicación del IVA; y,  

• en ventas a distancia y entregas de bienes objeto de Impuestos Especiales, cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del IVA.  

 

Entre las excepciones a la obligación de facturar, y sin agotar la relación de casos, deben citarse las siguientes operaciones más habituales:  

•  las operaciones exentas determinadas (Ley 37/1992, de 28 de diciembre), como son las actividades culturales, educativas, de cooperación al desarrollo, con reserva del derecho de autor, con excepción de aquellas relacionadas con los servicios sanitarios y de hospitalización, las entregas de bienes inmuebles y las entregas de bienes exentas por no haberse podido deducir el IVA soportado;  

• las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el Régimen Especial del Recargo de Equivalencia, tales como las propias del comercio minorista;  

• las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al Régimen Simplificado del IVA (conocido como módulos), salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos; o,  

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•  las operaciones financieras y de seguros, cualquiera que se la naturaleza del destinatario incluso si éste actúa como empresario o profesional.  

 

Tipos de facturas  

El Reglamento de Facturación establece sólo dos tipos de facturas, haciendo desaparecer los antiguos tiques:  

a) factura completa; y,  

b) factura simplificada, que sustituye a los antiguos tiques.  

La factura completa será emitida por los empresarios o profesionales obligados a expedir factura.  

La factura simplificada podrá expedirse a elección del empresario o profesional, siempre que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:  

a) el importe de la factura, incluida la cuota de IVA, no supere los 400,00 euros;  

b) la factura sea rectificativa de otra expedida previamente;  

c) haya sido autorizada su expedición como tal por el Departamento de Gestión Tributaria; o,  

d) corresponda a alguna de las siguientes operaciones y siempre que el importe de la factura, incluida la cuota de IVA, no supere los 3.000,00 euros:  

• ventas al por menor, esto es, aquellas entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional;  

• ventas o servicios en ambulancia;  

• ventas o servicios a domicilio del consumidor;  

• transporte de personas y sus equipajes;  • servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, 

cafeterías y similares, así como el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto;  

• salas de baile y discotecas;  • servicios telefónicos prestados mediante cabinas o tarjetas magnéticas o 

electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador;  

• servicios de peluquerías e institutos de belleza;  

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• uso de instalaciones deportivas;  • revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos;  • aparcamiento de vehículos;  

• servicios de videoclub;  • servicios de tintorerías y lavanderías; y,  • autopistas de peaje.  

Por el contrario, no podrá expedirse factura simplificada en ninguna de las siguientes actividades:  

a) en entregas intracomunitarias de bienes;  

b) en ventas a distancia;  

c) en operaciones localizadas en el territorio de aplicación del IVA en las que el proveedor o prestador no esté establecido, se produzca la inversión del sujeto pasivo y el destinatario expida la factura por cuenta del proveedor o prestador; o, 

d) en operaciones no localizadas en el territorio de aplicación del IVA, si el proveedor o prestador está establecido: 

• cuando la operación se entienda realizada fuera de la Unión Europea; o, • cuando la operación se localice en otro estado miembro, se produzca la 

inversión del sujeto pasivo y el destinatario no expida la factura por cuenta del proveedor o prestador. 

Contenido de las facturas 

Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones: 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 

Será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas en los siguientes casos: 

• facturas expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta; 

• facturas rectificativas; 

30   

 

• facturas expedidas por los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 

b) La fecha de su expedición. 

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

d) Número de Identificación Fiscal (NIF ó CIF) atribuido por la Agencia Tributaria o, en su caso, por la de otro estado miembro de la Unión Europea, con el cual haya realizado la operación el obligado a expedir la factura. 

Asimismo, será obligatorio indicar el NIF ó CIF del destinatario en los siguientes casos: 

• una entrega intracomunitaria de bienes exenta; en este caso hay que comprobar la presencia del destinatario en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) de la Comisión Europea; 

• una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del IVA; y, • una operación realizada en el territorio de aplicación del IVA y el empresario o 

profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.  

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.  

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del IVA y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.  

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.  

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.  

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.  

j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del IVA, una referencia al artículo y norma donde se establece dicha exención.  

31   

 

Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.  

k) En las entregas de medios de transporte nuevos, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.  

l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, la mención “Facturación por el destinatario”.  

m) En el caso de que el sujeto pasivo del IVA sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención “Inversión del sujeto pasivo”.  

n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención “Régimen Especial de las Agencias de Viajes”.  

o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la mención “Régimen Especial de Bienes Usados», «Régimen Especial de los Objetos de Arte” ó “Régimen Especial de Antigüedades y Objetos de colección”.  

 

32   

 

 

Las facturas simplificadas responden a la necesidad de reducir las exigencias formales para facilitar las operaciones comerciales. Su contenido esencial sería:  

a) Número y, en su caso, serie.  

b) Fecha de expedición.  

c) Fecha de operación si es distinta de la fecha de expedición.  

d) NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor.  

e) Identificación de los bienes entregados o servicios prestados.  

f) Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión “IVA incluido”.  

g) Contraprestación total.  

h) En las facturas rectificativas, la referencia a la factura rectificada.  

i) En su caso, si se producen las siguientes circunstancias:  

• en operaciones exentas referencia al artículo y norma donde se establece la exención;  

• la mención “Facturación por el destinatario”;  

• la mención “Inversión del sujeto pasivo”;  

• la mención “Régimen Especial de Agencias de Viajes”; o,  

• la mención “Régimen Especial de Bienes Usados”.  

 

Para que un gasto documentado con una factura simplificada sea deducible, en ésta debe figurar el NIF y domicilio del cliente así como la cuota de IVA debidamente separada, no aceptándose la expresión “IVA incluido”. 

33   

 

 

Plazos de expedición y envío  

En general, con relación a la emisión y envío de las facturas, deben de tenerse presentes los siguientes plazos:  

a) si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, la factura deberá expedirse y enviarse en el momento en que se realice la operación; o,  

b) si el destinatario de la operación es empresario o profesional, la factura deberá expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del IVA correspondiente a la citada operación, incluidas las facturas recapitulativas.  

El plazo de envío es de un mes a partir de la fecha de su expedición.  

En las entregas intracomunitarias de bienes, la factura deberá expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.  

Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que aquellas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural. En este caso:  

a) si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, las facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan 

34   

 

efectuado las operaciones que se documenten en ellas y enviarse en el momento de su expedición; o,  

b) si el destinatario de la operación es empresario o profesional, la expedición de las facturas deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado las operaciones.  

El plazo de envío es de un mes a partir de la fecha de su expedición.  

 

Formas de envío  

Las facturas pueden ser remitidas por cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos siempre que el destinatario haya dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en la transmisión garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación.  

La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura (en papel o electrónica) podrán garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, en particular, para la facturación electrónica:  

• controles de gestión que permitan crear una pista de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta;  

• Firma Electrónica avanzada;  

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI); o,  

• otros medios validados con carácter previo por la Agencia Tributaria.  

• Los errores o la eliminación de una factura se realiza contra la emisión de otra que compense los defectos (errores, falta de algún dato,…) o el importe total de la factura a dar de baja, esto es, con la emisión de un factura rectificativa.  

Debe exigirse la entrega de factura completa (simplificadas en los casos permitidos) y guardarla para justificar el gasto a efectos del IRPF y del IVA soportado y deducido. Los plazos de custodia de estos documentos son:  

1) desde el punto de vista mercantil, toda la documentación comercial debe guardarse al menos durante seis años; y,  

2) desde el punto de vista fiscal, durante cuatro años.  

 

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GESTIÓN DE LOS IMPUESTOS  

Declaración censal  

La declaración censal sirve para comunicar a la Agencia Tributaria todos los datos de  cada obligado tributario a incluir en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.  

Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención deberán comunicar, a través de las declaraciones censales (modelos 036 o modelo 037), su alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, las modificaciones que se produzcan en su situación tributaria, incluyendo la modificación del domicilio fiscal o social, y la baja en dicho censo.  

Con independencia de que la persona jurídica o entidad solicitante no esté obligada a la presentación de la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores utilizará el modelo 036 para solicitar la asignación del número de identificación fiscal provisional o definitivo. La asignación del NIF ó CIF, a solicitud del interesado o de oficio, determinará la inclusión automática en el Censo de Obligados Tributarios de la persona o entidad de que se trate.  

No obstante, las personas físicas que deban formar parte del Censo de empresarios, profesionales y retenedores podrán utilizar la declaración censal simplificada (modelo 

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037), cuando cumplan determinadas condiciones, entre las que destacan principalmente:  

• sean residentes en España;  

• tengan asignado un Número de Identificación Fiscal (NIF);  

• no tengan la condición de gran empresa;  

• no actúen por medio de representante;  

• su domicilio fiscal coincida con el de gestión administrativa;  

• no estén incluidos en los regímenes especiales del IVA, a excepción del Régimen Simplificado, régimen especial de la agricultura ganadería y pesca ó régimen especial de Recargo de Equivalencia; o,  

• no realicen ventas a distancia.  

 

El alta en el Censo de empresarios profesionales y retenedores podrá realizarse mediante la utilización del Documento Único Electrónico (DUE), a través de cualquier ventanilla única que utilice el sistema CIRCE. 

 

Autoliquidaciones y Declaraciones informativas  

Desde el momento en que nos damos de alta, mediante la Declaración censal, determinamos un conjunto de obligaciones formales entre las que destacar la presentación periódica de autoliquidaciones y declaraciones informativas.  

Las autoliquidaciones son el resultado de cálculos realizados por el propio sujeto pasivo a partir de la documentación que ha reunido. Estos justificantes quedan recogidos en los libros fiscales, los cuales permiten conocer a la Agencia Tributaria los datos empleados en dichos cálculos.  

Mediante las autoliquidaciones, la Agencia Tributaria recibe datos sobre las actividades económicas e ingresos a cuenta de una posterior liquidación final. 

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Las declaraciones informativas recogen fundamentalmente, y con carácter anual, los datos generados a lo largo del ejercicio correspondiente. Así, la información proporcionada en las autoliquidaciones trimestrales queda resumida en éstas. 

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Calendario anual  

I. IRPF Estimación Directa + IVA Régimen General  

II. IRPF Estimación Directa + IVA Recargo de Equivalencia  

III. IRPF Estimación Objetiva + IVA Régimen Simplificado  

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IV. IRPF Estimación Objetiva + IVA Recargo de Equivalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplazamientos y fraccionamientos  

La recaudación se realiza a través de un procedimiento que regula, entre otras cuestiones, la recepción de declaraciones, las devoluciones, el reconocimiento de beneficios fiscales o la comprobación de datos (inspecciones).  

El procedimiento de recaudación reconoce dos periodos para el cumplimento de las obligaciones fiscales; periodo voluntario y periodo ejecutivo. 

Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo pueden aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del interesado, cuando la situación económico‐financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 

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Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:  

a) las deudas que se encuentren en período voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso o en la normativa específica.  

 

A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en período voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.  

b) las deudas que se encuentren en período ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.  

A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, o de ambos, se deberá acompañar la siguiente documentación:  

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1) en el caso de que la deuda supere los 18.000,00 euros, compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución, o la documentación requerida, según el tipo de garantía que se ofrezca;  

2) en su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación;  

3) los demás documentos o justificantes que estime oportunos;  

4) si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de ésta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó; y,  

5) en su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo período de tiempo.  

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite. 

El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e idoneidad de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla. Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquélla.  

Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago especificarán el número de código cuenta cliente, en su caso, y los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta, los plazos de pago y demás condiciones del acuerdo. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.  

Si el acuerdo es incumplido, se iniciará o continuará el procedimiento ejecutivo, en todo o en parte de la deuda, dependiendo del momento de solicitud y de la extensión de la garantía prestada. 

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SEGURIDAD SOCIAL  

El sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define.  

A efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, están incluidos dentro de su campo de aplicación todos los españoles y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y que estén incluidos en alguno de los siguientes apartados:  

• trabajadores por cuenta ajena,  

• trabajadores por cuenta propia o autónomos,  

• socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado,  

• estudiantes, y,  

• funcionarios públicos, civiles o militares.  

 

AFILIACIÓN  

La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria y única en la vida profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes así como de las variaciones que puedan producirse.  

La Tesorería General de la Seguridad Social asignará un Número de Seguridad Social a cada ciudadano para la identificación del mismo en sus relaciones con la misma. Asimismo se asignará a los beneficiarios de pensiones u otras prestaciones del Sistema.  

La afiliación a la Seguridad Social podrá realizarse de las siguientes formas:  

a) a instancia del empresario, pues está obligado a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores no afiliados que contrate;  

b) a instancia del propio trabajador, cuando inicie su actividad por cuenta propia o cuando lo hagan por cuenta ajena y el empleador no cumpla con su obligación de afiliarlo; o,  

c) de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social.  

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RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA)  

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es aquel en que deben encuadrarse los trabajadores por cuenta propia (empresarios individuales, profesionales liberales) así como otros obligados que se caracterizan por ejercer una actividad económica por cuenta propia (administradores de sociedades mercantiles, socios de cooperativas o de sociedades laborales).  

A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.  

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo. 

 

 

En el momento de tramitar el alta en el Régimen Especial, el trabajador autónomo deberá comunicar fundamentalmente tres decisiones:  

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1) la base de cotización por la que opta, dentro de los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio y la edad que cumplirá en ese año.  

 

 

 

 

2) el tipo de cobertura, que en el caso de este Régimen Especial puede ser de dos tipos:  

• mínimo obligatorio, en el cual quedan cubiertas todas las incapacidades permanentes mientras que las temporales (IT) se consideran siempre causadas por contingencias comunes, con independencia de la razón real que las provocó; o,  

• mejora voluntaria, en la cual se añaden a las prestaciones anteriores, las dos siguientes:  

• prestación por cese de actividad; y,  

• las incapacidades temporales (IT) por contingencias profesionales.  

3) la Mutua de Previsión Social (MATEPSS), entidad colaboradora de la Seguridad Social cuyas obligaciones varían según el tipo de cobertura por el que haya optado el trabajador autónomo.  

En el momento de la afiliación, el trabajador autónomo y cualquier otro obligado a cotizar en el RETA debe designarse obligatoriamente una MATEPSS que será la encargada de prestar la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas que 

 

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conforman la acción protectora. Este hecho no supone un mayor coste para el obligado, pues dicha mutua actúa en colaboración con la Seguridad Social. 

 

 

 

La cobertura, tanto obligatoria como opcional de la prestación económica por Incapacidad Temporal (IT) derivada de contingencia comunes debe formalizarse con una MATEPSS, que está obligada a aceptar toda propuesta de adhesión, en los mismos términos y con igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social.  

La MATEPSS asume, entre otras, las siguientes obligaciones:  

• la cobertura de las prestaciones económicas en favor de los trabajadores adheridos con igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social;  

• un registro de trabajadores por cuenta propia adheridos y de sus contingencias;  

• el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas a través de los servicios médicos correspondientes, pudiendo instar la actuación de la inspección de servicios sanitarios de la Seguridad Social, así como acceder a los diagnósticos que motivan la IT y formular propuestas de alta médica; y,  

• la exigencia a los trabajadores por cuenta propia de la declaración de la persona que gestione el establecimiento o su cese en la actividad.  

 

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Cómo se cotiza 

 

1. Cuota 

Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando el tipo a la base de cotización.  

2. Base de cotización 

Según la información contenida en la página web de la Seguridad social, la base de cotización en este Régimen Especial será la elegida por el trabajador entre las bases mínima y máxima que le corresponda. 

Durante el año 2014 la base elegida se situará entre una base mínima de cotización de 875,70 euros mensuales y una base máxima de cotización de 3.597,00 euros mensuales. Las bases de cotización para el año 2015, se publican a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año, sin tener este dato disponible en la fecha de elaboración de la guía. 

i. Trabajadores menores de 47 años de edad y con 47 años 

La base de cotización de los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2014, sean menores de 47 años de edad, será la elegida por éstos, dentro de los límites de las bases mínima y máxima. 

Igual elección podrán efectuar los trabajadores autónomos que en esta fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2013 haya sido igual o superior a 1.888,80 euros mensuales, o causen alta en este Régimen Especial. 

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2014, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.888,80 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.926,60 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en este sentido antes del 30 de junio de 2014, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 

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ii. Trabajadores con 48 o más años de edad 

La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2014, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 1.926,60 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite de titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 875,70 y 1.926,60 euros mensuales. 

iii. Trabajadores con 48 ó 49 años de edad 

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2011 tenían 48 ó 49 años de edad, y antes del 30 de junio de 2011, y con efectos de 1 de julio de 2011, hubieran optado por una base de cotización superior a 1.888,80 euros mensuales, podrán cotizar por una base comprendida entre 875,70 euros mensuales y el importe de aquélla incrementada en un 5 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.926,60 euros mensuales. 

iv. Trabajadores que con anterioridad a los 50 años hayan cotizado cinco o más años en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social 

La base de cotización de estos trabajadores autónomos, tendrán las siguientes cuantías: 

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.888,80 euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida entre 875,70 euros mensuales y 1.926,60 euros mensuales. 

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.888,80 euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida entre 875,70 euros mensuales y el importe de aquélla incrementada en un 5 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.926,60 euros mensuales. 

A estos efectos se considera como última base de cotización acreditada, la última base por la que haya cotizado el trabajador, cumplidos o no los 50 años de edad. 

Los trabajadores dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 2009.4781, 4782, 4789 y 4799) podrán elegir como base mínima de cotización la establecida con carácter general en el Régimen‐ 875,70 euros mensuales ‐ o una base de cotización de 753,00 euros mensuales. 

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Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 2009.4799 ‐ comercio al por menor a domicilio) podrán elegir como base mínima de cotización la establecida con carácter general en el Régimen ‐ 875,70 euros mensuales ‐ o una base de cotización de 481,50 euros mensuales. 

Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

 

Éstos podrán elegir como base mínima de cotización la establecida con carácter general en el Régimen, 875,70 euros mensuales, o la de 753,00 euros mensuales, salvo que acrediten que la venta ambulante se realiza en mercados tradicionales o mercadillos, con horario de venta inferior a 8 horas/día, en cuyo caso podrán optar por una base de 875,70 euros mensuales o una base de 481,50 euros mensuales. Esta elección de bases también será de aplicación  a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan. 

Deberán cotizar en cualquier caso por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Estas específicas bases mínimas únicamente podrán ser aplicadas por los trabajadores o socios trabajadores cuya actividad se limite exclusivamente a la venta, no incluyéndose aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objetos de venta. 

Los trabajadores cuyo alta en el Régimen Especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venía cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este Régimen Especial. 

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Según la disposición transitoria primera de la Orden de Cotización, los trabajadores comprendidos en este régimen especial que, a la fecha de surtir efectos las nuevas bases de cotización, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento, podrán elegir hasta el día 31 de marzo, cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquélla por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación, pudiendo ingresar, sin recargo, hasta el día 1 de abril. La nueva base elegida surtirá efectos desde el 1 de enero de 2014. 

 

 

v. Artículo 15.12 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

Los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a los indicados en las letras a) y b) de este párrafo, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización del Régimen General que, para el año 2014, está fijada en 1.051,50 euros mensuales: 

 

a) Durante el mes de enero de 2014 se aplicará a aquellos trabajadores autónomos que hayan tenido a su servicio durante algún momento del año 2013 cincuenta o más trabajadores por cuenta ajena. 

b) A partir del 1 de febrero de 2014, la base mínima indicada se aplicará a aquellos trabajadores autónomos que hayan tenido a su servicio durante algún momento del año 2013 diez o mas trabajadores por cuenta ajena. 

 

Disposición adicional segunda Real Decreto‐ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores 

Dicha base mínima de cotización será también aplicable en cada ejercicio económico a los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de los 

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establecido en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 21.3 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta. Se considera alta inicial a partir del 1 de enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

vi. Cotización aplicable en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

1. Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta norma (29/09/2013), podrán elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los siguiente dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 

2. En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por ciento de la correspondiente a un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 por ciento de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecida para este Régimen Especial. 

 

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3. La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113 Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

La ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, crea la figura del trabajador económicamente dependiente para aquellos autónomos que trabajan básicamente para un cliente, del que perciben al menos el 75 por ciento de sus ingresos y con el que están vinculados mediante un específico contrato escrito. 

El Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, desarrolla reglamentariamente la regulación de dicho contrato. 

La posibilidad de establecer bases de cotización diferenciadas para estos trabajadores, cuestión contemplada en el Estatuto, no ha sido objeto de regulación para el presente año 2013. 

 

Respecto de la acción protectora, estos trabajadores tiene la cobertura obligatoria de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debiendo por tanto cotizar por ellas. 

3. Solicitud de cambio de base de cotización 

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán cambiar dos veces al año la base de cotización, eligiendo otra, dentro de las establecidas en la norma, siempre que lo soliciten en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración de la misma o a través del Servicio de Internet, antes del día 1 de mayo, con efectos del 1 de julio siguiente, y antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente. Esta solicitud podrá ser realizada a través de la Sede Electrónica > Ciudadanos> Servicios con certificado digital o/y Servicios con certificado SILCON>. Solicitud cambio de base de cotización (Autónomos). 

En el supuesto de estar cotizando por cualquiera de las bases máximas del RETA, podrán solicitar que su base se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se incrementen las bases máximas, con el tope del límite máximo. Asimismo aún no cotizando por las bases máximas podrán solicitar que se incremente su base automáticamente en el mismo porcentaje en que se incrementen las bases máximas, con el límite del tope máximo aplicable al trabajador. 

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Las solicitudes anteriores al 1 de noviembre de cada año tendrán efectos desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de la solicitud. 

La renuncia a estas opciones podrá realizarse en el mismo plazo y tendrá efectos a partir del 31 de diciembre del año en que se presente la solicitud. 

4. Beneficios en la cotización 

i. Exoneración de cuotas según edad. Disposición adicional trigésima segunda de la Ley 27/2011. 

Durante el año 2014 los trabajadores autónomos quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo en su caso por incapacidad temporal y por contingencias profesionales siempre que se encuentren en el siguiente supuesto: 

Sesenta y cinco o más años de edad y 35 años y 6 meses o más de cotización efectiva. 

A efectos del cómputo de años no se toman en cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias. 

 

En consecuencia, los trabajadores autónomos que no tengan la cobertura de incapacidad temporal y reúnan los requisitos indicados estarán exentos de ingresar cotización alguna. 

Los trabajadores autónomos que optaron por la cobertura de dicha contingencia deberán aplicar el tipo del 3,30 por 100, e ingresar la prima que les corresponda por contingencias profesionales, en caso de que se hayan acogido a las mismas. 

No obstante la exoneración establecida en la norma, el trabajador autónomo podrá optar por continuar practicando su cotización conforme a lo que venían realizando con anterioridad. 

ii.   Bonificación por edad trabajadores incluidos en este Régimen Especial 

A. Menores de 30 años, según lo establecido en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que da nueva redacción a la Disposición adicional trigésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social. 

1. Los trabajadores incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajador Autónomo, o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar 

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(hasta el 28 de julio de 2013), que tengan menos de 30 años de edad (menores de 35 años, en el caso de mujeres), se aplicarán una reducción sobre la cuota de contingencias comunes que les corresponda durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30 por 100 de la cuota resultante de aplicar el tipo mínimo vigente (29,80% o 29,30% si está acogido a la protección por cese de actividad) a la base mínima de cotización de este régimen, y una bonificación de igual cuantía en los 15 meses siguientes a la finalización de la reducción anterior. 

2. Alternativamente a este sistema de bonificaciones y reducciones, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (hasta el 28 de julio de 2013), podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses según la siguiente escala: 

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 

 

b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). 

c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b). 

d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período en reducción. 

Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 

Tendrá una duración de 30 meses en total, ininterrumpidos, con independencia de los períodos de baja en el Régimen dentro de dicho plazo y que serán tenidos en cuenta a efectos del cómputo de los 30 meses. 

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Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (hasta el 28 de julio de 2013), que cumplan los requisitos de los apartados anteriores. 

B. Mayores de 30 años según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización por la que se añade la Disposición adicional trigésima quinta bis a la Ley General de la Seguridad Social. 

1. Los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de edad y que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse las siguientes reducciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 18 meses, según la siguiente escala: 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 

b) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). 

c) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes a período señalado en la letra b). 

Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 

2. Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, no podrán acogerse a las bonificaciones y reducciones de la disposición adicional trigésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social aplicable a jóvenes trabajadores por cuenta propia menores de 30 años. 

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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan los requisitos previstos en dichos apartados. 

iii.  Bonificaciones nuevas altas familiares colaboradores de trabajadores autónomos. 

El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive y, en su caso por adopción, que se incorporen como nuevas altas al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, incluidos los de los Trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores del Mar (hasta el 28 de julio de 2013), y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, tendrán derecho a una bonificación durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50 por ciento de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en este Régimen Especial. 

iv.   Bonificaciones contratos interinidad con personas desempleadas. 

Los trabajadores autónomos sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados (Real Decreto Ley 11/1998, de 4 de septiembre), tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima del régimen el tipo de cotización obligatorio (29,80%). 

Esta bonificación será de aplicación mientas coincidan en el tiempo la suspensión de actividad por dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto, con el límite máximo, en todo caso, del período de suspensión. 

v.  Reducciones trabajadores por cuenta propia y socios trabajadores de cooperativas trabajo asociado en Ceuta y Melilla. 

Los trabajadores autónomos, a tiempo completo, incluidos los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a actividades encuadradas en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; comercio, hostelería y resto de servicios, excepto transporte aéreo, turismo e industria (excepto energía y agua), construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias, que residan y ejerzan su actividad en Ceuta y Melilla tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota por contingencias comunes durante el año 2014, contados a partir del 

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día primero del mes siguiente a aquel en que entró en vigor la Orden TAS/471/2004, de 20 de febrero, por la que se dictan normas para su aplicación. 

vi.  Trabajadores con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. 

 Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que causen alta inicial en el RETA o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (hasta el 28 de julio de 2013), tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima del Régimen el tipo vigente en el mismo, durante los 5 años siguientes a la fecha de efectos del alta. 

      vii.   Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que modifica la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que queda redactada del siguiente modo: 

1. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incuida la incapacidad temporal, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala: 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 

Lo previsto en esta letra a) no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

b) Una bonificación equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 54 meses siguientes. 

2. Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a 

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contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala: 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 

b) Una bonificación equivalente al 50 por ciento durante los cuatro años siguientes. 

Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

3. Los trabajadores por cuenta propia con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, que hubieran optado por el sistema descrito en el mismo, podrán acogerse posteriormente, en su caso, a las reducciones y bonificaciones del apartado 1, siempre y cuando el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de 60 mensualidades. 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 

5. Las bonificaciones y reducciones de cuotas previstas en esta disposición adicional se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y se soportarán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, respectivamente. 

    viii.   Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 

Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que, con anterioridad a 31 de diciembre de 2011, hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008 de 23 de diciembre, de P.G.E. para el año 2009, tendrán derecho durante el año 2014, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar. 

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También tendrán derecho a esta reducción lo socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009. 

Esta reducción se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima elegida, el tipo de cotización aplicable (29,80% ó 29,30% si el interesado está acogido al sistema de protección por cese actividad).  

       ix.   Trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad. 

Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena, desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2013, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial por una cuantía igual o superior a 11.633,68 euros anuales, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. 

 

A efectos del cómputo de los 11.633,68 euros, indicar que los importes objeto de aplazamiento no deberán ser tenidos en cuenta. 

La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses de 2014. 

5. Tipo de cotización. 

Durante el año 2014 en este Régimen Especial será el 29,80 por 100 o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga la protección por incapacidad temporal, en este Régimen el tipo de cotización será del 26,50 por ciento. 

Conforme a la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos que tuvieran cubiertas las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el tipo de cotización establecido para la cobertura de la referida contingencia es del 2,2 por ciento. Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese de actividad tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en 

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la cotización por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 

Para Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales, se aplicará la Tarifa de Primas establecida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en redacción dada por la disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.Tarifa de Primas ‐ Disposición Adicional Cuarta. 

Los trabajadores que no hayan optado por la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional del 0,10%, sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RÉGIMEN GENERAL (RGSS)  

En este régimen deben encuadrarse los trabajadores por cuenta ajena, en general, y cualquier otra persona obligada a afiliarse al sistema de la Seguridad Social salvo que concurra alguna de las causas especiales por la cual estén excluidos. 

 

 

Cotización  

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La obligación de cotizar nace desde el comienzo de la prestación del trabajo y no se interrumpe mientras dura la relación laboral entre el empresario y el trabajador. Incluso subsiste en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, disfrute de los periodos de descanso por maternidad y paternidad, o periodos de prueba del trabajador.  

La obligación de cotizar termina al finalizar la prestación de trabajo, siempre que se presente el parte de baja del trabajador dentro de los 6 días naturales siguientes. Si la baja del trabajador se presenta después de ese plazo, la obligación de cotizar continúa hasta el día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese en el trabajo, salvo que los interesados prueben que dicho cese se produjo con anterioridad.  

Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando a la base de cotización del trabajador el porcentaje o tipo de cotización que corresponde a cada contingencia protegida.  

La base de cotización se calcula añadiendo a las retribuciones mensuales que tenga derecho a percibir el trabajador, o que realmente perciba, de ser éstas superiores, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las demás percepciones de vencimiento superior al mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan en el ejercicio.  

Anualmente se establecen bases de cotización (mensuales o diarias) mínimas y máximas para las distintas contingencias y categorías profesionales de los trabajadores (grupos de cotización).  

La base de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también se utiliza para calcular las cotizaciones por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación.  

El tipo de cotización es el porcentaje que se aplica a las bases de cotización para la obtención de las cuotas de la Seguridad Social. Se distribuye entre empleador y empleado, salvo las correspondientes a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Fondo de Garantía Salarial, que van a cargo exclusivamente de la empresa.  

Los tipos de cotización se fijan anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

TRÁMITES PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

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Finalmente, debemos citar brevemente los trámites y su orden de realización necesario para el inicio de una actividad económica, sea empresarial o profesional, con independencia del tipo de empresario por el que hayamos optado.  

El enfoque básico tendría la siguiente estructura y fases en general. 

 

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En el caso de las personas físicas, sólo se requiere que tengan capacidad legal para actuar. 

 

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SOCIEDAD CIVIL  

La Sociedad Civil se define como un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Se regula en el Código Civil.  

Aunque tiene personalidad jurídica, son los comuneros quienes asumen toda la responsabilidad derivada de sus actuaciones. Las facturas emitidas y recibidas vienen a su nombre, liquidan el IVA de la actividad mientras que reparte sus resultados entre los socios (Régimen de IRPF en atribución de rentas).  

Se recomienda como sociedad más sencilla y barata de constituir en aquellos casos en los que la actividad la realizarán varios socios, pero existiendo muchos gastos comunes difícilmente individualizables para cada uno de ellos. 

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SOCIEDAD MERCANTIL (anónima, limitada, comanditaria ó colectiva)  

La Sociedad Mercantil es aquella entidad cuya finalidad es la realización de uno o más actos de comercio o, en general, una actividad económica sujeta al Derecho Mercantil. Podemos analizarla desde dos puntos de vista:  

a) como contrato por el cual dos o más personas se obligan a crear un fondo patrimonial común para colaborar en el ejercicio de una actividad y repartir entre ellos las ganancias que obtengan; y,  

b) como una institución a la cual está entregado un fondo patrimonial común, con capacidad jurídica para actuar en nombre y en interés de la colectividad.  

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SOCIEDAD LABORAL  

La Sociedad Laboral, que puede constituirse bajo la forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada, es una sociedad mercantil en la cual la mayoría del capital social es propiedad del conjunto de socios trabajadores. 

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SOCIEDAD COOPERATIVA  

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La Sociedad Cooperativa es un tipo de sociedad cuyo fin principal es la satisfacción de las necesidades económicas y sociales de sus socios, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. 

 

 

 

 

LICENCIAS, AUTORIZACIONES, REGISTROS, CARNÉS PROFESIONALES Y COLEGIACIONES  

Adicionalmente a la obligatoriedad de las gestiones anteriores, el trabajador debe analizar y asesorarse sobre la normativa particular que afecta la actividad a ejercer.  

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Las gestiones necesarias para cada caso se deberán realizar ante la Administración Pública competente en cada caso, pudiendo ser:  

• la Administración General del Estado;  

• la Comunidad Autónoma;  

• los Ayuntamientos, en particular en cuanto a las licencias de apertura y funcionamiento de locales; y,  

• los Colegios Profesionales.  

 

A modo de ejemplo y sin que estas relaciones agoten todos los casos posibles, a continuación se citan algunas actividades específicas que deben dar cumplimiento a una normativa específica.  

a) Licencia municipal de apertura de local de negocio (nave, oficina, taller):  

En el caso que el trabajador autónomo necesite para el ejercicio de su actividad contar con un local para atender al público, deberá solicitar la licencia de apertura en el ayuntamiento donde esté situado el local de negocio.  

b) Autorizaciones de apertura, instalación o constitución:  

• Apertura de bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos hoteleros  

• Apertura de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad  

• Autorización de transporte público de mercancías de vehículos pesados y ligeros  

• Autorización VT para el transporte público de viajeros en taxi  

• Instalación de máquinas recreativas  

• Título‐licencia de agencias de viajes  

• Título‐licencia de expendedurías de tabaco y timbres del Estado (estancos)  

 

c) Registros especiales:  

• Oficina Española de Patentes y Marcas  

• Registro artesano  

• Registro de Empresas Autorizadas  

• Registro de industrias y establecimientos alimentarios  

• Registro Especial de talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes  

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• Registro General de comerciantes ambulantes  

d) Carnés habilitantes y certificados de empresa:  

• Carné de instalador autorizado de fontanería  

• Carné de instalador autorizado de gas  

• Carné de instalador electricista autorizado  

• Carné de instalador o conservador‐reparador frigorista autorizado  

• Carné de instalador o mantenedor‐reparador de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria  

• Carné sanitario de manipuladores de alimentos  

• Documento de calificación empresarial  

e) Ejercicio de actividades profesionales: Colegios profesionales  

• Abogados  

• Administradores de fincas  

• Agentes comerciales  

• Agentes de la propiedad inmobiliaria  

• Agentes y corredores de seguros  

• Arquitectos  

• Auditores de Cuentas  

• Gestores administrativos  

• Traductores e intérpretes jurados  

 

 

Licencias urbanísticas  

La licencia urbanística en el ámbito de las actividades económicas tiene como objeto que el ayuntamiento compruebe que el ejercicio de éstas se adecua a la normativa urbanística. Para ello, las solicitudes de licencia urbanística deberán ir acompañadas del correspondiente Proyecto Técnico.  

La sujeción a la licencia urbanística rige tanto para las personas físicas como para las jurídicas, inclusive las Administraciones Públicas aunque con algunas excepciones.  

En aplicación de lo previsto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) corresponde al Alcalde el otorgamiento de las licencias urbanísticas, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Gerencia Municipal de 

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Urbanismo en su Reglamento de Régimen Interior y de las delegaciones efectuadas en los órganos de las Juntas Municipales de Distrito.  

Entre las licencias urbanísticas y en función del objeto de este curso, debemos destacar los siguientes tipos:  

• De obras de edificación para la realización de distintos tipos de obras tanto de nueva edificación como de modificaciones de éstas.  

Es obligación del titular de la licencia comunicar la fecha del inicio de las obras.  

En el grupo de obras en los edificios se distinguen los siguientes tipos:  

a) Obras de restauración.  

b) Obras de conservación.  

c) Obras de consolidación.  

d) Obras de rehabilitación de reestructuración puntual, parcial o general.  

e) Obras exteriores.  

• De otras actuaciones urbanísticas. Bajo este título se regulan todas las licencias que tienen por objeto construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, no incluidos en otros capítulos.  

Si las actuaciones hubiesen de localizarse sobre terrenos de dominio público, como la vía pública, será necesitará una concesión o autorización previa.  

• De instalación de actividades, que son autorizaciones previas al inicio de éstas, se requieran o no instalaciones, solicitadas al ayuntamiento del municipio donde se implanten y vayan a desarrollar, así como las ampliaciones y modificaciones substanciales que se realicen en las mismas.  

Se entiende como proyectos de instalación de actividades a aquellos documentos técnicos que, de acuerdo con lo regulado en el planeamiento y demás 

 

 

 

 

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PLAN DE VIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PLAN VIABILIDAD 

LA IDEA 

A la hora de iniciar una actividad económica, las razones que nos motivan pueden ser variadas. En nuestro caso, la razón fundamental será crear nuestro propio puesto de trabajo. 

Encontrar una idea con posibilidades de convertirse en realidad será nuestro primer reto y también nuestra primera preocupación. Acertar con la opción adecuada no es fácil, no depende de la suerte, ni su elección puede ser fruto de un juego, sino de la búsqueda de oportunidades en nuestro entorno y más allá de él. 

La elección acertada requerirá de mucha observación, buscar información y experiencias, hablar con unos y otros, introducirnos en el sector (como potenciales clientes y como posibles proveedores), utilizar la empatía, echar las primeras cuentas, tantear si somos o no capaces,… un proceso en el cual también tendremos que desechar muchas ideas no factibles o inviables para nosotros. 

A partir de aquí, por tanto, un nuevo negocio sólo tendrá sentido si se inicia en alguno de estos dos puntos de partida: 

• nuestra actividad va a atender una necesidad no satisfecha por nadie (oportunidad de negocio); o, 

• existiendo ya quien la satisfaga, nosotros vamos a poder atenderla de forma más eficiente (produciendo más barato o vendiéndola mejor). 

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No cabe duda de que todos los negocios suponen asumir riesgos, pero éstos pueden reducirse si tenemos claras una serie de reglas y le dedicamos el tiempo necesario a conocer el sector de actividad y a definir nuestro proyecto con sentido común. 

Entre dichas línea de conducta destacan los criterios que siempre tendremos presentes a la hora de tomar decisiones. Estos tres aspectos deberemos valorarlos conjuntamente pues, en cumplir con ello reside la estabilidad y el futuro de cualquier actividad económica: 

a) el cliente; 

b) la rentabilidad; y, 

c) la solvencia. 

El cliente es quien paga por el producto que ofrecemos. Constituye nuestro punto de referencia principal pues atender sus necesidades da sentido a nuestra actividad y será la base que permita nuestra pervivencia y evolución en el sector. 

La rentabilidad es la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para obtenerlos. Por tanto, sólo elegiremos aquellas actividades que nos aseguren, al menos, recuperar todos gastos, incluido el sueldo por nuestro trabajo. 

 

La solvencia es la capacidad de atender nuestras obligaciones en las cantidades y plazos de vencimiento acordados, esto es, de disponer de dinero suficiente para atender los pagos según vayan viniendo.  

Seleccionada una o varias ideas, la primera criba pasa por preguntarnos por dos cuestiones fundamentales:  

� su factibilidad, esto es, si seremos capaces de llevarla adelante, si contamos o carecemos de los requisitos mínimos para hacerlo, si existen barreras legales o de cualquier otro tipo que nos lo impida; y,  

� su viabilidad, esto es, si con los medios que tenemos y podemos conseguir y nuestro método de trabajo, seremos capaces de recuperar los costes y la inversión con los ingresos previstos.  

 

A lo largo de un proceso de estudio y propuesta, el Plan de Viabilidad (o Plan de Negocio) surgirá como el informe final en el cual plasmaremos nuestra idea y la forma de llevarla adelante. Éste será, por tanto, un documento de trabajo imprescindible pues en él:  

1) identificaremos nuestra idea como respuesta a una oportunidad;  

2) estableceremos nuestros objetivos y estrategia para alcanzarlos; y,  

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3) examinaremos las viabilidades técnica, comercial, económica y financiera de nuestro proyecto de actividad.  

 

La importancia de este documento no reside en él mismo, sino en su proceso de elaboración. Debemos olvidar que éste es meramente un informe para cumplir unos trámites administrativos o para conseguir financiación en el banco. No es así. El Plan de Viabilidad es fundamentalmente para nosotros y somos nosotros quienes debemos trabajarlo.  

El Plan de Viabilidad es un documento, elaborado según una metodología profesional, para acercarnos a nuestra idea, para explicarnos y explicar a otros porqué nuestro proyecto va a funcionar, para concretar cómo y con qué recursos vamos a trabajar, para armar la estructura organizativa de nuestra actividad y para echar cuentas sobre lo que nos va a costar ponerlo en marcha y la rentabilidad que esperamos obtener. Por tanto, el Plan de Viabilidad debe dar una respuesta clara a las tres cuestiones fundamentales: clientela, rentabilidad y solvencia. 

 

NUESTRA PROPUESTA  

Desde el momento en que nos decidimos a crear nuestro propio puesto de trabajo, la primera duda que nos surge es qué idea desarrollar. Esta búsqueda podría empezar con un análisis somero de:  

• ¿qué sé hacer?  • ¿qué necesidad en mi entorno no está suficientemente satisfecha?  

Las posibles respuestas a la primera pregunta están íntimamente relacionadas con cada uno de nosotros, o con el grupo promotor del proyecto si éste va a ser colectivo, y van a encontrarse en varias características de tipo personal:  

• mis capacidades, cuyo origen está en las habilidades personales;  • mis competencias, cuyo origen está en las habilidades que hemos aprendido a 

través de procesos de formación; y,  • mi experiencia acumulada, cuyo origen está en las habilidades adquiridas a 

través de la práctica.  

Las respuestas a la segunda pregunta van a requerir de un estudio más detallado y profundo. Desde el momento de concebir un proyecto, y por supuesto a lo largo de su vida, una de nuestras tareas fundamentales consistirá en identificar las necesidades y deseos de nuestros clientes, ya sea mediante un estudio de mercado o simplemente observando, analizando y preguntándoles por sus preferencias. 

 

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Ese mayor valor que le proporcionamos a nuestro cliente ejercerá una influencia primordial en su comportamiento actual y futuro respecto a nuestro producto. Por tanto, será nuestro objetivo el incremento de ese valor añadido bien a través de:  

a) una constante mejora de la calidad del bien o servicio ofrecido, concebido el producto en un sentido amplio; o,  

b) una reducción del precio cobrado.  

 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD  

Una vez claro el planteamiento teórico, debemos llevarlo a la práctica sobre las sucesivas ideas que vayan surgiendo, las cuales habrán de pasar un doble tamiz:  

• factibilidad: si seremos capaces de llevarla adelante, si contamos o carecemos de los requisitos mínimos para hacerlo, si existen barreras legales o de cualquier otro tipo que nos lo impida; y,  

• viabilidad: si dicha idea puede llevarse a cabo de manera que se recuperen los costes y la inversión con los ingresos previstos.  

 

Para ello, el primer análisis de nuestra idea vendrá de una doble consideración que va a relacionar las características personales de cada uno de nosotros (promotor o promotores en conjunto) y el sector o actividad concreta en que hayamos pensado. Sin ánimo de agotar las posibilidades, proponemos la siguiente lista: 

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A partir del análisis conjunto de mis características personales (o del grupo promotor) y de los requerimientos imprescindibles que exige la puesta en marcha de cada una de las actividades analizadas, iremos obteniendo aquellas que deberían ser estudiadas más a fondo e iremos descartando por el momento aquellas menos adecuadas. Las ideas seleccionadas podrán ser objeto de un estudio de viabilidad posteriormente. 

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ESTUDIO DE MERCADO  

Consideradas aquellas ideas que en principio son factibles, el estudio de mercado nos acercará al entorno específico en el cual podríamos desarrollar cada una de ellas. En este punto comienza el estudio de la viabilidad del proyecto y, al objeto de no dispersar fuerzas, es recomendable centrarse en no más de tres ideas, en principio. Conforme vayamos analizando el mercado, incluso podremos ir variando las propuestas de trabajo al encontrar oportunidades con la que no contábamos, lo cual suele suceder no tanto en la idea original sino en la forma de llevarla a la realidad. 

 

 

 

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Un buen conocimiento del mercado nos permitirá ofrecer el producto que los clientes están dispuestos a comprar, nos mostrará las oportunidades según vayan surgiendo y nos evitará riesgos innecesarios.  

Dicho análisis tendrá dos propósitos bien definidos:  

• determinar si nos interesa o no trabajar en un sector; e,  

• identificar los factores en los cuales reside el éxito.  

 

Para llevar a cabo este análisis del entorno, clasificaremos los factores que lo describen en cinco grandes grupos:  

• el contexto;  • la competencia (directa y potencial);  

• las redes de colaboración;  • los proveedores; y,  • los clientes.  

 

En cada uno de ellos, trataremos de obtener la mayor información posible y la más relevante para poder identificar con claridad las oportunidades y los riesgos. Como herramienta de trabajo, vamos a utilizar la matriz DAFO. 

 

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La matriz DAFO es una herramienta caracterizada por su sencillez, tanto a la hora de trabarla como en la posterior fase de análisis de la información recogida. Se trata de recoger, de forma sistemática y cualitativa, las características y hechos actuales y futuros que pueden afectar a nuestra actividad desde el entorno (análisis externo) y desgranar aquellos aspectos que dan fortaleza o constituyen debilidades de nuestro proyecto.  

Las oportunidades constituyen de por sí una de las cuestiones que, como ya hemos mencionado, más nos interesan pues ellas dan sentido a nuestra actividad. Las oportunidades son tanto nuevos negocios como sector no atendidos suficientemente (más demanda que oferta) o que puedan serlo con nuevas tecnologías (demanda que quiere ser atendida con otra oferta).  

Las amenazas son origen de riesgos que no podemos eliminar pero sí amortiguar evitándolos en la medida de lo posible. Estos riesgos también nos pueden orientar con relación a qué oportunidades son más deseables entre todas las detectadas.  

Las fortalezas y debilidades caen dentro de las posibilidades de actuación de cada trabajador autónomo o empresario colectivo. El análisis interno debemos hacerlo tomando como referencia las oportunidades y amenazas pues en realidad, las 

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fortalezas y debilidades lo son en la medida en que suponen una situación favorable o desfavorable frente al entorno externo. Así, entre las fortalezas encontraremos nuestras Ventajas competitivas, esto es, aquellas facetas que nos permitirán producir más barato o atender mejor a nuestro cliente y que constituirán el núcleo fuerte de nuestro proyecto. Por el contrario, las debilidades nos enseñan el camino que debemos trazarnos pues nuestra es la responsabilidad de ir adoptando las decisiones oportunas o de disponer de los recursos necesarios para hacerlas desaparecer.  

Finalmente, los datos para elaborar nuestro estudio de mercado pueden proceder de distintas fuentes:  

• estadísticas de entidades públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Colegios profesionales, Cámaras de Comercio, Universidades, Instituto Nacional de Estadística,…) o privadas (CEPES);  

• entrevista con Agentes de Desarrollo Local y otros dinamizadores de la actividad económica local (sindicatos, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio,...);  

• encuestas realizadas personalmente, interesándose por la opinión de clientes, actuales o potenciales, proveedores, competidores, expertos,…; ó,  

• artículos dirigidos a la opinión pública por parte de especialistas, universidades, foros, conversaciones con otras personas conocedoras de un sector, revistas especializadas,…  

 

 

Contexto  

Nuestra actividad se va a desarrollar en un entorno económico determinado, debido a lo cual necesitamos conocer en qué contexto se venden nuestros bienes y servicios, cómo es la coyuntura económica global y la situación del sector en que queremos operar. En particular, el objetivo en este apartado será conocer el mercado y evaluar si nos interesa o no desde el punto de vista de sus características y de nuestras posibilidades. 

Competencia  

La competencia la integran cada una de las formas en que las empresas que producen o venden un producto, rivalizan entre sí para obtener los resultados deseados y dar satisfacción a una misma necesidad, bien sea directamente, bien sea a través de otros productos distintos. Por ejemplo, si la necesidad a atender fuera el ocio, entonces 

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bares, restaurantes, pizzerías o hamburgueserías serían competidores directos, mientras que teatros, cines, ludotecas, viajes serían competidores indirectos (productos sustitutivos).  

La intensidad de la competencia es el resultado de una serie de factores estructurales. Conocerla y entenderla nos permitirá adelantarnos a sus reacciones y así evitar la pérdida de clientes o bien ganarlos si actuamos adecuadamente. 

 

 

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Redes de colaboración  

Desde el punto de vista de una actividad económica, la colaboración tiene como finalidad la mejora de las oportunidades de negocio a través de acuerdos con otros trabajadores autónomos. Las ventajas para el colectivo serán, entre otras:  

• crear de forma colectiva un producto más apreciado por el cliente que el ofrecido por cada uno de los colaboradores de forma separada;  

• reducir costes de funcionamiento o de financiación al compartirlos;  

• mejorar la productividad derivada de la organización de la cadena de valor; y,  

• aumentar el poder de negociación del colectivo frente al resto de actores económicos (clientes, proveedores, entidades financieras).  

 

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Para ello, el análisis de las necesidades del cliente junto con la perspectiva integral que ofrece el marketing suele proporcionar ideas alternativas frente a un mercado regido exclusivamente por la competencia. Esta es la razón por la que el estudio del entorno debe incluir la búsqueda de posibilidades de colaboración.  

 

Dichas colaboraciones pueden ser:  

a) a nivel territorial, cuando se realiza entre empresarios localizados en una misma localidad o territorio (por ejemplo, la oferta de un hotel se mejorar por la colaboración de trabajadores autónomos dedicados al ocio, a la artesanía de la zona, a la producción de alimentos autóctonos, …);  

b) a nivel horizontal, cuando se realiza entre trabajadores autónomos que desarrollan la misma actividad (por ejemplo, colectivo de trabajadores autónomo que acuerdan atender a sus mutuos clientes cuando alguno de los colaboradores está de baja médica);  

c) a nivel vertical, cuándo la colaboración se produce en los distintos niveles del proceso de producción de un bien o servicio (por ejemplo, colaboración entre agricultores, artesanos de las hostelería y distribuidores de verduras enlatadas); y,  

d) a nivel multisectorial, cuándo la colaboración se produce entre trabajadores autónomos de distintos ramos (por ejemplo, cuadrillas de albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros).  

 

La forma en que se organizan estas redes es variada en la medida en que buscan la opción más adecuada a sus necesidades. A modo de información, podríamos citar varios modelos:  

• aquellos en los cuales hay un empresario que lidera el grupo y los demás le complementan (por haber propuesto la idea, por girar el grupo alrededor de su tecnología, porque los demás participantes completan un producto de referencia);  

• aquellos en los cuales la colaboración se establece entre el trabajador autónomo que tiene un proyecto y un inversor interesado en entrar en nuevos negocios; o,  

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• aquellos donde todos los miembros colaboran al mismo nivel sin que destaque el producto de ninguno de ellos sobre los del resto.  

 

La crisis actual ha acelerado la generación de estas experiencias tanto por la capacidad de negociación que ofrece un colectivo organizado alrededor de un proyecto integral de negocio claramente orientado al cliente (plan de viabilidad) como por la necesidad de pertenencia a un grupo (aspecto psicológico). Precisamente, las últimas tendencias en Economía de la Empresa diseñan las multinacionales del futuro como pequeñas empresas que organizan a otras pequeñas empresas en un proceso de producción dirigido a atender al cliente, sin perder de vista a la competencia. 

 

 

 

Proveedores  

Los proveedores nos proporcionan las materias primas con las que producir, las mercaderías con las que comerciar y/o los distintos servicios que, junto con nuestro trabajo y el de nuestra plantilla, nos permiten elaborar nuestro producto.  

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El análisis del entorno en el cual desarrollaremos nuestra actividad requiere que estudiemos el papel de los proveedores y su poder de negociación, pues a mayor de ellos, menor será nuestra capacidad para obtener los bienes y servicios requeridos a mejores precios y condiciones. 

 

Clientes  

El análisis del cliente tiene como finalidad conocer sus gustos y las características de un producto, concebido en un sentido amplio, que tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra ahora y en el futuro. Estos datos nos permiten clasificarlo, de tal forma que podamos saber quién es el cliente potencial y así poder desarrollar campañas segmentadas, esto es, acciones en las cuales se hace énfasis en aquellas percepciones que determinan sus decisiones de compra. 

No debemos olvidar que la razón que explica por qué tenemos clientes reside en el valor que para ellos tienen nuestros bienes y servicios y el precio que nos pagan al adquirirlos. Para conocer este valor, su evolución y poder establecer nuestras propias estrategias, debemos analizar y conocer sus componentes y entender cómo satisfacen a nuestro cliente. 

Además de conocer a nuestro cliente en relación con nuestra oferta, también es imprescindible analizar su poder de negociación, lo cual dependerá de su número y distribución. Un sector o segmento del mercado será más atractivo cuando los clientes estén poco concentrados, nuestro producto tenga pocos sustitutivos y éste pueda ser bien diferenciado frente a las propuestas de la competencia. 

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PLAN DE MARKETING  

Una vez conocemos el entorno en el cual vamos a desarrollar nuestra actividad y el cliente que más nos interesa, debemos definir nuestro producto como respuesta a esa necesidad detectada.  

Nuestro proyecto de actividad tiene que dirigirse hacia el cliente, tratando de fidelizarle mediante el establecimiento y fortalecimiento constante de las relaciones comerciales, sabiendo qué desea y ofreciéndole una atención más personalizada gracias a la información disponible.  

A partir de este punto, el trabajador autónomo, o el grupo promotor, debe concretar su propuesta frente a una amplia gama de opciones que contemplan desde diversas formas jurídicas en las cuales organizarse hasta planteamientos de negocio con combinaciones de costes y rentabilidades variadas. 

Estrategias básicas  

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El marketing no se entiende como la realización de una venta, sino como la satisfacción de las necesidades del cliente.  

No se pretende convencer a los clientes, sean empresarios, profesionales o consumidores, a toda costa, ya que éstos disponen de mucha información de los productos que se ofrecen en el mercado, sino de darles motivos que les convenzan de que la nuestra es la mejor alternativa. Y una vez nos hayan escogido, debemos seguir dándoles un tratamiento adecuado para que sigan confiando en nosotros y no tengan incentivos para buscar otras alternativas. La creación de unas relaciones estables con el cliente, basadas en la satisfacción y el valor de nuestro producto, constituyen el núcleo central del marketing moderno.  

Con el doble objetivo de atraer nuevos clientes y, posteriormente, de mantener y ampliar cada vez más nuestra cartera, el Plan de Marketing será una herramienta que nos servirá fundamentalmente para:  

• tener un mayor control sobre la situación de los bienes y servicios ofrecidos;  

• conocer su situación relativa (posicionamiento) frente a la competencia; y,  

• elegir aquellas acciones comerciales destinadas a reforzar nuestras fortalezas, a desarrollar nuestros potenciales y a paliar nuestras debilidades.  

 

En definitiva, el Plan de Marketing ha de mostrarnos que las acciones previstas siguen un rumbo claro, hacia unos objetivos concretos y basados en una estrategia previamente bien definida, evitando así improvisaciones que muchas veces responden a impulsos cortoplacistas que acaban afectando a la marcha de nuestra actividad. 

Un producto está compuesto principalmente por una serie de características físicas e intangibles que satisfacen o intentan dar satisfacción a las necesidades del cliente y deben corresponder a la idea de utilidad que se espera de él, aunque la tendencia actual viene marcada por el marketing de percepciones que hace preferir, a los diferentes clientes, un producto más por sus valores emocionales o externos que por su propia utilidad intrínseca.  

Así pues, las peculiaridades de los diferentes productos ejercen un importante influjo sobre la política de marketing. Para llevarla a buen término es necesario evaluar sistemáticamente las posibilidades del mercado, es decir:  

� analizar las diferentes estrategias de los productos y servicios añadidos, tanto de nuestra actividad como de la competencia,  

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� seleccionar y analizar sus principales características, así como los precios fijados para su comercialización, y,  

� dar coherencia a nuestro Plan con la filosofía y estrategias de marketing que consideremos como signo de identidad de nuestro negocio.  

 

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Producto  

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de alcanzar una mayor penetración en el mercado y conseguir ser más competitivos. 

 

 

Precio  

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El precio es muchas veces la única referencia que tiene nuestro cliente y ahí radica su importancia a la hora de determinar uno u otro para los bienes y servicios que vamos a ofrecerles. El precio mide lo que el cliente entrega a cambio de nuestro producto y por ello tiene lógica que se fije en función del valor que éste genere a su comprador. 

 

 

Lo ideal es adoptar una estrategia de precios que combine todas ellas, según la situación del cada mercado y la percepción de nuestro producto que tenga el cliente. Por tanto, la elaboración del precio de nuestros productos tendrá presente tres datos:  

• el precio mínimo que nuestro bien o servicio debe tener para cubrir costes y no incurrir en pérdidas;  

• los precios de la competencia; y,  

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• el valor percibido por el cliente frente a nuestro producto.  

Analizando estos tres componentes, nos aseguramos un producto rentable, competitivo en su entorno y atractivo para el mercado. 

 

 

 

Canal de distribución  

El canal de distribución es el conjunto de los diferentes caminos o etapas que los productos pueden recorrer hasta llegar a nuestro cliente. Aunque tradicionalmente, el canal era una de las características que definía cada sector y tipo de actividad, hoy en día, la implantación mundial de las nuevas tecnologías (internet, teléfonos móviles,…) y el desarrollo de los medios de transporte, está suponiendo en algunos sectores, por un lado, la globalización del cliente y, por el otro, la apertura de nuevas experiencias en la distribución. Así, el canal ha adquirido mucha importancia como fuente de oportunidades mediante la aplicación y popularización de estas innovaciones.  

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El cumplimiento de los plazos previstos y las condiciones de recepción de los pedidos son elementos esenciales para la percepción global, por parte del cliente, del valor que nuestro producto incorpora. Precisamente a ello han contribuido las nuevas tecnologías (formulación de pedidos por internet, seguimiento de éstos,…) y los medios de transporte, facilitando a un coste razonable la deslocalización de muchos mercados. 

 

 

 

Nuestro Plan de Marketing expondrá, como aspecto fundamental, las vías elegidas para relacionarnos y atender a los clientes. Más allá de resolver un problema logístico, el canal de distribución despliega el conjunto de tareas que integran la venta en sí y además asume otra serie de labores que ayudan a la toma de decisiones en el ámbito comercial:  

a) las decisiones básicas en la comercialización de los productos se toman por quienes tienen el contacto directo con el cliente y por ello disponen en tiempo real de información relevante sobre precios, atributos del producto, competencia y mercado;  

b) por ello, el conocimiento del sector por el trabajador autónomo, o el grupo promotor, constituye uno de los punto clave sobre el que debe pivotar el proyecto de una nueva actividad, pues muchas de las preguntas principales encuentran respuesta en el canal de distribución;  

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• las políticas de cobro son un aspecto más de la negociación de condiciones con nuestro cliente;  

• nos indicará posibles ajustes en los costes operativos, en las fases de almacenaje y distribución de los productos, y en los sistemas de control;  

• supone una actividad que, de por sí, puede acabar siendo una línea de negocio complementaria a la principal, pues la actividad logística de distribución de nuestros propios productos puede ofrecerse a potenciales clientes de este servicio;  

• participa en acciones de promoción, publicidad y relaciones públicas;  

• presta el servicio postventa; y,  

• ayuda a la mejora y consolidación de nuestra imagen.  

 

 

 

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Consideradas las distintas opciones posibles, la elección del canal apropiado debe tener presente una amplia variedad de factores, dependiendo de las características de nuestro cliente, de cómo queramos que éste perciba nuestro producto, de cual sea nuestro objetivo de presencia en el mercado (posicionamiento) y de nuestra capacidad económica. 

 

 

 

Promoción  

La promoción es el conjunto de acciones de tipo comercial que tienen como fin fundamental el incremento de las ventas a corto plazo. Al objeto de dar a conocer nuestro bien o servicio, la promoción reúne una serie coherente de herramientas y acciones cuya combinación da lugar a lo que se conoce como mix promocional.  

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En primer lugar, la promoción se orientará de manera que facilite, a los potenciales clientes, el conocimiento de la existencia y bondades de nuestro producto, de dónde y cómo pueden encontrarlo y de su precio.  

En segundo lugar, la promoción procurará captar la atención del público objetivo, mostrarle el valor añadido que aporta nuestro producto y persuadirle de su adquisición.  

Teniendo presente estos cometidos así como la estrategia de marketing que vamos a seguir, debemos definir una mezcla promocional coherente con estos fines. 

 

 

 

Una vez definidos los objetivos en materia de promoción, en el Plan de Marketing deben figurar las distintas acciones promociones mediante la elección de:  

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• medios: diferentes canales a través de los cuales pueden transmitirse los mensajes;  

• soportes: dentro de cada medio, los subcanales físicos que existen para insertar nuestros mensajes; y,  

• formas: diferentes maneras de expresar dichos mensajes y comunicaciones.  

 

 

 

 

 

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Servicio postventa  

El servicio postventa es el conjunto de operaciones de servicio que realizaremos después de una venta y que se destina a facilitar el uso, mantenimiento y reparación del bien suministrado.  

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Una vez hemos vendido un bien o prestado un servicio, sea por motivos legales, sea porque forma parte del valor añadido que lleva nuestro producto, debemos atender los problemas y gestiones planteadas por los clientes.  

Incluye todo el soporte necesario para apoyar al cliente en el uso del bien o servicio: soporte técnico, aplicación de la garantía, cursos de formación y atención de quejas.  

El servicio postventa ocupa un papel fundamental en la estrategia destinada a procurar la plena satisfacción del cliente. Precisamente, el valor añadido de un producto se pone de manifiesto a través de una serie de servicios diseñados con el propósito de brindar al cliente la calidad, la confianza y el respaldo de una marca.  

Algunas de las razones que justifican el tiempo y esfuerzos después de la venta giran en torno al mantenimiento de una buena relación con el cliente; así:  

• es más fácil vender a un cliente satisfecho una cantidad mayor, o un producto nuevo, que encontrar clientes nuevos y conseguir venderles;  

• un cliente satisfecho es nuestro mejor comercial pues, a través de sus recomendaciones, nos da acceso a nuevos clientes potenciales; y,  

• las visitas a clientes satisfechos dan la oportunidad de conseguir nuevas ideas de posible aplicación a otros clientes actuales o potenciales.  

 

Complementariamente, el servicio postventa constituye una fuente de información muy importante, ya que nos permite:  

• conocer de primera mano la valoración final del cliente sobre nuestro producto y servicios accesorios;  

• detectar fallos en la producción de bienes o en la prestación de servicios que serán de mucha utilidad para revisar nuestra forma de trabajar, ahorrándonos los costes que conlleva su reparación; y,  

• advertir necesidades de nuestros clientes que pueden mejorar distintos aspectos del producto actual o dar lugar a otros nuevos.  

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PLAN DE OPERACIONES  

El Plan de Operaciones recoge el conjunto de recursos y procedimientos que vamos a emplear para crear el bien o servicio con las características que hemos considerado adecuadas para satisfacer la necesidad del cliente.  

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En este punto, conviene recordar que nuestra actividad generará un producto con un valor añadido que nuestro cliente va a estar dispuesto a pagarnos. Por tanto, debemos ser conscientes de que la actividad que desarrollamos es un proceso de creación de valor a lo largo de varias fases, a lo largo de lo que se conoce como Cadena de Valor. 

 

 

 

 

Planificación de nuestra actividad  

El proceso de creación de valor es una cadena de actuaciones o de manipulación de recursos (materias primas, productos terminados, servicios, información,…) a través del cual se obtiene un producto cuyo valor es superior a la suma de los recursos empleados y cuya naturaleza puede ser diversa (bienes tangible o intangibles, servicios,…).  

En cualquier empresa, estos procesos pueden ser simples o complejos y comprenden desde aquellos puramente administrativos o comerciales hasta avanzados procesos de fabricación.  

Lógicamente, cada actividad requiere de un proceso de trabajo distinto y es, en este apartado, donde corresponde explicar cómo vamos a trabajar. Con un detalle suficiente, deberemos de identificar aquellos procesos de nuestra actividad que sean más relevantes para su viabilidad, indicando: 

 

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1) de quién proviene la entrada o los elementos (personas, recursos, información,…) con los cuales comienza (proveedor interno o externo del proceso);  

2) quién es el destinatario del resultado (cliente interno o externo del proceso); y,  

3) interrelación entre todos los procesos.  

Una primera aproximación a los procedimientos pasa por relacionarlos en términos generales, para luego ir particularizándolos.  

La descripción vendrá delimitada por el sector de actividad, pues mientras las tareas más habituales en las empresas comerciales suelen girar en torno a un local abierto al público y la gestión de las mercaderías, por el contrario en las empresas industriales y de servicios sus operativas se centran en la producción.  

Debemos prestar especial atención a los procesos en los cuales residan nuestras mejores habilidades, aquellos que nos diferencian de la competencia, aquellos en los que se encuentre nuestra fortaleza (ventaja competitiva) frente a los competidores y será donde deberemos alcanzar las cotas más altas de eficiencia. Para ello, estos procesos clave requieren una descripción mucho más pormenorizada que nos facilitará el hallazgo de los puntos críticos que no deberemos perder de vista.  

Respecto a los procesos, en particular aquellos de producción de bienes y servicios, es recomendable identificar y resaltar los aspectos más relevantes de la planificación y programación, haciendo especial mención a:  

• las capacidades del proceso productivo (horas/proyecto, unidades/hora, horas totales, unidades producidas por unidad de materia prima);  

• las tecnologías utilizadas;  

• los medios humanos;  

• los recursos materiales; y,  

• los recursos intangibles.  

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Una vez definidos aquellos procesos estratégicos sobre los que reside el núcleo de nuestra actividad, corresponde describir aquellos otros más genéricos y con un carácter transversal (apertura del local, mantenimiento, labores administrativas,…), que no tienen una relación directa con la producción de bienes y servicios para el mercado. 

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Personal  

La gestión de los medios humanos persigue conseguir conjuntamente que la empresa alcance sus objetivos mientras las personas logran su realización personal en nuestro proyecto. 

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La descripción de puestos debe ser lo más completa posible, resaltando entre otros datos relevantes y que facilitan la toma de decisiones:  

• la misión del puesto con relación al conjunto de la organización;  

• las funciones básicas en cada uno de ellos;  

• todas las tareas que cada función integra; y,  

• las responsabilidades que se asumen en cada puesto.  

 

Con esta información se podrá ejercer un adecuado control por parte de la persona interesada y de la organización.  

Cuando el trabajador autónomo ejerce su actividad de forma directa y sin auxilio de otras personas, la definición del puesto obviamente comprende todas las funciones y tareas que acomete en el desarrollo de su actividad. Digamos que el Plan de Operaciones se confunde con la descripción del puesto de trabajo. 

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Cuando el trabajador autónomo, o el gerente de una sociedad, ha contratado personal entonces la definición de su propio puesto de trabajo habrá de incluir la función de dirección, coordinación o gestión última de la actividad.  

El perfil de un puesto nos permitirá identificar los requisitos de formación y experiencia que debe reunir la persona que lo ocupe.  

La retribución de las personas que intervienen en la actividad es un aspecto muy importante para lo cual debemos hacer una distinción:  

a) el coste salarial del trabajador autónomo, o del administrador de una sociedad, no está predeterminado ni limitado por ningún acuerdo colectivo, sino que debe calcularse de otra forma. Así, a modo de ejemplo se suelen tomar como posibles referencias:  

• el sueldo que perciba un trabajador por cuenta ajena con responsabilidades de gestión en su empresa más la cotización al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), tomando dicho sueldo como base de cotización; ó,  

• el sueldo que le pagaría a otra persona que me sustituyera en mi función más la misma cotización al RETA que en el caso anterior.  

b) el coste salarial del personal contratado o por cuenta ajena vendrá determinado por dos conceptos básicos:  

• el salario bruto anual, cuyo importe mínimo se fija por categoría y actividad en el Convenio Colectivo aplicable al sector, pero que ambas partes tienen libertad para mejorar, bien porque los resultados de cualquier empresa son fruto del trabajo conjunto del empresario y del trabajador, bien porque un aumento de sueldo supone un incentivo a la vinculación con los objetivos del negocio que puede traducirse en último término en mayor satisfacción del cliente, mayor actividad y más eficiente y, con ello simultáneamente, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la obtención de una rentabilidad estable; y,  

• la cuota patronal que se cotiza al Régimen General de la Seguridad Social y que, en términos general y como referencia rápida, viene a suponer más o menos un 35% del sueldo bruto anual anterior.  

 

 

 

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Recursos materiales e intangibles  

Los planes de actuación requieren del uso de un conjunto de recursos a disposición tanto del trabajador autónomo como de la plantilla de la sociedad. 

 

 

Para su estudio, los recursos materiales, intangible y financieros se clasifican, según el papel que desempeñan para la actividad, entre aquellos que conforman la estructura permanente frente a aquellos otros utilizados en el tráfico mercantil, es decir, según su 

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participación en uno de los dos ciclos que explican su uso: el Ciclo de Inversión y el Ciclo de Explotación.  

En primer lugar, hablamos del Ciclo de Inversión, o ciclo a largo plazo. A este grupo pertenecen los elementos denominados activos no corrientes, activos fijos o inmovilizado. Tienen como finalidad dar soporte a las operaciones que integran el Ciclo de Explotación y no se destinan a la venta al cliente. El trabajador autónomo o el inversor recuperarán su valor a través del plan de amortización, esto es, mediante el reparto de su coste de adquisición según un criterio basado en su uso. Dicho reparto puede hacerse tomando distintos criterios que, en todo caso, deben reflejar el desgaste en el activo:  

• según el número de años que va a utilizarse desde un punto de vista económico, es decir, que se usará mientras sea eficiente y no aparezca una nueva tecnología que reduzca sus costes (el correo electrónico redujo el número de faxes en las oficinas);  

• según la vida técnica prevista por el fabricante (maquinaria industrial,…); o,  

• según el número de unidades producidas (maquinaria industrial,…).  

 

Este coste unitario (años, horas, unidad) se incorpora al coste unitario total de la producción, logrando la recuperación de la inversión vía precios, con la venta de los bienes o la prestación de los servicios.  

En segundo lugar, hablamos del Ciclo de Explotación, o ciclo a corto plazo, como el conjunto de operaciones necesarias que es preciso realizar desde la inversión en bienes y servicios destinados a la producción hasta la recuperación de ésta mediante el cobro de la producción vendida. Según el sector de actividad, podemos decir que:  

• en las empresas industriales, el proceso sería: dinero‐materia prima‐producto terminado‐dinero (un taller de fabricación de ordenadores compra piezas, construye ordenadores y al venderlos recupera los costes);  

• en las empresas comerciales, el proceso sería: dinero‐mercaderías‐dinero (una tienda de ordenadores, los compra ya creados y los vende sin modificaciones); y,  

• en las empresas de servicios, el proceso sería: dinero‐bienes y servicios‐dinero (una tienda de reparación de ordenadores, repara o sustituye piezas y además cobra el tiempo de trabajo dedicado a la reparación).  

 

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A este grupo pertenecen los elementos que integran el activo corriente o circulante. Tienen como origen y destino las actividades integradas en el Ciclo de Explotación que define la actividad y, por tanto, se destinan a la venta o a la prestación de servicios. Su coste se recupera a través del precio, del cual suele constituir uno de los componentes más importantes.  

Llegados a este punto, podemos observar que el Plan de Operaciones está íntimamente ligado a los medios humanos y recursos materiales e intangibles que son utilizados en los procesos que describen nuestra actividad. Conocer cómo trabajamos, donde están nuestras fuerzas y debilidades, resulta tan importante como saber de las necesidades del cliente. 

 

PLAN ECONÓMICO ‐ FINANCIERO  

Una vez hemos definido cómo vamos a llevar adelante nuestra actividad, nos queda un último estudio a través del cual valoraremos la viabilidad económica y financiera de nuestro proyecto.  

El Plan Económico‐Financiero trata de medir dos objetivos básicos e interrelacionados en toda actividad mercantil:  

� su rentabilidad, es decir, su capacidad para generar beneficios, aunque no tienen por qué producirse a corto plazo; y,  

� la solvencia y liquidez, es decir, la capacidad de hacer frente a todos los pagos que se produzcan en la empresa en el plazo de vencimiento convenido.  

 

Para elaborar este plan, haremos uso de un conjunto de técnicas pensadas para diagnosticar la situación y perspectivas de cualquier empresa con el fin de adoptar las decisiones adecuadas.  

Inversión y financiación: el Balance de Situación  

A partir del Plan de Operaciones, el cual recogerá la estructura económica de nuestra actividad, corresponde cuantificarla en términos monetarios e identificar cual será el origen de los recursos que emplearemos en adquirirla. Dichos elementos figuran relacionados junto con el proceso de trabajo en que participan, es decir, en el punto en que indicamos cómo vamos a trabajar y con qué elementos personales y materiales lo haremos.  

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El Balance de Situación nos proporciona una imagen fija, a una fecha determinada, de la situación patrimonial y financiera de una entidad: conjunto de bienes, derechos y obligaciones.  

Por un lado, en el Activo tenemos la estructura económica donde podemos conocer su tamaño y composición y en la cual se integran el conjunto de bienes y derechos de cobro utilizada por una organización y su empleo bien en el Ciclo de Explotación (tráfico mercantil) o en el Ciclo de Inversión (inmovilizado).  

Por otro lado, en el Pasivo tenemos la estructura financiera donde podemos conocer el origen de los recursos financieros que están materializados en los activos.  

El Ciclo de Explotación, ciclo a corto plazo de la empresa o ciclo dinero‐mercancías‐dinero, es el conjunto sucesivo de actos que comienza con la inversión en bienes y servicios para la producción o el comercio y termina con la recuperación en dinero de dicha inversión mediante el cobro de la producción vendida.  

El Ciclo de Inversión es el periodo a través del cual se recuperan las inversiones en activos no corrientes en aplicación de su plan de amortización. Mediante la amortización se incorpora al valor de los bienes producidos o servicios prestados de los activos destinados a sustentar el ciclo de explotación de la empresa, pero no a intervenir en él.  

El Periodo Medio de Maduración sería el tiempo que, por término medio, tarda en volver a caja el dinero que ha salido de ella para hacer frente a las necesidades del Ciclo de Explotación.  

A partir de estos conceptos, en el Balance de Situación se realiza una triple clasificación, que atiende a:  

1) la función que cumple cada activo con relación al Ciclo de Explotación, distinguiendo entre aquellos que sustentan cualquier actividad y no se venden en el proceso dinero‐mercancía‐dinero (activos no corrientes), aquellos integrados en el Ciclo de Explotación objeto del tráfico mercantil (activos corrientes) y aquellos que se poseen pero que no intervienen en la explotación (inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a corto plazo);  

2) en el activo no corriente, los activos se clasifican según su naturaleza entre materiales, intangibles y financieros; y  

3) en el activo corriente, de acuerdo con el ciclo de explotación, los activos se clasifican con relación a su proximidad a la liquidez o momento de recuperación de la inversión.  

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Equilibrio entre inversiones y financiación  

Una vez definidas las estructuras económica y financiera, nos interesa hacer un estudio de sobre la relación entre los plazos en que recuperaremos las inversiones en activos y los plazos de devolución de los recursos financieros.  

En este punto buscamos asegurarnos de que los activos están financiados con deudas y otros fondos cuya devolución sea coherente con el plazo que vamos a necesitar para recuperar nuestras inversiones en esos activos. Si para recuperar un euro invertido en un activo voy a necesitar dos años, las deudas que los financian deberán tener un vencimiento, como mínimo, también de dos años.  

El Fondo de Maniobra es aquella parte de los activos empleados en el Ciclo de Explotación que financiamos con recursos a largo plazo. Estos activos los convertiremos en dinero antes de que llegue el vencimiento de las deudas que 

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contrajimos para comprarlos, de manera que podremos cumplir nuestras obligaciones sin ningún contratiempo. 

 

 

 

 

En general, el Fondo de Maniobra debe ser positivo lo cual supone que estamos financiando adecuadamente la actividad, constituyendo una garantía para la estabilidad financiera de la empresa y minorando la probabilidad de entrar en suspensión de pagos.  

El Fondo de Maniobra ha de ser positivo porque hay una parte del activo corriente, del activo que recuperamos con el Ciclo de Explotación, que permanece en el patrimonio de la empresa durante más de un año y, por tanto, no se comporta como un activo corriente, sino como un activo no corriente. En este caso encontramos, por ejemplo, las existencias mínimas de género o materias primas que debemos tener en nuestro negocio para que ningún cliente que venga a comprar se vaya sin nuestro producto o tengamos que parar el proceso de producción por no tener material que trabajar (stocks de seguridad).  

Por tanto, el importe ideal del Fondo de Maniobra estará relacionado, entre otros conceptos, con los almacenamientos mínimos de seguridad que debamos guardar y disponer siempre en nuestro negocio para no perder ninguna venta, ni parar nuestro 

proceso productivo, así como con la duración del periodo medio de maduración, esto es, el tiempo que por término medio se completa el Ciclo de Explotación y por tanto recuperamos cada euro invertido sucesivamente en la actividad mercantil.  

 

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Recursos financieros propios y ajenos  

Desde el inicio de la actividad, vamos a tener que afrontar una serie de gastos (notaría, registros, gestoría) y realizar hacer algunos desembolsos (capital social), cuya cuantía dependerá del tipo de empresario por el cual optemos.  

Por otro lado, toda empresa se crea y desarrolla con la finalidad de hacer frente a una demanda de bienes y servicios. Para atender esa demanda es preciso realizar inversiones en medios humanos (formación, prevención de riesgos laborales,…) y en recursos materiales e intangibles que éstos emplearán en su trabajo.  

Los recursos financieros, cuyo origen puede estar en el propio trabajador autónomo, en los socios o en beneficios acumulados (Patrimonio Neto) y en la capacidad de endeudamiento de la empresa (Pasivo), permitirán a la misma disponer de la estructura económica definida en los Planes de Marketing y de Operaciones para que desarrolle su actividad y genere rentabilidad. Corresponde al trabajador autónomo o a los socios de la sociedad buscar la estructura financiera más adecuada, en importe, en coste y en vencimientos, a dicha estructura económica.  

Si los recursos proceden de la propiedad, hablamos de dos tipos de recursos financieros según su origen:  

• aportaciones del trabajador autónomo o los socios: ahorros, capital social, capitalización del desempleo,…, y,  

• autofinanciación: recursos generados en el negocio, pero retenidos y no retirados por el trabajador autónomo o los socios.  

Normalmente y después de los ahorros propios, la capitalización del desempleo suele ser la primera vía para obtener financiación. El pago único constituye una medida de fomento del empleo que pretende facilitar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo. 

 

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La capitalización de la prestación puede hacerse a través de alguna de las tres modalidades siguientes:  

a) ayudas para facilitar el desembolso necesario para iniciar la actividad en el caso de trabajadores autónomos (gastos de constitución, primeras mercaderías o materias primas, adquisición de inmovilizado, fianzas en arrendamientos,…), como para entrar en el capital social de cooperativas o sociedades laborales en constitución o ya creadas. Las ayudas consisten en recibir en un solo pago una cantidad a justificar posteriormente, con un límite máximo fijado en función de la edad del beneficiario, según el caso (trabajador autónomo o socio);  

b) ayudas para subvencionar las cuotas a la Seguridad Social durante el desarrollo de la actividades, de manera que sea abona mensualmente al beneficiario la cantidad que éste haya pagado previamente a la Tesorería de la Seguridad Social; o,  

c) ayuda combinada de las dos anteriores.  

Es muy importante no olvidar que la solicitud del abono deberá formularse antes de la fecha:  

• de inicio de la actividad como trabajador autónomo, esto es, antes de tramitar el alta en el Registro de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria;  

• de constitución de la cooperativa o sociedad laboral ante el notario; o,  

• de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral ya existente mediante el acto de compraventa o de suscripción de participaciones de aquellas.  

 

Los recursos procedentes de terceros pueden adoptar distintas modalidades (bancarios, inversores particulares, plazos comerciales de los proveedores…), pero debemos recordar que éstos toman sus decisiones, entre otros criterios, a partir de varios datos principalmente:  

• retribución a su inversión mediante el cobro de intereses (bancos, inversores);  

• coste que ellos les supone la financiación que nos conceden (proveedores); o,  

• garantías que den cobertura a posibles impagos (hipotecaria, seguro de caución).  

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En cuanto a las modalidades de operaciones destinadas a la financiación, existe una amplia variedad de posibilidades. Cualquiera que sea la inversión que debamos financiar, nuestras decisiones deben sustentarse en tres criterios:  

1) el importe que necesitamos;  

2) el tipo de interés efectivo (en Tasa Anual Equivalente (TAE), es decir, del coste completo, incluyendo comisiones e intereses nominales, de una operación financiera en términos anuales, lo que nos permitirá poder comparar operaciones con distintas condiciones comerciales y plazos de vencimiento); y,  

3) los vencimientos, adecuados a los plazos previstos en que recuperaré los recursos financieros que voy a solicitar.  

En la medida de lo posible es aconsejable no tener recursos financieros ociosos. Sin embargo, en los tiempos actuales de restricción del crédito, el dinero se ha convertido en un bien tan necesario como los stocks de seguridad para atender ventas o el proceso productivo. 

 

 

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Finalmente, hay otras alternativas de financiación al margen del sistema financiero, cuyo origen es variado así como ofrecen condiciones que, al poder negociarse para cada caso concreto, pueden ser más interesantes y estables: amigos, fondos comunitarios, microcréditos otorgados por entidades sin ánimo de lucro, business angels o inversores individuales, cloudfunding,…  

Resultados y rentabilidad de las actividades: la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

El resultado de las actividades se obtiene por diferencia entre los ingresos menos los gastos. Sin embargo, no sólo nos interesa saber si hemos ganado dinero, sino que necesitamos profundizar en el estudio de este resultado para conocer mejor cómo estamos trabajando.  

Ingresos  

Dentro del conjunto de ingresos posibles, tengan o no relación con nuestro Ciclo de Explotación, nos interesa fundamentalmente estudiar nuestras ventas ordinarias, esto es, aquellos ingresos procedente de la explotación.  

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En nuestro proyecto, necesitamos hacer una o varias previsiones de ventas (escenarios). Para ello, comenzaremos por analizar su estacionalidad, es decir, conocer cuáles son los meses buenos y malos para la actividad que nos planteamos. 

Este estudio puede realizarse mediante observación o por conocimientos específicos del sector, por parte de la persona que desea iniciar dicha actividad empresarial o de otras personas que están relacionadas con ese tipo de negocio. Con este estudio podremos ver cómo puede evolucionar nuestra cifra de negocio a lo largo de un año, siendo determinante para posteriormente ver cómo evoluciona nuestra tesorería.  

La previsión de ventas será el resultado de todo un proceso de análisis de la información conseguida, del sector de actividad y de la cuantificación de nuestra clientela potencial, una vez que tenemos determinada la localización de nuestra empresa. No hay que olvidar que estamos hablando de estimar la posible facturación de nuestro negocio y, por tanto, no existe una certeza total para el cumplimiento de la misma. Sólo si el proceso de análisis se realiza con una buena información y una visión realista de nuestra situación, podremos acercarnos a la realidad con dicha estimación, pero debemos contar con posible desviación que se producirá cuando nuestra empresa inicie su actividad.  

Existen métodos para estimar las ventas, ninguno de ellos definitivo; en todo caso será recomendable considerar expresamente unidades vendidas y precios unitarios. Ello no puede hacernos olvidar que cualquiera que sea el método empleado, la previsión de ventas tiene que ser razonable, realista, coherente y plena de sentido común.  

La previsión de ventas debe realizarse para un período adecuado al negocio que desarrollemos y debería comprender al menos la duración de tres ciclos de explotación completos, realizando un desglose mensual para el primer año, en función del estudio de la estacionalidad. En la práctica, las proyecciones se suelen hacer a tres, cuatro o cinco ejercicios.  

Gastos  

Debemos considerar todos los gastos que vayan a generarse en nuestra actividad, de manera que siempre manejemos una información correcta.  

Nuestro análisis ganará profundidad si tenemos presente que no todos los gastos y costes tienen la misma relevancia para alcanzar la eficiencia, esto es, para obtener la mayor producción posible con el mínimo coste. Por tanto, una primera clasificación de los costes los diferencia entre:  

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a) costes fijos: aquellos costes independientes del nivel de actividad que tengamos e incluso de que se venda o no (alquiler, cotizaciones al RETA, seguros de incendio o responsabilidad civil, servicios de gestoría,…); y,  

b) costes variables: aquellos que evolucionan en función de las ventas (materias primas, comisiones,…); a más clientela atendida, más costes.  

En nuestras decisiones de gestión, y fundamentalmente cuando comenzamos una actividad, siempre procuraremos reducir todo lo posible los costes fijos. Para ello, haremos uso de dos tipos de estrategias: 

• convertirlos en variables a través del arrendamiento de bienes y servicios o de relacionarlos con proyectos y programas concretos; ó,  

• aumentando la capacidad de producción (economías de escala), pues ello suele tener como efecto una reducción los costes fijos por unidad de producto (dilución por incremento del número de unidades entre las cuales repartir los costes fijos).  

 

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Márgenes y resultados  

En primer lugar, debemos distinguir entre los resultados que provienen de nuestra actividad ordinaria frente a aquellos resultados ajenos a ésta, llamados excepcionales.  

En segundo lugar, el análisis de los resultados ordinarios nos permitirá evaluar básicamente cuestiones como:  

• la evolución de la cifra de ventas global o por productos;  

• la evolución del margen bruto global y por productos;  

• la evolución de los gastos de estructura y de financiación;  

• el cálculo de las ventas necesarias para cubrir gastos y para comprobar la viabilidad económica de las actividades; y,  

• si se analiza la Cuenta de Resultados previsionales de futuros ejercicios, se podrá optimizar la evolución del resultado.  

 

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Para obtener esta información, habitualmente se utiliza la Cuenta de Resultados, cuyo formato debe adaptarse a las necesidades de información en cada caso. 

 

 

Los componentes de nuestra estructura de costes, tanto variables como fijos, vendrán citados en el Plan de Operaciones pues en éste no sólo se establecen los objetivos a conseguir, sino también cómo y empleando qué recursos humanos y materiales.  

El Margen Bruto nos va a informar de la ganancia o pérdida que hemos logrado exclusivamente con el género vendido o los servicios prestados, esto es, por diferencia entre nuestros ingresos y lo que nos costó lo que hemos vendido.  

Los Márgenes Netos los iremos obteniendo según sea el tipo de gasto que le restemos al Margen Bruto, esto es, gastos de estructura (distribución, comerciales o generales) y financieros, según sea el nivel de información requerido.  

Finalmente, el Resultado o Margen Neto se obtendrá por diferencia entre las ventas totales y todos los gastos incurridos en la actividad. 

A la hora de tomar decisiones de gestión, suele ser más operativo el cálculo de los márgenes unitarios, esto es, por unidad vendida. El método más habitual para fijar la 

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política de precios suele arrancar a partir del coste unitario para después añadirle el margen bruto. 

 

 

 

Cálculo del umbral de rentabilidad  

El Umbral de rentabilidad (ó Punto de equilibrio ó Punto muerto) nos va a informar de aquella cifra de ventas con la cual la empresa genera un margen suficiente para cubrir todos los gastos fijos, esto es, el punto a partir del cual la actividad comienza a generar beneficios.  

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Evidentemente, es muy importante saber dónde está dicho punto de equilibrio pues, si no vendemos por encima de éste, estaremos trabajando con pérdidas. 

El Umbral de rentabilidad se puede expresar en unidades de producto o en unidades monetarias. Asimismo, puede calcularse para la totalidad de la empresa o para un servicio o bien concreto. 

 

 

Para calcular el Umbral de rentabilidad, primero debemos tratar los datos disponibles, tanto si son reales como si son previsionales. 

En cualquier caso, los distintos conceptos que debemos calcular previamente y manejar para obtener el Umbral de rentabilidad serán:  

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a) la cifra de ventas, sin incluir impuestos indirectos que vayamos a recuperar, si queremos el resultado en unidades monetarias;  

b) las unidades vendidas, si queremos el resultado en unidades de producto;  

c) los costes fijos, que son aquellos costes independientes del nivel de actividad que tengamos e incluso de que se venda o no (alquiler, cotizaciones al RETA, seguros de incendio o responsabilidad civil, servicios de gestoría,…); y,  

d) los costes variables, que son aquellos que están en función de las ventas (materias primas, comisiones,…).  

El coste variable vendrá definido por el tipo de empresa en el que nos encontremos y su cálculo dependerá de este hecho:  

• Empresa comercial: adquiere mercaderías que vende sin transformación aunque puede incrementar el valor del producto ofreciendo servicios adicionales. El coste variable incluye el precio de la mercadería así como los gastos asociados al aprovisionamiento (transportes, seguros de la mercancía, impuestos no recuperables, etc.) y a los servicios añadidos.  

• Empresa industrial: adquiere materias primas y otros materiales y los transforma en productos terminados. Su coste variable comprende el coste de las materias primas, los costes directos de fabricación (mano de obra directa, uso de la maquinaria,...) y gastos generales de fabricación directos (consumos de suministros,…).  

• Empresa de servicios: ofrece un producto intangible. El coste variable fundamental es el coste de la mano de obra que ejecuta el servicio.  

El coste variable unitario se calcula dividiendo el coste variable total entre el número de unidades utilizadas (horas de trabajo, número de productos terminados).  

Una vez debidamente clasificados los costes de la actividad, se obtiene el Umbral de rentabilidad a través de la siguiente fórmula: 

 

 

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Movimientos de cobro y de pago: el Estado de Flujos de Efectivo ó Cash Flow  

El Estado de Flujos de Efectivo informa sobre los movimientos y saldos de tesorería distinguiendo entre explotación, inversiones y financiación, resultando muy útil para evaluar las posibilidades de éxito, supervivencia o fracaso de una empresa.  

Teniendo en cuanta que, desde una perspectiva económico‐financiera, la buena salud de un negocio se mide en términos de los beneficios y la tesorería que genera, este estado contable resulta de mucha utilidad para la gestión y dirección. 

 

Si al realizar el presupuesto de tesorería desglosado para el primer año, detectáramos algún déficit o falta de liquidez en algún mes, tendríamos que replantearnos algunos de los aspectos siguientes:  

• aumento de la financiación ajena, con el consiguiente incremento de gastos financieros, o de la financiación propia, incrementando capital;  

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• cambio en los plazos de las deudas de las entidades financieras, posibles aplazamientos en los plazos de proveedores,…;  

• posibilidad de reducir gastos sin que se vea afectado el volumen de actividad; o,  

• posibilidad de cobrar a un plazo inferior a la clientela, sin que repercuta en la cifra de ventas.  

Tendremos que ver, en cada caso, cuál es la opción posible y más favorable, ya que podemos ser una empresa con pérdidas el primer año, pero no una empresa en suspensión de pagos o con problemas de pago.  

Para la llevanza de un control del flujo de caja se suelen utilizar métodos más sencillos y rápidos de configurar. 

 

 

INICIO DE LA ACTIVIDAD Y SU CONSOLIDACIÓN  

Elegida la idea entre aquellas factibles y viables, y desarrollado nuestro Plan de Viabilidad, llega el momento de ponerla en marcha, de hacerla realidad.  

En este punto, debemos plantearnos qué tipo de organización es la más conveniente para nuestra iniciativa y los trámites necesarios para su inicio.  

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La elección tendrá en cuenta la aportación inicial, dedicada tanto al cumplimiento de los requisitos legales como a la inversión que permita un desarrollo a la actividad propiamente dicha, pues cada una de las formas que elijamos comporta un coste y condiciona un desarrollo futuro. No obstante, la forma elegida en la puesta en marcha podrá modificarse a lo largo de la vida del proyecto de actividad, adecuándose a las vicisitudes de cada momento, en orden a su mejor desarrollo.  

Las formas más habituales para el desarrollo de una actividad económica, sea empresarial, profesional o artística, son básicamente tres:  

a) como persona física: trabajador autónomo o empresario individual;  

b) como sociedad mercantil, entre las que destacan las sociedades anónima, limitada, comanditaria, colectiva, cooperativa, laboral, entre otras y cuya regulación se encuentra en leyes específicas como la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Sociedades Profesionales, la Ley de Cooperativas o la Ley de Sociedades Laborales; ,o  

c) ) otras entidades de carácter civil que también desarrollan actividades económicas, como son la sociedad civil, la comunidad de bienes, la asociación y la fundación, reguladas bien por el Código Civil o por sus leyes propias pero caracterizadas todas ellas porque su finalidad más importante, en principio, no es desarrollar un negocio.  

 

Tanto para crear la forma de organización por la cual optemos como por el mismo hecho de iniciarla, al inscribirnos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria, contraeremos una serie de obligaciones y deberemos cumplimentar un conjunto de trámites antes distintas administraciones. Para ello, debemos tener claro que:  

• los trámites para el inicio de la actividad se realizan una vez y nada más;  

• en un proyecto, lo verdaderamente importante es el estudio previo antes de empezar, porque nos obliga a conocer bien nuestra actividad y a buscar las condiciones adecuadas para alcanzar el éxito; y,  

• cada Administración Pública, u órgano de ésta, tiene su propia organización y unas normas propias de funcionamiento, de manera que en cada Administración Pública :  

• nos informaremos exclusivamente de aquello que sea su competencia, evitando preguntar por cuestiones que sean de otro ámbito; y,  

• cumplimentaremos sus trámites por separado, en el orden preciso y prestando mucha atención a las fechas y plazos establecidos.  

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Finalmente, no debemos olvidar que toda actividad necesita tiempo para consolidarse y hemos de ser conscientes de ello desde el primer momento. En este sentido, resulta recomendable fijarse un plazo para comprobar que nuestra idea funciona, que nosotros funcionamos y que nuestro entorno nos lo permite. Superado este límite sin éxito, debemos replantearnos la actividad elegida.   A partir de este momento, con nuestro Plan de Viabilidad como guía de trabajo (tanto por sus contenidos como por la metodología que emplearemos), habiendo optado por el tipo de empresario con el que vamos a comenzar la actividad económica y realizados los trámites de inicio necesarios, comienza la andadura de nuestro proyecto.   A modo de resumen, la gestión diaria de nuestra actividad y su desarrollo futuro requerirá del control constante de los aspectos cualitativos y cuantitativos más relevantes, sobre los cuales el trabajador autónomo o empresario deberá prestar especial y constante atención. 

 

 

 

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Y siempre adoptando las decisiones oportunas basadas en los tres elementos que deben guiar su actividad:  

a) el cliente;  

b) la rentabilidad; y,  

c) la solvencia.  

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