GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO

SOCIAL DE DERECHO Primeros 100 días

Comité Ejecutivo Nacional, Dirección Nacional www.nuestropartidoescolombia.info nuestropartidoescolombia@gmail.com Casa Amarilla:

Cr. 17 No. 33 A -51, Bogotá, D.C.

Nueva correlación de fuerzas No hay tarea más estratégica para la democracia que la convergencia orientada a

conformar un Frente Común donde agrupaciones políticas desde el centro hasta la izquierda convengan acuerdos programáticos básicos y reglas de participación electoral,

que aseguren las mayorías necesarias para hacerle frente a los desafíos que se desprenden del uribismo en el poder. En su accionar es definitivo superar viejos

esquemas, tácticas discursos sin capacidad para interpelar las mayorías de la Nación. No se puede ignorar que Duque es una de las versiones más consagradas de una nueva

derecha que se sintoniza muy exitosamente con los ciudadanos.

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Contenido

Comité Ejecutivo Nacional ........................................................................................... 2

Coordinadores Regionales ......................................................................................... 13

GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO ... 3

Introducción .............................................................................................................. 3

Bloque alternativo: opción de Gobierno .................................................................. 3

Los retos que plantea la nueva “correlación de fuerzas” ..................................... 4

Adiós a las armas ................................................................................................... 4

Oposición ............................................................................................................... 5

Convergencia ......................................................................................................... 5

Bloque dominante: desmonte del Estado social de derecho. .................................. 5

El método de una derecha “pop” .......................................................................... 6

Modelo económico de capitalismo puro. ............................................................. 6

Reducción de las garantías sociales ...................................................................... 7

Reglamentación de la protesta social. .................................................................. 8

De la paz a la guerra. ............................................................................................. 8

Los rumbos de la política de paz de Duque. ......................................................... 9

Protección ambiental ............................................................................................ 9

Ministerio de familia ........................................................................................... 10

Contagio represivo .................................................................................................. 10

Deterioro de la deliberación pública .................................................................. 10

Las amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos de oposición ............... 11

Conclusiones ............................................................................................................ 11

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Comité Ejecutivo Nacional

Clara López Obregón – Directora Nacional

Tito Herrera – Veedor Nacional

Alba Luz González

Antonio Berbeo

Berta Rey

Camilo Hernández - Jóvenes

Carlos A. Romero

Dalila Gómez- Pueblo Rrom

Carlos Alberto Saavedra

Daniel Castro- Jóvenes Dionisio Miranda - Afros

Eduardo Martínez

Elizabeth Cortes

Ernesto Salamanca

Fernando Rojas

Gil Falcón Prasca

Gloria Cuartas

Guillermo Encinales

Horacio Duque

Ignacio Velásquez

Jaime Zubieta

Javier Mejía

José Deluque

Luis Felipe Córdoba - Afros

Marisela Mosquera

Mauricio Piña Mauricio Russo

Nelly Abrahams - Raizal

Orlando Zambrano

Oscar Gutiérrez Guaqueta – Coordinador regiones

José Noguera

Ricardo Mantilla

Tarsicio Mora Godoy

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GOBIERNO DUQUE Y EL RETROCESO DEL ESTADO

SOCIAL DE DERECHO

Primeros 100 días

Clara López Obregón

Directora Nacional 14 de noviembre de 2018

Introducción

La polarización que ha vivido la política colombiana con ocasión de las negociaciones

de paz ha sacado a la luz el fraccionamiento del establecimiento entre quienes

apoyaron el proceso de paz con las FARC y quienes le opusieron una virulenta

oposición. Acostumbrada la izquierda a ser la única oposición al gobierno, se

encontró en competencia con el uribismo que logró captar un respaldo que a la

postre logró ser mayoritario, tanto en el referendo de la paz, como en las elecciones

presidenciales.

Las lecciones están a la vista. Los sectores de izquierda y alternativos no encontraron

el camino de la convergencia de cara a las presidenciales, mientras que el uribismo

consolidaba una sólida unidad alrededor de políticas de franco retroceso

democrático que ahora el Gobierno Duque empieza a ejecutar sin pausa y con

apariencia de diálogo y bonhomía.

Bloque alternativo: opción de Gobierno En el documento de Coyuntura y Perspectiva Política preparado para nuestra

Asamblea Nacional de agosto pasado, planteamos que las elecciones presidenciales

de 2018 habían derivado en una nueva correlación de fuerzas que es menester

consolidar. La coalición de sectores alternativos y de izquierda que respaldó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial obtuvo el 42% de la votación total,

mostrándose el bloque alternativo, por primera vez, como alternativa viable de

Gobierno1. Este cambio en la correlación de fuerzas significa una gran

responsabilidad para los dirigentes de los sectores alternativos y de izquierda que va

más allá de la oposición a la política regresiva en materia de derechos, paz y

democracia que representa el uribismo en el Gobierno.

1 La utilización del vocablo “Gobierno” en lugar del más comúnmente utilizado “Poder” responde a que éste último representa el factor real de poder económico que se escapa al control de la política y, más frecuentemente la determina, como ha sido el caso de Colombia y de los países donde triunfó la primera ola de gobiernos alternativos en la primera década del presente siglo.

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Los retos que plantea la nueva “correlación de fuerzas”

Para los sectores alternativos y de oposición al gobierno del Presidente Iván Duque

es perentorio asumir los desafíos e implicaciones de la nueva correlación de fuerzas

surgida con ocasión de las dos votaciones registradas en el primer semestre del 2018

que escogieron el nuevo parlamento y presidente. Esa correlación de fuerzas es la

que permite entender y valorar las dos potentes movilizaciones ciudadanas

registradas recientemente.

Los movimientos sociales que recuperan su protagonismo político en la esfera

pública, como el expresado en la Consulta Anticorrupción y el de los estudiantes

universitarios, presentan unas novedades e innovaciones que los hacen diferentes a

los modelos conocidos de las movilizaciones clásicas. Ahora estamos delante de la

emergencia de una multiplicidad de fuerzas sociales que acuden a las denominadas

“tácticas cotidianas” (De Certeau) para contrarrestar las estrategias molares de los

grupos de poder en ámbitos como la vida religiosa, el campo de la familia, el mundo

agrario y los escenarios de la política liberal.

Los 12 millones de votantes en la Consulta Anticorrupción, una espontánea

expresión social de dimensiones cívicas y democráticas, al igual que el movimiento

de los estudiantes universitarios, constituyen la más poderosa herramienta para

enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Duque como representante de los

potentes gremios de la economía y como expresión de la nueva derecha.

Para la acción de los sectores alternativos y de izquierda es definitivo superar viejos

esquemas, tácticas y discursos sin capacidad para interpelar las mayorías de la

Nación. No se puede ignorar que Duque es una de las versiones más consagradas de

una nueva derecha que se sintoniza muy exitosamente con los ciudadanos.

Adiós a las armas

El avance electoral logrado responde a una acumulación de fuerzas desde el

movimiento social y político, pero de manera muy importante a la erradicación de

las armas como herramienta para hacer política como consecuencia del clima creado por el acuerdo político logrado entre el Gobierno y las FARC para ponerle fin a más

de cincuenta años de conflicto armado.

En esta nueva etapa y ante la situación creada con las mayorías en cabeza del sector

más radical de la derecha se debe actuar con mucho tino para afrontar el desafío de

llegar al Gobierno y recuperar la senda de construcción de paz, de democracia y del

Estado social de derecho.

Hay que entender también que la desaparición del conflicto armado con las FARC y

su conversión en partido político legal, han abierto un espacio de movilización

ciudadana pacífica alrededor de acuciantes problemas que seguramente también se

extenderán, además de la anticorrupción y la estudiantil, a otros sectores sociales

como el campesinado, por ejemplo, o las minorías indígenas y afrocolombianas.

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Oposición

La principal tarea de la coyuntura es propiciar e impulsar una gran convergencia

alternativa capaz de llegar al gobierno en 2022, partiendo de acuerdos de cara al

poder local en las elecciones regionales de 2019. Un primer paso ha sido el trabajo

coordinado de la Bancada Alternativa en el Congreso.

En efecto, la presentación conjunta de proyectos de ley y de actos legislativos

muestran una bancada de oposición propositiva y actuante, no solo en el escenario

del Parlamento sino en el espacio público como la reciente convocatoria de Foros por

la Vida realizado en Popayán. A ello se suman los debates de control político en que

los distintos sectores se apoyan y complementan, mostrando trabajo en equipo y

capacidad efectiva de presión a través de debates de control político y de

participación activa en las ponencias y debates legislativos para consensuar

alternativas e incluso impedir los elementos más extremos de los proyectos

gubernamentales y de la propuesta uribista. El consenso inicial para no tocar la

tutela en la reforma de la justicia y para impedir la reintroducción de la inmunidad

parlamentaria son un buen comienzo.

Convergencia

En la tarea de forjar la convergencia, otro avance es la conformación de la Mesa

Facilitadora de la Unidad Democrática, conformada inicialmente por una decena de

fuerzas de oposición,2 que se propuso el objetivo de articular a los distintos sectores

en busca de los acuerdos programáticos y las reglas de juego hacia la meta de

conformar un Frente Común o, por lo menos, una unidad de acción suficientemente

robusta para no repetir la experiencia de desarticulación hacia la primera vuelta

presidencial en 2018 que facilitó el triunfo de la derecha.

Su responsabilidad histórica consiste en superar los intereses personales y de grupo

para abrirle paso a un Frente Común de todas las fuerzas democráticas progresistas

capaz ampliar el espectro de la confluencia más allá de la denominada izquierda y

convenir un programa y unas reglas de juego que les permitan actuar juntos en el

proceso de rescatar el Gobierno de manos de la derecha. En términos gramscianos,

se busca movilizar un bloque contra hegemónico que dispute la dirección intelectual

y moral de la sociedad al bloque de la derecha.

Bloque dominante: desmonte del Estado social de derecho.

Para entender el carácter estratégico de la convergencia democrática en esta etapa

de la vida nacional basta caracterizar al nuevo Gobierno y a las fuerzas dominantes

que lo apoyan. En efecto, llegó al Gobierno el uribismo con una mayoría del 58%, al

frente de una amalgama de los sectores gobernantes con un programa guerrerista de

visos autoritarios y prohibicionista, en contravía de los valores y principios que

2 Colombia Humana, UP, MAIS, el movimiento Nuestro Partido es Colombia, Liberales Independientes, rebeldes de La U, sectores de Alianza Verde y el Polo Democrático y abierta a la presencia de otras fuerzas.

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informan al Estado social y democrático de derecho, la forma de Estado adoptada

por la Constitución de 1991.

Las políticas anunciadas por el presidente Duque a lo largo de la campaña electoral,

que están en pleno proceso de implementación, representan una ruptura del Pacto

Social de 1991 fundado en los valores de la democracia liberal y de realización

efectiva de los derechos humanos, sociales y a la paz que informan al Estado social

de derecho. En resumen, el nuevo gobierno representa un retroceso de los avances

inconclusos, en materia de democracia, derechos y de paz de la última generación.

Dichos retrocesos van cobrando forma paulatinamente, en el estilo bonachón del

presidente Iván Duque, con medidas aparéntenme aisladas, como la anulación de las

consultas sobre la minería, las modificaciones que se tramitan en el Congreso al

Acuerdo del Teatro Colón, la aspersión con glifosato y la erradicación forzosa y el

decreto de la dosis mínima, en contravía de importantes pronunciamientos de la

Corte Constitucional.

El método de una derecha “pop”

Que el Gobierno del Presidente Duque ejecute el programa de gobierno planteado en

la campaña no puede sorprender a nadie. Representa el ala más moderada del

uribismo con un estilo fresco y bonachón, marcado por la táctica del “tire y aloje”

que mimetiza el contenido reaccionario de sus políticas y suaviza la irreversibilidad

de su aplicación.

Esa nueva derecha que encarna Duque no manifiesta el tradicional discurso de odio

y polarizante que la caracteriza. Su retórica y su comunicación son muy propias de

la virtualidad de las redes sociales, del mundo online. Es un discurso juvenil, fácil,

leve, lúdico, y a veces hasta folclórico. La cuestión es que es una derecha con unas

posiciones muy fuertes, racista, patriarcal, LGBT-fóbico, pero con un formato

comunicacional que lo vuelve lúdico, que provoca un meme o una risa. Es como si

hubiera una cierta trivialización o banalización de un discurso de odio mimetizado

justamente por un formato seductor, «pop» y tan juvenil. Es una derecha que usa un lenguaje joven e infantilizado pero que captura fuertemente a la gente más adulta

en una especie de infantilización del público adulto.

Modelo económico de capitalismo puro.

La conformación gremialista de su gabinete responde al paso que dieron los

dirigentes de los gremios al constituirse en actor político y reemplazar la

intermediación de la clase política desprestigiada y, en muchos casos, sustraída de

su control, con la acción directa de sus propios cuadros.

El corporativismo soñado por la derecha histórica del laureanismo falangista, que lo

proyectó como forma de gobierno en la pretendida Constituyente de 1953 y que

recogió Uribe con su propuesta de un Estado comunitario, regresa para hacerse

realidad en el proyecto ecléctico de Duque que cobrará forma en el Plan Nacional de

Desarrollo en elaboración y en una eventual convocatoria a una Constituyente, como

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ya lo propuso el Presidente del Congreso, condecorado con 15 medallas en la Casa de

Nariño.

Los gremios, por primera vez, dejaron atrás la supuesta neutralidad política que les

impedía tomar partido en las elecciones y cruzaron la línea roja hacia la parcialidad

política. En efecto, el Consejo Nacional Gremial, compuesto por 26 gremios que

reúnen el 60% de la producción nacional, se pronunció abiertamente en favor de la

candidatura de Iván Duque con un programa de fortalecimiento del gran capital y su

modelo de capitalismo puro, que como lo ha señalado Thomas Picketty, ha generado

la más alta concentración de ingresos y de riqueza desde los años del capitalismo

salvaje del siglo XIX.

Paralelamente, para satisfacer los intereses feudales de terratenientes y señores de

la guerra del ala radical del uribismo, desde el Congreso las senadoras María

Fernanda Cabal y Paloma Valencia así como más colectivamente, las bancadas del

Centro Democrático y Cambio Radical, impulsan proyectos en vía contraria a la paz

como la reforma de la Ley de Víctimas que busca invertir la carga de la prueba para

hacer nugatoria la restitución de tierras despojadas, la reforma de la justicia que

busca fundir en una a las altas cortes y debilitar su autonomía, con grave perjuicio

de la separación de poderes y de la tutela; y la modificación del juzgamiento de

militares que elimina el principio de un tratamiento simétrico pero separado que

informa a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), requisito para que haya Verdad.

Reducción de las garantías sociales

Para fortalecer la acumulación del capital, el Gobierno acentúa la reducción de los

impuestos a los más acaudalados, a pesar de la crítica situación fiscal que tanto se

publicitó alrededor de la discusión del presupuesto de la Nación. La compensación

del hueco fiscal resultante, ese si real y cuantificable, se hará con la extensión del

cobro del impuesto sobre la renta a los sectores medios y trabajadores y la

ampliación del IVA a la canasta familiar; todo lo cual conduce a la reducción del gasto

público social, el recorte de subsidios a los servicios públicos, la desfinanciación de

la educación pública, una reforma pensional regresiva y la reducción del acceso a la

salud, y el marchitamiento del componente agrario de los acuerdos de paz, para

mencionar las inversiones sociales más impactantes.

El nuevo decreto que permite a la Policía registrar a cualquier ciudadano para

decomisar la dosis mínima abre el camino al perfilamiento y la estigmatización de

los jóvenes, contraviniendo el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad

de la persona; a la vez que abre nuevos estímulos a la corrupción de la Policía con

desmedro de la seguridad ciudadana. El regreso a las políticas prohibicionistas que

atacan a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico -consumidores y

cultivadores - con la decisión gemela de abandonar la sustitución social por la

erradicación forzosa y la aspersión con glifosato, no solamente no funciona; sino que

abandona el criterio de corresponsabilidad de países productores y consumidores en

la lucha contra este flagelo, mientras que en California, Canadá y otros países se

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recogen medidas represivas inútiles y se legaliza el porte y consumo recreativo de

marihuana.

Reglamentación de la protesta social.

Un programa de gobierno de naturaleza tan regresiva previsiblemente generará

resistencia. Entre los acumulados detrás de los resultados electorales está sin duda

el avance del movimiento social, compuesto por múltiples organizaciones de todo

tipo, ahora articuladas bajo coordinadoras bien estructuradas sobre la base de la

horizontalidad y del respeto de la autonomía de cada cual. En previsión, el Ministro

de Defensa madrugó a anunciar la reglamentación de la protesta para permitir solo

aquella que “represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un

pequeño grupo,” es decir, toda protesta que por definición es contra-mayoritaria,

para después estigmatizarla como financiada y dirigida por mafias transnacionales

del narcotráfico, en total desconocimiento de los derechos democráticos de la

Constitución de 1991.

De la paz a la guerra.

Talvez el tema más sensible es el derecho síntesis a la paz. No solamente se regresa

a la tesis de que en Colombia no ha habido conflicto armado, sino que nuevamente

el lenguaje oficial ambienta en su discurso que lo que hay es una amenaza terrorista

de la criminalidad organizada transnacional dedicada al narcotráfico. El Acuerdo del

Teatro Colón se mira solo en la dimensión del Desarme, Desmovilización y

Reinserción (DDR) de las bases guerrilleras, sin recursos ni voluntad política para el

desarrollo rural integral y la sustitución social de cultivos. La negociación con el ELN

permanece en el congelador hasta que haya un “cese total de acciones criminales,

con estricta supervisión internacional y tiempos definidos,” lo cual no podrá lograrse

sin un diálogo y acuerdo previos.

Lo más sensible, es que la política guerrerista se extiende más allá de las fronteras

con peligros de provocar un enfrentamiento armado con Venezuela que ya produjo

su primer efecto: un aumento de tres billones de pesos para el sector defensa en lo

que puede convertirse en una carrera armamentista con Venezuela.

Sin reconocimiento alguno por el logro de la paz y lo que ha significado para las zonas

de conflicto y para el impulso de la economía, el Gobierno ha permitido que la

política guerrerista del Presidente de EEUU, Donald Trump, frente a Venezuela

contamine la política exterior colombiana que debe ser regida por un estricto

acatamiento del interés nacional de Colombia. Sobre este particular, el Gobierno que

no suscribió la declaración del Pacto de Lima oponiéndose a la intervención militar

y al uso de la violencia para solucionar la crisis en Venezuela, ya ha encontrado una

fuerte reacción en voces visibles del establecimiento que no está dispuesto a

acompañar al uribismo en esa aventura. Aun cuando se ha visto cierta rectificación

en recientes pronunciamientos del Presidente Duque afirmando que no tiene ánimos

belicistas, el peligro de la “acción intrépida” frente a Venezuela no está del todo

despejado.

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Los rumbos de la política de paz de Duque.

El nuevo gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para

el país: de un lado, la etapa de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el

Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército

de Liberación Nacional (ELN). Se trata de dos procesos profundamente delicados.

Al no consolidarse el primero por el incumplimiento de lo acordado y no alcanzar el

objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó

en el país y en la comunidad internacional con la firma del Acuerdo Final II en el

Teatro Colón de Bogotá.

Con el nombramiento de los nuevos consejeros de paz y del posconflicto, empezó

una sustitución del lenguaje oficial sobre la materia. La palabra “paz” se viene

reemplazando por “legalidad” y “posconflicto” por “estabilización”, lo que se traduce

en un cambio de concepción del nuevo Gobierno sobre términos con implicaciones

políticas como conflicto, paz y guerra.

Lo único claro hasta el momento es que será una política de “paz condicionada”. El

discurso del presidente Duque precisamente reitera términos como

‘desmovilización’, ‘desarme’, ‘reincorporación’, jamás ‘negociación’. Muestra el

cambio de enfoque del nuevo Gobierno hacia el concepto limitado de DDR o paz

negativa y no la paz integral contenida en los acuerdos firmados. Por el contrario,

sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de

implementación del acuerdo con las Farc y a marchitarlo por falta de recursos. En

cuanto al ELN, se percibe la intención de congelar los diálogos hasta que “suceda

algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.

De igual manera, en términos geopolíticos, Duque debilita el multilateralismo que

estableció Santos como parte de su política exterior. Al circunscribir su política

exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al

proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a la negociación con el ELN,

los intereses norteamericanos y, en particular, los de las empresas fabricantes y

comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno y

propiciar una carrera armamentista con Venezuela.

Protección ambiental

En materia ambiental ya se ven síntomas de la prelación del modelo económico sobre

la protección de los territorios, el agua y la naturaleza. Colombia sorprendentemente

no ha firmado el Acuerdo de Escazú orientado no solo a proteger la vida de los

defensores del ambiente, siendo Colombia el tercer país donde más líderes

ambientales han sido asesinados; sino que contempla mecanismos de participación

ciudadana respecto de la explotación de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas,

entre otros. Es ahí donde el Convenio que Colombia ayudó a redactar encuentra

escollos con la política del extractivismo acentuado de la clase empresarial. También

se viene la reglamentación de las consultas previas y populares, logrando en reciente

sentencia echar para atrás la doctrina constitucional sobre la materia para darle

rienda suelta a la explotación minera y energética.

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Ministerio de familia

Un tema final, entre tantos otros que se deben seguir analizando y de importancia

para los grupos poblacionales es la propuesta del Ministerio de la Familia que marca

el retroceso en materia de igualdad de derechos de las mujeres. Con la sola

denominación se retrotrae la discusión sobre los roles y estereotipos que limitan la

libertad y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres en línea con los dictados

religiosos de los apoyos cristianos de la coalición de gobierno.

Contagio represivo

Recientemente, Pascual Gaviria en su columna en El Espectador hizo referencia a un

libro sobre herejes y hogueras escrito por Pedro Gómez Valderrama en el describe

las exageraciones y desenfrenos en que incurren las personas imbuidas de un

sentimiento de poseer la verdad que les lleva a ver demonios por todas partes y a

imponer su purismo a sus conciudadanos por los medios que sean necesarios.

Generan en la sociedad un “contagio represivo” del que nacieron las cacerías de

brujas, la inquisición y el nazismo. Cita a Valderrama en el ensayo denominado “El

Engañado” para afirmar que “es el hombre común de cualquier época, el espectador

de las hogueras, del proceso, de las cámaras de televisión, el hombre a quien se

instruye en determinados temores, se dota de una serie de conceptos ad hoc, de

temores fabricados, de odios previamente planeados.”3

Síntomas de ese contagio represivo se ven en las redes sociales, la hoguera moderna,

mediante la cual se matonea sin piedad y se estigmatizan los sectores políticos y

sociales contestatarios e inconformes. El discurso público se contagia de intolerancia

e irrespeto, con grave perjuicio para las libertades y la democracia.

Deterioro de la deliberación pública

De un tiempo para acá se ha venido apoderando del discurso público un desprecio

por la verdad acompañado de la utilización de insultos degradantes y

deshumanizantes que pueden pasar a mayores. Lo más grave es que en razón de su

reiteración, sin sanción social suficiente, ese discurso repleto de falsedades y se ha

venido normalizando en el debate público legítimo, lo que deteriora la democracia y

los derechos humanos.

Un ejemplo preocupante apareció en Noticias UNO cuando circularon amenazas en

Tunja contra integrantes de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica

y Tecnológica de Colombia (UPTC). En la nota interpelan a Carlos Fajardo, un

activista de las juventudes del Centro Democrático, sobre un audio divulgado,

supuestamente por él, en un grupo de WhatsApp denominado “Espartanos.” El

audio es escalofriante: sugiere crear “una lista negra” para dar cumplimiento al

planteamiento de la “solución final” para lo cual “hay que crear una especie de SS o

Gestapo para empezar a exterminar a esos triple hp…..s.”

3 Pascual Gaviria. “Aquelarres y Linchamientos”. El Espectador. 3 de octubre de 2018. P. 23

11

De las palabras e insultos, como los que se protagonizaron contra el expresidente

Santos y el senador Petro, a los hechos de violencia solo hay un tenue paso. La

historia de la violencia en Colombia es una clara demostración de ello. El silencio y

la tolerancia ante este tipo de lenguaje amenaza con aniquilar la convivencia y la

democracia y contribuyen a la ausencia de pedagogía respecto de este lento retiro de

las garantías de una deliberación pública racional sin la cual no puede funcionar la

democracia.

Las amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos de oposición

Hace unas semanas, circuló la enésima amenaza de muerte de las Águilas Negras. La

nota distintiva del nuevo texto es que revela un proyecto político que revive el que

propagaba el condenado exsubdirector del DAS Narváez entre los paramilitares

cuando dictaba su cátedra denominada “Por qué es lícito matar comunistas.” Plantea

el panfleto, que fue poco divulgado, el proyecto detrás del asesinato selectivo que

consiste en: “contrarrestar las estructuras urbanas de la insurgencia camufladas (sic)

como supuestos (sic) líderes sociales y orientamos a nuestros bloques la aplicación

de esta, deteniendo el avance de la denominada Colombia Humana que impulsa

gobiernos de un carácter progresista, entreguista y proclive al fortalecimiento de

organizaciones de izquierda y contrarias al proyecto político propuesto por el doctor

Iván Duque.”

Preocupa mucho esta declaratoria de objetivo militar a la oposición alternativa y

democrática. Es de relievar que esta amenaza es adicional a la que se cierne sobre los

líderes sociales, que en un número superior a los 350 han sido asesinados, desde la

firma del acuerdo de paz. A ello se suma el asesinato de cerca de cien excombatientes

de las FARC y sus familiares. Dicha amenaza es concreta en su objetivo de atacar la

alternativa de oposición que no ha sido debidamente reconocida por el actual

Gobierno. El Presidente Duque no solamente omitió referencia alguna a la oposición

en su discurso de posesión, sino que en Mompox, donde realizó uno de los primeros

consejos comunitarios, expresó que no era necesaria, cuando es la base del

pluralismo democrático y del binomio Gobierno Oposición contemplado en la

Constitución, con derechos y estatuto propios.

Conclusiones

Las mayorías acumuladas por el uribismo significan un paso firma hacia el cambio

de la forma de Estado en Colombia. La política planteada en campaña y ahora en

plena ejecución por el Gobierno Duque apunta al desmantelamiento de los pocos

avances del Estado social de derecho y de la paz.

Frente a este proceso de debilitamiento de las libertades públicas y garantías

sociales, el bloque alternativo de oposición tiene una responsabilidad estratégica:

conquistar la Presidencia de la República en 2022. Para ello debe agotar todos los

esfuerzos para mantener la Coalición por la Paz que respaldó a Gustavo Petro en la

segunda vuelta presidencial y ampliarla para construir unas nuevas mayorías

capaces de reconducir el Gobierno hacia la realización del Estado social de derecho

con todo lo que ello implica en materia de profundización de la democracia,

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consolidación de la paz, realización efectiva de los derechos sociales, económicos,

ambientales y culturales, respeto por la libre determinación de los pueblos y defensa

de la soberanía.

Para ello, la Mesa de Facilitación ideada como un espacio de interlocución en busca

de acuerdos programáticos y de reglas de juego para actuar conjuntamente en la

movilización y social y electoral debe estar dentro de las prioridades de Nuestro

Partido es Colombia. De igual forma, la participación en los espacios de unidad que

ya funcionan en los departamentos y ciudades capitales y la convocatoria a su

conformación donde hagan falta.

No hay tarea más importante que la Convergencia orientada a conformar un Frente

Común como el de Uruguay, donde partidos desde el centro hasta la izquierda, sobre

acuerdos programáticos básicos y reglas de participación electoral que aseguren las

mayorías necesarias para hacerle frente a los desafíos que se desprenden del

uribismo en el poder.

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Coordinadores Regionales Marta Tarifa Amazonas Daniel Castro Antioquia

Luis Ignacio Velásquez Antioquia

Older Cáceres Arauca

Rosa Arroyo Atlántico

Mauricio Russo Janica Atlántico

Ariel Arteta De la Hoz Atlántico

Guillermo Encinales Bogotá- Norte

Alcira Díaz Bogotá- Centro

Jairo García Bogotá- Nor-Occidente

Jaime Zubieta Bogotá- Sur-Occidente

Aristóbulo Sánchez Bogotá- Sur

Elsa Chamorro Bogotá- Sur

Ernesto Fadul Bolívar

Gil Falcón Bolívar

Dionisio Mirabda Bolívar

Alba Luz González Boyacá

Eulises Casadiego Casanare

Armando Ruales Cauca

Luis Felipe Cordoba Chocó

Victor Meza G Córdoba

Tarsicio Mora Godoy Cundinamarca

José Deluque Guajira

Marisela Mosquera Guajira

Ricardo Ernesto Villa Sánchez Magdalena

Carlina Sánchez Magdalena

Graviela Goyes Nariño

Daniel Suárez Mateus Norte Santander

Oliverio Barrera Sanchez Putumayo

Rosario Guerra Quindío

Cesar Arias Quindío

Nelly Abrahams San Andrés

Antonio Berbeo Santander

Valmiro Rangel Rangel Sucre

Hector Orlando Zambrano Tolima

Luis Fernando Restrepo Tolima- Jóvenes

Ruben Darío Sánchez Valle

Edwin Sánchez Valle

María Elizabet Atis Pinchao Vichada - Indígenas

Gabriela Bejarano Mujeres

Javier Rossi Sector LGBTI Camilo Hernández Jóvenes

Lina Sarmiento Jóvenes