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Gestión de riesgosRevista Buen Gobiernoe-ISSN: [email protected] Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C.México

Cómo citar:Medina Estrada, Rubén y García Galindo, Juan Carlos

“Riesgos Financieros: Hipotecando los Ingresos Futuros”Revista Buen Gobierno No. 24 Enero – Junio 2018

e-ISSN: PendienteFundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C.

México

Buen Gobierno

DOI: Pendiente

Gestión de riesGos

2 Buen Gobierno � No. 24 Enero – Junio 2018.

Riesgos Financieros:Hipotecando los Ingresos Futuros Por Rubén Medina Estrada y Juan Carlos García Galindo Recibido 20/04/18 Aceptado 22/05/18

Para que la democracia funcione 3

RESUMEN

A partir de la generación de información de inteligencia en la implementación de políticas públicas de estabilización económica, se podría inhibir la materialización del riesgo que po-dría representar la insuficiente capacidad financiera del Estado, en caso de no cubrir sus obligaciones futuras. Es por ello que fomentar un enfoque social compartido del riesgo finan-ciero es una tarea fundamental para los próximos gobiernos, a fin de incorporar la transver-salidad de la política monetaria y fiscal, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El artículo se estructura por un breve diagnóstico de la situación actual del Sistema Financiero Mexicano, en donde se analiza la deuda del Estado Federal Mexicano y los gobier-nos subnacionales; la inflación y el tipo de cambio; los seguros; el sistema de pensiones, así como los pasivos contingentes, para llegar a una estimación de las obligaciones financieras que el Estado mexicano tendría que enfrentar entre el periodo 2017 y 2048.

Palabras Clave: Información de Inteligencia, Sistema Financiero, Inflación, Tipo de Cambio, Sistema de Pensiones

From the generation of intelligence information in the implemen-tation of public policies of economic stabilization, the materializa-

tion of the risk that could represent the insufficient financial capacity of the State could be inhibited, in case of not covering its future obliga-tions. That´s why fostering a shared social approach to financial risk is a fundamental task for future governments, in order to incorporate the mainstreaming of monetary and fiscal policy, without compromising the needs of future generations.The article is structured by a brief diagnosis of the current situation of the Mexican Financial System, where the debt of the Mexican Federal State and subnational governments is analyzed; inflation and the exchange rate; the insurance; the pension system, as well as the contingent liabilities, to arrive at an estimate of the financial obli-gations that the Mexican State would have to face between the 2017 and 2048 periods.

Keywords: Intelligence Information, Financial System, Inflation, Exchange Rate, Pension System

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Hay una lección básica sobre las crisis financieras que los gobiernos tienden a esperar demasiado tiempo, subestimar los riesgos, querer hacer demasiado poco.

Y en última instancia, se aleja de ellos, y terminan gastando más dinero, causando mucho más daño a la economía.

Timothy Geithner

INTRODUCCIÓN

El verdadero reto de la gestión pública es administrar y mini-mizar los riesgos que derivan de la incertidumbre sobre el futu-

ro. En ese sentido, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras (Martínez, 2016:459), es el auténtico derrotero de las

políticas públicas.

En este enfoque se prioriza la sustentabilidad económica donde la función de estabilización del Estado, como gestor de políticas públicas, es el instru-mento de la hacienda pública y el banco central para incidir en las variables macroeconómicas (nivel de empleo, producción, inflación, etc.) y su im-

pacto en la economía familiar. El objeto de estudio de este ensayo se basa en la administración del riesgo sistémi-

co1, el cual permite la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano2 y la permanencia del Estado en el tiempo.

1 El riesgo sistémico es definido como “la eventualidad de que aparezcan estados económicos en los cuales las respuestas racionales de los agentes individuales a los riesgos que perciben, lejos de conducir a una mejor distribución de los riesgos por diversificación, aumentan la inseguridad general” M. Aglietta y P. Moutot (1993) “Le risque de systeme et sa pré- vention”, Cahiers économiques et monétaires de la Banque de France, núm. 41, 1993. p. 22, France.

2 El Sistema Financiero es definido como “el conjunto de personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro del marco de la legislación correspondiente.”. Véase para mayor información Villegas, E., Ortega, R. (2003) “Sistema Financiero”, McGrawHill, México.


1. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO (INTERNA, EXTERNA Y TOTAL)

La política de financiamiento del Gobierno Federal está plasmada en el Programa Nacio-nal de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, el cual es un programa que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Fuente: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, 2014, pág. 13

Este programa resalta la necesidad de dotar al Sistema Financiero Mexicano de mayor profundidad y eficacia para canalizar de manera más eficiente el ahorro interno a proyectos de inversión rentables, por lo cual se propone que se fortalezca una de las principales fuentes de ahorro: el sistema de pensiones. Menciona también que se debe poner énfasis en ampliar la cobertura y el crédito de la Banca de Desarrollo (PRONAFI-DE, 2014:15).

De manera específica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integra un Plan Anual de Financiamiento en el cual se establece, como política de endeuda-miento, un programa anual de consolidación fiscal para fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país3.

El PRONAFIDE y el Plan Anual de Financiamiento tienen, como objetivo común, reducir la razón de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto, mediante el manejo responsable de la política fiscal.

La deuda del sector público se compone de la deuda contratada del Gobierno Fe-deral, de las Empresas Productivas del Estado (Petróleos Mexicanos PEMEX y Comisión Federal de Electricidad CFE) y de la Banca de Desarrollo. Entre el 2000-2017, el saldo de

3 Plan Anual de Financiamiento 2017, disponible en: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/paf/paf_2017.pdf

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la deuda del sector público mostró una tasa de crecimiento acumulada del 855.4%, al pasar de 1,330,356.1 mdp en el 2000, a 10,090,560.1 mdp en 20174.

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 1 La diferencia entre la deuda interna neta y la deuda total neta es el monto de la deuda externa neta en millones de pesos corrientes (expresada en la gráfica con las barras verticales).

Se observa un crecimiento explosivo de la deuda a partir de 2008, atribuido a los efectos traslapados de la crisis financiera internacional, la cual incrementó las presiones de financiamiento del sector público debido a que el tipo de cambio pasó de 9.9335 pesos por dólar (pico más bajo alcanzado el 4 de agosto de 2008) a 15.3650 pesos por dólar5 (al 02 de marzo de 2009); aunado a que la Mezcla Mexicana del petróleo tuvo una disminución en el precio de 43.01%, al pasar de 90.36 dólares por barril en 2008 a 57.56 dólares por barril en 2009.

4 Saldos al 31 de diciembre de cada año.5 Información de Banco de México, Gráficas de Coyuntura disponible en: http://www.banxico.org.mx/

politica-monetaria-e-inflacion/estadisticas/graficas-de-coyuntura/mercado-cambiario/tipos-cambio.html


2. DEUDA DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

En estricto sentido, la deuda de los gobiernos subnacionales solo debe ser contraída para financiar proyectos de inversión productiva que permitan incrementar los servi-cios públicos, que le fueron conferidos a su jurisdicción, aumentar la cobertura o cali-dad. El artículo 117 Constitucional establece un marco “estricto” de deuda subnacional, al prohibir el financiamiento del exterior y permitir el endeudamiento para cubrir nece-sidades de corto plazo liquidable a sólo 3 meses.

Debido a su soberanía, cada entidad federativa publicó sus leyes de deuda o, en su caso, códigos financieros, de las cuales 136 no tienen un límite de endeudamiento y 117 incluyen a sus municipios como sujetos obligados a la Ley, lo cual creó una pluralidad de leyes que regulan el endeudamiento interno y propician un marco débil para la ad-ministración de la deuda subnacional; falta de límites de endeudamiento, y un reto a la rendición de cuentas por la laxa homologación.

Las obligaciones financieras de las entidades federativas, los municipios y sus orga-nismos mostraron un crecimiento explosivo en 2008 (año de la crisis financiera interna-cional). Como se observa en la Gráfica 2, la deuda subnacional pasó de 90,731.3 mdp en el año 2000 a 531,822.0 mdp en 2016, en términos nominales, lo que representa un crecimiento acumulado del 486% en 16 años.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, disponible en http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Finanzas_Publicas

6 Durango, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Yucatán y Veracruz (con base en Leyes de Deuda y Códigos Financieros de las Entidades Federativas)

7 Chiapas, Campeche, Baja California, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Tlaxcala (con base en Leyes de Deuda y Códigos Financieros de las Entidades Federativas)

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Esta situación pone en una posición vulnerable a algunas de las entidades federati-vas, por la naturaleza misma de los ingresos estatales. Los estados, pueden hacer uso de 3 fuentes de ingreso para cubrir sus obligaciones financieras:

a) las participaciones (Ramo 28) que son recursos de libre ejecución; b) los ingresos propios (impuestos, derechos productos y aprovechamientos), los

cuales dependen del esfuerzo recaudatorio de cada entidad, y c) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

(FAFEF), el cual se creó, entre otros destinos, para la amortización de la deuda pública.

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas.


El peso de la deuda en los ingresos disponibles es un indicador sobre la capacidad de una entidad para hacerle frente a sus obligaciones financieras con los ingresos de los cuales, por ley, puede destinar al pago de obligaciones.

Al año 2016, se tiene comprometido el 53.5% de los ingresos de libre ejecución de las entidades federativas (en caso de que se destinaran de manera íntegra al pago de deuda). Entidades federativas como Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, no cubren sus obligaciones financieras, aún destinando el 100% de sus ingresos de libre disposición, esto quiere decir que, a 2016, sus ingresos futuros se encuentran suma-mente comprometidos por los siguientes 50 años, por decir lo menos, lo cual antoja más probable un estado de insolvencia en el pago de las obligaciones, lo que conlleva a reestructuras de pasivos e incrementos por el servicio mismo de la deuda.

Fuente: Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2017. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2018/cefp0042018.pdf

3. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO

El Banco de México y las instituciones reguladoras del sistema financiero buscan el sano desarrollo del mismo; razón por la cual establecen políticas denominadas macropru-denciales que buscan la administración del riesgo sistémico (de contagio) entre las instituciones financieras, mediante una permanente vigilancia y regulación de los mer-cados financieros y el comportamiento de sus usuarios.

De esta forma, siendo la tasa de interés el instrumento para estabilizar los merca-dos, desde la adopción de “objetivos de inflación” como política monetaria, el Banco de México incide en la credibilidad de los agentes de la economía en su calidad de usuarios del sistema financiero, al mandar señales claras por medio de la tasa de interés, la cual se determina bajo reglas monetarias (Turrent, 2012:259).

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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, disponible en: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html

La estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional es un buen ejemplo de la administración del riesgo sistémico, ante la reestructura de carteras en el sistema fi-nanciero; por ello la inflación, a partir del año 2001, se ha mantenido a niveles mínimos y de manera estable; sin embargo, en los últimos años se han registrado diversos facto-res que presionan el tipo de cambio del peso mexicano y la inflación de la economía:

1. La fortaleza del dólar estadounidense, por las expectativas de la Reserva Federal de Estados Unidos en un incremento de la tasa de interés;

2. Los conflictos geopolíticos en Oriente Medio (Rusia y Siria) motivan incertidum-bre, que lleva a los intermediarios cambiarios a refugiarse en el dólar estadounidense;

3. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incide sobre las expectativas que se tienen a futuro sobre la producción nacional y las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz, y

4. Las próximas elecciones presidenciales generan incertidumbre sobre las condi-ciones internas de la economía, ya que inciden directamente sobre las decisiones de inversión, el nivel de producción bruta y el empleo.


3. SEGUROS

El sector asegurador en México ha estado en constante adaptación a partir de 1990, con la creación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); en 1993, se apertura el mercado a la inversión extranjera; en 1996, se diseñaron e implementaron participa-ción conjunta del sector asegurador en la seguridad social del IMSS y en el 2009, para el ISSSTE; en 1999, se regularon los seguros de terremotos, de salud (2000), los hidrome-teorológicos (2007); en 2006, se crearon los seguros de crédito a la vivienda, además de los relativos a garantía financiera, y en 2008, microseguros, bajo la supervisión de la CNSF, como mecanismos de regulación.

El esquema utilizado en el sistema financiero, es el denominado “Solvencia II” el cual es un modelo adoptado en el Parlamento Europeo de la Unión Europea, en abril de 2009, como una política de respuesta ante la crisis financiera de 2008.

Este esquema se adoptó en México debido a la madurez técnica del órgano regula-dor y el sector asegurador, el cual no hubiera sido posible sin el proceso de adaptación realizado desde el año de 1993 por la CNSF y legitimado en la legislación secundaria, con la publicación de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) en 2015. Este esquema se integra por tres pilares:

Solvencia IICuadro 1

1. Solvencia 2. Revisión y Control 3. Disciplina Financiera

- Reservas técnicas - Requerimientos de capital- Inversiones- Reaseguro

- Gobierno Corporativo - Gestión de Riesgos - Auditoría Interna (revisión del supervisor)

- Transparencia y revelación de información- Revisión del mercado

Fuente: elaboración propia con información de la CNSF disponible en http://www.cnsf.gob.mx

Al ser la prima de seguro la principal transacción en este mercado, conocer su com-posición permite hacerse de una idea sobre la evolución de este servicio financiero, bajo la política adoptada con la Solvencia II.

La composición histórica de la prima directa (principal operación del mercado), muestra la evolución de los 5 ramos fundamentales en el sector: en general, la prima directa mostró un crecimiento promedio acumulado del 360% al pasar de 104,965.3 mdp en 2000 a 482,8156.0 en 2017, desglosado de la manera siguiente:

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Fuente: Elaboración propia con datos de la CNSF, Información Sectorial disponible en http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/SintesisCoyuntura/Paginas/Sector_Asegurador.aspx

En el periodo 2000-2017 se observa un dinamismo marcado en las modalidades de seguro, como se observa en la gráfica 6.

Los seguros de vida tienen un peso relativo, en promedio, del 40% con respecto al total de las primas, el seguro más dinámico fue el de Accidentes y Enfermedades, al mos-trar un crecimiento global del 587.3%; por otro lado, las pensiones incluso tuvieron dismi-nuciones importantes entre 2001 y 2003, con un crecimiento en 18 años del 55.8% global8.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNSF, Información Sectorial disponible en http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/SintesisCoyuntura/Paginas/Sector_Asegurador.aspxTCG: Tasa de Crecimiento Global / TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual

8 Con respecto a los Seguros contra riesgos catastróficos, los cuales se incluyen en Daños (Sin Autos), la LISF establece que las aseguradoras deben tener reservas técnicas para cubrir estas obligaciones para cubrir el valor de la pérdida máxima probable (artículos 216, fracción VI; 217, fracción VI)

Ramos TCG TCPAVida 433.9 9.8Pens iones 55.8 2.5Accidentes y Enfermedades 587.3 11.3Daños (s in Autos) 403.5 9.4Autos 290.9 7.9


Los seguros son la medida por excelencia de prevención ante la materialización del riesgo, se trata de una protección a la infraestructura financiera de las personas y de estabi-lizar el sistema financiero. La función reguladora ha contribuido en la evolución del asegu-ramiento con la adopción del esquema de Solvencia II, el cual incorpora las mejores prác-ticas internacionales y transita hacia una política con tres objetivos:

1. Minimizar la incertidumbre sobre la capacidad de impago de las instituciones aseguradoras, mediante requerimientos cuantitativos de reservas, inversiones y rease-guros que minimizan el riesgo moral que implica este servicio financiero.

2. Transitar hacia un esquema de gobierno corporativo, en el cual la supervi-sión externa y la autoevaluación de las instituciones privilegien la administración de riesgos.

3. Rendir cuentas sobre la información de inteligencia generada en el sector y de esta manera generar expectativas a los usuarios sobre las expectativas del mer-cado.

Con base en estimaciones realizadas por la CNSF, para el año 2030 se tendrá en el sector la siguiente perspectiva:

1. Penetración (primas/PIB); 5.4%2. Densidad (primas per cápita); $13,2823. Primas totales; 1,902,000 millones de pesos.

4. SISTEMA DE PENSIONES

La política pública de pensiones y jubilaciones se convirtió en un problema público por el riesgo asociado a la cobertura, derivado de un incremento en el déficit público y la tendencia demográfica estimada (fin del llamado “bono demográfico”), que ponía en riesgo a los trabajadores de no recibir una pensión al final de su vida laboral, este pro-blema se integra en las variables siguientes (ASF, 2013:39):

1. El riesgo de no recibir una indemnización adecuada al término de la vida laboral de los trabajadores;

2. La necesidad de adecuar la regulación de los regímenes de pensiones y jubilacio-nes existentes;

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3. La necesidad de fortalecer la supervisión del cumplimiento de las disposiciones regulatorias, y

4. La necesidad de reforzar la operación de los regímenes de pensiones y jubilacio-nes de beneficio definido

Como respuesta ante la amenazante materialización de este riesgo, se modificó la Ley del Seguro Social para generar un esquema de regulación prudencial y supervisión permanente.

Las pensiones, así como los seguros, son regímenes provisionales para incrementar el ahorro interno y la canalización de este a sus usos más productivos, pero al final de cuen-tas representan una erogación para el gobierno federal, estimado de la manera siguiente:

Cuadro 2Gastos por Conceptos de Pensiones y Jubilaciones,

a cargo del Gobierno Federal 2014-2050 (millones de pesos)

Año Beneficio definido

Contribución definida 1/ Gastos Médicos Gastos PAM 2/ Total

2014 244,801.70 n.a. 60,068.30 23,483.60 328,353.60

2020 317,224.50 101,615.20 75,140.60 30,332.40 524,312.70

2030 415,655.80 212,725.00 110,897.80 47,012.60 786,291.20

2040 447,087.20 168,962.10 158,214.90 70,099.90 844,364.10

2050 432,699.70 76,854.70 202,586.40 93,429.90 805,570.70

Fuente: Auditoría Superior de la Federación (2013). “Evaluación de la Política Pública de Pensiones y Jubilaciones” Evaluación número 1203, pág. 1/ De acuerdo con las proyecciones de la ASF, la primera generación de pensionados se tendrá en 2020, por lo que no existe estimación de gastos para años previos.2/ PAM: Programa de Pensión para Adultos Mayores.n.a. No aplicable.

De acuerdo con las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2014 y 2050, en promedio, se requerirán 657,778.5 millones de pesos anuales para cu-brir los gastos totales por concepto de pensiones y jubilaciones y los costos médicos


asociados, asimismo se identifica que, en el año 2040, se tendrá la mayor presión por un gasto total de 844,364.1 millones de pesos (ASF, 2013:166-167).

5. ESQUEMAS FINANCIEROS DE INFRAESTRUCTURA (PASIVOS CONTINGENTES)

En la Administración Pública Federal (APF) existen dos tipos de fideicomisos: los que tienen la naturaleza jurídica de entidad paraestatal perteneciente a la APF y los fideico-misos públicos no paraestatales, los cuales no pertenecen a la APF, sus erogaciones no están contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y escapan al ámbito de competencia de la Cámara de Diputados (ASF, 2017:3).

A partir de la década de los 90´s, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, como único fideicomitente de la APF, comenzó a usar estos esquemas financieros para fomentar la generación de infraestructura, pero comprometiendo los ingresos futuros del Gobierno Federal, en los siguientes rubros:

1. Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), se conformó para pagar la deuda del rescate de las concesiones carreteras.

2. Cesión de derechos de la Tarifa de Uso (TUA) y Certificados Bursátiles Fiducia-rios, se concedió bajo este esquema el cobro de derechos de la TUA para el financia-miento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

3. Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP), los ingresos que se comprometen son recursos de dependencias y entidades de años posteriores para el pago de este tipo de contratos.

4. Escuelas al CIEN y Bonos Cupón cero, las entidades federativas comprometieron recursos provenientes de transferencias federales; del Fondo General de Participacio-nes, el cual representa la mayor fuente de ingreso de libre disposición para las entida-des y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que tiene dos componentes de in-fraestructura (social y educativa).

De acuerdo con un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (2017), estos esquemas de financiamiento tienen recursos comprometidos por 1,126,812.6 millones de pesos de 2017 a 2048.

En su conjunto, los compromisos de largo plazo a cargo del Estado mexicano, de 2017 en adelante, se estiman de la manera siguiente:

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Cuadro 3Compromisos a cargo del Estado Mexicano de 2017 en adelante (millones de pesos)

Concepto

Año

2017 2018 2019 2020 2021 2022 en adelante Total

Deuda del Gobierno Federal1/

1,461,739.8 833,829.20 951,283.70 698,862.5 862,566.6 7,724,796.1 12,533,077.9

Deuda Subnacional2/ 580,644.7 697,534.3 729,471.3 761,408.3 793,345.3 825,282.3 1,655,644.3

Pensiones3/ 26,611.7 27,784.5 77,340.9 76,084.6 92,835.2 8,914,673.2 9,215,330.1

Compromi-sos del IPAB4/ 5/

30,724.0 31,968.8 33,151.3 41,943.7 1,527,230.6 1,665,018.4

Esquemas Financie-ros6/

34,342.3 42,192.7 46,196.9 48,621.1 64,301.8 891,157.8 1,126,812.6

Total 2,103,338.5 1,632,064.7 1,836,261.6 1,618,127.8 1,854,992.6 19,883,140.0 26,195,883.3

Fuente: Elaboración con base en Auditoría Superior de la Federación (2017) Informe Especial “Inversión Financiada con Ingresos Futuros” pág. 13 y con datos de SHCP, Indicadores de Finanzas Públicas disponible en http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Finanzas_Publicas 1/ La deuda total del Gobierno Federal por 12,533,077.9 millones de pesos corresponde al saldo al cierre de 2016.2/ Debido a la falta de información sobre proyecciones de la deuda subnacional, se realizó una extrapolación con datos de la deuda de las entidades federativas de 2000 a 2017. La deuda subnacional total por 1,655,644.3 millones de pesos corresponde al saldo estimado para el año 2048, debido a la naturaleza de la variable no es el resultado de la sumatoria por año, sino por incremento a este periodo.3/ Los compromisos de las pensiones fueron estimados por la ASF, a precios de 2013. Aproximadamente el 53% se destinará al pago de obligaciones por beneficio definido; el 20%, a pensiones garantizadas de los trabajadores inscritos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); 19%, para gastos médicos de pensionados, y 8%, para respaldar la ejecución del Programa de Pensiones para Adultos Mayores (PAM) 4/ El importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1,243,265.7 millones de pesos y de recursos fiscales que el Gobierno Federal transfiere al IPAB, por 421,754.7 millones de pesos. Lo anterior considerando mantener la estrategia actual consistente en: (i) refinanciar los vencimientos del principal de la deuda; (ii) pagar una porción de los intereses con recursos fiscales y los ingresos provenientes de las tres cuartas partes de las cuotas cubiertas por los bancos, y (iii) liquidar el diferencial de los intereses, con deuda adicional producto de nuevas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), como se indica en el informe de la auditoría 85-GB “Evolución y Prospectiva de la Deuda” realizada al IPAB como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016.5/ El saldo inicial de la deuda del IPAB al 2018 será de 889,790.1 millones de pesos, que, de acuerdo con la estrategia de pago actual, al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2,564,472.3 millones de pesos al cierre del año 2042.6/ El importe corresponde a las estimaciones de compromisos de pago de siete esquemas financieros con saldos al cierre de 2016.7/ El total por 26,195,883.3 mdp no se corresponde con la sumatoria de los años anteriores ya que el saldo de la deuda subnacional es una variable de flujo (acumulativa), por lo que se añaden en el gran total los incrementos de la deuda entre 2022 y 2048.


Lo cual significa que a partir del ejercicio fiscal 2017 y en adelante, el Estado Mexica-no debe de administrar un total de pasivos por 26.1 billones de pesos. El buen gobier-no de las próximas administraciones, tanto federal como estatal, radicará en procurar:

a) una disminución gradual de las obligaciones futuras; y/ob) evitar, en la medida de lo posible, el incremento porcentual de los pasivos gene-

rados a la fecha.

Se pone de manifiesto que una efectiva administración de los riesgos financieros, con el propósito de no hipotecar los ingresos de las generaciones futuras, radicará en lo siguiente:

1. Ahorro de largo plazo que asegure a los ciudadanos una vejez digna, mediante el aseguramiento del sector social, público y privado (en la cultura del aseguramiento descansa el futuro financiero del país) en accidentes y enfermedades, vida y pensiones;

2. Regulación macroprudencial para evitar el endeudamiento irresponsable de los gobiernos subnacionales, con una homologación en los criterios y topes de endeuda-miento, así como garantías que aseguren que no se comprometan los ingresos disponi-bles de los estados (participaciones, propios, etc.), ya que la importancia relativa del problema no radica en el monto de la deuda, sino en la capacidad del pago de la misma9;

3. Conducción superavitaria del balance público, evitar gastar más de lo que se in-gresa, por lo cual, políticas transversales en: la prevención de enfermedades cróni-co-degenerativas, reproducción familiar, protección del medio ambiente y soberanía alimentaria, resultarán en la contención del gasto público, y

4. La procuración efectiva del Estado de derecho, combatir la corrupción, dar trans-parencia a la gestión pública y rendir cuentas.

A manera de ejemplo, no se tiene la seguridad razonable de que el FONADIN pueda solventar sus ingresos comprometidos al 2047 por 376,211.0 millones de pesos, cuyo pago más alto será en el 2030 por 113, 268.2 millones de pesos. Es previsible que el Gobierno Federal promueva el refinanciamiento de la deuda pública, en lugar de pro-curar la disminución de los compromisos contraídos.

Por ello, la filosofía del riesgo debe imbuirse en el diseño y evaluación de las políti-cas públicas; administrar las variables que conforman los ingresos comprometidos por

9 Para más información véase David Colmenares “Deuda Pública, ni buena ni mala” disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-paramo/la-deuda-publica-ni-buena-ni-mala

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26.1 billones de pesos proporcionaría los indica-dores pertinentes para medir la eficiencia de las decisiones financieras para las siguientes adminis-traciones.

De esta manera, la generación de información de inteligencia toma un papel fundamental en la ad-ministración del riesgo. Los ejemplos aquí descritos abren la necesidad de actualizar, de manera constan-te, los compromisos futuros del Estado mexicano, bajo metodologías homogéneas y criterios unifor-mes, a fin de generar todo un esquema de alertas cuando los indicadores fueran en contra flujo.

Gobernar las causas del riesgo permitiría mini-mizar el impacto de los pasivos y, por tanto, evaluar la forma en que la gestión pública administra el ries-go sistémico del Sistema Financiero Mexicano.

CONCLUSIONES

Puesto el tema sobre la mesa, no queda más que hacer lo posible para evitar que el discurso empate con la realidad. Hemos sentado las bases para en-trar de lleno al análisis de esta problemática, no sólo para la siguiente Administración, que habrá de dirigir el destino del país en los siguientes seis años, sino como parte de un proyecto de Nación para los gobiernos por venir.

La siguiente Administración debe asumir el compromiso de enfrentar los riesgos financieros que hemos heredado a las siguientes generacio-nes, a fin de minimizar sus amenazas y maximizar sus oportunidades, inevitablemente los riesgos fi-nancieros ya forman parte de nuestra cotidianidad, ya dejaron de ser un concepto que da sentido de erudición y cultura general, es una necesidad efec-

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con estudios de Maestría por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Tiene 25 años de experiencia en el Gobierno Federal desempeñando diversos cargos públicos en materia de: Desarrollo Organizacional, Pla-neación Estratégica, Modernización Administrativa, Eva luación de Políti-cas Públicas y Auditoría Guberna-mental. Desde 2002 se desempeña en la Auditoría Superior de la Fede-ración. En su actividad académica, es Profesor de la Facultad de Cien-cias Políticas y Sociales de la UNAM, impartiendo las materias de Ges-tión Económica del Estado Mexica-no, Análisis de Organizaciones Pú-blicas y Ética Pública. Posee publicaciones en revistas especiali-zadas, editadas por el Instituto Na-cional de Administración Pública y el Instituto de Investigaciones Jurí-dicas de la UNAM, sobre el valor público de la fiscalización y la res-ponsabilidad ambiental. Conferen-cista en temas relativos a: Políticas Públicas, Evaluación del Desempe-ño, Calidad y Planeación Estratégica [email protected].

Rubén Medina Estrada


tiva del buen gobierno y motivo de un enérgico llamado por parte de la sociedad para:

a) Asegurar que la información de inteligencia, no sólo la generada por el sector público, se incor-pore de manera permanente en el Plan Nacional de Desarrollo de cada Administración, a fin de dar pro-tección a la infraestructura financiera de la Nación, hacia una conciencia social del aseguramiento;

b) Continuar en la reproducción de informa-ción de inteligencia que permita la innovación de instrumentos de transferencia del riesgo (adminis-tración y minimización), que incida en la transver-salidad de la política fiscal y monetaria;

c) Transitar de la implementación de políticas anticíclicas a políticas de estabilización económica, donde se premie:

• La importancia de trasladarse hacia un mo-

delo de requerimiento de capital, basado en la administración de riesgos;

• Marchar hacia un enfoque de gobierno cor-porativo;

• Promover en todo momento la transparen-cia, revelación y disciplina financiera, y

• Mejorar nuestra regulación macropruden-cial, acompañada de una efectiva supervi-sión a las entidades financieras.

d) Promover que las siguientes Administracio-nes tiendan a “despresurizar” las finanzas públicas, mediante una adecuada administración de los pasi-vos del Gobierno Federal que, aunado a la disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, impidan la “tormenta perfecta” en las finanzas públi-cas del Estado mexicano.

Egresado de la Facultad de Eco-nomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganador del Premio “Dr. Gustavo Baz Prada” 2017, por su participa-ción en programas con impacto social en materia hídrica. Desde 2017 se desempeña en la Audito-ría Superior de la Federación. En su actividad académica, tiene cursos y diplomados en temas de Presupuesto basado en Resulta-dos (PbR), teoría macroeconómi-ca y macroeconomía en México, y diversas teorías sobre crisis fi-nancieras.

Juan Carlos Garcia Galindo

Gestión de riesGos


Como consideración final y a manera de analogía, la materialización del riesgo sistémi-co amenaza la situación financiera del país, así como un fenómeno natural, la infraestructu-ra de la nación; con la única diferencia de que los fenómenos naturales, en algunas veces, son riesgos imprevisibles, mientras que en el sector financiero, la mayoría de las ocasiones, controlables; por tanto, riesgos que la propia sociedad genera.

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ponible en:http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_

economico/paf/paf_2017.pdf https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuatro-factores-que-presionan-al-pe-

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