FEDERACIÓN. PODER JUDICIAL DE LA SUBSTANCIADORA ÚNICA … · (REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE...

EXPEDIENTE: 80/2015-J.CONFLICTO DE TRABAJO SUSCITADO ENTRE *Y EL **.PONENTE: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR, TERCERA INTEGRANTE Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1. Ciudad de México. Acuerdo emitido por el Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal el veinticuatro de

agosto de dos mil dieciséis.

2. VISTOS los autos para resolver el conflicto de trabajo

80/2015-J, promovido por ** ****, en contra del titular del

*; y,

R E S U L T A N D O:

3. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el

veinte de octubre de dos mil quince (fojas 1-47), en la

mesa de control de correspondencia de la Comisión

Substanciadora Única del Poder Judicial de la

Federación, * *** promovió demanda laboral en contra

del titular del ** en la que señaló las prestaciones que

reclama, así como los hechos en que se apoyaron las

acciones que hace valer.

4. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintiuno de

octubre de dos mil quince, la tercera integrante y

presidenta de la Comisión Substanciadora Única del

Poder Judicial de la Federación ordenó la formación del

expediente respectivo y su registro con el número

CONFLICTO DE TRABAJO 80/2015-J

2

80/2015-J; asimismo, admitió la demanda de que se trata

y mandó emplazar al demandado titular del **para que

dentro del término legal concedido le diera contestación,

con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo o de

resultar ilegalmente representado se le tendría por

contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo

prueba en contrario (fojas 48-51).

5. TERCERO. Requerimiento de información. En el

propio proveído de veintiuno de octubre de dos mil

quince, se requirió al demandado titular del * para que

proporcionara el nombre y domicilio de la persona que se

encontrara ocupando la plaza reclamada por la actora,

con la finalidad de llamarla al procedimiento, para que

compareciera a hacer valer los derechos que estimara le

correspondían.

6. CUARTO. Tercero interesado. Por escrito recibido el

cuatro de noviembre de dos mil quince, en la mesa de

control de correspondencia de la Comisión

Substanciadora, la **autorizada por la Comisión de

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de parte demandada, informó que la plaza

de secretario de Juzgado **, que ocupaba la actora,

actualmente está en posesión de *(foja 66); por tanto, en

acuerdo de cinco de noviembre siguiente, la tercera

integrante y presidenta de la Comisión Substanciadora le

reconoció el carácter de tercero interesado y ordenó

llamarlo para que se apersonara al procedimiento a

efecto de hacer valer los derechos que estimara le

correspondían y ofreciera las pruebas que considerara

pertinentes (fojas 68-70).


3

7. QUINTO. Contestación. Por escrito recibido el once de

noviembre de dos mil quince, en la mesa de control de

correspondencia de la Comisión Substanciadora, la *

contestó la demanda laboral, opuso las excepciones y

defensas que estimó pertinentes y ofreció las pruebas

que a su interés convinieron (fojas 94-100) al respecto,

en auto de presidencia de la Comisión Substanciadora

de trece de noviembre siguiente, se requirió a la

demandada a efecto de que remitiera la constancia de

depósito de su escrito de contestación, apercibida que

de no hacerlo se tendría como fecha de presentación la

que se desprendiera del rastreo de la guía obtenida de la

página de Internet respectiva (fojas 105-106).

8. SEXTO. Desahogo de requerimiento. Por escrito

recibido el veinticinco de noviembre de dos mil quince,

en la mesa de control de correspondencia de la

Comisión Substanciadora, la ** desahogó el

requerimiento girado por la tercera integrante y

presidenta de la Comisión Substanciadora, remitiendo

copia certificada de la “guía” respectiva (foja 142);

consecuentemente, en auto de dicha Comisión

Substanciadora, de veintisiete de noviembre de dos mil

quince, se tuvo por presentada la contestación en tiempo

y forma legales; asimismo, se fijaron las diez horas con

treinta minutos del doce de enero de dos mil dieciséis,

para que tuviera verificativo la audiencia a que se

refieren los artículos 127, 132 y 133 de la Ley Federal de

los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 146-148).

9. SÉPTIMO. Apersonamiento del tercero interesado. Por escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil

quince, en la mesa de control de correspondencia de la


4

Comisión Substanciadora, ***, tercero interesado en el

conflicto de trabajo, se apersonó al procedimiento

haciendo valer las excepciones y defensas que estimó

conducentes, asimismo, aportó las pruebas que a su

derecho convinieron (fojas 152-163), respecto del cual la

tercera integrante y presidenta de la Comisión

Substanciadora en auto de uno de diciembre de dos mil

quince, lo tuvo por apersonado en tiempo y forma legales

(fojas 167-168).

10. OCTAVO. Audiencia de ley. El doce de enero de dos

mil dieciséis, se celebró la audiencia de ley, en los

términos consignados en el acta respectiva (fojas 204-

212).

11. NOVENO. Turno. Seguido el procedimiento en todas

sus etapas legales, mediante acuerdo de uno de abril de

dos mil dieciséis, la tercera integrante y presidenta de la

Comisión Substanciadora declaró cerrada la instrucción

con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del

Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado de acuerdo con su

numeral 11, y ordenó que se le turnara el expediente,

por corresponderle la elaboración del proyecto de

dictamen respectivo, conforme al orden en la distribución

de los asuntos; y,

C O N S I D E R A N D O:

12. PRIMERO. Competencia. El Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal es competente para resolver este

conflicto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 123, apartado B, fracción XII, segundo

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos


5

Mexicanos, y 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, toda vez que se suscitó

entre el titular de un Juzgado de Distrito y una de sus

trabajadoras.

13. La Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de

la Federación tramitó el expediente relativo a este

conflicto laboral y formuló el dictamen correspondiente,

en términos de lo previsto en los artículos 153 y 154 de

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

y el diverso 239 del Acuerdo General del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el

similar que reglamenta la organización y funcionamiento

del propio Consejo; y reforma y deroga diversas

disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el veintidós de

noviembre de dos mil trece.

14. SEGUNDO. Litis. La litis en este conflicto de trabajo

consiste en determinar si, como lo afirmó el entonces *,

se actualizaron las causas de cese previstas en el

artículo 46, fracción V, incisos a), g) e i), y fracción I del propio numeral, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,1 al estimar

sustancialmente que la trabajadora:

1 Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1967)I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva;[…]


6

I. No tenía un rendimiento satisfactorio en

comparación con el alto grado de especialidad que se

requiere en la prestación del servicio de administración

de justicia, en relación con las Condiciones Generales de

Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del Consejo

de la Judicatura Federal, al carecer de pericia en el

“mecanografiado” de actas y acuerdos, así como en el

manejo de la computadora, puesto que desconocía el

uso de herramientas básicas que ese instrumento de

trabajo proporciona, e ignoraba el uso de programas de

cómputo y jurídicos.

II. Profería “amagos, injurias y malos tratamientos”

tanto al titular, como a diverso integrante del órgano

jurisdiccional —*—, entre otros.

III. Desobedecía reiteradamente y sin justificación las

órdenes de sus superiores, ya que en diversas

diligencias se negó a realizar correcciones, o si las

realizaba, era de forma incorrecta, no efectuaba la

búsqueda de criterios jurisprudenciales y leyes,

solicitados tanto por el titular, como por secretarios del

propio órgano jurisdiccional, en asuntos que

correspondían a la “mesa” de dicha trabajadora y que se

encontraban a su cargo, en tanto que, en otros asuntos

V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.[…]g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores.[…]i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.


7

capturaba los datos y observaciones que sus superiores

le dictaban de manera incompleta; además, la entrega

de proyectos de acuerdo la hacía con dilación,

incurriendo de forma repetitiva —en los mismos

asuntos— y reiterada —en diversos asuntos— en

errores tanto ortográficos y de sintaxis, como de datos.

IV. El secretario **había hecho del conocimiento de la

trabajadora que debía estar puntual el cuatro de julio de

dos mil quince, para preparar el acta relativa a la

diligencia en que se tomaría la declaración preparatoria

de un inculpado, por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de contrabando presunto, quien se

encontraba a disposición del Juzgado desde el tres de

julio anterior, siendo la única oficial administrativa

adscrita a la mesa de trámite respectiva, ya que el

demás personal se encontraba de vacaciones; sin

embargo, dicha trabajadora no se presentó a laborar, y

todo el fin de semana no estuvo localizable para prestar

sus servicios, generando con ello que diversos

servidores públicos que no se encontraban “de turno”

fueran llamados para prestar sus servicios, por lo que,

aquélla “técnicamente abandonó el empleo”.

15. Al respecto, la trabajadora actora aduce como

argumentos lo siguiente:

a) El titular actor se extralimitó al decretar el cese de su

nombramiento de oficial administrativa de base, puesto

que el artículo 51 bis del Acuerdo General del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal, que establece las

disposiciones en materia de actividad administrativa del

propio Consejo, adicionado mediante publicación


8

efectuada en el Diario Oficial de la Federación el diez de

julio de dos mil quince, solamente permitía a los titulares

de los órganos jurisdiccionales cesar al personal

integrante de la carrera judicial, supuesto en el que no se

ubica un oficial administrativo.

b) En la instrumentación del procedimiento laboral, se

dieron diversas irregularidades, puesto que al momento

en que se citó a la representación sindical, el actuario no

constató con quién entendió la diligencia, esto es, que

efectivamente tuviera el carácter referido.

c) Corresponde únicamente al Secretario General del

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la

Federación acudir a las audiencias a que se refiere el

artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, conforme a lo dispuesto en los

artículos 7 y 8 de las Condiciones Generales de Trabajo

de los Servidores Públicos a cargo del Consejo de la

Judicatura Federal,2 y de los diversos 42, inciso d), y 48,

inciso a), del Estatuto Social del Sindicato referido.3

2 Artículo 7. El Secretario General del Sindicato, mediante la toma de nota correspondiente, tiene personalidad jurídica para representar al Comité Ejecutivo ante el Consejo. Dicha representación podrá delegarla a los demás integrantes del Comité Ejecutivo, en términos de las disposiciones legales y estatutarias aplicables. Artículo 8. Los Comités Seccionales y demás representantes sindicales, podrán intervenir a solicitud del servidor público sindicalizado en asuntos laborales y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que se susciten en el ámbito de su competencia territorial. Dicha representación se acreditará por oficio de reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional. Serán nulos los acuerdos que celebren en forma directa con los servidores públicos o con los Titulares.

3 Artículo 42. Son facultades y atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional:[…]d) Nombrar delegados especiales con la representación del


9

d) La notificación que se realizó a dicha trabajadora de la

fecha en que se llevaría a cabo la diligencia a que se

refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, no se efectuó

conforme a derecho, esto es, con tres días de

anticipación, en términos del artículo 735 de la Ley

Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la

legislación burocrática.

e) El titular actor no le corrió traslado con las

certificaciones y su contenido, descritas tanto en la

cuenta, como en el cuerpo del acuerdo de trece de julio

de dos mil quince [por el que se dio inicio al

procedimiento laboral].

f) No se dio a la trabajadora la oportunidad de conocer

con anterioridad a la celebración de la diligencia de

quince de julio de dos mil quince, los hechos o conductas

que se le imputaron, aunado a que el titular fue omiso en

hacer del conocimiento del * del Poder Judicial de la

Federación, a través de los medios legales

correspondientes, la fecha, hora y lugar en que se

llevaría a cabo el levantamiento del acta referida.

g) El titular actor omitió señalar en el auto de inicio del

procedimiento (de trece de julio de dos mil quince) el

número del procedimiento laboral, las causas, hipótesis o

conductas imputadas; así como el ordenamiento y

fundamento legal en que aquéllas estuvieran previstas.

Comité o del Sindicato, ante las secciones, autoridades, o cualquier otra entidad;Artículo 48. Son obligaciones del Secretario General:[…]a) Ejercer la representación jurídica, política y sindical de la organización;


10

h) En el levantamiento del acta de quince de julio de dos

mil quince (a que se refiere el artículo 46 bis antes

citado), no compareció el representante sindical por

causas imputables al titular, ya que éste omitió dar

cumplimiento al artículo 8 de las Condiciones Generales

de Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del

Consejo de la Judicatura Federal.

i) No existe constancia de que en la resolución de

diecisiete de julio de dos mil quince, **, o diversa

persona, haya comparecido como testigo de cargo o

descargo en la diligencia de quince de julio anterior,

además de que “tampoco se advierte que para efecto de

ratificar alguno o algunos testigos de cargo hubiesen

tenido algún documento a la vista y llevar a cabo la

ratificación correspondiente.”.

j) Para efectos del cese, el titular del órgano

jurisdiccional debió demandar a la trabajadora por la

única vía legal existente, esto es, ante la Comisión


Federación, conforme al artículo 127 Bis de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en

relación con los diversos 152 y 158 del propio

ordenamiento jurídico, por tratarse de un órgano

autónomo y, de esa forma, no actuar como juez y parte.

16. TERCERO. Antecedentes relevantes. A efecto de

ubicar el contexto en el que se dieron los hechos, se

efectúa la relatoría de antecedentes relevantes siguiente:

- El seis de diciembre de dos mil seis, el entonces titular

del * (*), otorgó nombramiento de oficial administrativa,

de base, a * ****, en la plaza con número de clave ***,


11

con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil seis

(foja 76 del expediente personal).4

- Del uno de noviembre de dos mil catorce, al treinta y

uno de enero de dos mil quince, *, otorgó licencia sin

goce de sueldo a la trabajadora referida (foja 169).

- Del uno de febrero de dos mil quince, al treinta de abril

siguiente, *, otorgó licencia sin goce de sueldo a la

trabajadora (foja 172).

- Del uno de mayo de dos mil quince, al treinta de junio siguiente, el *, otorgó licencia sin goce de sueldo a la

trabajadora (foja 175).

- El uno de julio de dos mil quince, el secretario ** emitió

una certificación en la que hizo constar que la

trabajadora presentaba notables deficiencias en el

manejo del equipo de cómputo, además de descuidos en

la captura de datos, elaboración de acuerdos y en

general, en el desempeño de sus funciones (foja 2 del

cuaderno de investigación formado con motivo del

procedimiento laboral instaurado en contra de la hoy

actora).

- Con motivo de la certificación mencionada, en auto de

uno de julio de dos mil quince, el titular del ** instruyó al

secretario a efecto de que —a su vez— certificara las

deficiencias más notorias que advirtiera de la trabajadora

(foja 3).

4 Cabe señalar que en el expediente personal de la trabajadora constan dos nombramientos respecto del mismo cargo, difiriendo únicamente en la fecha de emisión, ya que el primero es de cuatro de diciembre y el segundo de seis siguiente, ambos de dos mil seis; sin embargo, ambos coinciden en la fecha en que surtió efectos dicho nombramiento.


12

- El propio uno de julio de dos mil quince, el secretario *

hizo constar la “marcada deficiencia” en el uso de la

computadora de la trabajadora, ya que “utiliza un dedo

en cada una de sus manos, escribe viendo el teclado y

no tiene capacidad para ajustar márgenes y tipo de letra”

en la aplicación del programa * (foja 4).

- En auto de uno de julio de dos mil quince, el titular del

órgano jurisdiccional en ejercicio de las facultades que le

asistían para evaluar el desempeño de su personal,

ordenó que se practicara a la trabajadora un examen con

la finalidad de verificar si contaba con las capacidades

mínimas suficientes para desempeñar el cargo de oficial

administrativa, de acuerdo con el Manual General de

Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, y las

Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores

Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal,

señalando las dieciocho horas del día de la fecha para

su desahogo.

- El propio uno de julio de dos mil quince, el secretario

**certificó que la trabajadora se negó a que se le

practicara el examen básico mencionado.

- El dos de julio de dos mil quince, el secretario **certificó

que la trabajadora se negó a realizar la búsqueda de

criterios jurisprudenciales y artículos de diversos

ordenamientos jurídicos en los sistemas internos de

consulta del Poder Judicial de la Federación, solicitados

por el titular del órgano jurisdiccional, todo esto en el

desarrollo de una audiencia de ley referente a careos

procesales (foja 7).


13

- El mismo dos de julio de dos mil quince, el secretario

mencionado certificó que en la audiencia referida, la

trabajadora al capturar datos incurrió en notorios errores

mecanográficos y ortográficos, ya que no anotaba lo que

se le dictaba, y que cuando el titular le refirió tales

errores, dicha trabajadora contestó en “forma altanera y

grosera ‘soy licenciada no mecanógrafa’” (foja 8).

- El dos de julio de dos mil quince, el ** certificó que al

concluir la audiencia mencionada, cuando el titular

abandonó la sala de audiencias, escuchó que la

trabajadora dijo “no se la va a acabar *” (foja 9).

- El cuatro de julio de dos mil quince, el secretario

indicado certificó que en esa fecha no se presentó a

laborar la trabajadora, aun cuando el día anterior le hizo

saber que en la fecha indicada en primer término tendría

lugar el desahogo de una diligencia de declaración

preparatoria, por encontrase en turno el juzgado,

correspondiendo la causa penal a la mesa de trámite de

la adscripción de aquélla, motivo por el que dicho

secretario intentó comunicarse con aquélla en cuatro

ocasiones, sin que hubiera contestado las

llamadas —porque el teléfono móvil “enviaba directo a

buzón”— o se hubiera comunicado con su superior

inmediato (foja 10).

- El cinco de julio de dos mil quince, el secretario **

certificó que se recibió en el Juzgado un oficio por el que

se remitía diversa consignación, respecto de una

averiguación previa en la que el investigador de la ****

ejerció acción penal en contra del inculpado de que se

trataba, por su probable responsabilidad en la comisión


14

de delitos contra la salud; y, por ello, se intentó

comunicar en diversas ocasiones con la trabajadora, por

ser la oficial administrativa que ese día se encontraba de

guardia, sin que fuera atendido, motivo por el que tuvo

que comunicarse con diverso servidor público con la

finalidad de que lo auxiliara en la radicación del asunto

penal.

- El cinco de julio de dos mil quince, el secretario citado

certificó que en las instalaciones del órgano jurisdiccional

se recibió un oficio con el que se remitió diversa

averiguación previa penal en la que el agente del

Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal

en contra del ahí inculpado, por su probable

responsabilidad en la comisión de los delitos de

homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y

asociación delictuosa, así como portación de armas de

fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza

Aérea, razón por la que era necesaria la participación de

la trabajadora para desahogar los actos procesales

relativos, al ser la oficial administrativa adscrita a la mesa

de trámite encargada del asunto, motivo por el que el

secretario se intentó comunicar con aquélla sin que fuera

atendido (foja 12).

- El seis de julio de dos mil quince, el secretario de

Juzgado antes mencionado, certificó que la mesa de

trámite uno se encontraba integrada por dicho servidor, y

por la trabajadora ahora actora, siendo la única en esa

mesa ya que por razón del periodo vacacional, en ese

momento no se contaba con otro oficial administrativo

(foja 13).5


15

- El ocho de julio de dos mil quince, el secretario

**certificó que el uno de julio anterior le fueron

entregadas a la trabajadora once promociones, las

cuales pasó para revisión de acuerdo, todas con errores.

Que el tres de julio siguiente, cuando dicho secretario

revisó los acuerdos de la trabajadora y los cotejó con las

correcciones que le habían hecho anteriormente, se

percató que aquélla no siguió las indicaciones que le

giraron; que tanto el dos, como el tres de julio de dos mil

quince, la trabajadora pasó acuerdos para revisión en los

que insistió en no realizar las correcciones que se le

pidieron. Asimismo, el secretario hizo constar que “dado

el carácter prepotente y altanero de la oficial

administrativo en cuestión, quien se jacta de que es

sobrina del Ministro ****, el titular (sic), lo que ha

ocasionado constantes roces con secretarios, como es el

caso del licenciado **, respecto de quien, incluso ante el

titular se refería de manera denostativa y discriminatoria

como ‘indígena’, determinó darle instrucciones para sus

labores y revisarle directamente su trabajo, anotando

fecha y hora de entrega recepción de todos los

asuntos…” (fojas 14 y 15).

- Por auto de trece de julio de dos mil quince, emitido en

el cuaderno de investigación integrado en contra de la

trabajadora * ***, el entonces titular del * *, señaló que a

partir de las catorce horas con cinco minutos del quince

de julio de dos mil quince, se procedería a levantar el

5 Es necesario agregar que el secretario refirió que “a partir de las quince horas con un minuto del lunes veintinueve de junio de dos mil quince, y hasta las ocho horas con veintinueve minutos del seis de julio siguiente” el *se encontraba en turno para recibir las consignaciones con detenido, entre otras, tratándose del área penal.


16

acta administrativa a que se refiere el artículo 46 bis de

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, con intervención de la trabajadora y un

representante del Sindicato de Trabajadores del Poder

Judicial de la Federación, ordenando la notificación

personal de dicho proveído a ambos (foja 105).

- El trece de julio de dos mil quince, el actuario judicial

del Juzgado de Distrito referido, notificó a **** *, el

acuerdo de la misma fecha. En la constancia respectiva

se lee lo siguiente: “****--- Subsecretaria de la Sección *

del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la

Federación (firma)” (foja 106). Enseguida, se agregó la

copia de la credencial expedida por el Consejo de la

Judicatura Federal a favor de **** (foja 107).

- Consta también que el trece de julio de dos mil quince,

el actuario judicial **notificó a las testigos de asistencia

**y *, el proveído de la misma fecha (fojas 108 y 109).

- Por instructivo de trece de julio de dos mil quince, el

actuario judicial **notificó a la trabajadora * ****el auto de

trece de julio del propio año (foja 110), agregando la

razón actuarial en la que ese fedetario judicial hizo

constar que dicha trabajadora se negó a recibir la

notificación del auto de quince de julio en comento (foja

111).

- El quince de julio de dos mil quince, el ****,

acompañado de las testigos de asistencia *********y **,

contando con la asistencia de la representante sindical

****, procedió a levantar el acta establecida en el artículo

46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado, en contra de la trabajadora * ****. Acto


17

continuo, transcribió el contenido de las certificaciones

de uno (1), dos (2), cuatro (1), cinco (2), seis (1) y ocho

(1), todas de julio de dos mil quince, antes referidas,

emitidas en su momento por el secretario **, además,

tomó la declaración de la trabajadora, refiriendo

posteriormente que “los testigos de cargo y todos los que

se mencionan en las certificaciones ratifican su

contenido y firma para constancia”, concediendo el uso de la palabra a la *del Sindicato de Trabajadores del

Poder Judicial de la Federación quien expresó que no

tenía nada que manifestar al respecto, cerrando de esta

forma la diligencia (fojas 112 a 118).

En dicha acta se imprimieron las firmas siguientes:

* ** *** ******** *** ******* * *** ** **** **

- Al terminar la diligencia de levantamiento del acta

administrativa, se dejó sentado que se entregó copia de

ésta, tanto a la trabajadora, como a la representante

sindical.

Al expediente referido se agregó el acta circunstanciada

de dos de mayo de dos mil diez, en la que se hizo

constar que en esa fecha se declaró como planilla


18

vencedora (por ser la única) a la integrada, entre otros,

****** (como ** General), para integrar el Comité

Ejecutivo Local de la *, con sede en **(fojas 120 a 121).

Asimismo, se agregaron las copias de las credenciales

de *** **********(foja 122).

- El quince de julio de dos mil quince, los secretarios

**certificaron que el titular solicitó a la trabajadora

investigada que se condujera con corrección, y que

aquél mandó llamar al oficial administrativo ** para

preguntarle si “es verdad o no Alfredo, que en múltiples

ocasiones la trabajadora aquí presente se ha referido a

mí como pinche viejo pendejo, como me lo has

manifestado” a lo que dicho oficial administrativo

respondió que “efectivamente, en múltiples ocasiones, la

trabajadora * ***, se ha referido a usted en dichos

términos” (foja 123).

- El diecisiete de julio de dos mil quince, el titular del

Juzgado de Distrito, en unión de la Secretaria ***, emitió

la resolución que concluyó con la remoción de la

trabajadora ** ***, en el cargo de *, adscrita al propio *,

clave * (fojas 124 a 150).

* En la resolución se relataron los antecedentes del

procedimiento, se fundamentó la competencia del Juez

de Distrito para remover a la trabajadora, en los artículos

97 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 46 y 46 bis de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado; y, en el artículo 51

bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, que establece disposiciones en

materia de actividad administrativa del propio Consejo.


19

* Se refirieron las obligaciones a cargo de un oficial

administrativo.

* Se transcribió el contenido del acta administrativa de

quince de julio de dos mil quince.

* Se estableció que en el caso, se actualizaron las

causas de cese previstas en el artículo 46, fracción V,

incisos a), g) e i), de la Ley Federal de los Trabajadores

al Servicio del Estado, así como la contenida en la

diversa fracción I, del propio numeral.

* Respecto de la primera causa de cese, el titular

destacó que quedó acreditada, ya que la trabajadora se

refirió a él, en una diligencia judicial, como “no se la va a

acabar **”; y, que en diversas ocasiones esa trabajadora

se dirigió a su persona en términos similares, haciendo

mención —el titular— en la parte final del acta

administrativa, en la que se asentó que los testigos de

cargo *****, hicieron constar que a petición de aquél, se

presentó **, quien ante la pregunta que le formuló [el

propio titular], en presencia de la trabajadora y de los

testigos de cargo señaló que la hoy actora se refería a él

como “**”.

* En lo que concierne a la segunda causa de cese, el

titular estableció que con las certificaciones de uno y dos

de julio de dos mil quince, suscritas por el Secretario *,

quedó demostrado que la trabajadora desobedeció

órdenes del ahora demandado, en aspectos totalmente

inherentes a sus funciones (al negarse a que se le

practicara un examen de aptitud, y a realizar la

búsqueda de criterios en la red jurídica interna).


20

* En relación con la tercera causa de cese, el titular

estimó que quedó acreditada con las certificaciones de

uno, dos, tres, cuatro, cinco y ocho de julio de dos mil

quince, suscritas por el Secretario **, quien las ratificó en

el acta administrativa, demostrándose con éstas que la

trabajadora se negó a realizar la búsqueda de

jurisprudencia en la red jurídica interna, así como de

diversos artículos, que en diversa audiencia pública hizo

patente su desconocimiento en el manejo del equipo de

cómputo que le fue asignado; asimismo, que no asistió el

día en que en el * se desahogaría una diligencia en

materia penal que era urgente, siendo la única oficial

administrativa asignada a la mesa de trámite en que se

llevaría a cabo dicho acto jurídico, en tanto que no había

diverso oficial administrativo adscrito a esa mesa, por

encontrase de vacaciones. Asimismo, el titular hizo

constar las “irregularidades” ocurridas el cinco de julio de

dos mil quince, referidas en las certificaciones de esa

fecha, en cuanto a que la trabajadora no asistió a

coadyuvar en el desahogo de diligencias en materia

penal, a desarrollarse en la mesa de trámite en que se

encontraba adscrita.

* Finalmente, respecto de la última causa de cese,6 el

titular estimó que la trabajadora incurrió en “abandono

del empleo”, aun cuando este fuera momentáneo, al no

acudir a las instalaciones del órgano jurisdiccional en los

días en que le correspondía auxiliar para el desahogo de

diligencias en materia de penal, puesto que le

6 Conforme al orden que el titular precisó en la resolución de cese.


21

correspondía a la mesa de trámite en que se encontraba

adscrita dicha función.

- En la resolución de cese, el titular ordenó que ésta se

notificara personalmente a la trabajadora (mediante acta

circunstanciada) y a la representante sindical (por

conducto del actuario de la adscripción).

- Dicha resolución se notificó a la “representante sindical”

el diecisiete de julio de dos mil quince, a quien se le

entregó copia del documento referido (fecha en que se

emitió la resolución, como se advierte a foja 156).

- El diecisiete de julio de dos mil quince, los Secretarios

**, así como el Actuario Judicial **, emitieron razón de

imposibilidad de notificación a la trabajadora cesada,

respecto de la “totalidad de los resolutivos de la

determinación administrativa” de la propia fecha, ya que

al momento en que se efectuaría dicha diligencia de

notificación, la trabajadora se retiró del inmueble —

cuando se llevaron a cabo las actuaciones— (foja 157).

- De lo anterior, el titular ordenó dar vista al Agente del

Ministerio Público de la Federación adscrito.

- El veinte de julio de dos mil quince, los Secretarios **,

así como el Actuario Judicial **, procedieron a notificar a

la trabajadora cesada los puntos resolutivos de la

determinación de diecisiete de julio anterior, haciéndole

entrega de la copia autorizada de dicha resolución,

refiriendo que “[la trabajadora] desde la primera

actuación se encontró asistida de la licenciada **,

representante sindical de los trabajadores del Poder

Judicial de la Federación en esta ciudad”7 (foja 160).

7 Tal como se advierte de la razón actuarial, los servidores


22

17. CUARTO. Excepciones. El tercero interesado plantea

como excepciones, las que se precisan enseguida:

I) Falta de legitimación pasiva del actor. Excepción

que es infundada, ya que si bien la actora indica

en la demanda que la plaza que ocupaba previo a

que fuera cesada por su titular, era la que tiene la

clave **, tal como lo menciona a fojas ocho, diez, y

treinta y seis, lo cierto es que de la lectura de las

copias certificadas de su nombramiento, agregadas

a fojas setenta y seis, y setenta y siete de su

expediente personal, se advierte que la plaza en la

que se desempeñó como *de base, fue la diversa

que tiene la clave ******, en la que actualmente se

desempeña el tercero interesado, ya que así lo

manifestó la actual titular del Juzgado de Distrito,8

y reconoció el propio tercero interesado,9 por lo

que se está frente a una confesión en términos del

artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo aplicada

supletoriamente a la legislación burocrática, en

términos de su numeral 11, y se corrobora con la

copia certificada de su nombramiento que exhibió

en este conflicto de trabajo, agregada a foja ciento

sesenta y cuatro del expediente, la cual se trata de

una documental pública por haber sido autorizada

por un secretario del **, en ejercicio de sus

públicos indicados refirieron como nombre de la representante sindical el ahora transcrito.

8 **, a foja 66 del conflicto laboral.

9 A foja uno de su escrito de manifestaciones, ciento cincuenta y dos del expediente.


23

funciones legales, en términos del artículo 795 del

código laboral invocado.

II) Falta de legitimación activa de la actora. Excepción que también es infundada, al hacerse

depender de los argumentos precisados en el

inciso que antecede, respecto de los cuales, como

ya se estableció, la plaza que ocupara la

trabajadora cesada y en la que se desempeña

actualmente el tercero interesado, es la misma.

III) Improcedencia de la vía. La cual es infundada,

ya que la única vía con la que cuenta la trabajadora

para impugnar el cese del que fue objeto, es el

conflicto laboral que se tramita por la Comisión


Federación y resuelve el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, en términos de los artículos

123, apartado B, fracción XII, segundo párrafo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,10 y 81, fracción XXV, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación,11

10 Artículo 123. […]B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:[…](ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960)XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última;

11 Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:[…]XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el


24

toda vez que se trata de un conflicto suscitado

entre un **y uno de sus trabajadores. Aunado a

que así lo establece el artículo 51 bis del Acuerdo

General del Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, en materia administrativa del propio

Consejo.12

IV) Oscuridad de la demanda. La cual es infundada,

ya que de la lectura integral de la demanda laboral

se advierten con precisión las prestaciones

deducidas por la demanda, entre las que emerge

de forma preponderante la nulidad del cese del que

fue objeto, asimismo, los argumentos en que se

controvierte la legalidad de esa determinación,

circunscritos a cuestiones de forma y fondo,

independientemente de que sean fundados o

infundados.

V) De improcedencia de la acción y falta de ésta.

La cual, más que una excepción, se trata de una

verdadera defensa, por lo que será abordada en el

análisis de fondo de la litis.

18. Es oportuno señalar que es conducente el análisis de las

excepciones formuladas por el tercero interesado, ya que

tiene interés jurídico en el conflicto laboral, lo cual,

Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora del propio Poder, con excepción de los conflictos relativos a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia cuya resolución le corresponda, en los términos de los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en aquello que fuere conducente;

12 El cual se transcribirá con posterioridad.


25

además de permitirle apersonarse en el procedimiento,

realizar manifestaciones y ofrecer pruebas, le otorga la

facultad de plantear excepciones, interpretación que ha

sido determinada por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción

de tesis 15/2000-SS, entre las sustentadas por el

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer

Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en

Materia de Trabajo del Tercer Circuito) y el Primer

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de

Trabajo del Séptimo Circuito, el dieciséis de junio de dos

mil, en la que se dejó sentado lo siguiente:

…Expuesto lo anterior se procede al análisis del punto específico sobre el que versa la presente contradicción de tesis.El artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo establece:“Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.”.El precepto antes transcrito autoriza la intervención en el procedimiento laboral del tercero que tenga interés jurídico, ya sea compareciendo de manera espontánea o conforme al llamamiento que realice la Junta, acorde a la facultad potestativa que le otorga el indicado ordenamiento, lo que también implica que una vez que participa en el litigio está en posibilidad de oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime convenientes y, desde luego, que en tal procedimiento actúa por interés propio, originario, exclusivo e independiente en defensa de los derechos que le asisten y que, eventualmente, se encuentran sujetos a la controversia jurisdiccional. Su situación, por tanto, es autónoma de las partes, pues una vez que participa en el juicio con todas las formalidades que establece el artículo 14 constitucional, concediéndosele la oportunidad de ser oído en


26

defensa, queda sujeto a lo que resuelva la Junta al pronunciar el laudo…

19. Si bien el precepto analizado por el Alto Tribunal aún no

se adicionaba [con un segundo párrafo]13 al momento en

que se interpretó, lo cierto es que el primer párrafo examinado por dicho Tribunal Constitucional, hasta la fecha en que se resuelve se encuentra sin modificación alguna, de ahí que el criterio citado sea

plenamente aplicable, máxime que en él se privilegia la

debida defensa del trabajador tercero interesado, acorde

a sus intereses jurídicos. Por ende, es conducente el

análisis de las excepciones formuladas por dicho tercero

interesado.

20. QUINTO. Análisis de la litis. Una vez superado el tema

de las excepciones, se traen a cuenta las

“prestaciones” deducidas por la actora en su demanda

laboral, las cuales consisten en lo siguiente:

- Declaración de la ilegalidad del cese de la que

fue objeto.

13 Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la comparecencia o llamamiento del tercero, notificando personalmente al mismo el acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación.


27

- Declaración de la nulidad del acta

administrativa de quince de julio de dos mil

quince.

- Declaración de la ilegalidad de la resolución

de diecisiete de julio de dos mil quince, en la

que fue cesada en su cargo de **de base, en el

**de su adscripción.

- Como consecuencia de la declaración referida

en el punto que antecede, la reinstalación en el

cargo que ocupara previo a que fuera cesada.

- El pago de salarios caídos.

- El pago de vacaciones, primas vacacionales,

aguinaldos y demás prestaciones que se

hubieran dado en el cargo de oficial

administrativa de base, conforme a la

jurisprudencia 19/2003 del Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación.

- El pago de bonos y estímulos pagados en los

meses de agosto y noviembre, así como los

que se generen hasta la fecha en que dicha

trabajadora sea reinstalada, conforme a las

Condiciones Generales de Trabajo de los

Servidores Públicos a cargo del Consejo de la

Judicatura Federal y los que sean aprobados

por el propio Consejo en el mismo periodo de

tiempo.

21. Como punto de partida, se procede al estudio del

argumento manifestado por la ahora parte actora, en el

sentido de que para efectos del cese, el titular debió

demandar a la trabajadora en la única vía existente para


28

ese fin, esto es, ante la Comisión Substanciadora Única

del Poder Judicial de la Federación,14 en términos de los

artículos 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, en relación con los diversos 152 y

158 de ese ordenamiento jurídico,15 al tratarse del

órgano autónomo facultado para ello.16

22. Al efecto, se considera lo siguiente.

14 Por ser el órgano ante el cual se presentan las demandas laborales de la naturaleza referida.15 (ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1975)Artículo 127 bis. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma:I. La Dependencia presentará por escrito su demanda, acompañada del acta administrativa y de los documentos a que se alude el artículo 46 bis, solicitando en el mismo acto el desahogo de las demás pruebas que sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la siguiente fracción.II. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda se correrá traslado de la misma al demandado, quien dispondrá de nueve días hábiles para contestar por escrito, acompañando las pruebas que obren en su poder, señalando el lugar o lugares en donde se encuentren los documentos que no posea, para el efecto de que el Tribunal los solicite, y proponiendo la práctica de pruebas durante la audiencia a la que se refiere la fracción siguiente; yIII. Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citará a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desahogarán pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince días.Artículo 152. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, serán resueltos en única instancia por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Artículo 158. La Comisión Substanciadora, se sujetará a las disposiciones del capítulo III del Título Séptimo de esta Ley, para la tramitación de los expedientes.

16 Argumento sintetizado en el inciso j) del apartado en que se refirieron las manifestaciones vertidas por la actora.


29

23. Como aspecto preliminar, es necesario identificar el

marco jurídico que regula la facultad conferida a los

titulares de los órganos jurisdiccionales de Tribunales de

Circuito y Juzgados de Distrito, para nombrar y remover

a los servidores públicos de su adscripción, la cual

emana del artículo 97, párrafo tercero,17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

se desdobla en los numerales 51 y 51 Bis del Acuerdo

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,

que establece las disposiciones en materia de actividad

administrativa del propio Consejo, modificado y

adicionado por el Acuerdo General sin número,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de

julio de dos mil quince, que en lo conducente, disponen:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Artículo 97.[…] Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, MODIFICADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, POR ACUERDO GENERAL SIN NÚMERO.Artículo 51. En caso de que un trabajador de base adscrito a un área administrativa incurra en una causal de cese, el titular deberá ceñirse a las reglas que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a los criterios correspondientes, aprobados por el Pleno.Artículo 51 Bis. En caso de que un trabajador de base adscrito a un órgano jurisdiccional incurra en

17 Antes párrafo cuarto.


30

una causal de cese, el titular podrá removerlo en uso de la facultad que le otorga el artículo 97 constitucional, debiendo levantar invariablemente un acta con las formalidades que establece el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.En todo momento quedará a salvo el derecho de los trabajadores para demandar ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación la reinstalación en su trabajo o la indemnización correspondiente, en caso de que consideren que su remoción fue injustificada.

24. De la interpretación sistemática de los preceptos

transcritos, se advierte que los titulares de los órganos

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación

─Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito─,

constitucionalmente están facultados para nombrar y

remover a los funcionarios y empleados de su

adscripción, en el entendido que la facultad referida en

segundo término debe ejercerse atendiendo a las

formalidades que para el levantamiento del acta

administrativa exige el artículo 46 Bis de la Ley Federal

de los Trabajadores al Servicio del Estado.18

25. Al respecto, la fracción V del artículo 46 de la ley

burocrática establece que “el Titular podrá demandar la

conclusión de los efectos del nombramiento”; el diverso

46 bis, que esa prerrogativa la ejercerá si “a juicio del

titular procede demandar” la autorización indicada, y en

el artículo 127 bis se disponen los términos en que se

desarrollará el procedimiento “para resolver las

controversias relativas a la terminación de los efectos del

nombramiento de los trabajadores”; disposiciones que,

analizadas en forma adminiculada con el marco jurídico

18 Que será analizado posteriormente.


31

antes precisado, hacen patente la legitimación del titular

para determinar, la conclusión del nombramiento de un

trabajador de su adscripción, cuando se trate de alguna

de las causas de cese previstas en el artículo 46,

fracción V, de la ley citada.

26. Por ende, contrario a lo que afirma la actora, el titular

demandado contaba con facultades para cesarla, sin que

para ello tuviera que acudir, en vía de acción, ante la

Comisión Substanciadora, para solicitar la autorización

en ese sentido.

27. De esta forma, el argumento es infundado.

28. Por otra parte, se procede al análisis del argumento en el

que la parte actora expresa que el titular del órgano

jurisdiccional que fuera de su adscripción, se extralimitó

al decretar el cese de su nombramiento de ** de base,

puesto que el artículo 51 Bis del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,19 que

establece las disposiciones en materia de actividad

administrativa del propio Consejo, solamente permite a

los titulares de los órganos jurisdiccionales cesar al

personal integrante de la “carrera judicial”, supuesto en

el que no se ubica un oficial administrativo.

29. Al respecto, se considera lo siguiente.

30. La parte considerativa que sustentó la adición del

artículo 51 Bis al Acuerdo General del Pleno del Consejo

de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones

en materia de actividad administrativa del propio

Consejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el diez de julio de dos mil quince, refiere:

19 Antes transcrito.


32

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 51 y adiciona el artículo 51 Bis del similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.CONSIDERANDO[…]SEXTO. El artículo 97 de la propia Ley Fundamental establece un supuesto de excepción a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción IX, al disponer que los titulares de la relación de trabajo -jueces y magistrados- pueden designar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Por tanto, dicha norma fundamental confiere a los jueces y magistrados una atribución de remoción específica cuyo ejercicio no está condicionado a un acto o a alguna circunstancia concreta.El régimen laboral particular establecido en el artículo 97 constitucional se justifica por las características propias que tiene el servicio público de impartición de justicia. En efecto, se trata de un servicio altamente especializado al grado de que es la propia Ley Fundamental la que determina los ejes fundamentales que deben observarse en su prestación, según se advierte de los artículos 17 y 100 constitucionales. Así, el alto grado de especialidad que se requiere para prestar el servicio de administración de justicia hace necesario que los titulares de los órganos jurisdiccionales cuenten con los instrumentos jurídicos idóneos para poder prescindir de los servicios de los trabajadores que no tienen un rendimiento satisfactorio; […]

31. Como se ve, entre las razones que el Pleno del Consejo

de la Judicatura Federal tuvo para adicionar el artículo

51 Bis en comento se encuentra la relativa a que el

artículo 97 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su actual párrafo tercero,20

establece un supuesto de excepción a la regla general

prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción IX, de la

20 También transcrito en párrafos anteriores.


33

propia Constitución, al disponer que los titulares de la

relación de trabajo —Jueces y Magistrados— pueden

designar y remover a los funcionarios y empleados de

los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito,

es decir, la disposición general hace referencia a la

facultad que asiste a los titulares de nombrar y remover,

tanto a los funcionarios [de carrera judicial], como a los

empleados [que no son de carrera judicial] de su

adscripción, sin efectuar salvedad alguna en cuanto hace

a la “carrera judicial”.

32. Por tanto, es evidente que el planteamiento toral —que

en este apartado se analiza— vertido por la parte actora,

se relaciona con el contenido del artículo 97, párrafo

tercero, constitucional, al disponer que “los Magistrados

y jueces nombrarán y removerán a los respectivos

funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y

de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que

establezca la ley respecto de la carrera judicial”.

33. Además la pretensión de la parte actora en el sentido de

que la disposición contenida en el artículo 51 Bis, antes

referido, es aplicable exclusivamente a los servidores

públicos que integran la “carrera judicial”, excluyendo al

personal operativo, como son los oficiales

administrativos, parte de una interpretación errónea de la

disposición constitucional citada, puesto que, como lo ha

advertido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la

inclusión en su texto de la locución “carrera judicial”, no

puede entenderse en el sentido de que se modificó la

facultad de los titulares de los órganos jurisdiccionales

de “nombrar y remover a [sus] secretarios y empleados”.


34

34. Efectivamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación al resolver el expediente relativo a la

Solicitud de Ejercicio de la Facultad prevista en el

artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación *, en sesión de catorce de

noviembre de dos mil cinco, dejó sentadas las

consideraciones que se precisan a continuación:21

Del análisis de la evolución normativa del

artículo 97, párrafo cuarto, constitucional (ahora

párrafo tercero,22 se advertía que en un inicio se

otorgó a los Magistrados de Circuito y Jueces

de Distrito la facultad de nombrar y remover a

sus respectivos secretarios y empleados, con el

objeto de fortalecer su independencia “en lo que

atañe[ra] a la administración de la oficina

judicial”.

Posteriormente, dado que el Estatuto de los

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la

Unión de cinco de diciembre de mil novecientos

treinta y ocho —antecedente remoto de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado—, carecía de sustento constitucional

por lo que se refería al Poder Judicial Federal,

por Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el once de septiembre de mil

novecientos cuarenta, se reformó el “cuarto

21 En la parte que a este análisis interesan.

22 La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el párrafo cuarto del artículo 97 constitucional, que actualmente corresponde al párrafo tercero de dicho precepto, ya que el referido en primer lugar fue derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de noviembre de dos mil siete.


35

párrafo” del artículo 97 constitucional, con el

objeto de “armonizar las disposiciones

contenidas en el estatuto que garantiza[ra] los

derechos de los empleados de los poderes

políticos con las normas de nuestra Carta

Magna”, precisándose que la facultad de

nombrar y remover a los secretarios y

empleados de los órganos jurisdiccionales

debía ejercerse “con estricta observancia de la

ley respectiva”, esto es, con apego a lo

dispuesto en el mencionado Estatuto, el cual ya

establecía las causas de cese con justificación

y el procedimiento a seguir.

La reforma constitucional de mil novecientos

noventa y cuatro, de la cual nació el texto

posterior del cuarto párrafo23 del artículo 97 de

la Constitución Federal, no tenía una

justificación expresa en los trabajos legislativos,

puesto que en la exposición de motivos, en los

dictámenes, y en los debates, no se explicó la

razón por la cual se hacía mención de “la

carrera judicial”. Ante esa omisión en clarificar

su propia intención, no podía suponerse que el

Constituyente quisiera modificar el sentido y

alcance de la disposición constitucional.24

35. En este orden de ideas, el contenido del —actual—

párrafo tercero del artículo 97 constitucional, no puede

23 Se reitera, materia de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente corresponde al párrafo tercero. 24 Al respecto, el Alto Tribunal hizo referencia a los secretarios de los órganos jurisdiccionales.


36

interpretarse en el sentido de que los titulares solamente

tienen facultades para nombrar y remover a los

secretarios y actuarios de su adscripción, sin que tal

facultad sea aplicable al personal operativo, entre los

que se encuentran —como ya se dijo— los oficiales

administrativos, puesto que, por un lado, dicha norma

constitucional también se refiere a los empleados; y, por

otra parte, retomando la interpretación de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, no existe razón jurídica

que permita establecer que esa fue la intención del

Reformador al incluir la locución en comento, máxime

que sería contradictorio establecer que dichos titulares

están facultados constitucionalmente para nombrar al

personal operativo, pero no para removerlo, puesto que

sería tanto como admitir que se les permite iniciar la

relación laboral, pero no concluirla, con lo que se

soslayaría que ambos actos redundan en un mismo

punto, esto es, el ejercicio de una facultad que incide

directamente en el servicio público de impartición de

justicia, ya que el “nombramiento” implica que el superior

jerárquico ha valorado positivamente las condiciones

particulares de un trabajador, y el “cese”, cuando el

nombramiento sea de base, que el desempeño de éste

no es adecuado, pero en ambos supuestos, es decir, en

la emisión del nombramiento, como en el cese, existe

una repercusión directa en la función pública.

36. Consecuentemente, el argumento analizado es

infundado.

37. A continuación se efectúa el estudio del cumplimiento de

los requisitos de forma que, efectivamente, el titular

demandado debió observar en el procedimiento


37

administrativo relativo al levantamiento del acta

administrativa a que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, de advertirse que no se dio irregularidad

alguna, se procederá a verificar si se actualizaron las

causas de cese en que se apoyó dicho * para emitir su

determinación.

38. Es de precisarse que corresponde al titular del *

demostrar que cumplió con los requisitos de forma que

para el levantamiento del acta administrativa se exigen

en la ley burocrática, así como la actualización de las

causas de cese que decretó en contra de la trabajadora,

atento a lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal

del Trabajo, de aplicación supletoria al código obrero.

39. Análisis del cumplimiento de los requisitos a que se refiere concretamente el artículo 46 bis de la ley de la materia, al levantarse el acta administrativa en contra de la trabajadora.

40. Procede analizar si, como lo aduce la actora, al instaurar

el acta administrativa en su contra el titular demandado,

éste no cumplió con todos y cada uno de los requisitos a

que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, o bien si como la

actual titular del * lo afirma, se cumplieron con dichas

formalidades.

41. De esta forma, corresponde a la parte demandada la

carga de demostrar su afirmación en el sentido de que al

levantarse el acta administrativa en contra de la actora

se cumplieron con las formalidades que refiere el numeral 46 bis de la ley burocrática, antes citado, toda


38

vez que, de no acreditarse ese extremo, el cese resultaría injustificado.

42. Es aplicable el siguiente criterio sustentado por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación:

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el artículo 46 bis de la propia Ley ordena: “Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical” y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 bis, debe ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusión de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y por lo mismo dicha acción no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y éste aduce en el juicio que lo cesó sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el Titular no demuestra que cumplió con dicha exigencia legal, se está en presencia de un caso de incumplimiento a la Ley que por sí solo bastará para considerar que el despido fue


39

injustificado. [Época: Séptima Época, Registro: 242746, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Quinta Parte, Materia(s): Laboral, Tesis, Página: 87].

43. A efecto de determinar si asiste o no la razón a la actora

en sus planteamientos, conviene efectuar las siguientes

precisiones.

44. Los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, prevén lo siguiente:

Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva;II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;III. Por muerte del trabajador;IV. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores;V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.


40

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo.d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo.f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores.h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.


41

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.Artículo 46 BIS. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.

45. Como se ve, el artículo 46 de la ley burocrática establece

los supuestos en que el nombramiento o designación de

los trabajadores dejará de surtir efectos sin

responsabilidad para los titulares; y, el artículo 46 Bis de

esa normatividad determina que cuando dichos

trabajadores incurran en alguna de las causas de cese a

que se refiere la fracción V del artículo mencionado en

primer término, el superior procederá a levantar un acta

administrativa en la que cumpla con las siguientes

formalidades:

- Dar intervención al trabajador y a un representante del

Sindicato de Trabajadores.

- Asentar con toda precisión los hechos.

- Tomar la declaración del trabajador afectado y las de

los testigos de cargo y de descargo que se propongan.


42

- El documento se firmará por quienes en ella

intervengan.

- [Asimismo] firmarán dos testigos de asistencia.

- Se entregará en ese mismo acto una copia del acta

referida al trabajador y otra al representante sindical [así

como copia de los documentos que la formularse el acta

se hayan agregado a ésta].

46. Al respecto, es necesario precisar que la relación laboral que surge entre los titulares de los órganos

jurisdiccionales y los trabajadores subordinados a

aquéllos, se da en un nivel de coordinación, puesto

que ambas partes actúan en un mismo plano, en tanto

que dichos titulares intervienen solamente como

representantes del “Estado patrón”, por lo que se trata de

“patrones equiparados”, es decir, los titulares fungen

como representantes del Estado al otorgar los

nombramientos a los trabajadores de su adscripción, lo

que de suyo implica que puedan evaluarlos a efecto de

calificar su desempeño y, cuando éste no es satisfactorio

—de conformidad con las exigencias del servicio

público—, dar por terminados los efectos de sus

nombramientos, cuando se trata de trabajadores de

base; consecuentemente, la relación laboral referida se da entre particulares al faltar uno de los elementos distintivos para que se estime que dichos titulares actúan como autoridades, que es precisamente cuando se da una relación de supra a subordinación, sin que ésta se confunda con la relación que por razón —exclusivamente— de jerarquía surge entre uno y otro, es decir, sin que la subordinación laboral se confunda con la


43

subordinación a que se ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para distinguir un acto de autoridad.

47. En este orden de ideas, es oportuno recordar que la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS,

entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado

en Materia Administrativa del Primer Circuito y el

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, luego

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto

Circuito,25 dejó establecido que “el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares.”.

48. Además, cabe señalar que el titular al advertir alguna

causa que demerite el desempeño de un trabajador que

forme parte del mismo órgano jurisdiccional, y siga el

procedimiento de cese,26 no podría actuar imparcialmente (porque es parte en la relación laboral), lo cual, indiscutiblemente, hace que de inicio carezca de la nota distintiva de imparcialidad que caracteriza a cualquier órgano jurisdiccional que, en vía de consecuencia, actúa con el carácter de autoridad, ya sea en un juicio, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.

25 Por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y entonces Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ausente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

26 Sin que ello signifique que se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, como más adelante se verá.


44

49. También es importante dejar sentado que las acciones que desarrolla el titular, tratándose del procedimiento de cese, deben ser robustecidas por éste, ofreciendo la ratificación de contenido y firma dentro de un eventual conflicto laboral, a efecto de alcanzar valor probatorio pleno, tan es así que las

actuaciones en coadyuvancia de sus trabajadores, por

ejemplo, las certificaciones que para ese fin levantan sus

secretarios, tienen que ser ratificadas [dentro de los

conflictos de trabajo], lo que sucede —de la misma

forma— con el acta administrativa laboral en comento, que tiene que ser ratificada en cuanto hace a su contenido y firma por sus suscriptores a efecto de que adquiera el valor probatorio indicado, en el supuesto de que se instaure un conflicto laboral; requerimientos que son válidos precisamente para un

particular, pero no para una autoridad, ya que si actuara

como tal, tendrían el valor de documentales públicas

y sería —por ende— innecesaria su ratificación en un

conflicto laboral.

50. Asimismo, es necesario destacar que no se está en presencia de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que el cese solamente se trata del ejercicio de una facultad constitucional concedida a los titulares de los órganos jurisdiccionales, para que la función de impartir justicia se ajuste a los postulados de la Norma Superior, dado que dichos

titulares están encargados, por encomienda

constitucional, de proporcionarla de manera pronta

(además de completa, gratuita e imparcial), lo cual no se conseguiría si algún trabajador no realiza sus


45

labores acorde con las exigencias que el servicio público de impartir justicia representa.

51. Sirve de apoyo la jurisprudencia que se invoca a

continuación:

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto


46

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. [Época: Novena Época, Registro: 171257, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 192/2007, Página: 209].

52. No está de más señalar que las Condiciones Generales


Consejo de la Judicatura Federal vigentes, publicadas en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Libro 32, Tomo I, Julio de 2016, página 2306,27 como las

que previo a éstas se encontraban vigentes,28 no

establecen ni establecían expresamente algún requisito

para efectos del levantamiento del acta administrativa

analizada,29 considerando que ello se encuentra

regulado en la ley burocrática.

53. Por ende, de una nueva reflexión que este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal realiza de los requisitos que los titulares deben cumplir en el levantamiento del acta administrativa laboral en comento, en términos de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, llega a la conclusión

de que solamente es exigible para aquéllos, cuando

27 Vigentes a partir de julio de dos mil dieciséis.

28 Autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su anterior integración, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece.

29 Artículo 19 de ambas Condiciones Generales de Trabajo, que en términos generales establece que ningún servidor público sindicalizado podrá ser cesado, sino por justa causa, consecuentemente, el nombramiento o designación, solo dejará de surtir efectos conforme a lo dispuesto en el numeral 46 [y 46 bis] de la Ley Reglamentaria y demás disposiciones [aplicables] emitidas por el Consejo.


47

ejerzan la facultad de cese contra los trabajadores de su

adscripción, citar al trabajador y al representante

sindical, para el levantamiento del acta administrativa

laboral, haciéndoles saber el lugar, la hora y fecha en

que tendrá verificativo, a efecto de que intervengan en

dicha diligencia; referir en dicha acta, con toda precisión,

los hechos que la sustenten; tomar la declaración del

trabajador afectado y, la de los testigos de cargo y de

descargo que [en su caso] se propongan; que el

documento en el que conste sea firmado por quienes

hayan intervenido en su levantamiento y por dos testigos

de asistencia; y, que se entregue en ese mismo acto una

copia del acta al trabajador y otra al representante

sindical (entregándoles copias de todas las constancias

en que se sustente esa acta, esto es, de los documentos

que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma).

54. Visto de esa forma, no existe fundamento legal para exigir al titular del órgano jurisdiccional, cuando ejerza la facultad de cese, los requisitos que se

mencionan enseguida:

- Hacer saber al trabajador, así como a su representante

sindical, desde que se le cite, los motivos por los que

podría ser cesado, así como las pruebas en que se

apoye (sino solamente hacerle saber que se le está

llamando para el levantamiento de un acta administrativa

laboral).

- Al citar para el levantamiento del acta, correr traslado

con las pruebas, tanto al trabajador como al

representante sindical (puesto que no se trata de un

procedimiento jurisdiccional).


48

- Citar con tres días hábiles de anticipación a la fecha del

levantamiento del acta, aplicando “supletoriamente” a la

materia burocrática laboral el artículo 735 de la Ley

Federal del Trabajo (exigirlo iría en contra del principio

de inmediatez que deriva del artículo 46 Bis de la ley

burocrática).

- Que los hechos consignados en el acta administrativa

laboral deban ser plenamente coincidentes con los del

citatorio (sin embargo, al citar al trabajador —como se

dijo— no es necesario precisar los hechos, sino en el

acta administrativa).

55. En la misma línea de argumentación, no es aplicable

supletoriamente a la legislación burocrática, tratándose

del levantamiento de las actas administrativas laborales,

el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, por las

siguientes razones.

56. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

determinado que es posible aplicar supletoriamente un

ordenamiento jurídico (supletorio) a otro (ordenamiento

suplido), cuando se cumplen los requisitos que se

enumeran enseguida:

1) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que es aplicable, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos;2) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente;3) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el


49

legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,4) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

57. Los requisitos para que opere la suplencia, fueron

identificados por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en la jurisprudencia siguiente:

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. [Época: Décima Época, Registro: 2003161, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Página: 1065].

58. Así es, en el caso, se estima que no es aplicable supletoriamente el artículo 735 de la Ley Federal del


50

Trabajo, a la ley burocrática en el caso en particular, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de cese, en

donde es imperioso que el titular tome las medidas

conducentes a efecto de que no se vea perjudicada la

función pública de que se trata, en el caso que nos

ocupa, la impartición de justifica pronta.

59. Lo anterior, se puede advertir de la exposición de

motivos respectiva:

PROCESOS LEGISLATIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSCÁMARA DE ORIGEN: DIPUTADOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSMÉXICO, D.F., A 21 DE DICIEMBRE DE 1979INICIATIVA DEL EJECUTIVOEscudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.C.C. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. PresentesPara los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente les envío Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación somete a su digna consideración.Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.Sufragio Efectivo. No Reelección.México, D. F. a 20 de diciembre de 1979. El secretario, profesor Enrique Olivares Santana. C.C. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.Por el digno conducto de ustedes y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de Decreto que tiene por objeto promover el correspondiente proceso legislativo


51

para modificar los Títulos Catorce, Quince y Dieciséis; adicionar el artículo 47 y derogar los artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 470 y 471 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1970.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS[…]En relación con los términos procesales, que constituye la materia regulada por el Capítulo VI,30 se conserva, en principio, el sistema actualmente en vigor. Sin embargo, se proponen algunos ajustes a aquél y se introducen disposiciones complementarias. Se establece que cuando para la realización de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no se encuentre fijado un término, éste será de tres días hábiles. El artículo 736 indica la forma en que deberán computarse los términos; al respecto debe tenerse presente que los meses se considerarán invariablemente como lapsos de treinta días naturales. Asimismo, se otorga a las Juntas la facultad de ampliar, a su criterio, los términos que corren en contra de personas que se encuentren fuera del lugar de residencia de aquéllas. La ampliación puede ser desde tres hasta doce días. Esta innovación pretende renovar el sistema tradicional, que se basa exclusivamente en las distancias, y que no se justifica por su rigidez. También se determina que cuando transcurran los plazos fijados a las partes para realizar un acto procesal, sin que éstas lo hubieren efectuado, operar automáticamente la preclusión sin necesidad de acusar rebeldía. […]

60. Como se ve, en la Ley Federal del Trabajo se señaló que

en los casos en que no se encontrara previsto un plazo

para un acto procesal, éste sería de tres días, pero dicha

norma es incompatible con el artículo 46 Bis de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya

30 CAPÍTULO VI “De los términos procesales”[…]Texto propuesto [que es el vigente en cuanto a su contenido]:Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles.


52

adición se debió a las razones que se mencionan a

continuación:

PROCESOS LEGISLATIVOSDICTAMEN/ORIGEN CÁMARA DE ORIGEN: SENADORESDICTAMENMéxico D.F., a 18 de Diciembre de 1975LEY DEL ISSSTE Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO(Dictamen de Primera Lectura.)COMISIONES UNIDAS: SEGUNDA DE TRABAJO, DE PREVISIÓN SOCIAL Y CUARTA SECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,H. ASAMBLEA.A las Comisiones que suscriben, les fue turnada por acuerdo de Vuestra Soberanía, para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 23, 49, 34, 63, 66, 72, 78 y 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; reformas y adiciones a los Artículos 5, 16, 35, 43 y 46; así como la creación de los artículos 42 Bis. 46 Bis y 127 Bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Iniciativa enviada a esta H. Cámara, por el C Presidente de la República, con fecha 5 de los corriente[s].[…]Motivo de esencial interés revisten tanto la obligación del Estado de cubrir en una sola exhibición las indemnizaciones por salarios caídos, sobresueldos, vacaciones y aguinaldos, en el caso de laudos absolutorios del trabajador, así como la nueva regulación que establecen los Artículos 46, 46 Bis y 127 Bis, de la Ley Reglamentaria que se estudia, respecto al procedimiento para dar por terminados los efectos del nombramiento del trabajador, dando mayor fluidez al procedimiento pero a la vez ampliando las garantías de defensa de los servidores públicos frente a, los Titulares de las Dependencias. […]


53

61. La adición del artículo 46 Bis a la ley burocrática, como

se advierte de su proceso legislativo de creación,

obedeció a la necesidad de dar mayor fluidez al procedimiento de cese de los trabajadores, lo que no

se conseguiría si en lugar de poder tramitarse de

inmediato dicho procedimiento, tuviera que incluirse un

plazo de tres días entre la citación del trabajador y su

representante sindical para el levantamiento del acta

administrativa laboral y la fecha en que ese

levantamiento tuviere verificativo; y, si bien también

inspiró la adición, la necesidad de ampliar las garantías

de defensa de los servidores públicos, éstas se vieron

robustecidas desde el momento en que en el acta

administrativa el titular debe exponer con toda precisión,

los hechos que la sustenten, tomar la declaración del

trabajador afectado y, en su caso, la de los testigos de

cargo y de descargo que se propongan, verificar que el

documento en el que conste sea firmado por quienes

hayan intervenido en su levantamiento, así como por dos

testigos de asistencia; y, que se entregue en ese mismo

acto una copia de aquélla al trabajador y otra al

representante sindical, junto con copia de los documentos que se hayan agregado a la propia acta, para que, ese trabajador, de estar inconforme con la terminación de los efectos de su nombramiento, pueda accionar la vía en la que se observen todas las formalidades procesales que garanticen su debida defensa.

62. Por tanto, el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo

no es aplicable supletoriamente a la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado en el contexto


54

apuntado, puesto que si bien, en términos generales, ello

puede realizarse acorde con el numeral 11 del

ordenamiento jurídico citado en segundo lugar,31 en el

caso contraría el apartado de dicha Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado que se refiere

específicamente al procedimiento de cese que los

titulares de los órganos jurisdiccionales pueden instaurar

a sus trabajadores, porque no es congruente con el

principio de celeridad que inspiró que se le adicionara el

artículo 46 Bis.32

63. Además, atendiendo al contenido del artículo 735

referido, se observa que se trata de una norma que debe

ser aplicada en un proceso, por un órgano jurisdiccional

o en su defecto, por un ente que desarrolle funciones

materialmente jurisdiccionales; pero no por un sujeto que

actúa en un plano de igualdad, como lo es el patrón

equiparado cuando cesa a uno de sus trabajadores, ya

que en ese supuesto no actúa con el carácter de

autoridad, ni da seguimiento o continuidad a actos

procesales.

64. En el contexto referido, con la finalidad de cumplir con la

carga probatoria que pesa sobre la parte demandada,

respecto del cumplimiento de las formalidades que

conforme a derecho se deben exigir en el levantamiento

del acta administrativa, la *, ofreció y le fueron admitidas

31 Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.

32 Cuarto elemento referido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


55

como pruebas de su parte, durante la audiencia de

derecho celebrada en este conflicto de trabajo, el doce

de enero de dos mil dieciséis, entre otras, las siguientes:

La instrumental de actuaciones, en el entendido

que conforme al principio de adquisición procesal,

si bien la trabajadora fue quien ofreció como

prueba de su parte el procedimiento laboral, así

como el acta administrativa de quince de julio de

dos mil quince, las cuales fueron admitidas en la

audiencia referida, éstas puede beneficiar a su

contraparte y no necesariamente a aquélla.

65. Las pruebas indicadas tienen valor probatorio pleno,

dado que fueron reconocidas por ambas partes, puesto

que se aportaron al sumario, esto, con fundamento en

los artículos 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores

al Servicio del Estado, en relación con los diversos 803,

804 y 841 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación

supletoria.

66. Asimismo, durante el desahogo de la audiencia de

derecho se admitió, a la ** demandada, la ratificación de contenido y firma, a cargo de sus suscriptores, del acta administrativa de quince de julio de dos mil quince.

67. Perfeccionamiento que se llevó a cabo, a través de

exhorto librado por la Comisión Substanciadora Única

del Poder Judicial de la Federación, desahogado por el

**, con la intervención de la trabajadora ** ***, las

testigos de asistencia ***, la representante sindical ******,

así como de los testigos *******, quienes se identificaron

con el actuario judicial de dicho órgano jurisdiccional,


56

fueron interrogados por separado respecto del acta en

comento, reconociendo su contenido, así como su firma,

con la salvedad de que las testigos de asistencia ****,

quienes no obstante reconocieron haber participado en

el acta, así como sus firmas, realizaron manifestaciones

en el sentido de que en dicha acta se asentaron el

nombre y la firma de testigos que no se encontraban al

momento en que aquéllas la firmaron,33 el quince de julio

de dos mil quince (fojas 337 a 359 de este expediente).

La ratificación también fue suscrita por el titular del *,

como se observa en el escrito de veintinueve de enero

de dos mil dieciséis, en el que consta la firma de * (foja

235 del expediente).

68. Por tanto, los documentos citados adquieren valor

probatorio pleno, en particular el acta administrativa

referida, ya que fue ratificada por todos los que en su

suscripción intervinieron, en términos del criterio

contenido en la siguiente jurisprudencia emitida por la

entonces Cuarta Sala de la anterior integración de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación:

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SOLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES. Tomando en consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Estado no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el Titular de una dependencia Burocrática (o la persona indicada para ello), ordena el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Federal de los

33 “*****.”.


57

Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servidor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha Ley, toca al Titular de cada dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar la existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un nombramiento, y siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez la grave consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento. [Época: Octava Época, Registro: 207821, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, Octubre de 1992, Materia(s): Laboral, Tesis: 4a./J. 23/92, Página: 23].

69. En este orden de ideas, no asiste la razón a la actora

cuando aduce que en el levantamiento del acta

administrativa de quince de julio de dos mil quince, no

compareció un representante sindical por causas

imputables al titular [argumento sintetizado en el inciso

h)], ya que como se ha observado, a esa diligencia

acudió la representante sindical ****, en su carácter de

integrante del ** **del Poder Judicial de la Federación, *


58

(como **), quien se identificó al momento en que se

desahogó la diligencia citada, personalidad que pudo

constatarse con la copia certificada que se agregó en el

cuaderno de investigación, del acta de dos de marzo de

dos mil diez, en la que se hizo constar cómo quedó

integrado el Comité Ejecutivo local, *, del gremio

mencionado (fojas 120-121 del cuaderno de

investigación), la cual no fue controvertida por la

trabajadora, por lo que, después de su prudente

apreciación, se le reconoce valor probatorio pleno en

términos del artículo 137 de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado.34

70. Sin que en el caso resulte aplicable el artículo 8 de las


Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal,

que dispone que “Los Comités Seccionales y demás

representantes sindicales, podrán intervenir a solicitud

del servidor público sindicalizado en asuntos laborales y

procedimientos de responsabilidad administrativa de los

servidores públicos que se susciten en el ámbito de su

competencia territorial. Dicha representación se

acreditará por oficio de reconocimiento del Comité

Ejecutivo Nacional”, dado que, en todo caso, tal

precepto cobra vigor cuando media la solicitud del

trabajador interesado y, en el caso particular, la

trabajadora no acreditó haber presentado esa solicitud

ante su gremio, máxime que, como se hizo patente, en la

34 Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que se funde su decisión.


59

diligencia tuvo participación una representante sindical,

en términos del citado artículo 46 bis de la ley

burocrática, disposición que resulta exactamente

aplicable al asunto.

71. Tampoco asiste la razón a la actora cuando aduce que

en la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince,

en que el titular la cesó, no se advierte que en el acta

administrativa, de quince de julio anterior, hubiera

comparecido *, o diversa persona, como testigos de

cargo o descargo, sin que “tampoco se adviert[a] que

para efecto de ratificar alguno o algunos testigos de

cargo hubiesen tenido algún documento a la vista y llevar

a cabo la ratificación correspondiente.” [argumento

sintetizado en el inciso i)].

72. Lo anterior es así, ya que —por una parte— en la propia

acta administrativa, de quince de julio de dos mil quince,

se encuentran las firmas —entre otros— de:

**

****

***

**

***

***

****

73. Después del acta administrativa se glosaron las copias

de las credenciales expedidas por el “*” a favor *******,

en ese orden (foja 122 del cuaderno de investigación); y,


60

por el Consejo de la Judicatura Federal, a favor de

*(también en la foja 122).

74. Por otra parte, en el acta administrativa, se estableció

que “los testigos de cargo y todos los que se mencionan

en las certificaciones ratifican su contenido y firman para

constancia, los que así quisieron hacerlo…”; por lo que,

si las certificaciones, en que se apoyó el **para efectuar

las imputaciones en contra de la ** *, fueron las que

realizó el secretario **, éste, al intervenir en el levantamiento del acta y firmar al calce, indiscutiblemente ratificó tales certificaciones.35

75. A mayor abundamiento, la actora no controvierte el

contenido de las certificaciones, por lo que, al no ser

posible suplir en su beneficio la deficiencia en la

argumentación, la contestación que se da a sus manifestaciones no puede ir más allá de los planteamientos que realmente haya esgrimido en su demanda; sin que escape a la atención que en el acta

administrativa la trabajadora haya manifestado que “no

es verdad lo que me están implicando ya que en ningún

momento me he negado para trabajar, ni mucho menos

se me habló tampoco como dicen porque yo jamás recibí

una llamada, además que nunca se me dijo que yo

estaba de guardia, desde que ingresé el día uno de julio,

el señor * no ha dejado de estarme amedrentando

porque inclusive me dejó en una mesa rezagada, a mi

sola recibiendo las promociones de esa mesa y tomando

las diligencias de la misma, cuando a veces en una

diligencia se tarda hasta más de medio día realizándola,

35 Las certificaciones que en su momento suscribió.


61

además que no se me asignó secretario para realizar los

acuerdos y si tenía dudas que pasara mi proyecto

porque así me mandó decir con *y que ya el vería si

estaba bien o no, que él me revisaría directamente y que

mi hora de salida era a las once y media no más,

además, tampoco es verdad lo que mencionan que le

dije *, porque yo jamás me he referido con palabras

altisonantes al titular y también es cierto que el día de las

diligencias el señor juez se presentó a las diligencias que

yo estaba desahogando a quererme intimidar, aduciendo

que yo no sabía usar el equipo de cómputo cuando en

realidad él me solicitó que abriera una tesis porque en

las diligencias de (sic) penal se “asentan” tesis, cuando

no es verdad, y en la diversa diligencia del **, el señor se

presentó y me dijo en la diligencia que asentara unos

artículos, que abriera la red jurídica, cuando los oficiales

ni siquiera tenemos acceso al internet, además, me

exhibió públicamente en una diligencia de que no sabía

usar las herramientas de cómputo, y tampoco es verdad

que me he retrasado en mis promociones, puesto que yo

se las he entregado y me han sido regresadas con

correcciones, lo que hace retrasar mi trabajo y no

avanzar, por lo que niego totalmente todo lo que se me

imputa, es todo sobre el particular”; empero, los argumentos que en esta resolución se deben analizar son los propuestos en la demanda laboral, considerando que la litis surge de ésta y de su contestación.

76. Así que, los argumentos sintetizados en los incisos h) e i)

son infundados.


62

77. Ahora bien, en relación con los términos en que se

sustanció el inicio del procedimiento laboral, que

precedió al levantamiento del acta en comento, la actora

aduce que en su instrumentación, el actuario judicial no

constató, al notificar la fecha en que se llevaría a cabo el

levantamiento del acta administrativa que la persona con

quien entendió la diligencia respectiva efectivamente se

tratara de la representante sindical, respecto de lo que

no le asiste la razón a dicha actora, toda vez que, en la

constancia de notificación practicada el trece de julio de

dos mil quince, el actuario judicial * dejó sentado que

notificó el acuerdo de trece de julio anterior a ***** “en su

carácter de Subsecretaria del Sindicato de Trabajadores

del Poder Judicial de la Federación”, agregando copia de

la credencial de dicha servidora pública (fojas 106 a 107

del expediente CT. 80/2015-J), lo cual se confirma con la

propia acta administrativa laboral de quince de julio

posterior, en la que se refirió que “…el suscrito licenciado

*, **, actuando como patrón equiparado… contando con

la asistencia de la licenciada ******, quien ostenta el

cargo de ** del Sindicato de Trabajadores del Poder

Judicial de la Federación de este edificio…”,

agregándose copia del documento en el que constan las

elecciones llevadas a cabo el dos de marzo de dos mil

diez, quedando como la planilla vencedora la integrada,

entre otras personas, por la antes referida (*****) a quien

se le confirió el cargo mencionado (*), en el *de la ****,

con sede en *.

78. Por ende, si la trabajadora no controvirtió la precisión

efectuada en el acta administrativa de quince de julio de

dos mil quince,36 ni la documental antes mencionada, al


63

tratarse de la persona referida en la constancia de

notificación de trece de julio de dos mil quince citada con

anterioridad, es factible afirmar que se trataba de la

misma, de ahí que el argumento analizado es

infundado.37

79. En relación con la misma temática la actora agrega que

corresponde exclusivamente al Secretario General del

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la

Federación acudir a las audiencias a que se refiere el

artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, en términos de los artículos 7 y 8 de

las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores

Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y

42, inciso d), y 48, inciso a), del Estatuto del propio

Sindicato; argumento que es infundado puesto que en

tales preceptos, si bien el primero de ellos se determina

que ese Secretario General tiene personalidad jurídica

para representar al Comité Ejecutivo ante el Consejo de

la Judicatura Federal, también se dispone que la

representación podrá delegarla a los demás integrantes

del Comité Ejecutivo, en tanto que la normatividad

estatutaria citada refiere que es facultad y atribución del

*, entre otras, nombrar delegados especiales con la

representación del **o del **, ante las secciones,

autoridades, o cualquier otra entidad; y, que son

obligaciones del Secretario General, entre otras, ejercer

la representación jurídica, política y sindical de la

36 Respecto de que ******se trataba de la *del Comité. 37 Estos argumentos se exponen en contestación a la manifestación referida por la actora en la demanda, sintetizada en el inciso b).


64

organización; sin embargo, ello no se traduce en que

dicho Secretario General sea el único que pueda acudir

a las diligencias a que se refiere el artículo 46 bis de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,

respecto del levantamiento de actas administrativas, ya

que los artículos 94, inciso a), y 95, inciso a), ambos del

Estatuto del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial

de la Federación, establecen:

Artículo 94. Son atribuciones del Secretario General [del Comité Ejecutivo Local]:a) Representar a su sección en los actos en que participe; […]Artículo 95. Son funciones del Subsecretario General:a) Representar el Secretario General de la sección en todas las actividades que le sean encomendadas; […]

80. De la lectura adminiculada de los preceptos citados, es

posible afirmar que si bien la representación del * de las

secciones en que se divide el territorio nacional,

corresponde en principio al *, éste a su vez puede ser

representado por el *, como sucedió en el caso, lo cual

encuentra además razón de ser en que, atento a la

multiplicidad de Circuitos y órganos jurisdiccionales

existentes en el territorio mexicano, sería imposible que

el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional

acudiera a todas las audiencias donde se desahoguen

diligencias como la que nos ocupa, de ahí que se

justificara la regionalización de tales funciones y su

delegación en comités locales, integrados en los

términos referidos, conforme a la distribución de

funciones destacada.


65

81. Por ende, es infundado el argumento en el sentido de

que solamente el Secretario General del Comité

Ejecutivo Nacional podía asistir a la diligencia en que se

levantó el acta administrativa en comento.38

82. Por otra parte, en relación con la tramitación del

procedimiento laboral, la actora aduce que la notificación

de la fecha en que se llevaría a cabo el levantamiento

del acta administrativa no se le dio a conocer con la

oportunidad de tres días a que se refiere el artículo 735

de la Ley Federal de los Trabajadores, aplicada

supletoriamente [inciso d) de la síntesis de los

argumentos], y que dicho titular no le corrió traslado con

las certificaciones y su contenido, descritas tanto en la

“cuenta”, como en el “cuerpo” del auto de trece de julio

de dos mil quince, con el que se inició el procedimiento

mencionado [inciso e) de la síntesis de argumentos].

83. Con sustento en las consideraciones desarrolladas,

derivadas de una nueva reflexión sobre el tema, es

necesario precisar que si bien anteriormente este Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal había considerado

que debía concederse al trabajador el plazo de tres días

entre la fecha en que éste sea citado para el

levantamiento del acta administrativa, y la diversa fecha

en que se desahoga dicha diligencia, con fundamento en

el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada

supletoriamente, ello al resolver, fundamentalmente, el

conflicto de trabajo *, en sesión de nueve de diciembre

de dos mil quince, por mayoría de seis votos, así como

los diversos *, en sesión de once de febrero de dos mil

38 Argumentos con los que se da respuesta a la manifestación sintetizada en el inciso c).


66

quince, por unanimidad de siete votos, y *, en sesión de

veinte de mayo de dos mil quince, por unanimidad de

siete votos; asimismo, este Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal había estimado que en el auto de

inicio del procedimiento laboral se debían dar a conocer

al trabajador las certificaciones, documentos o elementos

en que descansen las conductas que refiera el titular

como posibles causas de cese, lo cual sucede previo al

levantamiento del acta administrativa, esto al resolver el

conflicto de trabajo CT. **, en sesión de veintiocho de

enero de dos mil quince, por unanimidad de siete votos,

así como el diverso CT. **, en sesión de veintiuno de

octubre de dos mil quince, por unanimidad de siete

votos, entre otros; se advierte que el artículo 46 bis de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o

en su caso, las Condiciones Generales de Trabajo de los

Servidores Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal, no establecen que el titular deba conceder un

plazo entre la citación al trabajador para el levantamiento

del acta administrativa en comento, y la diligencia en que

se lleve a cabo tal levantamiento, ni que dicho titular, al

citar al trabajador para el desahogo de la diligencia

referida, tenga que correrle traslado con las

certificaciones, documentos, o cualquier otro elemento a

partir del cual deba conocer desde la citación en qué

consisten las conductas que le atribuye su superior.

84. Lo anterior encuentra justificación en los siguientes

aspectos sustanciales (en los que se sintetizan los

razonamientos expuestos):


67

I. En una relación laboral, los titulares de los órganos

jurisdiccionales no actúan como autoridades, sino como

patrones equiparados, tan es así que las acciones que

adoptan cuando se trata, en concreto, del ejercicio de la

facultad de cese, tienen que ser perfeccionadas, por

ejemplo, las certificaciones que levantan los secretarios

en cumplimiento a sus instrucciones, o el acta

administrativa que sustenta la terminación de los efectos

de los nombramientos de los trabajadores de base,

tienen que ser ratificadas [en contenido y firma] a efecto

de que adquieran valor probatorio pleno, dentro de un

eventual conflicto de trabajo. De no ser perfeccionadas

sólo tienen valor como documentales privadas.

II. En el ejercicio de la facultad de cese, los titulares no

podrían ser imparciales (al ser parte de la relación

laboral), siendo quienes realizan precisamente las

imputaciones contra sus trabajadores, de ahí que, desde

el principio, por su naturaleza, no se cuente con una de

las notas distintivas que caracteriza a los procedimientos

seguidos en forma de juicio, que es propio de las

autoridades, que es justamente la imparcialidad.

III. Como el cese no se trata de un procedimiento

seguido en forma de juicio, ya que en él no interviene

autoridad alguna, no corresponde, ni es jurídicamente

exigible, observar formalidades procesales, dado que, en

su caso, será hasta que se entable un conflicto laboral

(que tramite la Comisión Substanciadora Única del Poder

Judicial de la Federación y resuelva el Pleno del Consejo

de la Judicatura Federal), cuando se dé cumplimiento a

dichas formalidades, como la debida defesa.


68

IV. El artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo no es

aplicable supletoriamente a la institución de cese

prevista en la legislación burocrática, dado que contraría

el apartado relativo, en tanto no es congruente con el

principio de celeridad que inspiró la adición del artículo

46 Bis; además, aquél precepto es aplicable en

procedimientos materialmente jurisdiccionales.

V. El cuidado del ejercicio de la función pública exige que

los titulares actúen con inmediatez a fin de

salvaguardarla.

VI. El cese no es un acto de autoridad, sino un acto de

patrón [equiparado] que desde luego afecta al trabajador,

pero que al no provenir de una autoridad no constituye

un acto privativo. En ese sentido se puede asimilar a la

rescisión laboral [en el ámbito del Apartado A del artículo

123], en tanto que ese acto también termina con la

relación laboral.

85. En el contexto referido, se tiene presente que en casos

recientes, aunque en relación con la aplicación de

medidas disciplinarias por parte de los titulares, este

Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que

son inoperantes los argumentos en los que se sostiene

que aquéllos vulneran derechos humanos de los

trabajadores, puesto que, dado el plano de igualdad en

que interactúan, no es posible que generen o propicien

esa vulneración, aspecto que, desde luego, amerita el

mismo tratamiento en el caso de que los titulares

decretan el cese de sus trabajadores, puesto que en tal

contexto actúan como patrones exclusivamente.


69

86. Además, es importante señalar que el trabajador no

queda sin defensa, ya sea porque no se le otorgue un

plazo para que la prepare previo al levantamiento del

acta administrativa laboral, o bien porque cuando es

citado al procedimiento no se le corra traslado con las

certificaciones, documentos o cualquier otro elemento a

partir del que pueda conocer las imputaciones de su

titular, antes del levantamiento del acta administrativa, ya

que de la interpretación sistemática de los artículos 81,

fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, 153 y 154 de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, 46 bis del

ordenamiento citado en último término, así como 51 Bis

del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, que establece las disposiciones en

materia administrativa del propio Consejo,39 tal defensa

puede ejercerse instando precisamente el conflicto de

trabajo que compete tramitar a la Comisión


Federación y resolver a este Consejo de la Judicatura

Federal, en donde sí han de observarse las formalidades

esenciales del procedimiento y aplicarse los plazos que

establecen tanto la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, como la Ley Federal del Trabajo,

esta última aplicada supletoriamente a la primera.

87. Ciertamente, al promover el trabajador demanda laboral

contra el cese dictado por su titular se dan las

condiciones para que ambas partes puedan ejercer las

39 Preceptos que han sido citados en el considerando de competencia para tramitar y resolver el conflicto de trabajo, e incluso en el apartado en que se han analizado los argumentos planteados por la actora.


70

defensas y excepciones que consideren pertinentes, así

como ofrecer pruebas y formular alegatos, por ser

materialmente jurisdiccional el procedimiento que se

sustancia.

88. Consecuentemente, los argumentos referidos son

infundados, en cuanto resulta inexacto que el titular

tuviera que conceder el plazo de tres días entre la

citación para el levantamiento del acta administrativa y la

fecha en que esa diligencia tiene verificativo, y correrle

traslado con las certificaciones, documentos o cualquier

otro documento en que se sustenten las conductas que

refiera el titular; y resultan inoperantes en cuanto la

trabajadora aduce que se violaron sus derechos

fundamentales.

89. Por otra parte, no asiste la razón a la actora cuando

afirma que el titular no hizo del conocimiento del *****de

que se trata, la fecha, hora y lugar en que se efectuaría

el levantamiento del acta administrativa laboral

[argumento sintetizado en el inciso f), parte final], porque

en la notificación practicada por el actuario judicial de la

adscripción, éste le notificó a la representante sindical

local,40 el auto de trece de julio anterior, en el que se

especificó que sería a las catorce horas con cinco

minutos —hora— del quince de julio de dos mil

quince —día— cuando se iniciaría el levantamiento del

acta y, por lo que respecta al lugar, es inconcuso que

serían las instalaciones del *; ahora, si bien el último dato

no se especificó tanto en el acuerdo de trece de julio de

dos mil quince, como en la notificación respectiva, lo

40 El propio trece de julio de dos mil quince.


71

cierto es que tal imprecisión no causó ningún perjuicio a

la trabajadora, ya que en la fecha en que se desahogó la

diligencia, como ya se ha observado, estuvo presente la

representante sindical.

90. Así, el argumento es inoperante.

91. En diverso contexto, la actora argumenta que el titular

omitió señalar en el auto de inicio del procedimiento (de

trece de julio de dos mil quince), el número de

procedimiento administrativo, las causas, hipótesis o

conductas imputadas, así como el ordenamiento y

fundamento legal en que aquéllas estuvieran previstas

[argumento sintetizado en el inciso g)].

92. Tampoco asiste la razón a la actora en su argumento,

ya que, conforme a los razonamientos expuestos, el

titular no estaba obligado a sujetarse a requisitos que no

se encuentran previstos en el artículo 46 Bis de la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,

siendo que, en el procedimiento analizado el titular

interviene con el carácter de patrón equiparado, por

tanto, interactúa con el trabajador en un plano de

igualdad y no como autoridad.

93. De esta forma, los argumentos analizados son

infundados.

94. Una vez superado el análisis de los requisitos de forma

que el legislador ha determinado para la validez del acta

administrativa laboral, queda por verificar si la trabajadora se ubicó en alguna de las causas de cese que el titular refirió en la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince para dar por terminados los efectos del nombramiento de base de aquélla.


72

95. Como puede advertirse en la resolución de diecisiete de

julio de dos mil quince, el titular estimó acreditadas las

causas de cese previstas en el artículo 46, fracciones I y V, incisos a), g) e i), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece lo

siguiente:

Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva;[…]V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.[.,..]g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores.[…]i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.[…]

96. Sobre el punto, se destacará a continuación lo que el

titular estimó en la resolución de cese en relación con las

causas atinentes a que la trabajadora desobedeció


73

reiteradamente y sin justificación, las órdenes de sus

superiores y, a la falta comprobada a las condiciones

generales de trabajo en el *de su adscripción.

97. En lo que concierne a la causa de cese con motivo de

desobediencia reiterada y sin justificación, las órdenes

de sus superiores, el *estableció que con las

certificaciones de uno y dos de julio de dos mil quince,

suscritas por el Secretario **,41 quedó acreditado que la

trabajadora desobedeció órdenes del ahora demandado,

en aspectos relacionados con sus funciones, ya que:

a) El uno de julio de dos mil quince se negó a que le

practicaran un examen de aptitud ordenado por el propio

titular, para verificar si contaba con las capacidades

mínimas suficientes para desempeñar el cargo de **,

establecidas tanto en el Manual General de Puestos del

Consejo de la Judicatura Federal, como en las


Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

b) El dos de julio de dos mil quince se negó a ingresar en

la red jurídica para ubicar una tesis respecto de la que el

propio titular le proporcionó el número de registro,

conducta que la trabajadora reiteró al día siguiente,

cuando en una diligencia de “*” se negó a ubicar tanto

diversa tesis, como determinados preceptos legales.

c) El titular agrega que la trabajadora reiteró la conducta

en diversas audiencias de derecho.

41 Transcritas tanto en el acta administrativa, como en la resolución de cese.


74

98. Además, se tiene en cuenta cuáles son las funciones

inherentes a un **, conforme al Manual General de

Puestos del Consejo de la Judicatura Federal:

Descripción de PuestoI. Datos de Control.

Tipo:BS - BASE

Grupo:5 - OPERATIVOS

Rama:02 -

JURISDICCIONAL

Puesto:03 - OFICIAL

ADMINISTRATIVO

Clave:BS50203

Nivel y Rango:27 ÚNICO

II. Descripción.II.1 Objetivo del puesto:Llevar el control y seguimiento de los expedientes y trámites que le sean encomendados en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción, así como capturar la información de los proyectos de estudios y resoluciones de carácter jurídico o administrativo. Asimismo, prestar el apoyo temporal cuando sea comisionado, auxiliando en el trámite y resolución urgente de los asuntos encomendados, correspondientes a diversos órganos jurisdiccionales de aquél al que se encuentra adscrito, limitando su función al apoyo que el titular solicitante determine.II.2 Funciones:1. Mecanografiar oficios, actas, proyectos, resoluciones, dictámenes, acuerdos y todo tipo de documentos, cuidando la presentación y contenido de los mismos.2. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación jurídico-administrativa y todo tipo de documentos bajo su responsabilidad, conforme a los procedimientos establecidos.3. Participar en el análisis, integración y diseño de estudios, proyectos, trámites, sistemas y procedimientos jurídicos o administrativos que le sean encomendados.4. Llevar a cabo el seguimiento de los asuntos que tiene asignados para su trascripción a efecto de realizar las correcciones y emisión de los documentos definitivos.5. Llevar controles internos relativos al ejercicio de sus funciones.6. Las demás que le encomiende su jefe inmediato o, en caso de que sea comisionado, le determine el titular solicitante del apoyo temporal.II.3 Norma de creación:Artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2006.


75

II.4 Responsabilidades:1. Llevar a cabo sus actividades observando una conducta ética que muestre: legalidad, integridad, honradez, imparcialidad, equidad, transparencia, eficiencia y calidad en el desempeño de su cargo.2. Cumplir con las leyes, reglamentos y programas que se relacionen con su función.3. Cumplir las funciones encomendadas para el puesto que desempeña en el presente Manual, así como en las demás disposiciones normativas que regulan la organización y funcionamiento del propio Consejo, tales como Acuerdos Generales, Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados por autoridad superior del Consejo.4. Manejar de manera óptima y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros asignados según el puesto.5. Cuidar el uso confidencial de la información que se maneje según el puesto.6. Abstenerse de incurrir en responsabilidad administrativa por cualquiera de los supuestos que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.7. Abstenerse de incurrir en las responsabilidades que se establecen en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.8. Las demás que le encomiende el Titular del Órgano Jurisdiccional de su adscripción o, en caso de que sea comisionado, el Juez de Distrito solicitante del apoyo temporal.II.5 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS: NOMATERIALES:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: SIEQUIPO DE TRANSPORTE: NOEQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES: SIVALORES: NOINFORMACION CONFIDENCIAL: SIAMBIENTE DE TRABAJO:NORMAL DE OFICINA: SIOTRO: NO

III. Perfil del puesto.III.1 Formación académica:

Carrera técnica, bachillerato o educación superior en materia afín al puesto.III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.III.3 Otros requisitos:- Iniciativa- Habilidad para la comunicación oral y escrita.- Orientación a resultados.- Manejo de equipo técnico de cómputo y los programas de software requeridos.- Gozar de buena reputación.


76

- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año.- Los demás que determinen el Titular del Órgano Jurisdiccional de su adscripción y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

[…]”.

99. En relación con la causa de cese relativa a la falta

comprobada de cumplimiento a las Condiciones

Generales de Trabajo de los Servidores Públicos a cargo

del Consejo de la Judicatura Federal, el titular estimó

que quedó acreditada con las certificaciones de uno,

dos, tres, cuatro, cinco y ocho de julio de dos mil quince,

suscritas por el Secretario *, quien las ratificó en el acta

administrativa, demostrando con éstas que la trabajadora

se negó a realizar la búsqueda de jurisprudencia en la

red jurídica, así como de varios artículos, que en diversa

audiencia hizo patente su desconocimiento en el manejo

del equipo de cómputo que le fue asignado; asimismo,

que no asistió el día en que en el * se desahogaría una

diligencia en materia penal que era urgente, siendo la

única **asignada a la mesa de trámite en que se llevaría

a cabo ese acto jurídico, puesto que no había diverso

**adscrito a la propia mesa, por encontrarse de

vacaciones.

100. Además, el titular hizo constar las “irregularidades”

ocurridas el cinco de julio de dos mil quince,

mencionadas en las certificaciones de esa fecha, en

cuanto a que la trabajadora no asistió a coadyuvar en el

desahogo de diligencias en materia penal, a

desarrollarse en la mesa de trámite en que se

encontraba adscrita.


77

101. Como conclusión —en relación con la causa de cese

atinente al incumplimiento a las Condiciones Generales


Consejo de la Judicatura Federal— el titular expresó:

“…la trabajadora **, no cumple, ni si quiera de manera

ínfima, con las Condiciones Generales de Trabajo de los

Servidores Públicos a Cargo del Consejo de la

Judicatura Federal, en razón de que su trabajo es

notoriamente deficiente lo que implica, que no realiza

con la más alta calidad y eficiencia como lo establecen

dichas condiciones Generales; en particular, en el

‘desempeño’ de las funciones propias de su cargo, son

notorias su falta de pericia para mecanografiar las actas

y acuerdos que se dictan; no cuida la presentación y

contenido de los mismos; es nula su participación en la

integración de los dictados oficiales, en cuanto a

aspectos jurídicos y administrativos se refiere, ya que ni

siquiera, tiene los conocimientos para ingresar a las

herramientas informáticas básicas para la consulta y

traslado de tesis y preceptos nacionales e

internacionales; lo que implica, se reitera, que no cumple

ni en parte mínima, con las funciones encomendadas

para el puesto que desempeña conforme al referido

Manual. Además, maneja con notoria deficiencia los

recursos materiales asignados para el desarrollo de sus

labores, en particular, el equipo técnico de cómputo y los

programas de software requeridos, en los términos

anotados en el acta administrativa base de esta

resolución. Asimismo, no acata ni cumple las órdenes del

suscrito patrón equiparado, pues se hizo notar que hasta

en tres ocasiones se negó a hacerlo; no es respetuosa


78

con sus superiores como el suscrito ** ni con sus

compañeros puesto que se demostró que en más de una

ocasión se ha referido respecto de la persona del

suscrito * como ‘**’ ‘no se la va a acabar’, en tanto que,

es un hecho notorio para este resolutor que al referirse al

licenciado *, lo hacía en forma denostativa y

discriminatoria identificándolo como ‘el *’, tampoco

desempeña sus labores con cuidado y esmero, puesto

que ni siquiera tiene la capacidad para insertar en el

texto los agregados, que el suscrito de puño y letra le

indicó; tampoco para suprimir las partes del mismo que

se señalan, lo que redunda directamente en que su

trabajo entorpezca las labores de este **pues en no

pocos casos se le devuelve hasta en tres ocasiones,

demorando el despacho de los asuntos hasta por ocho

días naturales como se acreditó y consta en los propios

acuerdos corregidos que se agregaron al acta

administrativa como parte íntegra de la misma; de ahí la

convicción de *, no tiene un rendimiento laboral

satisfactorio y ello conduce a establecer con certeza, que

sus labores no comulgan, esto es, no reúnen el estándar

mínimo de calidad, para estar a la altura en cuanto a

eficiencia, y capacidad se refiere, para enfrentar el alto

grado de especialidad requerido para prestar el servicio

de administración de justicia encomendado al órgano

jurisdiccional a mi cargo; de ahí que sus limitadas

capacidades, evidenciadas no permiten que dentro de su

jornada de trabajo, cumpla puntualmente con todas sus

obligaciones con la calidad y eficiencia requerida por la

normatividad positiva; lo que ineludiblemente conduce a

establecer con certeza, que su escasa eficacia y


79

eficiencia constituyan actos que impiden y retrasan hasta

un grado insostenible el cumplimiento de las

obligaciones que derivan de su nombramiento y de las

que en términos generales le imponen la Ley

Reglamentaria y los Acuerdos Generales o disposiciones

relativas…”.

102. Por tanto, conforme a las certificaciones y hechos referidos, que no son controvertidos por la trabajadora en la demanda laboral, quedó demostrado

que la trabajadora desobedeció reiteradamente y sin

justificación las órdenes de su superior, ya que se negó a

realizar actividades propias de un *, detalladas en el

Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura

Federal, como lo es auxiliar en la búsqueda de tesis y

disposiciones legales aplicables; y, en relación con la

falta comprobada de cumplimiento a las condiciones

generales de trabajo, se hizo patente que la trabajadora

profería palabras altisonantes a su titular, se expresaba

en términos inadecuados hacia un compañero y, de forma particular, desarrollaba sus funciones, como

oficial administrativa, en demérito del servicio público, al

cometer continuamente errores y no enmendarlos

cuando se le daba la instrucción en ese sentido,

conductas que, analizadas en su contexto dejan en claro

que se actualizaron las causas de cese referidas por su titular, previstas en el artículo 46, fracción V, incisos g) e i), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

103. Una vez verificada la actualización de las causas de

cese referidas, se hace innecesario constatar si sucedió

lo mismo con las restantes.


80

104. En este orden de ideas, lo que procede es absolver al

titular del ****de reinstalar a la actora ** **, en el cargo

de ** de base, adscrita al citado juzgado.

105. En consecuencia, procede absolver al Poder Judicial de

la Federación, a través del ***, de pagar a la actora los

salarios que dejó de percibir, con los incrementos

autorizados, a partir del dieciocho de julio de dos mil quince, día siguiente al en que se decretó su baja por

cese de los efectos de nombramiento, por haber

terminado la relación de trabajo por causa que no es

imputable al titular del **, en su carácter de asimilado a

patrón.

106. Atento a la naturaleza de las prestaciones restantes que

demanda la actora, precisamente por ser subsidiarias

de la acción principal, se absuelve al demandado de

pagar el aguinaldo con base en el salario integrado, la

prima vacacional, los denominados “bonos”42 que se

hubieran entregado a los oficiales administrativos, así

como las vacaciones en el periodo comprendido a partir

del dieciocho de julio de dos mil quince.

107. Finalmente, es inoperante la solicitud de pago de las

“demás prestaciones que ocurran en el cargo de oficial

administrativo de base de acuerdo a la jurisprudencia

19/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación”, ya que si bien la trabajadora hace

referencia de un criterio jurídico vinculante,43 lo cierto es

42 Como prestación periódica.

43 DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO. SÓLO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ESTABLECIDOS EN DISPOSICIONES GENERALES


81

que la temática ahí abordada es ajena a litis que en este EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO, SIN INCLUIR LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL O DEL PROPIO TRIBUNAL O JUZGADO. Los artículos 23, 24, 26 y 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los artículos 281, 282, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales, determinando asimismo cuáles son los inhábiles y, por ende, en los que no deben realizarse tales actuaciones; estos preceptos dan certeza a los litigantes para conocer de antemano cuáles son los días inhábiles que deben deducir del cómputo de los plazos legales previstos para la realización de cualquier actuación procesal; además de esos días predeterminados, hay otros que alteran esa previsión legal, en cuanto provocan modificaciones del plazo respectivo, que por regla general, favorece a los gobernados dado que prolonga en su beneficio el plazo con que originalmente contaban para efectuar determinado acto procesal, los cuales pueden provenir de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal o de los propios Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito que conozca del juicio, originados por caso fortuito o fuerza mayor, supuestos en los que el órgano jurisdiccional autoriza administrativamente la suspensión de labores, lo que trae como consecuencia que ese día se considere inhábil conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo; empero, para salvar cualquier eventual confusión cuando la inhabilitación de un día provoca la reducción del plazo, como ocurre verbigracia, respecto al anuncio de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular que habrán de rendirse en el amparo, acto procesal que debe efectuarse cinco días hábiles antes de celebrarse la audiencia constitucional, la autoridad que conozca del amparo no debe deducir del plazo los días en que se haya acordado la suspensión laboral con motivo de los acuerdos referidos, puesto que en este caso la consecuencia que sufre el gobernado le produce perjuicio, dado que ese hecho futuro, incierto e imprevisible puede provocar la deserción de tales pruebas por el anuncio inoportuno, lo que evidentemente resulta injustificado; de ahí que los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de dichos medios de prueba, son aquellos que previenen las disposiciones legales, en la medida en que su inhabilitación es producto de una decisión adoptada por el legislador, cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haberse publicado en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación. [Época: Novena Época, Registro: 183844, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 19/2003, Página: 16]


82

caso se ha analizado, máxime que no identifica en

concreto a qué prestaciones se refiere, y lo más importante, la acción principal no ha prosperado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en

los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el

diverso 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. La actora ** ***no acreditó su acción y

la parte demandada titular del *****justificó sus

defensas.

SEGUNDO. Se absuelve al demandado de

reinstalar a la actora en el cargo de *, adscrita al **, así

como del pago de las prestaciones accesorias, en

términos del último considerando de esta resolución.

Devuélvase el expediente relativo a la Comisión


Federación, para el efecto que notifique a las partes esta

resolución y, en su oportunidad, lo archive como asunto

concluido.

Cúmplase.

Así lo resolvió el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinticuatro de

agosto de dos mil dieciséis, por unanimidad de siete

votos de los Consejeros: Presidente, Ministro Luis María

Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Alfonso Pérez

Daza, Rosa Elena González Tirado, Martha María del

Carmen Hernández Álvarez, Manuel Ernesto Saloma


83

Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández; con el voto

emitido con salvedades en consideraciones de la

consejera Martha María del Carmen Hernández Álvarez,

en cuanto a las consideraciones emitidas respecto a la

supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo.

Firman el Ministro Presidente del Consejo de la

Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales y el

Secretario Ejecutivo del Pleno del mencionado Cuerpo

Colegiado, Gonzalo Moctezuma Barragán, que autoriza

y da fe.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENODEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN.

GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUE LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA OCHENTA Y SIETE DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL CONFLICTO DE TRABAJO 80/2015-J, SUSCITADO ENTRE ** Y EL **EN SESIÓN ORDINARIA DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. CIUDAD DE MÉXICO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.


84

LMAM/GMB/UHM/dagn

El licenciado Daniel Arturo Guillén Núñez, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

85

El licenciado(a) Daniel Arturo Guillén Núñez, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

FEDERACIÓN. PODER JUDICIAL DE LA SUBSTANCIADORA ÚNICA … · (REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE...

Documents

Transcript of FEDERACIÓN. PODER JUDICIAL DE LA SUBSTANCIADORA ÚNICA … · (REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE...