FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA … ENDESA...2006, ascendió a $ 80,1 millones, respecto...

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES

DE LA ENERGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IND

Ponencia: ENDESA en ArgentiPáginas 1 a 10 Anexo 1 LEY DE TARIFAS D Páginas 11 a 18 Anexo 2 PROGRAMA ENERGALTERNATIVO PARARGENTINA Páginas 19 a 25

Buenos

Federación de Trabajadores de la Energía de la RepúblicInscripción Gremial Nº 2059

Av. Belgrano 845 3º piso Cap. Federal C.P. (10 República Argentina Te 0223 4 744611 /FAX 0223 4

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ICE:

na

E INTERÉS SOCIAL

ÉTICO A LA REPÚBLICA

Aires, 12 de marzo de 2007

a Argentina.

92) 744592

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PONENCIA DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA, FeTERA/CTA

ENDESA en Argentina Endesa empieza sus operaciones en Argentina en 1992, cuando se privatizan las empresas eléctricas en el país. En Argentina controla los negocios de la distribuidora de energía eléctrica Edesur, las generadoras de Endesa Costanera SA y El Chocón, y la comercializadora de electricidad CEMSA. En el primer semestre de 2006, sus ganancias globales fueron de alrededor de 66 millones de euros contra los 50 del primer semestre de 2005. El balance presentado por Endesa, el 23 enero 2007, arroja los siguientes resultados: Endesa Costanera S.A, ENCOS, (anteriormente Central Costanera S.A. – PORTAL: CECOYP; B.A.: CECO2-) la mayor compañía de generación termoeléctrica de Argentina, reportó una pérdida de $ (9,2) millones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, comparado con $ (42,6) millones de pérdida de idéntico período de 2005. Cabe destacar que durante el ejercicio 2006, la ganancia operativa ascendió a $ 62,3 millones, cifra que comparada con los $ 12,6 millones obtenidos el año anterior, representa un aumento del 394%, lo cual evidencia una importante mejora. En la generación y venta de energía, ganó $62,3 millones. Sumado esto a otras operaciones, que implican transferencias al exterior, endeudamiento e inversiones, el resultado final arrojó una pérdida de $9,2 millones Durante el periodo se registra un importante aumento en las ventas que se debe principalmente al incremento de los ingresos por ventas del mercado doméstico - en virtud de los mayores precios instantaneos registrados (mayores precios del gas natural y mayor despacho de máquinas térmicas para cubrir el sostenido y significativo aumento de demanda); así como también por el reconocimiento de la potencia sobre las unidades que respaldan los contratos de exportación. La utilidad bruta registrada durante el período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2006, ascendió a $ 80,1 millones, respecto de $ 28,1 millones de idéntico período de 2005, es decir un aumento del 185%.

Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Inscripción Gremial Nº 2059

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La utilidad operativa al 31 de diciembre de 2006 ascendió a $ 62,3 millones, respecto de los $12,6 millones, de igual período de 2005. Esto se debe fundamentalmente a lo explicado en párrafos precedentes. Energía vendida La energía vendida ascendió a 8.736 Guigavatios hora (GWh) al 31 de diciembre de 2006 respecto a los 8.466 GWh de idéntico período de 2005, lo que representa un aumento del 3,2%. Del total de energía vendida corresponden 758 GWh a ventas por contrato y 7.978 GWh a ventas al Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M). Exportación de Energía a Brasil- Actualización Con referencia a la exportación de energía a Brasil bajo los acuerdos celebrados oportunamente con Companhia de Interconexao Energética S.A. (“CIEN”) y con Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. (“CEMSA”), desde el mes de junio de 2005 y hasta abril de 2006 se ha facturado en concepto de potencia firme sólo la potencia promedio disponible de las unidades que sirven cada contrato. Al 31 de diciembre de 2006, CIEN y CEMSA habían retenido una parte sustancial de los pagos de las facturas referentes al suministro de las líneas Garabí 1 y 2 invocando la aplicación de multas. Los saldos pendientes al 31 de diciembre de 2006, sobre los cuales se constituyó la previsión citada anteriormente, ascienden a $ 85,4 millones por CIEN y a $ 58,8 millones por CEMSA. Hechos relevantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) Cabe recordar con referencia al Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista “FONINVEMEM”, que en octubre de 2005, Endesa Costanera S.A. suscribió –junto a otros generadores- el Acuerdo de Adhesión Definitiva manifestando su decisión de realizar la gestión de la construcción de dos centrales eléctricas de ciclo combinado de aproximadamente 800 MW cada uno, y operar y mantener estas instalaciones por un período de 10 años. A esos efectos, en diciembre de 2005 se constituyeron las empresas generadores “Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.” (TMB) y “Termoeléctrica José de San Martín S.A.” (TSM), que tendrán a cargo dichos proyectos.

Procesos de privatización en Argentina Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el 84% de la generación y eran propietarias del 100% del transporte. En cuanto a la distribución, ésta estaba a cargo de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del consumo eléctrico nacional, 21 empresas provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite





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era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas que prestaban el 11% restante del servicio en áreas municipales. Al inicio de la reforma del sistema eléctrico, las empresas enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento al que habían sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir gastos del presupuesto nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico. Esta situación influyó sobre el precio de venta. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejó en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En el caso de las centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la cotización la vida útil restante, por lo que fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa. En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda, transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas. A fin de asegurar rentabilidad y la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos sentidos, 1. Separando completamente los distintos procesos de la industria: Generación (producción de energía), Transporte (vinculación de la producción con el consumo), y Distribución (abastecimiento a los usuarios). 2. Se procedió a la atomización de empresas definiendo unidades de negocio mínimas. Así se vendieron las centrales térmicas, las hidroeléctricas, y las líneas de alta tensión como unidades independientes; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales; y las dos empresas de distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP). Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales térmicas del área metropolitana de Buenos Aires, quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor parte. Por otra parte, si se analiza la composición de los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la desintegración a la que apuntó la reforma, se vio deformada con la reintegración provocada por la coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% de las acciones de EDESUR, a pesar de la expresa





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prohibición de los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de transporte de alta tensión. Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos domina en forma total los consorcios de los que forman parte. Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los negocios altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases del proceso de la industria: generación térmica e hidroeléctrica, transporte y distribución. A ello se suma que varios socios participan activamente del negocio de la industria del gas y del petróleo. Esto significa que la electricidad distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con algún derivado de petróleo o con gas y luego transportada por las empresas de las cuales participan los mismos grupos económicos. Lo que en apariencia no es un monopolio, el predominio de los mismos grupos en todos los sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que consiguieron. Efecto de las privatizaciones sobre los usuarios Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las consecuencias de las privatizaciones sobre los usuarios: 1) Acceso al servicio 2) Tarifas 3) Calidad Cada una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se apuntaba con el proceso de privatización. Hemos descrito en la parte anterior que dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la participación de capitales extranjeros y grandes grupos económicos, así como también dar un marco de garantía a los inversores de las utilidades que generaría su participación en el sector. Al desaparecer el sistema integrado y considerarse a la electricidad, como una mercancía mas sin diferenciarla con otros bienes, se descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda continua como las ventajas de la producción conjunta, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica para llevarse a cabo. De este modo se altera el concepto de servicio público existente hasta la privatización, considerando sólo la distribución y el transporte como servicio público, quedando excluida de este concepto la generación que se considera de interés general. Esto significa que si al generador le resulta antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias para los usuarios puedan llegar a ser la falta de suministro. Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la prestación de un servicio de calidad.





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Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales quedan excluidos. Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la privatización tuvo efectos negativos para los usuarios en los tres aspectos señalados. Respecto al acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red, para reducir las pérdidas en las redes de distribución. El acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo. En relación a las tarifas se produjo un aumento en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas más altas que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen acceso directo a comprar en el mercado mayorista. Esta situación, se ha visto compensada durante los tres últimos años debido a que los distintos aumentos de tarifas han sido aplicados a las categorías comerciales e industriales, evitando los aumentos sobre los consumos residenciales. Esta situación tambien se sostiene debido a los importantes subsidis que empresas como ENDESA, reciben por parte del gobierno nacional a través del ENRE. Se adjunta a este trabajo el proyecto de ley presentado por FeTERA, sobre tarifas sociales para los servicios públicos Por último, respecto de la calidad del servicio, no se registraron mejoras en la atención al cliente y los distintos cortes, además del temor a un gran apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que no se presta un servicio de calidad. El efecto de las privatizaciones sobre los Trabajadores del sector eléctrico Reducción de Personal: La reducción de personal fue a gran escala. En las empresas de distribución la reducción alcanzó al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%. Estos datos son parciales, ya que no existen estadísticas serias del momento de la privatización, en vista de que se tendía a ocultar el fenómeno de la desocupación incipiente que generaba la política neoliberal. En algunas centrales hidroeléctricas, como la del Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la pérdida del empleo hay que agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas que ocupaban.





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En la provincia de Buenos Aires mas de 2500 trabajadores fueron desplazados de sus puestos de trabajo, en una sola empresa eléctrica, la EDEA, controlada por la italiana Camuzzi. La reducción del personal se basó en el sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias. Tercerización: El proceso de tercerización de varios sectores de la producción permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo desfavorables y salarios menores. Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto que fue importante en el sector fue el tema de la aplicación de los Programas de Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%. Dichos programas intentaron por un lado contener las resistencias de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad. La Federación sindical-patronal: la federación que nuclea a los sindicatos de la electricidad FATLYF, que es la federación adherida a la CGT, licitó y ganó tres centrales térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la adjudicación capitalizó las deudas sindicales que las unidades de negocio mantenían con ella. Convenios Colectivos de Trabajo: los trabajadores de las empresas del Grupo Endesa, tienen convenios colectivos empresariales. Estos Convenios Colectivos son suscritos tomando en cuenta la actividad que desarrollan y la antigüedad del empleado en la empresa. Así, los trabajadores mas antiguos o históricos, gozan de un convenio colectivo, con mayores derechos reconocidos que los trabajadores de planta permanente mas nuevos. Los miles de tercerizados, o subcontratados, trabajan en situación de extrema vulnerabilidad legal, y deben aportar sus propias herramientas. En ningún caso la libertad sindical existe y la empresa ENDESA, como otras empleadoras del sector energético, no reconocen ni respetan la libre afiliación de los trabajadores FeTERA no tiene datos relacionados con la estructura de plantilla, sus derechos sindicales, tasas de accidentes, o salud laboral; solo referencias sobre los tipos de contratación por cuanto los trabajadores de estas empresas no tienen libertad para afiliarse a la Federación. En Argentina no está vigente el convenio 87 de la OIT. (ver anexo). Esta situación lleva al unicato sindical y a la connivencia entre organización gremial y empresa; por este motivo, los sindicatos adheridos a la





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CGT, reciben todo el apoyo empresarial para que no se produzcan afiliaciones sobre organizaciones adheridas a la CTA, como es la FeTERA. Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE Es la entidad dependiente de la Secretaría de Energía, encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores del mercado en la jurisdicción nacional. Fija los cuadros tarifarios para las distintas categorías de usuarios a partir de adicionarle el costo propio de la distribución al precio de compra en bloque en el Mercado Eléctrico Mayoristas (MEM). En lo atinente al costo de distribución, el ENRE ajusta su valor semestralmente de acuerdo a una fórmula polinómica que combina las variaciones en el índice de precios al por mayor de productos industriales y el índice de precios al consumidor final de los EE.UU.

Por su parte, el otro componente esencial para el recálculo y ajuste periódico de las tarifas surge del precio del mercado «spot», más precisamente del que se deriva de las programaciones estacionales que realiza la Cia. Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad S.A. (CAMMESA), a través del Organismo Encargado de Despacho (OED). Tales programaciones estacionales, de carácter semestral (de invierno: 1ro. de mayo al 31 de octubre, y de verano: 1ro. de noviembre al 30 de abril), están sujetas a una reprogramación trimestral (también de invierno y de verano) de forma de captar posibles alteraciones del mercado respecto a las proyecciones originales para cada estación. Fiscaliza el cumplimiento de las leyes ambientales que corresponden a esta actividad. Entre las más importantes están las referidas a niveles de tolerancia para campo electromagnético, radio interferencia y tensiones de contacto y paso, a descargas de efluentes líquidos, a manejo y disposición de residuos sólidos, a niveles admisibles para ruidos y vibraciones y a utilización, transporte y almacenaje de sustancias tóxicas. Especialmente controlará el uso de PCB (difenilos policlorados) y el cumplimiento de las normas establecidas según Ley N° 19.587/72 sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Proyecto de Responsabilidad social Corporativa del Grupo Endesa Esta inscripta en la Naciones Unidas como parte de las empresas que se han comprometido a cumplir el Pacto Mundial, pacto que no obliga a sus adherentes a cumplir los principios enunciados en el mismo. Como muchas de las multinacionales, con sede en Latinoamérica, se trata de una empresa cuyo único objetivo es la ganancia, sin importar la depredación del medioambiente y mucho menos la precarización del servicio es desmedro de los más carenciados. No puede existir un modelo capitalista humano, porque está contrapuesto a su ecuación principal que es: inversión mínima = máxima rentabilidad. No le importa el grupo poblacional que se encuentra bajo la línea de pobreza y no puede pagar los servicios de la empresa.





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Los servicios que proporciona este grupo a través de sus empresas es Argentina, no es igual en la periferia (zonas carenciadas) que en las zonas urbanas que albergan un grupo social con mayor poder adquisitivo. En épocas de excesivo calor, los cortes de luz se dan en los barrios pobres, sumado a la complicidad de los medios de comunicación, con lo que la mala calidad de su servicio, y peor aún, la discriminación en el servicio se ve invisibilizado. PACTO MUNDIAL – Naciones Unidas Principio Uno: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. Principio Dos: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Principio Tres: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Principio Cuatro: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Principio Cinco: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Principio Seis: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Principio Siete: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Principio Ocho: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Principio Nueve: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Principio Diez:Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno No cabe duda que en los países latinoamericanos, existe una especie de convivencia entre el Estado y las empresas multinacionales, lo que paraliza la respuesta ante la protesta social. Endesa, a través de sus empresas apéndices, Edesur, Endesa Costera, Dock Sud y otras, gasta ingentes cantidades de dinero en publicitar su gestión social. Que no es otra cosa que ser auspiciante de un equipo deportivo, pintar las paredes de determinado lugar, dar una dádiva a una escuela carenciada, que en lo medular no modifica sus sustanciosas ganancias en desmedro de un sector de la sociedad.





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Si lugar a dudas, su política laboral se traduce en el abuso permanente al derecho del trabajador a sindicalizarse, a organizarse, a tener sus horas de descanso, a tener un Convenio Colectivo de Trabajo que lo identifique y lo represente. La tercerización del trabajo, es una herramienta utilizada con eficacia por estas empresas para ir debilitando la posibilidad de organización del trabajador. Al ser un trabajador contratado, sin la característica de dependencia de la empresa, le permite disminuir el número de personal que tiene en su plantel laboral.





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ANEXO 1

PROYECTO DE LEY:

Ley de Tarifas de Interés Social

Artículo 1.- Definición: Se denomina Tarifa de Interés Social (T.I.S.) al precio que el usuario residencial, en estado de vulnerabilidad socioeconómica, que reúne los requisitos del artículo 4º, abona como contraprestación por los servicios públicos de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural, considerados bienes sociales fundamentales.

Artículo 2º.- Régimen de la T.I.S.: En virtud del Régimen de Tarifas de Interés Social establecido por la presente ley, los prestadores de servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagüe cloacal, percibirán un valor no superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los conceptos propios del servicio que correspondan a la facturación regular, con efectos cancelatorios del importe total de los referidos rubros que fueren incluidos en la liquidación periódica respectiva.

Al mismo tiempo, los prestadores asumirán los costos de conexión y/o reconexión de los beneficiarios del presente régimen cuyos servicios hubieren sido suspendidos.

El Estado Nacional, por su parte, eximirá del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como de otros tributos nacionales, a la facturación del servicio de que se trate.

Las empresas no podrán trasladar la reducción tarifaria producto del presente régimen a los valores de consumo del conjunto de los usuarios a través de subsidios cruzados.

Artículo 3º.- Incorporación a los contratos: La renegociación de contratos dispuesta por el artículo 9º de la ley 25.561 deberá contemplar la incorporación de la Tarifa de Interés Social establecida en la presente ley.

Artículo 4º.- Prohibición de suspender el suministro: Queda prohibida la suspensión del suministro de agua, energía eléctrica, gas y el servicio cloacal, en caso de verificación de manifiesta incapacidad de pago de la factura por parte del beneficiario del presente régimen.





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Con carácter previo al corte de servicio por falta de pago de cualquier usuario residencial, el prestador del servicio deberá solicitar a la Comisión Multisectorial, descripta en el artículo 7º, se expida acerca de la procedencia o no de incluir al referido usuario como beneficiario del presente régimen.

Los usuarios que, encontrándose en condiciones de recibir la Tarifa de Interés Social al momento de promulgarse la presente ley, tuvieren suspendidos cualesquiera de los servicios enumerados en el artículo 1º del presente régimen, tendrán derecho a la reconexión automática del servicio interrumpido.

En su caso, las deudas por facturas impagas de beneficiarios de la TIS deberá calcularse a valores históricos, sin considerar intereses compensatorios ni punitorios ni cargos por reconexión, y deberá financiarse mediante planes de pago adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.

Artículo 5º.- Vulnerabilidad socioeconómica: La autoridad de aplicación diseñará una encuesta que deberá ser respondida por los usuarios que soliciten la T.I.S., a los efectos de determinar si los mismos se encuentran en estado de vulnerabilidad socioeconómica.

Dicha encuesta deberá relevar criterios tales como nivel de ingreso, composición del grupo familiar, situación ocupacional, características de la vivienda y cobertura de salud, entre otros, considerando al hogar respectivo como unidad de análisis. A tales efectos se tendrán en cuenta los parámetros utilizados en el Sistema Estadístico Nacional.

Todo usuario que acreditare su condición de jubilado o pensionado será incorporado automáticamente como beneficiario de la T.I.S.

Artículo 6º.- Consumos básicos autorizados: Las Comisiones Multisectoriales determinarán en cada municipio el consumo periódico básico autorizado para cada servicio en particular, amparado en el presente régimen de tarifas diferenciales, debiendo dicho tipo cubrir las necesidades estacionales de cada grupo familiar.

Los consumos periódicos que excedan dichos límites, serán considerados como realizados fuera del Régimen de T.I.S.

En los casos de beneficiarios de la T.I.S. que, a pesar de tener medidores de consumo individuales, reciban sus facturas por consumo presunto, se le facturará únicamente el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del cargo fijo.

Artículo 7º.- Selección de Beneficiarios: La Autoridad de Aplicación promoverá la creación de Comisiones Multisectoriales de nivel municipal, integradas por representantes gubernamentales, comunitarios y sectoriales, tales como usuarios y consumidores, asociaciones vecinales,





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sindicatos, Iglesias, etcétera, que serán las encargadas de seleccionar a los beneficiarios de la T.I.S.

Para tal selección se utilizará la encuesta mencionada en el artículo 5º.

Artículo 8º.- Registro de beneficiarios: Las Comisiones Multisectoriales Municipales elaborarán mensualmente el padrón de beneficiarios a ser incluidos en el Régimen de Tarifa de Interés Social, de acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta mencionada en el artículo 5º del presente régimen, y lo enviará por medio fehaciente a los respectivos Entes Reguladores de los servicios públicos de aguas y cloacas, energía eléctrica y gas natural.

Los Entes Reguladores de los respectivos servicios compilarán esta información y enviarán una copia a la empresa prestadora para la aplicación del beneficio, y otra copia a la autoridad de aplicación, que elaborará un Registro Único Nacional de Beneficiarios de la T.I.S. que, a su vez, deberá integrarse al Registro Único Nacional de Beneficiarios de Ayuda Social.

Cada beneficiario de la T.I.S. deberá ratificar anualmente su condición de tal ante la Comisión Multisectorial del municipio al que pertenezca, de lo contrario se operará el cese del beneficio.

Se deberá notificar a los beneficiarios el vencimiento del beneficio, mediante comunicación anexa a la factura, con la debida antelación.

Artículo 9º.- Subsidio completo: Establécese, con carácter complementario del impuesto a las ganancias, un gravamen especial sobre la ganancia neta imponible de las empresas que intervienen en toda la cadena de producción y suministro de los servicios enumerados en el artículo 1º del presente régimen. Dicho gravamen tendrá una alícuota equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la base imponible referida en la cláusula precedente.

La recaudación de este impuesto se destinará a solventar los costos de las facturas de usuarios que, por encontrarse atravesando situaciones de extrema pobreza, no puedan afrontar el pago de sus facturas aún con el descuento de la T.I.S. Los beneficiarios de este subsidio serán seleccionados de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º.

La diferencia que pudiere existir entre la recaudación del impuesto y la demanda real de subsidios será cubierta por el Estado nacional.

Los beneficiarios de planes de empleo transitorios o de ayuda alimentaria, de origen nacional, provincial o municipal, tendrán acceso automático al subsidio completo.

Artículo 10.- Autoridad de Aplicación: El Ministerio de Desarrollo Social es la autoridad de aplicación del presente régimen, siendo su funciones:





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a) Definir los criterios metodológicos a utilizar para la determinación de los beneficiarios del Régimen de Tarifa de Interés Social.

b) Elaborar la encuesta base para seleccionar los beneficiarios.

c) Asegurar el cumplimiento de la presente ley.

d) Promover la creación de Comisiones Multisectoriales municipales.

e) Conformar el registro Único de Beneficiarios de la T.I.S.. Este registro se integrará al Registro Único de Beneficiarios de la Ayuda Social, cuando éste se constituya.

f) Realizar una campaña de concientización y difusión de este régimen.

g) Supervisar la puesta en marcha y funcionamiento de las estructuras operativas en las diversas jurisdicciones, facilitando los consensos entre autoridades estatales, empresas y organizaciones comunitarias.

Artículo 11.- Órgano de Control: Los Entes Reguladores de los respectivos servicios tendrán como funciones:

a) incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas diferenciadas creadas por el presente régimen; y

b) verificar la apropiada aplicación de la T.I.S. por parte de las empresas prestatarias de los servicios.

Artículo 12.- Capacitación de los beneficiarios: Las Comisiones Multisectoriales Municipales desarrollarán acciones de capacitación para las familias incluidas en la T.I.S., orientadas a propiciar el uso racional de los recursos naturales, como así también a contrarrestar la indefensión de estos pobladores, en tanto usuarios y consumidores, frente a una multitud de problemas derivados de los servicios públicos esenciales.

Artículo 13.- Principio de no discriminación tarifaria – Condiciones del Servicio: La aplicación de la T.I.S. no se considerará violatoria del principio de no discriminación tarifaria y no exime a las empresas prestatarias de la responsabilidad de cumplir el resto de las condiciones exigibles en el suministro del servicio del que se trate.

Artículo 14.- Adhesiones: Se invita a las Provincias y Municipios, así como también al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley mediante la eximición del pago de los tributos de sus respectivas jurisdicciones.





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Artículo 15: Orden Público: La presente ley es de orden público.

Artículo 16: De forma.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En términos absolutos, la prestación y la cobertura de los servicios públicos se ha expandido en relación con la década anterior. No obstante, esta ampliación no ha incluido a la población de bajos ingresos ya que su condición de “Población No Rentable” hace que no sean contemplados en los planes de expansión por su incapacidad de re-pago de tales inversiones.

Según datos oficiales, catorce millones de argentinos, equivalente a una tercera parte de la población total, son considerados pobres, por estar por debajo de la línea de pobreza o tener sus necesidades básicas insatisfechas. De este conjunto, cuatro millones son indigentes, es decir, se caracterizan por la extrema pobreza. Esto significa que, aproximadamente, un millón de familias, entre otras carencias estructurales, no posee agua corriente, ni red cloacal, ni energía eléctrica, ni gas, o está conectada de manera precaria e informal o está imposibilitada de afrontar sus costos.





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Las familias pobres se encuentran desprotegidas frente al proceso de expansión y regularización del suministro de los servicios públicos, en condiciones de igualdad y de proporcionalidad, afectando seriamente el cuidado de la salud, la calidad de vida y el desarrollo integral de la persona y su familia. Este es uno de los puntos críticos del sistema de privatización vigente. A modo de referencia, una familia que cuenta con los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad y gas, sumados a las tasas provinciales y municipales, debería pagar por los mismos un monto no inferior a $ 70 mensuales, lo que implica, para una familia pobre, con cinco o seis miembros, cuyo ingreso familiar es menor a $ 520 por mes (línea de pobreza), destinar alrededor del 13 % del mismo.

El usuario de los servicios públicos no es un sujeto homogéneo (ideal), con posibilidades económicas de pagar por sus consumos, en el contexto de una sociedad integrada e igualitaria. Por el contrario, es una persona que posee el derecho a acceder libremente a los servicios esenciales, en tanto bienes primarios sociales, en cualquier situación (prosperidad o pobreza).

La incorporación ordenada de dicha población al usufructo de los servicios públicos esenciales es un compromiso de la Sociedad y del Estado tendiente a la integración plena como ciudadanos/as en democracia. A tal efecto, se deberá promover el pago justo por el uso de dichos servicios entre la población con menores ingresos, al mismo tiempo que se desarrollen actividades educativas para el consumo y uso racional de los recursos naturales.

La ausencia de marcos regulatorios nacionales para la aplicación de una Tarifa Social en las concesiones de los servicios públicos no significa inexistencia de derecho, el que legítimamente le corresponde a toda persona libre y digna en su existencia.

La Constitución Nacional, Art. 42, Capítulo II, Nuevos Derechos y Garantías establece: ...“los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tienen derecho en relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno...”





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La Tarifa de Interés Social (TIS) es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Su reconocimiento se basa en el concepto de Tarifa Justa, entendida ésta como lo “debido al otro”, es decir, lo que se le adeuda al otro, que articula el derecho de los usuarios a la igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios públicos y el de rentabilidad económica razonable.

Esta ecuación que integra el derecho de los usuarios con el de los prestadores de los servicios públicos esenciales constituye un parámetro de referencia económico-social desde donde construir una tarifa justa. La lógica de la ganancia que gobierna las actividades privadas debe ser compatibilizada con el carácter de servicio público esencial que revisten las redes de distribución domiciliaria de luz, gas, agua, cloacas.

Por otra parte, las empresas tienen asumido que casi nunca cobran el 100% de la facturación, por lo que la aplicación de tarifas diferenciadas no alterará su rentabilidad, resolviendo, además, problemas de seguridad y de consumos ilegales no controlados.

Además, por la información disponible en cuanto al rendimiento económico de las empresas concesionarias podemos afirmar que, desde su origen, han obtenido rentabilidades extraordinarias y, en la generalidad de los casos, ilegales, en tanto se han visto sustentadas en la contravención de múltiples normas jurídicas de orden público.

La TIS sólo es posible si se establece un compromiso solidario de los prestadores de los servicios públicos, los que deberán incorporar un subsidio de la oferta del servicio prestado, junto





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con el Estado (nacional, provincial y municipal) que deberá subsidiar la demanda de la población carenciada suprimiendo las respectivas contribuciones impositivas. Este convenio de responsabilidad social deberá ser controlado por los Entes Reguladores.





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ANEXO 2 PROGRAMA ENERGÉTICO ALTERNATIVO PARA LA

REPÚBLICA ARGENTINA

I. Lo que fue: EL CATASTRÓFICO MODELO ENERGÉTICO NEOLIBERAL Las circunstancias de la realidad social de los últimos años se caracterizan por la ineficacia, la incertidumbre, los desequilibrios y los fracasos colectivos, que son hechos condicionantes visibles del comportamiento de nuestro pueblo, generados a partir de la imposición del modelo neoliberal y de la ausencia de respuesta a un modelo que produjo el empeoramiento de América Latina. Las alteraciones operadas en los últimos años con las privatizaciones, la caída constante de la demanda de bienes y de la tasa de ganancia de las empresas productivas por la parasitaria inversión financiera se establecieron con ajustes permanentes hacia abajo, tanto en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, como en el grado de flexibilización de las condiciones laborales, eufemismo con que se designan las nuevas formas de explotación de los trabajadores que aún conservan el puesto de trabajo; mientras otros van ingresando primero al ejercito de desocupados, luego de excluidos del tejido social y finalmente a ser parte de la marginación integral. La mera descripción de los perniciosos efectos sociales y económicos del modelo neoliberal impuesto por las grandes potencias económicas y sus organismos financieros internacionales permite señalar los puntos primarios reivindicativos, más imperiosos de los trabajadores: salarios dignos, trabajo estable, modificación de las actuales relaciones sociales, desarrollo productivo, inclusión social, participación decisiva y democratización en la gestión de las empresas, solidaridad internacional, integración regional. Todos estos objetivos podrán materializarse desde dentro o a través del cambio de sistema, pero siempre con la intención de deshacer al modelo antisocial y antinacional que tuvimos que soportar. Aceptar el modelo neoliberal implicó aceptar el neocolonialismo y la resignación de nuestro poder de decisión o soberanía. Con el ensayo neoliberal la deuda externa se triplicó, la mayor parte del patrimonio público se ha vendido y desnacionalizado, las exportaciones son de productos primarios y de recursos naturales (petróleo y gas natural) sin valor agregado, pero tecnológicamente atrasadas. La estructura energética, educativa y sanitaria se han degradado profundamente. La clase política se deslegitimó y, por sobre todas las cosas, hay una profunda crisis de representación. Esto conforma una nueva colonización, no necesitando para ello intervenciones militares, ni ocupación territorial como en la época del imperio anglosajón, sino que se realizan por las acciones de los organismos internacionales de crédito, el capital financiero global, los grupos locales concentrados y las complicidades gubernamentales. E l proceso privatizador esta relacionado fuertemente con la nula deuda externa impuesto al pueblo argentino. En la Mayoría de las grandes privatizaciones se permitió que los compradores lo hicieran con papeles devaluados de la deuda externa al valor de emisión . Los defensores del mercado siempre eligieron dar prioridad a los negociados que al “ mercado libre ” que defendían.





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II. Lo que debe ser: LA ENERGIA COMO BIEN SOCIAL Y FACTOR ESTRATEGICO En documentos realizados por FeTERA hemos analizado el panorama energético argentino y su situación de coyuntura. El diagnóstico energético del país sigue siendo desalentador para la inmensa mayoría del pueblo, incluyendo a los trabajadores. Para FeTERA la energía es un derecho humano esencial, y como tal debe ser contemplado y concebido en el marco del conjunto de los derechos humanos esenciales. Los derechos del hombre definidos como las libertades primarias (el derecho a la vida, los derechos políticos) no se pueden asegurar mientras no se respeten los otros derechos irrenunciables como el derecho al trabajo, el acceso a la cultura, a la información, a la vivienda, al salario universal, al alimento, a la salud y a la educación. El ejercicio del derecho a la energía y al agua, como de todos los demás mencionados, necesita la formulación de un nuevo modelo de país, de una nueva estructuración social, de nuevas metas nacionales y regionales que implique un contrapoder a la hegemonía imperial del poder económico globalizante. Hay que construir una nueva concepción de la unidad latinoamericana, refundar el Mercosur sobre las bases de atender las necesidades de sus pueblos, como paso hacia la integración bolivariana como forma de luchar por la plena independencia y el crecimiento de sus habitantes. Un programa alternativo para la energía en Argentina debe ser consecuencia de la formulación de un nuevo modelo de país, de nuevas metas nacionales, que desvinculen a nuestra patria de la voracidad del poder económico globalizante; en fin, una nueva política nacional, y una nueva concepción del Estado. Ello solo seria posible si dentro del contexto de nuestra región, surgieran y se afirmaran posturas nacionales también favorables a la preservación y defensa de los intereses de nuestros pueblos. En mayor o menor grado se desarrollan ya, en la misma, procesos sociales y políticos que anuncian algo que puede llegar a parar el avance de esta crisis, cada vez más aguda y sofocante. Es una condición primordial preparar y conducir “masa crítica” para los grandes cambios, como el recientemente iniciado en Bolivia con su “revolución del Gas”, donde han rechazado a los responsables de la privatización del petróleo y del gas, y la venta de YPFB y de varias empresas públicas. Su respuesta, como en Venezuela, consiste en recuperar los hidrocarburos para el país, y la derogación de las leyes y decretos que privatizaron al sector energético, en forma muy similar como se hizo en nuestro país. Estos cambios que sobrevendrán en América Latina impedirán la repetición de las intervenciones armadas y golpes de Estado instrumentadas por los poderes centrales, que caracterizaron este siglo que agoniza, debiendo terminar también con las “democracias sumisas sin participación popular” que las sucedieron. Se pueden precisar algunos requisitos a los que el sector energía deberá responder, en el marco de una nueva situación nacional donde se privilegie un desarrollo de los intereses nacionales dentro de un contexto regional que beneficie a los países y no a los grupos económicos concentrados, que sea geográficamente equilibrado y socialmente equitativo. En primer lugar: • La renta que hoy produce el sector, especialmente el petrolero, resulta de puro beneficio para los grandes grupos económicos que la remesan a sus países de origen y a los grandes centros financieros internacionales. Esta renta, que económica y éticamente pertenece a los países donde





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se genera, debe volver al conjunto de la Nación para impulsar la inversión real y genuina, y no servir al lucro y especulación que la inversión financiera y accionaria ha puesto en riesgo el desarrollo de la energía y la seguridad jurídica de los usuarios y trabajadores. Debe darse prioridad a la inversión y producción de las actividades de más alta tecnología y valor agregado, priorizando aquellas capaces de generar la recuperación del nivel de empleo en el país, lo que será imposible mientras el control de la renta y la planificación estratégica del sector no sean recuperadas para el país. • En el mismo sentido, se deben recuperar y reconstruir las empresas vendidas a precios de remate, como así los recursos naturales (como el petróleo crudo, el gas natural, la caída de las aguas, la minería energética, etc.) que administraban, en una especie de saqueo pocas veces vista en el mundo. • Las instituciones de investigación y desarrollo de ciencia básica y tecnología del país fueron arrasadas o ahogadas presupuestariamente durante la continuidad de administraciones que se insertaban en el modelo neoliberal que pretencían único y universal. Se deben rescatar los desarrollo tecnológicos, como los de CNEA, INCYTH, INTI, Laboratorios de YPF, etc. Rescatar esos organismos, elevar su grado de excelencia, crear nuevas entidades, por ejemplo en relación a la protección de la naturaleza, estudio del clima y del medio ambiente, la destinada a la investigación de fuentes alternativas o no convencionales de energía y, en general la utilización racional de todas las fuentes disponibles en el país etc. La educación y capacitación tecnológica y funcional, en todos los niveles deberá impulsarse veloz y resueltamente para alcanzar la altura que corresponde a este gran desafío. • La situación que intentamos concebir, no sólo exige condiciones intrínsecas en el interior del sector, sino también la recuperaración de las palancas fundamentales del progreso de la Nación y de cada una de sus regiones y provincias, sin provocar fragmentaciones falsas, tan alentadas por sectores multinacionales para debilitar la autoridad del país en su conjunto. La actuación recuperatoria debe alcanza a la moneda, la banca oficial, las comunicaciones, el transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, etc. En pocas palabras, debe recuperarse al propio Estado del modelo neoliberal, debilitado cuando debe servir al interés general pero activado a favor de los intereses económicos concentrados. Los recursos de la renta energética (que proveen los hidrocarburos, el carbón, la electricidad hídrica, térmica, nuclear, etc.), deben ser administrados por una única institución financiera de carácter federal, que solventará los proyectos, emprendimientos y el esfuerzo tecnológico del sector, y el cuidado del medio ambiente. • Es imprescindible reconstruir una estructura planificada del sistema energético nacional, que rechace la desregulación o una regulación favorable a los monopolios y oligopolios transnacionales. Planificar el sector exige la presencia de un consejo concebido federalmente, en el que confluyan todos los sectores interesados e idóneos de la sociedad y del Estado: las universidades nacionales, las instituciones civiles (usuarios, trabajadores, comercio, industria, agro) etc. No se trata de establecer una elite de especialistas, ni una burguesía nacional con vocación de lobbysta de los grupos internacionales, sino crear un foro permanente, democrático y participativo de los sectores involucrados con el sistema energético nacional del pueblo argentino. • El descuartizamiento de actividades tales como la de la electricidad y el gas natural entre otros en “unidades de negocio”, separando producción, transporte y distribución, no responde a la





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naturaleza física de los sistemas, ni a los requisitos de asegurar plenamente la demanda de los usuarios, contar con las reservas, ni a la optimización social y económica en la gestión y operación de los mismos. Deberá restablecerse la racionalidad en el enfoque global de todo el sector, como también retomar a la indelegable función planificadora del Estado. • Superar el torpe concepto de “commodity” que el neoliberalismo pretende imponer a los recursos energéticos, incluso a los no renovables. La fracasada preferencia neoliberal de que las exportaciones está antes que la demanda interna, social y económica, responde a ese criterio que los recursos naturales del país son commodities , al contrario de lo que hacen los países más poderosos del mundo. Urgentemente debe reimplantarse el uso conservativo de los mismos, reconociendo su carácter de bienes estratégicos. La explotación de los mismos excluirá los contratos de concesión, que habían perimidos mundialmente hace más de veinte años, pero renacidos por imposición de las multinacionales en nuestro país y algunos pocos países de América Latina . Ello implica asimismo retornar a los recursos renovables como prioridad, no solo mediante nuevos emprendimientos en el país, sino mediante las interconexiones y la integración de las empresas públicas entre los países vecinos. • Aparte de estos rasgos generales de una transformación del panorama energético de la Nación, con el retorno hacia una soberanía de todo el pueblo, hay una urgencia en lograr ciertos cambios fundamentales en algunos aspectos claves de la coyuntura en el sector. Ello podrá alcanzarse mas pronto o mas tarde, de acuerdo a la intensidad y unidad de la lucha que desarrollen los sectores nacionales y populares por lograrlo. III. Los objetivos de la lucha: BASES DEL PROYECTO NACIONAL ENERGÉTICO Debe quedar claro la reestructuración alternativa del sector energético en base a los principios que se esbozan en este proyecto debe contener los objetivos siguientes. Lo Estratégico: • Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector. La Coyuntura • Proceder a la revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum, violentando la soberanía, a precios de liquidación, comprometiendo la misma o limitando el ejercicio del poder de futuros gobiernos. y anular todas las privatizaciones realizadas, que no hayan respetado las leyes y procedimientos vigentes; tendiendo a la recuperación por parte del Estado de dichas empresas. • También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional o impulsar una reestatización sin futuro. • Anular la “libre disponibilidad de crudos y gas” impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas privatizadas





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energéticas para que la voluntad popular libremente manifestada establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquellas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa por el cual la compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones. • Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado nacional. • Restablecer una política de exploración y explotación petrolera obligando a los contratistas al cu m plimiento de sus obligaciones y asumiendo el Estado Nacional una acción directa que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a sus trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. La gestión de las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comercialización, deben ser determinados por el Estado Nacional. Las tarifas y los precios mayoristas del crudo y del gas natural deben basarse en los costos internos que responden al carácter social y económico del país, y no en los precios internacionales, que responden a motivos políticos y a la fijación de precios por los poderes económicos oligopolistas. • La Nación argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidr o c a r buros N° 17.319 , en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos. . • Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande , como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y conseguir del gobierno el compromiso de reiniciar la construcción de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear se debe enfatizar la prevención acerca de los residuos nucleares y su tratamiento que aseguren los derechos de las nuevas generaciones. • Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, como el caso de los gasoductos Norandino y Atacama que compiten con una línea de transmisión, mientras que por falta de planificación estatal e ineficiencia privada





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operan al 25 por ciento de su capacidad de transporte de gas natural. Esta falta de planificación y de ineficiencia también se manifesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar solo aquellos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con partipación activa de los sectores involucrados. • Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos del sector, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo homologados ante el Ministerio del área, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesionalmente en el ejercicio de la función, para evitar la prevaricación de los servicios. • Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado recientemente debió retomar la conducción estratégica de esta actividad ante el fracaso y huida de los grupos privados, que tomaron la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales con el objeto de hacer negocios en base a los subsidios que recibe este material como fuente de energía eléctrica. Ahora el Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa mineras, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos. • La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente. • Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía. HACIA UNA ACCION COMUN





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La respuesta ligera de la reprivatización de las áreas de la infraestructura y los servicios públicos que encaran algunos sectores del gobierno de acuerdo con grupos empresariales conocidos parece que intenta mantener al modelo neoliberal y no será positiva para la gran mayoría del pueblo argentino. Incluso la renegociación de la deuda externa continúa cargando los sacrificios sobre las espaldas de los trabajadores, con el congelamiento del salario de los trabajadores del Estado y de las jubilaciones ínfimamente superiores a las mínimas .


Se debe cambiar el Modelo, no corregirlo para mejorarlo o empeorarlo. Se debe nacionalizar, no reprivatizar . Se debe denunciar el acuerdo tácito entre privatizadores de ayer y reprivatizadores de hoy. Los grupos que proponen mantener o recrear estas políticas no pueden presentarse como opositores, ya que no se diferencian del oficialismo . No se puede aceptar que se renueven los contratos de concesión o se adecuen en contratos nuevos donde el Estado no asuma la gestión de los recursos naturales de la energía . Los contratos se anulan o abrogan, pero no se los debe renegociar para mantener el espíritu básico con el que se los estableció. El poder del capital es inmenso en la actualidad y su impulso parece incontenible y espantoso: adquiere, a cualquier costa, las reservas de agua dulce y la renta de los recursos energéticos estratégicos en cualquier lugar del planeta; posee el dominio de las comunicaciones en el mundo; e impone su ideología y su cultura en todos los rincones del universo y lo somete a su avasallamiento y depredación. Pero la potencia del trabajo es, en el mundo, aún mayor; no solo por constituir el trabajo la condición esencial humana, sino porque el trabajo tiene por único destinatario al propio hombre y no simplemente al lucro, y la especulación. El camino a recorrer está lleno de amenazas y sufrimientos, pero la crisis actual, que pone a la vista el fracaso neoliberal, se resolverá finalmente dando lugar a una nueva era de Justicia y de Solidaridad. Los trabajadores argentinos de la energía , consideran que ha llegado la hora para que todos los sectores populares se auto convoquen , sin discriminación de origen , para luchar por el proyecto nacional de cambio. Así como cuando el pueblo se une, ya sea por hechos que la Historia no puede desconocer ( las jornadas del 19 y 20 de diciembre) o luchas sectoriales que se repiten todos los días ( contra la suba de las tarifas , la denuncia de cortes de prestación de servicios, la provocada por abusos policiales y sexuales ) , así debe tomarse conciencia de la necesidad de transformar el modelo económico y social cuyas consecuencias, el pueblo sufre . Este es el camino para detener las acciones que manipula n la opinión pública a favor de las fracasadas privatizaciones. Mar del Plata, 6 de diciembre de 2003

Aprobado por el III Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores de la Energía de la Republica Argentina





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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA … ENDESA...2006, ascendió a $ 80,1 millones, respecto...

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