Externalización e injusticia:

Responsabilizar a Teleperformance del abuso a sus trabajadores y

trabajadoras colombianos

Cada día, los y las consumidoras españolas hacen uso de servicios deslocalizados de atención donde dirigen sus preguntas, quejas, o solicitudes. La conducta cortés y profesional de las y los trabajadores de los call centers oculta la inquietante verdad sobre las presuntas faltas al respeto de los derechos humanos y laborales que sufren al trabajar para empresas que prestan servicios a marcas de renombre en España.

Teleperformance (TP), con sede en París, es la empresa de contact center más grande del mundo y cuenta con casi 18.000 empleados y empleadas en Colombia. TP atiende el mercado español dando cobertura a clientes de empresas como Vodafone o Naturgy. En 2018 y 2019, un equipo de investigadores contratados por UNI Global Union llevó a cabo entrevistas exhaustivas con trabajadores y trabajadoras de centros de contacto en Bogotá y Medellín, Colombia, para recopilar información sobre las condiciones de trabajo y el cumplimiento de los derechos humanos en los lugares de trabajo de TP.

A pesar del temor a represalias por parte de los directivos, los trabajadores y trabajadoras revelaron una gran variedad de abusos en diversas áreas, entre las que se incluyen la libertad sindical, los salarios, las licencias por enfermedad, la salud y la seguridad y la discriminación por motivos de género. Los resultados de esta investigación, que se resumen a continuación, muestran la necesidad de que las empresas españolas ejerzan un mayor control y supervisión de las empresas que prestan servicios a sus clientes y de que exijan cambios importantes en Teleperformance.

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Salários de pobreza e presunto incumplimento de pago de salários

Los trabajadores y trabajadoras de TP informan que sus salarios básicos cubren apenas entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos básicos de un trabajador o trabajadora media, incluyendo el alquiler, el transporte, los servicios públicos y los alimentos. Los empleados de TP descubren que, con frecuencia, incluso ganan menos de lo que esperan. Por lo general, la compañía deduce unas seis horas semanales del tiempo de trabajo registrado por las y los empleados por recesos para ir a beber agua o ir al baño, averías del sistema y cortes de electricidad sobre los que tienen poco o ningún control. Los periodos de formación, aunque obligatorios, no son remunerados.

Como resultado de estas deducciones potencialmente ilegales, muchos trabajadores y trabajadoras afirman que “nunca alcanzan el salario mínimo” de 224 euros al mes y que los incentivos de las primas cambian a menudo sin explicación apropiada, lo que dificulta la consecución de los objetivos y los incrementos salariales. Algunos trabajadores y algunas trabajadoras informan que nunca reciben aumentos salariales por costo de vida, como lo exige la ley.

Frecuentemente, los trabajadores y trabajadoras pierden más salario como resultado de autorizaciones incompletas o mal procesadas de licencias por enfermedad legalmente obligatorias o licencias para cuidar a niños enfermos. Muchos de ellos y ellas informan que tienen que elegir entre la supervivencia financiera y proporcionar a los menores a su cargo el tratamiento médico necesario, alternativa imposible para cualquier padre o madre. “No tenemos derecho a enfermarnos o a ir a una reunión en las escuelas de nuestros hijos”, informó un trabajador, “porque afecta a nuestros ingresos”. Para aquellas personas que apenas llegan a fin de mes, uno o dos días de enfermedad sin paga, o el pago retrasado de semanas o meses como resultado de la negligencia de la empresa, puede ser catastrófico.

Muchos empleados y empleadas quedan en un dilema imposible, piden préstamos a corto plazo y sopesan su propia salud y seguridad o la de sus hijos contra la necesidad de seguir ganando dinero, incluyendo ir a trabajar con virus, resfriados e incluso diarrea aguda.

Discriminación basada en el género y presuntas faltas a la privacidad de

las mujeresTeleperformance afirma apoyar “un futuro sin discriminación” y ofrecer oportunidades a todos los empleados y empleadas, “independientemente de su sexo”. Ante este compromiso, las pruebas de múltiples entrevistas con trabajadores colombianos apuntan a un cuadro de acoso basado en el género y faltas de la privacidad de las mujeres.

Desde 1994, la legislación colombiana prohíbe la práctica de exigir a las mujeres que solicitan un empleo que se sometan a una prueba de embarazo. Sin embargo, las trabajadoras afirmaron que durante las entrevistas de trabajo se les interrogó ampliamente sobre la salud y la edad de sus hijos y se les sometió a análisis de sangre y orina obligatorios para detectar el embarazo. Los hombres no están sujetos a un escrutinio similar sobre sus familias. Una mujer informó que su casa fue inspeccionada como condición de empleo, lo que constituye una clara falta de la privacidad.

Muchos de ellos y ellas informan que tienen que elegir entre la supervivencia financiera y proporcionar a los menores a su cargo el tratamiento médico necesario.

Trabajadoras se les sometió a análisis de sangre y orina obligatorios para detectar el embarazo.

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Desinterés por la seguridad de los empleados y empleadas

Las mujeres también informaron de situaciones aterradoras en las que fueron blanco de chóferes sin escrúpulos que las amenazaron si no pagaban altas tarifas para regresar a casa del trabajo después de turnos que terminaban tarde en la noche porque no había transporte público fiable a su disposición. Aunque Teleperformance ofrece un servicio de transporte limitado durante las horas nocturnas y de madrugada, los trabajadores han informado que es inadecuado para atender las necesidades de seguridad.

Salí tarde del trabajo, tomé un taxi entre las 10 y las 10:30 de la noche, y esta vez el chofer me estaba cobrando 20.000 [pesos colombianos], pero debería haber sido mucho menos. . . Dijo que llamaría a la policía si no pagaba, pero le respondí que pagaría lo que valía el viaje. Cuando bajé del taxi, me empujó y me golpeó. Salí corriendo a la calle y dijo que me mataría. Llamé a la puerta de una casa hasta que abrieron la puerta, y el hombre se fue. No hay seguridad.

En otros países, Teleperformance proporciona transporte a los trabajadores y trabajadoras que pueden encontrarse en peligro mientras se desplazan después de los turnos de noche. Otras grandes multinacionales ofrecen opciones seguras de transporte para trabajadores y trabajadoras con salarios bajos.

Represión del derecho de los trabajadores y trabajadoras

a sindicalizarseDurante décadas, Colombia ha estado ampliamente documentada como país propenso a la violencia contra los sindicatos y uno de los entornos más hostiles de la región para la organización sindical. Los trabajadores y trabajadoras colombianos dijeron que temen que hablar con investigadores afiliados a sindicatos pueda conducir a represalias por parte de la dirección si se considera que se trata de un trabajo de sindicalización.

Los investigadores de UNI Global Union concluyeron que los directivos de TP cultivan un ambiente de miedo e intimidación para evitar que los trabajadores y trabajadoras formen un sindicato. Cuando los investigadores les preguntaron a los entrevistados sobre la reacción de la empresa si los trabajadores se organizaran en un sindicato, todos respondieron que serían despedidos para eliminar el esfuerzo de sindicalización y darles un mensaje a los demás trabajadores.

La representación sindical es particularmente importante en Colombia porque las leyes laborales no se aplican de forma general. Con representación sindical, los empleados de TP tendrían el poder de emprender acciones para mejorar la salud y la seguridad de sus entornos de trabajo y para abordar las quejas relacionadas con los salarios, las horas y la discriminación.

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Los directivos de TP cultivan una atmósfera de miedo e intimidación para evitar que los trabajadores y trabajadoras formen un sindicato.

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ConclusiónNación conocida por la violación a gran escala de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la represión de la actividad sindical, incluyendo el asesinato de más de cuatro docenas de sindicalistas en los últimos años, Colombia se ha ganado un lugar en la lista de la Confederación Sindical Internacional de “los peores países del mundo para trabajar”. En estas circunstancias, es esencial una estricta observancia y aplicación de las políticas que protegen los derechos de los trabajadores y trabajadoras y las libertades fundamentales en el trabajo en todo el mundo.

Es alarmante que los trabajadores y trabajadoras en los que miles de consumidores españoles confían cada día para el servicio y la asistencia técnica, se enfrenten a faltas abusivas en el lugar de trabajo. Las compañías que ofrecen servicios de atención al cliente y apoyo técnico para el mercado español en Colombia son responsables de los abusos de los trabajadores y trabajadoras en su cadena de suministro. Deben responsabilizar a TP por prácticas ilegales y poco éticas.

Esta investigación muestra la necesidad de una mayor supervisión de las prácticas de contratación, incluyendo una mayor protección para los trabajadores y trabajadoras que deseen afiliarse a un sindicato o formar un sindicato.

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