EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS INTERNACIONALES...

EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍASINTERNACIONALESSOBRE PREVENCIÓN DEL DELITOY PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

ÍNDICEMarco conceptual

Indicadores en prevención del delito y la violencia

Modelo integral para la prevención del delito y la violencia

Experiencias Internacionales

Lineamientos generales de las experiencias internacionales analizadas

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EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS INTERNACIONALESSOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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Marco conceptual En el 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril de 2010 en Salvador, Brasil, se expresa que la prevención del delito “engloba toda labor realizada para reducir el riesgo de que se comentan delitos y sus efectos perjudiciales en las perso-nas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. La prevención del delito procura influir en las múltiples causas de la delincuencia. La aplicación de la ley y las sanciones penales no se incluyen en este contexto, pese a sus posibles efectos preventivos.”1 Para la organización México Evalúa, “las estrategias de prevención buscan disminuir las amenazas, el riesgo y la probabilidad de que un acto violento ocurra, identificando y eliminando las causas, los facto-res y las condiciones que permiten que estos problemas se desarrollen y fortalezcan. Es decir, las acciones preventivas buscan eliminar o disminuir los factores de riesgo que facilitan y propician que una persona delinca o sea violento, así como fortalecer los factores de protección que inhiben o atenúan el impacto de las consecuencias generadas por la inseguridad”2.Para el Banco Interamericano de Desarrollo, es importante que se enfatice que delito y violencia no son lo mismo. El delito puede ser violento, como un homicidio, o no violento como un fraude financiero y, del mismo modo, las acciones violentas pueden tipificarse como un delito o no, según la legislación que aplique3. Aunque estos términos se utilizan como sinónimos en muchas ocasiones, y ello no suponga un problema significativo debido a la estrecha relación entre ambos, la separación ayuda a comprender mejor el problema y generar mejores estrategias.La Organización Mundial de la Salud definió la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS (2002), p. 1084). Según esta definición, una agresión verbal relativamente constan-te de un hombre a su mujer, por ejemplo, podría ser un acto de violencia doméstica pero no tipificarse como delito en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe4.En cuanto a la violencia y la criminalidad, existen al menos dos tipos de intervenciones que se pueden realizar para reducirlas, que son la prevención y el control. Para el BID, “en el extremo preventivo están las intervenciones dirigidas a modificar el comportamiento de las personas – sean o no delincuentes – de tal modo que no se cometan actos violentos o delictivos. En el extremo de control (o punitivo), las políti-cas tienen por finalidad detener la actividad delictiva aislando a los infractores del resto de la sociedad,


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1 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Documento de trabajo,disponible en: https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_6/V1050759s.pdf 2 México Evalúa, Proyecto Prevención del Delito, ¿Qué es la prevención del delito?,disponible en: http://mexicoevalua.org/prevencion/conoce-el-proyecto/que-es-la-prevencion-del-delito-y-la-violencia/ 3 Prevención del Delito y la Violencia en América Latina y el Caribe: Evidencia de las Intervenciones del BID, p. 3,disponible en: https://publications.iadb.org/handle/11319/5818?locale-attribute=es& 4 Ibídem.

ya sea en forma temporal o permanente, como el caso de la pena de muerte. En otros términos, las medidas de prevención tienen por objeto reducir el delito y la violencia antes de que ocurran, modifi-cando las tendencias de los infractores a cometer actos delictivos y violentos, en contraste con las medi-das de control, que buscan reducir el delito impidiendo que sus autores comentan nuevos actos delicti-vos”5.Por otro lado, existe una distinción entre los tipos de medidas de intervención de prevención del delito que se pueden realizar la primera es situacional y la segunda es social. “En el primer caso se busca reducir las situaciones en las que pueden darse el delito y la violencia. Esto se consigue en algunos casos reduciendo el número de lugares en que estos fenómenos pueden ocurrir con poca probabilidad de que el infractor sea capturado. En otros casos, las acciones consisten en reducir la disponibilidad de factores inductores de comportamientos violentos, como el alcohol y las armas. El segundo tipo de medidas de prevención pertenece a la esfera del comportamiento, y tiene por finalidad hacer que las personas sean menos propensas a la violencia. La reducción del delito por esta vía podría operarse a través de dos posibles mecanismos, a saber, un retroceso del desempleo que traería consigo mayores posibilidades de obtener ingresos legalmente, y una menor disparidad de ingresos que mitigaría el sentimiento de privación relativa y de este modo aumentaría el costo de utilidad que las personas aso-ciarían a los actos delictivos y violentos”6.Un último punto por analizar con relación a la eficacia de las medidas de prevención tiene que ver con el alcance de éstas. La multiplicidad de factores que subyacen a los comportamientos violentos y delictivos lleva a pensar que los programas orientados a reducir tales comportamientos deberían tener un carácter polifacético y responder a todos esos factores, o al menos a los principales. Aunque varios autores convi-enen en la necesidad de poner en marcha programas integrales y polifacéticos para reducir sustancial-mente la violencia, estos programas presentan varias dificultades. Por un lado, “han tendido a exceder la capacidad institucional de los organismos ejecutores”; por otro lado, este criterio “también requiere una asociación estratégica entre las instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil”. Más aún, las intervenciones sociales orientadas a la prevención sólo arrojan resultados a largo plazo, lo que impli-ca que una intervención polifacética exige un compromiso político sostenido. Por el contrario, los pro-gramas más específicos, si bien son más fáciles de ejecutar, pueden revelarse ineficaces ya que apenas responden a un número limitado de factores de riesgo dejando los demás inalterados, lo que podría representar una condición necesaria pero insuficiente para disminuir el delito y la violencia7.


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5 Prevención del Delito y la Violencia en América Latina y el Caribe: Evidencia de las Intervenciones del BID pp. 6 y 76 Ibíd., pp. 8 y 97 Ibíd., p. 11

8 Banco Interamericano de Desarrollo (marzo de 2017), Información para la prevención del delito y la violencia, p 11, disponible en: https://publica-tions.iadb.org/bitstream/handle/11319/8174/Informacion-para-la-prevencion-del-delito-y-la-violencia.pdf?sequence=1 9 ibídem

Indicadores en prevención del delito y la violencia El Banco Interamericano de Desarrollo, publicó en marzo de 2017 el documento titulado “Información para la prevención del delito y la violencia”, en el que se analizan los diversos sistemas de información criminal en América Latina y el Caribe, para, entre otras cosas, presentar evidencia de la efectividad de las políticas públicas de prevención de delitos basada en la información estadística y herramientas de análisis y brindar una propuesta de una ruta de trabajo para la creación y consolidación de un sistema de información para fundamentar políticas públicas de prevención de la violencia y delincuencia en la región.Para el BID, “en políticas públicas hay dos tipos generales de indicadores: de gestión y estratégicos. Los primeros indican los avances en los procesos, las actividades realizadas y el uso de los recursos, mientras que los segundos verifican las soluciones y los efectos logrados, es decir, el impacto. La mayor parte de los indicadores con que se cuenta en la actualidad en materia de prevención de la violencia y la delin-cuencia, así como del sector de la seguridad pública en su conjunto, son indicadores de gestión”8.En el documento se menciona que, “ejemplos de indicadores con validez cuestionable y poco ilustrati-vos para mostrar el nivel factual de violencia o delincuencia y/o el impacto de una política pública de prevención serían las tasas por cada 100.000 habitantes y averiguaciones previas de detenciones, proce-sados y/o sentenciados, o sentencias condenatorias. Estos indicadores adolecen de problemas de vali-dez conceptual ya que miden la reacción o actividad gubernamental, pero no la incidencia o prevalencia delictiva reales, o bien, porque adolecen de la cifra negra (subregistro) y de errores de denominador, por motivos de que se calculan sobre la población residente en los lugares, pero no con la población flotante. En cambio, otros ejemplos de indicadores válidos y más ilustrativos para medir el nivel factual y percibido de violencia o delincuencia y los resultados o impacto de una política pública, serían las tasas por cada 100.000 habitantes (reportadas en encuestas probabilísticas) del número de delitos, de víctimas de delito, de delitos por víctima y de adultos que reportan sentirse seguros en su barrio/colonia de residencia”9.Los tipos de fuentes para generar indicadores son:- Registros administrativos: su principal función es la medición de la gestión, aunque también llegan a utilizarse para propósitos estratégicos, las cuales pueden ser: estadísticas policiales, estadísticas judicia-les, estadísticas carcelarias y estadísticas ciudadanas.


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Sus ventajas son, entre otras cuestiones, la cobertura geográfica y temporal, que pueden indicar tenden-cias, usando definiciones legales. Además, cuentan con una infraestructura institucional para su recopi-lación, difusión y comparación efectivas en el ámbito internacional. Sus desventajas son que su confiabil-idad es cuestionable por la cifra negra, y que ofrecen información muy limitada sobre las víctimas y los detalles de los actos delictivos. Es importante advertir que un incremento en las denuncias o averigua-ciones no se traduce automáticamente en un incremento de la delincuencia o la violencia, sino que refleja un incremento de la población a denunciar estos eventos y posiblemente es reflejo de una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia”10.


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10 Ibíd., p.12

- Encuestas: ejemplos interesantes son las encuestas de victimización. Las ventajas de las encuestas son que ofrecen mediciones detalladas sobre las víctimas, sobre los delincuentes, sobre el trabajo de las instituciones, percepción de la población en cuanto al crimen y la inseguridad y cuando están estandarizadas, permiten la comparación y cooperación internacional, además de que, si se mantiene la misma metodología e indicadores, pueden indicar tendencias. Las desventajas son los errores de memoria del encuestado y el consecuente subreporte o sobreestimación de ciertos delitos, así como los errores muestral y no muestral.- Sistemas de información Big Data: si bien es más utilizado en el sector privado, el big data se ha utilizado en labores de análisis del delito e inteligencia en seguridad pública y nacional, pero de manera limitada. El Big Data es definido como grandes sistemas de información integrados por bases de datos provenientes de fuentes y formatos diferentes. Para que un sistema de información sea un sistema de Big Data, debe contar con los siguientes atributos: volumen de información, variedad de información y velocidad de análisis. En seguridad pública o ciudadana, se trataría de la integración de bases de datos sobre reportes policiales, llamadas de emergencia, expedientes judiciales, expedien-tes carcelarios, redes sociales e internet, información de CCTV, datos biométricos, y/u otros registros administrativos como el registro vehicular, información tributaria, del seguro social, etc. Esta inte-gración de información en formatos de texto, audio y video, requieren de una gran capacidad de cómputo y un proceso de “datificación”. En labores preventivas, los retos del uso del Big Data radi-can en la dispersión de fuentes, y el volumen y la variedad de información disponible.- Herramientas tecnológicas y sistemas de información: las herramientas más comunes son los Siste-mas de Información Geográfica (SIG) y los sistemas integrados o Big Data (por ejemplo, Plataforma México). Los SIG son utilizados para tres tipos de labores policiales: planificación del trabajo, pre-vención del delito e investigación y persecución de presuntos delincuentes.

Modelo integral para la prevención del delito y la violencia En 2014, la Comisión Europea a partir de su programa EUROsociAL, desarrolló un esquema regional de política para la prevención de la violencia y el delito con un enfoque integral, para que sirviera a los gobiernos de América Latina como guía y herramienta de apoyo para diseñar y gestionar sus planes, programas, estrategias y acciones en la materia. De lo anterior, derivó el documento “Modelo Regional de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el Delito”, que consiste en siete procesos y dos condiciones de funcionalidad con el objetivo de facilitar la identificación de los contextos, avances y requerimientos propios de cada país para contribuir en la elaboración y ejecución de políticas públicas de prevención del delito y la violencia de manera integral.El modelo propone los siguientes procesos:1. Institucionalización: creación de una estructura permanente, a partir del establecimiento de instrumen-tos jurídicos y un aparato administrativo con mandatos concretos para diseñar e implementar los pro-gramas, proyector y estrategias, en donde debe existir un trabajo conjunto entre el sistema de seguridad pública y justicia penal con las políticas sociales. Asimismo, se deben generar cuerpos técnicos encarga-dos de gestionar la prevención y que genere información pública, confiable y comparable, así como indicadores que permitan la evaluación y el monitoreo.2. Coordinación e integración: las políticas de prevención requieren de la concurrencia de instituciones, desde lo municipal hasta lo nacional, de política, de justicia, readaptación y reinserción, pero también salud, educación, vivienda, desarrollo económico, infraestructura urbana, juventud, cultura, deporte, atención a víctimas, entre otras.3. Focalización: es un elemento de racionalidad y efectividad en la consecución de objetivos específicos que apunta a establecer prioridades en la solución de problemas concretos previamente identificados. Restringe el ámbito de intervención a fines concretos ya sea en la disminución de factores de riesgo, la promoción de factores de protección o la mitigación de los problemas asociados con la inseguridad. La focalización territorial prioriza los lugares calientes, la focalización poblacional se concentra en grupos en particular situación de vulnerabilidad, y la focalización relativa a problemas concretos se orienta en delitos de alto impacto4. Inclusión y participación: se debe fomentar un enfoque de abajo hacia arriba para la incorporación de la sociedad en todas sus formas organizativas y sectores en la gestión de las políticas de prevención, desde el diagnóstico, la planeación y la instrumentación, hasta el monitoreo y la evaluación de todo tipo de medidas de prevención. 5. Equidad y dignificación con perspectivas de género: incluir estrategias que contribuyan a equilibrar las brechas existentes entre la inseguridad, la violencia y el delito, y las respuestas tradicionales basadas solamente en la justicia penal, hacia otras en las que el ser humano sea el centro de atención. Debido a que la evidencia muestra que gran parte de la violencia afecta directamente a las mujeres,


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esta problemática debe recibir mayor atención y las soluciones deben ser incluidas en cualquier proceso o modelo de prevención. Por ello, se hace necesario incorporar un enfoque de género en las políticas e instituciones de seguridad y justicia, a fin de que las agendas de prevención integral sean diseñadas teniendo en cuenta las necesidades, las experiencias y los puntos de vista de todos los grupos que se enfrentan a formas de multidiscriminación. 6. Eticidad: consiste en incorporar procedimientos y herramientas pertinentes para hacer realidad el derecho a la información, la transparencia y el combate a la corrupción por parte de actores públicos, privados y sociales que concurren en la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de estrategias y acciones de prevención integral, a efecto de garantizar una buena y democrática gobernan-za de las políticas de seguridad ciudadana.7. Colaboración regional: se refiere a desarrollar espacios y plataformas regionales de colaboración, intercambio e innovación en materia de prevención integral, dirigidos a la generación y transferencia de conocimientos, de prácticas efectivas de intervención y de mecanismos de monitoreo y evaluación, entre otros, que aporten a la construcción de agendas compartidas para enfrentar la violencia y el delito.de prevención. Por ello, se hace necesario incorporar un enfoque de género en las políticas e insti-tuciones de seguridad y justicia, a fin de que las agendas de prevención integral sean diseñadas tenien-do en cuenta las necesidades, las experiencias y los puntos de vista de todos los grupos que se enfren-tan a formas de multidiscriminación. 6. Eticidad: consiste en incorporar procedimientos y herramientas pertinentes para hacer realidad el derecho a la información, la transparencia y el combate a la corrupción por parte de actores públicos, privados y sociales que concurren en la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de estrategias y acciones de prevención integral, a efecto de garantizar una buena y democrática gobernan-za de las políticas de seguridad ciudadana.7. Colaboración regional: se refiere a desarrollar espacios y plataformas regionales de colaboración, intercambio e innovación en materia de prevención integral, dirigidos a la generación y transferencia de conocimientos, de prácticas efectivas de intervención y de mecanismos de monitoreo y evaluación, entre otros, que aporten a la construcción de agendas compartidas para enfrentar la violencia y el delito.

De acuerdo con el Modelo, son relevantes dos condiciones de funcionalidad con sus respectivos compo-nentes, considerados indispensables para habilitar y dar viabilidad al Modelo, que son:


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- Voluntad política (gobernanza para la prevención)

a) Ley de seguridad ciudadana o Ley para la prevención integral de la violencia y el delitob) comisión de prevención integral de la violencia y el delito en el poder legislativoc) Consejo nacional y/o local de Seguridad Ciudadanad) Presupuestos plurianuales para prevencióne) Gabinete/Comisión/o Comité de Prevención Integral de la Violencia y el Delito


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Experiencias Internacionales En 2015, el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad publicó el “Informe, experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad en América Latina”, el cual buscaba documentar 10 buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana en la región a partir de las relaciones y la articulación entre los niveles y los actores nacionales y locales. En el Informe se señala que una buena práctica en materia de prevención del delito es aquella en donde las experiencias “se adaptan a realidades locales y que tienen en cuenta el involucramiento de los actores desde una perspectiva amplia de inclusión”11, además de ser ejercicios que puedan reproducirse en con-textos diferentes y estar destinados a servir como instrumentos de aprendizaje en cómo hacer que las intervenciones sean más efectivas, eficientes e innovadoras.El Informe desglosa los siguientes casos: Milwaukee, Estados Unidos; Ciudad Juárez, México; Peñalolén, Chile; Santa Tecla, El Salvador; Miraflores, Perú; Santa Fe, Argentina; Quito, Ecuador; y Río de Janeiro y Pernambuco, Brasil. Para cada caso, se describe el contexto político y social en el cual se han implementa-do políticas públicas en materia de prevención del delito, se analiza la evolución de los homicidios, la extorsión y el micro-tráfico, y se desarrollan las experiencias en materia de seguridad ciudadana. A partir de ello, se presenta el siguiente resumen de algunos de los casos, buscando identificar la metodología utilizada en cada una.

- liderazgo técnico (gestión para la prevención)

a) Centro/Plataforma/o Instituto de Desarrollo e Innovación para la Prevención de la Violencia y el Delitob) Sistema Nacional de Información para la Prevención Integral

El 28 de abril de 2015, 15 países latinoamericanos (entre ellos México) y representantes de la Unión Europea y organismos internacionales, firmaron la “Declaración para la Prevención de la Violencia y el Delito de Cartagena de Indias” en el marco del IV Encuentro Ministerial en Seguridad Ciudadana: “Hacia la adopción de un Modelo Regional de Política Integral de para Prevención de la Violencia y el Delito”. Dicha Declaración consta de nueve puntos y en los que los participantes ratificaron su compro-miso de “trabajar en la formulación y ejecución de políticas públicas que son de Estado en prevención de la violencia y el delito, con un enfoque en seguridad ciudadana, principalmente a través de siete procesos fundamentales: institucionalización, coordinación e integración, focalización, inclusión, equi-dad y perspectiva de género, eticidad y colaboración regional; y dos condiciones de funcionalidad: voluntad política y liderazgo técnico”.

11 Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (diciembre de 2015), Informe, experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad en América Latina, p. 16.


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Milwaukee, Estados Unidos

Contexto:Dada la autonomía de los gobiernos locales y estatales, las iniciativas federales han estado siempre circunscritas a programas de transferencias de fondos que pretenden influenciar las acciones locales en materia de prevención del crimen sin intervenir en sus competencias, lo que ha permitido el desarrollo de análisis comparados sobre lo que funcionó o no en la materia.En Estados Unidos existen al menos 15,000 cuerpos diferentes de policía, los cuales cuentan con un alto grado de autonomía y su propia jurisdicción y organización. De estos, 12,000 corresponden a policías municipales y 3,000 a condados de policía con jurisdicciones más amplias que las urbanas.Los delitos se concentran en zonas urbanas, particularmente en barrios segregados social y racialmente. Para Peter Marcuse, “las ciudades de los Estados Unidos han creado enclaves, guetos y ciudades fortifi-cadas que dividen espacialmente a las poblaciones y que concentran la pobreza y la discriminación, al mismo tiempo que la criminalidad”12.

Metodología identificada:Creación de la “Milwaukee Homicide Review Commission” (basada en la “Boston Gun Project’s, Opera-tion Ceasefire”) Tiene un modelo de orientación de la acción policial mediante resolución de problemas, y su objetivo es reducir los homicidios y los tiroteos a través de un procedimiento de análisis detallado y profundo de los homicidios. La comisión reúne a expertos en criminología, en derecho penal y a espe-cialistas en servicios comunitarios, que discuten y tienen acceso privilegiado a la información sobre los homicidios y otros crímenes violentos. Con esta información, la Comisión propone e identifica las estrategias de prevención a seguir.13

El modelo de intervención se centra en el análisis de la naturaleza y la dinámica de los homicidios en la ciudad, a partir de los factores de riesgo que contribuyen al homicidio, y se realiza en cuatro niveles en donde cada nivel implica la participación de diversos organismos y actores.

12 Ibíd., p. 23.13 Ibíd., p. 25

- Primer nivel (en cuanto ocurre el homicidio): la policía interviene mediante respuesta inmediata, investigación y aumento de los patrullajes en el sector. Los servicios sociales son informados en las 48 horas siguientes y prestan servicios psicológicos y de salud a las víctimas.


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- Segundo nivel: coordinación institucional entre los diferentes actores locales, estatales y federales involucrados en la prevención y en el tratamiento del crimen. Se realiza un examen pormenorizado de cada homicidio y cada institución aporta la información relevante que tenga al respecto.- Tercer nivel: involucramiento de los organismos comunitarios para evaluar los casos cerrados y los incidentes producidos. Se determina cómo la comunidad puede participar en el control de factores que contribuyen a la criminalidad y cómo las instituciones pueden contribuir con los organismos para sensibilizarlos y otorgarles recursos para este tipo de acciones.- Cuarto nivel: encuentros directos con las comunidades para educar en materia de la naturaleza de los homicidios y de los tiroteos, los datos agregados son presentados y los miembros de la comuni-dad son informados de las medidas tomadas a nivel institucional.

Resultados del programa:La puesta en marcha del programa ha reducido un 52% los homicidios en los distritos donde se ha aplicado en relación con los distritos en donde no se realizó ninguna intervención. La reducción tiene que ver con la coordinación interinstitucional y la contribución del análisis en la determinación de las soluciones puestas en marcha. El análisis de los homicidios ha permitido determinar de forma efectiva las causas y las circunstancias que favorecen este tipo de delitos en el contexto de las ciudades, sobre la base de unos datos fiables y contrastados con la realidad mediante la triangulación entre las insti-tuciones y la comunidad.

Peñalolén, Chile Contexto:El caso chileno es un caso excepcional en América Latina, no solamente por la reducida tasa de homicid-ios y las bajas tasas de criminalidad de las que goza el país (Dammert et al. 2004, p. 29), sino también por el respeto y la aceptación que tiene la institución policial (los Carabineros) en el conjunto de la sociedad (Fruhling, 2003, p. 53).

Los esfuerzos recientes por reforzar la labor de los carabineros a nivel barrial y por mejorar las relaciones con las comunidades han sido evidentes. Quizás el método de intervención policial más importante y la más exitosa haya sido el Plan Cuadrante implementado desde 1998 en Santiago y que ha sido progre-sivamente difundido a todo el país. Este plan busca atender de mejor manera los sectores urbanos, mediante una asignación más efectiva de recursos sobre el territorio de acuerdo a los datos poblaciona-les y delictivos.


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14 Ibíd., p. 47

Metodología identificada:Creación de una subsecretaria de prevención del delito en el Ministerio del Interior, que es la instancia encargada de orientar la política pública en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, hacer seguimiento de los datos, y proponer modificaciones para mejorar su eficacia y eficiencia en el corto y largo plazos.

Creación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y de la Fundación Paz Ciudadana.

Serenazgos: sistema de protección ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquili-dad pública. Estas acciones se realizan en apoyo a las labores de la Policía Nacional.

Implementación de patrullajes por cuadrante de forma permanente.Proyecto Plan Integral de Barrios Seguros: desarrolla una estrategia de prevención del delito en cinco barrios focalizados y se ha articulado, durante su implementación, con los diferentes planes nacionales de seguridad.

La estrategia presenta las siguientes características:

1) El plan está estructurado sobre una base empírica y parte, por lo tanto, de un profundo cono-cimiento del contexto territorial2) El plan tiene en cuenta las variantes nacionales y locales en su implementación, y articula en su génesis e implementación a los diferentes niveles del gobierno para su puesta en marcha.3) El plan es transversal, es decir que pretende incidir sobre factores variados en la prevención de la criminalidad y considera el origen de la violencia como multicausal. 4) Existe un claro liderazgo del nivel comunal en relación con la seguridad ciudadana asumido por el Alcalde de la comuna.5) Las orientaciones conceptuales de la estrategia son claras, lo que hace del caso una experiencia interesante de análisis.6) Existe continuidad en la aplicación de la estrategia durante diferentes administraciones. La estrate-gia es citada cómo referencia en materia de seguridad ciudadana en Chile y sobre la misma se han publicado varios informes y artículos14.


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15 Ibíd., p. 4816 Ibíd., p. 5017 Ibíd., pp. 50-51

El Plan Integral de Barrios Seguros busca el fortalecimiento del capital social y el diseño e imple-mentación de un modelo de participación comunal para incrementar la seguridad (objetiva y subjetiva) en su territorio. Para realizar este plan, el gobierno local partió de tres premisas conceptuales básicas que guiarían sus ejercicios de intervención y las diferentes acciones incluidas en su estrategia de largo plazo: 1) la concepción de la seguridad pública cómo un derecho humano siguiendo los lineamientos de los instrumentos internacionales, 2) la multicausalidad del fenómeno, 3) el rol inexcusable del gobierno local.15

En cuanto a la prevención social, se orientó el trabajo en los ámbitos de promoción comunitaria e inter-vención psicosocial. En la prevención comunitaria se crearon los comités vecinales de seguridad, se implementó el programa Barrio seguro, y se crearon instancias de mediación vecinal para la resolución de conflictos. En la línea psicosocial, se intervino de forma prioritaria en los colegios para prevenir el consumo de drogas y la delincuencia juvenil de forma temprana mediante los proyectos “Construyendo a tiempo”, “Colegio seguro” y “Bandas juveniles”. En cuanto a la prevención situacional, la alcaldía emprendió bajo la perspectiva de CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Desing) una serie de intervenciones en los espacios públicos bajo un enfoque participativo que vinculaba a las comunidades con las instituciones locales en su construcción y preservación.16

Dentro de los logros más importantes del plan señalados por la administración, podemos citar: 1) el cambio de enfoque desde el asistencialismo hacia la promoción y el empoderamiento comunitario, 2) la disminución de las condiciones sociales y económicas que favorecen la desigualdad, 3) la intervención específica en los factores de riesgo, 4) la creación de lazos de solidaridad entre los actores participantes, 5) además, el plan logró una buena integración de los servicios sociales en los barrios y una inversión importante en la formación de recurso humano y capital social. Estos puntos permitieron una transfor-mación importante en la forma en que se ejecutan las intervenciones dirigidas a la prevención criminal y en los recursos que se han puesto a disposición de las comunidades.17

Factores de éxito de la estrategia:

i. El liderazgo del alcalde: Si no hubiera habido un liderazgo importante donde él asumiera como una tarea propia la seguridad, el proyecto no habría tenido éxito.


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18 Ibíd., p. 74

ii. El equipo técnico: Se requiere un equipo para realizar la tarea. Eso significa reclutar y formar gente, además de establecer convenios para poder capacitarla en el tema de seguridad.iii. Trabajar sobre las brechas económicas y sociales que permiten la aparición del delito: La seguridad debe trabajarse de la mano con la dirección de desarrollo económico, los colegios de la comuna y el acceso a la salud. iv. Instaurar la seguridad ciudadana como un tema ciudadano: El ciudadano debe estar comprometi-do.v. Participación de la comunidad: Esto significó instalar programas participativos importantes en todas las áreas. vi. Corresponsabilidad ciudadana e institucional: La idea es, “yo pongo lo mío y tú pones lo tuyo”.

Miraflores, Perú Principales aportes de la experiencia:“Miraflores 360 grados”: la adopción del plan ha contribuido de forma notable a la reducción de delitos y ha sido acreedor a varios premios en innovación de la gestión pública. Este Plan se centra en los patrullajes integrados entre los “serenazgos” y la Policía Nacional, el apoyo a las Juntas Vecinales forma-das en el municipio, el fortalecimiento de la información realizada por la “Central Alerta Miraflores”, y la puesta en servicio de varias herramientas complementarias como una aplicación para teléfonos móviles inteligentes para denunciar peligros y el uso de alarmas silenciosas en los comercios instaladas en las unidades de pago electrónico.18

Metodología identificada:Reforma policial, patrullaje por cuadrante de forma permanente, desarrollo de centros de atención a denuncias telefónicas, implementación de un sistema de monitoreo mediante cámaras que apoyan la labor de los serenos. Creación de un Comité Distrital de Seguridad en el que se discute cada dos meses la información obtenida, con lo cual se elaboran mapas del delito y de otros problemas sociales para orientar las acciones de la administración en materia de seguridad.Compromiso político a largo plazo con el tema de seguridad y desarrollo de un marco de imple-mentación que permite avanzar en el objetivo de mejorar la seguridad en el nivel local. Los cuatro ejes estratégicos del plan son: el compromiso institucional, una ciudadanía activa y responsable, una infor-mación integrada y sistematizada, y la prevención situacional.


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19 Ibíd., p. 8920 Ibíd., p. 8921 Ibíd., p. 90

Quito, Ecuador

Principales aportes de la experiencia:Reconceptualización de la seguridad a partir de los esquemas de seguridad ciudadana, estipulándose que la seguridad integral de los ciudadanos es un deber del Estado y que este deber se traduce en una obligación del Estado para adoptar políticas integrales en esta materia, expresada en el artículo 39 de la nueva Constitución19.

Esta ley creó y definió el Sistema de Seguridad Pública determinando que la Política de Seguridad Ciudadana es una política de Estado y no de gobierno. Asimismo, esta Ley creó los principales órganos de implementación de la política, como son: 1) el Consejo de Seguridad Pública del Estado, conformado por los representantes de las instituciones encargadas o relacionadas con el tema de la seguridad y 2) el Ministerio de Coordinación de Seguridad, que se encarga de la elaboración del Plan Nacional de Seguri-dad Integral. El Consejo de Seguridad Pública está conformado por el Presidente, el Vicepresidente, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Ministro de Coor-dinación de Seguridad, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Rela-ciones Exteriores, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comandante General de la Policía. Este Consejo es la máxima instancia de decisión en materia de seguridad ciudadana en el país. El Ministerio de Coordinación de Seguridad tiene bajo su cargo las políticas de seguridad pública del Estado. La política de seguridad debe, según el artículo 23 de la Constitución, enmarcarse en el forta-lecimiento y modernización de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos. El sistema basa su funcionamiento en los Consejos Ciudadanos Sectoriales que se constituyen en redes de participación de la sociedad civil articuladas al sistema20.En 2011 se creó la Comisión de Estadística de Seguridad, instancia que permite homologar los datos del nivel nacional entre las diferentes agencias que producen la información. Además, en el año 2013 se creó el Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral. Estas dos instancias tienen como función aportar los datos y el análisis para la orientación de la Política Nacional de Seguridad21.Este primer plan integral constituye una mirada de conjunto al tema de la seguridad que plantea una respuesta política al tema de la criminalidad en Ecuador. El Plan parte de la definición constitucional de la seguridad ciudadana para proponer un tránsito, desde la política de la seguridad nacional, hacia una política de la seguridad como derecho ciudadano. Sin embargo, el defecto principal del plan radica en


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22 Ibíd., p. 9123 Ibíd., p. 96.

la ausencia de responsabilidades específicas y de metas concretas en cuanto a su implementación. Estos problemas intentaron ser solucionados en el año 2014, con la formulación del Plan de Seguridad Integral del Ecuador para los años 2014-2017. Este nuevo plan reafirmó la mayoría de líneas directivas del plan anterior y actualizó, con base en un nuevo diagnóstico, las estrategias aplicadas y las herramientas de seguimiento. Este Plan es mucho más completo que el anterior y se basa en la experiencia previa para reformular las estrategias y el seguimiento a las mismas. El nuevo plan es enfático en afirmar que la seguridad se basa en la construcción de una nueva relación entre los ciudadanos y en la aplicación de políticas sociales que permitan la reducción de la pobreza y la exclusión, que están en el origen de la criminalidad22.

Es en este contexto que opera el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Quito, en donde se crearon: la Comisión de Seguridad y Convivencia, y el Consejo Metropolitano de Seguridad (ordenanza 201, de 2006). La Comisión está conformada por concejales y se encarga de la formulación de los instrumentos jurídicos de la aplicación de la política y de los debates en materia de seguridad al interior del Consejo Municipal. El Consejo, por su parte, es un ente de coordinación interin-stitucional y de vinculación de la sociedad civil (Torres, 2011, p. 76). En cuanto a la implementación, el órgano más importante dentro del sistema es la Dirección Metropolitana de Seguridad y Convivencia que se encarga de ejecutar las políticas discutidas y aprobadas por el Concejo de la ciudad. Esta direc-ción está al interior de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y coordina los trabajos del Obser-vatorio Metropolitano de Seguridad ciudadana y la Central de Emergencias, además de la Policía Metro-politana, los bomberos y los Centros de Equidad y Justicia23.

A nivel de la incidencia de la aplicación de la política a nivel municipal, se observar una reducción entre 2003 y 2008 del 7,8 % en los homicidios pasando de 14,7 a 10,5 entre esos años. Sin embargo, los delitos contra la propiedad sufrieron un aumento durante este mismo período, pasando de 5,733 a 10,635 en el mismo período.


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Lineamientos generales de las experiencias internacionales analizadas

Del análisis de los casos descritos anteriormente, se pueden desprender los siguientes puntos para la formulación de una estrategia de prevención del delito:

Es importante resaltar que, a pesar de que las metodologías y modelos internacionales en la teoría le dan un papel menor a la actividad policial por considerar que está centrada en la aplicación de la ley más que en la prevención de delitos y violencia, en la práctica, el rol de los policías resulta ser funda-mental para la implementación de políticas públicas en materia de prevención del delito, sobre todo a partir de modelos de policía de proximidad o comunitaria.

• El trabajo de prevención del delito se realiza desde lo local, atendiendo las necesidades particulares de cada comunidad.• Claridad en cuanto a los delitos que se buscan prevenir.• Creación de centros, comisiones o instituciones encargadas de analizar las dinámicas de crimen y violencia.• Diseño de burocracias encargadas de sistematizar la información generada por los centros, comis-iones o instituciones, para generar políticas públicas.• Participación de la ciudadanía en el entendimiento del problema y en el diseño de las políticas públicas.• La intervención policial para disuadir la comisión de delitos con reacciones oportunas.• Reformas en materia policial y de seguridad que modificaban el paradigma de la seguridad pública, pasando a uno de “seguridad ciudadana”.• Visualización de la seguridad como un derecho integral (perspectiva de “seguridad humana”).

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