Examen 4

Caso

Responda las cinco (5) preguntas que siguen al caso.

Juan de Dios Gómez interpuso demanda de amparo contra el Proyecto Especial Titulación de

Tierras y Catastro Rural – PETT, con la finalidad de que el juez ordene su reincorporación a su

centro de labores. Juan de Dios manifiesta que ha laborado para la entidad emplazada de

manera ininterrumpida y que pese a ello fue despedido. Agrega, además, que no se tomó en

cuenta su condición de discapacitado, en virtud de la cual no puede ser despedido de un puesto

público, en tanto que la Constitución señala que debe ser objeto de especial y preferente

protección.

Señala además que, en su condición de discapacitado, debe tener también una atención

preferente en su derecho a la salud, que en su caso no puede tener un carácter programático

sino de plena eficacia directa, tal como ocurre, por la especial situación de sujeción, en el caso

de los reclusos en centros penitenciarios.

Finalmente, respecto de las personas infectadas con VIH Sida, Juan de Dios ha planteado una

demanda de cumplimiento contra el Estado Peruano, al señalar que este tiene la obligación de

ofrecer una satisfacción efectiva del derecho a la salud en el caso de esos pacientes.

1. Sobre los derechos de las personas con discapacidad, es INCORRECTO afirmar que:

a. De acuerdo con el Protocolo de San Salvador, toda persona afectada por una disminución

en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial por parte del Estado.

b. La especial protección a las personas con discapacidad, traducida en la ley que establece la contratación de personas en esa condición en una proporción no inferior al 3% del total del personal es una acción afirmativa.

c. Las acciones afirmativas son medidas que, en principio, afectan el principio de igualdad, pero son constitucionales en cuanto se justifique válidamente su permanencia en el tiempo.

d. De acuerdo con la Constitución Política, las personas con discapacidad tienen derecho a una protección especial por parte del Estado, lo que significa un tratamiento preferente no discriminatorio.

2. Sobre los derechos de las personas con discapacidad y su relación con el derecho a la

igualdad, es correcto afirmar que:

a. Una medida de acción afirmativa a favor de las poblaciones vulnerables es compatible con

la dimensión material del derecho a la igualdad. b. Por el derecho a la igualdad material, la ley no puede hacer distinciones entre distintos

grupos receptores de su aplicación. c. Una medida de acción afirmativa a favor de las poblaciones vulnerables es compatible con

la dimensión formal del derecho a la igualdad. d. Por el derecho a la igualdad formal, la ley puede establecer distinciones entre distintos

grupos receptores de su aplicación. 3. Sobre el contenido constitucional de la salud, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es

INCORRECTO afirmar que:

a. El derecho a la salud es un derecho fundamental que no requiere, para su efectividad, de

un desarrollo legislativo específico. b. El derecho a la salud tiene que ver con la exigencia estatal de actuaciones necesarias para

el goce de servicios de salud de calidad. c. Según el Tribunal Constitucional el derecho a la salud es un típico derecho programático. d. El derecho a la salud debe tutelar de forma especial a grupos vulnerables, como los

adultos mayores y las mujeres embarazadas en abandono. 4. Sobre el derecho a la salud de los reclusos, desde la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, es correcto afirmar que:

a. En la condición especial en la que se encuentran, el Estado tiene el deber de no exponer a

los reclusos en situaciones que pudieran comprometer o afectar su salud. En consecuencia, no están permitidas las huelgas de hambre en establecimientos penitenciarios.

b. El Estado tiene el deber de velar porque las condiciones en las que se cumple la condena sean compatible con la dignidad humana y no terminen afectando otros derechos fundamentales. En consecuencia, podría interponerse una demanda de hábeas corpus correctivo.

c. El Estado tiene el deber de velar porque las condiciones en las que se cumple la condena sean compatible con la dignidad humana y no terminen afectando otros derechos fundamentales. En consecuencia, debe promover la variación de los mandatos de detención por otros menos gravosos.

d. El Estado tiene el deber de velar porque las condiciones en las que se cumple la condena sean compatible con la dignidad humana y no terminen afectando otros derechos fundamentales. En consecuencia, podría interponerse una demanda de hábeas corpus instructivo.

5. Sobre la protección del derecho a la salud en personas con VIH Sida, es incorrecto afirmar

que:

a. Para el Tribunal Constitucional, la exigencia judicial del derecho a la salud en personas con VIH Sida está en función de la gravedad y razonabilidad del caso en concreto.

b. Para el Tribunal Constitucional, la exigencia judicial del derecho a la salud en personas con VIH Sida está en función de la vinculación o afectación con otros derechos fundamentales.

c. Para el Tribunal Constitucional, la exigencia judicial del derecho a la salud en personas con VIH Sida no está en función de la disponibilidad presupuestal del Estado.

d. Para el Tribunal Constitucional, la exigencia judicial del derecho a la salud en personas con VIH Sida no está en función de que se trate de prestaciones específicas.

6. Juan Guzmán de los Montes interpuso demanda de amparo contra la Policía Nacional del

Perú (PNP) con la finalidad de que se le reincorpore a su centro de trabajo como suboficial

técnico de tercera de la PNP, al considerar haber sido sancionado en forma indebida al

disponer su pase a la situación de retiro. Guzmán especifica que la medida disciplinaria lo

ha responsabilizado por haber permitido circular un tráiler por el puente Brise, construido

sobre el río Santa, el que, por aparente sobrepeso y deficiencias en la construcción de dicha

obra, ocasionó que el citado puente cediera y se desplomara sobre el río.

Señala el demandante que si bien sus órdenes eran las de cuidar la parte norte del puente

Hércules (uno paralelo al puente Brise), al encontrarse éste cerrado por disposición

gubernamental, y ver un tráiler aproximarse al puente Brise, procedió a interceptar al

chofer y solicitarle documentos para autorizar su circulación.

Desplomado el puente que el señor Guzmán no tenía obligación de vigilar, este fue

sancionado con su pase al retiro. Al respecto, es correcto afirmar que:

a. El debido proceso ha sido cumplido, pues ha estado sometido a un procedimiento disciplinario que dio lugar a su pase a retiro.

b. La interdicción de la arbitrariedad no solo supone dar razones para una actuación discrecional, sino que dichas razones sean suficientes.

c. De acuerdo con la dimensión procesal, toda autoridad tiene que actuar de manera razonable y proporcional, por lo que el pase a retiro ha sido arbitrario.

d. Lo arbitrario es diferente de lo discrecional, por lo que la decisión del pase a retiro es discrecional, mas no arbitraria, pues se encuentra normativamente prevista.

7. Más de 5000 ciudadanos han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra

diversos artículos de la Ley N.º 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de

Cooperación Internacional. Se señala que lo impugnado pretende que las organizaciones

privadas brinden al Estado información que no contiene un interés público o social que

justifique objetivamente su intromisión o de los particulares. Y ello significa una

vulneración evidente del derecho a la vida privada. Al respecto, es incorrecto afirmar que:

a. La intimidad de las personas busca proteger un ámbito estrictamente personal y que,

como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a través del libre desarrollo de su personalidad.

b. La información que se solicita brindar sí reviste interés público en tanto se trata de la actuación de personas jurídicas que reciben ingresos de origen internacional y que desempeñan sus actividades en el país.

c. La “vida privada” incluye un ámbito que sí admite algunas intervenciones que habrán de ser consideradas como legítimas, según se vea caso por caso, como por ejemplo la vinculada con el derecho a la inviolabilidad de domicilio.

d. Para las personas jurídicas, “vida privada” está constituida por datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados solo a su conocimiento, y cuya divulgación por otros ocasionaría algún daño.

8. La Confederación General de Trabajadores del Perú interpuso demanda de amparo contra

la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que se declare inaplicable el

Decreto de Alcaldía N.º 060-2003, que declara zona rígida para cualquier tipo de

concentración pública el sector de máxima protección dentro del centro histórico de Lima,

delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay. Al respecto,

aplicando el test de ponderación, es correcto afirmar que:

a. La medida de declarar una zona rígida es una medida que cumple con ser razonable. b. La medida de declarar una zona rígida es una medida que no cumple con el subprincipio

de necesidad.

c. La medida de declarar una zona rígida es una medida que no cumple, específicamente, con el subprincipio de adecuación.

d. La medida de declarar una zona rígida es una medida que cumple con ser proporcional en sentido estricto.

9. Mediante Resolución N.º 042-2003/AL.DZLC una alumna del Servicio Nacional de

Adiestramiento de Trabajo Industrial (Senati) fue sancionada con la expulsión por haber

sido sorprendida el día 23 de setiembre de 2003 “[...] aproximadamente a las siete de la

noche en uno de los ambientes privados del baño de damas del segundo piso del área de

preprensa del SENATI, en compañía de su enamorado Mario Alonso Mondragón Sánchez, a

oscuras, sin responder al llamado de la instructora Dévora Huamán (...) Lugar en el que

estuvieron besándose”. Dicho hecho que constituye falta grave contemplada en el Manual

de Conducta Social y Laboral de la Formación Profesional para Aprendices y Alumnos del

Senati. En relación con la ponderación en el procedimiento disciplinario, de acuerdo con lo

señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es INCORRECTO afirmar que:

a. En todo procedimiento administrativo disciplinario es de aplicación el principio de

proporcionalidad, salvo en el caso de las faltas muy graves. b. La imposición de la máxima sanción en un procedimiento disciplinario tiene que responder

siempre al principio de proporcionalidad. c. La imposición de la máxima sanción en un procedimiento disciplinario debe siempre

considerar los antecedentes del sujeto a dicho procedimiento. d. En el procedimiento sancionador no solo es de aplicación las exigencias de tipicidad y

legalidad, sino de configuración misma de la conducta objeto de sanción.

10. Un grupo de congresistas del oficialismo ha planteado una acusación constitucional contra

dos congresistas de oposición por haber votado en contra del proyecto de ley que

establecía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, al

considerarse que dicha actuación es contraria a los intereses nacionales. Al respecto, es

correcto afirmar que:

a. Los congresistas gozan de inmunidad, por lo que no pueden ser acusados constitucionalmente hasta cinco años después de que hayan terminado sus mandatos.

b. Si el cargo imputado fuese reconducido a la causal de delito cometido en el ejercicio de la función, correspondería iniciar un procedimiento de juicio político.

c. Los miembros del Congreso tienen inviolabilidad de votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, por ello no son pasibles de ser procesados por los cargos imputados.

d. El cargo imputado puede ser canalizado bajo la causal de infracción de la Constitución, por lo que correspondería seguírseles un antejuicio.

11. Actualmente, una demanda de amparo contra resolución judicial:

a. Se interpone ante la Sala Superior. b. Se interpone ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. c. Se interpone ante el juez especializado. d. La conoce en única instancia el Tribunal Constitucional.

12. En el proceso de amparo:

a. El plazo para interponer una demanda es de treinta (30) días naturales. b. No cabe la reconvención ni el desistimiento. c. No es posible la declaración en abandono del proceso. d. En ningún caso la sentencia tiene efectos para quienes no fueron parte del proceso.

13. Respecto a un proceso constitucional que tiene por objeto la defensa de derechos

constitucionales:

a. El juez tiene la atribución de realizar actuaciones probatorias que considere

indispensables. b. No existe ningún tipo de actividad probatoria. c. Únicamente es competente el juez del lugar del domicilio del demandado. d. Únicamente es competente el juez del domicilio del lugar donde se afectó el derecho.

14. Marque la alternativa correcta:

a. En ningún caso es posible iniciar un proceso constitucional contra una norma. b. Solo es posible iniciar un proceso constitucional contra una norma, si esta es una norma

autoaplicativa. c. Solo es posible iniciar un proceso constitucional contra una norma, si esta es una norma

heteroaplicativa. d. Una norma autoaplicativa es aquella que requiere un acto posterior para que se produzca

un efecto, y es solo contra ese acto que cabe iniciar un proceso constitucional.

15. Marque la alternativa correcta:

a. En un proceso de habeas data no es posible conceder una medida cautelar. b. Las solicitudes de medidas cautelares en los procesos constitucionales en todos los casos

se tramitan sin conocimiento de la parte demandada c. Las solicitudes de medidas cautelares que dejen sin efecto actos administrativos emitidos

en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional se tramitan sin conocimiento de la parte demandada.

d. Las solicitudes de medidas cautelares que dejen sin efecto actos administrativos emitidos en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional se tramitan corriendo traslado a la parte demandada.

16. Con relación al denominado “amparo arbitral”:

a. No procede conforme a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. b. Solo procede luego de agotada la vía administrativa. c. En todos los casos solo procede luego de agotada la vía judicial ordinaria. d. Excepcionalmente se puede interponer una demanda contra el laudo arbitral cuando la

violación a derechos fundamentales resulta manifiesta. 17. La Dirección Regional de Pesquería de La Libertad solicita, por violación del derecho a un

debido proceso, que se deje sin efecto la sentencia de fecha 30 de junio de 2003, mediante

la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Trujillo declaró fundada en

parte una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de La Libertad, ordenando, en

su parte resolutiva, que la emplazada cumpliera con reincorporar a José Castillo Cava en el

puesto de chofer de la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, tras constatar que se

habían vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso.

Respecto de las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional para los casos de amparo

contra amparo, es INCORRECTO afirmar que:

a. Puede ser objeto de amparo contra amparo la resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido dictada al margen de la mejor protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional.

b. El nuevo amparo podrá incluir como pretensión lo que ha sido objeto del primer amparo sólo si la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la convierte en inconstitucional; caso contrario, no procederá el “amparo contra amparo” por haberse configurado la cosa juzgada constitucional.

c. Puede ser objeto de amparo contra amparo la resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito judicial, y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido rechazada.

d. El órgano judicial correspondiente deberá admitir de manera excepcional, vía recurso de agravio constitucional, la revisión de una decisión estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las competencias. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja.

18. Sobre el ejercicio del control difuso en un proceso de amparo contra normas, es

INCORRECTO afirmar que:

a. El juez puede inaplicar una norma siempre que ello sea relevante para resolver la controversia sometida a su conocimiento, y sea en aplicación del criterio de interpretación conforme con la Constitución.

b. Si el Tribunal Constitucional ha confirmado la constitucionalidad de una determinada norma, los jueces no podrán ejercer control difuso respecto de ella.

c. Solamente de ser impugnada la decisión que ejerce control difuso, la sentencia expedida por dicho órgano debe ser elevada en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

d. Cualquier juez, en cualquier proceso a su conocimiento, debe preferir la Constitución sobre cualquiera otra norma de menor rango. Igualmente, debe preferirse la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

19. Respecto de la posibilidad de plantear demandas de amparo contra normas legales, es

correcto afirmar lo siguiente:

a. En un proceso de amparo contra normas el juez constitucional no hace ejercicio del control difuso.

b. Aun cuando se interponga una demanda de amparo contra normas de tercer rango, siempre deberá seguirse el procedimiento de la consulta.

c. No procede contra leyes cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional.

d. En el Perú rige la tesis admisoria moderada. Es decir, cabe plantear demandas de amparo contra normas heteroaplicativas.

20. Fidel Mamani Tejada interpuso demanda de amparo contra la Asociación de Propietarios y

Residentes de la Urbanización La Planicie, La Molina, por considerar que se viene

vulnerando sus derechos constitucionales al libre tránsito y libertad de asociación.

Señala el demandante que es residente de dicha urbanización La Planicie del distrito de La

Molina, donde la Asociación demandada ha instalado un sistema de control constituido por

tranqueras en las vías de ingreso y salida. En la vía de ingreso existen dos tranqueras; una

eléctrica, para el ingreso de los vehículos de los residentes que cuentan con una tarjeta

magnética, en su condición de miembros de la asociación demandada; y otra mecánica,

para el ingreso de los residentes que no cuentan con la referida tarjeta, así como para los

particulares, en general.

El caso es que el referido control perjudica al demandante, según el señala, pues se ve

obligado a ubicarse en la cola de ingreso de los vehículos que carecen de la citada tarjeta, y

esperar su pase, previo control del personal de vigilancia que maneja la tranquera

mecánica.

El Tribunal Constitucional estimó que aun cuando la orientación señalada por el petitorio

sugiere un trámite procesal propio del hábeas corpus (al invocar la lesión al derecho a la

libertad de tránsito) y no del proceso de amparo, el Tribunal considera que, al estar

comprometidos otros derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y la libertad de

asociación, la presente vía resulta la más adecuada para resolver la presente controversia.

Sobre este respecto, señale la afirmación INCORRECTA:

a. La suplencia de la queja es una excepción al principio de la congruencia, pues el juez

constitucional emitirá una sentencia un tanto más allá de los términos en que ha sido planteada la demanda.

b. La suplencia de la queja si bien es un principio procesal proteccionista, ejercido a favor del presunto agraviado, no guarda relación con la naturaleza antiformalista de los procesos constitucionales.

c. La figura de la suplencia de la queja no se encuentra expresamente contemplada en el Código Procesal Constitucional, pero sí puede entenderse como expresión del principio procesal constitucional de dirección judicial del proceso.

d. Por la suplencia de la queja se le permite al juez constitucional la posibilidad de suplir las deficiencias o imperfecciones de razonamiento en las que haya caído el demandante por error o ignorancia.

21. El Poder Ejecutivo está integrado por:

a. El Presidente de la República y el Consejo de Ministros. b. La Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de

Ministros; los Ministerios y las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo. c. El Presidente de la República, los Ministros y las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo. d. La Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los Ministerios y las Entidades

Públicas del Poder Ejecutivo.

22. ¿Personas jurídicas privadas pueden ejercer Función Administrativa?

a. No, la función administrativa es ejercida exclusivamente por entidades que forman parte

de la Administración Pública. b. Únicamente si existe una norma con rango de ley que así lo autorice. c. Sólo en el caso de empresas públicas que han sido privatizadas se considera que éstas

ejercen Función Administrativa. d. La función administrativa no es exclusividad de los estamentos estatales, sino también de

entidades privadas que prestan servicios públicos en virtud de una concesión, delegación o autorización del Estado.

23. El principio de legalidad, reconocido expresamente en la Ley N° 27444 – Ley del

Procedimiento Administrativo General, establece lo siguiente:

a. Establece una obligación para los administrados, a efectos que adecuen su conducta al

estricto cumplimiento de la ley. b. En el ámbito del Derecho Administrativo, este principio implica que las entidades de la

Administración Pública pueden realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley.

c. En aplicación de este principio, las entidades de la Administración Pública deben fundar todas sus actuaciones –decisorias o consultivas- en el marco normativo vigente.

d. Únicamente para la realización de algunas actuaciones, que conlleven la imposición de cargas o gravámenes para los administrados, las entidades de la Administración Pública deberán contar con autorización legal expresa.

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a. Una característica del acto administrativo es que los efectos subjetivos que produce son

concretos, de materia y situación jurídico –administrativa específica, lo que los diferencia de los reglamentos que son abstractos, generales e impersonales.

b. El acto administrativo se materializa en una declaración emitida por una entidad de la Administración Pública.

c. El acto administrativo está destinado a producir efectos jurídicos internos, es decir, al interior de la entidad que lo emitió.

d. El acto administrativo ha de estar sujeto a los preceptos del Derecho Público.

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a. En los procedimientos administrativos de aprobación automática, lo peticionado se

considera aprobado desde el momento en que se presenta ante la entidad la solicitud o el

formulario, sin que sea necesario adjuntar en ese momento todos los requisitos señalados en el respectivo TUPA.

b. Los procedimientos de aprobación automática son una clara manifestación del principio de presunción de veracidad.

c. En los pronunciamientos de evaluación previa se requiere que la entidad emita un pronunciamiento sobre la solicitud presentada.

d. La regla general aplicable a los procedimientos administrativos de evaluación previa es la del silencio administrativo positivo y la excepción, prevista para supuestos taxativos, es la aplicación del silencio administrativo negativo.

26. Los procedimientos administrativos trilaterales:

a. Son procedimientos en los que concurren dos o más administrados ante una misma

autoridad administrativa. No es necesario que entre estos administrados exista un conflicto de intereses.

b. Son procedimientos en los que la Administración es juez y parte del interés público al cual representan.

c. Son procedimientos especiales en los que convergen dos o más administrados, entre los cuales preexiste un conflicto de intereses los cuales deben ser dirimidos ante una autoridad pública competente.

d. Son, por ejemplo, los procedimientos orientados a obtener una licencia, concesión o una autorización.

27. Asumamos que la ley de creación de un organismo regulador establece que éste tiene,

entre otras facultades, la de tipificar -a través de un reglamento posterior- aquellas

conductas que constituyan infracción al marco normativo del sector. Marque la respuesta

correcta:

a. Dicha disposición sería inconstitucional pues vulnera el principio de tipicidad, según el cual

sólo por norma con rango de ley se pueden tipificar infracciones. b. Si bien la regla general es que las infracciones solo pueden ser tipificadas por norma con

rango de ley, como excepción, la propia ley puede autorizar para que a través de un reglamento se pueda realizar la tipificación de los ilícitos.

c. El principio de tipicidad establece un deber de reserva legal en materia tipificación de infracciones, deber que no admite excepciones.

d. La tipificación de conductas infractoras puede realizarse a través de cualquier norma, ya sea legal o reglamentaria.

Caso.

Responder las dos (2) preguntas que siguen al caso

Un grupo de personas naturales de distintas nacionalidades contrató con una empresa de

transporte terrestre para que las lleve desde la ciudad de Lima – Perú hasta la ciudad de Buenos

Aires – Argentina. En el itinerario pactado se estableció que los pasajeros llegarían a su destino

final en 72 horas; sin embargo, debido a la inexperiencia del chofer contratado por la empresa

de transporte, el ómnibus llegó a su destino con casi 48 horas de retraso. De acuerdo con lo

reconocido por el propio chofer, era la primera vez que realizaba esa ruta por lo que, al ingresar

al territorio argentino, tomó un camino errado por lo que terminó perdiéndose lo cual generó el

referido retraso.

Aplicando el marco normativo vigente en materia de Protección al Consumidor, responder las

siguientes preguntas:

28. ¿La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI sería la entidad administrativa

competente para resolver las posibles denuncias de los pasajeros?

a. No, el INDECOPI carece de competencia pues el defecto en la prestación del servicio se

produjo fuera del territorio nacional. Por tanto, los pasajeros afectados deberían plantear su denuncia ante la autoridad argentina competente.

b. El INDECOPI será competente solo respecto de los pasajeros de nacionalidad peruana. c. Es necesario determinar si existe algún convenio bilateral suscrito entre el Perú y

Argentina que regule la asignación de competencias para este tipo de caso. d. El INDECOPI es competente para conocer de estas posibles denuncias debido a que las

relaciones de consumo o contratos entre los pasajeros y la empresa de transporte se celebraron en el territorio nacional.

29. ¿Cuál sería la infracción en la que la empresa de transportes ha incurrido?

a. Se ha vulnerado el deber de idoneidad en la prestación del servicio. b. La empresa de transportes no ha incurrido en infracción alguna, pues la falta ha sido

cometida por el chofer inexperto, por lo que es a este último a quien se debe sancionar. c. Se ha vulnerado el deber de información pues la empresa de transporte debió informar a

los pasajeros que el chofer que los llevaría carecía de experiencia en la ruta. d. No se ha cometido infracción alguna pues un consumidor razonable esperaría la

existencia de alguna contingencia que pueda retrasar su itinerario.

30. Uno de los principios que debe guiar la actuación de los agentes en el sector

telecomunicaciones es el de neutralidad. De acuerdo con este principio:

a. El concesionario de un servicio de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el mercado, está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja que sus competidores.

b. El Organismo Regulador (OSIPTEL), al dictar las normas sectoriales, debe velar por la neutralidad de su actuación evitando parcializarse con alguna de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones.

c. Se vulnera este principio si es que una de las empresas concesionarias suscribe un acuerdo o contrato de interconexión con alguna de sus competidoras.

d. Las empresas concesionarias están terminantemente prohibidas de suscribir acuerdos de interconexión con sus empresas vinculadas.

31. En el escenario que dos concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones no se

pongan de acuerdo sobre los términos de su interconexión, el OSIPTEL deberá:

a. Respetar la libertad contractual de ambos concesionarios, en particular, su libertad negativa de haber decidido no contratar.

b. Sancionarlos imponiéndoles multas hasta que se pongan de acuerdo y celebren el respectivo contrato de interconexión, pues este último es de interés público.

c. Obligarlos a negociar nuevamente pero si no llegan a un acuerdo, respetar su decisión. d. Dictar un Mandato de Interconexión en la que el Regulador establece los términos y

condiciones que vincularán a estos concesionarios.

32. En los procedimientos administrativos seguidos ante la Administración Tributaria, la

primera instancia es la SUNAT y la segunda y última instancia administrativa es el Tribunal

Fiscal. Partiendo de ese dato, ¿la SUNAT tiene legitimidad para plantear una demanda

contencioso-administrativa contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal?

a. No tiene legitimidad pues ambas entidades forman parte de la Administración Pública. b. Sí tiene legitimidad pues en este tipo de procedimientos, la SUNAT no sólo actúa como

un órgano resolutivo sino también como el ente recaudador. c. La SUNAT podrá plantear este tipo de demandas únicamente si cuenta con la

autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas. d. La SUNAT podrá impugnar la resolución del Tribunal Fiscal mediante el Proceso

Contencioso Administrativo únicamente si dicha resolución incurre en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

33. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con:

a. La presentación de la denuncia ante la autoridad administrativa competente. b. La emisión de la resolución administrativa que así lo dispone. c. Las investigaciones preliminares realizadas por el órgano instructor, aunque el imputado

no ha tomado conocimiento de ello. d. La notificación de la imputación de cargos al presunto infractor.

34. ¿Cuál es la información mínima que se debe consignar en la imputación de cargos que se

notifica al presunto infractor?

a. Ello será decidido por el órgano instructor en función a cada caso concreto. b. Los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que

tales hechos pueden constituir, las sanciones que pueden generar, la autoridad competente para imponer las sanciones y la norma que le atribuye tal competencia.

c. Los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y las sanciones que pueden generar.

d. Únicamente los hechos que se le imputan a título de cargo.

35. Para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo se requiere:

a. Que el acto administrativo haya incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas

en el artículo 10 de la Ley 27444. b. Que el acto administrativo además de haber incurrido en alguna de las causales de

nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley 27444, agravie el interés público.

c. Que el acto administrativo haya incurrido en una grave ilegalidad. d. Que el acto administrativo no haya sido emitido por un consejo o tribunal regido por

leyes especiales, pues en ese caso no procede la nulidad de oficio.

36. Sobre el régimen de costas y costos en el proceso contencioso administrativo, es correcto

afirmar que:

a. Las costas y costos son siempre de la parte vencida. b. Las costas y costos las paga siempre el Estado. c. Es el juez el que determina a quien le corresponde la obligación de pagar costas y costos. d. Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de

costas y costos.

37. ¿Cuál es el objeto en el proceso contencioso administrativo? Marque la alternativa

correcta.

a. La actuación administrativa impugnable. b. La pretensión que el administrado plantea en su demanda. c. El acto administrativo. d. Tanto la pretensión que se plantea en la demanda como el acto administrativo

impugnado.

38. ¿Qué o cuáles son las actuaciones administrativas impugnables en un proceso contencioso

administrativo? Marque la alternativa correcta.

a. Únicamente los actos administrativos. b. Los actos administrativos y el silencio administrativo. c. Cualquier actuación u omisión de la administración pública, que suponga el ejercicio de

potestades o funciones administrativas. d. Cualquier pronunciamiento, silencio u omisión de la administración pública.

39. ¿En el marco del proceso contencioso administrativo, qué se entiende por principio de

igualdad procesal? Marque la alternativa correcta.

a. Significa igualdad entre los administrados. Ello, sin perjuicio de las prerrogativas de las que

goza la Administración Pública en este tipo de procesos. b. Este principio implica que, en el proceso contencioso administrativo, tanto el administrado

como la administración pública deben litigar en las mismas condiciones y sin que uno de ellos goce de prerrogativas.

c. Este principio no es aplicable al Proceso Contencioso administrativo. d. Significa que la Administración Pública mantiene las mismas prerrogativas de las que

gozaba en el procedimiento administrativo.

40. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde

al órgano jurisdiccional que conoció del proceso en primera instancia.

b. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde al órgano jurisdiccional que conoció del proceso en última instancia.

c. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde a la entidad administrativa demandada.

d. En el proceso contencioso administrativo no existe una etapa de ejecución de sentencias. 41. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la pretensión del demandante, el

Juez apreciará tal pronunciamiento y, previo traslado a la parte contraria, con su absolución o sin ésta, dictará sentencia, salvo que el reconocimiento no se refiera a todas las pretensiones planteadas.

b. En la medida que en el contencioso administrativo solo se discute la validez de un acto administrativo no es posible conciliar o transigir en él.

c. El proceso contencioso administrativo nunca puede concluir por transacción o conciliación.

d. En el proceso contencioso administrativo no cabe el desistimiento del proceso.

42. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. El Juez puede declarar la nulidad de actos administrativos no demandados. b. El Juez puede disponer el restablecimiento o reconocimiento de situaciones jurídicas

correspondientes a personas no demandantes. c. El Juez, al declarar fundada la demanda puede disponer la adopción de cuantas medidas

sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.

d. En el proceso contencioso administrativo no se puede formular ni mucho menos disponer el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

43. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. No caben medidas cautelares. b. Las medidas cautelares de innovar y de no innovar son, al igual que en el proceso civil,

excepcionales. c. El Juez solo puede dictar una medida cautelar cuando exista una sentencia favorable al

demandante, pues ello se deriva del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos.

d. En el proceso contencioso administrativo, la medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva.

44. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. En los casos en que la actuación administrativa impugnada establezca una sanción o

medidas correctivas, la carga de probar corresponde a la entidad administrativa. b. Los jueces no pueden incorporar medios probatorios de oficio. c. La carga de la prueba le corresponde siempre al demandante. d. No se puede ofrecer medios probatorios referidos a hechos nuevos.

45. Sobre el proceso contencioso administrativo, es correcto afirmar que:

a. La demanda contencioso administrativa no puede modificarse. b. Si planteada una demanda, la entidad administrativa realiza una actuación administrativa

que depende directamente de aquella que fue planteada en la demanda, el demandante puede incorporar al proceso una pretensión referida a esa nueva actuación administrativa.

c. En los procesos de lesividad es necesario agotar la vía administrativa. d. El tercero al procedimiento administrativo que quiera iniciar un proceso contencioso

administrativo, está obligado a agotar la vía administrativa.

46. Cesio demanda el desalojo de Ticio, señalando que habiéndole arrendado un predio, Ticio

incumplió el pago de la renta convenida por más de 6 meses. Cesio formuló y suscribió la

demanda personalmente, sin participación de ningún abogado, pues considera que por sus

estudios superiores (es economista y filósofo) no requiere de patrocinio ni autorización de

abogados. Ante ello, usted como Juez:

a. Admite la demanda señalando que el derecho a la defensa es una garantía constitucional,

y como tal no puede restringirse el derecho de Cesio exigiéndole defensa cautiva. b. Declara inadmisible la demanda y dispone que esta sea autorizada por un abogado, por

ser un requisito legal que garantiza un adecuado ejercicio del derecho de defensa. c. Admite la demanda señalando que la defensa cautiva lesiona el derecho a la autodefensa

y la libertad contractual de Cesio. d. Declara improcedente la demanda señalando que únicamente podría admitir la demanda

si existiese un acuerdo entre Cesio y Ticio de actuar ambos sin abogados.

47. Respecto de los principios del proceso, es INCORRECTO afirmar que:

a. Las normas procesales son imperativas y de orden público, por lo cual las formalidades establecidas en estas deben respetarse sin excepción alguna y priman sobre la resolución de la controversia.

b. La condena al pago de costas, costos y multas no contraviene el principio de gratuidad en el acceso a la justicia.

c. En el ordenamiento peruano la dirección y el impulso del proceso son responsabilidad de los jueces, ciñéndose a las facultades establecidas legalmente.

d. La iniciativa de parte en el proceso civil establece que el proceso se inicia a solicitud del justiciable, quien es el único que puede determinar las pretensiones a discutir.

48. Sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable marque la opción correcta:

a. El plazo razonable es una regla fija y definida que se infringe en todo caso cuando el

tiempo de juzgamiento sin sentencia supera el plazo legal establecido para ello, incluido los eventuales plazos excepcionales contemplados en las leyes procesales.

b. La única consecuencia jurídica válida a imponer cuando se concluye en la vulneración del derecho al plazo razonable, es la exclusión del proceso penal – sobreseimiento – a la persona que sufrió la afectación del referido derecho fundamental.

c. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para definir si se infringió o no el plazo razonable deben valorarse únicamente tres elementos: (i) complejidad de los hechos

materia de juzgamiento; (ii) conducta procesal del interesado y; (iii) la conducta de las autoridades jurisdiccionales.

d. Conforme al Tribunal Constitucional, el plazo razonable no es una fórmula cerrada que pueda fijarse en abstracto o asociarse a los plazos contemplados para las etapas procesales, sino que debe ser valorada en cada caso concreto teniendo como parámetro los siguientes elementos: (i) complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado y; (iii) la conducta de las autoridades judiciales.

49. Señale qué situación considera usted que es conforme al derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva:

b. Que un ordenamiento jurídico permita que la demanda sea rechazada liminarmente por el Juez por defectos subsanables, invocando en su justificación la carga procesal.

c. Que se dicte una norma que modifique la competencia del juez en determinados procesos, disponiéndose su aplicación a los procesos en trámite, invocando en su justificación una reforma administrativa en el Poder Judicial.

d. Que una norma restrinja el derecho a la defensa en algunos procesos en los que el derecho conste en un documento que lo recoja con carácter de certeza, en aras de facilitar su satisfacción, siempre que dicha restricción no impida de modo absoluto el ejercicio del derecho de defensa.

e. Que una norma restrinja de manera absoluta la posibilidad de dictar medidas cautelares. 50. Marque la opción correcta:

a. Un órgano jurisdiccional que está revisando una resolución contra la que se ha interpuesto

recurso de apelación puede declarar la nulidad de la resolución impugnada por un vicio insubsanable, a pesar que el impugnante haya formulado solamente una pretensión impugnatoria revocatoria.

b. Los errores in iudicando son errores en los que incurre el Juez en la aplicación del derecho material.

c. Quien tiene la condición de parte en un proceso puede impugnar una resolución judicial, cuando los considerandos de ella estén equivocados, a pesar que la parte resolutiva de ella, no lo afecte.

d. Una parte puede interponer dos medios impugnatorios cuestionando la misma resolución, por los mismos errores.