EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

EN EL MARCO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 21 DE MAYO.

Autora: Leslie Nicholls Coordinadora Ejecutiva Fundación Progresa

20 de Mayo de 2011.

UNA NUEVA DERECHA. La propuesta impulsada por el actual Gobierno iniciada durante la campaña presidencial, se autopromulgaba como un movimiento liderado por una figura presidencial con un amplio apoyo de la opinión pública, que aspiraba al quiebre del alineamiento político de los últimos veinte años ya estancados de concertación. Una derecha capaz de desmarcarse de la otra derecha tradicional, aquella que históricamente había evitado temáticas tales como asuntos valóricos, derechos ambientales, derechos de los pueblos originarios, alza de impuestos, entre otros. Ante este discurso, surgen las primeras fracturas al interior de la Alianza. La Unión Demócrata Independiente UDI, en su Consejo Ampliado, acuerda la necesidad de contar con una agenda política propia, desmarcándose de la estrategia gubernamental, para lograr hacerse un espacio en un Gobierno centrado en la figura del Presidente de la República, enfrentando con ello una sentida marginación de la colectividad del núcleo de poder en La Moneda. Las críticas a esta estrategia gubernamental incluso se hicieron presentes desde el interior de Renovación Nacional, siendo el entonces Senador Andrés Allamand quien hiciera presente que a su juicio se trataba de una teoría excluyente, desconociendo incluso el trabajo tanto de la UDI como de RN y los independientes para que Piñera fuera Presidente. El caso de la destituida intendenta del Biobío puso en la palestra la intensidad de dicha fractura. La decisión de la UDI de hacer pesar todo su poder político obligó a retroceder al Ejecutivo, mostrando con ello los límites de su propio accionar. Con este antecedente, el Presidente decide mantenerla en el cargo argumentando la inexistencia de irregularidades, la buena evaluación en su gestión, y la inexistencia de méritos para llevar a cabo una acusación constitucional. Frente a esta decisión, RN acata la decisión, pero se manifiesta en desacuerdo con ella, y son los diputados de esta misma colectividad quienes se muestran dispuestos a estudiarla en sus propios méritos ante el examen jurídico que inicia la Concertación en vistas a una posible acusación constitucional. Así, la estrategia gubernamental de un liderazgo principalmente radicado en la figura presidencial, las críticas sostenidas de parte del gabinete a la gestión de la ex Presidenta Bachelet en un intento infructuoso de erosionar su imagen, sumado a las permanentes concesiones valóricas y políticas al sector tradicionalista católico de la Alianza caracterizaron el posicionamiento mediático presidencial. La forma de actuar presidencial incluso fue criticada por los empresarios, cuestionando el personalismo de Piñera y la falta de una política comunicacional clara respecto de ciertas materias relevantes. La renuncia de Jaime Ravinet al Ministerio de Defensa, la crisis del gas en Magallanes, y la mala evaluación de la gestión del Transantiago detonaron en primer cambio de gabinete. Se incorpora a las modificaciones la fusión de los Ministerios de Energía y Minería, y se nombra a figuras emblemáticas de la Alianza en cargos ministeriales; Andrés Allamand como Ministro de Defensa, Evelyn Matthei como Ministra del Trabajo (designando al ex diputado Gonzalo Uriarte en su reemplazo, fortaleciendo con ello la representación de los sectores más conservadores de RN en el Senado), Laurence Golborne como Biministro de Energía y Minería, posteriormente a

Pedro Pablo Errázuriz en Ministerio de Transporte (antiguo colaborador de Piñera en LanExpress). Estos nombramientos aumentan las rivalidades internas y acentúan el rol conductor de Piñera. Pese a todos estos esfuerzos, la gestión gubernamental continúa arrojando resultados negativos. La última encuesta Adimark del mes de abril de 2011 otorga a Piñera una aprobación del 41%, pero una desaprobación del 49%. Éste indicador sólo ha podido ser revertido después del mediático y exitoso rescate de los 33 mineros de la mina San José, fecha en que según la misma fuente el nivel de aprobación de la gestión de Gobierno ascendió a un 63%. Un mes después descendió a un 50%.

LA NUEVA FORMA DE ESTADO (“THE CHILEAN WAY”) Otro eje del diseño político propuesto en la campaña electoral de Piñera fue un intento de modificar un Estado al cual se criticaba fuertemente por una burocracia innecesaria, establecida y aplicada por funcionarios públicos electos por una “dedocracia” netamente política, y que gracias al sistema de plantas de la Administración Pública se sentían tan seguros dentro de sus nombramientos que ya no sentían aquella motivación por el servicio público de la que ellos tanto se jactaban. Una primera medida para contrarrestar este parasitismo estatal fue el despido masivo de funcionarios públicos, la llamada “política del desalojo”, que implicó la salida de 10.000 funcionarios de sus cargos sólo en el año 2010, con lo que se liberó gran cantidad de recursos fiscales para nuevas y “mejores” contrataciones.

Lo mismo ocurrió en el Sistema de Alta Dirección Pública, donde a inicios de octubre de 2010 un 53% de los directivos elegidos habían sido desvinculados por falta de confianza política. En estos nuevos cargos vacantes, un 38% de los concursos fueron ganados por personas designadas a dedo como provisorias. En ese contexto, en octubre del mismo año, la Cámara de Diputados critica el fuerte incremento en el pago de honorarios y sueldos, encabezando la lista FONASA con más del 2.000%

Otra variable de esta nueva forma de Estado ha sido la privatización de activos

estatales. Bajo el argumento de acelerar la reconstrucción post terremoto, el Ejecutivo ordenó vender la participación estatal en las empresas sanitarias, estimando una recaudación de US$1.600 millones por la venta de la participación en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal, destinando los recursos a financiar CODELCO, EFE, Metro, Enap y los planes de Corfo , entre otras iniciativas del Gobierno. Ante esto los senadores de la oposición acusan de sospechosa la operación y no descartan llegar hasta el Tribunal Constitucional.

A este aviso se sumó la venta del 40% que mantiene CODELCO en E-CL

avaluado en US$1.000 millones, y el 100% de las acciones de CIMM T&S, firma que mantiene ventas por US$65 millones al año. Pese a la oposición concertacionista al respecto, un Decreto Supremo con fecha 15 de febrero aprobó la venta del 66% de la participación de Codelco en el Proyecto Inca de Oro en la III Región a la minera australiana PanAust.

Aún cuando el acuerdo por el Royalty minero no fue parte del proceso

privatizador, puso en evidencia esta misma orientación en el gobierno. La iniciativa aprobada al respecto incluyó una disminución de la invariabilidad tributaria a 6 años para los proyectos que opten voluntariamente por la nueva fórmula de impuesto específico a la minería (régimen general de tributación que incluye una tasa variable de 5% a 14% y que se aplica a los proyectos nuevos y a los que terminan la invariabilidad en 2018).

LOS CONCURRENTES CONFLICTOS DE INTERESES. El énfasis en la acción del sector privado, promovido por un elenco ministerial previamente vinculado al mundo de los negocios ha dado paso a los más diversos conflictos de intereses a tan sólo un año de administración. Entre éstos, destacamos:

- Luciano Cruz Coke, Ministro de Cultura, premio Fondart $12 millones al Teatro Lastarria 90, del que es dueño.

- Gabriel Ruiz Tagle, Subsecretario de Deportes: licitación de más de $300 millones a empresa de amigo de su jefa de gabinete.

- Cecilia Morel, Primera Dama, recibió donación que ascendió a un millón de euros para su Fundación INTEGRA, a dos semanas de la votación por la construcción de la central Hidroeléctrica Hidroaysén, donación realizada por Endesa, empresa que en conjunto con Colbún llevarán a cabo la construcción de la central Hidroeléctrica. A su vez, Eduardo Morel, hermano de la Primera Dama, es gerente de la división ingeniería y proyectos de Colbún, y miembro del Directorio Suplente de Hidroaysén, en representación de Colbún.

- El senador del PS, Fulvio Rossi denunció al seremi de la región de Aysén, Nicolas Terraza, el cual se le acusa de conflicto de interés por la compra de terreno de sus familiares, los cuales deberán ser vendidos a Hidroaysén para ser inundados en el proceso de construcción de la central hidroeléctrica.

Todos estos conflictos de intereses han pasado a ser parte constitutiva del nuevo

régimen al privilegiar un sesgo “corporatista” en su gestión gubernamental; esto es, saltarse a las instituciones democráticas que agregan intereses, y entenderse directamente con los grupos de presión. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

Dentro de otras reformas tendientes a proteger los derechos de los consumidores, el gobierno anunció la introducción de cambios en las políticas de subsidios habitacionales a contar de 2011, beneficiando con ello a sectores bajos y medios aumentando entre un 20% y un 50% los montos de los subsidios para acceder a la vivienda definitiva. Además se anunció el establecimiento del ingreso ético (salario ético familiar), sin cambiar el actual salario mínimo (desde el 1 de Julio es de $172 mil). Asimismo, y en un intento de desmarcarse de la imagen de ser un gobierno de empresarios millonarios sino una “nueva derecha”, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) prohibió las ventas atadas de productos en la banca, así como el alza unilateral en comisiones o cupos e líneas de crédito.

Otra de las promesas del Gobierno en torno a protección de los derechos de los consumidores se reflejó en el envió del proyecto de ley de extensión del postnatal y en la promesa de eliminación gradual y focalizada del descuento del 7% para salud a los jubilados. En síntesis, el diseño que se ha ido construyendo presenta serios problemas en materia de estrategia política, aún cuando se hayan implementado ciertas medidas de protección a los consumidores y se establezca una nueva forma de accionar del Estado.

LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS.

El 61,3 por ciento de los chilenos considera que el desempeño del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera -a punto de cumplir un año en el poder- ha sido "peor de lo esperado", según reveló el sondeo de Imaginacción y Radio Cooperativa, en colaboración con la Universidad Federico Santa María (USM). Los ítems peor evaluados en cuanto a la gestión gubernamental fueron los siguientes:

1.- RECONSTRUCCIÓN.

En lo que se constituye como el primer cuestionamiento a la reconstrucción post terremoto del gobierno de Sebastián Piñera, la Contraloría ordenó instruir varios sumarios, uno de los cuales apunta al “Comité de Emergencia de la Presidencia” (Comep), que fue dirigido por el ex ejecutivo del retail, Cristóbal Lira Ibáñez, debido a los millonarios sobrepagos en la compra de mediaguas para los damnificados. El funcionario actualmente se desempeña como jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. La investigación también incluye a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en otros aspectos como la falta de documentación que derivó en el pago de fondos fiscales. A modo de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril correspondía pagar el valor neto de $ 480.000 por vivienda entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de Emergencia de la Presidencia, se pagaron $505.000 por cada una, establece Contraloría. Si se considera que el gobierno instaló más de 10.000, la cifra alcanzaría a varios millones de pesos.

A esta situación, se añadieron tres sumarios ordenados por Contraloría por el sobrepago a las empresas Un Techo para Cristo (empresa asociada a la obra del Padre Hurtado) y Forestal Tromen. Contraloría acreditó que las viviendas de emergencia sufrieron un aumento aún mayor, llegando incluso a los $ 820 mil, violando “el precio superior máximo establecido”. La funcionaria del Comep, Francisca Justiniano Silva, señaló en la declaración que prestó ante los auditores de la entidad de control “que se hizo una alianza estratégica con ambas empresas, ya que ofrecían una vivienda mejorada, de especificaciones técnicas superiores a las exigidas. Además, indicó que estos proveedores ofrecían una alta capacidad de producción”.

En la misma línea, Contraloría objetó US$28 millones por compras de trato directo por parte de Comep y Onemi, sin licitación en el sistema de mercado público, específicamente para la compra de casas de emergencia. Como ejemplo de esta situación se puede señalar el contrato celebrado con doña Carla Ferrari Galaz por la provisión de 8.000 mediaguas a un valor total de $5.152 millones. Al respecto, esta proveedora no se encontraba inscrita en el registro mencionado y, como se verificó, no contaba con la capacidad operativa para dar cumplimiento a lo solicitado, entregando sólo un tercio de los elementos requeridos en el período especificado, según establece el informe de Contraloría. Hay que recordar que el pasado 8 de marzo, a días del terremoto y teniendo en cuenta el nivel de emergencia nacional, la Contraloría dictó la resolución exenta Nº 817. Esta última autorizó a que las entidades públicas compraran lo necesario para la reconstrucción y ayuda a los damnificados, sin someter los trámites a toma de razón, pero sólo hasta el 30 de junio. Ello, por cierto, no implicaba que los organismos gubernamentales no se apegaran a la legalidad. El jefe nacional de la Onemi, Vicente Núñez Pinochet, argumentó en su respuesta al organismo fiscalizador, que el sobreprecio pagado por las casas de emergencia, se debió al alza de los valores y la falta

de stock. Al respecto, Contraloría resolvió que “En atención a que no se aportaron antecedentes ni argumentos válidos que justifiquen el pago del incentivo económico por pronta entrega a algunos proveedores que no cumplieron ese requisito, corresponde señalar que con esa conducta se vulneró el principio de igualdad de los oferentes, por cuanto se concedió un beneficio que no fue conocido por los demás interesados”.

En tanto, el jefe de Abastecimiento de Onemi, el día 2 de junio de 2010 testimonió “que dicho Comité se encargó de gestionar el proceso de compra, selección del proveedor y determinación de la distribución de elementos, y que a la División de Abastecimiento de Onemi sólo le correspondió la emisión de la orden de compra. Además, confirma que el encargado de stock crítico de esa Oficina, dio sugerencias al aludido Comité sobre los proveedores habituales de Onemi”. Estas “sugerencias” incluyeron a las empresas D&S (Líder), Cencosud (Jumbo) y la fábricas de carpas Gillibrand. Las dos primeras recibieron del fisco más de $ 5 mil millones.

La Contraloría también descubrió “elementos de antigua data” olvidados en la bodega de la Onemi, algunos desde hace 20 años. Destacan 12 sillas de ruedas donadas hace 5 años por la iglesia mormona; además, sacos de dormir, carpas y toldos con 15 años de antigüedad. Al respecto, la autoridad indicó que se solucionarían estas anomalías. Para el organismo de control, en todo caso, no fue suficiente y ordenó un sumario. Lo anterior, en todo caso, es de responsabilidad de los jefes anteriores que estuvieron bajo los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet –la última fue la renunciada Carmen Fernández- pero también del actual.

En cuanto a la compra de alimentos para los afectados por el terremoto, la situación acreditada por la Contraloría fue más grave. En una visita realizada por los auditores del organismo al Centro de Logística del Regimiento Bellavista -el 30 de junio de 2010- constató que en una dependencia habilitada para el armado de cajas de alimentos, se encontraba una considerable cantidad de víveres, adquiridos a la empresa Cencosud, sin distribuir a las familias damnificadas. Hay que aclarar que la autoridad militar no tiene relación alguna con esta irregularidad, ya que sólo colaboró con el acopio. Este hecho, denota la falta de planificación y coordinación en el proceso de compra y distribución de esos elementos de emergencia, lo cual ha ocasionado la inmovilización de tales recursos.

Una buena cantidad de los alimentos a granel fue comprada a la empresa Jumbo, agregando que tales productos fueron importados desde Argentina vía terrestre, y los alimentos no distribuidos corresponderían al saldo no utilizado en la elaboración de 44.337 cajas de alimentos. El problema se suscitó al ser internados como “ayuda humanitaria”, en circunstancias que habían sido pagados con fondos fiscales, por lo que no corresponde, por la situación pendiente de aclarar por esa empresa, que los bienes se mantengan en forma indefinida sin ser utilizados en el fin para el cual fueron adquiridos. Junto a los sumarios anteriores, la Contraloría recordó que existe uno pendiente por los teléfonos satelitales que estaban en la Onemi y que para la crisis del terremoto no se encontraban operativos ni inventariados.

En otro ámbito, siempre en el marco de las irregularidades relativas al tema de reconstrucción, surge a fines de diciembre de 2010 la denuncia de que las intendencias no gastaron $160 mil millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y justamente las regiones más afectadas por el terremoto tenían el menor nivel de inversión; sólo se había utilizado un 71% de los recursos antes mencionados. Ante esto,

el 3 de noviembre distintos parlamentarios de la Concertación acordaron interpelar a la entonces Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, para evaluar la gestión presupuestaria y los gastos de reconstrucción. 2.- CORRUPCIÓN. 2.1 Magdalena Matte y el caso Kodama.

Si bien fuimos testigos de una campaña electoral que abrazó fuertemente la causa de la transparencia, haciendo hincapié en que sería un gobierno que bajo ningún punto de vista permitiría ni el más leve atisbo de gestión con olor a malversación de fondos, sobrepagos, y otras tantas triquiñuelas que ya se habían visto a lo largo de los años de los gobiernos de la Concertación, varias son las razones que nos han dado para ponernos a pensar en una gestión de continuidad respecto a las políticas gubernamentales atingentes.

El primer caso salió a la luz luego de que la ex Ministra de Vivienda, Magdalena Matte hiciera público un acuerdo extrajudicial con la empresa constructora Kodama, por el retraso en el pago de los sobrecostos que significó la construcción de un corredor del Transantiago en la avenida Pedro Aguirre Cerda, por $17 mil millones, según respaldó un informe del Dictuc de la Universidad Católica. Sin embargo, un informe posterior del Idiem de la Universidad de Chile cifró el pago en tan sólo $2.830 millones. Fue el director de finanzas de Vivienda, Daniel Johnson, quien pidió los antecedentes que respaldaran el millonario pago compensatorio y al no recibirlos por parte del Serviu, alertó de la eventual irregularidad en el proceso. Fue la propia ministra Matte quien paralizó el pago, realizó las denuncias administrativas y también ante la justicia ordinaria. Sin embargo su firma, que visaba el cuestionado convenio puso en jaque su gestión y dio paso a su salida de la cartera de Vivienda.

Fuentes judiciales indican que lo que se indaga en este caso es un eventual fraude al fisco en grado de consumado, pues pese a que no se concretó el pago la empresa constructora ya tiene en su poder el título ejecutivo con el cual puede exigirle al Estado el monto y éste documento, según el Código de Procedimiento Civil, permite el cumplimiento forzado de lo que en él se establece, en este caso del acuerdo extrajudicial al cual llegó Vivienda con la firma privada. Asimismo se pesquisan las eventuales presiones al interior de la cartera para que se autorizara el acuerdo, que se realizó sólo en 34 días, situación que levanta sospechas por ser poco frecuente esta rapidez en el proceso sobre todo con sumas tan elevadas como la que se menciona anteriormente. 2.2 La gestión Van Rysselberghe y la fractura al interior de la Alianza.

La gestión de Jacqueline Van Rysselberghe fue cuestionada en duros términos por diversos sectores políticos luego que el senador del MAS Alejandro Navarro diera a conocer unos audios en que se registraron polémicas declaraciones de la intendenta del Biobío mientras sostenía una reunión con habitantes de la población Aurora de Chile. En esa cita la autoridad regional les explicaba a los vecinos que había inventado una historia para que ellos resultaran beneficiados con subsidios destinados a damnificados por el terremoto, a sabiendas de que las precarias condiciones habitacionales de esos penquistas no era producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Luego de hacerse

públicos estos antecedentes, incluso algunos parlamentarios RN cuestionaron su gestión y se mostraron favorables a la acusación constitucional.

Luego de una férrea e infructuosa defensa de parte del Presidente Piñera a la

gestión de Van Rysselberghe, el día 3 de abril del presente el Mandatario solicitó la dimisión de la jefa regional con el fin de desactivar la acusación constitucional que la Concertación y el PC impulsaron en su contra y que se concretaría en mayo. El libelo ha divido a la Alianza, luego que diputados RN se abrieran a apoyar la acusación. 3.- EDUCACIÓN.

El 22 de Noviembre de 2010, en cadena nacional de televisión y posteriormente con un acto solemne en La moneda, el Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro de Educación Joaquín Lavín, lanzan la denominada “Gran Reforma Educacional”. Esta reforma apunta a dar educación de calidad en todos los niveles sociales, aludiendo a un gran acuerdo nacional –en son de buscar el apoyo correspondiente-, para comenzar el próximo año escolar (2011) con una reforma educacional profunda ya aprobada. El Ministro Lavín fue más allá, indicando que “con esto vamos a revolucionar la educación de Chile”.�

Algunas de las medidas de esta “Gran Reforma Educacional son;

• Aumento en la remuneración inicial de los egresados de pedagogía que estén en el 30% mejor evaluado de la prueba Inicia, medida que empezará a regir desde el próximo año. Será un bono mensual para los mejores evaluados. El 10% de los mejores resultados recibirán una asignación adicional de $150 mil; el siguiente 10% recibirá una asignación de $100 mil; el último 10% recibirá $50 mil de asignación, logrando una remuneración promedio inicial de $590 mil. Esta medida comienza a regir para los egresados que rinden la Prueba Inicia el 2011. El cuestionamiento que surge inevitablemente es ¿por qué transformar este Examen Habilitante en una competencia individual por obtener un bono que diferenciará desde un comienzo las remuneraciones docentes?

• Atraer a los mejores talentos a la carrera de pedagogía. La Beca Vocación de Profesor permitirá que los alumnos con más de 600 puntos en la PSU estudien gratis la carrera; con más de 700 puntos, además recibirán 80 mil pesos mensuales; y con más de 720 puntos, además tendrán financiamiento para cursar un semestre de intercambio en el extranjero. ¿Será esta medida suficiente como para darle un valor social a la educación, motivar una enseñanza de calidad y de excelencia?

• Para quienes ya ejercen la profesión docente, se triplicarán los premios con

Asignación de Excelencia Pedagógica, que premia a los mejores profesores del sistema municipal y particular subvencionado.

• El mayor plan de retiro voluntario de la historia, con bonos de hasta $20 millones para

cada profesor que se jubila. Al 2013, se podrá acoger a una jubilación digna un total de 16.900 profesores. Bono entre $1 millón y $2 millones a quienes ya están jubilados y que dieron su vida por la educación. Nada nuevo, pues éste proceso que se había iniciado en el gobierno de Bachelet.

• Los directores, líderes del cambio:

Serán elegidos por un sistema de Alta Dirección Pública Pedagógica. Se establecerán convenios de desempeño. Los Directores tendrán mayores rentas según el tamaño del colegio. Tendrán la posibilidad de armar sus equipos. Tendrán la atribución de cambiar al 5% de los profesores peor evaluados. Pero tampoco surge como una gran innovación del Gobierno, pues esto ya lo había propuesto previamente Educación 2020. Por lo demás, ¿qué ocurre con los convenios de desempeño vinculados a logros SIMCE o al desarrollo de un proyecto educativo integral?

• Los alumnos, más empoderados y autoexigidos:

a) Cambio curricular para fortalecer el aprendizaje de nuestros niños: 1.300 horas más de Lectura y Matemática en toda la vida escolar, este aumento contempla desde 1º Básico hasta 2º Medio. El anuncio sin embargo no hace referencia a la disminución de las horas de Historia y Tecnología.

b) Nuevas evaluaciones y más frecuentes. Simce de Educación Física, de Inglés, de Tecnologías. Con esto se establece de manera definitiva al SIMCE como el gran indicador estándar de la calidad educativa, sin mayor cabida a nespacios para el desarrollo de proyectos que busquen una educación integral.

c) Premiar la cultura del esfuerzo y que nuestros alumnos se esfuercen para ingresar a los Liceos Bicentenario o Liceos de Excelencia en pleno plan de implementación, una medida que beneficiaría sólo al 1% de los estudiantes chilenos, el resto se quedará en los Liceos No Excelentes (¿malos?)

d) Un plan de apoyo a los 1.000 colegios con peor rendimiento (¿medida para compensar la segregación creada con los Liceos de Excelencia?)

e) Nuevo material pedagógico en lenguaje y matemática. Pero ¿cual será el enfoque de este nuevo material? ¿Cómo se distribuirá? ¿Existirá capacitación docente para su implementación?

• � Las familias, comprometidas en el hogar y en el colegio:

a) Más y mejor información para los padres. Información detallada sobre resultados Simce y PSU para que puedan tomar mejores decisiones. Vemos como la competencia se torna parte esencial del “mercado educacional”.

b) Colegio virtual: los apoderados y alumnos podrán apoyar a sus niños al tener material pedagógico en línea. No es novedad tampoco, pues ya existe Educarchile.

c) Aumento Subvención Escolar Preferencial: permite dar mayor libertad a los padres para elegir y exigir más. Para el 20% de menos recursos aumentará a $82.000 al mes, lo que beneficiará a 400.000 alumnos el próximo año. Para el siguiente 20% aumentará a $78.000 al mes, lo que beneficiará a 400.000 alumnos el próximo año. Otra de las medidas propuestas por Educación 2020, sin duda un beneficio.

Por otra parte, durante los días previos a la Cuenta Pública, hemos sido testigos

de las multitudinarias manifestaciones por parte de estudiantes de la Educación Superior (los huérfanos de la reforma). Al respecto, Juan Manuel Zolezzi, Presidente de las Universidades Estatales, pidió al Presidente Piñera que diera anuncios concretos el 21 de Mayo, porque los “estudiantes tienen cada vez más dificultades con el financiamiento para sus estudios. El crédito con aval del Estado va a hipotecar el futuro de los egresados y de las familias que van a constituir”. Actualmente el crédito con aval

del Estado está en un 5.9% de intereses, monto considerado como “excesivo” por el Banco Mundial. 4.- NORMAS MEDIOAMBIENTALES.

Insensible a la movilización ambientalista que volvió a manifestarse (Caimanes, Central Castilla, Isla Riesco, Central Termoeléctrica Pacífico, entre otros), el gobierno redujo la exigencia a termoeléctricas y estableció la nueva norma que les permite mayores emisiones al subir los límites de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), manteniendo los de material particulado. 4.1 Isla Riesco

Durante los años 2000, la sociedad minera Isla Riesco, constituida por capitales de Empresas Copec y Ultramar, se adjudicó las minas Elena y Río Eduardo y Estancia Invierno, este último yacimiento se mantendrá en poder de BHP Billiton hasta el año 2017, fecha en que expira su contrato de concesión.

El 15 de febrero del 2011, en votación unánime, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó la creación de el proyecto Mina Invierno que Minera Isla Riesco desarrollará en la comuna de Río Verde para explotar los recursos carboníferos que se encuentran en la Isla, lo cual provocó una serie de manifestaciones y protestas en contra de la minera por el posible impacto ambiental que ésta tendría en la isla.

Los servicios evaluadores manifestaron su plena conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la compañía al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego de 13 meses de tramitación y de la incorporación de nuevas exigencias de manejo y seguimiento ambiental. Al respecto, el ejecutivo manifestó que "la comunidad de Magallanes debe estar tranquila pues el proyecto se llevará a cabo con altos estándares ambientales, equivalentes a los que esta industria aplica en países desarrollados y en estricto apego a las normativas". Según un comunicado enviado por la minera, el proyecto, que busca desplazar el 30% de las importaciones de carbón las que hoy provienen de Australia, Colombia, etc., requerirá una inversión total cercana a los US$ 500 millones y generará en una primera etapa cerca de 700 empleos para la fase inicial de operación, de los cuales, a lo menos, el 80% serán ocupados por trabajadores y profesionales de Magallanes. Pero aún el impacto ambiental real no es mesurable.

4.2 HidroAysén

HidroAysén es un polémico y controvertido proyecto que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur de Chile.

El complejo tendría una potencia instalada de 2.750 MW y una capacidad de 18.430 GWh de energía media anual, cuya inversión se estima en unos US$ 3.200 millones, constituyéndose como el proyecto energético más importante que se haya estudiado en ese país hasta la fecha. Según la empresa responsable, al año 2020, el

proyecto podría cubrir el 21% de la demanda del Sistema Interconectado Central (SIC). La construcción del proyecto contempla una línea de transmisión que transportará la energía desde la región de Aysén hasta Santiago, para ser inyectada al SIC mediante una línea de corriente continua que posee un tramo submarino entre las comunas de Chaitén y Puerto Montt.

La administración de HidroAysén está a cargo de una sociedad anónima constituida por las empresas generadoras de electricidad más grandes del país: ENDESA y Colbún S.A., cuya participación en la sociedad es de un 51% y 49% de las acciones, respectivamente. Con esto, ambas empresas pasarán a concentrar el 80% de la generación eléctrica del país, estableciendo un duopolio del mercado de energía eléctrica de Chile.

El proyecto fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera. La decisión fue tomada por 11 consejeros, de los cuales 10 fueron votos a favor y sólo 1 fue abstención. Sin embargo, 27 días antes el Comité de Inversiones Extranjeras ya conocía la decisión, antes que todo el resto del país.

Dicha decisión fue repudiada por un elevado porcentaje de la ciudadanía chilena. Diversas huelgas se desarrollaron en todo el país luego de conocerse la noticia. Los principales detractores esperan iniciar acciones legales en contra del proyecto, y han asegurado que se masificarán las protestas organizadas. Toda la planificación del proyecto no estuvo exenta de una fuerte crítica por parte de los sectores ambientalistas, así como de habitantes de la Región de Aysén y de todo el resto de Chile. En abril de 2011, el proyecto HidroAysén ya contaba con un rechazo creciente del 61% por parte de la ciudadanía, a pesar de la enorme campaña publicitaria que han realizado los responsables para revertir, sin éxito, estos resultados. Luego de aprobado el proyecto, el mismo mes este porcentaje de rechazo aumentó a un 74%.

4.3 Transgénicos

Precisamente mientras decenas de miles se manifestaban en las calles en contra del proyecto HidroAysén, el Senado aprobó el convenio UPOV 91, a través del cual los agricultores del país pierden el derecho a guardar las semillas de sus cultivos, y son obligados a comprarlas año a año a los productores internacionales de la simiente.

El convenio de la UPOV, firmado por el senado la semana pasada, otorga derechos a los “obtentores” de semillas, es decir, a las “personas que hayan creado o descubierto y puesto a punto una variedad”, o bien al empleador de esa persona. Esto significa que las empresas patentan las variedades de frutas y verduras que se siembran los agricultores, y luego les cobran un derecho por usar las semillas de esas variedades. Lo que logra en términos simples es que los agricultores tengan que comprar semillas todos los años, y que guardar las semillas de las plantas y sembrarlas sea ilegal, confiscándosele la cosecha al campesino.

Una serie de organizaciones se han manifestado en contra de la aprobación de este convenio, principalmente por los motivos explicitados más arriba, afirmando que son los campesinos más pobres los que pagarán el costo de esta adhesión. Pero por otra parte se teme que con el acuerdo todos los vegetales producidos en Chile sean

transgénicos, técnica usada ampliamente por las empresas “obtentoras”.

Asimismo, organizaciones indígenas han mostrado su rechazo a este convenio, argumentando que el Estado chileno no sólo le ha quitado la propiedad de sus tierras y agua, sino que ahora también regalarán sus semillas al capital internacional.

La UPOV, organización que propone estos convenios, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y fue fundada por los transnacionales del negocio de la semilla, principalmente el gigante Monsanto (que controla el 90% del comercio de la semilla transgénica), y empresas como Bayer y Syngenta.

4.4 El aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)

El anuncio hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que el país debe reducir sus emisiones de azufre y dióxido de carbono, principal causante del efecto invernadero y los cambios climáticos.

El vicepresidente de OCDE, Kiyo Akasaka, dijo en Santiago de Chile que el país necesita utilizar más fuentes de energía renovable y depender menos del petróleo y el gas. "El nivel de azufre sigue siendo alto. Las emisiones de C02 casi que se han duplicado, por lo que hay una serie de retos que el gobierno chileno necesita enfrentar", dijo Akasaka. Sin embargo, el informe de la organización dice que, en general, el desempeño de Chile en el tema de medio ambiente es bueno, teniendo en cuenta el rápido crecimiento económico de los últimos 15 años, que fue del 108%.

5.- DERECHOS HUMANOS

Hemos sido testigos a lo largo del año de Gobierno de Sebastián Piñera de una gran contradicción en el abordaje del tema de los derechos humanos: por una parte, se han desarrollado acciones concretas destinadas a debilitar las instituciones estatales dedicadas al tema, y por otro, se ha reforzado la política comunicacional que muestra un compromiso activo con estos derechos.

Las agrupaciones de DDHH acusaron al gobierno de permitir la “impunidad”. Reclamaron por el estancamiento de sus causas en el Programa de DDHH del Ministerio del Interior, y por lo que consideraron un “desmantelamiento” del área de DDHH de la PDI y del Ministerio del Interior (ante el despido de tres abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio por “falta de confianza”). 5.1 Indulto Presidencial: un beneficio sólo para algunos.

El 25 de Julio de 2010, el Presidente Piñera -sorpresivamente- salió a defender su decisión con respecto a los planteamientos de las jerarquías católica y evangélica. "Un Presidente tiene que velar por la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y también la defensa de los derechos humanos", planteó, según archivos de prensa, justificando su decisión de no acoger la propuesta de las iglesias Católica y Evangélica para aplicar un indulto general con ocasión de la celebración del bicentenario y de excluir de cualquier beneficio a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad. Esto, porque tras oficializarse la determinación del Jefe de Estado se

abrieron dos flancos de críticas.

Por un lado, algunos sectores del oficialismo lamentaron la no inclusión de militares condenados por delitos cometidos durante el régimen militar en los posibles beneficios, mientras que desde la Concertación y las agrupaciones de derechos humanos, expresaron su escepticismo ante la posibilidad de que el Mandatario pudiera excarcelar a ex represores -que no cumplen condena por delitos de lesa humanidad- utilizando la fórmula del indulto "caso a caso". Sin embargo, y sorpresivamente ya que estaba no estaba contemplado que hablara sobre el tema, fue el gobernante el que salió primero a explicar su postura.

En paralelo, La Moneda se encargó de precisar que no habrá beneficios carcelarios de ningún tipo para condenados por casos de DDHH, hayan sido o no tipificados como de lesa humanidad. Aseveraciones a cargo de los ministros del Interior y de Justicia, Rodrigo Hinzpeter y Felipe Bulnes, respectivamente. "Van a quedar a fuera los delitos contra los DDHH, los delitos por narcotráfico, los delitos de sangre y los delitos contra menores", dijo el jefe de gabinete.

De hecho, la ministra vocera de gobierno, Ena von Baer, reafirmó esta postura tras el comité político de palacio: "Nos estamos fijando acá en la unidad nacional y en el respeto a los derechos humanos, por lo tanto, se van a excluir los delitos de lesa humanidad", dijo. Con esto, se salió al paso de ciertos planteamientos de la Alianza que criticaban la medida. "No corresponde que queden fuera ni militares ni civiles, lo que corresponde por razones humanitarias es que si son razones humanitarias se le aplican a todos", decía ayer el senador RN Alberto Espina, demostrando una vez más las diferencias de planteamientos al interior de la Alianza. No obstante, según altas fuentes, al interior del Ejecutivo no se realizarán distinciones entre crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos, ya que según afirmaron "el Presidente dejó en claro que ningún militar involucrado en este tipo de hechos será indultado".

En este marco, se argumenta que existen varios estudios del Ministerio de Justicia que plantean que no es posible jurídicamente -de acuerdo a los criterios establecidos por Piñera- beneficiar a militares encarcelados por este tipo de delitos. 5.2 La huelga de hambre Mapuche

Hoy, 20 de Mayo de 2011, se cumplen 66 días de la huelga de hambre protagonizada por los cuatro comuneros mapuches (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical) acusados del ataque al fiscal Mario Elgueta en el 2008, y por el cual fueron sentenciados a entre 20 y 25 años de cárcel. La huelga de hambre surge como una demanda por un juicio justo y sin la aplicación de la ley antiterrorista. La Corte Suprema acaba de conocer los alegatos de nulidad del juicio por parte de la defensoría y dará a conocer su resolución el 3 de junio próximo.

Los trámites del juicio ya se han prolongado por más de dos años y todavía no finalizan. Pablo Ortega, abogado de Héctor Llaitul, alegó a la instancia superior del poder judicial por el caso. El 3 de mayo pasado, la Corte Suprema aceptó acoger en trámites la solicitud, abriendo así una esperanza para los comuneros. Este recurso judicial busca la nulidad por vicios del juicio que condenó a los tres indígenas procesados por la Ley Antiterrorista (LAT), que por estos días ha sido cuestionada en diversas instancias, tanto nacionales como internacionales. El abogado Ortega señaló que las condenas sólo fueron posibles por el uso de herramientas de la LAT, destacando

la desventaja en el proceso que tienen los defensores, dado que permite el uso de testigos sin rostro (anónimos) y eso dificulta la preparación de preguntas y una investigación más exhaustiva por parte de la Defensa.

“Confiamos en que el Ministerio Público pierda este recurso, que la Corte Suprema acoja los alegatos de la Defensa toda vez que ha quedado en evidencia que la tesis -equívoca- de la Fiscalía, y dado que la prueba que acogió por mayoría el Tribunal Oral de Cañete se sustenta en una sola piedra angular: En la declaración de un testigo secreto”, declaró Ortega.

En su Informe 2010 “El Estado de los Derechos Humanos en el mundo”, Amnistía Internacional denuncia la falta de respeto a las garantías de los pueblos originarios. El documento destaca que los pueblos indígenas siguen sin reconocimiento constitucional y que se ha aplicado la Ley Antiterrorista que, según la organización internacional, debería ser derogada en este país.

5.3 El pueblo Rapanui

En medio de diversas protestas por la reivindicación de tierras ancestrales, arribaron las autoridades de Estado, titulares de las carteras de Obras Públicas, Bienes Nacionales y de Educación, en conjunto con los Subsecretarios de Desarrollo Regional y Agricultura en febrero de 2011 a Isla de Pascua, en el marco de los anuncios en materia de desarrollo del territorio que daría a conocer el Gobierno.

Marisol Hito, activista rapanui, señaló que ya no quieren las soluciones parche de las autoridades. Hito señaló que el problema se acentuó más luego del anunció del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que le otorga a una fundación los terrenos del Hotel Hanga Roa.

5.4 El Caso Bombas y la Salida del Fiscal Peña

El 8º Juzgado de Garantías, otorgó el día 3 de mayo de 2011, el beneficio de cambio de medida cautelar de “prisión preventiva” por “arresto domiciliario” a tres personas más de las que se encuentran acusadas por la Fiscalía Centro Sur. Anoche, Mónica Caballero, Andrea Urzúa y Omar Hermosilla durmieron en sus hogares, y enfrentarán las audiencias preparatorias, durante las próximas semanas, de cara al juicio oral que se espera comience antes de agosto. Con el cambio de medida cautelar, ya son 12 de las 14 personas detenidas (más una que permanece fugitiva) quienes han salido de la prisión para enfrentar al poder judicial, lo cual es interpretado por algunos de sus familiares como una clara señal de que las pruebas de la Fiscalía no son suficientes para argumentar que puedan pertenecer a un grupo terrorista. Francisco Solar y Felipe Guerra, son los dos que aún están en prisión y esperan cita con la Corte de Apelaciones, la cual definirá si se justifica o no mantenerles detenidos.

Ya habrían logrado el beneficio hace dos meses Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera -quien volvió a conseguirlo la semana pasada-, pero una apelación de la Fiscalía, cuando aún era encabezada por el ex fiscal Alejandro Peña, los devolvió a la prisión, donde asumieron una huelga de hambre que duró 65 días en total, junto a ocho de los y las imputados/as. La medida se declinó cuando un grupo de diputados presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista (LAT), una de las principales demandas de los/as huelguistas.

El juez del 8º Tribunal de Garantías, Luis Avilés, en dos días de audiencias preparatorias para el Juicio Oral, ha desestimado más de mil de las 7 mil pruebas que presentó la Fiscalía y desechado el testimonio de 25 de los 791 testigos que llevan los persecutores. Rodrigo Román, abogado de dos de los imputados, acusó que se han perdido un número considerable de las pruebas que se habrían utilizado para pedir la prisión preventiva. El diputado Hugo Gutiérrez señaló que si se han perdido pruebas, se debe establecer sobre quién caen las responsabilidades para ver si cabe que se hagan cargo penalmente dado que eso es constitutivo de delito.

El lunes 2 de mayo del presente, los diputados Sergio Ojeda (DC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez (PC) y Sergio Aguiló (ex PS), también miembros de la Comisión, acordaron con la Mesa de Trabajo que se ha formado con familiares de los y las detenidas/os y el Padre Alfonso Baeza (representando a la Iglesia), que presentarán una nueva propuesta de modificación a la LAT. El proyecto consiste en devolver la facultad de rechazar el procesamiento bajo esta Ley al Poder Judicial, al cual se le había quitado bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, fecha hasta la cual los jueces podían dirimir si correspondía o no procesar a los acusados bajo esta Ley especial, recayendo sólo en el criterio que establece la Fiscalía, hecho que ha permitido acusar a las personas de este caso y también a comuneros mapuche, recurriendo a prisión preventiva por largos períodos de tiempo y usar testigos protegidos (anónimos), contrariando el derecho internacional. Otro de los acuerdos que establecieron los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara con la Mesa de Trabajo, fue que llamarán al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter para interrogarlo sobre este caso, cuyas irregularidades se han traducido en contra de los derechos de los y las imputado/as, detenidas/os en condiciones que violan la presunción de inocencia y sin pruebas que justifiquen su privación de libertad.

El senador Andrés Chadwick señaló que “monseñor Baeza nunca se ha equivocado y sigue siendo un hombre de una sola línea, porque siempre ha defendido a extremistas, terroristas y violentistas”. El senador UDI, también desacreditó la opinión de la Defensora Nacional, Paula Vial, quien afirmó que se debe investigar la acusación de montaje que hay en este caso.

Otra arista del caso se abrió con la salida del Fiscal Alejandro Peña para integrarse al Ministerio del Interior, cargo que en principio sería para un función asesora, pero el tema no es menor para parlamentarios de la comisión de Constitución, que consideran parte de la poca regulación respecto de los cambios de funciones de los servidores públicos.

Mauricio Villarroel, esposo de Andrea Urzúa, mujer imputada en el denominado “Caso Bombas”, denuncia que este hecho demuestra que Alejandro Peña no llevó adelante una investigación independiente en el caso, porque se hizo explícita su cercanía con el Ministerio del Interior. “Los favores políticos se pagan. Efectivamente el ministerio del Interior y este gobierno a través del señor Hinzpeter están devolviendo el favor de procesar gente inocente en este montaje con un puesto en el ministerio” indicó Villarroel.

6.- COMUNICACIONES

El observatorio de medios Fucatel denunció el Decreto Supremo de 6 de Octubre de 2010 en que el Presidente Piñera da inicio a la adjudicación de concesiones para TV digital, en circunstancias que estaba en discusión en el parlamento la ley que regula el

régimen de concesiones. El DS faculta a la Subtel a asignar frecuencias definitivas a los concesionarios facilitando las inversiones al largo plazo y prolonga las concesiones por un plazo de uno a cinco años. La legislación sobre la nueva tecnología digital abrió la posibilidad de un debate abierto sobre la democratización de la televisión abierta, que surgió en Chile a comienzos de los años 60 como actividad exclusiva de las universidades tradicionales (Católica y De Chile), pero la nueva ley consolida el control de los actuales dueños privados del negocio de la TV. A juicio de los especialistas Chiara Sáez y Jaime Mondría, vinculados al Observatorio Fucatel, “esta ley podría mejorar el escenario señalado, pero en vez de eso, lo empeora (…) El proyecto de TV digital se ha vuelto cada vez más beneficioso para los actuales grandes canales de televisión, los mismos que los telespectadores evalúan negativamente”.

Aunque en la actualidad existen diversas señales pagadas de canales de cable y

televisión satelital, la nueva ley faculta a los dueños de la TV a cobrar por la mitad de sus transmisiones, que se supone seguirán ofreciendo su habitual calidad cero, más allá del fútbol. El boletín oficial de la Cámara anunció con todas sus letras que “en relación a la facultad de hacer nuevos negocios, se permitirá a los concesionarios destinar hasta el 50% del espectro de concesión para levantar señales de Televisión de Pago”. Los grandes operadores actuales de la TV tampoco necesitarán concursar para obtener una concesión digital, según los artículos II y III transitorio de la ley aprobada por Diputados. Pero los legisladores coincidieron en no otorgar este mismo derecho a los canales regionales, locales ni comunitarios que actualmente se encuentran funcionan y suman más de 100 estaciones en todo el país. El Observatorio Fucatel anotó que “estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en este caso de los distintos modelos de televisión existentes en Chile. La ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo”.

Casi en clandestinidad se han realizado las discusiones en el parlamento al respecto, generando el más absoluto desconocimiento por parte de la población general. El gremio de actores que trabajan en televisión también se quejan del silencio que ha invisibilizado el conflicto que mantienen con las estaciones por el incumplimiento de una ley de 2008 (N° 20.243) que obliga a los canales a pagar por las repeticiones de sus actuaciones. En abril de 2011 llegaron a manifestarse convocados por Chile Actores, organización gremial presidida por Esperanza Silva. La agrupación ya presentó demandas civiles contra la televisión pública TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión. Claudio Arredondo, de Chile Actores, explicó: “Esta es una ley aprobada en 2008 y no se ha aplicado. La ley autoriza a Chile Actores a cobrar hasta 2% de los ingresos brutos por toda emisión pública de una producción donde esté presente un actor (…) Nosotros queremos que se cumpla la ley…” 7. GÉNERO

Una esperanza de avance en torno al abordaje del tema de género en Chile se nos brindó a fines de octubre de 2010, fecha en que el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto para permitirle a la mujer ser la administradora de la sociedad conyugal (régimen conyugal al que se acoge el 54% de los matrimonios en Chile).

Sin embargo, y pese al reconocimiento de la labor de la mujer que dicha medida implica, hemos recibido por parte del gobierno golpes bastante bajos, quienes en cuanta ocasión tuvieron nos hicieron notar que necesitábamos instructivos para poder cumplir con labores básicas, como bañarnos, maquillarnos, vestirnos y comportarnos,

instalándonos con esas directrices en una época pre-freudiana en que el histerum navegaba por las diversas partes de nuestro cuerpo y los humores que dicha pululación generaban nos gobernaban, sin lugar al control racional. Así, al Sernam le pareció pertinente ayudarnos emitiendo un denigrante instructivo de capacitación dirigido a las mujeres que buscan insertarse en el mercado laboral en el cual se sugiere cierto código de vestuario, maquillaje y aseo personal. Lo mismo había hecho un tiempo antes el Sernatur para sus funcionarias.

Con todas estas medidas vemos como temas tales como atención a mujeres víctimas de VIF, políticas para enfrentar discriminación laboral, acoso sexual, quedan absolutamente excluidas de los planes gubernamentales hasta ahora. 8.- POSTNATAL

Con una serie de modificaciones fue despachado el día 19 de mayo de 2011 del Senado el proyecto sobre posnatal que incrementa el beneficio a los seis meses e incorpora a un espectro más amplio de mujeres de lo que inicialmente estaba propuesto en la iniciativa ingresada por el Ejecutivo. Uno de los cambios fue incrementar el tope para recibir los beneficios para las madres que reciben un salario de hasta 60 UF y no 30 como estaba planteado en el texto original. Este punto fue destacado durante la discusión por el presidente de la comisión de Salud del Senado, Fulvio Rossi, quien comentó que teniendo en cuenta los 35 millones que estuvo dispuesto a pagar el Ministerio de Vivienda por el caso Kodama en sobreprecio “eso es lo que cuesta un postnatal sin discriminación”.

El costo para el Estado fue calificado como un error por el Gobierno, quien a través del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, indicó que esperan revertir los cambios en la discusión en la Cámara de Diputados. “Vamos a modificar los problemas de financiamiento en la Cámara Baja y de esa manera las madres y los niños de Chile tendrán el postnatal de seis meses”, sostuvo el secretario de Estado.

Y aunque la iniciativa original del gobierno se diluyó luego de las indicaciones ingresadas durante toda la tramitación del texto en el Senado, la ministra vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, manifestó la alegría de la administración Piñera porque la Concertación se sumara a su iniciativa. “Con esto estamos cumpliendo uno de los anhelos más grandes de las familias y de las mujeres chilenas, un afán sentido hace muchísimos años y que se viene a hacer realidad con una promesa del Presidente Piñera y con un proyecto que ha sido aprobado en el Congreso por iniciativa del Mandatario”, dijo la portavoz de La Moneda.

En tanto, la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Ximena Rincón, sostuvo que el texto original presentado por el gobierno para ampliar el beneficio de posnatal, contenía una serie de elementos que lo transformaban en un retroceso. Por eso destacó los cambios hechos a la propuesta. “Hemos aprobado un proyecto corregido, mejorado, que recoge nuestras críticas desde un inicio, que además han hecho eco en el gobierno. por lo tanto no podemos estar más que contentos porque se extendió el postnatal, se amplió la cobertura y se eliminaron todas las restricciones en materia de fuero y amamantamiento al hijo menor de un año”, precisó la legisladora.

El proyecto de posnatal pasó de esta forma su primer paso en el Congreso y

ahora deberá ser discutido en la Cámara de Diputados a partir de la primera semana de junio. La iniciativa eso sí ingresa a la Cámara Baja con tres puntos rechazados por los senadores como fueron traspasar dos semanas del pre al posnatal, además de reponer el tope de 30 UF para el subsidio a la maternidad y el último referido a temas de redacción de la futura normativa.

9.- TRANSPORTES Durante el mes de febrero de 2011 se llamó a manifestación ciudadana, convocada por el Comité de Usuarios del Transantiago y a ella adhirieron distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, aduciendo las inquietudes ciudadanas sobre el funcionamiento del Transantiago, la poca participación de los usuarios y la preocupación por el aumento de tarifas sin que exista una real mejora del servicio.

El incremento en las alzas de las tarifas de transporte público fue defendido desde el ministerio de transportes por el titular de la cartera, Pedro Pablo Errázuriz, quien lo atribuyó a factores externos, como los precios del petróleo y otros insumos, y también a factores internos, como la evasión y el déficit financiero del sistema.

Los precios del Transantiago han aumentado en un 42,1% desde su instalación

en febrero de 2007. Sin embargo, el sistema sigue sin alcanzar números azules: Sólo se financia el 55.77 por ciento con el pago de pasajes y el déficit anual bordea los 350.000 millones de pesos. En los últimos once meses el costo de los pasajes acumula un alza de 160 pesos. 10.- RELACIONES INTERNACIONALES 10.1 Demanda Limítrofe Boliviana en La Haya

El Presidente Piñera estableció su posición respecto al tema limítrofe con

Bolivia, en forma posterior a una reunión de carácter reservado, el día 24 de febrero de 2011, con congresistas chilenos y miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, para alinearse tras un punto de vista común sobre la demanda marítima boliviana, preocupados ante las amenazas de que Bolivia acuda a la Corte Internacional de La Haya por la demanda marítima. En ella anticipó que el diálogo bilateral con Bolivia no contemplaría la soberanía. “Quiero decir con mucha claridad lo mismo que dije durante la campaña y que ratifico hoy día como Presidente: Chile no tiene problemas limítrofes con Bolivia. Quedaron todos resueltos en el Tratado de 1904. Y para mí, proteger la soberanía, el territorio y el mar chileno son una prioridad y un compromiso que asumo con mucha responsabilidad”, sentenció Piñera. Asimismo reconoció que en su gestión se avanzó “mucho” en la negociación bilateral. “Chile tiene una agenda de 13 puntos con Bolivia. Se ha avanzado mucho en esa agenda”, destacó. En agosto del 2009, en plena campaña electoral, Piñera expresó su rechazo a brindar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico; “No soy partidario de ceder territorio ni mar chileno ni soberanía chilena, pero soy partidario de facilitar el acceso de Bolivia a los puertos chilenos para su comercio exterior, fomentar mayores lazos de integración económica y de toda índole".

El 2006, Evo Morales y Michelle Bachelet consolidaron la agenda de los 13 puntos donde se incluye la demanda marítima. Sebastián Piñera ratificó, el 2010, el

diálogo bilateral, aunque descartó ceder un espacio con soberanía a Bolivia.

10.2 Demanda Peruana en La Haya

El día 19 de mayo del presente, se dio a conocer que Perú presentará en la Corte de La Haya el reciente acuerdo de límites marítimos suscrito con Ecuador como argumento a su favor en el diferendo marítimo que mantiene con Chile en ese tribunal, informó este jueves el canciller peruano José García Belaunde. "Este es un nuevo elemento y cuando hay elementos nuevos en un juicio se pueden incorporar al proceso, más allá de que haya concluido para el Perú la presentación de sus textos en La Haya", declaró García Belaunde.

Hace algunos días el Congreso peruano ratificó un acuerdo de límites marítimos

con Ecuador, y luego que se cumplan las formalidades de intercambio de notas el documento será inscrito en Naciones Unidas conjuntamente por ambos países, añadió el canciller. El acuerdo entre Lima y Quito establece los límites en base a acuerdos tripartitos marítimos suscritos por Perú, Ecuador y Chile en 1952 y 1954. Para Chile, esos documentos tripartitos tienen el carácter de tratados de límites, versión que Perú rechaza por considerar que sólo son acuerdos de regulación pesquera en el Pacífico.

En 2008, Perú demandó a Chile ante la Corte de La Haya reclamando 67.000

km2 sobre una zona de 90.000 km2 de mar territorial en su frontera, alegando entre otras razones, la inexistencia de un tratado de límites. García Belaunde planteó que "si de los tres países que firmaron los acuerdos de 1952 y 1954 dos de ellos logran un acuerdo de límites, eso significa que dichos acuerdos no son de límites", subrayó.

10.3 La Visita de Barack Obama a Chile

En marzo de 2011 recibimos la visita del Presidente de los Estados Unidos,

Barack Obama, en nuestro país, poniendo de manifiesto las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países en temas de cooperación política, económica, científica, militar, entre otros. Obama incluso ha calificado a Chile como “un cercano aliado”, y lo ha planteado como un modelo a seguir por las demás naciones latinoamericanas. La visita de Obama a Chile se planteó como una instancia para promover oportunidades económicas con nuestro país y con el resto de América Latina (a excepción de Cuba, como es de público conocimiento), asi como elevar la lucha contra el crimen organizado y enfrentar los retos de la seguridad energética y el cambio climático. En el marco de la visita de Obama, se firmó un Memorándum de Entendimiento sobre la cooperación nuclear civil, para facilitar el intercambio de información y mejores prácticas entre expertos para apoyar las evaluaciones de Chile sobre sus opciones energéticas futuras. Este acuerdo ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición política y organizaciones ambientalistas, que argumentaron sus críticas con la tragedia nuclear que vive Japón.

Ambos gobiernos renovaron su interés en continuar profundizando y ampliando las iniciativas de cooperación en el ámbito político bilateral y multilateral, de ciencia y tecnología, medioambiente, y en apoyo el desarrollo regional, entre otros. En este sentido, se destacan los acuerdos alcanzados en la cooperación triangular para

desarrollar proyectos en terceros países; profundizar la cooperación en Energía, Ciencia y Tecnología, sobre todo para producir electricidad, y proteger al Medio Ambiente.

11.- ASPECTOS VALÓRICOS.

Los temas atingentes a los ámbitos valóricos continúan siendo la piedra de tope del actual Gobierno, tanto en su relación con la oposición, como al interior de la misma Alianza.

Hemos visto con pavor el desentendimiento que tuvo el gobierno en el caso Karadima, caso que sólo tiene la visibilidad que debió una vez que el Vaticano decide realizar las investigaciones pertinentes. En igual ocultismo se ha actuado frente a las investigaciones de la Madre Paula Lagos, de las Ursulinas y otras varias congregaciones religiosas.

En otro ámbito, frente a la campaña contra el SIDA, el Movilh ha repudiado públicamente la estrategia publicitaria por los matices morales y religiosos que la atraviesan, siendo éste un tema que debiese ser tratado netamente como un tema de salud pública.

Generando nuevas tensiones al interior de la Alianza, el Secretario General del Partido Socialista, Fulvio Rossi, en conjunto con la Senadora Evelyn Matthei, presentan una propuesta legislativa para reponer el aborto terapéutico. Al mismo tiempo, el Presidente hace un guiño con el sector más tradicionalista y católico de la Alianza, cuando durante una reunión privada con el Papa Benedicto XVI en el Vaticano, Piñera expresa que el Papa valoró la actual política gubernamental “por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, incluyendo al niño que está por nacer, por ser esta una política que “defiende la vida y los derechos humanos en Chile y el mundo entero”.

Uno de los principales conflictos se produjo ante las uniones legales de parejas de convivientes, tema que en programa de gobierno se propuso dentro de la agenda valórica como algo a legislar con amplitud de mente. El debate entre la UDI y RN se centró en el avance de las iniciativas respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, frente a lo cual el gobierno desistió de enviar un proyecto al Congreso. El día 17 de mayo de 2011, y frente a los fuertes rumores de deficiencias de la agenda de gobierno en torno a ésta área, la Vocera de Gobierno adelantó que la cuenta pública abordaría el tema; “tenemos muchos temas que tienen que ver con los valores en nuestra sociedad donde queremos impulsar valores como la democracia, a través del proyecto de inscripción automática y voto voluntario, (además de) valores como fortalecer a la familia”, señaló la secretaria de Estado, sin hacer tangencial referencia a los temas relativos en el programa de gobierno. (Fuente: Cambio21).

El día 19 de Mayo de 2011 el Presidente Piñera dio inicio hoy al pago del llamado "bono Bodas de Oro", dirigido a los matrimonios que hayan cumplido 50 años de casados, iniciativa que se enmarca dentro de la "agenda social" del gobierno.�En la ocasión, el Mandatario hizo un llamado a fortalecer la familia, afirmando que "yo creo mucho en la familia, y creo que tenemos que apoyarla y fortalecerla, porque la familia es, después de Dios, lo más importante que tenemos en este mundo". Además, también pidió fortalecer el matrimonio, y enfatizó que esta institución debe ser "entre un hombre y una mujer". "También creo mucho en el matrimonio, en el matrimonio como debe ser: entre un hombre y una mujer, que se casan para compartir un proyecto de vida,

para generar una nueva familia, para recibir los hijos que Dios nos mande. Eso es algo muy bonito. Y siento que en Chile ni la familia ni el matrimonio tienen el reconocimiento que debieran", dijo.�Las declaraciones de Piñera se producen justo después de que los senadores de la UDI Andrés Chadwick y Pablo Longueira intentaran impulsar una reforma para declarar inconstitucional el matrimonio homosexual.�El proyecto buscaba establecer en la Constitución que "sólo un hombre y una mujer tienen derecho al matrimonio", aunque, tras las críticas de movimientos homosexuales, el senador Chadwick optó por retirar la iniciativa. 12.- MANEJO DE CONFLICTOS

Hemos visto como el estilo gubernamental se ha caracterizado por un desproporcionado despliegue de la fuerza policial (represión, con todas sus letras) que sólo en algunos casos ha cedido para abrir paso a la negociación. Así, llama la atención como el despliegue policial ha alcanzado a comuneros mapuches, al pueblo rapanui en su proceso de recuperación de tierras, a las trabajadoras de Lota durante la toma del Chiflón del Diablo, a los ciudadanos que se manifestaron en contra del alza del precio del gas en Magallanes, y últimamente a quienes se manifestaron contra la construcción de la central Hidroeléctrica de HidroAysén y a los Estudiantes en su movilización nacional. 13.- SEGURIDAD CIUDADANA

Sin duda el tema de la seguridad ciudadana fue uno de los caballos de batalla de la propuesta de gobierno, quienes denunciaron hasta el hartazgo el incremento en la cantidad de asaltos con violencia, la famosa política de “puerta giratoria” de la justicia frente a los delincuentes, y la incapacidad del nuevo sistema penal para dar abasto a estas nuevas necesidades sociales.

Pese a todas estas críticas y a la autopromoción en campaña de ser una solución al problema de seguridad ciudadana, hemos visto a través de todos los medios como la cantidad de asaltos se mantienen y/o incrementan en cada comuna. Peor aún, desgraciadamente fuimos testigos de un colapso en el sistema carcelario chileno con la muerte de los 81 reclusos de la Cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Si bien se trata de un tema de público conocimiento desde hace años, este trágico episodio reinstaló en la palestra el tema de los recursos asignados, la falta de cárceles, el hacinamiento, la política frente a la delincuencia y el aumento de reos producto de la reforma procesal penal. Según cifras oficiales, en la Cárcel de Colina II conviven 2.227 internos en un edificio con capacidad para 1.498, y el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría) cuenta con una población penal de 7.105 reclusos. En ésta última, en la sección de la calle 9, hay una población de 160 internos que no tienen celdas y deben dormir a la intemperie en carpas (incluyendo adultos mayores, VIH positivos e inválidos).

Con todos estos escándalos no extraña que el índice de la Fundación Paz Ciudadana – Adimark para el período octubre a diciembre de 2010 informara que si bien la victimización disminuyó de un 36.5% a un 33% y las denuncias aumentaron de un 52.6% a un 56%, los niveles de satisfacción con la actual policía bajan de un 46% a un 43.3%, con la Fiscalía de un 25.6% a un 24.5%, con Carabineros de un 5.4% a un 5.1% y con la PDI de un 5.3% a un 5.1%.

14.- LAS FUERZAS ARMADAS

La gestión del ex DC, Jaime Ravinet en Defensa fue configurando en nueve meses de servicio la mayor crisis del gobierno de Piñera. Se le criticó a través de un documento interno del ministerio por el copamiento militar del ministerio, comenzando con la designación del ex Comandante en Jefe del Ejército, general en retiro Óscar Izurieta, como Subsecretario de Defensa, y continuó con el despido de personal a contrata y la incorporación de 15 oficiales en retiro, entre generales y coroneles, donde figuraban dos ex comandantes en jefe.

El escándalo que detonó la crisis fue la queja de la firma británica MBL por irregularidades en la compra en US$16 millones a la empresa estadounidense AC de un puente mecano para reemplazar al antiguo puente que cruzaba el río Biobío dañado por el terremoto, producto de lo cual la Contraloría investigó al Ministerio de Defensa por el sobrepago de US$2 millones, pero el Subsecretario de las FF.AA., general en retiro Óscar Izurieta negó los documentos, aduciendo que se trataba de una compra secreta con fondos de la Ley del Cobre.

Asimismo la salida de Ravinet de Defensa dejó al descubierto graves situaciones ocurridas al interior de las FF.AA. Contraloría objetó la compra por US$1 millón de una vivienda para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Ejército Cristián Le Dantec, entre otras irregularidades detectadas en licitaciones, compras de pasajes aéreos, fletes y viáticos acaecidos entre los años 2007 y 2010.

Con la asunción en el cargo de Andrés Allamand, como titular de la cartera de Defensa, y pese a la llamada “doctrina Allamand” de transparencia de los procesos, se dio a conocer que la segunda antigüedad del Ejército, General Guillermo Castro Muñoz, Jefe del Estado Mayor, había sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por lo que organizaciones de derechos humanos exigieron su salida. A fines del mes de febrero de 2011 el ministro Allamand, en reunión con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló que “ni en el Gobierno ni en las Fuerzas Armadas van a participar personas que sean causantes directos de violaciones a los Derechos Humanos”. 15.- SALUD

Poco hemos sabido de la cartera de Salud durante este año. Si bien la imagen del Ministro Mañalich colaborando codo a codo con el rescate de los mineros fue una imagen que vimos hasta el cansancio en un afan de recoger un poco de la popularidad de un Golborne superstar en una de las carteras más impopulares por el volumen de trabajo, número de funcionarios, presupuesto y me atrevería a aseverar que la cartera con mayores diferencias socioeconómicas del país entre sus funcionarios.

Una de las reformas impulsadas por el Ministerio de Salud fue el Proyecto de

Ley de Comida Chatarra (Ley Super8) la que fue aprobada con imperfecciones por el Senado enfrentándose de nuevo en el Congreso los políticos de Gobierno y Concertación, a sabiendas que en Chile un 21,1% de los escolares presenta obesidad, situación que mantiene un alto índice de mortalidad entre niños, jóvenes y adultos.

Sin duda es un tema que tiene que ver con la educación y los hábitos alimenticios de la familia. Todo este proceso influye en la salud de los chilenos, tales

como la diabetes, problemas cardiacos, etcétera. Si esto continúa al ritmo en que va los expertos aseguran que en poco tiempo Chile se posicionará en uno de los primeros 10 lugares con mas niveles de obesidad en el mundo.

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió a esto como “una buena ley” que requiere perfeccionamiento, para decir luego que el Presidente Sebastián Piñera enviará un veto presidencial al Senado para que se proceda a corregir “lo que está malo a fin de evitar los problemas en la salud de los estudiantes”. El ministro, experto en salud, comentó que la ley prohibirá los “ganchos publicitarios” para evitar que los niños chilenos en el afán de obtener un premio, un regalo, una medalla o una figurita a través de la publicidad, desee un alimento que pueda ser perjudicial para su salud “ignorando lo que se entiende como publicidad engañosa”. 16.- MANEJO DE LAS RELACIONES CON LA OPOSICIÓN.

La oposición permanentemente se ha mostrado ausente de los conflictos sociales actuales, y siempre dividida ante las iniciativas legislativas del gobierno y presa de una permanente tensión estratégica entre aquellos que han propuesto refundar la Concertación como frente amplio y aquellos que no aceptan nuevos socios y diseños institucionales distintos. Sin embargo, se han mostrado absolutamente dispuestos a negociar y alinearse respecto a ciertos temas de interés común, cediendo a todo ideal político partidista imaginable. Detallo algunos en el siguiente ítem. 17.- REFORMA ELECTORAL 17.1 Inscripción automática y Voto Voluntario

El 10 de mayo del presente, el Senado aprobó por 32 votos a favor y una abstención la idea de legislar sobre el proyecto de Inscripción Automática y Voto Voluntario, iniciativa que ahora será debatida en las comisiones unidas de Constitución y Gobierno para la votación particular del articulado. El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, expresó la satisfacción del Ejecutivo, indicando que “con la aprobación de esta iniciativa se ha dado un paso fundamental en el fortalecimiento y profundización de nuestra democracia y también representa un avance relevante en el cumplimiento de la agenda democrática que impulsa el Presidente Piñera”. El personero valoró, asimismo, el respaldo brindado por los parlamentarios a esta iniciativa del Ejecutivo. Expresó “el agradecimiento del Gobierno a los parlamentarios, quienes aprobaron un proyecto muy necesario para el país, que aumentará el número de votantes y que es un anhelo de la gran mayoría de los chilenos, especialmente de los jóvenes”.

En esa línea, el titular de Segpres informó que la propuesta del Gobierno de inscripción automática permite incorporar a cerca de 4 millones de chilenos al universo electoral y rejuvenecer un padrón envejecido con cerca de 3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años. De hecho, dijo, de los 3 millones de chilenos menores de 30 años sólo 700 mil se encuentran inscritos y representan el 9% del padrón electoral.

El proyecto de ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario fue aprobado en general, en un nuevo e importante paso para la aprobación de una de las reformas políticas más importantes que impulsa el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El secretario de Estado hizo un llamado a los senadores miembros de la Comisión, quienes

deberán proseguir en la discusión del proyecto, para continuar en esta senda y así contar antes de las próximas elecciones municipales con inscripción automática y voto voluntario.

17.2Voto de los Chilenos en el Extranjero.

El 19 de Mayo de 2011, luego de recibir en el Palacio de La Moneda al Primer Ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al proyecto del Ejecutivo para permitir el voto de los chilenos que viven en el extranjero.�En el marco del encuentro con la autoridad sueca -quien realiza una visita oficial a Santiago-, Piñera dijo que "en Suecia viven mas de 45 mil chilenos, una comunidad muy importante, y por eso conversamos con el Primer Ministro nuestro proyecto de ley para dar derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero y que mantienen un vínculo con nuestro país".�"En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Que mantengan su compromiso, su vínculo, su sentido de pertenencia con Chile", agregó el Mandatario.�La iniciativa busca establecer que los chilenos que viven en el exterior mantengan cierto contacto con el país, específicamente, que hayan visitado Chile en el último tiempo, aspecto que es resistido por parlamentarios de la Concertación, quienes plantean que no debe exigirse ningún tipo de requisito.

17.3El Municipio de La Florida En marzo de esta año, el actor Jorge Gajardo presentó este miércoles su renuncia

a la alcaldía de La Florida argumentando problemas serios de salud que le impedirían seguir ejerciendo el cargo. La dimisión fue presentada por la esposa de Gajardo, la también actriz Mónica Carrasco, quien presentó una carta en una sesión ordinaria del Concejo Municipal, a la que el jefe comunal no llegó. El ex militante PS sufre una enfermedad cardiaca que en el último tiempo se agudizó lo que propició que sus familiares y amigos le solicitaran que se alejara de sus funciones para así tener mayor tranquilidad.

En las elecciones municipales de 2008 Gajardo derrotó al candidato de la UDI Gustavo Hasbún, con un 52% de los votos.

Su sucesor se definió por los miembros del Concejo Municipal, compuesto por dos UDI, dos RN, tres PS, un PPD, un PC y un DC. Rodolfo Carter (UDI) recibió el apoyo de la concejala PPD Inés Gallardo, lo cual le significaría el respaldo suficiente para quedarse con el puesto del renunciado Jorge Gajardo. El gremialista calificó el hecho como “una obligación”.

17.4 La “Ley Antidíscolos”

El congreso, con participación de todas las bancadas sin excepción, aprobaron una Ley de iniciativa parlamentaria denominada ley antidíscolos, que fija como limite la desafiliación de un partido político en 9 meses, para aquellos ciudadanos que deseen ir de candidato como independientes, en una clara, nítida e intencional voluntad corporativa de fortalecer los partidos políticos y fundamentalmente, sus decisiones cupulares.

En esta ley se juntan, confunden y amalgaman los intereses mas mezquinos y antidemocráticos de las directivas políticas chilenas, progresistas, derechistas y

pinochetistas, a un solo coro, le cortan las alas a una democracia que quería alzar su vuelo, fortaleciendo el autoritarismo y la transformación de los partidos políticos y alianzas o pactos, en verdaderos carteles, donde las jerarquías y oligarquías internas, monopolizan el poder y transforman la democracia en un chiste.

La Democracia Cristiana concurrió con todos sus votos a este atentado a la democracia participativa y popular, transformándola en una democracia férreamente tutelada por el poder económico y las cúpulas eternas, déspotas y poderosas que conducen desde hace una década, los actuales partidos políticos y que son, los grandes responsables de la mediocridad, la corruptela y el desprestigio de la politica.

Increíblemente en esta iniciativa, Longueira (UDI), Escalona y Andrade (PS), Larrain (RN), Walker (DC), Gomez (PRSD), TOHA (PPD) y Tellier (PC), han comido del mismo plato y bailado el mismo ritmo, en la idea de controlar férreamente al pueblo aun, en el ejercicio de sus libertades personales, sus derechos cívicos y la soberanía popular.

Aprobando la se hubiese otorgado un enorme poder a las cúpulas partidarias para que en sus Comisiones Especiales, nominen en cada partido, a los candidatos mas serviles, incondicionales y neófitos para los cargos de representación publica, dejando a voluntad de estas oligarquías fácticas, la realización de primarias solo en el caso de los Concejales, esto es, la escala mas baja de nuestra democracia, siempre que sea estrictamente necesario si los postulantes son del mismo lote o incondicionalidad interna.

La firma del Presidente Sebastián Piñera era el último trámite que restaba en La Moneda para enviar el veto que corrige el proyecto de ley. La decisión de enviar una corrección a la norma, que ya había sido despachada por el Congreso y se encontraba lista para su promulgación, es la culminación de una serie de negociaciones desplegadas en los últimos días por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, con jefes de bancadas y representantes de todo el espectro político.

Si bien la iniciativa -ideada por el senador DC Andrés Zaldívar y respaldada por la Concertación y el oficialismo- había sido cuestionada por el PRI, ChilePrimero y el PC, fue el reclamo del Partido Progresista (PRO), que preside el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el que motivó al gobierno a dar una última revisión a la norma.

Aunque el objetivo central del proyecto es dificultar la existencia de candidatos descolgados -endureciendo los plazos para que, quienes quieran presentarse como candidatos independientes, renuncien a sus partidos-, la norma también complica a las colectividades en formación.

En el gobierno explicaron que la idea del veto no es cambiar el fondo de la norma y sólo se busca hacer una excepción para que partidos nuevos o en formación, como el del ex presidenciable, puedan inscribir sus registros de militantes en una fecha más cercana a los comicios. Actualmente, la Ley de Votaciones y Escrutinios señala que la presentación de padrones de militantes sea dos meses antes de la inscripción de candidaturas, es decir, a cinco meses de cada elección.

Según el jefe de bancada de senadores de RN, Francisco Chahuán, la idea es mantener ese plazo de la ley original para las colectividades nuevas. "Me parece bien la idea del Ejecutivo de flexibilizar la ley para la formación de nuevos partidos", dijo Chahuán. Si bien Enríquez-Ominami ha acusado que la norma que complica la inscripción de su partido fue impulsada por la Concertación para perjudicar su opción en las municipales, Zaldívar señaló que la disposición fue elaborada a proposición del director del Servel, Juan Ignacio García, durante la tramitación del proyecto.

Pese a que un sector del oficialismo estaba reticente a apoyar el veto, en el gobierno primó el criterio de que promulgar la ley como estaba podría terminar victimizando al ex candidato y favoreciendo, de paso, la estrategia municipal de la oposición.

Bibliografía:

- “Barómetro de Política y Equidad”, Fundación Equitas y Friedrich Ebert Stiftung Chile. Capítulo 1: “El Primer Año: ¿Aire Fresco y Luz del Sol?” por Augusto Varas.

- www.emol.com

- www.cambio21.cl

- www.elciudadano.cl

- www.elmostrador.cl

- www.latercera.cl