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Estrategias RBC, una mirada del desarrollo inclusivo

Unidad Nº VI: Desarrollo inclusivo

Docente: Klga. Pierinna Gallardo Inostroza

ESTRATEGIAS RBC, UNA MIRADA DEL DESARROLLO INCLUSIVO

Temas:

1. Concepto de Desarrollo Inclusivo

2. Desarrollo Inclusivo de base comunitario

3. Cambios Necesarios

1. Concepto de Desarrollo Inclusivo:

La estrategia de desarrollo inclusiva, busca generar una inserción laboral, productiva y

social más satisfactoria y equitativa, asegurando de esta manera una mejor distribución

primaria del ingreso desde su gestación (Sunkel & Infante, 2006).

Una estrategia inclusiva debería orientarse en dos direcciones simultáneas: ampliación

de la diversidad productiva, disminución de la heterogeneidad productiva. Una

transformación de esta índole puede elevar los estándares de productividad e ingresos

en los sectores menos desarrollados, mejorando la calidad de vida de las familias

(Infante, Sunkel, & Molina, S, 2007).

Esta estrategia favorece un proceso de transformación, capaz de establecer asociaciones

de largo plazo (trabajo en red), con énfasis en la eficacia, flexibilidad, descentralización

y apertura a la participación social y política de los grupos más excluidos.

El desarrollo inclusivo debiese actuar en base a cuatro áreas de políticas, que actúan

como pilares para reforzar la cohesión social y el bienestar de grupos sociales creciente:

convergencia productiva, protección social garantizada, cambios institucionales y un

crecimiento económico sostenido con equidad (Infante et al., 2007).




Figura N°1: Áreas Políticas del Desarrollo Inclusivo

Fuente: (Infante et al., 2007)

El enfoque del desarrollo inclusivo contribuye a la sostenibilidad de la lucha contra la

pobreza, dando visibilidad a grupos en condición de exclusión y posicionándolos como

interlocutores en todos los espacios de diseño, implementación y evaluación de

programas y políticas públicas. Por lo anterior podemos ver que el desarrollo inclusivo

tiene una mirada desde los derechos humanos, bajo las siguientes premisas:

a. Todas las personas, sin distingo alguno, tienen derechos.

b. Todas las personas difieren en algún aspecto (etnia, género, credo, edad, condición

física o mental, gustos o preferencias, nacionalidad, visiones de mundo, entre otras),

en esto radica la diversidad y la riqueza humana.

c. Tener o no una deficiencia física o mental, es solo una más de las múltiples

características de la condición humana.

d. La construcción social de un ideal de persona, de un estándar o de una norma en

relación a las personas, niega la existencia de la diversidad y es la responsable de la

exclusión social y el prejuicio.

e. La sociedad ha sido pensada y construida a partir del ideal de persona o persona

“normal” (estándar).

Cohesión

Social

Crecimiento económico con equidad

Cambios Institucionales

Protección

Social

Garantizada

Convergencia

Productiva




f. Lo anterior, ha causado exclusión y pobreza a las personas que no se ajustan al ideal

social (Michelle Cordero, 2011).

Citando a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la

discapacidad es “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Considerando esta definición son necesarias dos condiciones para la presencia de la

discapacidad: la deficiencia y las barreras del entorno; convirtiéndose en una resultante

de la interacción entre ambas. Entonces la existencia de barreras de acceso impiden una

participación social plena y en igualdad de condiciones; en realidad lo que hacen es

violentar los derechos de las personas y colocarlas en una situación de exclusión y

pobreza (Naciones Unidad, 2008).

En la Reunión Consultiva Internacional para la Revisión del Modelo de Rehabilitación

Basada en la Comunidad celebrada en Helsinki, Finlandia, en 2003 se expone que

“deben proseguirse los esfuerzos por garantizar que todas las personas con

discapacidad, independientemente de su edad, sexo, tipo de discapacidad y nivel

socioeconómico, ejerzan los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros

de la sociedad” (OMS, 2003).

El derecho y la oportunidad de tomar cualquier acción y decisión aunque implique que

otra persona la ejecute, es lo que conocemos como tener vida independiente, tiene que

ver con la autodeterminación y la responsabilidad personal; se relaciona sobre todo con

el protagonismo de las personas con discapacidad y la participación activa en todos los

aspectos que afectan su vida, con la plenitud como ciudadanos y ciudadanas, con la

desinstitucionalización, con la ayuda mutua y con la confrontación con el sistema

institucional y social en el tanto es el sistema social el principal causante de la situación

de discapacidad de acuerdo a lo visto anteriormente en relación al concepto de

discapacidad. En este sentido, supone un proceso de toma de poder, de autonomía

personal y de creación de conciencia, que permite lograr la igualdad de oportunidades,

conocer y hacer valer los derechos y alcanzar la plena participación en todos los

aspectos de la vida (J. Vidal García Alonso, 2003).

El respeto y la promoción de derechos humanos, conlleva de forma explícita e implícita

el respeto por todas las manifestaciones de diversidad de las personas: clase, género,

nacionalidad, identidades nacionales, religión, preferencia política, preferencia sexual,

edad o generación, limitaciones en la actividad, situación económica, formas de conocer

y entender el mundo, entre otras. En el caso particular y dadas las condiciones de doble

exclusión de las mujeres, se hace necesario incorporar la lectura de género en las




situaciones que se viven dentro de las comunidades para abordar la especificidad y

tomarla en cuenta para las medidas afirmativas y soluciones de desarrollo que se

necesiten plantear.

El diseño universal, es considerado una herramienta del desarrollo inclusivo; por lo

tanto, deberá ser un principio aplicado para la implementación de todo lo que

promueva una comunidad en su entorno, sin embargo, será necesario hacer las

adaptaciones razonables para que los espacios que ya existen puedan ser accesibles. La

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en su Artículo N°2,

define al diseño universal como un “diseño de productos, entornos, programas y

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se

necesiten” (Naciones Unidad, 2008).

2. Desarrollo Inclusivo de base comunitaria (DIBC):

El Desarrollo Inclusivo tiene como objetivo la equiparación de oportunidades y la

reducción de la pobreza en procura de la construcción de comunidades inclusivas, en las

que todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, puedan participar

activamente de la vida social, política, económica y cultural de la comunidad. Como

estrategia, su propuesta medular es la organización y articulación de todos los actores

sociales presentes en una comunidad con participación activa de las personas con

discapacidad, sus familiares y organizaciones. El Desarrollo Inclusivo Basado en la

comunidad es un término que muchas veces se considera como sinónimo de la RBC, es

la forma de una comunidad y sociedad inclusiva para todos, incluyendo a las personas

con discapacidad.

Para lograr el objetivo de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, la RBC

desarrolla las capacidades de las personas con discapacidad, atendiendo sus

necesidades, asegurando la igualdad de oportunidades y derechos, y facilitando su

desarrollo para defender sus derechos. Además trabaja de la mano con la comunidad

para eliminar barreras que causan la exclusión de las personas con discapacidad (OMS,

2012).

Considerando que el DIBC se basa en un paradigma de derechos humanos, este debe

promover la participación social y reconocer la capacidad de las comunidades de gestar

sus propios procesos. Es necesario entonces, el respeto permanente por los procesos,

dinámicas, tiempos, particularidades culturales e idiosincráticas, valores y visiones de

mundo de las personas que habitan cada comunidad. Además implica, la capacidad de




promover los liderazgos y protagonismos de las personas que habitan la comunidad y la

participación de la mayor cantidad de personas; implica además la adopción de su rol de

facilitadores y no de directores del proceso; por lo tanto la participación comunitaria no

sólo es una necesidad institucional y un derecho humano, sino también, tendencia de la

mayoría de organismos internacionales y gobiernos nacionales de los últimos tiempos

(Bernardo Kliksberg, 1999).

La matriz RBC nos grafica la forma de trabajar para poder garantizar la cobertura

integral y el disfrute de los derechos humanos. Es por ello que se hace indispensable

promover el sustento de planes de acción y abordajes tomando en cuenta la integralidad

del ser humano (UNESCO OMS & OIT, 1994).

Luego de tener un diagnóstico de la comunidad para lograr avances en el desarrollo

inclusivo es necesario que un grupo de personas lo más representativo posible

(personas con discapacidad, familiares, miembros de asociaciones de desarrollo e

instituciones públicas y municipales), puedan gestionar las actividades que se

desarrollarán, constituyéndose como un comité local. Los Comités Locales de Desarrollo

Inclusivo Basado en Comunidad se entienden como verdaderos motores o cerebros que

activan, gestionan, articulan, colaboran y coordinan con los diferentes sectores

presentes en la comunidad; pueden ser entendidos como espacios para la articulación

de los diferentes actores para el desarrollo de la comunidad y el bienestar de todas y

todos sus habitantes. Es necesario aclarar que los comités locales no son quienes llevan

a cabo las acciones para suplir las necesidades de la población con discapacidad, si no

que “ponen en marcha”, y articulan los recursos y posibilidades ya existentes para tal

efecto; podrán gestionar así mismo otros recursos que la comunidad tiene, como por

ejemplo el conocimiento de sus habitantes, la fuerza de trabajo, el tiempo de algunas

personas que lo tengan disponible y otros recursos que no son necesariamente

institucionales sino de otros sectores sociales (Michelle Cordero, 2011).

Grills en el año 2016 demostró que la creación de un comité de desarrollo que

compartía recursos trabajando en red, lograba, a través de un bajo costo, la

conformación de redes capaces de trabajar por y para el desarrollo inclusivo en

discapacidad (Grills, Varghese, Hughes, Jolly, & Kumar, 2016).

En Chile el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, ha diseñado y puesto en

marcha la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), cuyos aspectos técnicos se

encuentran aprobados mediante Resolución exenta N°2596 de 2015. Además ha

declarado en su misión institucional el valor que la EDLI representa para la

implementación de sus productos estratégicos, ya que entrega la posibilidad de avanzar

en respuestas a los desafíos que establece la Declaración Universal sobre Derechos




Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las diferentes convenciones,

como protocolos ratificados por Chile, que se encuentren vigentes (SENADIS, 2015).

La EDLI tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los territorios, de

inclusión social de las personas en situación de discapacidad, sus familias y

organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a los Municipios con la finalidad de

impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para estabilizar una política pública

de largo plazo que fortalezca planes de inclusión social para las personas en situación de

discapacidad, desde los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones

comunitarias. Está dirigida a todos los Municipios que tienen Programa, Oficina o

Departamento de la Discapacidad, los cuales corresponden a 150 de 345 Municipios de

Chile, según la Encuesta Nacional sobre Gestión Comunal de la Discapacidad, Secretaría

Ejecutiva del Sistema de Protección Social en el año 2008 (SENADIS, 2017).

Con lo anterior es necesario recordar que las instituciones públicas y los gobiernos

locales, son parte de la comunidad. Por otro lado, la mayoría de las veces, los

funcionarios públicos y municipales habitan en la misma localidad en la que laboran,

por lo tanto, también comparten y son gestores de los problemas, sueños y anhelos de

su comunidad. Por consiguiente, el papel de las instituciones públicas en una estrategia

que procura el desarrollo de una comunidad para todas las personas que la habitan,

desde los problemas de la comunidad y con recursos de la comunidad.

El desarrollo inclusivo significa para las instituciones públicas, una oportunidad que

facilita el cumplimiento de sus planes, programas y metas de una manera más eficaz,

oportuna y sostenible, siendo que la comunidad aporta información (diagnósticos,

ubicación de las personas), recursos (conocimiento, fuerza de trabajo y tiempo) y la

organización que muchas veces las instituciones requieren para poder llevar a cabo su

trabajo. Así mismo, es una oportunidad para la institucionalidad y los gobiernos locales

de trabajar a partir de los problemas y necesidades detectados y sentidos por la

comunidad y no de la percepción que se tenga de los mismos. De esta manera se hace

indispensable que las instituciones se involucren desde el inicio en una estrategia de

esta naturaleza.

Dos escenarios posibles pueden presentarse para las instituciones y los gobiernos

locales en el desarrollo de la estrategia. La primera modalidad tiene que ver con una

decisión institucional de promover el desarrollo de la estrategia como parte de las

metodologías de trabajo en el abordaje a las comunidades y la segunda, el

involucramiento de la institución en iniciativas promovidas por otros actores.




Algunas funciones a destacar de parte de las instituciones y gobiernos locales en el logro

del desarrollo inclusivo son:

a. Facilitador: en este punto se debe cumplir con un rol promotor y asesor. La

promoción debe ser entendida como el conjunto de acciones que impulsen y

fomenten la estrategia en las comunidades y organizaciones. Posteriormente, si la

comunidad decide desarrollar la estrategia y así lo desea, la institución podrá ofrecer

un proceso de asesoría, capacitación y acompañamiento, esta asesoría,

fundamentalmente técnica, permite que los procesos comunitarios se orienten y

caractericen desde el modelo de derechos humanos. Así mismo, se orientan a facilitar

que las comunidades puedan analizar y definir las estrategias que se podrán ejecutar

de acuerdo a las condiciones y características de las mismas. Es por esto que la

asesoría técnica de la institución promotora, podrá abarcar tanto lo filosófico y

conceptual, como lo estratégico y metodológico.

b. Asignar de recursos (económicos y humanos): es necesario incluir dentro de la

planificación institucional, presupuesto para acciones específicas. Las actividades de

convocatoria o movilización de la comunidad alrededor del tema, las asesorías para

la elaboración de diagnósticos participativos, la elaboración misma de diagnósticos

participativos y las acciones de capacitación y asesoría, así como las que se deriven

del diagnóstico; deben ser contempladas dentro del plan de trabajo institucional.

Es importante tomar en cuenta también que aunque el Desarrollo Inclusivo con Base

en la Comunidad, es una estrategia que se desarrolla desde el nivel comunitario;

muchas de las necesidades requerirán respuestas que se gesten y articulen desde

otros niveles diferentes al local, por lo que se hace necesaria una coordinación y

articulación con los niveles regionales y nacionales. En el documento de posición

conjunta propone una estructura de gestión entre los niveles locales, regionales y

nacionales; de tal manera que la articulación no sea solamente de manera horizontal

con los diferentes sectores de la comunidad, sino vertical hacia las instancias

regionales y nacionales para la consecución de recursos, la elaboración de políticas y

lineamientos, entre otras cosas (UNESCO OMS & OIT, 1994).

c. Articulación interinstitucional, incidencia y negociación: Las instituciones que deseen

desarrollar la estrategia de desarrollo inclusivo con base comunitaria, deberán

considerar una tarea fundamental: la articulación interinstitucional e intersectorial.

Para alcanzar los objetivos propuestos de desarrollo inclusivo en las comunidades, es

necesario tener la habilidad de establecer alianzas estratégicas con otras

instituciones e instancias, firmar convenios de cooperación o de intervención




específica; realizar acciones de incidencia en los niveles regionales y nacionales y

poner en práctica la negociación.

3. Cambios necesarios:

Para poder avanzar en las estrategias de desarrollo inclusivo es necesario realizar

cambios estructurales, pero por sobre todo cambios en la concepción de base del

pensamiento inclusivo.

Los cambios institucionales deben ser en todos los ámbitos; tanto económico, laboral y

en la participación social. En lo que respecta a la institucionalidad económica las

políticas públicas deben cambiar y orientarse prioritariamente a elevar la

productividad, poniendo especial énfasis en el mejoramiento del entorno en que se

mueven las empresas pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor parte del

empleo productivo. Sabemos que en Chile hay cambios en la legislación con respecto a

la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero en el enfoque del

emprendimiento se ha mantenido siempre desde el micro emprendimiento, sin

estrategias de motivación y capacitación para lograr un mayor énfasis en el mundo

empresarial (Román, E., 2008). Además debería existir una distribución más equitativa

de los costos y de los beneficios en la comercialización de los productos finales, quizás

lograr que los dueños de empresas que presenten alguna discapacidad, ejemplo, tengan

una reducción en el pago de sus impuestos.

El nuevo diálogo social exigirá readecuar las instituciones, por lo cual debería crearse

una estructura participativa mediante una red de instituciones sociales de base (Sunkel

& Infante, 2006). Esta debería contar con la amplia participación del sector privado y de

las organizaciones de la sociedad civil de cada región y localidad. Entonces será

necesario garantizar la participación social para construir en conjunto una sociedad

capaz de garantizar el acceso equitativo de todas las personas a las oportunidades de

progreso y de protección social.

Cuando hablamos de protección social, sabemos que también requiere de un estado que

garantice oportunidades y protecciones básicas en condiciones de asegurar a todas las

personas por la vía de las políticas públicas (Lagos Escobar, 2008). El Estado es

responsable de formular y consensuar las políticas que mediante instrumentos públicos

y privados permitan garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos y los

recursos necesarios para ello, de acuerdo con las posibilidades de la economía.




En los países de escaso desarrollo científico-tecnológico, como es el caso de Chile, el

progreso tecnológico proviene fundamentalmente del exterior, incorporado en bienes y

servicios de capital importados. Por consiguiente, otro requisito esencial del

crecimiento incluyente es promover una marcada dinámica exportadora que permita

financiar la importación de estos, como también la de bienes y servicios de consumo que

el país no produzca o cuya producción nacional sea muy ineficiente, así como otros de

avanzado perfeccionamiento tecnológico que la economía nacional no está en

condiciones de producir y cuya demanda es muy dinámica. En este punto no debemos

olvidar que es de vital importancia las Tecnologías asistivas que requieren las personas

con discapacidad para mejorar su participación social, por lo cual este punto se hace

preponderante al a hora de pensar en el desarrollo inclusivo para las personas con

discapacidad y sus familias.

En la actualidad, los problemas relacionados con la desigualdad, la integración

comunitaria, la vida familiar, la protección del medio ambiente, la seguridad y la calidad

de vida ocupan un lugar cada vez más destacado (José Luis Machinea & Andras Uthoff,

2004)

Es un hecho ampliamente reconocido que en cualquier país el empleo es una de las

principales vías de inclusión social. Según la calidad del trabajo, el grado de inclusión de

los diferentes sectores sociales será mayor o menor y el tipo de inclusión más o menos

adecuado. Es por ello que las políticas de generación de empleo en beneficio de los

sectores de menor productividad, en especial de las personas desempleadas y que

pertenecen a la población pobre, constituyen el principal instrumento de las estrategias

de inclusión social, elemento fundamental para el afianzamiento de la democracia.

En Chile la Ley N° 21.015 que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al

Mundo Laboral cuenta con dos reglamentos, un para el sector público y otro para el

sector privado, los que fueron publicado en el Diario Oficial el 1 de febrero de 2018. Por

tanto, la entrada en vigencia de la ley es el 1 de abril de 2018. Dicha ley tiene por

finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto

en el ámbito público como en el privado (SOCIAL, 2017).

En el ámbito de la cooperación internacional, el concepto de desarrollo inclusivo no se

aplica en la puesta en marcha de las políticas generales, en muchas ocasiones este

concepto se ha circunscrito a las acciones de desarrollo centradas en ellas. Es necesario

incluir el aspecto de la discapacidad de manera transversal en las políticas de

desarrollo, desde un enfoque basado en los derechos humanos, de manera que esté

presente en todos los ámbitos de acción, incluidas las políticas generales, para conseguir

que la acción sea eficaz (Martínez Ríos, 2013).




Cuando hablamos de cambios necesarios no podemos dejar de mencionar la innovación

para el desarrollo inclusivo, donde surge el aprendizaje como mecanismo para generar

capital social; la relevancia de algunos actores que desde la innovación tradicional

tenían menor relevancia como las organizaciones intermedias, la población que

presenta una demanda por una solución a un problema, las universidades, entre otros; y

un método de innovación más flexible interactivo que parte no sólo de la creación de un

nuevo conocimiento como base para la innovación sino de la adaptación, el aprendizaje,

la imitación, la difusión, como medios fundamentales para la apropiación que genere, a

su vez, el desarrollo inclusivo (Hernández & Pérez, 2016).




Conclusión

Podemos decir entonces que el desarrollo inclusivo se puede aplicar en todo ámbito

considerando que es un término que parte desde la economía, que finalmente nos abre

camino al trabajo de los más excluidos. No podemos hablar de desarrollo inclusivo si no

nos referimos a los derechos humanos, los cuales serían el piso para ir avanzando en

esta estrategia.

Como pueden ver esta unidad incluye a todas las unidades anteriores porque el

concepto RBC es un inseparable del Desarrollo Inclusivo en discapacidad, que además

requiere de trabajo comunitario, participación social, un buen trabajo en equipo y por

sobre todo trabajo en red.

Creo que deberíamos instar a que el objetivo de impacto de las estrategias de RBC en el

mundo incluyan los avances que se requieren en desarrollo inclusivo con base

comunitaria, lo cual se puede convertir en nuestra hoja de ruta.




Referencias

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inclusive development. BMC Health Services Research, 16(1).

https://doi.org/10.1186/s12913-016-1589-x

3. Hernández, J. L. S., & Pérez, C. D. (2016). Innovación para el desarrollo inclusivo: Una

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8. Martínez Ríos, B. (2013). Pobreza, discapacidad y derechos humanos. REVISTA

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https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103997&idParte=

17. Sunkel, O., & Infante, R. (2006). Hacia un crecimiento incluyente (Foro Chile 21

No. 61). Santiago de Chile: Ediciones Fundación Chile 21.

18. UNESCO OMS, & OIT. (1994). Posicion Conjunta RBC.

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