ESTÁNDARES INTERNACIONALES RELATIVOS AL PLAZO RAZONABLE DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA (IMPLICACIONES Y CASOS)

MARCELA ZÚÑIGA

EL SALVADOR, 2014

Estructura del módulo 1.- Relación entre debido proceso y plazo razonable

2.- Origen de la garantía en el derecho internacional europeo

3.- Traspaso de los estándares europeos al sistema interamericano

4.- Criterios para determinar la razonabilidad del plazo

5.- Plazo razonable y prisión preventiva

6.- Actividad

GARANTÍAS GENERALES Y PLAZO RAZONABLE

Artículo 8.1 de la convención americana sobre derechos humanos

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Debido proceso y la garantía de plazo razonable en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

“Aquellos parámetros normativos del derecho internacional bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso…” (Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia)

Debido proceso y la garantía de plazo razonable en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

Corte Interamericana ha definido el debido proceso como una garantía límite a la actividad estatal que establece un deber para éste de organizar su estructura, con la finalidad de crear instancias procesales adecuadas que permitan a las personas estar en condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto estatal que pudiera afectarlos. (Corte I.D.H., Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párrafo 178) Este concepto es aplicable a todo orden normativo sea de carácter penal, civil, contencioso administrativo, etc.

¿Qué entendemos por plazo razonable?

Primeras manifestaciones de la garantía de plazo razonable: caso Wemhoff vs. Alemania 1968

Doctrina de los 7 criterios:

1. La duración de la detención misma

2. La duración de la prisión preventiva en relación a la naturaleza del delito, a la pena señalada y a la pena que debe esperarse en caso de condena

3. Los efectos personales sobre el detenido

4. La conducta del imputado en cuanto haya podido influir en el retraso del proceso

5. Las dificultades de investigación del caso

6. La manera en que la investigación ha sido conducida

7. La conducta de las autoridades judiciales

Elementos de plazo razonable según el tribunal europeo de derechos humanos

El Tribunal Europeo estableció las siguientes características de plazo razonable en una serie de fallos:

Los márgenes dentro de los cuáles deben contarse el plazo razonable de duración del proceso van desde el día en que se acusa a alguien y se extiende hasta el fallo que resuelva el fundamento de la acusación, incluyendo la resolución del tribunal de segunda instancia si se recurre (Caso Neumeister v. Austria. Sentencia de 27 de junio de 1968)

Elementos de plazo razonable según el tribunal europeo de derechos humanos

Imposibilidad de traducir el concepto de plazo razonable en un número fijo de días, semanas, meses o de años y en variar la duración según la gravedad de la infracción (Caso Stógmüller v. Austria. Sentencia de 10 de noviembre de 1969)

Para determinar si la duración de un proceso ha sido razonable o no, se debe atender a la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y la manera en que el asunto fue llevado a cabo por las autoridades administrativas y judiciales (Caso Eckle v. Alemania. Sentencia de 15 de julio de 1982)

Traspaso del concepto al sistema interamericano: Caso Firmenich vs. Argentina, 1989.

En este caso, la Comisión Interamericana por primera vez incluye tres elementos de la doctrina de los siete criterios del caso Wemhoff, para analizar el plazo de prisión preventiva a la que estuvo sometida la víctima del caso, a saber:

La duración de la detención.

La naturaleza de las infracciones que han dado lugar a los procesos en contra del denunciante.

Las dificultades o problemas judiciales para la instrucción de las causas.

Caso Giménez vs. Argentina, 1996.

“No se puede establecer en forma abstracta el plazo razonable de prisión sin condena (…) No se puede juzgar que un plazo de detención preventiva sea razonable per se, solamente basándose en lo que prescribe la ley (…) Cuando el término de detención excede un plazo razonable, debe fundamentarse en la sana crítica del juez, quien llega a una decisión utilizando los criterios que establece la ley.”

“La Comisión ha mantenido siempre que para determinar si una detención es razonable, se debe hacer, inevitablemente, un análisis de cada caso. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que se establezca una norma que determine un plazo general más allá del cual la detención sea considerada ilegítima prima facie, independientemente de la naturaleza del delito que se impute al acusado o de la complejidad del caso. Esta acción sería congruente con el principio de presunción de inocencia y con todos los otros derechos asociados al debido proceso legal.”

Caso Giménez vs. Argentina, 1996

“El tiempo razonable para la duración del proceso, según el artículo 8, debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso. “

Criterios para determinar la razonabilidad del plazo

Análisis global del procedimiento

Estudiar las demoras y sus causas

Ponderando elementos objetivos (periodo de tiempo, número de imputados, número de hechos delictivos) y elementos subjetivos (conductas de las partes y actividad de las autoridades)

El plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicte sentencia firme y definitiva.

¿Desde qué momento se comienza a computar la garantía de plazo razonable?

Procesos penales:

Primera etapa: desde la aprehensión del individuo, y en caso que no la hubiere, desde el momento en que la autoridad toma conocimiento del caso. El proceso concluía cuando se dictaba sentencia definitiva y firme. (Caso Tibi vs. Ecuador, 2004)

Segunda etapa: el plazo se principia cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de un delito (caso López Álvarez vs. Honduras, 2006)

Primer criterio: complejidad del caso

Se debe verificar la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, es decir, el órgano que practica el control de convencionalidad, que es aquel que debe explorar las circunstancias de iure y de facto del caso.

Se pueden generar los siguientes supuestos;

1. hechos complejos + pruebas difíciles, costosa, de tardía recaudación.

2. Hechos claros + problemas en la apreciación o calificación de los hechos + jurisprudencia cambiante + legislación incierta

Complejidad y algunas variables

Complejidad de la prueba

Pluralidad de sujetos procesales o la cantidad

de víctimas

Contexto en que se genera un caso

Masacres Conflictos internos armados Desapariciones forzadas

Segundo criterio: La actividad procesal del interesado

Análisis de la conducta activa y omisiva del interesado y su influencia

Distinguir aquellos actos que constituyen defensa de los que no

Tercer criterio: La conducta de las autoridades judiciales

La Corte Interamericana ha señalado como un deber de los jueces el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro de formalismo y la impunidad.

En caso de que permitan y toleren el uso de recursos judiciales con efectos dilatorios, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial

No es justificable el argumento de:

Insuficiencia de los tribunales

Carga de trabajo

La garantía de plazo razonable no es una simple ecuación nacional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto

Cuarto criterio: La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso

Caso valle Jaramillo vs. Colombia (2008)

Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.

Caso furlán y familiares vs. Argentina (2012)

Este caso exigió que las autoridades judiciales actuaran con mayor diligencia, debido a que de la brevedad del proceso dependía obtener una indemnización para la familia de la víctima, que estaba destinada a cubrir las deudas adquiridas por la familia para la rehabilitación de su hijo. la Corte consideró que la excesiva prolongación del proceso había incidido de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la víctima y su efecto tuvo un carácter irreversible

Plazo razonable y prisión preventiva

Artículo 7.5 convención americana sobre derechos humanos

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez o funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

Estándares y principios

“…mantener a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho, viola el principio de presunción de inocencia, adquiriendo el carácter de una pena anticipada.” (Corte I.D.H., Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párrafo 110.)

La jurisprudencia interamericana ha considerado que el plazo para esta medida no puede ser establecido en abstracto, ya que “su duración no puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo establece la ley, sino que debe estar fundada en la prudente apreciación judicial.” (CIDH, Informe No. 2/97. 11 de marzo de 1997, párrafo 18.)

Estándares y principios

“Existe una obligación para el Estado de probar de manera objetiva e informada la necesidad que justifica la aplicación de la prisión, y en aquellos casos en que considere que tales motivos son suficientes y relevantes, garantizar la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento con la finalidad de que la duración de ésta no sea irrazonable. (CIDH, Informe No. 2/97. 11 de marzo de 1997, párrafo 38.)

Principio de provisionalidad: necesidad de controlar que todos los presupuestos de la prisión preventiva aún subsisten, ya que desaparecidos sus fundamentos, el encarcelamiento debe cesar.

Estándares y principios

Todas las etapas del proceso deben cumplirse dentro de un plazo razonable. Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de procedimiento injustificado. (CIDH, Informe No. 12/96. Caso Giménez vs. Argentina. 1 de marzo de 1996. párrafo 70.)

El Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable para asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad procesal del sistema. La declaración de culpabilidad o inocencia es igualmente equitativa siempre y cuando se respeten las garantías del procedimiento judicial. La equidad y la imparcialidad del procedimiento son los objetivos finales que debe lograr un Estado gobernado por el imperio de la ley. (CIDH, Informe No. 12/96. Caso Giménez vs. Argentina. 1 de marzo de 1996, párrafo 76.)

CIDH, Informe No. 86/09. Caso Jorge, José y Dante Peirano Basso vs. Uruguay. 6 de agosto de 2009

Una vez que se vence aquel plazo considerado razonable, los Estados pierden la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de la privación de libertad de una persona. Por tanto, la prisión preventiva debe ser sustituida por otra medida cautelar menos restrictiva, pero en todo caso, se debe disponer la libertad del inculpado.

La necesidad de establecer un plazo razonable responde, precisamente, a la necesidad de establecer un límites más allá del cual la prisión preventiva no puede continuar, en aquellos casos en los que aún subsisten las condiciones que fundaron la medida cautelar. De no ser así, la prisión preventiva debe cesar, no ya por su razonabilidad temporal sino por su falta de fundamento.

Criterio rector: el cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto para el delito imputado

Esto no autoriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por ese término sino que el plazo sea razonable.

En el supuesto que constituye un límite, superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable.

Ello no admite una interpretación contrario sensu en el sentido de que, por debajo de ese límite, se presuma en que se haya superado ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aún más exigente.

Actividad: Caso Walter Bulacio vs. Argentina

El 19 de abril de 1991, la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o “razzia” de “más de ochenta personas” en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del estadio Club Obras Sanitarias de la Nación, lugar en donde se iba a realizar un concierto de música rock. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio, con 17 años de edad, quien luego de su detención fue trasladado a la Comisaría 35. En este lugar fue golpeado por agentes policiales.

Actividad: Caso Bulacio vs. Argentina

Los detenidos fueron liberados progresivamente sin que se abriera causa penal en su contra y sin que conocieran, tampoco, el motivo de su detención. Durante su detención, los menores estuvieron bajo condiciones de detención inadecuadas.

5 días después de ser detenido, Walter falleció como consecuencia de las golpizas y las malas condiciones de su detención.

Tras una serie de declaraciones de incompetencia de los Juzgados, la Sala Especial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional unificó la causa y la envió al Juzgado No. 9. El 28 de mayo siguiente, dicha autoridad decidió procesar al Comisario Miguel Ángel Espósito por delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante siete meses se tomaron aproximadamente 200 declaraciones y la causa se mantuvo en “secreto de sumario”;

Actividad: Caso Bulacio vs. Argentina

Entre 1991 a 2006, la defensa del Comisario Espósito interpuso más de 40 acciones judiciales, tendientes a dilatar el proceso: nulidades, sobreseimientos, recusaciones, entre otras.

La fiscal a cargo de la investigación solicitó el abandono de la defensa en el año 2006 por las acciones que dilación indebida que había sido ejercida.

La jueza fue sometida a un proceso de queja ante el Consejo de la Magistratura.

Actividad Instrucciones:

1.- Reunirse en 5 grupos de 10 personas cada uno

2. Discutir las siguientes preguntas:

¿Cómo debió ejercerse el control judicial en este caso?

¿Cómo consideran que debe ser el control judicial frente a casos en que la defensa dilate un proceso?

En su opinión, en un caso en que se evidencia una dilación indebida por una de las partes, ¿cuál debe ser el rol del juez?

Conclusiones

GRACIAS