Cecilia Carrizo y Mauricio Berger

ESTADO INCIVIL Y CIUDADANOS SIN ESTADO

Paradojas del ejercicio de derechos en cuestiones ambientales

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Índice Prefacio Escena primera: Encuentro y reflexión sobre nos-otros en la situación 1. Prácticas ciudadanas contra el genocidio. Conversaciones con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo (Cecilia Carrizo y Pastor Montoya) 2. Notas sobre las prácticas políticas en salud pública de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo (Mauricio Berger) 3. Filosofía, Teoría Política e Investigación Empírica (Cecilia Carrizo y Pastor Montoya) Escena segunda: Reconocimiento de actores y posiciones 1. Cronología de los posicionamientos de funcionarios públicos y actores de la sociedad civil, 2001-2004. 2. Ronda de Pensamiento con las Madres de Bº Ituzaingó Anexo. Escena tercera: Pensando en la situación I. ¿Será justicia? 1. Pensamiento situado y orientación de la acción política: el concepto de estrategia como saber práctico (Cecilia Carrizo y Mauricio Berger) 2. Criterios y prácticas de un estado incivil. La intervención del gobierno provincial y municipal (Cecilia Carrizo y Mauricio Berger) 3. ¿Será Justicia? Una reconstrucción de las prácticas de ciudadanos y funcionarios públicos en un caso de contaminación ambiental (Cecilia Carrizo y Mauricio Berger) II. Ejercicios de composición 1. ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Notas sobre la potencia y el bloqueo de la experiencia política de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba (Mauricio Berger) 2. La identidad de Madres en la lucha por los derechos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba (Eulalia Aylon, Marcela Ferreyra, Isabel Lindon y Cecilia Carrizo) 3. Genocidio encubierto en Barrio Ituzaingó Anexo, ciudad de Córdoba – Argentina (Eulalia Aylon, Marcela Ferreyra, Isabel Lindon y Cristina Fuentes) Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo 4. Hacia la construcción de un sentido compartido de justicia (Cecilia Carrizo) Escena cuarta: Impasse entre pensamiento crítico y pensamiento constituyente Formas de despojamiento de ciudadanía, ¿nuevas formas de genocidio? (Cecilia Carrizo y Mauricio Berger) Postfacio Bibliografía general

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Prefacio El presente libro es fruto de nuestros proyectos de investigación “Prácticas ciudadanas,

espacio público y estructuras institucionales del sistema político-administrativo en la ciudad de Córdoba 2001-2004”, “Estado incivil y ciudadanos sin estado. Desarrollos conceptuales e investigación empírica” y “Esfera pública estatal y esfera pública no estatal. La construcción de saberes prácticos para la actualización de la garantía y el ejercicio de derechos individuales y colectivos”, realizados desde el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.

En cada uno de estos proyectos nos esforzamos por superar cuestiones que identificamos como restricciones de nuestra práctica investigativa en el análisis de las prácticas ciudadanas post 2001. Considerábamos que las herramientas de que disponíamos, por un lado, seguían hechizadas por el discurso de la neutralidad valorativa y, por lo tanto, nos llevaban a no hablar de lo que queríamos hablar o, si lo hacíamos, nuestra “objetividad” sólo lograba restarle potencia a las acciones y antagonismos sobre los que queríamos pensar. Por otro lado, dichas herramientas eran constructos de otras realidades, creadas por protagonistas de otras escenas, que, usadas por nosotros, tenían un efecto perverso: constituirnos en extranjeros de los discursos de nuestros coterráneos y, peor aún, en ignorantes de los problemas de las luchas de nuestro tiempo, las luchas por los derechos.

Sintéticamente, la pregunta es: ¿Qué herramientas epistemológicas, teóricas, metodológicas y poéticas necesitamos para desplazarnos de un pensar y actuar colonizado, hacia un hablar significativo y un actuar efectivo?

Apelamos entonces a la construcción de una nueva perspectiva, próxima a lo que hoy se está desarrollando en torno a un pensar situado, generativo, crítico inmanente, para que nos provea del “coraje de aparecer”, nos permita superar el objetivismo, recomponiendo las relaciones entre nosotros, los problemas y los sujetos con los que interactuamos en la investigación. No entrar en el juego académico que apela a la autoridad para -vía la abstracción- ocupar el lugar del supuesto saber. Si los significados de los conceptos y el sentido de las acciones se juegan en la situación, donde tanto los protagonistas como nosotros estamos actuando, la formación de nuestro juicio sobre las instituciones y las prácticas debía adoptar nuevas estrategias y poéticas.

Buscamos acompañar las prácticas de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, colectivo que a partir de febrero de 2002 viene realizando acciones en defensa del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente a partir de la identificación de efectos -muertes y enfermedades- derivados de fumigaciones con agrotóxicos en los campos de soja aledaños, derrames de PCB de los transformadores de energía eléctrica, provisión pública de agua contaminada y enterramiento de residuos industriales. Intentamos aportar a su reconocimiento y justificación ético-política a través de un método que, lejos de simplificarlas, nos permitiera comprenderlas, comprender los límites y posibilidades con los que se enfrenta una acción por derechos en un caso concreto de contaminación ambiental. Este método, centrado en las acciones y los discursos de los protagonistas, resultó ser una sucesión de aproximaciones espiraladas por el que nos encontrábamos cada vez más inmersos en el juego del lenguaje de las luchas por que la vida y el ambiente constituyan derechos ciudadanos, sean reconocidos y garantizados por las estructuras institucionales del estado democrático de derecho y sean también ejercidos y defendidos por una ciudadanía activa. Nuestros conceptos y criterios no provienen entonces de un marco referencial armado a priori, sino de la constante necesidad de entender al resto de los partícipes en esta red intersubjetiva y de acudir a la imaginación teórica para nominar las concretas relaciones analizadas.

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La poética adoptada para narrar esta experiencia de investigación apela a la primera persona del plural y, espacial y temporalmente, a la imagen de las escenas. La posibilidad de comunicación también nos exige superar la literatura gris del informe, poniendo a consideración no sólo lo que se piensa sino el quién del que piensa. Así, iniciamos con la escena que denominamos: Encuentro y reflexión sobre nos-otros en la situación. “Prácticas ciudadanas contra el genocidio. Conversaciones con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo” presta testimonio de esta búsqueda; también “Notas sobre las prácticas políticas en salud pública de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo”, mostrando el trabajo orientado a configurar una expresividad que dé cuenta de las sensibilidades, estrategias y problemas que se ponen en juego en las prácticas; informa desde un actuar del investigador con los protagonistas en la lucha, identifica las tensiones y propone herramientas conceptuales para su superación democrática. “Filosofía, Teoría Política e Investigación Empírica” pone de manifiesto la intención de sostener nuestro compromiso con las prácticas ciudadanas también en un escenario académico, avanzando en el tratamiento de los desarrollos epistemológicos, teóricos y metodológicos que habilitan nuestra perspectiva. En la escena segunda: Reconocimiento de actores y posiciones, presentamos el trabajo de relevamiento y reconocimiento de la pluralidad de actores intervinientes en la situación. Cada actor, funcionario o participante en el espacio público, tiene una posición y también una responsabilidad. “Cronología de la participación de funcionarios públicos y actores de la sociedad civil” y “Ronda de Pensamiento con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo” brindan elementos como para identificar y reflexionar sobre ello.

Hemos denominado a la escena tercera, Pensando en la situación. Tras la pregunta ¿Será Justicia?, tomamos la palabra para participar activamente en la conformación del espacio público, someter a consideración el resultado de nuestro análisis de la red intersubjetiva, sus límites y posibilidades en relación al reconocimiento y garantía de derechos y su defensa y ejercicio. “El concepto de estrategia como saber práctico” presenta los ejes identificados a partir del trabajo sobre el público que conformamos en la Ronda de Pensamiento, integrada por todos aquellos a los que las Madres identifican como protagonistas relevantes en su lucha. Mientras que “Criterios y prácticas de un estado incivil. La intervención del gobierno provincial y municipal” y “¿Será Justicia? Una reconstrucción de las prácticas de ciudadanos y funcionarios públicos en un caso de contaminación ambiental”, presentan, vía el método reconstructivo, lo actuado por parte de funcionarios públicos del área salud y ambiente del gobierno provincial y municipal, producto del análisis basado en la revisión documental y en nuestras exhortaciones a dichos funcionarios respecto de los criterios y acciones desarrollados a fin de reconocer y garantizar los derechos vulnerados.

En este largo proceso de estudio, interacción y crecimiento académico, personal y político, hemos experimentado interrogantes, cruces con otros espacios de discusión académica y política que nos llevaron a ampliar nuestra mirada sobre el caso. A ellos los denominamos Ejercicios de composición: “¿Qué es lo que puede un cuerpo? Notas sobre la potencia y el bloqueo de la experiencia política de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba” y “La identidad de Madres en la lucha por los derechos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba”, constituyen ejercicios en donde lo que se pone en juego es cómo la apropiación interesada de conceptualizaciones críticas pueden enriquecer la investigación. “Genocidio encubierto en Barrio Ituzaingo Anexo, ciudad de Córdoba – Argentina” es un trabajo escrito por las mismas Madres, que da cuenta de la potencia de su capacidad para invocar/revocar a las autoridades públicas desde su reclamo de justicia y también de la alineación que significaría para nosotros interactuar con ellas como si fueran un objeto de investigación. “Hacia la construcción de un sentido compartido de justicia” intenta contextualizar nuestra búsqueda y aportar en los debates sobre las

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posibilidades y exigencias de un concepto de justicia acorde al principio democrático radical, que sostiene la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas que los afectan.

Por último en la escena cuarta que denominamos Impasse entre pensamiento crítico y pensamiento constituyente participamos en un debate que atraviesa nuestro momento actual, el uso del concepto de genocidio para nominar la suerte de los derechos humanos en los casos de contaminación ambiental: “Formas de despojamiento de ciudadanía, ¿nuevas formas de genocidio?” no sólo sintetiza el recorrido de investigación realizado, sino que también aspira a dar visibilidad a los urgentes cambios que se necesitan para la efectiva vigencia de los derechos.

Agradecemos a quienes han sido nuestros interlocutores en esta tarea de lograr una autocomprensión de la situación que haga justicia a los afectados, vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba y, extensivamente, a todos los que luchan contra las situaciones de contaminación en nuestro país. Especialmente a las Madres, por su sentido de ejercicio de la libertad, por su alegría, perseverancia y convicción, que, desde aquel instituyente 2001, vienen bregando por la efectiva vigencia de la vida y la salud como derechos ciudadanos.

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Escena primera: encuentro y reflexión sobre nos-otros en la situación 1. Prácticas ciudadanas contra el genocidio. Conversaciones con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo El punto de partida de las Madres

-En el caso nuestro, se han violado los derechos humanos y lo que nosotros estamos pidiendo es un derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano, que son prácticamente, si vos te das cuenta, un derecho que tendríamos que tener todos y ahora no lo tenemos. Es algo intransferible el derecho a la vida, y violar ese derecho, que es un derecho humano, hace mal a todo; han pisoteado lo más sagrado de una persona. Ellos, con las fumigaciones, nos han fumigado con avionetas, no les importó la gente, nadie fue capaz de decir: No, hay un barrio cerca... No, si no salía la gente, si no salíamos nosotros a pelear, esto todavía lo seguirían haciendo. Se frenaron gracias a la pelea. La organización surgió porque tuvimos que defendernos de algo que nos estaba dañando. -Empezamos como cualquier ciudadano que sabe que tiene derecho a pedir al gobierno, (...) que estaban violando los derechos. Uno empieza como se empezó en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre; la gente sabía que tenía que salir a la calle a reclamar y pasó eso... Había algo que estaba mal...” Observaciones

En el punto de partida, se reconoce el daño como violación de un derecho humano fundamental y el abandono de su custodia por parte de la autoridad pública. La agresión ambiental no sólo se relaciona con un daño físico, sino que es interpretado como una injuria a la persona que afecta a todos, como un mal social. Del esfuerzo por hacer cumplir a la autoridad su deber de prevención, control y auxilio a la población afectada, surge la constatación de una sociedad en la que la violación de derechos puede perpetuarse sin siquiera merecer la atención de la autoridad. Este “estado de situación”, luego de 20 años de reformas del estado, indica por un lado el agotamiento de éstas como discurso con una potencialidad transformadora y, por otro, la potencia develadora y generadora de las prácticas ciudadanas. Porque no bastó la mera presentación a las instituciones para que cesara el daño; también articularon un discurso y una práctica política de autodefensa. Las instituciones representativas

-Nosotros los juntamos, nosotras les exigimos a ellos, hicimos una carta donde decíamos que necesitábamos plantear una problemática y poníamos todo, y fueron. Los juntamos a todos y te digo que salimos llorando las que fuimos, porque nosotros pensábamos que ellos eran los que mandaban y nosotros los que teníamos que obedecer. Y entonces ellos nos decían porque no, por ejemplo el de ambiente: “¡¡¡Uds. no pueden venir a plantear de que se han enfermado por los agroquímicos porque los agroquímicos no hacen mal, yo tengo un campo allá!!!”, y nombraba… (se ríen), ése era el de ambiente. Entonces nosotros bajábamos la cabeza pero queríamos explicar lo que nos estaba pasando. Le explicamos todo pero salimos calladas; después volvimos a hacer la reunión y les dijimos: “Uds. nos tienen que

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escuchar porque nosotros les estamos pagando el sueldo a Uds. y Uds. no saben legislar. Porque si Uds. no saben legislar para el pueblo están mal educados”; y se quedaron callados. Así que pudimos dar la charla, pudimos explicarles. Después, eso si, tuvimos que ir a distintas partes; primero los teníamos a todos juntos y después separados, a estructuras separadas. A hacer los trámites, a la provincia que haga los análisis para saber por qué nos estábamos enfermando, a Nirich1 de medio ambiente lo mismo, al de agricultura para que controle las fumigaciones, que controle lo que se está usando, que haga análisis, y nos decía que ellos no hacían análisis, que ellos no controlaban los agroquímicos. “Entonces, ¿para qué son de agricultura?”; “porque los análisis se hacen en medio ambiente”, nos decía: “yo los pido, medio ambiente los hace y el trámite… eso me hartó y actualmente se está haciendo así, agricultura no puede hacer ningún estudio”. Y bueno, así hicimos, a todos los organismos solicitando que se haga ese estudio y se empezaron a dar los primeros resultados, que fueron en el 2002, que dio endosulfán en el agua.

-Estamos en contacto con muchas organizaciones, pero nos relacionamos sobre todo

con gente que está agrupada, vecinos como nosotros de distintas localidades (Colonia Caroya, General Paz, Montecristo...) y son gente que surge de los barrios a pelear por lo mismo. En Montecristo están con las fumigaciones, los agroquímicos; en Colonia Caroya también. O sea, son con los que más tenemos relaciones... con las ONG no tenemos un contacto tan fluido. Observaciones

Conversando acerca de cómo el grupo se diferencia de los partidos políticos, y

profundizando sobre lo que ellas consideran “lo sucio de la política”, el tema se desplaza a su experiencia en relación a las instituciones democráticas y sus funcionarios.

El ejercicio del derecho comienza con la petición a las autoridades. Ejerciendo ese derecho convocan a los representantes del pueblo en su espacio institucional –la legislatura provincial-, reconociendo los criterios de legitimidad constitucionalmente establecidos, asumiéndose como ciudadanos que concurren al lugar donde deliberan los representantes del pueblo, invitando al mismo tiempo y lugar a las autoridades ejecutivas. El ejercicio del derecho ciudadano aparece junto con el reconocimiento de una relación de dominación, que se confirma con la denegación de la palabra a la que las someten las autoridades y el incumplimiento de sus deberes. El espacio público estatal aparece como una estructura de comunicación fallida, en tanto que en él se esgrimen argumentos particularistas frente a un problema público. Ante el intento de disuasión, las peticionantes afirman la conciencia de sus derechos y las obligaciones de las autoridades. Recién entonces la demanda comienza a ser procesada por canales burocráticos que también empiezan a mostrar límites para hacer efectiva sus funciones específicas.

La ineficacia de las autoridades, instituciones y organizaciones públicas lleva a los ciudadanos a conformar una red de perjudicados sobre la base de su experiencia común. La política del agua en Barrio Ituzaingó Anexo

-Se llenan la boca diciendo que han hecho todo, cambiado el agua, que han cambiado el transformador. El agua se cambió porque nos levantamos todo el barrio a reclamar, porque el agua tenía endosulfán y bueno… también son los mismos del gobierno… nos hicieron

1 Ing. Sergio Nirich, Presidente de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, por entonces.

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firmar que no podíamos hacer juicio, una amenaza a toda la gente que fue, que estábamos haciendo los tramites, yo firmé también…

- Eso fue lo último, no pueden hacer eso…

¿Eso quién lo hizo?

-El ERSEP2, Aguas Cordobesas3, el dueño del tanque de acá, estaban todos. Firmamos

porque si no, no nos iban a dar Aguas Cordobesas. Habían dado Aguas Cordobesas pero en vez de directa, la habían pasado por el tanque. Cuando los vecinos ven que venía sucia, suben al tanque y ven que estaba sucio, que no lo habían limpiado. Anteriormente había habido una movilización, en vez de cargar con agua de pozo cargaban con Aguas Cordobesas. Ahí se vuelve a movilizar la gente, ¡viera lo que era el tanque ése!, hacía falta una válvula reguladora que elimine el paso por el tanque y ahí es donde viene (el problema). Tomaron muestras de esa agua... y se lo dieron a la policía judicial y nunca supimos qué pasó, nunca supimos los resultados… ese balde no existe, se perdió una muestra grandísima, la evidencia.

-La gente queda toda concentrada aquí y ellos (una delegación) se van a pedir la

válvula, y es allí donde les hacen firmar. Primero era que la bomba estaba en Chile y después fue acercándose la bomba, y así hasta que llego a Córdoba y bueno…

-Nosotros ahí tuvimos que sí o sí firmar, porque si llegábamos acá y les decíamos a los

vecinos que nos íbamos a quedar sin agua... ¡Hacía como tres o cuatro días que estábamos sin agua! Nos faltó tener una comunicación, porque los de Aguas, los del ERSEP, nos tenían secuestrados allá y no nos dejaban ir; si hubiéramos tenido una comunicación… No nos podíamos mover; si veníamos sin la bomba toda la gente nos iban a matar, pero nosotros en ese momento pensamos en la gente. Hacía 3 o 4 días que estábamos sin agua, la gente nos come el hígado… imaginate. ¿Qué hicimos? Dijimos: nos están extorsionando, no vamos a firmar; y otro firmó ahí nomás, y otros firmaron y yo empecé a calcular, cuando esta mujer se puso rebelde… digo, acá pasa algo y nos quedamos ahí sin firmar y uno empezó, golpeó la mesa y dijo el presidente del ERSEP: “¡si no firman todos acá no hay válvula y no van a tener agua!, así que o firman todos o no hay bomba”, a los gritos.

¿El presidente del ERSEP intercediendo para Aguas Cordobesas? Uds. se dan cuenta

de que la función del él no es ésa... su función es proteger a los ciudadanos. -Él es una pantalla; lo que pasa es que en ese momento… yo me doy cuenta ahora, con

el paso del tiempo te das cuenta, yo ahora me doy cuenta, a los dos años, cómo se venía armando la cosa con Aguas…

-El dueño del tanque, que dicen que mezclaba el agua, porque le compraba el agua a

Aguas Cordobesas, entonces imaginate si te podés ahorrar unos pesos… el del taque ahora nos hace las demandas, nos enfermó, nos daba agua de pozo, mató a no sé cuántas personas con esa agua contaminada que nos ha dado y encima quieren hacer remate y embargo de sueldo. Ése es el problema que tenemos ahora gracias al hombre este. Perder todo, hasta la salud. Él, muy apoyado. La política que llevaron adelante con el agua fue tremenda, porque cuando vino Chuit4 a decir que acá no pasaba nada, inmediatamente llegaron las intimaciones

2 Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 3 Empresa que tiene adjudicado el servicio de agua potable en la Ciudad. 4 Dr. Roberto Chuit, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba.

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(judiciales); está todo arreglado. Él dijo que en el barrio no había problemas, que era igual que cualquier otro barrio, y ahí nomás llegaron las intimaciones.

-El ministro en complicidad con el Centro Vecinal son duros. Empieza diciendo el

Ministro que él entendía lo que era vivir en un barrio donde se habían desvalorizado las viviendas, trataba de poner clima de paz y amor, que entendía lo que era vivir en un barrio donde los viejos eran discriminados y no conseguían trabajo. Todo eso como diciendo… estas locas… era muy clarito, y decía que acá el agua se había cambiado porque era agua dura y no porque estaba contaminada. Y decía: “a ver, Maldonado, hable usted…”

-O sea que ya antes lo habían organizado con la gente y sabían que no lo iban a atacar.

Observaciones

El caso del agua es presentado como una cuestión pública que afecta la salud de la población del barrio por representantes de vecinos, acción en la que participan las Madres.

En el relato y la reflexión posterior de las Madres se destaca la participación de una institución pública, creada en la provincia con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores de los servicios públicos privatizados, el ERSEP. Esta institución, en lugar de cumplir con su objetivo, es protagonista principal de la coacción ejercida sobre los vecinos para garantizar la impunidad del interés privado. Por un lado, esta acción los hace renunciar a sus legítimos derechos civiles; por otro, al aislarlos, al impedirles la salida, incomunicándolos del resto de los vecinos, les cercena su derecho político a asociarse para resolver este problema común. El desempeño del funcionario claramente desnaturaliza la función del organismo a su cargo. Esta estratagema no sólo viola las libertades políticas de los vecinos sino que resulta ofensiva del interés público que se pretendía que protegiera. Por su parte, la agencia del Poder Judicial actuante en este caso, la Policía Judicial, falla como investigador y custodio de la evidencia recogida, y al hacerlo libera al victimario de responsabilidad y expone a las víctimas a sus demandas judiciales. Por último, la actuación de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, el Ministro de Salud de la Provincia, revela en primer lugar su conjunción con el interés privado y en segundo, su coalición con la red clientelar del barrio para desarticular la autodefensa de los vecinos. El funcionario político busca dividir oponiendo interés material individual a bien público, desanimar y negar razón a la autodefensa de los ciudadanos. Soberanía y genocidio I

-El problema es que nos hicimos muy amigas del ministro. Mirá lo que nos paso un día, nos dijo: “vengan Uds., ¿quieren hablar con De la Sota?, vengan”. Nos cargó en el auto, acá estaba De la Sota, estaba Nirich, estaba el de agricultura, el del ERSEP, estaban todos los cabecillas, y nos dice: “¿quién va ha hablar de Uds.?” “Yo”, le digo. “Póngase al lado de De la Sota.” Y me puso al lado del viejo, la puso a Griselda acá, habíamos llevado a un enfermo, siempre andamos con un enfermo. Y de casualidad estaba la empleada de la abogada, la Marcela, que no sabíamos que era abogada. Y nos dijo: “¿cuál es el problema?, porque sé que están en un problema grave y estoy cansado de verlas que salen a pelear a la calle; yo, como gobernador de la provincia, les voy a dar una solución”. “Bueno, nos estamos enfermando todos de cáncer, no sabemos por qué, hay estudios que nos están dando esto, para saber esto tenemos los agroquímicos, el del endosulfán, el malathión, nos falta el de los metales pesados, que todavía no está.” “Sí, sí está”, dice. “No, el que está es el de los agroquímicos.” Yo sin

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saber que ellos ya los tenían. “Bueno -dice- yo no tengo problema de pasarle una topadora a todo el barrio ése. Si el barrio esta contaminado hay que sacarlo, yo no voy a permitir un genocidio dentro de mi provincia. Porque la provincia la manejo yo y no voy a permitir que la gente se muera de cáncer.” Y entonces dice el ministro: “No, ¿sabés lo que pasa?, es que falta un resultado”. Entonces dice: “Si esos resultados dan mal, entonces vayan preparándose…”. A los dos días dieron todos los resultados, dieron plomo, arsénico, todo, todo mal y dice: “ah, sí, Uds. quieren verme a mí…”. Dieron todos mal, ¡ellos creían que no iba a ver cromo y dio cromo y arsénico! Me dice: “Viviana, si dan mal los resultados vaya con el Ministro y me trae de nuevo al grupo y vamos a ver cómo hacemos”. Eso fue el año pasado. Dieron mal, fuimos a ver al Ministro y le dijimos: “llévenos a ver al Gobernador, que él dijo que si nos daban mal (los análisis) él iba a dar una solución”. “¡No, Viviana! Aparte, ¿cómo vamos a ir allá?; esperá un poco más, que el Gobernador no está en la provincia”. Y así nos tuvo. Nunca más tuvimos una reunión con él. Al día siguiente se presentaron más enfermos de cáncer, fuimos con los enfermos de cáncer y el Ministro dice: “¡Estoy cansado de Uds.! ¡Siempre reclamando!, ¡nunca están conformes! ¡Y acá qué se creen!”. “Mire -le dice una-, acá Uds. nos van a tener que dar una solución porque nosotros no estamos para una simple gripe, Ud. es el Ministro de Salud y Ud. es el que nos va a dar una solución.” Entonces dice el Ministro: “Acá que dé la solución la municipalidad. ¡Yo estoy cansado! ¡Acá no vengan a amenazar!”. Nos paramos todos. “Si ésa es su responsabilidad, ¡qué se cree!” Nos agarramos, nos paramos los vecinos para atacarlo al viejo…

El Ministro a los gritos…

-Nos dijo que era problema de la municipalidad, y nosotros lo denunciamos a los

medios. Al día siguiente dijimos a los medios que nos había amenazado. Ah, y nos dijo: “¡Si siguen así les voy a sacar todos los médicos que tiene el barrio! Si siguen amenazando…”. Nosotros estábamos pidiendo que pusieran un oncólogo. Observaciones Algo más que una promesa vana. A confesión de parte, relevo de prueba; y en el testimonio recogido, el Gobernador de la Provincia reconoce su responsabilidad en el genocidio que se continúa como consecuencia de su inacción política. Se destaca la restricción oficial de una información de interés público sobre el caso que se trata, omisión deliberada en complicidad con su Ministro y la participación ritual de la plana mayor del ejecutivo en una maniobra que precede al accionar estratégico contra los ciudadanos, sus demandas y su auto-organización defensiva. En el escenario oficial de la soberanía, la máxima autoridad se presenta como un decidido actor capaz de dar una solución definitiva, salvadora. Pero en el condicionamiento de su acción a circunstancias que sabe ya cumplidas, y en su omisión posterior, se confirma la falsedad de sus dichos, la realidad de sus intenciones, la simulación teatral de un papel. Soberanía y Genocidio II

¿Cómo les ha ido a nivel nacional? ¿Han tenido contactos a nivel nacional?

-¿Nacional? Con el de Derechos Humanos de la Nación, con el de Medio Ambiente de la Nación. No conseguimos nada. Queríamos conseguir que ellos hicieran los estudios. Pero nada, porque ellos no pueden pasar por arriba de la provincia. Dicen: “¡eso es Córdoba!”. Eso

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es lo que nos dijeron. En la Defensoría del Pueblo hay dos cordobeses. Está Mondino y un asesor de él que es de Colonia Caroya, que tienen el problema ahí. Y había un tercer cordobés, había tres cordobeses. Saben que nosotros somos boca suelta y que nosotros los vamos a denunciar, y se les va a presentar mucha gente. ¡Fuimos nosotros! ¡Mirá cómo son las cosas! ¡Cómo manejan todo! Nos llevó Rulli (Jorge), que es de la gente que está trabajando en contra de la soja transgénica (Grupo de Reflexión Rural). Él nos llevaba. Nos llevaron a una conferencia de prensa de ellos por el tema de la soja y nos pidieron que contáramos, y de allí hicimos el recorrido. Y ahí hicimos denuncias por todas las autoridades; es más, dejamos 5 o 6 notas más. Dejamos en cada lugar. Pero mirá cómo son las cosas: llegamos a Medio Ambiente de la Nación y nos dicen: “recién nos llamó Nirich y nos dijo que Uds. venían acá”. O sea que ellos ya estaban en contra. Entonces medio que nos quiso cortar el rostro así nomás; entonces yo le dije un montón de cosas. Y quedó medio enojado, se enojó. No sé, porque me quedó grabado algo de una de las reuniones. Le digo: “¿Sabe una cosa?, lo que pasa es que los argentinos sobramos y la única forma de matar gente es así, a mano suelta; Uds. están matando”. Él contesta: “¡Ud. no puede decir que nosotros queremos matarlas a Uds.!”. Se ponen locos cuando les decimos eso. “¡Cómo van a pensar que yo voy a matar a seres humanos porque sobre gente en Argentina!” Y le digo: “porque sí, es así. Ya se ha puesto en contacto con ellos…”. Y me dice: “no, ellos me han llamado para decirme lo que estaban pasando Uds.”. “Y ahora Ud. no nos quiere recibir…”, porque no nos quería recibir. “Y ahora no quiere darnos una solución.” “No, señora, la solución se la tienen que dar en Córdoba, nosotros con los problemas de Córdoba no nos metemos.”

¿Y con qué problemas se van a meter? ¿Acaso no existe un gobierno nacional además del provincial? -Con nada. -Nos dijo que no, dijo que él no.

Y Luis Duhalde, ¿qué hizo?

-Y el Luis Duhalde... nos fuimos a una reunión que era de las villas, justo estaban en elecciones y presentaban un candidato propio… Estaba él ahí y se enteró la problemática nuestra y dice: “lo de Uds. es gravísimo, yo voy a una reunión con Alicia Kirchner, vengan conmigo”. Y fuimos. Y le planteamos a Alicia Kirchner el problema, estuvimos y a mí se me salía el corazón, verla tan cerca, que uno siempre la ve lejos. Y Alicia Kirchner dijo que sí, que era complicado, pero que ella era de social y nos mandó, nos derivó a salud… nos mandan como pelotas. En salud, ahí en salud nos atendió Conti; se pasan la pelota, nos recibió todo y quedo todo ahí… A este hombre que nos había invitado lo mataron a los meses. Era un luchador social. Lo mataron y lo dejaron tirado. No sabemos cómo.

-Después, en el mismo trayecto, estuvimos en la Casa Rosada, en el salón de Cabezas,

en el Congreso, presentando nosotros un proyecto de ley junto con Tazzioli y la Alicia Castro; y bueno, después murió Tazzioli también. Todos se mueren. Lo dejamos presentado… El de la Nación no salió, pero sí el de provincia y de la municipalidad, de 2.500 metros… (como límite para las fumigaciones)

-Te cuento de Duhalde. Duhalde no nos recibe, nos recibe el que está abajo de

Duhalde; entramos nosotros a una salita y supuestamente por allá estaba la oficina de Duhalde. Y nos recibió todo así… que recién se estaban mudando, que ellos no tenían sueldo, ésa fue la contestación de ese señor. Por ahí sale un asesor y dice: “¡pero Uds. piden 2.500

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metros! Nos van a agarrar los agricultores y nos van a reventar”. “Nosotros queremos 2.500 metros, estamos pidiendo eso.” “¡Es una locura!, está mal lo que están planteando Uds. ¡Nos van a reventar!, ¿sabes lo que es sacarle 2.500 metros a cada agricultor?, no les va a quedar nada, estás tocando los intereses de ellos. ¡2.500 de las poblaciones…!” Pero te digo que hemos andado, y ahí te das cuenta de que se preocupan por le pérdida de la productividad del campo, enseguida les sale el cálculo; en cambio, cuántos enfermos…

Con la OPS, con este tipo de organizaciones internacionales, ¿han tenido algún contacto, algún apoyo?

-No, no hemos llegado a la OPS; lo que sí, en uno de los informes que envía la provincia, una de las doctoras pone en el informe que esto ha sobrepasado a la provincia y que esto era algo para la OPS, pone en el informe. Quedó ahí.

¿Quién debería intervenir? Como resultado de toda esta interacción con las autoridades de la Provincia, de la Nación, de la Justicia, ¿qué evaluación hacen?

-No, no encontrás salida porque ellos son parte, están todos involucrados. No te van a decir “tienen razón” porque ellos forman parte del descontrol, de la falta de trabajo, de la falta de alimentación, de todo… Observaciones

La difuminación de lo público pierde aquí su tono de eufemismo y adquiere una profundidad trágica. La crisis de la res-pública es un espacio donde prima el discurso de la violencia, la enfermedad y la muerte. El sistema político y sus autoridades parecieran sólo poder actuar celebrando ceremonias de despojamiento de la ciudadanía y despojándose ellos mismos del poder otorgado democráticamente. Aquí es donde interesa detenerse, porque pareciera que debemos volver atrás, pareciera que algo se ha perdido en el camino. Mucho se ha hablado acerca de la ruptura del contrato social. Ahora bien, política y jurídicamente, aunque el pacto esté roto, las responsabilidades no se extinguen, y eso es lo que expresa específicamente la legislación sobre genocidio. Es el daño sistemático de las autoridades constitucionales contra un sector de la población lo que es penado.

En lo que respecta a la crisis de la soberanía del estado nación, el caso señala también otro problema específico: la refeudalización del espacio territorial nacional, sumado a la típica evasión burocrática de la responsabilidad mediante el ascenso y el descenso en la cadena de autoridad; la República convertida, como diría H. Arendt, en el Gobierno de Nadie. Tales prácticas no hacen más que evidenciar las dimensiones de esta crisis. Razones para actuar

Y para el grupo, ¿qué consecuencia ha tenido para Uds. esta experiencia, las ha desmotivado?

-Nos ha hecho más fuertes, de no creer, y seguir luchando hasta llegar hasta lo último.

Porque todos estos señores, todos son responsables y van a tener que pagar el daño que nos han hecho acá. No te digo con plata, pero ellos tienen que dar soluciones y les vamos a hacer pagar así como a nosotros todo lo que nos han hecho, una por una. Esta lucha… yo no creía, no creo en las instituciones porque están para defender los intereses de los de arriba, los

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intereses económicos; se mueven por intereses económicos y para nosotros nada. Descubrimos más cosas…

Uds., cuanto más ven la corrupción, ¿más quieren seguir?

-Sí. ¿Y sabés de dónde sacás más fuerza? Cuando te quitan un hijo no te lo devuelven, te quitan todo, porque también perdí mi marido. Entonces ésa es la fuerza que te da para seguir. Porque si perdiste un hijo no querés perder otro, porque si perdiste un marido no querés perder otro ser querido. Porque no te van a devolver la vida de tu hijo ni te van a dar la solución a los problemas. Y las soluciones no te vuelven y tenés que andar luchando cuando un remedio tendría que estar ahí.

-Cuando tomás conciencia de que tu lucha depende de vos. -Depende de nosotras. ¿Sabés lo que te dicen los médicos?: “si tu hijo viviera en otro

lado, tal vez podría salvarse”. ¿Entonces qué te queda?, pelearla porque no tenés recursos económicos. ¿Y vos qué vas a querer? ¡Que viva más tu hijo! Entonces, la gente que se ha podido ir porque sabe que tienen el chico enfermo y sabe que si se van se va a curar porque tiene una leucemia y sabe que en otro lado se puede curar, se van; pero el que se queda acá tiene que quedarse a pelear.

-Aparte que hay gente que está tomando conciencia, que hay gente con los mismos problemas en todo el país con la soja y no sólo con la soja. Aprendés a defenderte sola. Todo esto te da mucha bronca.

-La pelea… viste que hay un dicho de una araña que cuando vos la tocás… Nosotras

tenemos que hacer eso, tratar de defendernos solas con lo que tenemos, que son pocos recursos. Observaciones

Consideramos importante destacar el aprendizaje político de las Madres. De la conciencia de la futilidad del mero peticionar al descrédito de las instituciones y la indignación moral. En la práctica, en la modulación de la sensibilidad del ciudadano, se encuentra una causa para persistir en la acción política. En la afectividad más intensa del ámbito íntimo se encuentra la razón y el sentido de la lucha. Así, la práctica transforma el dolor privado en afirmación política del propio derecho, que, si es dignidad recuperada, no deja de ir acompañada de otra forma de dolor (conciencia del ultraje).

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2. Notas sobre las prácticas políticas en salud pública de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Introducción El texto que sigue forma parte de un trabajo de investigación para una beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)5, de la cual extraigo algunos registros y análisis, y de las tareas de reflexión y escritura en nuestro equipo de investigación del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba (IIFAP/UNC), en el que, como lo anunciáramos en la introducción, adoptamos distintas formas de la evaluación de las prácticas y las instituciones, y distintas poéticas para escribir. Durante el transcurso de la investigación y en el momento en el que estoy escribiendo este texto, me hago más consciente de los verdaderos motivos de mi trabajo, los cuales tienen que ver con la vinculación de la investigación de la acción, en este caso, de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. ¿Qué hacer frente a estas prácticas políticas, como investigador social? ¿Es posible que la investigación social se sacuda el polvo de la tradición metodológica que sostiene como principio la neutralidad del observador participante pero no un compromiso efectivo del sujeto investigador con los sujetos “investigados”? La constitución de los actores de las prácticas políticas en “objetos” o “sujetos” de investigación es un hacer común en la universidad. Investigadores de renombre en el ámbito de las ciencias sociales, “predictólogos” del conflicto social y la acción colectiva, sostienen que el problema de la posición del investigador es epistemológico y no político, es decir, referido a la práctica política del investigador. Resultados: para la comunidad académica, abunda la producción de “literatura gris”, es decir, informes de investigación que no le interesan a nadie y que llenan presentaciones a congresos y publicaciones en revistas especializadas. Para los individuos y los colectivos organizados, escaso interés hacia el aporte que la producción de conocimientos y pensamiento sobre sus prácticas puede significar para la visibilidad de las luchas y modalidades de autoorganización frente a su denegación de ciudadanía. Para algunos estudiosos de la cuestión de la acción, como acción política, ésta es un concepto académico que necesita ser clarificado teóricamente. Por otro lado, en relación a los protagonistas de las acciones colectivas, la acción es facultad de actuar, poder (para) hacer algo en la situación que se encuentran y también poder (para) no hacer algo, ya que la acción se encuentra con problemas o dificultades que determinan su bloqueo. Por ello, la pregunta por el concepto de acción política de los actores de experiencias colectivas en salud pública, uno de los ejes del proyecto de investigación mencionado, pretende introducir e introduce a la vez, a una reflexión de los sujetos de estas acciones y lleva a una autorreflexión, en este último caso del investigador que toma parte en la misma praxis política. Desde la perspectiva que intento desarrollar, la investigación se despliega en el campo de estudios de las prácticas políticas haciendo foco en -o mirando desde- un particular aspecto de las prácticas: su gramática, es decir, las reglas escritas y no escritas que gobiernan nuestro lenguaje definiendo lo que podemos o no podemos hacer, lo que será aceptado o no, lo que nos hace partícipes de un juego del lenguaje o por lo que somos sancionados y excluidos del

5 Berger, M. (2003): “Poder, vida y política. Inscripciones en las gramáticas de las acciones colectivas en salud pública”. En publicación: Informe final del concurso: Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/poder/berger.pdf

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juego. Como veremos más adelante, la gramática establece la relación entre una expresión y para lo que es usada; es decir, lo que cuenta es la aplicación de esa palabra en tanto ella depende de la forma de vida en la que esa expresión es utilizada. En este sentido, no es lo mismo dar una “definición de política” de manual o diccionario, que definir la política en el uso cotidiano que hacemos de esta palabra, cuando hablamos de “política partidaria”, de “los políticos”, de “políticas sociales”. En el caso que nos ocupa, nos interesa comprender las gramáticas de la política en las acciones colectivas en salud pública. Si las palabras son algo más que representación, y la toma de palabra es acción, es puesta en ejercicio en una situación concreta, entonces la subversión de la gramática y el cambio de las convenciones de la política y lo político serían un correlato del cambio de lo que hacemos, cómo vivimos, los enlaces entre palabras y modos de ser y actuar juntos.

¿Cuál es el escenario en el que se despliegan esos modos de ser y actuar juntos? La crisis del modelo de la salud pública neoliberal. Una salud para ricos y otra para pobres. La mercantilización y la precarización de las prestaciones sanitarias para la mayoría de la población. El estado se achica y se retira de las funciones sociales con las que garantiza los derechos a la salud que amparan leyes provinciales y nacionales, y acuerdos internacionales. Las transformaciones no son sólo en el sector salud, sino en todos los ámbitos; la educación y el trabajo también sufren las reformas mercantilizadoras impulsadas desde los organismos internacionales de crédito, aplicadas obedientemente por nuestros gobiernos, con o sin el consenso de la sociedad, y así somos progresivamente expropiados de todos los derechos: laborales, sociales, civiles. Las Madres relatan las crónicas de sus padecimientos, de las consecuencias de este sistema, que se viven como condiciones de aniquilamiento, de privación indefinida de oportunidades de una vida digna. En este estado de situación, sus acciones afirman el derecho a la vida y autoafirman, de esta manera, sus formas de vida. Formas de vida

¿Qué es una forma de vida? Las prácticas políticas como las de las Madres tienen pautas recurrentes, regularidades, formas características de hacer y ser, de sentir y actuar, de hablar e interactuar. Como señala Hannah Pitkin6 a propósito de los aportes de Wittgenstein, debido a esto son formas, y porque son pautas en el tejido de la existencia y actividad humanas son formas de vida.

Entre la mitad y fines de 2004, cuando se inició el trabajo de investigación, pude efectuar un registro de algunos aspectos de esas formas de vida. En esa fecha me encuentro con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Para ese entonces, ellas han venido realizando una intensa actividad de difusión y de instalación de la problemática en el espacio público, no sólo a través de los medios de comunicación, sino buscando distintos espacios donde estar y poner la voz de sus testimonios de padecimientos, de sus denuncias y de sus luchas. Un grupo de mujeres, que, como ellas mismas relatan, “pasamos de lavar los platos a cortar la ruta sin ser piqueteras”. La experiencia de poner el cuerpo literalmente en la ruta o en las calles céntricas levantando firmas para los proyectos de ley que ellas mismas han elaborado, lo que demuestra el coraje de aparecer, a pesar de que ellas digan que en el primer corte se escondían detrás de las pancartas para que sus vecinos no las vieran. Desde esa experiencia de darle visibilidad a un reclamo que por las vías burocráticas no tenía, ni tiene al día de la fecha, respuesta, las Madres forjaron una trayectoria legitimadora de su presencia en la sociedad a través de marchas de protesta, escraches a funcionarios en actos públicos para forzarlos a otorgar

6 Pitkin, H.: Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984.

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respuestas. También se agregan a este repertorio las permanentes charlas que las Madres dan en universidades y en escuelas, en foros sociales, en encuentros del movimiento de mujeres y en cuanto espacio se las invite a narrar su experiencia. La organización de un festival el día de los derechos humanos es otro de los hitos que las Madres señalan como grandes logros, para el reconocimiento de su lucha, pero principalmente para la convocatoria de otras organizaciones y de la comunidad en general. El último de los eventos realizados fue el festejo del día de la madre, una fiesta que incluyó a más de cien madres del barrio, con espectáculos de música y baile, con comida y regalos para celebrar el acontecimiento, lo cual demuestra la importancia que ellas le asignan al trabajo de la afectividad y los lazos sociales en la constitución de la acción política. Con los horrores cometidos en el campo sobre las espaldas, las Madres han logrado sostener la firmeza de su lucha y un decir acá estamos, por todas partes, en todos momentos, celebrando la vida, los derechos a la vida.

El mensaje que resumen todas las acciones de las Madres es simple y claro: “Luchamos por la vida y la verdad. Queremos que se sepan las causas de tantos casos de cáncer, de enfermedades y muertes que nos están pasando, queremos que el estado se haga cargo de su responsabilidad en este tema”. Ellas saben cuál es la verdad, y a pesar de muchos intentos de funcionarios y de representantes de demostrarles lo contrario y de contar una historia oficial, ellas conocen bien las razones de su lucha, y sostienen su posición que expresa esa autonomía del pensar. Sobre una pared en la casa de Vita, una de las madres del grupo, hay un pequeño cartel que dice “Nos pueden mentir a algunos todo el tiempo. Nos pueden mentir a todos algún tiempo. Pero no nos pueden mentir a todos, todo el tiempo”.

Las Madres han encarado la tarea de dar visibilidad a la lucha contra la censura, el silencio y el olvido impuesto desde los lugares del poder dominante, los funcionarios por ejemplo, y desde varios sectores de la sociedad, los propios vecinos que niegan sistemáticamente el problema. Un relato de resistencia en el que la potencia del pensamiento reside en la capacidad de sostener y fortalecer la orientación autónoma de las personas involucradas en las estrategias de movilización, organización y lucha; es por ello que en sus estrategias de difusión, las madres quieren dar una enseñanza para los movimientos y organizaciones que están atravesando situaciones similares, para que no se cometan los mismos errores, para que se aprendan formas de trabajo, métodos, la forma en que funcionan los poderes del gobierno, cómo asesorarse, etc.. Dar también un testimonio de la lucha por la vida, los derechos, la preservación de la memoria colectiva: cómo fueron los inicios, cuáles fueron los principales acontecimientos, cómo están ahora, qué significa que “No les importaba tener miedo”, las historias de vida individuales y grupales, las vivencias del grupo, cómo llegaron las madres y mujeres a integrar el grupo, cómo lograron el libre PCB, la ley de agroquímicos, la lucha por el tratamiento de los enfermos, cómo consiguieron la instalación de un centro de salud, cómo responde la propia comunidad de Ituzaingó Anexo, en fin, las reflexiones sobre lo que se ha conseguido con esta lucha y lo que queda para seguir luchando: cómo es el compromiso con la lucha. Y permanentemente hacer públicos las denuncias y escraches a los responsables del problema: contar los casos y las causas, denunciar a los políticos involucrados, cómo fueron las negociaciones con los funcionarios, las coimas y las amenazas recibidas, el ataque de los punteros y legisladores, los malos médicos, las trampas de las políticas de salud y medio ambiente para estas situaciones. Estrategias de autorresponsabilización en las políticas públicas de salud

Las formas de vida no sólo resisten las condiciones de aniquilamiento, como privación de derechos a la salud, sino que también enfrentan las estrategias de poder que avanzan sobre esta resistencia, prácticas gubernamentales que producen desmovilización y desmotivación en

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los colectivos organizados a través de la transferencia de responsabilidades públicas. Es lo que los documentos oficiales del Ministerio de Salud denominan autorresponsabilización, para nosotros, una de las palabras clave del paso del estado al mercado. La apelación a la responsabilización como valor que designa esa participación, sostiene el supuesto de sujetos que no están contenidos en la institucionalidad del estado social, que no son dependientes de él, sino que son sujetos que actúan libremente en el mercado. La lógica de lo auto implica también una construcción identitaria y valorativa de los individuos como totalmente responsables de su salud; en este sentido trabaja sobre la auto-culpa de su “éxito” en las nuevas condiciones de inserción social, de su capacidad de auto-cuidado. Esta atribución de autorresponsabilización se realiza en forma individual principalmente, pero también en forma grupal, como pseudo-colectividad.

Las intenciones oficiales son contribuir a una construcción participativa de soluciones para los problemas de salud que aquejan al barrio, acercar la población a la institución sanitaria, integrar a los vecinos a través de sus organizaciones y distintas representaciones en la búsqueda de consensos para resolver los problemas de la zona. Cabe señalar que a diferencia de otras provincias de Argentina, esta participación en el sistema de salud no está institucionalizada como estructura de oportunidades y reglas para la participación, que los sujetos pueden aceptar y/o apropiar7. Inscripto en este discurso, un funcionario de la secretaría de salud de la municipalidad repite de barrio en barrio: “Queremos fomentar la participación de la gente. Queremos que la gente se acerque y se involucre en la solución de los problemas de salud del barrio. No nos interesa que venga una autoridad o un funcionario a decirnos que tiene que hacer esto o aquello. Acá queremos construir con democracia participativa, respetando la autonomía de la comunidad en las decisiones que tome”8. ¿Qué significa aquí participar? ¿Qué supone una participación política? Lo real es el trabajo de la gente, que no sólo no es remunerado, sino que viene a poner parches a todos los huecos que deja el estado en su retirada; en definitiva, una contención basada en una suma de solidaridades individuales y buenas intenciones.

El grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo fue invitado a formarse como promotor de salud. Ellas vienen sosteniendo como parte de su accionar un relevamiento de las personas afectadas con todas las enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental, con lo cual formulan sus denuncias y llevan adelante su pelea con el gobierno. Pero en el marco de la formación como promotoras de salud, la actividad corre el riesgo de ser reconvertida. “Ahora no sólo tenemos que ver los enfermos de cáncer sino que también tenemos que hacer captación temprana de pacientes hipertensos, de llevar a la gente al dispensario”, cuenta una de las madres. De modo que las intenciones de la formación de redes de promotores es asegurar, en las peores condiciones de existencia, la reproducción social, desarticulando otras formas de organización y expresión que alteran el orden instituido. Las Madres han manifestado su voluntad de formarse como promotoras, entendiendo que esta formación les aportará conocimientos, en una preparación que puede ser útil para sus actividades. Las Madres han pensado esta actividad en el marco de su propia movilización; ellas reconocen que no quieren ser empleadas gratis del centro de salud aunque afirman que de algún modo pueden resultar funcionales al sistema; pero han valorado casi estratégicamente la oportunidad de formación como forma de estar presentes en el centro de salud, de conocer aún más a la comunidad, de adquirir nuevos conocimientos, todo esto para ser aplicado a su propia organización y lucha.

Otro caso lo constituye la conformación de redes vecinales de participación, por sus efectos en lo que a contención social y la despolitización de los colectivos se refiere. En otras

7 Podríamos citar el caso de los consejos de salud provincial y municipal de otras jurisdicciones, como Río Negro o Neuquén. 8 Declaraciones de un funcionario de la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba.

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palabras, la red apunta a formar un colectivo o una pseudo-colectividad que trabaja en la dilución de las acciones políticas que busquen generar cambios genuinos y atenten contra la efectividad despolitizadora de la red. Podemos mencionar la experiencia de la Mesa en Defensa de la Salud que se conformó en la UPAS (Unidad Periférica de Atención de la Salud) de Barrio Ituzaingó, donde se congregaron distintos actores del barrio, además de las Madres, miembros de las escuelas e iglesias del barrio, de ONGs, vecinos del barrio, médicos, trabajadoras sociales. En este caso, la operación de exclusión de una participación democrática funciona de muchas formas, por ejemplo: una de las consignas de las redes es asistir sin consignas políticas a las reuniones. ¿Qué sería una consigna política? Cualquier análisis que exprese una posición ideológica respecto a la situación política, o bien la identificación de la procedencia política, lo que también se llama la bandera, sea de un partido o de un movimiento político. Sin ideologías ni banderas, cuando el espacio, en los hechos, está totalmente politizado, porque algunos de sus más influyentes integrantes responden a intereses del gobierno local o de partidos políticos y sus punteros. Otra de las consignas es asegurar los debates por medio de la democracia participativa, respetando siempre la autonomía de la comunidad. La red es instituida por los funcionarios, autoridades del centro de salud como el espacio donde se plantean los problemas, se discuten soluciones, se hacen planes de acción. Cuando se critica ese modelo de democracia propuesto, por ejemplo, uno es señalado como antidemocrático; la red es un ejercicio seudo democrático que no admite críticas de ningún tipo. Finalmente, las redes no promueven precisamente una organización sostenida de la comunidad para exigir el cambio de las condiciones sanitarias, sino que se movilizan por la lógica del trabajo social voluntario, y en este sentido las promotoras de salud no sólo ocupan un lugar central sino que son el ejemplo de la autorresponsabilización. No forman parte de las discusiones de esas redes temas como la distribución de los recursos para salud, el control de los mismos, la asignación presupuestaria, etc. Mientras los funcionarios y responsables de la red siguen sosteniendo que ése es el lugar para la construcción participativa de soluciones, las Madres van actuando en búsqueda de soluciones reales, develando la ineficacia práctica de la red.

Para seguir pensado sobre los efectos de la autorresponsabilización en el actuar de los colectivos, algunos interrogantes para estimular un debate y generar posibilidades de acción: ¿Cómo calificar la política de gobierno en estos casos? ¿Construcción participativa de soluciones o negación de la autonomía, en tanto no hay reconocimiento institucional de la capacidad de decidir sobre las reglas y condiciones de la participación? ¿Quién decide sobre la distribución de los recursos en el área, sobre la forma de resolución de los problemas? ¿El estado somos todos? ¿Cómo proceder en la defensa de nuestros derechos suspendidos por ese estado?

El lugar de la política en las gramáticas de las acciones colectivas en salud pública

La forma en que se pretende inducir la participación en salud pública desde estas estrategias de autorresponsabilización genera la necesidad de replantearse, al interior de esas formas de vida, sobre algunos conceptos, como la política y lo político. En la perspectiva en que estamos trabajando, lo que es dado en la experiencia es dado en la gramática. Lo que pensamos y decimos muestra lo que hacemos, nuestros conceptos son parte de nuestra práctica, las prácticas cambian nuestros conceptos y los conceptos cambian con nuestras prácticas.

¿Por qué los actores deberían tener estos conceptos clarificados en sus marcos interpretativos? Todos trabajamos desde y a partir de un sistema conceptual, de una visión del mundo y de nuestras relaciones con él; de lo que trata este proceso de investigación es de

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poner en acción el pensamiento sobre estos sistemas de creencias y sobre las mismas prácticas, en tanto que los significados están incrustados en la acción.

La gramática de una palabra incluye todas las diversas expresiones verbales en que esa palabra se usa de manera característica. La gramática nos dice cómo hay que llamar algo en un caso concreto, determina la relación entre una expresión y para lo que es usada en el mundo; es decir, lo que cuenta es la aplicación de esa palabra, por lo tanto, establece el lugar del concepto en nuestro sistema de conceptos. Y se aprende a partir de casos, es decir, de la experiencia y creación de la relación entre palabras y mundo. Como sugiere Pitkin9, los significados no son sólo representaciones, sino que son principalmente acciones, son conceptos en uso, son clasificaciones que los actores emplean en el actuar. La política sería una región del lenguaje10, en donde, al igual que en las otras, lenguaje y acción están entrelazados; en todo caso, si existe una tensión, ésta interpela a una revisión de los criterios, de los supuestos de la acción. No existiría un nivel de los discursos, algo así como una dimensión de las definiciones de lo que es la política aislada de la política que se hace, que se vive o que se vive de ella, que se siente, que se padece, que se critica, que no se hace, que se detesta, que se reprime. Cualquiera de estos usos de la política y lo político que sea el de los actores, todos tienen incorporados una definición de política y sobre todo una definición de acción política, con mayor o menor grado de reflexión o elaboración consciente, crítica, compartida con otros. Por lo tanto, un primer paso es presentar la utilización del concepto de acción política, deteniéndonos en la distinción entre política y no política. Necesaria distinción tanto para superar la confusión como para emitir un juicio, base de una elección de posicionamientos y tomas de lugar y decisiones respecto a los contenidos, sentidos y direcciones de la acción colectiva en la crisis de la salud pública neoliberal.

En los conceptos de los actores encontramos distintos usos al respecto de esta distinción entre política y no política. El primero de ellos refiere a que mediante la acción colectiva no se hace política, rechaza cualquier ejercicio y denominación de sus actividades como políticas, y sostiene que se hace otra cosa que es trabajar para la gente, para resolver sus problemas. En el segundo registro, la acción colectiva comporta un aspecto político en el sentido en que los actores se relacionan con los políticos y por lo tanto tienen que hablar en sus términos, tienen que negociar casi inevitablemente. El tercer registro sostiene que la acción colectiva hace política, pero una política totalmente diferente a la que hacen los partidos, los representantes y los gobiernos de turno. Leamos algunos de estos registros.

Fabiana y Marcela, del grupo de Madres, comentan: “nosotras no hacemos política, nosotras trabajamos para la gente. (...) Nos querían meter en política todo el tiempo. Se nos acercó mucha gente con esas intenciones, y nosotras siempre mantuvimos una separación de eso, acá los políticos no entran ni nosotras entramos en política”. En este registro, los actores sostienen una identificación negativa de la política, lo político y los políticos, en contraposición con lo que sería un trabajo social, un trabajo comunitario en búsqueda de solución de problemas, que, para los casos que hemos presentado, son problemas de enfermedades, de acceso a servicios de salud, de condiciones de medio ambiente y hábitat. La esfera de lo social es un espacio donde los intereses egoístas en detrimento del bienestar común no tendrían cabida, y donde sería posible desplegar una acción solidaria, cooperativa, de forma individual o colectiva, a los problemas de la comunidad. En otras palabras, hay una identificación negativa de la realidad de la política, a partir de lo cual se produce una (sobre) valoración de lo social. No está en las intenciones de los actores la recuperación del concepto de la política y lo político, o la consideración de la política como un bien.

En otro de los registros del uso del concepto de política, se mantiene la identificación

9 Pitkin, H., Op. cit. 10 Pitkin, H., Op. cit.

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negativa de las formas actuales de la política, pero se rescata la creación de otra forma, de otra política, de otros modos de comprenderla y practicarla. En el mismo grupo de las Madres, María y Sofía acuerdan que “No hacemos política partidaria, pero hacemos política. Sí, se hace política porque la protesta ya es política yendo en contra de un sistema que funciona mal; yo no me siento representada por los políticos, al defender mis derechos yo pienso que hago política...”. Aquí se despliega la posibilidad de creación aun reconociendo las condiciones de la política actual.

En esta perspectiva, el concepto de la política y lo político incorpora tanto la idea y el propósito, la práctica y la convención11. Pareciera ser que la tarea ante esta situación se enmarca dentro de lo que la pensadora afirma al referirse a estas relaciones y tensiones. Aunque aprendemos el significado de términos como la política y lo político y adquirimos algunas normas de lo que sería lo político en relación a prácticas e instituciones existentes, podemos utilizar estos términos para criticar y cambiar esas instituciones. De hecho se producen tensiones entre el propósito y la institucionalización, o entre sustancia y forma, o entre significado y aplicación convencional. En este sentido, la autora sugiere que la tensión aparece respecto de conceptos que impliquen la acción y las instituciones sociales debido a que una característica importante de la función de tales conceptos en nuestra lengua y en nuestras vidas depende de la dualidad entre propósitos e institucionalización. “Somos potencialmente capaces de arrancar la idea de algún ejemplo concreto y estimar de nuevo su aplicabilidad. Ello, creo, es la función principal del discurso político en nuestras vidas”, sostiene la pensadora. Seis meses después, nuevas notas sobre la actualidad de las prácticas políticas de las Madres

Más de seis meses después, la situación actual de los movimientos muestra los efectos del avance de la hostilidad del sistema político hacia las prácticas políticas ciudadanas. La profundización de las estrategias de autorresponsabilización colectiva arremete contra los potenciales de la acción. Frente a esto, la resistencia que realizan los grupos se ha visto debilitada por razones que intentamos comprender. En el caso de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, la hostilidad del sistema político reviste la forma de una constante imposición de tareas para resignificar su práctica. Promotoras de salud, líderes territoriales, entre otras. La práctica de autoorganización se ve tensionada (en tanto ofrecen un reconocimiento con cierta institucionalización) y exigida a resistir estos encasillamientos (en tanto reubicación de la práctica en un territorio desprovisto de efectividad). Explicaciones encontradas: las Madres tienen distintos motivos y razones para posicionarse frente a los encasillamientos. El colectivo parece no tolerar el desacuerdo y puede sufrir una ruptura ante la manipulación por parte de distintos sectores de gobierno, y de la lectura que las Madres realizan sobre la misma. Una de ellas afirma: “quieren ponernos un freno, no quieren que seamos independientes, tratan de agarrarnos para ellos y lentamente nos van a ir desarmando (...) tenemos que pensar estas cosas”. “Antes hacíamos reuniones, convocábamos más gente, ahora no lo estamos haciendo más, y lo necesitamos.” Esto es respondido por la posición de otra integrante del grupo: “Yo quiero ver de qué se trata. Ellos me dijeron que se trata de relevar las necesidades del barrio, de tratar de ayudar a la gente. Eso es lo que yo quiero

11 Pitkin, H., Op. cit.

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hacer, por eso lo voy a hacer. Yo le pregunté si esto era como hacer de punteros, y me dijeron que eso dependía de cada uno”.

La discusión se desencadena: “lo que pasa es que vos no ves que ellos lo que quieren es ponernos un límite, no quieren que seamos independientes; andá a trabajar como Madre, vas a ver si vas a poder reclamarle algo, además que te van a ir sacando de a poco; primero te llevan a estas capacitaciones, después a un encuentro, y de a poco ya no estás más acá. Esas cosas hay que discutirlas en el grupo”.

Otra integrante del grupo argumenta que “el estado somos todos porque todos somos responsables” y recibe una respuesta: “esto es lo mismo que la Iglesia, te dicen que la iglesia somos todos pero ahí mandan el papa y los curas”. “Al principio yo pensé que los representantes eran ellos y nada más, y que yo no podía exigirles nada. Así fue como la primera vez que fuimos a la sesión de la Legislatura no nos escucharon y nos sacaron corriendo, salimos todas llorando. Pero la segunda vez que fuimos, nos dimos cuenta de que nosotros les pagamos los sueldos a ellos, y que ellos nos tienen que representar, entonces les pudimos hablar de frente. Pero nosotros somos responsables de exigirles. ¿Quién los votó, si no?; ¿por qué están ahí?” Seguimos caminando, preguntando(nos)

Al comenzar la investigación con las Madres me preguntaba cuáles serían las gramáticas y las formas de vida capaces de superar los determinantes del bloqueo de la acción política, en este caso las estrategias de autorresponsabilización y sus efectos. También me preguntaba por el concepto de acción política, de política y cómo, cuándo se los utiliza, en relación a qué otros conceptos, etc. No estamos frente a experiencias en ausencia de un sistema conceptual; éstas son la base de cualquier acción y son expresadas y perfeccionadas en palabras.

Las preguntas siguen vigentes, y requieren seguir profundizando la comprensión, en tanto que por medio de ella podemos generar un sentido común para lo que hacemos y padecemos. La comprensión no inspira la lucha y el conflicto, pero juega un papel preponderante en la generación del sentido para esa lucha y ese conflicto.

En cuanto a las tensiones entre participación como autorresponsabilización y participación con pretensiones de autodeterminación, éstas siguen siendo una clave de lectura de los potenciales transformadores de la acción frente al avance de las prácticas de dominio de los actores estatales en estos escenarios. Los responsables de la función pública en sus distintos niveles han reforzado la incidencia desmovilizadora en los modos de autoorganización y en el ejercicio de un derecho de resistencia por parte de los colectivos, buscando resolver la tensión a favor de los intereses que refuerzan todas las formas de exclusión y privación de derechos. Al interior del colectivo es muy difícil sortear estos embates sin rupturas, expulsiones y sanciones que provocan malestar entre sus integrantes y preparan terrenos propicios para la desarticulación de una coordinación de fuerzas con la facultad de abrir caminos para el cambio social, pero no podemos seguir caminando sin seguir preguntándonos por nuestra realidad y por la forma en que la vamos a habitar.

Ésta es nuestra situación.

Córdoba, septiembre 2005

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3. Filosofía, Teoría Política e Investigación Empírica Nuestro punto de partida

Los desarrollos que venimos realizando en torno a lo que hemos denominado una

Teoría Crítica de la Ciudadanía, reconocen e intentan articular una diversidad de aportes y discusiones tendientes a elucidar sus posibilidades como dispositivo configurador de una práctica democrática en un contexto de crisis de lo político y de la política. Nos diferenciamos así de los desarrollos predominantes en torno a los movimientos sociales y a lo social, que privilegian la memoria y la identidad, para poner el acento en las prácticas ciudadanas y lo político, recuperando las problemáticas de la potencia-actualidad y la ipseidad12.

Mientras que los análisis sobre los movimientos sociales ubican a éstos como conjuntos u organizaciones extra-institucionales, para nosotros, en las prácticas ciudadanas lo que está en el centro es la acción y las personas que se organizan con una intención política, y es esta intención lingüística explícita y no una memoria o una identidad compartida el motivo principal u originario de la movilización. Consideramos que es sobre esta base intencional que una memoria empieza a construirse y es la búsqueda de la eficacia en la acción lo que los lleva a organizarse y asumir una nueva ipseidad como colectivo. No un sujeto cerrado, sino un sujeto desgarrado que apela a la reflexividad de la conciencia individual y pública en su carácter de miembro de una comunidad política es el que nos convoca.

Inscribimos nuestra tarea en la línea que señala como déficit, para los distintos tipos de abordajes sobre movimientos sociales, que los conceptos y las discusiones que iluminan, solapan un asunto que ha sido clave en la definición de estos movimientos, tanto a nivel práctico-político como académico: su potencialidad para transformar las estructuras institucionales del estado democrático, sumidas en una crisis de representatividad y eficacia que socava sus fundamentos de legitimidad13. Las tensiones entre identidad y estrategias de las acciones colectivas, son actualmente superadas ya sea por planteos acerca de la necesidad de convergencia entre ambas perspectivas, ya sea por el desarrollo de un nuevo foco, cual es el de aportar a develar las transformaciones institucionales que estas nuevas prácticas políticas efectúan sobre el espacio público y las instituciones democráticas.

La posibilidad de analizar la faz creativa de la acción política14 requiere de un enfoque que sitúe la acción en torno a la resolución de problemas que afectan las condiciones de vida de la ciudadanía en sus contextos institucionales e intersubjetivos. La identificación de las normas establecidas para regular las acciones tanto individuales como colectivas frente a un problema, así como los marcos desde los cuales los actores ponen en juego nuevas interpretaciones de las reglas y los derechos, constituyen dimensiones que iluminan el potencial transformador de las prácticas ciudadanas en el espacio público y al interior de la institucionalidad democrática.

Este enfoque de las prácticas ciudadanas, inscripto en lo que se ha dado en llamar la crítica inmanente a la democracia, se articula con la distinción teórica entre principios de 12 Concepto de relevancia ético-política que refiere a la reflexividad del sí mismo como sujeto de experiencia y que, a diferencia de la identidad entendida como mismidad (el carácter - lo inmutable), posibilita el reconocimiento de sí como proyecto, la temporalidad/alteridad desde la cual se sostiene la promesa. Ver Ricoeur, Paul: Sí mismo como otro. Siglo XXI de España Editores, S.A., 1996. 13 Eder, Klaus: “La institucionalización de la acción colectiva. ¿Hacia una nueva problemática teórica en el análisis de los Movimientos Sociales?”, en Los Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina editores, Editorial Trotta, Madrid, 1998. 14 Joas, Hans: El pragmatismo y la teoría de la sociedad. CIS, Madrid, 1998.

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legitimidad del sistema político-administrativo, por un lado, y su institucionalización por otro. Así, la democracia a nivel organizacional es definida en términos de “un proceso de aprendizaje autocontrolado de la ciudadanía, que es capaz de permitir e incluso de generar el cambio institucional”15, mediante la experiencia de apropiación creativa de las posibilidades alternativas presentes en la situación.

Vemos que en los colectivos de ciudadanos que ejercen su derecho político de participación mediante acciones directas, se pone en cuestión, en general y específicamente, la calidad ético política de los funcionarios, las instituciones estatales y sus clientes. Forma parte también de nuestra experiencia común de ciudadanos de una seudodemocracia esta decepción sistemática y el cuestionamiento crítico de la legalidad y legitimidad de nuestro estado democrático y su sistema de partidos. Sabemos que en una comunidad política desgarrada no toda asociación está constituida con miras a algún bien ni todos obran por algo que les parece bueno. Ubicados en el escenario de la degradación ética y política, las prácticas ciudadanas orientan sus reclamos por bienes más inclusivos y de un rango superior a los bienes particulares de su asociación o los de sus miembros. Es desde este sentido que persiste en nosotros la preocupación por los asuntos comunes de la asociación política.

Un primer acercamiento de investigación militante puso de manifiesto el carácter ideológico de nuestra práctica habitual hasta entonces. Resistencia al cambio y dolor ante la pérdida, porque el posicionamiento acostumbrado no sólo implica una seguridad sino que, al estar neutralizado, nos libera de responsabilidad. Una conciencia más aguda de la situación exige superar la práctica teórica que aplica una batería de conceptos que cosifican su objeto de investigación en torno a supuestas rígidas dicotomías que, a distancia de los sujetos investigados, proyectan normativamente, otra vez, míticas hazañas a las que arrojarlos. Se trata de una práctica ideológica que no se compromete seriamente con el horror del presente y, en definitiva, deja de buscar una salida y por eso, en realidad, a los participantes no les concierne. Sostener la fluidez de las prácticas ciudadanas sustituye el pathos de la distancia por el del acercamiento, aun a costa de tener que perder algo de seguridad y asumir una responsabilidad en la acción con otros.

Pensar nuestra práctica y las prácticas ciudadanas como prácticas políticas nos exigió un proceso de integración de perspectivas, que se inició con la puesta en común de algunos problemas filosóficos básicos referidos al lenguaje, la democracia y el debate universalismo versus relativismo, involucrados en las discusiones contemporáneas de la teoría política. Enfrentarnos con estos problemas filosóficos nos exigió clarificar los propios supuestos con los que estábamos encarando la formulación de una teoría crítica de la ciudadanía, así como el análisis de sus prácticas en nuestro contexto. Introducirnos en la perspectiva que toma en serio el lenguaje como actividad constitutiva de lo humano, nos llevó a tirar el lastre de diferenciaciones demasiado estrictas entre desarrollos teóricos y prácticas de investigación aplicadas a casos particulares. Por otra parte, al tomar distancia tanto del “consenso modesto del pensamiento dominante” como de la pretensión arrogante de establecer una teoría de la fundamentación discursiva de la democracia, se produjo una mutación metodológica de una práctica de la investigación, que ya no supone el predominio del análisis abstracto y la reconstrucción conceptual como marco de referencia establecido a priori para su aplicación al caso. Ideología y significado

15 Cohen, Jean y Arato, Andrew: Sociedad Civil y Teoría Política. FCE, México, 2000.

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Explicitar nuestros supuestos teóricos nos llevó a problematizar la tensión que genera nuestra práctica investigativa entendida como política, en su relación con la práctica política de los sujetos. Las reflexiones situadas de John Keane16, inscriptas en la tarea de actualizar el concepto de ideología como paso para la definición de su teoría revisada de la democracia, nos orientaron en la tarea de enriquecer nuestras herramientas para avanzar en la elaboración de un discurso democrático que posibilite la comprensión y el reconocimiento de formas de vida particulares presentes en las prácticas ciudadanas analizadas, es decir, superar los límites del discurso y la práctica “seudodemocráticos”.

Keane llama seudoideología a la degradación cínica del discurso político y la práctica estéril que registraba el marxismo oficial en los regímenes socialistas de Europa Centroriental. Sus eslóganes cumplían una función central: silenciar toda discusión pública independiente. Sin tratar de convencer a nadie, recuerdan a todos su cautiverio político; “un bodrio de afirmaciones mendaces”, englobándolo todo extingue la realidad y convierte a los individuos al sistema burocrático que manipula el control estatal.

El concepto de seudodemocracia se refiere a una realidad dominada por variantes ideológicas de ideologías burguesas que perdieron ya sus impulsos utópicos y han dejado de funcionar en la justificación y movilización efectivas a favor de proyectos públicos de reconstrucción social. Una forma de conciencia administrada, incapaz de autocrítica, produce una conformidad cínica al sistema elitista-tecnocrático de partidos. Paradójicamente, una aparente pluralidad difumina las alternativas: impone la dominación de los intereses particulares predominantes; desalienta, bloquea y reprime la capacidad humana de autorganización. Mientras las primeras ideologías burguesas se proponían como justificaciones éticas de la revolución que terminaría con el despotismo y se proyectaban como ideales de vida, la ideología seudodemocrática no se molesta en debatir o justificar sus decisiones y objetivos. De esta manera, en tal forma espuria de democracia no sólo se obturan administrativamente las razones que los individuos y sus movimientos podrían tener para actuar políticamente en un sentido genuino, sino que se desconoce o estigmatiza toda oposición radical. Si la denegación de identidad implica una violencia política y un daño moral, entonces podría decirse con razón que la seudodemocracia se sostiene en prejuicios y exclusión.

Tratando de actualizar los componentes utópicos de la crítica marxista de las ideologías, una concepción revisada va más allá del simplismo que identifica la ideología con un mero velo de errores y mentiras que justifican desigualdades de poder social; más bien se constituye en la interacción lingüística como una apariencia que distorsiona la manera en que la realidad material de las actividades, la sociedad civil y el estado se manifiestan en la conciencia. Más allá de la identificación funcional de la ideología como representación deformada, manifiesta en el decir que se distingue de un mundo efectivo que se descubre como su sustrato: “Toda vida política y social, incluyendo las fuerzas y relaciones de producción tanto en su dimensión objetiva como subjetiva, está estructurada mediante códigos de significación... Los signos tanto en forma hablada, como escrita o visual no son semejantes a las acciones, porque las acciones están en sí mismas ‘saturadas’ por signos”. Para esta lectura, a la vida política y social corresponde una actividad simbólica interpuesta, que no es una dimensión o nivel de la sociedad civil o el estado como exterioridad “subyacente”. Ni las relaciones de producción inscriptas en la anatomía de la sociedad civil, ni las formas de interacción comunicativas fijadas en la arquitectura del estado constitucional son las que definen el sentido de la acción política en las sociedades democráticas.

Tras el giro pragmático, el contexto relativista auto consistente inaugura la puesta en cuestión de cualquier discurso que se proponga superar el rótulo de “interpretación”. “Estas

16 Keane, John: Democracia y Sociedad Civil. Alianza Universidad, Madrid, 1992.

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cuestiones sobre la posibilidad de una crítica postcientífica de la ideología, social y políticamente comprometida, que abandone su fetichismo tradicional de ciencia empírico analítica, son tópicas y de gran importancia política y social”, afirma Kean.

Uno de los caminos intentados para resolver estas cuestiones lo constituye el modelo de la argumentación racional17 y su modo de resolver la cuestión de la verdad, ya sea teórica como prácticamente. En el terreno práctico-organizativo, el modelo de la democracia deliberativa -dependiente de dichos desarrollos- proporciona elementos para una “interpretación profunda” del dominio ideológico. Instituciones y procedimientos son puestos en cuestión en tanto mecanismos para evaluar las interpretaciones conflictivas. Dados autoreflexión, debate racional y formación del consenso de sujetos libres que interactúan en espacios públicos autónomos, los desarrollos permiten arrojar luz, por un lado, sobre las situaciones de violencia institucional -déficit del estado- y, por otro, sobre la práctica de sujetos desobedientes -déficit de ciudadanía.18 La teoría de la comunicación de Habermas, deja fuera de la ley la posibilidad del rechazo y postula la necesidad de un incremento de la reflexividad, proceso de racionalización en el que las instituciones del estado democrático de derecho seguirían cumpliendo un rol fundamental. Una condición de posibilidad de un tal arreglo institucional es una mayoría de ciudadanos capaz de imponer mediante el derecho, el reconocimiento de su legitimidad, el deber de obediencia al consenso establecido. De esta manera, se privilegia teóricamente la “acción consensuada”, un tipo particular de juego de lenguaje cooperativo, sólo posible sobre ciertas premisas reconocidas mutuamente. Al suponer la existencia de sujetos que hablan y actúan competentemente, más que superar el desafío relativista se lo deja de lado en favor de un metadiscurso totalizador: la pragmática formal de la comunicación.

Una táctica contraria interroga al relativista acerca de las condiciones institucionales requeridas para su actuación teórica y sociopolítica. No puede explicarse el consenso a partir de una situación ideal de comunicación, porque es precisamente el consenso sobre sus reglas pragmáticas aquello que permite a los participantes en un juego de lenguaje identificarse como interlocutores, circunscribir o distinguir su juego de otros posiblemente inconmensurables. El reconocimiento posmodernista del carácter astillado e infinito de lo social se compromete con la disolución de juegos de lenguaje predominantes que naturalizan las formas modernas de unión social; y el cuestionamiento de las normas que regulan los diversos tipos de juegos de lenguaje para subrayar su naturaleza heteromorfa y su carácter convencional. No se trata de privilegiar alguno de ellos sino de rehabilitar la lógica de la ocasión que niega la pretensión universal de verdad de cualquier afirmación al suponer que sólo será un caso singular de la lógica de lo particular. Sobre esta base, se propone una teoría revisada de las funciones ideológicas de los juegos del lenguaje: contra Marx, la ideología no opera a posteriori sino dentro de juegos de lenguaje y es un rasgo constitutivo de los dominios sociales y políticos donde habita. Una ideología se entendería como un gran relato, un tipo particular de lenguaje hegemónico, dirigido a enmascarar las condiciones de su propia concepción y ahogar el pluralismo de lenguajes en el orden sociopolítico establecido del que forma parte:

“Juegos ideológicos del lenguaje son los que piden su adopción general y, por tanto,

la exclusión y/o represión (la aterrorización, como diría Lyotard) de cualquier otro juego de lenguaje particular... Al demostrar la falsedad de juegos particulares presentados como universales se constituiría en un mero particular más, en un juego de lenguaje que sólo tolera juegos particulares. Criticar la ideología, en este sentido revisado, subrayaría que hay una

17 Camino también recorrido por el equipo en torno a los desarrollos principalmente de Habermas y sus críticos. 18 Un tratamiento relevante del debate sobre desobediencia civil en Sociedad Civil y Teoría Política de Cohen y Arato, Op. cit.

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relación inversa pero íntima entre ideología y democracia: tolerar la ideología es ahogar y potencialmente minar la propia pluralidad de juegos de lenguaje sobre la cual prosperan tanto la crítica de la ideología como la misma democracia.” 19

A diferencia de un relativismo cínico que naturaliza sus condiciones institucionales de posibilidad, prestando una deferencia acrítica a las normas contemporáneas de desigualdad y falta de libertad, un relativismo auto consistente implica la necesidad de una democracia “de acuerdos y procedimientos orientados a garantizar que los protagonistas de juegos de lenguajes, similares o diferentes, puedan abierta y continuamente articular sus formas de vida”. Mientras el modelo habermasiano prioriza el componente universalista inclusivo del estado de derecho, esta propuesta acentúa el carácter democrático del estado en una sociedad civil democrática, atravesada por el conflicto entre formas de vida incompatibles. Se piensa a la democracia no como ideal regulativo sino como un proceso político y social de mediación de conflictos en el que se mantienen y se alteran los juegos particulares del lenguaje cuyas bases son permanentemente inestables, contestadas, sujetas a debate, conflicto y resistencia y, en consecuencia, abiertas a la contingencia y a la innovación. Racionalización y objetivismo

El proceso de integración entre filosofía, teoría política e investigación empírica que hemos iniciado, ha implicado, en segundo lugar, una revisión del debate inglés sobre la racionalidad que sirvió de base para la propuesta de una teoría de la racionalidad comunicativa y un intento de pensar más allá de sus límites. Si bien la propuesta habermasiana proyecta el ideal de una racionalidad evolutiva con pretensiones de validez universalista, toma distancia de la autointerpretación acrítica de la racionalidad moderna, particularmente sesgada por sus componentes cognitivo-instrumentales. Este diagnóstico de Habermas se hizo posible a partir de la tesis de Winch de la incomparabilidad de las racionalidades inmanentes a formas de vida culturalmente situadas. Desde este punto de partida, Habermas elabora una teoría de la acción comunicativa que integra sintéticamente conceptos de distintas corrientes de la teoría social contemporánea que, reconociendo tradiciones críticas, se desarrolla como una construcción teórica “comprehensiva” de crecientes niveles de abstracción. Sus recepciones, al menos en nuestro medio, producen discursos científico-sociales desligados de las problemáticas que afectan a las formas de vida y a sus conflictivos procesos de racionalización. El problema que nos ocupa hoy son los modos de superar esta desvinculación del contexto problemático de la enunciación discursiva y otra de sus implicancias: la pérdida de un compromiso práctico efectivo.

Coincidimos con Pitkin en que “es llamativa nuestra ceguera ante los hechos sociales que nos rodean, lo habituados que estamos a las formas de pensamiento tradicionales o aceptadas, lo reluctantes que somos a pensar críticamente por nuestra cuenta, debido a que el pensamiento crítico, una vez iniciado, parece requerir de nosotros que actuemos para remediar la situación”20. Desde nuestro punto de vista, la apreciación del carácter político de las prácticas ciudadanas estudiadas nos ha exigido también reflexionar y replantear nuestra propia práctica de investigación. ¿Cómo superar la comprensión de la investigación como una práctica que se limita a analizar las acciones políticas, reduciéndolas a lo reconocible para un tercero no participante? En resumidas cuentas, ¿cómo resolver los problemas que para la investigación social plantea el objetivismo?

19 Keane, J., Op. cit. 20 Pitkin, H.: Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.

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En el debate inglés sobre la racionalidad, se cuestiona la práctica del antropólogo científico moderno de evaluar las formas de vida particulares desde sus propias categorías. En las interpretaciones y explicaciones que se proponen, por ejemplo, en el caso de Fraser y las prácticas mágicas, éstas se presentan como retazos de una ciencia espuria y una técnica fallida, sin cuestionar que la asignación de categorías implicadas en estas pretendidas interpretaciones o explicaciones, suponen otra forma de vida y una práctica de investigación particular. Al decir de Wittgenstein:

“Fraser no se puede imaginar ningún sacerdote que no sea, en el fondo, como un párroco inglés de nuestros días, con toda su idiotez e imbecilidad. ¿Por qué no le habría de ser posible al hombre considerar su nombre como sagrado? Es, por una parte, el instrumento más importante que se le da, y por otra es semejante a una alhaja que lleva colgada desde su nacimiento. Hasta qué punto yerran las explicaciones de Fraser se ve -creo yo- en que uno podría inventar perfectamente prácticas primitivas y sería una casualidad que no se encontrasen realmente en alguna parte. Esto es: el principio de acuerdo con el cual se ordenan esas prácticas es mucho más general de lo que Frazer explica, y está presente de tal modo en nuestras almas que nosotros mismos podríamos imaginarnos todas las posibilidades.”21 Aunque la recepción que Winch hace del segundo Wittgenstein se compromete con una lectura relativista, sus contribuciones pueden recibirse en una clave diferente.

Habermas se apropia críticamente de estos desarrollos considerando débiles los argumentos en favor del relativismo, pero suficientes para motivar una concepción procedimental de la racionalidad que estaría libre del sesgo particularista y fundada en las pretensiones ideales de validez universal que harían posible el mutuo entendimiento. Nuestra conjetura provisional es que la validez de tales pretensiones se corresponde con una intencionalidad comunicativa orientada hacia un público académico teóricamente motivado por una ética y una política adecuada a la sociedad capitalista contemporánea. La necesidad de elevarnos hacia pretensiones abstractas de validez se debilita en relación con una comunicación situada en un contexto definido por los problemas concretos que plantea una seudodemocracia.

Lo que necesitamos aquí es avanzar respecto a la compresión de las consecuencias de entender, dentro de las teorías del significado, aquella que lo define por el uso, especialmente para la temática que nos ocupa: la política. Mientras Habermas y Austin se preocupan por establecer las condiciones ideales o institucionales de posibilidad del entendimiento o realización del sentido, Pitkin nos propone otra forma pensar la relación entre contexto y significado: “La significación se constituye a partir de los casos de uso de una palabra. Y lo que caracteriza esos casos es con frecuencia la situación del discurso y no la presencia de algo a lo que referirse”.22

Tanto en las Investigaciones Filosóficas como en Sobre la certeza, Wittgenstein apunta a superar la discusión entre funciones señalizadoras o etiquetantes de las palabras. El lenguaje tiene una conexión constitutiva con la acción. Tanto el significado como la intención se encuentran embutidos en la situación, de allí que un cambio en el lenguaje pueda estar haciendo emerger un cambio en una forma de vida. Las recurrencias y sus temporalidades no obedecen a leyes o tendencias, pueden adherirse al curso de río o pueden desbordarlo. Su aquiescencia así como su cambio deviene de formar parte de un sistema como el lenguaje, cuya sistematicidad es metaforizada con una ciudad antigua. Los conceptos, al igual que los barrios, tendrán formas diversas, desde el concepto de justicia al simbolismo de la química. 21 Wittgenstein, L.: Observaciones a La rama dorada de Frazer. Tecnos, Madrid, 1992. 22 Pitkin, H., Op. cit.

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La característica saliente del discurso político como del discurso moral es la polisemia de sus palabras, la particular forma de funcionamiento de sus ambigüedades esenciales. Mientras Habermas busca enumerar las condiciones de posibilidad para una comunicación eficaz orientada al mutuo entendimiento, Wittgenstein nos enseña que, dadas ciertas circunstancias, en el contexto de una situación concreta, el mutuo entendimiento es un resultado asequible. Pero no hemos de esperar que esta posibilidad contingente pudiera asegurarse con arreglo a un conjunto definido de requisitos. Su eventualidad depende de lo que ocurría antes y lo que ocurrirá después de la expresión de intenciones. Por un lado, no sólo el entendimiento no está restringido por el cumplimiento de un conjunto determinado de condiciones, es decir, no hay una estructura formal que lo asegure; sino que, por otro, dependiendo del poder relativo de los hablantes, está sujeto a cumplimiento o renegociación. El contexto de uso suple y completa el significado de nuestras palabras de forma esencial, determinando la posibilidad de nuestra comprensión.23

“Yo sugeriría que la tensión (entre el propósito, la sustancia y el significado por un lado, y por otro la institucionalización, la forma y la práctica convencional) aparece respecto de conceptos que impliquen la acción y las instituciones sociales, debido a que una característica importante de la función de tales conceptos en nuestra lenguas y en nuestras vidas depende de la dualidad existente entre propósito y la institucionalización. Si nuestros propósitos e ideales no pudiesen ser institucionalizados, enseñados, puestos en práctica siguiendo formas y modos regularizados, permanecerían vacíos e inútiles, como misteriosas bendiciones que aparecen ocasional e inexplicablemente entre nosotros, pero frente a las que carecemos de algún poder para producirlas o prolongarlas. Por tanto su encarnación en la práctica social en la acción individual verdaderamente es ya su realización, realmente merece (casi) la misma consideración por nuestra parte que le dispensamos a nuestro propósito o ideal primero; se le puede llamar correctamente con el mismo nombre pero las acciones rara vez logran el propósito, y la práctica institucional desarrolla un momentum por su cuenta y riesgo. Siempre necesitamos mantener nuestros conceptos alejados parcialmente de las prácticas y las instituciones en las que (supuestamente) se realizan. Y ello con el fin de poder seguir siendo capaces de criticar, de renovar, de revisar.” 24 En un caso de cambio conceptual fundamental, de revolución científica, Kuhn se ve forzado a un vocabulario para describir los hechos conforme al paradigma aristotélico, de otro conforme al de Galileo y de un tercero que puede expresar la tensión ontológica que se da entre estos dos universos de discurso: hay una razón para afirmar que no se referían a lo mismo y otra para afirmar lo contrario. Precisa Pitkin: “El mismo Kuhn se desgaja entre formas de hablar que sugieren que el mundo cambia cuando los conceptos cambian y otras que sugieren que aquél permanece lo mismo. (...) En uno aparecen cuerpos constreñidos que caen lentamente, en otro hay péndulos que repiten sus movimientos una y otra vez. Practicando en mundos diferentes los dos grupos de científicos ven cosas diferentes cuando miran el mismo punto en la misma dirección. Pero eso no quiere decir que puedan ver lo que les plazca. Ambos están mirando el mundo y lo que miran no ha cambiado”. En el lenguaje cotidiano también se suscitan paradojas conceptuales que tienen su origen en las ambigüedades de las palabras y las implicaciones inconsistentes de su gramática. También cualquier discusión general estará infectada por estos rasgos filosóficamente problemáticos: “El hecho es que hablamos del mundo como de un ser independiente de nosotros y de nuestra voluntad como si permaneciese fijo en tanto se modifican las

23 En un sentido semejante, Paolo Virno señala la contextualidad radical del lenguaje y su ontológica opacidad. Palabras con palabras. Poderes y límites del lenguaje. Paidós, Bs. As., 2004. 24 Pitkin, H., Op.cit.

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interpretaciones que de él se hacen; comparamos el mundo real contra nuestros deseos, fantasías y mentiras. Pero también empleamos expresiones como ‘mi mundo’ o ‘el mundo de los antiguos griegos’ o decimos que ‘dos personas viven en mundos totalmente diferentes’...”.25 Señala también Pitkin que, además de sus sentidos objetivo y subjetivo, la palabra mundo nos exige cierta coherencia que se ve facilitada, al menos parcialmente, por nuestro sistema conceptual: “Así, el mundo es a la vez necesariamente objetivo y subjetivo, independiente del lenguaje y estructurado por el lenguaje. Se puede decir o bien ‘es debido a como es el mundo’, o bien ‘eso es debido a lo que queremos decir con mundo, como usamos la palabra’. Ambas formulaciones son ciertas y su misma dualidad ilustra lo que se está queriendo expresar”. Una vez considerada desde este punto de vista, la pretensión teórica habermasiana, que toma distancia del contexto y da por supuesto que las mismas expresiones mantienen el mismo significado en la pluralidad de las situaciones y actos de habla26, resulta desatinada. Ignora que pese a las ambigüedades e inconsistencias que nuestras intenciones expresivas manifiestan al ser abstractamente consideradas, su significación depende de los juegos de lenguaje de los que forma parte, de la situación y la gramática que los regula prácticamente. Sobre estas cuestiones, Wittgenstein nos ofrece una serie de tentativas orientadas a equilibrar dialécticamente “las influencias del lenguaje y el mundo”. Si bien el cuestionamiento conceptual fundamental no admitiría una única respuesta consistente, en nuestro caso se resolvería en un conjunto de preguntas más específicas: ¿por qué un discurso político querría eliminar las tensiones que se registran en nuestros sistemas conceptuales, cuando una de sus funciones principales es dar expresión a la diferencia y al conflicto, expresar y dirigir nuestros intereses? ¿No somos ya capaces de extraer de un ejemplo concreto un ideal y estimar de nuevo su aplicabilidad al mismo y a otros casos particulares? Si es cierto que el entendimiento lingüístico juega un papel como mecanismo de coordinación de acciones, que estructura y perpetúa un orden social que se estabiliza como derecho positivo: ¿cómo se expresa discursivamente la experiencia de aprendizaje político de quien sale de la inconsciencia y la pasividad bajo las condiciones de una decepción sistemática que destiñe el funcionamiento de las instituciones seudodemocráticas? ¿Los exigentes principios de legitimidad del Estado democrático de derecho sólo pueden fundarse en abstracciones? Aquí no se intenta una teoría de la comunicación basada en pretensiones ideales de validez universal que pudiera sostener una teoría de la racionalización social; lo que interesa es lograr un modo de pensar el lenguaje y la acción en el discurso político que preserve las tensiones que registran nuestros conceptos prácticos fundamentales en esta “región del lenguaje”, procurando la comprensión dialógica de los diferentes.

Terciando en la discusión entre la propuesta de una diversidad de públicos en competencia (cercana a las perspectivas que radicalizan componentes liberales y pluralistas) versus la propuesta de una estrategia de destitución o de públicos en diáspora (que radicalizan los componentes republicanos o comunitaristas), la opción es un método que, basado en la reconstrucción de las oposiciones en casos concretos, provea a las argumentaciones en juego. Consideramos que con ello “se realiza una imprescindible tarea previa a toda posible decisión con respecto a la verdad de dos tesis contrarias: el examen tanto de las consecuencias que se siguen de cada una de ellas, como de los principios de los que cada una de ellas deriva”.

25 Pitkin, H., Op.cit. 26 La apropiación que realiza Habermas de los resultados de la filosofía analítica eclipsa tal vez lo que podría señalarse como su aporte fundamental, el método de partir de las intuiciones comunes en el lenguaje cotidiano. También deja de lado el planteamiento explícito de las paradojas y confusiones que se suscitan a partir de ellas y que el análisis se propone remediar. De todas maneras, Habermas hace explícita la conexión que se daría entre su tratamiento analítico de la significación y la verdad, y el problema de la legitimación del estado democrático de derecho.

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Como afirma Guariglia en su rehabilitación de la dialéctica aristotélica, se trata de un ejercicio de la razón requerido para la construcción de una ciencia que se reivindica como práctica.

“Pero siempre hay agujeros significativos en el tejido urdido por la propaganda, silencios y omisiones significativas, inconsistencias internas, los significados más antiguos de los términos están en tensión con los nuevos usos, rememorando un mundo anterior. Y la gente sigue experimentando la realidad práctica de sus individualidades, de sus vidas locales. Es la nauseabunda humareda que procede de las chimeneas del cercano campo de concentración, es la ausencia de los ‘desaparecidos’. El esclavo comparte e internaliza el lenguaje que cifra la dominación del amo y, sin embargo, en su praxis ‘conoce’ una verdad diferente y más compleja... Esas divisiones son la fuente del otro gran potencial del lenguaje, su poder liberador. Bajo condiciones de decepción sistemática ‘hablar una palabra de verdad es transformar el mundo’, ya que la gente tiene sed de verdad y de totalidad, y éstas pueden liberarles para la acción.” 27

También nuestro empleo de la palabra verdad registra ambigüedades en la región de la

política y la moral. Un uso popular y académico alude a las proposiciones aceptadas como verdades desde la pasividad de una actitud realista de sentido común, que no se preocupa por el significado sustancial de nuestras palabras28. Este uso común conduce a describir las prácticas institucionales desde un punto de vista oficial y nos compromete con la aceptación de una situación de opresión disfrazada ideológicamente. Pero también hay otro uso de la palabra verdad, que nace de la experiencia de aprendizaje personal y colectivo, en las que se conoce una realidad más auténtica, una realidad cuya constatación reenvía a la acción, al compromiso crítico con el cambio, al renacimiento de una voluntad política. En este sentido, la articulación lingüística que expresa una verdad se vincula con la denuncia y la reivindicación. Así, en el uso sustancial de una palabra de verdad se manifiesta un potencial liberador del individuo, que se despoja de su ignorancia en el encuentro con los demás sujetos de este conocimiento. Método, acción y verdad

Desde un punto de vista metodológico, el primer paso en el desarrollo de una propuesta que integre filosofía, teoría política e investigación empírica, es la constatación de las ambigüedades que nuestro lenguaje pone en juego. El segundo paso es su interpretación como síntoma que indica una tensión en nuestros modos de vida. En un tercer momento reconocemos los problemas teóricos que suscita la política como paradojas conceptuales que se registran en una región particular de nuestro lenguaje, pero que pueden no afectar la comprensión común de los participantes ni la inteligibilidad local de los diferentes usos. Arendt profundiza este concepto precisamente en sus desarrollos críticos respecto de la cientifización del conocimiento político. En esta discusión y con resonancias wittgenstenianas, señala:

“Las ciencias sólo pueden aclarar, pero nunca probar ni negar, la comprensión

preliminar acrítica de la que parten. Si el científico, extraviado por el objeto propio de su investigación, empieza a hacerse pasar por un experto en política y a despreciar la

27 Pitkin, H., Op.cit. 28 Como enseñaba Wittgenstein proponiéndonos una terapéutica para calmar nuestras ansias de generalidad: “No preguntes por el significado, pregunta por el uso”. Ver Wittgenstein, L.: Investigaciones Filosóficas. Grijalbo, Barcelona, 1988.

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comprensión popular de la que partió, pierde inmediatamente el hilo de Ariadna del sentido común, que es el único que lo puede guiar con seguridad a través del laberinto de sus propias conclusiones.” 29

Tanto la precomprensión desde la que se parte, base de todo conocimiento, como la

verdadera comprensión que trasciende a éste, tienen en común el logro del sentido. En este tránsito de la precomprensión a la comprensión, Arendt se preocupa por denunciar una forma sistemática de proceder que nos lleva a erosionar la posibilidad de que una nueva fuerza nos oriente hacia condiciones nuevas: la aptitud para subsumir, reconducir lo desconocido a lo conocido, buscando causas y efectos, representar fenómenos como formas típicas, “ocultar todo lo que no nos resulta familiar y necesita ser comprendido en una mezcla de familiaridades y lugares comunes”.

En el campo de los asuntos humanos, el lenguaje popular es quien instaura aquellas palabras que dan cuenta de lo nuevo30; por ello, apartarnos del uso popular de una palabra del campo político para intentar entenderla nos conduce a una de las paradojas de la modernidad, nuestra necesidad de trascender la comprensión preliminar nos lleva a perder nuestras herramientas de comprensión. “Nuestra búsqueda de sentido es al mismo tiempo estimulada y frustrada por nuestra incapacidad para generar sentido”, dice Arendt en el texto que venimos citando.

En circunstancias de socavamiento de la legalidad y de pérdida de vitalidad de las tradiciones para dar respuestas a las cuestiones políticas de nuestro tiempo, sin leyes que regulen los actos de los ciudadanos y sin costumbres que regulen los actos del hombre, afirma Arendt que “...lo que se ha perdido es el propio marco en que la comprensión y el juicio podían emerger”, una especie de “condición de ausencia de significado”. Los efectos no son sólo la pérdida de la capacidad para la acción política, sino la misma pérdida de la búsqueda de sentido y la necesidad de comprensión, desierto donde prevalece una lógica implacable, la sustitución de la verdad por la coherencia, rompiendo todo los lazos con la realidad y la experiencia.

La producción y la puesta en forma de un discurso académico implican, desde esta perspectiva, no tomar distancia del discurso y la acción de los participantes. Si el discurso académico abandona el objetivismo sin entregarse al realismo cínico del relativista, puede participar en una diversidad de juegos del lenguaje desde una comprensión crítica compartida de la situación. Se trata de recobrar el lazo del significado con la realidad que se manifiesta en la experiencia de la participación, actividad que pone en cuestión nuestros presupuestos básicos, para volver a buscar el sentido de una verdad compartida.

“Uno debe colocarse del lado del error y llevarlo hacia la verdad. Esto es: debe descubrirse el origen del error pues, de lo contrario, el oír la verdad no sirve de nada, la verdad no puede penetrar cuando otra cosa ha ocupado su lugar. Para convencer a alguien de la verdad, no es suficiente con constatarla; más bien uno tiene que encontrar el camino del error a la verdad. Tengo que zambullirme una y otra vez en el agua de la duda.”31

Si interpretamos el encuentro con los participantes como un acontecimiento

innovador, como el comienzo de una nueva comprensión que se puede movilizar como un

29 Arendt, H.: “Comprensión y política”, en De la historia a la acción. Paidós, Barcelona, 1995. 30 Desarrollos similares aunque reconociendo distintas tradiciones del pensamiento político: Ryamond Williams, Palabras clave y Nancy Fraser and Linda Gordon, “Dependency Demystified: Inscriptions of power in a keyword of the welfare state”, en Contemporary Political Philosophy An antthology. Edt. By Robert E. Goodin and Philip Pettit, Blackwell, UK, 1997. 31 Wittgenstein, L.: ídem nota 15.

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poder, lo que se requiere es una metodología que prosiga el diálogo entre las singularidades y las tipificaciones que como investigadores hacemos de ellas, confiando en que la “imaginación aferrará al menos un destello de luz de la siempre inquietante verdad”. La apelación a la imaginación aquí no es un salto a lo “irracional”, sino, por el contrario, un llamado a “la amplitud del espíritu, a la Razón en su más exaltada disposición”, distanciamiento equilibrado entre la proximidad de la experiencia y el abismo de la pura abstracción.

Esta posibilidad de un distanciamiento equilibrado puede aclararse y reforzarse tomando nota de una posible rehabilitación de la dialéctica aristotélica, que se pone en relación con una recepción no relativista del segundo Wittgenstein. Procuramos con ello remediar una indisposición cognitiva que bloquea el desarrollo natural de una filosofía que nos permita escapar de esas categorías que, presentándose como mutuamente excluyentes, mantienen aislado y cautivo nuestro pensamiento.

El uso actual de la dialéctica aristotélica para el tratamiento directo de los problemas filosóficos que se nos plantean, se hizo notable, en primer lugar, en el campo de la teoría analítica de la acción de la segunda mitad del siglo XX:

“Tanto en la explicación general de acciones en las ciencias sociales como en la

aceptación de la existencia de criterios objetivos de justificación de las acciones individuales surgieron desde distintas direcciones propuestas que ni en uno ni en otro caso apelaban a la deducción del caso individual a partir de leyes teóricas de validez universal. Tales propuestas revalorizaban las formas específicas de argumentación práctica que habían caído en desuso a partir del cartesianismo y el empirismo del siglo XVII en adelante.” 32

Desde este punto de vista metodológico, se valora la distinción aristotélica entre los principios necesarios de la causalidad natural, que son principios en sentido propio, los principios analógicamente dichos de las matemáticas y el hombre como principio de cambio contingente que lo singulariza: la acción. Más allá de la relativa caducidad de la filosofía aristotélica de la naturaleza o las matemáticas, quedaría en pie su tesis de la independencia ontológica de la acción, y sus resultados, junto con su atribución de una racionalidad propia: “...solamente el hombre entre todos los animales es un principio de ciertas acciones -pues no diríamos que alguno de los otros animales actúa- (...) el hombre en cambio es el principio de una cierta acción, pues toda acción es movimiento... y lo que está en las manos de los propios hombres pertenece en su gran mayoría a estos últimos entes pasibles de ser de un modo u otro. De ellos los hombres son el principio. En consecuencia: todas aquellas acciones de las que el hombre es el principio y dueño absoluto, pueden evidentemente tener o no tener lugar. Del mismo modo es evidente que en su poder está el que tales acciones tengan o no lugar, dado que él es dueño de que existan o no. De cuantas acciones están en su poder hacerlas o no, él es la causa de las mismas y de cuantas acciones él es la causa, éstas en su poder.” 33 La justa valoración de esta contribución de Aristóteles se interpreta como habiendo dado un “fundamento independiente a la lógica de la acción”. La distinción ontológica entre intenciones o razones y causas, se conjuga con una distinción epistemológica que, oponiéndose al modelo platónico de conocimiento, proyectaba la exactitud matemática como ideal y su correspondiente división alternativa de las ciencias. Se encuentra también allí una toma de posición respecto de la distinción entre ciencia teórica y práctica, junto a una 32 Guariglia, O.: Ética y política según Aristóteles. Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1992. 33 Ética a Eudemo, II6 1222b15-23a9.

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concepción de los principios de esta última, que se consideran valiosos también frente a sus rivales en el escenario contemporáneo.

Sostiene Guariglia que al hacer foco en el “esfuerzo aristotélico por elaborar en sus obras de filosofía práctica, un método drásticamente distinto del de la filosofía natural jónica como del entronizado en la Academia platónica, que fuera el apropiado para dar cuenta de la racionalidad de la acción”, se hace girar su actualidad sobre el tema de los principios y causas en la naturaleza, en las matemáticas y en la acción. Las aperturas aristotélicas se refieren directamente al objeto del que se va a tratar, invitándonos a ir desde lo evidente para nosotros, lo constatable a simple vista, lo que se expresa mediante el buen uso de las palabras, a la explicitación conceptual de nuestras intuiciones familiares, el reconocimiento o identificación prima facie del asunto que se va a tratar. Si consideramos que Aristóteles parte de lo que resulta más inteligible o más fácilmente reconocible para quien cuente con la formación cultural y la experiencia suficiente para recibir sus enseñanzas, podemos recibir sus puntos de partida como constataciones acerca del sentido común instalado.

“Ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta comunidad, también que toda comunidad está constituida con miras a algún bien (por algo, pues, que les parece bueno obran todos en todos los actos) es evidente. Así que todas las comunidades pretenden como fin algún bien; pero sobre todo pretende el bien superior que es superior y comprende a las demás. Ésta es la que llamamos ciudad y comunidad política.”34 La Política se inicia definiendo a la ciudad como comunidad, organización humana que incluye intencionalmente en su fin el de todas las demás asociaciones. En lo que vemos, constatamos la presencia de una organización autónoma y autosuficiente orientada al bien del ciudadano y del pueblo que la conforman; en lo que se dice con razón, constatamos la conservación de una identidad ética y política, la salvación, la subsistencia, pero también el sentido básico de las apreciaciones implicadas en su modo de vida. Este uso de la palabra política permanece apegado a las apariencias, parece dar por supuesto la eficacia general de la palabra bien y conducir a la legitimación del orden social establecido como algo bueno, bello y justo. Pero éste no es el efecto que se busca apelando a la justificación natural de lo instituido. Más adelante, Aristóteles será explícito sobre la propia justificación de la investigación política, de la búsqueda de las fórmulas constitucionales más apropiadas para remediar la desnaturalización de la comunidad cívica, su injusticia creciente.

Lo que una concepción natural de la justicia política parece suponer, es la eficacia normal de la palabra bien como valoración positiva de un objeto de deseo, como un fin o su medio subordinado, como tendencia natural saludable a la coordinación y apreciación debida de las acciones; junto con el uso normal del vocabulario en una organización en la que se da la aceptación normal de la autoridad política como legítima. Pero este uso normal que nos resulta familiar puede carecer de objeto presente en circunstancias dadas. En una situación de inestabilidad de nuestras apreciaciones y bienes, los razonamientos sólo pueden mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático. Porque la existencia de la ciudad como comunidad política es anterior a cada uno de nosotros, su destrucción deteriora nuestro lenguaje:

“Pues si se destruye el conjunto, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir no se puede decir que sean las mismas cosas, sino homónimas.”35

34 Aristóteles: La Política, Libro I Capítulo I. 35 Aristóteles: La Política, Libro I Capítulo II.

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La dialéctica parte de las opiniones generalmente admitidas y en particular de la opinión del interlocutor para alcanzar una definición válida. Las designaciones de las cosas que utilizamos en el lenguaje corriente constituyen un medio idóneo de comunicación porque su comprensibilidad depende del uso efectivo del nombre en diversos contextos, del hábito lingüístico de los hablantes. Pero si un significado públicamente compartido induce por su circulación a una presunción de existencia, ésta se puede precisar o desmentir con medios conceptuales más estrictos.

Reteniendo la pluralidad de significados y referencias, Aristóteles se propone elevar el nivel de la comprensión cotidiana arribando a una definición técnica o científica que nos proporciona la esencia de una cosa cuya existencia nos es conocida independientemente. De un conocimiento superficial, provisto por el nombre de la cosa, se pasa a un conocimiento profundo de sus principios constitutivos. El juego entre la precomprensión pragmática de las cosas trasmitidas por el lenguaje ordinario y la precisión conceptual se continúa y desarrolla en el examen dialéctico de la definición. Aquí el punto de partida es el punto de vista del interlocutor y lo que se busca es pasar del campo de los significados habituales al de sus referencias precisas, de la inteligibilidad relativa a la absoluta. Este pasaje proviene de la disputa con otro, del ataque y la defensa de una tesis, cuya razonabilidad es extraída de los endóxa, de las opiniones admitidas como válidas. La dialéctica, forma de argumentación propia de la ciencia práctica, aporta así la formación general que precisa el ciudadano antes de especializarse en algunas de las ciencias. Si bien las opiniones comunes pueden considerarse datos extraídos de la experiencia, su compilación requiere una primera elaboración que permanece como fuente para estudiar los hechos mismos.

En el Libro VII de la Ética a Nicómaco, hablando de las virtudes éticas de la incontinencia y la continencia36, Aristóteles explicita su método:

“Como en los demás casos, deberemos, después de establecer los hechos observados y

resolver las dificultades que se presenten, probar, si es posible, la verdad de las opiniones admitidas sobre estas pasiones, y si no, la mayoría de ellas y las más importantes; pues si se resuelven las dificultades y las opiniones aceptadas quedan firmes, resultará suficientemente establecido este asunto.”

Sintéticamente, el método se inicia en la exposición de las opiniones y los fenómenos, sigue con el examen de sus puntos conflictivos y su resolución, y culmina con el establecimiento de las más plausibles de las opiniones aceptadas. De las dificultades que se presentan “debemos refutar unas y dejar de lado otras, porque la solución de una dificultad es el hallazgo de una verdad”. El equilibrio dialéctico como sentido

Vimos que una recuperación wittgensteiniana de la dialéctica aristotélica nos permite munirnos de las argumentaciones en juego en una determinada situación, registrar sus tensiones, sus pretensiones competitivas. En este primer momento metodológico se procuró superar la tendencia a reducir la novedad de los acontecimientos a la familiaridad instituida. Siguiendo a Arendt, la formación de nuestras opiniones políticas se produce al considerar un tema desde distintos puntos de vista, que incluye también la perspectiva de los ausentes. No se trata de la empatía que nos llevaría a intentar ser o sentir como otro, sino de “ser y pensar

36 La acrasía (la blandura y la molicie) se tiene como mala y censurable porque el hombre se aparta de la razón y obra movido por la pasión; por otra parte, la continencia o resistencia (encratía) se tienen por buenas y laudables porque el hombre obra siguiendo la razón.

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con mi propia identidad allí donde no estoy”; la diversidad de puntos de vista considerados, la capacidad para ponernos en el lugar de los otros, trae como consecuencia la capacidad para “pensar representando”, y de esta imparcialidad depende la validez política de mis conclusiones. Es en la experiencia de la participación, en la reconciliación37 de las perspectivas, necesaria para la acción común, que los hombres alcanzan el pleno florecimiento de su condición. Por esta razón “únicamente la polis puede enseñarnos a relacionar nuestras propias necesidades e intereses con un continuo bien público compartido del cual somos solamente una parte”.38

Pero la palabra dialéctica en relación con Wittgenstein recibe también otros usos. Particularmente significativo a nuestro interés resulta el aportado por Cavell para referirse a la relación lenguaje y mundo, y la aplicación que de este uso realiza Pitkin en la región del lenguaje de la política.

En un primer sentido, la gramática parece ocupada únicamente de relaciones entre palabras, de la consistencia interna de nuestro lenguaje. La confusión conceptual hace aparecer como empíricas cuestiones puramente lingüísticas. La confusión se produce cuando predicamos de la cosa lo que subyace en nuestro método de representación. Pero esta perspectiva lingüística interna no implica un rechazo de la intención de ir más allá de las simples palabras; se trata de reorientar la pregunta por la esencia hacia su expresión gramatical. Es la gramática lo que nos explica qué clase de objeto es cualquier cosa. En este sentido no solamente concierne al lenguaje, sino que nos informa respecto de los objetos en el mundo, y puede responder a algunas clases de cuestiones acerca de ellos. Nuestras confusiones conceptuales dejan de resultarnos paradójicas cuando conseguimos una perspectiva general más perspicaz de las reglas que gobiernan el uso de las palabras.

Teniendo en cuenta los usos característicos de una palabra, la gramática nos dice cómo hay que llamar a algo en un caso concreto; nos dice que esto, un conjunto de fenómenos del mundo, es tal o cual cosa. Se trata de determinar la relación entre una expresión y el sentido de su uso en el mundo, especificar las expresiones características y el criterio de lo que cuenta como una aplicación de la expresión:

“Es crucial para la postura de Wittgenstein que la bastardilla de ‘esto’ señala no una descripción verbal de circunstancias, sino las (reales, recordadas o imaginadas) circunstancias mismas. Pues señala el tipo de caso paradigmático del uso de una palabra que... descansa en las conexiones ya realizadas entre las palabras y el mundo.”39

La prueba de que hemos adquirido una adecuada compresión de la situación no

implica que se señalen sus rasgos distintivos, sino que se reconozca nuestra capacidad de usar los conceptos mediante los cuales la captamos en relación con otros que resultan relevantes para el contexto problemático en cuestión.

“Se puede decir que la gramática establece el lugar de un concepto en nuestro sistema de conceptos y, por tanto en nuestro mundo, controla qué otros conceptos, qué cuestiones y observaciones son relevantes para un concepto particular.”40

37 Apartándonos de quienes realizan una lectura que liga reconciliación con perdón en el campo de la política, como una de las bases donde radicaría la posibilidad de innovación -dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber concluido-, aquí recuperamos su especificidad dentro de un plano epistémico, en relación a su vinculación con el sentido. 38 Pitkin, H., Op. cit. 39 Pitkin, H., Op. cit. 40 Pitkin, H., Op. cit.

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Sintéticamente, reconocer las influencias mutuas entre lenguaje y mundo es admitir que en el momento en que intentamos decir lo que es, recurrimos a un sistema conceptual. Ahora bien, algunas áreas de nuestro sistema conceptual son relativamente inaccesibles a la revisión mediante la experiencia, mientras que en otras es relativamente fácil hacer nuevos descubrimientos que desemboquen en una revisión conceptual. Si nuestro concepto está conformado en muchos juegos de lenguaje complejos, como es el caso de los conceptos en la región del lenguaje de la política, entonces seremos más proclives a creer que “ello” no viene “dado” en el mundo, sino que es construido o seleccionado por nuestro esquema conceptual, pero no arbitrariamente sino que depende de nuestras vidas como criaturas animadas en el mundo. Sostiene Pitkin:

“Pero el que juguemos estos juegos del lenguaje en lugar de otros no es el resultado

de accidente alguno ni de libre elección arbitraria. Es el resultado de lo que el mundo en el que vivimos es y de lo que nosotros somos, de lo que de modo natural sentimos y hacemos.”

Esta comprensión tiene sus efectos a la hora de pensar la relación entre marco teórico

y aplicación empírica. No se trata ya de primero asumir definitivamente un marco conceptual para después aplicarlo, sino de considerar que como resultado de las aproximaciones sucesivas a casos particulares, nuestra comprensión inicial se modificará para hacerse más compleja y adecuada para los fines que como investigadores podemos llegar a compartir con los actores. Esta orientación de la investigación hacia la especificidad de su conceptualización para un contexto práctico efectivo, si bien limita la generalidad de su alcance, recupera la posibilidad de la relevancia y, por lo tanto, de un compromiso teórico práctico concreto.

Así, una filosofía, una teoría política y una práctica de investigación empírica, produciría un discurso que se dirige de un ciudadano a otros, y se refiere a una situación compartida con el propósito de superar el efecto paralizante de nuestra alienación. Desde esta plataforma, la tarea tradicional de la teoría de proveer de un sentido necesario para el acuerdo en la acción, no precisa entenderse en un sentido conservador, como una ilusión de orden y dominio, sino como la posibilidad de restituir la función reveladora de verdad de nuestro lenguaje y de su poder para establecer relaciones genuinas, para crear lo que Arendt ha llamado una esfera pública, un terreno institucional en el que son posibles la libre acción política y la deliberación pública compartidas.

Frente a una lectura conservadora de Wittgenstein, que lo compromete con la descripción de nuestras formas de vida como algo que tiene que ser aceptado como dado, es posible una lectura que no bloquee su movimiento:

“Reconocer lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, quienes somos, puede

querer decir renunciar a algunos sueños de cambio como imposibles, pero puede ser también un fundamento -tal vez el único fundamento eficaz- para lograr un cambio genuino. Es, como sugiere Cavell, ‘algo así como el reconocimiento de nuestros compromisos actuales y sus implicaciones; para una persona, el sentido de libertad exigirá huir de esos compromisos; para otra, exigirá que sean aceptados plenamente’. ¿Es obvio que una de esas actitudes, en un caso dado, debe ser correcta?” 41

Si la libertad comienza con la conciencia de la pluralidad de alternativas, esta

conciencia no es aún la libertad porque falta discriminar entre lo que tiene que ser aceptado como inevitable y lo que podemos cambiar en nosotros mismos y nuestra situación. Más que negar, reprimir o disfrazar el deseo de cambio, lo que se requiere es su examen más a fondo.

41 Pitkin, H., Op. cit.

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Es tal aceptación de la realidad el único fundamento sólido para una acción afortunada y un cambio político significativo.

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Escena segunda: reconocimiento de actores y posiciones

1. Cronología de los posicionamientos de funcionarios públicos y actores de la sociedad civil, 2001-2004.

Reconocer lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, quienes somos puede querer decir renunciar a algunos sueños de cambio como imposibles,

pero puede ser también un fundamento-tal vez el único fundamento eficaz- para lograr un cambio genuino. Es, como sugiere Cavell, “algo así como el reconocimiento de nuestros compromisos actuales y sus implicaciones; para

una persona, el sentido de libertad exigirá huir de esos compromisos; para otra, exigirá que sean aceptados plenamente”. ¿Es obvio que una de esas

actitudes, en un caso dado, debe ser correcta?

(Hanna Pitkin: Wittgenstein, el lenguaje, la política y la justicia) Introducción

En lo que respecta a las acciones de demanda de derechos que tienen lugar en las democracias realmente existentes, consideramos que se caracterizan por superar lecturas totalizantes acerca del funcionamiento del estado capitalista y su determinación por las estructuras productivas del sistema económico. Sin desconocer el peso de los poderes fácticos por sobre los de las estructuras institucionales del estado de derecho democrático, el despliegue de las acciones reivindicativas, en la mayoría de los casos, parte de la asunción por parte de la ciudadanía de una voz que interpela a los poderes públicos acerca de su responsabilidad y eficiencia respecto a la efectiva vigencia de un orden político que garantice igualdad de derechos. Por tal motivo, inscribimos nuestros desarrollos dentro de una perspectiva que caracteriza a dichas acciones como actos de desobediencia civil, que ponen en cuestión las condiciones de pertenencia de los individuos a la comunidad política.

En lo que respecta a las instituciones del estado democrático, la figura del contrato social no es entendida aquí como la ficción de un pacto de mera conveniencia/obediencia, sino como un proyecto empírico y moral por el que individuos dan el consentimiento a su pertenencia como miembros de una comunidad política, lo que implica dos cosas: “primera, que discierno y admito el principio mismo del consentimiento; lo que significa que admito que otros han consentido conmigo, y en consecuencia que consiento a la igualdad política. Segunda, que discierno y admito a la sociedad y a su gobierno, así constituidos como míos; lo que significa que soy responsable no meramente ante ella, sino por ella. Así pues, en la medida en que admito que estoy ejerciendo mi responsabilidad por la sociedad, mi obediencia a ella es obediencia a mis propias leyes; la ciudadanía, en ese caso, es lo mismo que mi autonomía; la polis es el campo dentro del cual desarrollo mi identidad personal y es producto de la libertad (política)”42.

Desde esta perspectiva, la toma de la palabra por parte de la ciudadanía constituye un acto de enunciación por el cual el ciudadano habla políticamente por sí mismo y por los otros con quienes consiente en asociarse, acto en el cual se pone en juego la posibilidad del rechazo por parte de aquellos a los que se invoca como un nosotros, así como el rechazo a quienes proclaman hablar por el ciudadano. Mientras que las instituciones democráticas son evaluadas

42 Cavell, S.: Reivindicaciones de la razón. Editorial Síntesis, Madrid, 2003.

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conforme a que el precio de la toma de la palabra por parte del ciudadano sea mínimo, es decir, ofrezcan un estado de cosas por el que el ciudadano pueda hablar, reafirmando la polis. Desde esta perspectiva, el disentimiento de la ciudadanía no es en principio la revocación del consentimiento, sino una disputa dentro del mismo acerca de si el ordenamiento actual sigue siendo fiel al mismo. La particularidad de esta situación en la actualidad, sería ya no sólo la difuminación del carácter democrático de las instituciones estatales y el consiguiente pasaje a una forma de “legalismo autoritario”, es decir, a un consentimiento basado en la fuerza, sino el posible éxodo de prácticas ciudadanas a espacios públicos no estatales.

Frente a posiciones que plantean como una disyuntiva a la acción política el trabajar dentro del campo del sistema de la representación o construir por fuera de ese sistema, es decir, profundizar el éxodo iniciado en diciembre del 2001; nosotros optamos por profundizar la comprensión de las prácticas, a fin de que las mismas puedan autoevaluarse y reflexionar sobre los caminos a seguir en pos de la vigencia del derecho a la vida. En relación a las instituciones del estado democrático de derecho, optamos por avanzar en la comprensión de su actuación a fin de dar cuenta de su concreta forma de intervención, relevando sus posibilidades y límites en relación a la garantía de derechos individuales y colectivos reconocidos constitucionalmente.

Atento a ello, del primer acercamiento a la lucha de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo hemos podido relevar una serie de actores e instituciones estatales y de la sociedad civil con las que ellas han interactuado a fin de hallar la verdad, el cese del daño y soluciones al grave problema que detectaran en su comunidad. Las conversaciones sostenidas con ellas nos permitieron identificar las instituciones y empezar a reconstruir la experiencia de esta interacción.

Un segundo reconocimiento de los involucrados ha sido posible a través del análisis de información periodística sobre el caso y de información secundaria. Teniendo como fuente a los archivos del diario La Voz del Interior y a documentos legales e informes, la tarea ha consistido en elaborar este registro de la aparición pública de los participantes (funcionarios estatales y actores de la sociedad civil) por orden de fechas entre 2001 y 2004, junto a una descripción de su posicionamiento en el tema.

Esta cronología de posicionamientos permite visualizar a quienes son responsables y en cuanto tales toman la palabra respecto de la situación, y también a quienes son responzabilizados por la interpelación ciudadana. Según Cunill Grau, la responsabilización consiste en dar cuenta del ejercicio del poder, superando la noción de accountability de las teorías del nuevo gerenciamiento público como una mera rendición de cuentas, invitando a pensar en la posibilidad de justificación del ejercicio del poder. A diferencia de un mero control, de interferencia en el modo en el que el poder es ejercido, la responsabilización, en cambio, implica que las actuaciones y decisiones sean justificadas, presupone el despliegue de una discrecionalidad, pero argumentada.

La acción del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó, los vecinos del barrio y una red de actores comprometidos instala el tema públicamente, dirige el reclamo hacia instituciones puntuales por las funciones que éstas deben cumplir. Responsabiliza en primera instancia a los funcionarios comprometidos, a los que les exige una acción protectora. En segundo lugar, con la crítica de la ciudadanía hacia los criterios y efectividad de la intervención, se realiza una segunda responsabilización, tanto institucional (demandas penales por mal ejercicio de funcionario público) como pública: el cuestionamiento a los resultados de la actuación.

Cabe señalar que tales acciones producen una modificación de los sentidos atribuidos al ejercicio de la responsabilidad ciudadana. Mientras que en el contexto de las privatizaciones de los servicios públicos y de la transferencia de responsabilidades públicas a sectores de la sociedad civil, la responsabilidad de los ciudadanos se traduce falazmente en auto-responsabilización, en el contexto de prácticas de defensas de derecho es el ejercicio de

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la autonomía el que lleva a un hacerse responsable por la responsabilización. Mientras que en la primera acepción encontramos una actitud de auto-cuidado, un hacerse cargo individual o colectivamente de las posibilidades de éxito o fracaso en la garantía de las propias condiciones de vida, en la práctica de la responsabilización nos encontramos con un ejercicio de la autodeterminación, con ciudadanos activos por la calidad de la representación política y su efectividad para la protección y garantía de los derechos vulnerados en esta situación. Por último, y en relación al período considerado por la crónica, cabe señalar que en relación al estado público de la cuestión, éste tiene su pico en el año 2002, con notas casi semanales. Durante el año 2003 disminuye su presencia, culminando el año con un extenso informe del Presidente de FUNAM (Fundación para la defensa del Ambiente) Dr. Raúl Montenegro, que proporciona información técnica que difiere por completo de la presentada por la Dirección Provincial de Ambiente. Desde abril del 2004, la cuestión sólo es tratada esporádicamente. 1. Posicionamiento de los poderes y funcionarios públicos provinciales en relación a la cuestión 1.1. Poder Ejecutivo Provincial

De los registros periodísticos del diario La Voz del Interior en el período no es posible conocer la posición del Gobernador de la Provincia, Dr. José Manuel De la Sota, sobre el tema.

En mayo de 2002, la Secretaría General de la Gobernación niega la presencia de PCB por encima de los valores admitidos por la OMS en los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) de Barrio Ituzaingó Anexo, afirmación que sostiene supuestamente el estudio realizado por el CEPROCOR (Centro de Excelencia en Procesos y Productos): “De 50 a 200 partes por millón está permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); superando ese límite es en donde se piensa que puede haber riesgos. Y digo se piensa, porque nunca se determinó taxativamente que esta sustancia pueda producir cáncer”. También informa la firma de un acuerdo entre la Agencia Córdoba Ciencia, la Dirección de Ambiente y la Federación de Cooperativas Eléctricas en la Provincia que contempla la realización de estudios a los 10.000 transformadores existentes en la provincia.

La información proporcionada por el mismo diario revela “que las leyes argentinas actualmente vigentes (Resolución 369/91 del Ministerio de Trabajo)) consideran que si el aceite refrigerante de los transformadores contiene más de 500 partes por millón de bifenilos policlorados se trata de PCB puro; si el rango va de 50 a 500 está contaminado con PCB, y que por debajo de 50 ppm está libre de la sustancia.

A mediados del mismo mes, el titular de Ambiente de la provincia, Sergio Nirich, confirma una mayor concentración de PCB a la que había informado Olga Ruitort luego de que en el ERSEP los vecinos encuentran un expediente con los valores reales de PCB. Dicho funcionario declara que el problema se ha debido a una confusión al pasar la información por teléfono. Ante esta situación los vecinos piden la renuncia de todos los involucrados en la disputa por los valores de PCB hallado y declaran no haber recibido comunicación de estos análisis ni de los agroquímicos. Agencia Córdoba Ambiente

En abril de 2002, los vecinos piden un nuevo estudio de los transformadores a la Dirección de Ambiente, sin recibir respuesta. Los vecinos también denuncian la realización de

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fumigaciones en el campo que colinda con el barrio, a pesar de que en la reunión realizada en la Legislatura con las autoridades, éstas les prometieron que cesarían hasta tanto se determinara qué agroquímicos se estaban empleando. “A Sofía Gatica, Nirich le dijo ‘loca’ porque reclamaba por la presencia de agroquímicos en el agua”, afirmaba Cristina Fuentes.

En junio, la representante legal de las Madre de Barrio Ituzaingó presenta querellas penales particulares ante la Fiscalía Federal N° 3. Sergio Nirich es denunciado como responsable directo. Entre las figuras penales se señalan los delitos contra la salud pública, de violación de los deberes de funcionario público, delitos previstos en la Ley Nacional de residuos peligrosos y delitos contra la administración pública. Un mes antes, ya Raúl Montenegro reiteraba el pedido de renuncia del titular de Ambiente de la Provincia, Sergio Nirich.

En el mes de julio, los estudios del CEPROCOR detectan la presencia de los plaguicidas Beta Endosulfán y DDT. Raúl Montenegro asegura que la Dirección de Ambiente de la Provincia “tenía en su poder estos resultados”, pero “no lo informó a los vecinos ni a la sociedad” y anuncia que girará una copia del análisis a la Justicia Federal.

En agosto, la Dirección de Ambiente comunica que el estudio de plaguicidas en tierra del barrio arrojó un nivel mínimo de agroquímicos.

En octubre, las dependencias de Salud y Ambiente de la Provincia confirman la existencia de contaminantes en la zona e informan una lista de enfermedades que podrían tener relación con algún elemento contaminante.

En noviembre de 2002, y ante el “pedido desesperado de los vecinos” en el Concejo Deliberante del Municipio, los concejales presentes en la sesión asumieron el compromiso de gestionar -tanto con la Secretaría de Agricultura de la Provincia como con autoridades de Salud y Medio Ambiente- medidas urgentes tendientes a frenar las fumigaciones aéreas en la zona de barrio Ituzaingó.

En diciembre de 2002 se da a conocer el informe de la Cátedra de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba y FUNAM, difiriendo por completo sus primeras conclusiones de las que hace la Dirección Provincial de Ambiente.

Desde esta fecha no se registran más apariciones ni declaraciones, hasta enero de 2004, cuando ante la denuncia por fumigaciones por parte de vecinos y FUNAM, acuden al barrio técnicos de la Auditoría de la Dirección Provincial de Ambiente.

Ministerio de Salud de la Provincia

En abril de 2002, el Ministerio de Salud investiga a partir de la denuncia realizada por los vecinos. El Ministro Chuit confirma la presencia de endosulfán en el agua de Barrio Ituzaingó, pero de acuerdo a los estudios realizados por el Gobierno, la presencia del plaguicida se encuentra en una concentración 1.000 veces por debajo del límite establecido por la ley. También informa que luego de este primer estudio de búsqueda de metales pesados, se continuará con una segunda etapa para detectar procesos virales vinculados a leucemias. En este sentido, anuncia la realización de un barrido de casos en el Barrio, para lo cual la repartición enviará 150 profesionales y la realización de estudios de suelo, de transformadores y medición de radiaciones.

En lo que respecta a la problemática de los transformadores eléctricos, el Ministerio de Salud informa que los casos están circunscriptos a la zona de los transformadores y que los estudios se realizan en base a muestras del suelo de los transformadores por parte de la Agencia Córdoba Ambiente. En mayo, Chuit declara que el PCB no es la causa única de los problemas y que se están estudiando posibles causas asociadas.

En junio, el Ministerio de Salud es querellado ante la Fiscalía Federal N° 3, como responsable junto a otros organismos y funcionarios responsables del control, por Montenegro

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y vecinos. Entre las figuras penales en las que podrían haber incurrido se señalan los delitos contra la salud pública, de violación de los deberes de funcionario público, delitos previstos en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y delitos contra la administración pública

En agosto de 2002, ante cortes de calles y rutas realizados por las Madres y vecinos para denunciar la aparición de nuevos casos y la demanda de un estudio epidemiológico a fondo, el Ministerio relativiza la denuncia. La Secretaria de Salud de la Provincia, Haidé Giri, manifiesta: “Más allá del entendible temor e incertidumbre de los vecinos, hay que tener claro que aunque un transformador tenga un alto nivel de PCB, no significa que necesariamente genere cáncer”.

Desde Epidemiología de la Provincia, la médica Alicia Zigarán afirma que los nuevos casos no tienen que ver con los factores ambientales. Por su parte, el Ministro Chuit decide enviar más profesionales y encarar nuevos estudios en el barrio. Entre ellos, estudios de tejidos grasos y de leche materna de personas voluntarias que vivan en el sector. De esa manera, se espera determinar si existe la presencia de sustancias tóxicas.

En octubre de 2002, ante la incertidumbre en el barrio, se hace público que algunos vecinos piensan en mudarse para escapar de las enfermedades, mientras desde el Ministerio de Salud se señala que aún no está determinada la relación entre las enfermedades y la situación ambiental. Para fines de dicho mes, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia confirman la existencia de contaminantes en la zona. En la evaluación realizada se dan a conocer una serie de enfermedades que podrían tener relación con algún elemento contaminante. También se informan los números de casos registrados en los últimos años:

Leucemia linfática aguda: cinco casos. Leucemia mieloide aguda: un caso. Leucemia mixta: un caso. Púrpura: cinco casos. Cáncer de mama: 11 casos. Hodking: dos casos. Lupus: tres casos. Linfoma: dos casos. Otros tipos de cáncer: seis casos. Anemias: cuatro casos.

En noviembre de 2002, y mientras las autoridades sanitarias afirman que la muerte de una vecina, Reyna Cisneros, no tiene que ver con la contaminación, las Madres denuncian que “en el hospital (Misericordia) no se le daba la medicación y tuvimos que ir nosotros, los vecinos, a reclamar y así le pudieron dar los medicamentos oncológicos.”

En diciembre de 2002, el Ministro de Salud sugiere la inhibición de la producción de los campos colindantes al barrio hasta que se conozcan los resultados de los análisis. Junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia, resuelven restringir el uso de agroquímicos en dichos campos. En lo que se refiere a la realización de estudios, técnicos del CEPROCOR comienzan la toma de muestras para la realización de análisis de metales pesados y estudios de PCB y plaguicidas en agua, además de un posible estudio de sedimentos en el pozo que proveía de agua a los habitantes del sector. Por entonces se habían efectuado mediciones de radiación ionizante, de campos electromagnéticos y de PCB. También se habían tomado muestras de suelo y de sedimento en tanques de agua en algunos domicilios y se había realizado un estudio epidemiológico del sector.

En enero de 2003 se dan a conocer los resultados de los estudios realizados en los tanques de agua de viviendas de Barrio Ituzaingó Anexo. En todos los de la muestra se halló la presencia de plaguicidas, uno de ellos considerado probablemente cancerígeno para los

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seres humanos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud. Los resultados obtenidos fueron presentados por el Ministerio de Salud en conferencia pública. A partir de esta información, las autoridades sanitarias realizan un operativo de limpieza de los tanques de agua de las 400 viviendas de Barrio Ituzaingó Anexo.

En marzo de 2003, los resultados de los últimos análisis de Barrio Ituzaingó evidenciaron la presencia de metales pesados, concretamente plomo, arsénico y cromo: “Estos resultados confirman que en Ituzaingó hubo una sumatoria de factores que incidieron durante muchos años, y que se manifestaron en enfermedades en los vecinos”, señala el Ministro Chuit, al mismo tiempo que asegura que el agua que actualmente se distribuye en el sector presenta valores normales. Ante el nuevo hallazgo y la solicitud de los vecinos de que el gobierno les proporcione viviendas en otro sector de la ciudad, Chuit afirmó que “si se llega a la conclusión de que el barrio no tiene condiciones de habitabilidad, se produciría el traslado de las familias, pero no es algo que se esté pensando en este momento”. Por su parte, la Dra. Alicia Bressan, titular de la Dirección de Programas de Salud declara que estas palabras le provocaron “tristeza, porque Salud viene atendiendo desde hace un año todos sus pedidos de forma muy personalizada”. Mientras que el relevamiento del Ministerio reconoce alrededor de 30 casos, el de los propios vecinos supera los 60.

En junio de 2003, y ante la realización de fumigaciones en los campos lindantes a las casas, las Madres llaman a la Policía y a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes concurrieron al lugar junto a técnicos de la Secretaría de Agricultura provincial. Si bien no llegaron a tiempo para ver si se realizaban las fumigaciones, tomaron muestras de tierra para comprobar si era cierto. Funcionarios de Salud y de la Gerencia Legal no brindaron detalles del informe, pero técnicos de la Secretaría de Agricultura y el biólogo Raúl Montenegro confirmaron que efectivamente se hallaron muestras de plaguicidas en el lugar.

En diciembre de 2003, el Presidente del Centro Vecinal del Barrio Ituzaingó, Enrique Moreno, da a conocer el informe oficial del Ministerio de Salud de la Provincia, según el cual la cantidad de casos oncológicos que se registran en Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba no es superior a lo esperable, de acuerdo con valores internacionales. Sí reconoce “un importante número de enfermedades linfoproliferativas”, es decir, leucemia y linfomas, aunque señala que la cantidad “no supera significativamente los valores nacionales”. La presentación del informe genera un enfrentamiento entre los vecinos, que lo reciben como un alivio, y el grupo de Madres, que lo considera una “mentira”. En declaraciones a LV2, el Ministro Chuit asegura que el estudio es un resumen de las conclusiones recabadas luego de un prolongado análisis en la zona, que incluyó suelo, agua, transformadores y un seguimiento de los 4.700 vecinos del barrio.

El informe oficial incluye el resultado de una auditoria independiente solicitada a la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que determina que “no existirían contaminantes ambientales que pudieran afectar, a priori, la salud de las personas, en los valores detectados en cada uno de los análisis realizados. El documento indica que profesionales del Área de Salud Familiar del Ministerio de Salud relevaron 974 viviendas, en las que habitan 4.870 personas, y que entre ellas se detectaron diversas patologías: hipertensión arterial, diabetes, alergia y otras, “sin diferencias significativas a lo que ocurre en la población general”. Respecto de los casos de cáncer, se consigna que fueron confirmados 38 casos ocurridos en los últimos 10 años (entre 1993 y 2003). “De ellos -señala el informe- sólo 12 del total ocurrieron de 1998 a 2003, o sea que 26 son anteriores al ‘98”.

Mientras el Presidente del Centro Vecinal manifiesta su agradecimiento a las áreas de salud provincial y municipal por su accionar en el barrio, más de 40 vecinos de Barrio

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Ituzaingó Anexo interponen un recurso de hábeas data43 para que el Gobierno de Córdoba ofrezca los detalles del informe que consta de cuatro hojas en las que se describen las distintas medidas y estudios realizados a partir de marzo de 2002, pero sus conclusiones no están acompañadas de ninguna base de datos. En el recurso interpuesto por la representante legal, María Elba Martínez, en el Tribunal de 5ª nominación Civil y Comercial, se interpela al Ministerio de Salud, al CEPROCOR (Unidad de la Agencia Córdoba Ciencia), al ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia), a la Municipalidad de Córdoba y al Poder Ejecutivo provincial, entre otros. La abogada señala que “cada vez hay más presiones para que los médicos de los hospitales públicos no informen nada al respecto”.

El Ministerio acepta la existencia de 38 casos de cáncer en el último informe encargado a Ingeniería Ambiental de la UNC, además de 41 fallecidos por esa causa. Más allá de estos números, afirma que las tasas son normales, que se brinda la atención médica suficiente y que ya no existen factores contaminantes en el barrio. Las Madres junto a otros vecinos encaran la elaboración de una nueva lista para presentar al Ministerio de Salud de Córdoba ya que, según ellas, muchos de los nuevos enfermos no habrían informado su situación en los relevamientos oficiales, por temor, indiferencia o voluntad explícita de algún miembro de la familia. Para las Madres habría más de 60 casos de los que dicen las autoridades.

En abril de 2004, el Ministerio desconoce la presencia de nuevos casos a partir del relevamiento realizado por las Madres y apoyado por los médicos de la Municipalidad, que arroja la cifra de 138 enfermos, 70 más de los que registraban las Madres en un principio y casi un centenar más de los que registró el Ministerio. Con más de 100 historias clínicas constatadas, la cantidad de casos de leucemia son los que más llaman la atención de los especialistas. Chuit declara: “Nosotros no tenemos la información, tuvimos el primer listado, ese primer listado se purificó, quedaron aproximadamente 40 casos, que es lo que hemos dado a conocer”.

En mayo de 2004 y con una nueva gestión a cargo del Municipio de la ciudad de Córdoba, se conforma una Comisión Evaluadora desde la Municipalidad, con vecinos, ONGs, universitarios, ambientalistas y sectores del Gobierno provincial. Su objetivo es determinar de una vez por todas cuál es la situación del barrio, su habitabilidad y las alternativas a seguir. El Ministro de Salud de la Provincia afirma que su cartera colaborará como un miembro más de la comisión: “Los médicos del barrio y los profesionales de epidemiología, que siguen trabajando, ayudarán en lo que sea necesario”, mientras admite que la Provincia, directamente, no tendrá injerencia en el relevamiento.

En junio de 2004, ante una Asamblea de vecinos en el barrio, el Ministro Chuit recordó que la Provincia ya había investigado las posibles causas de los casos de cáncer en ese lugar, y concluyó que el sector tiene “el mismo perfil ambiental que cualquier otro barrio” de la ciudad, al menos en todos los aspectos estudiados por el Estado. Recordó que en los últimos dos años el Gobierno provincial eliminó las fuentes contaminantes detectadas. En medio de fuertes enfrentamientos entre vecinos y cuestionamientos al Ministro, éste abandonó repentinamente la Parroquia por la puerta trasera. Nuevamente se dan a conocer opiniones encontradas entre las autoridades del Centro Vecinal y las Madres.

43 La acción de hábeas data es un recurso judicial mediante el cual toda persona que se considere afectada por

informaciones que de ella existan en bancos de datos, privados o públicos, puede demandar que se le permita tomar conocimiento de dichas informaciones. Fue incluida en la Constitución Nacional con la reforma de 1994, en el artículo 43. La Constitución de Córdoba, reformada en 1987, dice en su artículo 50: “Toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en forma de registro, la finalidad a que se destina esa información y a exigir su rectificación y actualización...”. La acción es utilizada mayoritariamente por personas que aparecen en bancos de deudores morosos, sin encontrarse en esa situación.

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A partir de esta fecha, la información periodística sobre salud y ambiente se concentra en el caso de los nitratos en el agua, problema que afectó a numerosos barrios de la ciudad de Córdoba e involucró a las mismas reparticiones y funcionarios públicos que el caso Ituzaingó.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Al inicio de las acciones de las Madres, la por entonces Ley Provincial 6.629 establecía que dicha Secretaría era la encargada de controlar el uso, aplicación y almacenamiento de agroquímicos (hoy lo es la Ley Provincial 9.146). Mientras en abril de 2002 los estudios confirman la presencia de agroquímicos en los tanques de agua de Barrio Ituzaingó, en mayo, y por la presencia de otro caso denunciado en la localidad de Sarmiento, desde el municipio se reconoce que no hay control desde la Secretaría. Hugo Morales declara: “Hay que ver si Agricultura tiene normas… nunca hemos recibido normas de Agricultura para que controláramos el tema. Acá se fumiga en toda la provincia, en todo el país”.

En abril, la por entonces legisladora provincial Perla Ceballos pide informes, entre otros, a la Secretaría de Agricultura. La demanda es respecto de la realización de controles sobre la aplicación de agroquímicos.

En mayo, desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Franz Sheibengraf, funcionario a cargo del registro de empresas de la Ley de agroquímicos, afirma: “En 1994 se reglamenta por tercera vez la Ley provincial sancionada en el ‘81, que regula la venta, el uso y la aplicación de agroquímicos”. Admite que es prácticamente imposible efectuar controles de pesticidas en la provincia. Desde 1995 se implementó el registro de empresas vinculadas al ramo. Según el funcionario, el organismo cuenta con 7 inspectores, 23 agencias en el interior y los destacamentos de la Agencia Córdoba Ambiente. Afirma que en Córdoba existen miles de campos y “no podemos estar presentes en cada caso puntual. No hay controles de oficio, salvo por denuncias (3 o 4 al año) que llegan tarde”. También reconoce problemas jurisdiccionales, ya que hay municipios que tienen legislación propia.

En el mismo mes, y ante la acusación de inacción por parte de los vecinos, se comienza a discutir en torno a la Ley 6.629. El Legislador Dulla declara: “Se debe avanzar tanto en la receta fitosanitaria como en la actualización de la ley 6.629 y del decreto reglamentario que data de 1998”.

En junio 2002, el titular de Agricultura de la Provincia, Gumersindo Alonso, es querellado penalmente junto a otros funcionarios públicos por la abogada de las Madres como representante de vecinos de Ituzaingó Anexo en la Fiscalía Federal N° 3. Entre las figuras penales en las que podría haber incurrido se señalan los delitos contra la salud pública, de violación de los deberes de funcionario público, delitos previstos en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y delitos contra la administración pública.

En julio, los primeros cinco análisis de muestras de suelo realizados por el CEPROCOR en Barrio Ituzaingó Anexo, detectaron la presencia de los plaguicidas Beta Endosulfán y DDT.

En octubre tiene lugar una reunión en la Comisión de Salud del Concejo deliberante de la ciudad de Córdoba; entre los asistentes se encuentran funcionarios de Sanidad Vegetal y Agricultura de la provincia. En el petitorio se solicitó “que se identifique a los propietarios o arrendatarios de los campos aledaños que aplican plaguicidas y que se proceda a controlarlos para que se suspendan definitivamente estas prácticas”. Raúl Montenegro, por su parte, pide la renuncia de Juan Carlos Jodar, asesor de la Secretaría de Agricultura y presente en la reunión, debido a la incapacidad de ese organismo para controlar la aplicación de los agroquímicos.

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Para fines de 2002, frente a nuevos reclamos de los vecinos por las fumigaciones y a consultas del Ministerio de Salud sobre la disposición de los productores respecto al uso de agroquímicos, Mauricio Battiste reconoció que la intención de los productores es emplear agroquímicos: “Normalmente se utilizan porque es muy difícil que puedan producir sin agroquímicos, ya que el objetivo de realizar la tarea productiva es una renta económica. Y si no se utiliza el agroquímico, se desdibuja el objetivo por el cual se está trabajando”; al mismo tiempo, el funcionario se compromete a realizar controles en la fumigación. Posteriormente, la Secretaría junto al Ministerio de Salud resuelven en conjunto restringir el uso de agroquímicos en los campos aledaños a Barrio Ituzaingó Anexo, hasta tanto se completen los estudios que viene realizando la cartera sanitaria en el sector. También el funcionario señala que habló con los productores para que sean cuidadosos y no hagan absolutamente nada sin antes pedir autorización, hasta tanto se resuelva la situación. Según M. Battiste, si bien no existe una ley que regule la aplicación de plaguicidas, “desde la Secretaría de Agricultura se van a ejercer estrictos controles y los productores tienen buena predisposición para colaborar con nosotros”.

A principios de 2003, Montenegro afirma que los plaguicidas hallados en los tanques de Ituzaingó estarían prohibidos. “Esto debe ser el punto de partida a partir del cual se acabe la piedra libre que hubo en Córdoba en materia de uso de plaguicidas, tanto en la parte privada, que los emplean, como en la falta de controles por parte de (la Secretaría de) Agricultura”. Las Madres, por su parte, expresan: “Y también le queremos decir al gerente (sic) de la Secretaría de Agricultura, Mauricio Battiste, que aquí tiene la respuesta a sus afirmaciones de que la deriva de las fumigaciones no llegaba al barrio. Ahora, con estos resultados, no nos puede negar esa realidad”.

En febrero, los vecinos de Ituzaingó Anexo firman un acuerdo con los productores de los campos aledaños al barrio, según el cual, por única vez, se pulverizarán los cultivos con un plaguicida biológico a base de Bacillus thuringensis (Bt). Por eso, el acuerdo puntualiza que dicha decisión es “coyuntural” debido a “esta situación de emergencia”, y se realizará “por única vez, salvando una franja de separación de 200 metros entre los campos sembrados y Barrio Ituzaingó”. Un representante de los vecinos y sus dos asesores técnicos, la abogada Elba María Martínez y el biólogo Raúl Montenegro, un asesor de los productores agropecuarios y un representante del Consejo Asesor de Agroquímicos de la Secretaría de Agricultura de la provincia, mantuvieron una nueva reunión, donde se tomó la decisión de pulverizar los campos sembrados con Bt. El arreglo prevé con “carácter de urgencia y en el término de una semana” la conformación de un equipo técnico de estudio de “manejo integrado de plagas, para que tengan el menor impacto sanitario y ambiental posible”. Montenegro expresa que si bien es un avance que vecinos y productores hayan podido llegar a un acuerdo, por otra parte “esto muestra el fracaso de las estructuras de gobierno para ejercer el rol que le corresponde”. Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP)

En abril de 2002, y ante la presencia de agroquímicos en los tanques de agua de Barrio Ituzaingó Anexo, Sosa Liprandi, titular del ERSEP, afirma que en 48 hs. se conectará el barrio a la red domiciliaria de Aguas Cordobesas.

Por entonces, la Legisladora provincial Perla Ceballos pide informes, entre otros, al ERSEP sobre las condiciones del retiro de los transformadores de EPEC por el PCB y sobre la calidad del agua. Los vecinos también reclaman al ERSEP un nuevo estudio sobre transformadores.

En mayo, vecinos encuentran en el ERSEP un expediente con los valores reales de PCB hallados en los estudios.

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En junio de 2002, el ERSEP es denunciado como responsable directo en la querella penal presentada ante la Fiscalía Federal N° 3. Entre las figuras penales se señalan delitos contra la salud pública, de violación de los deberes de funcionario público, delitos previstos en la Ley Nacional de residuos peligrosos y delitos contra la administración pública.

En diciembre del mismo año, Susana Fideli está presente, junto a otros funcionarios y vecinos, en la toma de muestras realizadas por técnicos de CEPROCOR en el Barrio. Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)

En abril de 2002, EPEC afirma que nunca existieron equipos con PCB en la vía pública y que hace 10 años la empresa realiza los controles respectivos. También por entonces la empresa encarga a la UTN un estudio sobre la influencia de los campos electromagnéticos en la salud. El estudio afirma que no hay efectos.

En mayo, el Gobierno de la provincia informa que no se encontraron valores de PCB (bifenilo policlorado) peligrosos para la salud en los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en el Barrio Ituzaingó Anexo; el estudio fue realizado por el CEPROCOR. A mediados de mes, Gatoni afirma: “Hoy están retirados los transformadores”.

En junio, EPEC también es denunciado como responsable directo en las querellas penales presentadas por la abogada de las Madres.

A mediados de mes, los vecinos de Ituzaingó impiden el retiro de los transformadores, acusando a EPEC de borrar pruebas mediante el retiro y cambio del transformador. La Justicia ordena precintar el transformador y María Elba Martínez señala que había una medida de no innovar, a pesar de lo cual EPEC lo retiró. La policía interviene cuando la gente intenta impedir el trabajo de EPEC. La empresa acusa de “uso irracional de la energía” a los vecinos y desconecta conexiones clandestinas.

A mediados de julio, efectivos de la Policía de la provincia intervienen por la noche para garantizar el retiro del transformador de EPEC ubicado frente a la rotonda de Barrio Ituzaingó. Un sector del barrio pide la inmediata reinstalación del servicio; otro, que no se lleven el transformador para no perder las evidencias de los contaminantes de PCB.

En octubre, en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, uno de los pedidos de los vecinos estuvo dirigido a EPEC para que señalice con cartelería visible el contenido de PCB en los transformadores y las acciones a realizar en casos de accidentes. En la misma reunión y luego de más de cuatro horas de debate, se concretó que el CEPROCOR hará los análisis de suelos en búsqueda de PCB, plaguicidas y otras sustancias, y EPEC medirá los campos eléctricos y magnéticos y también dará los datos para poner en los transformadores el contenido real de PCB.

Para noviembre se informa que los estudios de los campos electromagnéticos revelarían que, a pesar de tener valores permitidos por ley, constituyen un alto riesgo para la salud de la población. De acuerdo con Montenegro, “la distancia entre lo legal y los aportes epidemiológicos más recientes es inaceptable, por eso decimos que debe aplicarse el principio de precaución”. No obstante, el biólogo remarcó que “para EPEC, la Ley permite hasta 25 microtesla”.

Para los años 2003 y 2004, el periódico no proporciona más información sobre el tema. Policía de la Provincia

En junio del año 2002, y ante la acción de los vecinos para impedir el retiro del transformador acusando a EPEC de intentar borrar pruebas, la policía interviene. María Elba

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Martínez señala que había una medida de no innovar desde la justicia. Nuevamente, en julio, los efectivos de la Policía intervienen para garantizar el retiro del transformador de EPEC ubicado frente a la rotonda de Barrio Ituzaingó.

En junio de 2003, a raíz de la denuncia ante el Precinto de Empalme por fumigaciones en los campos colindantes al barrio de la ciudad de Córdoba, actividad prohibida por Ordenanza Municipal N° 10590, la policía concurrió junto a técnicos de la Secretaría de Agricultura provincial.

En enero de 2004, y ante la denuncia de Montenegro por fumigaciones, acuden al barrio la Patrulla Ambiental de la Policía y técnicos de Auditoria de la Dirección Provincial de Ambiente. 1.2. Poder Legislativo

En abril de 2002, Perla Ceballos, Legisladora provincial por el Partido Intransigente, realiza un pedido de informes a distintas reparticiones públicas sobre la situación de Barrio Ituzaingó:

- Al Ministerio de Salud: respecto de qué medidas se tomaron para determinar las

causas. - A la Secretaría de Agricultura: respecto de si están realizando controles sobre la

aplicación de agroquímicos. - Al ERSEP: sobre las condiciones de retiro de los transformadores y la calidad del

agua. La crónica periodística enuncia la existencia de un Proyecto de Ley sobre prohibición

del uso del PCB en mayo de 2002, sin dar más precisiones. El 15 de mayo del mismo año, las Madres convocan en la Legislatura a las Comisiones

de Salud Pública, Ecología y Agricultura junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, de Salud, la Dirección de Ambiente y EPEC. Acusan de inacción al gobierno, refutan la intervención de los expertos y señalan que la problemática existe desde 1990, y que la labor del Ejecutivo ha sido parcial y sin aportar ninguna solución.

La crónica periodística no rescata ninguna información más respecto de actuaciones del legislativo, ni de la legislación provincial; sólo informa que el 20 de febrero de 2004, tras la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el Decreto del Poder Ejecutivo provincial reglamentario de la ley 8.973, mediante la cual Córdoba adhiere a la normativa nacional que rige el tratamiento de residuos peligrosos, sin precisar sus consecuencias. 1.3. Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

El 22 de enero de 2003 se informa que la Municipalidad de Córdoba ya habría identificado los campos colindantes a Barrio Ituzaingó Anexo en donde una avioneta habría realizado fumigaciones la semana anterior, transgrediendo normas municipales que prohíben estas acciones dentro del ejido de la ciudad. Tras las mismas pistas se encuentra la Justicia provincial, a través del Fiscal Luis Villalba. Fuentes del Palacio 6 de Julio confiaron que el fiscal intercambió información con los funcionarios municipales para tratar de avanzar en esta denuncia.

A finales de enero, el Fiscal Luis Villalba allana uno de los campos colindantes a Barrio Ituzaingó Anexo, donde se sospecha que hace 10 días una avioneta realizó fumigaciones. Villalba ordenó extraer muestras del suelo y la vegetación para ser analizadas en el CEPROCOR.

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Por su parte, en octubre de 2003, la abogada de las Madres afirma que “nadie hace nada por Barrio Ituziangó”; al mismo tiempo expresa que el caso de las muertes en Barrio Ituzaingó Anexo llegará a los Tribunales de Derechos Humanos (Comisión Interamericana) con sede en Washington, agregando que las autoridades locales no han demostrado interés por este tema, ante la aparición de una decena de vecinos muertos producto de enfermedades como cáncer, lupus y leucemia: “Hay una omisión no solamente por parte de la justicia sino también una omisión de la parte política sobre salud".

En noviembre del mismo año y ante el informe dado a conocer por el Ministerio de Salud, más de 40 vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo interponen un recurso de hábeas data para que el Gobierno de Córdoba ofrezca los detalles del informe distribuido sobre la situación en ese sector de la ciudad. María Elba Martínez, como representante legal de un grupo de vecinos, interpuso el recurso en el Tribunal de 5ª nominación Civil y Comercial, y se espera que la medida sea notificada al Ministerio de Salud, CEPROCOR, ERSEP, Municipalidad de Córdoba y Poder Ejecutivo provincial, entre otros. En el recurso se adjuntan las historias clínicas de cada enfermo, conseguidas por la abogada, quien señaló que “cada vez hay más presiones para que los médicos de los hospitales públicos no informen nada al respecto”. El polémico informe presentado por el Ministerio de Salud el 3 de noviembre consta de cuatro hojas que no están acompañadas de ninguna base de datos.

En febrero de 2004, la Justicia allanó un campo de soja contiguo al Barrio Ituzaingó Anexo, a raíz de la presentación de vecinos ante el Precinto de Empalme para formalizar la denuncia, que pasó a la Fiscalía del Distrito 4 Turno 1 de la Justicia Provincial. Se secuestraron recipientes con sustancias químicas y muestras de suelo para saber el grado de contaminación y comprobar que las fumigaciones se realizaron. Muchos vecinos temen que la alteración de ánimos termine en una tragedia: el miércoles, algunos de los propietarios de las casas que lindan con el campo, habrían intentado buscar sus armas para parar al camión fumigador. “Esto llegó a un extremo -dice Sofía Gatica, del grupo de Madres-; toda la semana estuvimos discutiendo con el dueño del campo una solución, como usar plaguicidas orgánicos. Pero de repente apareció el camión”. La Voz del Interior intentó comunicarse sin éxito con los dueños del campo. “Pedimos una solución conjunta, para nosotros y para la gente del campo”, señaló Sofía Gatica.

Para facilitar la tarea de la Fiscalía interviniente, FUNAM presenta un informe detallando los residuos de plaguicidas que se hallaron el año pasado en las viviendas de Barrio Ituzaingó Anexo y en el campo vecino. 1.4. Actores de la Sociedad Civil Aguas Cordobesas

La crónica periodística no informa acerca de declaraciones de la empresa relacionadas al tema, a pesar de su vinculación en la cuestión. Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia

La crónica periodística no informa acerca de declaraciones de la empresa relacionadas al tema. FUNAM – Presidente Dr. Raúl Montenegro

En abril de 2002, FUNAM presenta una denuncia contra los dueños de los campos ante la Fiscalía Federal N° 3, en la que solicita se investigue a los productores agropecuarios

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por posibles transgresiones a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y al artículo 200 del Código Penal, referido a la contaminación de las aguas.

En el mismo mes se registran las siguientes acciones: - Interviene ante el intento de EPEC de retirar los transformadores del barrio. - Montenegro cuestiona la formación profesional de los profesionales de la UTN que

realizaran el estudio sobre campos electromagnéticos para expedirse sobre el impacto en la salud.

En el mes de mayo, y en relación a las declaraciones de la Secretaria de la Gobernación, señala: “Para dimensionar la inexactitud de lo expresado por Olga Riutort, baste recordar que el valor hallado es mil veces más alto que la concentración de PCB permitida en alimentos para niños en Estados Unidos (0,2 ppm)”. Al mismo tiempo, Montenegro reitera el pedido de renuncia del titular de Ambiente de la Provincia, Sergio Nirich.

En junio de 2002, en el marco de la presentación realizada por Montenegro, María Elba Martínez presenta 38 querellas penales contra los funcionarios y organismos responsables del control de la situación. También en este mes Montenegro declara que formalizará penalmente denuncias respecto de la situación del transformador trasladado al cuartel de Bomberos de Barrio Marqués de Sobremonte. A finales de junio, ante la muerte de Walter Cuello por “linfoma maligno” según el diagnóstico de los vecinos de Barrio Ituzaingó, Montenegro se reúne con Perla Ceballos y el médico del Hospital San Roque, Víctor Ferreyra, quien atendió el caso.

En julio, ante el resultado que confirma la presencia de los plaguicidas Beta Endosulfán y DDT, Montenegro aseguró que la Dirección de Ambiente de la Provincia “tenía en su poder estos resultados, (pero) no lo informó a los vecinos ni a la sociedad. Todo parece indicar que la aplicación de plaguicidas en campos vecinos ha estado contaminando el barrio durante años, y que esta piedra libre se debió a la falta de controles por parte de la Secretaría de Agricultura y del área de Ambiente de la provincia. Esto es lo grave. Por eso giraremos una copia del análisis a la Justicia Federal, donde presentamos el caso en el mes de abril de este año”.

En octubre, Montenegro asiste a la reunión en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, para poner en marcha un debate sobre los graves problemas de contaminación que comprometen seriamente la salud del sector. En dicha reunión, Montenegro solicita la renuncia del funcionario de la Secretaría de Agricultura presente -el asesor Juan Carlos Jodar-, debido a la incapacidad de ese organismo de controlar la aplicación de los agroquímicos.

En noviembre, los Vecinos y Montenegro acuerdan nuevos estudios en Ituzaingó. EPEC medirá campos electromagnéticos y CEPROCOR encarará nuevos estudios de suelo, aire y agua. En lo que respecta a los estudios de los campos electromagnéticos, y pese a que revelarían tener valores permitidos por ley, Montenegro afirma que constituyen un alto riesgo para la salud de la población: “la distancia entre lo legal y los aportes epidemiológicos más recientes es inaceptable, por eso decimos que debe aplicarse el principio de precaución”. No obstante, el biólogo remarcó que “para EPEC, la ley permite hasta 25 microtesla”.

En diciembre participa junto a los técnicos de CEPROCOR, vecinos y funcionarios, en la toma de muestras.

En enero de 2003 participa en la conferencia pública donde el Ministerio de Salud anuncia que se hallaron muestras de plaguicidas en los tanques de agua, junto a vecinos del sector. Señala que los dos plaguicidas hallados en los tanques estarían prohibidos y que “ahora habrá que ver las causas por las que aparecen allí. (…) Lo que sí está claro, es que si los plaguicidas están en el agua, es porque estuvieron en el aire y, por lo tanto, fueron aspirados por las personas que viven allí”. También declara: “Además, esto es sólo la punta del iceberg, porque el de los agroquímicos no es problema exclusivo de Barrio Ituzaingó, sino que hay que mirar hacia adelante y ver que en muchos lugares de la provincia hay gente que

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se está enfermando y muriendo por culpa de los plaguicidas y por la falta de controles en su uso. (…) Esto debe ser el punto de partida a partir del cual se acabe la piedra libre que hubo en Córdoba en materia de uso de plaguicidas, tanto en la parte privada que los emplean, como en la falta de controles por parte de Agricultura. (…) En este caso no es importante la concentración de las sustancias, sino que efectivamente estén donde no deberían, tal como los tanques de agua”.

En febrero acompaña a los vecinos en la firma de un acuerdo con los productores de los campos aledaños al barrio para que pulvericen los cultivos con un plaguicida biológico a base de Bacillus thuringensis (Bt). El acuerdo preveía también con “carácter de urgencia y en el término de una semana”, la conformación de un equipo técnico de estudio de “manejo integrado de plagas, para que tengan el menor impacto sanitario y ambiental posible”. Montenegro declara que es un avance, pero que “muestra el fracaso de las estructuras de gobierno para ejercer el rol que les corresponde”, recordando que los estudios que se han realizado en el barrio “fueron todos propuestos desde el sector de los vecinos”.

En marzo, ante resultados que confirman la presencia de metales pesados, concretamente plomo, arsénico y cromo, a los que se atribuyen efectos cancerígenos en los seres humanos en el barrio, Montenegro precisa que el arsénico es un contaminante natural que puede encontrarse en las aguas subterráneas, y que también puede provenir de la actividad industrial. El plomo, a su vez, se halla en la mayoría de los combustibles, en tanto que el cromo puede provenir de fuentes naturales o como residuo de la industria.

En junio, tras presentarse en el barrio ante la denuncia de fumigaciones por parte de los vecinos, confirma junto a los técnicos de la Secretaría de Agricultura que efectivamente se hallaron muestras de plaguicidas en el lugar.

En el año 2003, la crónica periodística sobre la situación del Barrio culmina con el informe de FUNAM: “Barrio Ituzaingó Anexo se transformó en un caso testigo de contaminación ambiental, pero también en un ejemplo de lucha civil”44.

44 De la nota destacamos los siguientes párrafos: “Durante años, los vecinos estuvieron expuestos a contaminantes persistentes de origen natural, como arsénico, plomo y cromo, y a plaguicidas que se aplicaban en los campos vecinos. En el sedimento de los tanques de agua, por ejemplo, detectamos 74 partes por millón de plomo, 44 ppm de arsénico, y 27 ppm de cromo. Estas cifras superan en 1.480, 880 y 540 veces, respectivamente, los valores permitidos por nuestra legislación para agua. (…) Los tres grandes grupos de contaminantes hallados en el barrio (arsénico, metales pesados y plaguicidas) actuaron como si fuesen un cóctel (…) La procedencia del arsénico y de los metales era una incógnita. Pero gracias al estudio pudimos saber que los suelos de los campos vecinos estaban naturalmente contaminados con altos valores de arsénico (hasta 43 ppm) y cromo (13 ppm), desde donde los podía llevar el viento. Lo irónico es que con ese valor de arsénico, 43 ppm, el campo vecino al barrio está muy por encima de lo que permite la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, que es de 20 ppm. Resulta por lo menos curioso que la Dirección de Ambiente de la provincia no haya tomado medidas al respecto. También es posible que parte de la contaminación por arsénico, plomo y cromo de los sedimentos de los tanques se haya acumulado a partir de los pequeños niveles que traía el agua de la cooperativa, pero esta hipótesis no ha sido todavía confirmada. El arsénico es un ‘cancerígeno humano cierto’ para la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (Iarc). (…) Los sedimentos de los tanques (y de los suelos de las viviendas) también contenían pequeñas cantidades de plaguicidas. Se halló endosulfán y DDT, actualmente prohibido. (…) Una parte del barrio está sometida además a los campos magnéticos de líneas superpuestas de media y baja tensión. Las medidas efectuadas mostraron que en numerosos lugares y momentos esos campos superaban los 0,3 microteslas (unidad con que son medidos). Aunque estas lecturas no violan la obsoleta resolución 77/98 del Ministerio de Economía, tanto los estudios de Greenland como los de Ahlbom mostraron que a valores de campo magnético superiores a 0,3-0,4 microteslas el riesgo de leucemia infantil crecía en 1,7-2,0 veces. Esto también forma parte del cóctel. (…) Finalmente están los PCB. En el barrio había un transformador contaminado con esta sustancia. No se halló PCB en suelo, pero en numerosas oportunidades el aceite contaminado se volatilizó. Si hubo algún efecto debió limitarse a unas pocas decenas de metros alrededor del aparato. La Dirección de Ambiente de la provincia minimizó sus efectos diciendo que para el Iarc los PCB son probables cancerígenos (grupo 2A), como si ese ‘probable’ los tornara inofensivos. Nada más alejado de la realidad. La lista de sustancias cancerígenas del Iarc establece cinco categorías (1, 2A, 2B, 3 y 4). Los PCBs

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El año 2004 inicia con la información del Grupo de Madres y de Raúl Montenegro respecto al tema de la fumigación. FUNAM denunció el hecho ante organismos provinciales, por lo que acuden al barrio la Patrulla Ambiental de la Policía y técnicos de Auditoría de la Dirección Provincial de Ambiente. Montenegro remarcó que, por la ordenanza municipal 10590, está prohibido fumigar a menos de 2.500 metros del barrio.

En febrero, la Justicia allana un campo de soja contiguo al Barrio Ituzaingó Anexo. Montenegro declara: “Aunque desconocemos cuáles son los resultados de los análisis efectuados por la Municipalidad de Córdoba en los recipientes y equipos del campo allanado junto a Ituzaingó Anexo, el cóctel de plaguicidas prohibidos y contaminantes existió, y en muchos casos perdura todavía en los suelos”. Para facilitar la tarea de la Fiscalía que interviene (Distrito 4 Turno 1), FUNAM presenta un informe detallando los residuos de plaguicidas que se hallaron el año pasado en las viviendas de Barrio Ituzaingó Anexo y en el campo vecino.

En marzo, FUNAM da a conocer los plaguicidas que se encontraron en el depósito de un campo vecino a Barrio Ituzaingó Anexo: “Son dos herbicidas, glifosato y 2,4-D, y dos insecticidas, clorpirifós y cipermetrinas”. Montenegro criticó a la Dirección de Ambiente de la Municipalidad “por no haber difundido estos resultados, pues de haberlo hecho los vecinos habrían tomado precauciones adicionales”45.

A partir de mayo, la información periodística se concentra en el tema de los nitratos en el agua provenientes de pozos conectadas a tanques barriales y provista por empresas privadas hallados en el agua de seis barrios de la ciudad de Córdoba, denunciados por una investigación lleva a cabo por un redactor del diario La Voz del Interior y Raúl Montenegro. 2. Posiciones de los poderes y funcionarios públicos municipales en relación a la cuestión 2.1. Poder Ejecutivo Luis Juez, Intendente de la ciudad de Córdoba

En enero del 2003, el Intendente Luis Juez, el subsecretario de Salud, Horacio Néstor Barri y el Director General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Miglietta, se reúnen con las Madres. Se plantea la constitución de una Comisión con funcionarios también de la Provincia. Horacio Néstor Barri, Subsecretario de Salud

En abril de 2004, el nuevo relevamiento efectuado por el Grupo de Madres de barrio Ituzaingó Anexo, en colaboración con médicos de la Municipalidad de Córdoba, detectó la presencia de 138 casos de cáncer en ese sector del sur de la ciudad. Es decir, 70 más de los

están en el segundo grupo más crítico (2A) no en el 3 ni en el 4, donde se ubican, sí, las sustancias que ‘no son probablemente cancerígenos’. Los PCB son además disruptores endocrinos”. 45 Si bien las sustancias halladas no están prohibidas en Argentina, “cuando los campos contaminados con 2,4-D se queman o son sometidos a alta temperatura, se forman con frecuencia dos sustancias de alto riesgo: dioxinas y furanos. Una de las dioxinas más difundidas, la TCDD, es un cancerígeno humano cierto”. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (Iarc) la ubica en su grupo más riesgoso. “El herbicida 2,4-D altera el sistema hormonal de las personas. Se lo emplea habitualmente para combatir malezas de hoja ancha en cultivos de granos”, señaló Montenegro, quien sostuvo que dos de los cuatro plaguicidas hallados en el depósito, 2,4-D y glifosato, “tienen actividad estrogénica y alteran por lo tanto el sistema hormonal de las personas, incluso a bajas dosis”. En cuanto al clorpirifós, otro de los insecticidas hallados en el depósito, agregó que “puede afectar el sistema nervioso y el sistema sanguíneo”.

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que registraban las madres hasta hacía pocos meses, y casi una centena por encima de lo que afirmaba el Ministerio de Salud de Córdoba, a partir de sus propios estudios. Ya habría más de 100 historias clínicas constatadas. Los casos de leucemia son los que más llamaron la atención de los especialistas, debido a la inusual cantidad detectada en una población tan acotada. Sin embargo, existen discrepancias sobre el verdadero alcance epidemiológico de esas cifras (ver “El juego de las estadísticas”). “Los datos asustan, pero son ciertos”, dice Mario Carpio, médico generalista de la UPAS 28. “Semana a semana aparecen casos nuevos. Antes, mucha gente tenía miedo, no lo decía o lo negaba”. Carpio adelantó que desde la UPAS, instalada en el corazón del barrio, se trabaja en un mapa que señalará la ubicación de las viviendas con los afectados desde hace al menos dos décadas. El profesional manifestó la necesidad de hacer un estudio comparativo con otros sectores de la ciudad, que podrían estar sufriendo “la misma situación o incluso una peor”. Consultado por los informes emitidos por la Provincia, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Horacio Barri, se mostró sorprendido por la conclusión de que las tasas de leucemia estén dentro de lo esperable ya que, aseguró, “la información internacional contradice esa conclusión”. Afirma que la provincia realizó tareas importantes y que ahora se integrará a la comisión.

En mayo, se afirma que en tres meses sabrán si Ituzaingó es habitable, cuando concluya el nuevo relevamiento que encarará la Comisión Evaluadora establecida (integrada por la Municipalidad de Córdoba, vecinos, ONGs, universitarios, ambientalistas y sectores del Gobierno provincial, con el objetivo de determinar de una vez por todas cuál es la situación del barrio y, de acuerdo a su nivel de gravedad, establecer las alternativas a seguir).

Esta situación se da luego de que los vecinos, en contacto con los médicos municipales de la UPAS (Unidad Primaria de Atención a la Salud) del lugar, elaboraran un nuevo mapa de las enfermedades con casi 140 casos de cáncer, más del triple de lo que admite el Ministerio de Salud de Córdoba en sus informes oficiales. “Hay sospechas de que existan otros contaminantes, además de los que se encontraron”, señala Horacio Barri. Sergio Miglietta, Director General de Ambiente y Desarrollo Sustentable

En enero de 2004, participa de la reunión mencionada con el Intendente, el Secretario de Salud y las Madres. En abril se constituye la comisión y se informa que los participantes se dividirán en tres grupos temáticos. En uno, se expondrá la situación sanitaria; en otro, las condiciones ambientales; en un tercero se analizará la participación ciudadana y la necesidad de una legislación adecuada. Diana Rabb, Directora de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba

En febrero de 2004, ante el allanamiento por parte de la Justicia al campo de soja colindante con el barrio por la denuncia presentada por los vecinos, la directora de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Diana Rabb, acompañó a los vecinos y participó en los allanamientos. Mario Carpio, médico generalista de la UPAS 28

Participa desde la UPAS en el nuevo relevamiento que detecta la presencia de 138 casos de cáncer. El profesional manifiesta la necesidad de hacer un estudio comparativo con otros sectores de la ciudad, que podrían estar sufriendo “la misma situación o incluso una peor”. Aldo Abril, Subsecretario de Coordinación de Centros de Participación Vecinal

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En enero de 2003, Aldo Abril, subsecretario de Coordinación de Centros de

Participación Vecinal, señaló que la comuna capitalina asumió la investigación del caso en el lugar de los hechos, a partir de las quejas de algunos vecinos. “Estamos en la etapa de constatación de las denuncias. Los vecinos señalaron que el fin de semana pasado una avioneta sobrevoló dos campos colindantes a Ituzaingó Anexo, presuntamente con el fin de fumigarlos. Hasta el momento hemos logrado determinar las áreas donde presuntamente se realizaron las fumigaciones y también pudimos identificar la avioneta que esa noche habría sobrevolado la zona”. 2.2. Poder Legislativo

El 12 de abril de 2002, la Concejal Taquela (Frente Grande) presenta un proyecto de Ordenanza para declarar la Emergencia Sanitaria Municipal en Barrio Ituzaingó, que es sancionada en mayo de ese año.

En octubre, la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, ampliada con la presencia de funcionarios municipales y provinciales, recibe a vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, para poner en marcha un debate sobre los graves problemas de contaminación que comprometen seriamente la salud del sector, cuyas causas aún se están investigando. Los vecinos lograron imponer su agenda de 12 puntos a los concejales y funcionarios. La sesión contó con la presencia de funcionarios de Sanidad Vegetal y Agricultura de la Provincia, EPEC, CEPROCOR, Ambiente de la Municipalidad y funcionarios de diversas reparticiones de Salud de la Provincia y de la Municipalidad local, quienes escucharon a Sofía Gatica en la presentación del problema y a otros vecinos en la lectura de un extenso petitorio. Entre los puntos del mismo se destacan la solicitud de un compromiso por parte de los concejales y funcionarios del Gobierno tanto municipal como provincial para asumir sus responsabilidades; la habilitación de un centro de salud los siete días de la semana para ayudar a los enfermos; la suspensión de la remoción del suelo; la investigación sobre si se hizo un estudio de impacto ambiental previo a los trabajos de remoción. También solicitaron que se identifique a los propietarios o arrendatarios de los campos aledaños que aplican plaguicidas y que se proceda a controlarlos para que se suspendan definitivamente estas prácticas. Otro pedido estuvo dirigido a EPEC, para que señalice con carteleria visible el contenido de PCB en los transformadores y las acciones a realizar en casos de accidentes. Los vecinos pidieron la conformación de un grupo de trabajo en el que participen sus asesores técnicos, junto con representantes de la comuna, de la Provincia y de los distintos organismos que tienen relación con el tema, para buscar soluciones y para determinar si el barrio es habitable o inhabitable.

Luego de más de cuatro horas de debate se concretó que el CEPROCOR hará los análisis de suelos en búsqueda de PCB, plaguicidas y otras sustancias; EPEC medirá los campos eléctricos y magnéticos y también dará los datos para poner en los transformadores el contenido real de PCB. Tampoco habrá más remoción de tierra en el barrio.

A finales de 2002, Eduardo Toledo, Concejal Radical, presenta un proyecto de ordenanza que prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba; el mismo toma estado parlamentario el 3 de diciembre.

En enero de 2003, por falta de quórum en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, se traba el despacho que tiene por objetivo prohibir la aplicación aérea de agroquímicos en sectores y barrios de la ciudad de Córdoba declarados en emergencia sanitaria, entre los que se encuentra Barrio Ituzaingó Anexo. La legislación vigente no prohíbe expresamente la fumigación aérea, por lo que se pretende generar un marco regulatorio que permita, entre otros puntos, delimitar la zona de aplicación y respetar

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distancias mínimas entre las áreas afectadas y las viviendas: “Creía que los concejales iban a responder mejor y no así como lo han hecho. Para discutir otros temas están todos, pero hoy no vinieron, estoy muy decepcionada”, dijo una vecina.

Por su parte, y en respuesta al pedido desesperado de los vecinos, los Concejales presentes en la sesión asumieron el compromiso de gestionar -tanto con la Secretaría de Agricultura de la Provincia como con autoridades de Salud y Medio Ambiente- medidas urgentes tendientes a frenar las fumigaciones aéreas en la zona de Barrio Ituzaingó, así como tratar el proyecto sobre tablas en la última sesión ordinaria.

Ante el hallazgo de metales pesados en los tanques de agua del barrio, Sofía Gatica, vecina de Ituzaingó Anexo, afirma: “ahora esperamos que efectivamente se apruebe la ordenanza del Concejo Deliberante que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres en el barrio, que la norma se cumpla y que haya alguien que efectivamente la haga cumplir, porque muchas veces eso no pasa”.

El 9 de enero de 2003, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sanciona dos ordenanzas que apuntan contra la utilización de agroquímicos dentro del ejido municipal. Hasta que se las promulgue, estas normas sólo tendrán vigencia mientras dure la Emergencia Sanitaria Municipal en Barrio Ituzaingó Anexo, declarada en mayo de 2002, a raíz de la “altísima tasa de casos de leucemia”, a las que se agregan otras patologías como lupus y anemias hemolíticas.

Una de las ordenanzas aprobadas, presentada por María Eugenia Taquela (Frente Grande) se circunscribe específicamente a Ituzaingó Anexo. En ese sentido, prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea de los mismos, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 2.500 metros de cualquier vivienda o grupos de viviendas del mencionado barrio. En cambio, el otro proyecto aprobado, presentado por Eduardo Toledo, plantea la prohibición absoluta de la aplicación aérea de agroquímicos en todo el ejido urbano de la ciudad de Córdoba. La iniciativa sostiene que podrá realizarse la aplicación aérea en caso de plagas urbanas, previa autorización municipal y bajo control de la misma. Precisa además que toda infracción a lo establecido en la ordenanza será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Protección del Medio Ambiente y el Código de Faltas Municipal. 2.3. Actores de la Sociedad Civil Agua Sabia SRL

Ex prestador de servicio de agua potable en Barrio Ituzaingó. La crónica periodística no proporciona ningún dato. Refinería del Centro SA

Empresa solicitada de investigación por las Madres. La crónica periodística no proporciona ningún dato. Doctor Edgardo Schinder

Presidente de la Sociedad de Medicina Ambiental y colaborador ad honorem del municipio y de los vecinos de Ituzaingó.

En 2004, la tarea a encarar por el Dr. Schinder es la concreción de un catastro domiciliario que deberá realizarse a través de dos censos paralelos, para luego cruzar la información. Así se prevé comprobar la situación sanitaria y habitacional del barrio, detectar

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nuevos casos y verificar los denunciados. En el Aula Magna del Hospital Municipal Infantil, Schinder expone un resumen del cuadro sanitario en Barrio Ituzaingó Anexo.

Carlos Marchisio, Presidente del Centro Vecinal Ituzaingó Anexo

En junio de 2002, ante las denuncias de las Madres, hace pública la demanda de servicio de salud para el barrio. Enrique Moreno, Presidente del Centro Vecinal Ituzaingó Anexo

En noviembre de 2003 da a conocer el informe del Ministerio de Salud de la Provincia que señala que la cantidad de casos de enfermedades “no supera significativamente los valores nacionales”: “El centro vecinal cedió sus instalaciones para que funcionara allí un centro de salud, que tiene médicos del Ministerio de Salud, y un médico y una enfermera puestos por la Municipalidad”, dijo Moreno. “De modo que estamos recibiendo atención de salud, si bien es cierto que no como querríamos -ya que el lugar es muy chico y es mucha la gente que va- y que está abierto sólo por la mañana”, señaló. En reiteradas oportunidades, Moreno manifestó su agradecimiento a las áreas de salud provincial y municipal por su accionar en el barrio. “Siempre se preocuparon muchísimo por nosotros”. 2.4. Poder Judicial

La información periodística no proporciona ninguna información acerca de la aplicación del poder de policía de las autoridades municipales respecto a la violación de las ordenanzas, a pesar de existir las estructuras institucionales para actuar ante su incumplimiento. La información se concentra en la intervención de la Justicia provincial. 3. Posiciones de los poderes y funcionarios públicos nacionales en relación a la cuestión

3.1. Poder Ejecutivo

En agosto de 2003, las Madres denuncian los hechos y la negligencia de las autoridades locales, abriendo expedientes en la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Por la misma fecha mantienen una reunión con autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde actualizaron los datos del expediente abierto tres meses atrás. También se reúnen con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien promete ocuparse de la situación de Barrio Ituzaingó, y las deriva a la Secretaría de Programación Sanitaria del Ministerio de Salud. 3.2. Poder Legislativo

También en agosto de 2003, las Madres se reúnen con los Diputados Nacionales Mario Cafiero, Atilio Tazzioli y Alicia Castro. Ellos presentan e impulsan en la Cámara un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones en un radio menor a 2.500 metros de cualquier asentamiento urbano.

3.3. Poder Judicial

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En abril de 2002, el Presidente de FUNAM presenta una denuncia contra los dueños de los campos ante la Fiscalía N° 3 de Graciela López Filoñuk, por posibles transgresiones a la Ley N° 24.051 de residuos peligrosos y el Artículo 200 del Código Penal referido a la contaminación de las aguas.

En junio de 2002, María Elba Martínez presenta 38 querellas penales particulares ante la Fiscalía Federal N° 3 contra responsables directos, organismos y funcionarios responsables del control: titular de Agricultura de la Provincia Gumersindo Alonso, al Ministerio de Salud, A Sergio Nirich, al ERSEP, a EPEC, al área de ambiente de la Municipalidad de Córdoba, a Agua Sabia SRL, a Refinería del Centro S.A. La presentación se realiza en el marco de la causa iniciada por Montenegro.

También en junio de 2002, ante la Fiscalía Federal N° 2 a cargo de Gustavo Vidal Lascano, Sofía Gatica realiza una denuncia penal por la existencia de amenazas. 4. Normativa vinculada al caso

1. Ley Nº 24.051, Ley Nacional de Residuos Peligrosos. 2. Decreto reglamentario Nº 831 de la Ley 24.051, fija los límites admisibles del producto en sus distintos usos. 3. Disposiciones Nº 1/95 y 2/95, de la ex Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo en lo referente a niveles aceptados en ambiente laboral. 4. Ley Nº 6.629, Ley Provincial de Agroquímicos por la que la Sec. de Agricultura es la encargada de controlar su uso, aplicación y almacenamiento. 5. Artículo 200 del Código Penal, referido a la contaminación de las aguas. 6. Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, Reglamentario de la Ley 8.973, mediante la cual Córdoba adhiere a la normativa nacional que rige el tratamiento de residuos peligrosos. 7. Normativa sobre calidad de agua para bebida, Código Alimentario Argentino, Capítulo 12, artículo 982. 8. Resolución de DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento), N° 608/1993. 9. Delito penal de incumplimiento de funcionario público, Código Penal, Artículos 248 y 249. 10. Resolución del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo Nº 209/00 y 437/00 sobre PCB en equipos. 11. Código de Protección del Medio Ambiente Municipal. 12. Código de Faltas Municipal. 13. Carta Orgánica Municipal.

Conclusiones

A partir de la cronología realizada fue posible identificar las posiciones y acciones de los distintos actores; también algunos de los procedimientos selectivos que estructuraron la producción de los mensajes mediáticos sobre las acciones políticas, tanto estatales como de la sociedad civil.

En lo que respecta a las posiciones y actores participantes, esta tarea ha permitido visualizar lo profusa y abarcativa que ha sido la acción de interpelación de las Madres y también la compleja trama de instituciones y prácticas que precisamente no promueven que el ciudadano tome la palabra, reafirme la polis. El disentimiento, la denuncia, el reclamo de

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responsabilidad, de cese de la impunidad, la disputa sobre el sentido de justicia que realiza la ciudadanía al interior de la institucionalidad democrática realmente existente, pone en tela de juicio precisamente su carácter democrático en la resolución de los conflictos. Lejos de juzgar las prácticas o de instituirnos en asesores de supuestos empoderamientos, nosotros optamos por profundizar su propio y permanente carácter reflexivo.

En relación a las prácticas de los funcionarios, visualizamos que no sólo no justifican sus actuaciones y decisiones, acción clave para su reconocimiento como autoridad pública, sino que ponen en evidencia tensiones y contradicciones entre sí y con el resto de las prácticas institucionales. Los que podrían ser resumidos como conflictos interjurisdiccionales, burocráticos o más abstractamente aun como de poder, necesitan, para profundizar su comprensión, ser suficientemente identificados y analizados a fin de relevar críticamente su contribución a que la institucionalidad cumpla con su función de reconocimiento y garantía de derechos.

No desconocemos la complejidad de la situación en las que se inscribe el clamor de las Madres, la salud pública y el medio ambiente, pero la misma no excusa ni exime de responsabilidad. El abordaje democrático de problemáticas complejas y conflictivas requiere de herramientas cognitivas y actitudinales sensibles y potentes, acordes con la fragilidad de lo que está en juego. A nivel investigativo, la perspectiva que venimos desarrollando exige la reflexión cooperativa entre los interesados, en tanto ésta puede llegar a aportar a la construcción y viabilidad de un sentido compartido de justicia. Atento a ello, la propuesta metodológica fue realizar una Ronda de Pensamiento entre los involucrados a fin de posibilitar un aumento de la percepción y de la comprensión de sus relaciones, así como una apertura a razonar sobre otras posibles relaciones que potencien y den consistencia a la acción destinada a la defensa de la vida y el ambiente como derechos ciudadanos. Cabe señalar que si bien fueron invitados formalmente los funcionarios, sólo participaron de la misma el delegado en Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Médico de la UPAS 28. Casi la totalidad de los participantes son miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos sin pertenencia grupal, ocupados y comprometidos en la lucha de las Madres. El resultado de este trabajo se presenta en el próximo punto.

En lo que respecta al tratamiento periodístico del caso, nos parece oportuno señalar que las acciones tanto de funcionarios como de las Madres figuran en la sección sociedad, no como un tema público-político. En relación a los funcionarios, sólo aparecen aquellos que hacen declaraciones, no todos los responsables en el caso. De la sociedad civil sólo aparecen aquellos que hacen declaraciones, no identificándose a ningún actor de la sociedad civil involucrado y responsable (dueños de los campos, representantes de Aguas Cordobesas, etc.). En lo que respecta al Grupo de Madres, en general no se las menciona como colectivo, predominando su nominación como “los vecinos”.

Aspiramos a que la tarea aquí realizada contribuya a la reflexión, no sólo de los participantes, sino también de otras luchas por la efectiva vigencia de derechos que tienen lugar frente a las instituciones y en el espacio público.

2. Ronda de Pensamiento con las Madres de Bº Ituzaingó Anexo. Lunes 6 de febrero del 2006 – Lugar: Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cecilia Carrizo - IIFAP/ UNC: En primer lugar queríamos compartir la alegría que nos produce este encuentro y compartir el agradecimiento a las Madres por su lucha y por poder acompañarlas y sumarnos en la defensa del derecho a la vida, a la salud, por el medio ambiente. En segundo lugar queríamos explicar cuál es nuestra idea y por qué hemos

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propuesto una actividad como ésta. Nosotros nos ubicamos dentro del pensamiento que se da en llamar Pensamiento Post 19 y 20 en Argentina. Consideramos que los sucesos del 19 y 20 que implicaron una salida de muchos ciudadanos, de muchas prácticas del campo de la representación política, es un camino que nos invita a trabajar, a reflexionar, es un camino difícil, no hay sendas marcadas sino que hay que ir construyéndolas; lo que nos parece más importante de este camino es que da la posibilidad a la ciudadanía de construir su destino, destino que estaba secuestrado por el sistema político para la mayoría de los argentinos. En este marco, la práctica de las Madres es una práctica que nos ilumina, que nos desafía a pensar y creemos que uno de los problemas más grandes para pensar es cómo salirnos de los modelos jerárquicos de la representación y pensar como ciudadanos, como iguales acerca de cómo llevar adelante nuestros deseos, nuestras luchas. Nosotros también, en el ámbito académico, estamos sosteniendo nuestra lucha, porque no hacer de esto un panel, un lugar de relaciones mando y obediencia en relación al conocimiento, es una posición que en la academia tiene su costo también: (aquí) se pide el objetivismo, la distancia con los colectivos; por eso decíamos en la invitación que lo nuestro es, al igual que esa distancia, una práctica política. Creemos que la investigación es una práctica política que interviene en la generación de sentido y, en nuestro caso, en un compromiso con los sujetos que estamos trabajando. Forma parte de ello el congregarnos; en esto agradecemos a las Madres haber colaborado en convocarlos y la voluntad de participar. El criterio para la invitación fue que ellas los reconocieran como gente que las había acompañado en la lucha.

En relación a la ronda de pensamiento, la idea es que la voz de cada uno es lo que vale, hay una horizontalidad de la palabra; cada uno hablará desde el lugar que puede o que quiere, desde su lugar profesional, como intelectual, como médico, como abogado; la idea nuestra es hablar como ciudadanos, pensamos que es lo que más nos cuesta porque estamos muy poco acostumbrados a experiencias democráticas del uso de la palabra, pero si no las ejercitamos, nunca las vamos a poder vivir ni trasmitir. La idea es que la palabra circule horizontalmente, que la participación sea voluntaria, que nos esforcemos en la participación, no por elaborar juicios sino por explicar lo que estamos pensando, tratar de pensar desde aquí, desde esta situación, y fundamentalmente desde lo que nosotros sabemos, hemos compartido, hemos leído, nos hemos preocupado por la tarea de las Madres. Para nosotros sería ideal que cada uno hable, no desde clichés ni desde autores, sino que cada uno hable desde su propia experiencia.

En relación a los temas sobre los que queremos pensar juntos, nosotros como equipo tenemos tres temas que nos preocupan, porque tenemos una visión bastante critica en cuanto a las relaciones de los ciudadanos con las instituciones del estado democrático de derecho. Entonces, una tarea primera la realizamos con las Madres identificando cuál ha sido la experiencia con las instituciones y, fruto de ello, han salido unas conversaciones que veremos de poder publicar. Otra tarea es identificar la información que sale en los medios, La Voz del Interior, que más o menos se condice con la información que tenemos nosotros respecto de cuáles son los actores e instituciones que han estado comprometidos en el amplio sentido de la palabra, impactados, involucrados, interpelados por la práctica de las Madres. Como podrán ver, hay actores del ámbito municipal, a nivel del legislativo, del ejecutivo, y actores de la sociedad civil local. A nivel provincial, hay muchísimos funcionarios, desde el Gobernador de la Provincia, Olga Ruitort, varios funcionarios del Ministerio de Salud, de la Sec. de Agricultura, de la Agencia Córdoba Ambiente, del ERSEP, de EPEC, etc., de la policía de la Provincia y también hay actores a nivel nacional que, tal vez como cordobeses, los tengamos menos registrados: la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Programación Sanitaria... La idea es que empiece a circular el pensamiento en torno a qué puede aportar cada uno de nosotros en relación a la experiencia de las Madres y en relación a estas

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instituciones, a estos poderes públicos. También hay dos temas que a las Madres les interesa que las acompañemos a pensar. Uno, en relación a las dificultades y posibilidades de lograr la participación de los vecinos en la defensa de sus derechos. Y otro sería: ¿qué pasa con lo que se produce sobre las Madres?; ¿es en beneficio propio?; ¿cómo es usado? En esto nos sentimos particularmente interpelados como productores de escritos. ¿Qué pasa con las cosas que escribimos?

(Comienza la ronda, se produce un silencio y se pide aclaración de la pregunta.)

Cecilia Carrizo: No es una pregunta, es un tema. Empezamos… No queríamos empezar nosotros, pero exponemos nuestra posición. Por ejemplo, en relación al Poder Ejecutivo, nosotros pensamos que las Madres se han encontrado con un país fragmentado, donde las autoridades nacionales, a nivel del Poder Ejecutivo, optan por no inmiscuirse en los problemas de las provincias; hay un límite ahí, en las jurisdicciones. Ante eso, preguntamos: ¿qué es el estado nación? Hay una responsabilidad de las autoridades públicas a nivel nacional para el conjunto de la población. El problema de las Madres no es un problema de Córdoba, el problema de la soja no es un problema de Córdoba, que tenga que arreglar el gobernador De la Sota y sus legisladores o los gobernadores de las distintas provincias. Nos pareció una cuestión importante que habla de la situación con la que se tiene que enfrentar una lucha por derechos reconocidos constitucionalmente, cuando las autoridades no sostienen las funciones para las cuales las instituciones han sido creadas.

Lilian Aylon - Familiar de las Madres: Las garantías que debe tener todo ciudadano como derecho a vivir en un medio ambiente sano, que se vele por esos derechos, y nada menos cuando está en riego la vida (…) Este problema de contaminación no sólo, como vos dijiste, es de orden nacional o provincial, sino que es un problema global que responde a intereses propios de algunos sectores y, con la disculpa de algunos funcionarios políticos si están… es como que miramos para otro lado o vamos hacia donde más nos interesa. Hay intereses muy fuertes que hace que muchas veces se corra el velo (a) lo que está ocurriendo y siempre son los más afectados lo que sufren las consecuencias… cuando debemos tener un estado que brinde a todos los ciudadanos el derecho que le compete a cada uno de vivir en un ambiente sano y de decidir lo que es mejor para mí y de esta forma poner los limites necesarios a aquellos intereses que están predominando, porque evidentemente si hay contaminación es porque hay producción de soja, y ésos son grandes capitales, grandes intereses que son, a mi entender, los que priman por arriba del derecho de cualquier ciudadano.

Antonio Muñoz - Cooperativa Documental El Cuarto Patio: Nuestra posición en relación al trabajo documental que hemos realizado para las Madres, siempre ha sido basada en que la lucha que ellas llevan adelante frente al estado es una lucha que no es funcional al sistema. Porque el interés que hoy por hoy parece minoritario, el de las Madres, se quiere interponer a un interés nacional entre comillas, que es el interés de un país que necesita seguir transformándose en un país de monocultivo, de volver nuevamente a aquella vieja idea de ser prácticamente una colonia de producción de granos solamente. Entonces, la lucha que llevan adelante todas ellas y todos ellos ahí en el barrio, indudablemente va a chocar constantemente con los poderes del estado, incluso respecto a la soberanía. Yo creo que el tema de soberanía… Nosotros consideramos que cuando lo poderes hablan de soberanía es un discurso para la gilada, porque realmente no les interesa en absoluto el tema de la soberanía y menos la preservación del medio ambiente. Lo que les interesa es que la soja se exporte, que pueda haber mayores retenciones, porque con las mayores retenciones pueden mantener los planes

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sociales en el país, pueden mantener cautiva a una amplia franja de la sociedad; y lo que hacen las Madres, de pelear por denunciar las contaminaciones en todo el país, que no es solamente en el caso de seres humaos sino también de los animales... Si no, veamos lo que pasa con los apicultores en todo el país, en donde su trabajo se ve perjudicado por las fumigaciones de la soja. La miel esta contaminada, no se puede vender la miel como se vendía antes, etc... Nosotros creemos que hay que buscar otros caminos en la lucha que llevan adelante ellas; no hablo de caminos más violentos, pero sí de caminos con el puño más cerrado. Y me estoy refiriendo a que hay que morderse con todo y salir adelante a pelear mucho más, porque indudablemente es larga la lucha que están llevando ellas adelante y permanentemente se tropiezan con las falsa promesas de políticos, llámense ministros, Chuit, como el propio Intendente, bueno... del Gobernador ni hablemos y de los poderes nacionales, que directamente no les interesa prestar atención a las muertes que hay en Barrio Ituzaingó, Monte Cristo y tanto otros lugares del país.

Nélida Agüero – Historiadora – Coordinadora del Programa de Historia Oral de la Municipalidad de Córdoba: Más o menos saben todos que empezamos a hacer la historia de Barrio Ituzaingó hace un par de años. Uno de los capítulos, el último de lo que es ya el borrador del trabajo, en realidad apuntaba no tanto a la problemática ambiental en sí, a tratar de aportar algo a ver si yendo para el pasado encontrábamos algún elemento causal que hubiera producido, que fuera un factor causal del problema ambiental... Pero el último capítulo decidimos que fuera sobre expectativas, y hacíamos preguntas a los vecinos que tenían que ver con qué piensan que es la solución, a quién habría que pedirle la solución… Lo que voy a leer es un fragmento de una entrevista que puede servir de disparador sobre estos problemas de la relación entre estado y ciudadanía en los distintos niveles. Es una entrevista a una maestra a la que se le pregunta en relación con qué solución se puede dar (otra pregunta es por qué cree que está pasando esto; entonces había variopintas respuestas, muy interesantes). Pero esta pregunta es sobre soluciones y en relación al estado. Entonces la maestra dice: “El tema está instalado en esta comunidad como que a mí no me va a pasar… Pareciera que cuando te toca es cuando te despertas y empiezo a contribuir, a buscar cosas, entonces veo a estas señoras que están frente a todo, una de ellas es Sofía, las veo por ahí solas. Me parece que desde mi mirada crítica, es realmente lo que quiere el gobierno, ¿no?; un poco el estado quiere debilitar la cuestión, buscar el enfrentamiento entre los vecinos porque esto así se dilata. Ya debería haber una conclusión, ya están todos los elementos, ya están las cartas sobre la mesa, pero obviamente no la asumen, obviamente por temas económicos y demás. Como no es una cuestión política todo esto, una cuestión política que les reditúe a ellos en todo nivel, ¿no es cierto?... Y bueno, ahí esta todo, no puede ser que hace tantos años que estamos... Yo siento que seguimos en el análisis, no salimos del análisis, ya tenemos indicadores valederos. Yo incluso, no sé, hipotetizando, yo desde mi humilde lugar me doy cuenta de que obviamente ahí hay una contaminación de suelo, de aire, de agua, y lo que se puede deteriorar es la salud del hombre… porque aquí también lo que hace al calentamiento global también influye, toda la parte natural también esta influyendo”. Eso es el disparador que quería aportar por algunos juegos que hace, que me parece están interesantes.

(Piden que se identifiquen los presentes.) Guillermo – Movimiento Socialista de los Trabajadores: Soy del barrio, estuvimos

en el inicio, en las movilizaciones, todo eso... Inés de la Agrupación Quetzal de Medicina: Participamos de los Encuentros contra

la contaminación y el desalojo. Participamos en la elaboración para un proyecto para presentar a Italia.

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Julio – Movimiento de Base de Agronomía Marcela – Grupo de Madres Vita Aylon – Grupo de Madres Fabiana Gómez – Grupo de Madres Cristina Fuentes – Grupo de Madres Isabel – Grupo de Madres Alfredo – vecino del barrio Emiliano Salguero – Biólogo: Me acerqué al grupo de Madres en los primeros

momentos cuando empezó a organizarse, durante dos años aproximadamente, junto a Raúl y a María Elba.

Gonzalo Cecilia Carrizo Matías – MBA – Bisagra Lorena – Prof. de historia, del equipo de Historia Oral. Nélida Agüero – Responsable del Programa de Historia Oral de la Municipalidad Eduardo Toledo – Legislador comunal, mandato cumplido. Primera Comisión de

Seguimiento sobre la problemática de un barrio. Mario Carpio – Médico del Centro de Salud desde hace dos años, colaboró en la

investigación del Ministerio de Salud en 2003 en el Barrio. Liliana Moreno – Psicóloga de la UPAS 28 desde 8 meses atrás María Godoy – Grupo de Madres Corina – Grupo de Madres Sofía Gatica – Grupo de Madres José Fernández – Comunicadores Solidarios (relación con las Madres desde un

programa de Radio la Ranchada) Liliana Arguello – Cátedra de Problemática Ambiental de la UNC Raúl Montenegro – FUNAM Antonio Muñoz – Cooperativa de Trabajo Documental El Cuarto Patio (relación

con las Madres desde el año 2000, desde que empezaron a hacer documentales sobre el tema) Corina Echavarría – Docente de Ciencias de la Información Lilia Aylón – Profesora de historia, familiar de las Madres María Elba Martínez – Abogada del Grupo de Madres de Ituzaingó, con quienes

trabaja desde hace cuatro o cinco años.

Cecilia Carrizo: Quería retomar, y para los que no vinieron a horario… es costoso hablar en situación, tal vez no sepamos de algunos temas, no hace falta que todos hablemos de todo, queríamos pensar el tema de las Madres en relación con las Instituciones… a nivel nacional, el poder legislativo… Parece que a los legisladores les preocupa mucho más la rentabilidad que las enfermedades que produce la contaminación. Hubo un grupo de legisladores que empezaron a trabajar para una ley que respetara los asentamientos humanos y el tema de la contaminación.

Emiliano Salguero: A mí lo que me parece que es importante cuando estás hablando del estado nacional, del estado, no del gobierno… Nosotros, las gestiones que pudimos hacer con el grupo de Madres a nivel nacional se generaron a partir de un grupo, el Grupo de Reflexión Rural, por el cual fuimos invitados, del cual algunos miembros son asesores de diferentes bloques de legisladores, y de esos tres… Y la caracterización que hay que hacer, básica, fuera del nivel de las individuales… lo que está pasando en la Argentina con la contaminación… Los otros días salió en el diario un mapa, con todos los conflictos y las provincias que tienen que ver con la contaminación, donde los más graves son las minas a

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cielo abierto, de las papeleras y el tema de las cuencas, pero en ningún momento se habla de la soja en ese mapa… y eso tiene que ver con una situación, digamos… yo tomo una palabra que dijiste vos, que después del 2001 aparecen las Madres como un espacio de mayor participación y mayor evidencia de… Y la pregunta es qué paso en el 2001 a nivel nacional o en el estado. Porque el estado se construye a partir de una estrategia económica, productiva, cultural, educativa; ese estado se constituyó, dejó de pensar en bancarse con la especulación financiera a pasar a un sistema productivo, a un modelo agropecuario de la venta, exportación de soja. Entonces hay una estrategia por parte del estado de implementar el modelo agropecuario, que es el de la soja y ese modelo es el que avanza. Ahora el problema es que a lo largo de la historia argentina nunca hubo una planificación de esa estrategia; entonces el estado no tiene una medida de decir cuáles son las consecuencias de cualquier estrategia productiva. Lo que pasó en la Argentina fue implementar litros y litros de contaminante de agroquímicos, litros y litros de fertilizante, no hubo ningún tipo de evaluación de qué significa los efectos de eso a largo plazo como tienen otros países, porque la pampa siempre dio, dio, dio y el estado se ha organizado cultural e históricamente así. Entonces lo que hicieron estos diputados no existe; armaron y dijeron: “bueno, vamos a poner los 2.500 mts.”, sin saber por qué; no hay ningún tipo de investigación que lo diga, y no hay ningún tipo de investigación sobre cuál es la estrategia productiva para esos 2.500, que podría ser un cinturón ecológico para frenar la aplicación de agroquímicos, y no hay ningún tipo de planificación de nada. En Córdoba, la única ley que hay se hace en base a las necesidades profesionales de los agrónomos y no en base a las necesidades de los habitantes, que son los perjudicados.

El problema del estado argentino es que no tiene una planificación, y al no tener una planificación... El problema es que el estado no son los gobernantes… tampoco… Ésa es la otra discusión, porque todos los productores que tienen, que plantan soja no les importa qué mierda pasa después que plantaron soja en su campo... No son capaces de pagarle a alguien para planificar, no les importa. Entonces esa discusión, que la Argentina tuvo desde su nacimiento, porque vivió gracias a que las vacas crecen solas… Acá nunca hubo una planificación como en otros estados de América Latina con respecto a la sustentabilidad, más pequeños y con más problemas para producir. Eso lo estamos viviendo desde nuestro lugar como victimas, pero el problema que nosotros tenemos… que nunca pudimos avanzar contra este monstruo enorme que es la soja, que es Monsanto, toda la dependencia con la biotecnología que tenemos en este país, tiene que ver con que nosotros no somos capaces de salir del lugar de la victimas, estamos siempre reivindicándonos: “nosotros somos las víctimas de esto, nosotros somos las víctimas de aquello”… y no somos capaces de construir, o planificar un estado distinto, gestionar como ciudadanos, como productores, como vecinos, de imponer políticas diferentes a las que nos están imponiendo; entonces es mas fácil salir con una bandera y decir: nosotros tenemos este derecho… Pero ese lugar… hay gente que realmente son víctimas, que se están muriendo, y otros que usan todo ese discurso para avanzar en términos políticos, tener un puesto en la municipalidad, tener un puesto en la provincia, tener un cargo de gobernador, o tener un cargo de profesional y hacer un buen trabajo de investigación. Y nosotros, la universidad, también somos el estado y no hacemos nada para responder a eso. O sea, la discusión a la que yo voy es decir quién es el estado y en qué lugar estamos en relación a construir el estado. Del 2001 a acá seguimos con el “que se vayan todos”. Pero ¿qué significa “que se vayan todos?”. Me siento acá y digo: “que se vayan todos”. ¿Y yo hago algo para construir ese país? Nada. Y yo, en ese lugar también me siento solo, porque jamás me puedo encontrar con el contenido de un proyecto con el otro, que es mi vecino, y por eso siguen siendo 5 o 6; o sea, yo entiendo las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Barrio Ituzaingó, en un momento determinado donde la sociedad no quería ver lo que estaba pasando; pero en el caso particular, la sociedad no sólo no quiere ver lo que está pasando, sino que la sociedad se está llenando de plata con la soja y a los productores no les

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importa pasarle con la avioneta a sus propios hijos, los matan con la fumigación… Ésa es la locura de esta nación. Entonces la pregunta es, esas dos preguntas (los ejes de las Madres) tienen que ver con eso: ¿cuál es el rol de construcción que estamos haciendo, si todos nos paramos en el lugar de la demanda?

Los diputados no hicieron nada, lo hicieron para decir: estamos en contra del modelo de la soja, pero como algo enunciativo... Ni Tazzioli, ni Alicia Castro, ni Cafiero tienen un proyecto serio de cómo construir un país sin soja. No lo tienen.

José Fernández: Me parece interesante lo que dijo Emiliano; lo único, que me parece que la década del 90 se caracterizó por el modelo neoliberal de exprimir todos los recursos naturales y humanos al punto que nos encontramos en lo que pasó el 2001. Creo que sí hubo planificación, pero lamentablemente nosotros éramos el pato de la boda. Lo que sí veo yo en continuidad con las políticas de los 90, (es que) no existe un cambio en relación a la minería, los recursos minerales, el petróleo y las porquerías de lo que dejan las extracciones de oro, de distintos recursos minerales. En términos generales y al margen de la soja, que es un problema muy grave, es un problema nacional, no hay una modificación en las políticas y es como que serán 10.000 en Esquel, 2.000 en Catamarca, 2.000 en Ituzaingó, pero así quedan grupos reducidos y atomizados, si bien hubieron intentos a nivel Córdoba o nación, pero no se logró nada. Existe una continuidad con la década de los 90, pueden existir discursos muy lindos, pero que el estado como tal no está dando pasos concretos que muestre la voluntad de modificar esto. Por otro lado, veo que existe una descoordinación entre todos los grupos, pueblos, ciudades que pueden tener los mismos problemas y poder plantear un reclamo a otra envergadura. Tal vez lo de la papelera tiene otra envergadura porque tiene una dimensión nacional; la posibilidad de que eso se instale no depende de los vecinos que se instalen cerca de las papeleras, sino del estado como tal.

Nélida Agüero: Para volver al tema de la ciudadanía, voy a hablar desde el estómago y desde la edad que tengo… Tengo la sensación de que la crisis de la representatividad que teníamos nosotros en los partidos políticos, como uno podía delegar y procesar demandas a través de los partidos políticos y uno suponía que las cosas las iban a hacer los que la tenían que hacer y ya; no había ONGs en mi época, esto es nuevo, para los 80, 90, y tampoco había un esfuerzo que no estuviera dado por los movimientos tradicionales, el movimiento obrero, el campesino, y tuvo que haber una emergencia de otros movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento ambientalista, y yo creo que para la generación mía y un poco más arriba ha tenido que haber un esfuerzo, tener que convertirnos en expertos en temas particulares, de problemas puntuales, para salir a la calle, para pelearlos, porque si no, los partidos, en donde se suponía que nos representaban y donde descansaba la agenda, ahora parecen los enemigos, las más de las veces… Trabajo en la municipalidad y me siento una empleada pública antigua con ciertos principios de los de antes, de lo que era un empleado público (…) y estando en el tema de la defensa de los derechos ambientales, concurriendo con los vecinos autoconvocados, primero que es la generación grande la que está ocupada del tema, más de 45 para arriba; segundo, que uno tiene que hacer un desgaste y convertirse en un experto, de las entrevistas hay que ver la variedad de palabras técnicas que los hombres y mujeres de Ituzaingó manejan y que antes no nos pasaba, un esfuerzo que por el lado del conocimiento puede ser interesante pero desde el lado que uno lo vive como un problema, es un estrés enorme. No sé cómo se gestiona este tema de la ciudadanía, porque de un lado sentimos que hay crisis de representación porque no nos representan, por otro lado hay lugares puntuales por fuera del estado, sigo pensando, antes no había ONGs solucionando temas que antes los resolvía el estado; ante esta situación, no sé cómo les habrá ido a las madres de Ituzaingó con este tema… cuánto habrá sido el desgaste de relaciones

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interpersonales, de sentirse cansadas de andar ejerciendo ciudadanía todos los días..., y además tenían un plan de trabajo de la generación anterior y hay que ponerse a jugar con estas reglas de juego nuevas.

María Godoy: Yo quiero hablar concretamente, desde que yo entro al grupo de la experiencia con los señores de estos tres poderes. La primera experiencia es cuando vamos a Buenos Aires, que teníamos en la agenda desde derechos humanos, legisladores, medio ambiente y Alicia Kirchner. Yo me lo planteo desde este punto de vista: ¿para qué nos a sirven a nosotros estos señores? ¿Para qué nos sirven el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial? Primero nos recibe el de DDHH, Luis Duhalde, que estaba con la llegada de Juan Gelman por la nuera… Nos recibe el de abajo, nos dice que se estaban cambiando y nos dicen a nosotros: “estamos haciendo trabajo voluntario”; nosotros le decimos que a nosotras tampoco nos estaban pagando. Después vamos a ver a un asesor de Mario Cafiero, le planteamos que nosotros queremos los 4.000 mts., y él nos dice que es una barbaridad, que los productores se nos van a venir encima con tanta distancia. Después fuimos a Defensoría del Pueblo, Mondino, cordobés, no estaba; nos atienden sus asesores, también cordobeses, todos se ofrecen, todos nos dan el teléfono, el mail, pero “nosotros somos de la Nación”, que es lo que se decía, lo que se plantea de los limites entre los poderes, la Nación con las Provincias, y más que todo con lo municipal. Entonces, yo más que todo he estado en la parte de la municipalidad, yendo a ver concejales y funcionarios; todos se ofrecen, pero yo veo que nosotros, o sea la gente, la que tiene que marcar los caminos, queremos este estudio porque no saben nada, o lo saben todo y no lo quieren dar a conocer; ustedes qué creen que hay que hacer: que tenemos que hacer estudios. Para pedir los estudios en el barrio, nosotros tuvimos que armar los protocolos para los estudios con gente que se acercó a colaborar con nosotros, todo lo teníamos que hacer nosotros, y ellos son los funcionarios que son parte del estado y tienen que hacer las cosas para el bien de la gente... Ésa es mi experiencia con los tres poderes, y con respecto al judicial, lo que sabemos por la doctora Martínez era que se pasaban la pelota de uno para otro, provincial y nacional, que no querían recibir el amparo o las querellas.

María Elba Martínez : Yo quisiera retomar lo de Emiliano, que me parecía muy interesante y que subía un poco el espectro que estábamos discutiendo a la discusión de casi una planificación para el país; si bien el neoliberalismo y la década del 90 marcó elementos muy graves, había ciertos desahucios ya de antes. Estando en Bolivia y escuchándolo a Morales, diciendo que había que refundar el país después de 513 años, desde la colonización hemos sido devastados en los elementos naturales y nuestras estructuras políticas, que fueron copiadas, tampoco tuvieron un modelo de preservación y de políticas adecuadas para cada país: siempre hemos estado “al servicio de”. Yo creo que, como nunca, todo eso está en discusión: las formas de representatividades y las formas que deben asumir; por eso yo creo que deben ser cambiadas muchas de las estructuras mismas de los poderes que nos gobiernan, entre ellas el parlamento.

Pero más allá de eso, me pareció interesante cuando Emiliano planteaba el estado de víctima; en realidad, es cierto, para eso están los representantes para hacer algo, los legisladores y el Poder Ejecutivo que genera planificaciones de políticas para el país, pero también es muy importante que el pueblo genere políticas de construcción. No podemos estar de arriba a abajo siempre, tiene que ser un trabajo de construcción entre nosotros, que estamos acostumbrados continuamente a dividirnos, a separarnos, a echarnos culpa continuamente, cosas que a mucha gente no les gusta que se diga, porque no queda bien, porque no queda simpático; se habló que no había ONGs, pero había otros movimientos ambientalistas, pero como no era un problema que se tomara como propio, pero como la estructura de capital ha

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seguido en su evolución e involución humana, cada vez los recursos naturales son tomados, destruidos para el capital, no había política de defensa de elementos naturales (…), nunca ha habido una planificación para América Latina. En este momento, el monsantismo abarca de norte a sur, y no solamente es el endosulfán, existen otros elementos; también está la cuestión del agua, de los elementos propios (con) que podemos generar industrialización, todos hemos estado formados en la escuela, en las universidades, de que esto funciona en el equilibrio de los tres poderes de Montesquieu, de los tres poderes, y el contrato social, y la representatividad, pero en la realidad nada de esto existió, porque nunca hemos tenido una política propia como América Latina y como país. Yo creo que en este momento estamos, a pesar de que es duro, estamos reviendo todos los elementos que antes se resolvían de una forma más rápida y más directa, pero no era que no estaban todas las otras cosas, algún día tenía que explotar, este país como Latinoamérica; si por sobre todo esa problemática nos estamos cruzando en algo que es política estratégica de un país, directamente no hemos tenido gobernantes que se hayan preocupado realmente, o estructuras empresariales, porque hablamos de gobernantes pero no del empresariado argentino o latinoamericano, que siempre ha favorecido más al extranjero que a lo propio. Cuando nosotros tocamos puntos de estrategias económicas, las instituciones que nunca han representado al pueblo, estallan.

El poder judicial sistemáticamente, y más allá de la corrupción y el partidismo, es una cuestión de formación. Si ustedes vieran lo que nos dicen en las clases, se aterrarían de cómo salimos formados los abogados, y seguramente de esa forma salimos todos los profesionales, y no son los profesionales que necesitamos para un país que está estructurando su propia riqueza.

Si bien es un momento tremendo, también es un momento rico para toda América Latina y para todos los países del mal llamado tercer mundo. (…) Hemos sido criados hacia ciertas pautas del sí y del no, del anti y del a favor, de lo que es culto y no culto, y nos estamos dando cuenta, cuando hay necesidades brutales ya de una sobrevivencia, no solamente de un plan económico, como es salud, nos encontramos que las cosas no funcionan, y ahí tenemos que tener una gran capacidad de unión, de solidaridad, de bajar las estructuras egocentristas y entender cuáles son los objetivos más allá de las discusiones que podamos tener, porque si no es muy fácil introducirnos, se nos introducen con proyectos, con títulos, con aplausos, con puestos; son una y mil formas de desestructurar las organizaciones sociales, no tenemos estructuras de poder que sean absolutamente felices con un pueblo organizado, requirente, claro, estudioso, y que sepa y no que lea y que le tenga que decir Tinelli qué opinar sobre política, sino que tenga capacidad de decisión. Son momentos duros, de golpes muy grandes, porque en Ituzaingó no fue solamente el endosulfán, es el PCB, hay mutaciones, no sabemos todos los elementos que están actuando, ha habido indiferencia en la universidad, en los colegios profesionales, en las estructuras partidarias, en la sociedad misma; debemos generar profesionales para el servicio de la comunidad, estructuras representativas, pero eso lo tenemos que generar nosotros, siempre los grandes movimientos vienen de abajo para arriba.

Emiliano Salguero: Esto de opinar un poco intelectualmente..., me olvidé de opinar en función personal, de lo que significó para mí; mi opinión general de la gestión ésta que contaba María es justamente esta doble sensación. Nosotros como grupo no supimos qué ir a decir. Cuando fue la reunión con Alicia Kirchner, hubo una discusión en el grupo; esto lo digo como ejemplo, porque a veces uno hace análisis súper grandes y acá están los temas concretos. Hubo una discusión en el grupo si iban a subir todas o no, pero el criterio fue decidido por nosotros mismos, no por quien nos iba a recibir; nosotros mismos nos sesgamos la participación de todos los que estábamos ahí. Ninguno le dijo a Alicia Kirchner ni a la Secretaría de Planeamiento Social que lo que hacia falta era lo mismo que se hizo en Villa Allende, para demostrar que lo mismo que se encontró en el suelo se puede encontrar en el

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cuerpo, y para eso hace falta guita. Ninguno del grupo de madres le dijo, entonces ahí tiene razón María Elba. Desde el lugar de víctima me paré delante funcionario y le dije: “nosotros estamos sufriendo, y nos pasa esto y esto”, pero no fui capaz de decirle lo que realmente necesitaba porque no lo tenía claro o porque prioricé en mi cabeza una estructura política, una forma de pensar verticalista por encima de lo que yo necesito y de mis propias necesidades. Entonces para cambiar el mundo primero tengo que cambiar yo, eso es lo primero que yo tengo que hacer; yo no le debo nada a nadie acá, entonces voy a tirar palos para todos, porque me parece que es lo que va a servir para construir algo. En este sentido digo que, por ejemplo, cuando fuimos a verlo a Luis Duhalde, lo invitamos a ir al barrio; Luis Duhalde fue al barrio e hizo una reunión con todos, pero la Secretaría de Derechos Humanos no dio ninguna respuesta concreta sobre la necesidad de relevamiento que existía en el barrio, y luego lo terminó haciendo el doctor Schinder. (…) La municipalidad primero dice que sí, la provincia dice que no, si hay un problema háganse cargo, y la provincia se borró; entonces la municipalidad pone en duda el análisis de Schinder. Entonces ¿cuál es el problema? Porque ahí estamos discutiendo las cuestiones de fondo, dejamos de discutir intelectualmente y vemos las cuestiones de verdad. El problema es cuando uno no tiene claridad de lo que quiere y no tiene una apuesta colectiva con el resto de los vecinos de lo que quiere; entonces nos van a usar como quieren y nos van a ofrecer cospeles, tanques de agua, y vamos a seguir dando vuelta y vuelta, nos van a seguir fumigando y nos van a seguir fumigando pero no sabemos en realidad qué está pasando; ése es un problema real. (…) El estado debería responder a los intereses de los ciudadanos.

Por ejemplo, en salud, en la provincia de Córdoba no existe ninguna política de epidemiología ambiental, no hay nadie capacitado para hacer una investigación de epidemiología ambiental que medianamente te diga lo que pasa en Ituzaingó; es esto y no que el discurso que uno tiene, por los pocos elementos, se use para decir es multicausal, y es una forma de decir que no hay nadie, no hay responsables y nada se resuelve. Esto es lo mismo que pasa en Argentina: esto para que lo pensemos porque todos somos responsables, todos somos seres humanos, tenemos nuestras dificultades, todos somos imperfectos, y esa imperfección nos tiene que servir para discutir, para que podamos crecer. Estas catástrofes ambientales que se están dando como consecuencias del neoliberalismo, de falta de planificación, de los mismos ciudadanos en el control. (…) Somos parte de esta sociedad enferma; la única forma de curarnos del problema de Bº Ituzaingó es curarnos cada uno de nosotros, eso implica reconocer cuáles han sido nuestras falencias. En B° Ituzaingó ha habido una incapacidad histórica del estado y de los ciudadanos que viven en B° Ituzaingó como parte de poder enfrentar este problema y que es un tema tan grande que les quema la mano a todos; nadie tiene respuesta y todos se paran en ese problema para poder tratar de sacar un puchito, hay muy pocos que lo hacen de manera honesta y para beneficio de la comunidad y no para beneficio de ellos, y son las personas que han venido luchando por eso desde antes de la contaminación, pero los que se han ido dando cuenta de esto, no logran… no hay elementos para avanzar en términos colectivos, el problema no es de una persona, de un funcionario, sino es un problema de construir un país y de lo que cada uno hacemos para construir un país, actuando desde el lugar de la demanda, del lugar de la víctima y no como responsables de lo que pasa. Si yo me peleo con mis compañeros antes de sentarme a hablar con Alicia Kirchner y no tengo en claro qué decirle a Alicia Kirchner para que me dé la guita, si supuestamente tengo que pedirle plata para los estudios, el problema también es mío, tengo que hacerme cargo, es mi inmadurez. Sí, tuve una falta de madurez política, todos la tuvimos, tenemos, eso está pasando en el estado provincial y municipal, y con los funcionarios, porque nosotros mismos somos parte del estado, todos somos docentes, todos somos laburantes en el estado, todos hacemos la misma historia. Eso es lo que quiero plantear, cuál es la posición que cada uno toma, cuánto cree uno que está cambiando, qué cosa nos hace más sanos y cuál nos

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contamina más. En este círculo vicioso de dependencia, hay muchos profesionales que entraron a investigar a B° Ituzaingó porque hay guita para investigar y porque no le importa un pito lo que pasa; en el caso concreto de esta Cátedra de Ingeniería Ambiental no la conocemos, dónde está esa cátedra que no pasa nada, quién le puso la guita a ese tipo, somos nosotros en la universidad, y ¿qué hicimos nosotros para denunciarlo a ese tipo? Nada, ¿son las Madres las únicas que trabajan en la universidad? Las Madres son las que se levantaron en el 2001 y nosotros, que somos los universitarios, ¿qué hicimos?

Cecilia Carrizo: M irá, Emiliano, en general la Ronda no se contesta porque de lo que se trata es de ir sumando pensamiento, pero me parece tan agresivo tu planteo que no puedo dejar de contestarte. Yo estoy acá trabajando, y la acción política nuestra fue haber hecho un esfuerzo para juntar a todos los que están sentados aquí y a todos los que faltaron. Tal vez el esfuerzo ha sido poco, tal vez el trabajo haya sido insignificante, depende de la perspectiva que lo mires, pero más que autoculparme o más que desesperarme a mí me interesa construir, y ésa es la idea de pensar. Yo no estoy en la universidad informando sobre conocimientos, distribuyendo escritos, yo estoy tratando de pensar; la universidad, si no la defendemos como lugar de pensamiento de la sociedad sobre sí misma, estamos perdidos, terminamos siendo funcionarios, terminamos siendo vendedores de servicios, ¿no? Y me parece que la única forma de producir pensamiento es hablando con sinceridad, desde las dudas, desde las perplejidades, y en ese sentido me parece muy importante el aporte de Nélida (Agüero), decir “¿qué pasa?”, “¿queremos una ley nacional que regule el uso de agroquímicos?”. ¿Ése es un planteo y una actividad que nos vamos a dar para evitar la contaminación y todo lo que estamos viendo que producen los agroquímicos? ¿Confiamos en los legisladores nacionales o no confiamos? Las leyes que están generando circuitos, generando controles sobre el uso de los agroquímicos, el uso de los PCBs, sobre todas las cosas, ¿nadie las hace respetar? El poder judicial de la Nación ha recibido denuncias de Montenegro contra los productores por fumigar, denuncias de María Elba Martínez, 32 querellas penales, la Fiscalía Nº 2 ante Vidal Lascano por amenazas que ha tenido Sofía. ¿Qué pasa con el Poder Judicial a nivel nacional? Hay una corte, hay jueces, qué están haciendo, ¿no? Me parece que desde la perplejidad, antes había partidos políticos. Cuando uno ve la regulación de productos como el PCB, que en el 76 el desarrollo de las universidades y de la investigación dice que es un producto tóxico, entonces en los países serios dicen bueno, basta de PCBs y cambian la historia. Acá en la Argentina se dice: va a haber PCBs hasta el 2010, o sea, ¿ésos son los tipos de legisladores que tenemos? Entonces, más que autoculparnos, también tenemos que reconocer las certezas que tenemos. Yo a vos te veo con algunas certezas, pero también autoculpándote; yo no me siento culpable, yo no soy responsable de la contaminación. Lo que yo sí siento, y en esto lo comparto con Nélida, de ver a las Madres solas, porque cuando uno va al barrio las Madres están solas, porque no hay instituciones, ¿por qué no construir un espacio común, como éste, donde nos juntemos a pensar? Ésa es la idea de un colectivo como el de hoy. ¿Podemos hacer algo en común aunque pensemos distintas cosas?

Mario Carpio: ¿A servicio de quién está el estado, qué rol cumple? ¿Confiamos en los distintos funcionarios? Lo que hay que poner en cuestionamiento es qué estado hay que discutir. Si este estado donde hay acumulación de capital sirve a los intereses de los ciudadanos. Es ingenuo pensar que este estado que pondera el capital sobre cualquier otro derecho respete los derechos. Incluso en un estado refundado, un estado pensado para todos y todas sería dificultoso. En un estado diferente a éste, no sé..., en éste no lo creo. No me sorprende nada que los resortes del estado no funcionen (en ninguno de los 3 poderes). En Ituzaingó todo es una cuestión política lo que esta pasando. Las enfermedades ponen al descubierto que en el estado hay gente que uno cree que sabe, pero que no sabe nada y se

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sorprende a veces. ¿Yo le tengo que armar el plan a estos tipos, los funcionarios, que están cobrando 3 o 4 lucas por mes? ¿Yo me tengo que poner, vecino de un barrio, que tengo que ver cómo hago para llegar a fin de mes o tengo que salir a yugar todos los días?

Ésta es la realidad en la que estamos y el estado no está respondiendo. Este estado no va a responder, a no ser que por algún lugar se filtre alguna decisión judicial donde el derecho tenga validez real, el derecho se haga respetar. A partir de ahí puede empezar a cambiar alguna pequeña cosa. 32 presentaciones y nada, como si nada. Es una cuestión mucho más política y en función de eso hay que plantear alguna estrategia.

Nosotros, como trabajadores del estado en un barrio, con la situación que se vive del estado hemos hecho varios análisis de situación conciezudamente. Con las Madres y otros vecinos que no están en las Madres, un análisis de la situación del grupo y del barrio en general. Hay que empezar a plantear espacios mucho más amplios que el grupo de Madres de Bº Ituzaingó, porque el grupo no se limita a las Madres. Hay gente que le cayó la ficha cuando fue afectada y llega hoy al estado a que le solucionen el problema, al centro de salud, que no está en condiciones de hacerlo y se empieza a involucrar en la cadena de desarticulación y se pone en evidencia que la salud es una mercancía, no un derecho. La persona termina falleciendo, sin asistencia necesaria, endeudándose para comprar los medicamentos que el estado no provee y esto va a seguir pasando, esta pasando hoy, ahora.

(Trabajar) con la construcción de ciudadanía y grupos sujeto, como ha sido caracterizado el Grupo de Madres, la sumatoria de grupos sujeto que despierte para generar conciencia de ciudadanía. Empezar a debatir para qué nos juntamos, para qué construimos en el barrio, no lo va a decidir el Grupo de Madres, lo vamos a construir con una asamblea de vecinos para ver qué queremos en el barrio, no el grupo de Madres. En el barrio hicimos una mesa de trabajo por el derecho a la salud, con dificultades porque las instituciones las hacemos las personas, tenemos idas y vueltas, no tenemos certezas, salvo la voluntad de construir otra cosa y en esto tiene que ver el tema del poder. Históricamente, en los partidos se delegaba y hoy eso ha cambiado, pero cuando generamos otro espacio reproducimos las mismas formas, se reproduce el estado, el sistema se reproduce, el sistema capitalista, un sistema injusto. El sistema se ocupa de generar división. Ni este estado municipal, provincial y nacional está hoy en capacidad, tanto por sus funcionarios, para dar respuestas concretas. Sí espero que la gente, el pueblo, los vecinos de Barrio Ituzaingó puedan construir eso.

Raúl Montenegro: (dificultades en el audio, inicia nombrando el trabajo de FUNAM con varios grupos.) ...Lo que voy a decir surge del trabajo en la base, no surge de los lugares de debate ni es teórico, nosotros no vamos ni adelante ni atrás, acompañamos. Cuando vemos que la situación no es conveniente para seguir, nos alejamos del grupo. Si el grupo sigue teniendo buena estructura de funcionamiento con la propia comunidad, seguimos. La mecánica nuestra es muy simple y con una muy buena base técnica, eso lo reivindicamos.

Creo que la Universidad es responsable de muchos de los errores que se han cometido en el barrio. Lo que pasó en Ituzaingó es absolutamente novedoso, demostró que cuando la gente hace ruido, mueve los medios, pone la cara, cambian las cosas, y quiero aclarar que en el barrio se cambiaron muchas cosas, otras no. El secreto de las luchas es no estar siempre hablando de las luchas; el secreto de las luchas es ganar y hay que saber reconocer cuando uno gana. Barrio Ituzaingó es emblemático no sólo en Argentina y sino en otros lados. Soy optimista. La gente toma como ejemplo el barrio y no todo el ejemplo, porque creo que han cometido errores muy graves, eso desde mi punto de vista. La primera instancia que quedó grabada en la memoria colectiva fue muy importante. El comienzo fue muy chiquito al principio, pero luego sirvió para alimentar muchas experiencias

En segundo lugar, ser realista. Yo soy profesor titular de esta universidad pero soy el primer crítico: la universidad es un elefante blanco, inútil, pesado.

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Hay que pelear con lo que se puede ganar; contra lo que no se puede ganar no hay que pelear. A mí me importan tres pitos la Nación, su política A, su política C, me importan tres cuernos el ALCA, el BID, las políticas de carne o soja, y no porque no sean importantes, sino porque yo no tengo tiempo. La gente no tiene tiempo, somos mortales, chiquitos, frágiles. Uno pelea contra lo que puede ganar, no hay cosa mas estúpida que pelear todo el tiempo contra lo que uno no puede ganar. En Freyre (localidad de la Provincia de Córdoba) se trabajó sobre la curtiembre, lo tenemos imputado al del SENASA, se atacaron cosas que se pueden ganar.

Villa Allende (otra localidad de la Provincia de Córdoba) es una experiencia muy interesante, rescato el método de funcionamiento que falló en Ituzaingó, que es la asamblea con grupos de trabajo; el funcionamiento más espectacular para los grupos de ciudadanos desde el comienzo, no se puede empezar a los 2 años. No se puede trabajar con la asamblea, pero si a la asamblea se le informa, si no va toda la gente está la opción. Villa Allende es un ejemplo pionero en dar un modelo de organización innovador en la provincia, Ituzaingó es pionero en la lucha. Ituzaingó ha sido exitoso para manejar los medios, Villa Allende ha sido exitoso en la organización, todos los vecinos se sienten parte de la movida.

En lugar de ponerse a atacar cosas que no se pueden ganar, atacar lo que se puede ganar. Tenemos imputados. Yo no gastaría ni 5 minutos en ver a un funcionario, yo gastaría una hora en pegarle. Yo no vería a los concejales, sí gastaría tiempo en escracharlos, que se sientan avergonzados, que se sientan afectados.

A mí no me preocupa si el gobierno es ineficiente, si la gente se encarga de ponerle el punto en las íes a los que son ineficientes. Hay que mejorar el trabajo, los grupos de ciudadanos hay que mejorarlos. Yo creo en la estructura horizontal, tengo alergia a los intelectuales de la universidad. Las cosas cambian más en los intercambios horizontales, cuando hay un traspaso horizontal. La universidad tiene que tener la humildad de saber entender los movimientos horizontales y creo que no los entiende. Para muchos intelectuales es ir a hacer su trabajito, tocarse con los pobres, con los que sufren, y después vuelven a la casa con sus sacos raídos donde se sienten más cerca del sufrimiento, pero la cosa no es así. Los grupos tienen que saber pararle el carro a las universidades; algunos van con buena voluntad pero no ayudan. Que la universidad sea una herramienta y no que vengan a tocarse con los pobres. ¿Cómo se hacen sentir los grupos? Junto con (nombre que no se entiende), de Green Peace, estamos con el proyecto de hacer un manual de subversión básica; usamos la palabra a propósito, por lo denostada que ha sido en el gobierno militar, pero es realmente subversión. Relatar la experiencia y a la vez proporcionar el directorio de contactos. Es imprescindible tener muy buena llegada con los medios.

Un problema, la falta de control de los propios grupos para ver qué es lo que yo tengo que atacar. A medida que cambia la situación, algunos elementos son mucho más fáciles de atacar que otros.

Otro de los problemas: la mala ciencia. La mala ciencia de Schinder; hay que rescatar las cosas técnicas bien hechas, hágalas quien las haga. Creer que la universidad practica buena ciencia es un cuento. Se hicieron estudios, se hizo lo del PCB, pero lo único que no se hizo son las muestras biológicas en sangre y tejido graso, esa parte no la logramos completar y se pudrió… y hay que hacerlo. La universidad ha sido lamentable, incoherente, desprolija, improvisada en su participación en esto. Hay que arreglar las cosas para adentro.

En relación a las coaliciones, los grupos de base tienen que tener más poder, intercambiarse las recetas para trabajar, no tener miedo de ser peligrosos. Hacer este juego horizontal para ver qué es lo que funciona bien y qué mal en las organizaciones de los grupos de ciudadanos. Que los distintos grupos nos digan con toda franqueza: en estas cosas anduvimos bien, en otras anduvimos mal. Juntarse con una agenda muy chiquita para ver las

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cosas. Que las organizaciones saquen de la universidad, que vean los ciudadanos qué puede aportar la universidad.

Inés: El estado está sirviendo de filtro y apostando al desgaste de los temas, achatando las problemáticas y sin resolver una situación puntual, lo cual no hace que uno deje de pensar que sigue existiendo ese estado, seguir denunciando, pedir justicia. El estado está lleno de gente que no tiene idea de nada, esperar más de ellos no tiene sentido. Lo más importante es apostar a la participación de las comunidades. De quienes más hemos aprendido no es de los grandes profesores, sino de la comunidad. Nosotros tenemos la función de cómo la problemática llega a la universidad, no cómo rozarse con los pobres, sino ver cómo aportamos herramientas para esas situaciones.

Lorena Machuca: Una cultura que tenemos todos, de no participación, de no meternos hasta que nos pasa algo, del escepticismo. La sociedad tiene muchos problemas que los egresados de la universidad no tienen formación para atenderlos; parte de esto tiene que ver con la falta de instancias como ésta para intercambiar conocimientos, puntos de vista, no poner palos en la rueda. Hay muchas formas de pensamiento dicotómico, que nos hacen poner de un lado o del otro, pero a veces las cosas no son tan dicotómicas. ¿Cómo uno puede construir a partir de muchos sentidos comunes, desde muchas formas de ver el mundo? Sin dejar de reconocer lo que somos, pero entendiendo que hay muchos sentidos comunes. También reconocer las limitaciones que tenemos como personas. Cómo hace uno para lidiar con las cosas cotidianas, con el trabajo, cuando no tenés todo el tiempo para las causas (…) apostar a una instancia colectiva.

Mauricio Berger: Yo quería brevemente señalar algo; es cierto que experiencias como la de las Madres y otras que he conocido..., es fuerte un discurso o esto de ponerse en el lugar de víctimas o de autoculparse de esto que nos pasa, pero lo más rescatable, que es lo que yo aprendí de la lucha de las Madres, es la posibilidad de, contra ese discurso de la victimización, poder crear y poder generar cosas, y yo he escuchado el planteo de ellas en distintos espacios, en encuentros, un par de veces en la legislatura, etc., la fortaleza en lo que es la defensa de la vida desde el sufrimiento de sentir quién puede ser el próximo, y en esa defensa de la vida se defiende o se afirma una forma de vida. Yo creo que ahí hay un sentido de justicia, no creo que no se sabe lo que se hace, creo que se va construyendo una experiencia, y justamente porque se sabe lo que se está haciendo; porque las Madres saben lo que están haciendo, es que reciben la hostilidad del sistema político, en los legisladores que les dicen que se callen, en causas judiciales que duermen en los despachos de los jueces, etc. Me parece que la clave es pensar en lo que ellas están construyendo como autodefensa. Rescato esta cuestión de trabajar en asociación, en asamblea, como para ir planteando un eje puntual que es éste de las dificultades y posibilidades de trabajar en el barrio; y creo, ellas bien pueden decir, si hoy tuviésemos que convocar una asamblea en Ituzaingó, ellas bien pueden decir con qué nos encontraríamos… Eso, pensarlo pero también hacerlo. Y remarcar esto, como “lo auto” que es el aprendizaje frente a este estado incivil, vaciado, desmantelado, de autodefensa, autoorganización, generar ellas mismas y con los sectores y actores que sean involucrados.

Sofía Gatica: Respecto de lo que dice Montenegro del trabajo de Schinder. Nos dicen los de la Asamblea de los Pueblos que está excelente. Otra cosa que se dice, que es que no se habían tomado muestras de sangre. La municipalidad ha tomado 30 muestras a niños. Sabemos que “va a estar todo en el límite”, cuando sabemos que el cuerpo no tiene límites. Con respecto al informe de Reyna de la Universidad, nosotros nunca lo vimos, se basó ese

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informe en juntadas de papeles que les acercó el gobierno, no se acercaron a nosotros, nunca se acercaron. Ese estudio se ha hecho y en muchos puntos no coincide con lo que tenemos. Todas nosotras estamos manejando información de la gente, del barrio, de cómo se ha estado trabajando. Nosotros venimos desde fines del 2001 escribiendo paso por paso todo y sabemos que nada coincide con el estudio de Reyna.

Otra cosa que se habló es intercambiar recetas con otras organizaciones; lo venimos haciendo con Montecristo y lo hacemos internacionalmente. Como ven, estamos trabajando pero no tenemos plata para los estudios porque la provincia no nos apoya, la municipalidad tampoco y la gente se sigue enfermando.

Ma. Elba Martínez: (Respecto a la forma de las organizaciones) lo que he vivido con la estructura de Ituzaingó lo podría plantear en varias fases.

Primero, un desconocimiento supino de lo jurídico, incluso de los profesionales que parece que entienden que lo jurídico está desconectado de lo técnico. Lo jurídico tiene que juntar todos los elementos de prueba y tiene que haber una estrategia política, eso fue imposible para mí transferirlo y es algo que siempre choca, como si tuviera que trabajar la ley sola. Todo el mundo se puso a hacer denuncias, nadie respeta el trabajo del abogado, así como si es médico, yo respeto. Conclusión: se hicieron como 5 denuncias que jamás se acumularon. Eso le permite al Poder Judicial dividir, la individualización de los imputados, los elementos de prueba, atomizar, pulverizar los niveles de responsabilidad.

Segundo: cuando se inicia una querella se debe tener en cuenta cuál es el objetivo y la estrategia. Tiene que tener un objetivo y una estrategia. Desde lo judicial podemos sugerir normativas o colaborar para algunos cambios, pero no podemos generar políticas de gobierno; sí se pueden dar ciertas órdenes, como con los amparos con el PCB, que obligan al gobierno a actuar. Cada estructura de gobierno nacional, provincial, municipal, hacía una cosa diferente; entonces el abogado se enteraba al final. Hay que hacer una estrategia de grupo que tenga que ver con la parte medica, análisis, jurídica, política, medios, etc. Implica una estructura de reunión horizontal donde no haya una o dos personas que manejen todo y que podamos tener un conocimiento de los temas y generar estructuras.

Si bien el grupo es excelente en la puesta en escena, en poner el tema, acá y fuera, cuando se plantearon algunas estrategias, como los médicos cubanos, no se tuvo en cuenta, con un tipo de análisis (mutaciones) no se pudo hacer; ha sido un tema que siempre le preocupa al gobierno, si se lo trabajara incluido el grupo de Ituzaingó, los profesionales en equipo, un equipo interdisciplinario.

Nosotros no judicializamos, habiendo una omisión de parte del poder político requeríamos al tribunal una orden. Llegó a la Corte, anda navegando por 4 juzgados por esa multiplicidad de denuncias y circunstancias. Hay que trabajar en equipo, tengamos una sociabilización del equipo, veamos quién integra, porque hay que tener la preservación del grupo, es necesario conformar el grupo más allá de las diferencias individuales, una unidad de objetivos, formar un equipo, y de ahí generar las estrategias. Generar un criterio de unificación para los trabajos, y si no tenemos respuesta pasarlo a la Comisión Interamericana. Los médicos me son indispensables.

El grupo se fue atomizando. Tenemos que ver lo que se requiere a cada poder del estado, cada poder tiene una cuestión que hacer.

En relación a la propuesta de Montenegro sobre las discusiones como las del ALCA, traer al trabajo concreto los efectos de las grandes cosas.

Conflictos y crecimiento, surgen si lo primero que podemos decir es: ¿que hicimos mal? La culpa es de los curas, hablemos de responsabilidades y la culpa la dejemos en el Vaticano.

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Emiliano Salguero: En el marco de lo que planteaba Mario, que la comparto más como estrategia, porque me parece que el problema principal de la experiencia que yo tuve y de lo que vi de afuera es que hay diferencias en la gente del barrio, que tiene que ver con los objetivos que buscan detrás de esta lucha y en ese sentido esos objetivos no son los mismos para las distintas personas. Complejizaría la visión que uno tiene desde afuera del grupo de Madres, y lo trataría de plantear como el barrio, no como el grupo de Madres. Allí hay muchos afectados, nos hemos ido enterando que del otro lado del barrio había una mujer que había hecho también un relevamiento igual que el de grupo de Madres. Y hay intereses en juego y eso hace que la relación con el estado se disuelva, se atomice… cuando la gente no está organizada… como en la papelera que hasta el gobierno está contra la papelera… Eso sí hace al caldo de cultivo y he visto cómo el estado a través de sus personeros va y habla con los diferentes grupos y los chamuya, como se dice. Entonces uno puede ir generado estrategias, pero el estado también genera sus propias estrategias… y se para en los conflictos como hace en cualquier conflicto y lo hace para poder capitalizar… para capitalizarlos en función de sus propias políticas e intereses particulares, porque los consensos se construyen así en la sociedad y así se construyen los gobiernos también.

A mí me parece bueno lo que dijo la Lore, como dos caracterizaciones de lo que pasa aquí en barrio Ituzaingó: el problema cultural de la práctica política de la gente, lo educativo, el verticalismo que hay dentro de la gente, dentro del barrio, que no logra construir colectivamente, como en las asambleas en Villa Allende funcionó. Acá no hubo posibilidades, recién al año se empezaron a hacer las reuniones, y eso fue una falencia en este grupo, o en algunos sectores de este grupo, porque hay que diferenciar, las responsabilidades no son las mismas, no lograron abrir la cancha con el resto de los vecinos del barrio. La responsabilidad, no la culpa, es del grupo, además de los punteros políticos del estado, eso ya lo sabemos; cuando yo digo que no nos pongamos en víctima, digo: no justifiquemos nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de poder construir políticamente, de abrir la cabeza, de poder pensar qué tenemos para sumar a otras personas y ponerlo en el enemigo, porque si lo ponemos en el enemigo siempre vamos a justificarnos en el enemigo, y no vamos a entrar en conflicto, no vamos a crecer, no vamos a avanzar.

El otro tema es la universidad. El problema de Ituzaingó y discutir la universidad es esencial, porque el estado no está cumpliendo sus funciones, a través de investigación que supuestamente funciona bien donde se diga quiénes son los responsables, y eso ¿quién lo cumple en una sociedad seria? La universidad o alguien que la universidad capacitó y que funcione dentro del estado. Ituzaingó puntualmente demuestra el desastre que es la universidad, la incapacidad de respuesta que tiene la universidad y los que estamos acá, que somos los pocos interesados por nuestra sensibilidad, por nuestro interés profesional, no tenemos la respuesta de lo que pasa en ese barrio, no sabemos quiénes son los responsables directos porque no tenemos una forma de decir: “Sr. juez, tenemos las pruebas”. Hagámonos cargo de nuestras limitaciones, que son las mismas limitaciones que tiene el estado y se termina el problema de discutir: la culpa la tiene el poder, la culpa la tiene el enemigo. Nosotros somos los únicos que hacemos algo por los pobres, y empezamos a discutir realmente qué es hacer algo bueno y serio para avanzar.

En ese sentido yo estoy de acuerdo con Mario; si vos no trabajás en el barrio, organizar la gente del barrio, si la gente del barrio no consensúa minimamente dos o tres intereses y sale..., y no importa si el funcionario viene y te chamuya y te da cospeles y cosas pero no te resuelve los problemas, o viene el funcionario de De la Sota que viene y te chamuya y es el responsable de aplicar el modelo de la soja, o viene el funcionario de Kirchner y te chamuya y no hace nada. Si la gente tiene claro lo que quiere, tarde o temprano se van a conseguir las cosas. El problema que tenemos los profesionales es que tenemos que ayudar a clarificar a la gente y no lo hacemos; está bueno este espacio, ya hemos tenido varios

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pero acá discutimos y afuera cada uno hace lo que quiere porque nadie te controla: “Ud. se sentó a hablar con los funcionarios sin pedirle permiso”; las Madres también hicieron lo mismo. Por ejemplo, Sofía se fue, lamentablemente, muchas veces Sofía fue a hablar sin preguntarle al resto cómo se resolvía el problema y así obviamente todo el grupo quedó desinformado, todo el grupo se atomiza y así se arma la cosa. Entonces si vamos a laburar en equipo tenemos que tener la voluntad de laburar en equipo; entonces decidamos que queremos trabajar, sólo entonces los que quieren laburar en equipo así en luchas pequeñas son los que van a ganar.

El otro tema que quería aclarar es que me parece que yo sinceramente, por ejemplo cuando empezamos a laburar, decía: nos hace falta un médico… para que empecemos a hacer los análisis; así como dicen Raúl y María Elba, no hay gente capacitada para hacer un análisis epidemiológico ambiental, no lo hay, hay epidemiólogo pero no tienen experiencia, no los hay. Encima, el problema de Ituzaingó es un problema groso… grave, que tiene varios temas adentro y que nadie sabe cómo resolver, entonces algo aprendimos en Bolivia… No somos jefes de la Pachamama, no vamos a estar encima; para empezar a trabajar un problema ambiental, hay que bajarse un cambio… Ni el propio estado puede controlar la naturaleza… ver las limitaciones que tenemos, no tenemos la guita para hacer los análisis de sangre de todos los enfermos, no tenemos la guita para hacer un relevamiento en serio, desde la municipalidad a todo el barrio para saber cuántos enfermos hay. No se sabe cuántos enfermos hay, eso lo dijimos al principio y volvieron a hacer un análisis muestral; por lo menos, que quedaran todos los datos estadísticos, y no tenemos tampoco la capacidad para hacer un análisis causal.

Decir: ésta es la causa, ésta es la enfermedad… Nos faltan tantos y tantos elementos, no sólo lo que queremos sino las dificultades, los problemas que hay que resolver. Cada uno va tanteando por donde puede y ahí tampoco avanza la cosa.

A la universidad la critico, siendo yo un profesional recibido en la universidad

María Elba Martínez: La relación de causalidad que él habla, para un abogado es fundamental. Yo no puedo decir que tal cosa produce tal otra, me voy al muere.

Vita Ayllon: Un poco los errores que hemos cometido, como grupo, como mamás nos falta o fallamos en algún momento, o no sabemos cómo hacer para integrar al resto de las mamás, integrar para que aprendieran, como hemos aprendido nosotras que salimos de lavar los platos, sin saber lo que pasaba afuera. Fuimos aprendiendo que tenemos derechos, cuáles eran los riesgos que corríamos si no salíamos a defenderlos; entonces, uno de los ejes que planteábamos era cómo, o sea cómo pedíamos ayuda, para ver cómo se trabajaba en el barrio, con la gente. Porque los problemas siguen, las leucemias siguen, porque las enfermedades siguen, porque es como que todo se ha suavizado. Lamentablemente, con lo que se ha hecho, y la gente…, le han hermoseado la cara al barrio y es como que ya no pasa nada, pero hay otro sector que como ya les está tocando de cerca el problema, están viendo que “es lo que estaban diciendo ustedes”. Entonces, aprovechar ese poquito de conciencia y volver desde la base a hacer un trabajo con los que lamentablemente les está pasando algo. Porque, ¿qué hubiese sido de la lucha nuestra si en vez de haber sido 10, hubiésemos sido 50? Entonces nosotros ya tenemos claro quién es el responsable, quiénes son los que nos tienen que dar solución y no nos dan y no nos la van a dar tampoco y mucho menos nos van a dar si nosotros nos concentramos en una discusión cerrada y no la sacamos a la calle, como en un primer momento lo hicimos. Y gracias a eso, este grupo de Madres se conoce, porque yo creo que los gobiernos, los legisladores, los diputados tienen, saben lo que tienen para resolver sus problemas, aumentar sus dietas cuanto ellos quieren, cuando ellos quieren. En cambio nosotros, el ciudadano común, para tener nuestros derechos lo único que tenemos es la calle,

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molestando a un montón de gente que no tiene nada que ver con el problema, y recibir los garrotazos de la policía, mandándonos a casa con más bronca con la que salimos, metiéndonos miedo para no salir de nuevo. Entonces lo que yo, lo que nosotros proponemos, es ver cuál sería la actividad… Yo sé que está la Mesa de trabajo, pero sin desmerecer el trabajo por supuesto de Mario, también hacerlo fuera de los organismos gubernamentales, mamá con mamá, para ver cuáles son los problemas. ¿Cuál es la solución que ellos ven?, ¿qué es lo que ellos proponen?, ¿qué es lo que ellas saben para que nosotros contemos nuestra experiencia y que nosotros también aprendamos de ellos?, ¿qué es lo que ellos quieren? Porque está claro, acá con lo que ya se ha hecho no se ha dado una solución, y no se la va a dar porque no les conviene, son intereses muy grandes y nosotros somos un puntito en un barrio o un negrito de miércoles que no le interesa a nadie, mientras tanto seguimos.

Yo, personalmente, tengo miedo que a mis hijos, que no les quedó otra que quedarse en el barrio, que tengan hijos, es tremendo vivir así, y si no logramos que (…) sean concientes de cuáles son los riesgos, de cuáles son los derechos, de que hay formas de cambiar estas cosas saliendo a pelear por esos derechos. Porque si nos sentamos a pensar que no tenemos respuesta y esperar que desde arriba nos den la solución, no nos van a dar nada, nada, pero sí, volvamos al barrio… seamos humildes y reconozcamos los errores, de acá partimos, hasta dónde llegamos con el barrio, adónde se debilitó y cómo seguimos.

Mario Carpio: Yo quiero hacer una aclaración, esto tiene que ver con una discusión epistemológica que por ahí tenemos que hacer los profesionales. Y eso tiene que ver con un modelo: el positivismo más puro y más metido en esta universidad. Así como las leyes que están fundamentadas en el positivismo, ésta es una cuestión filosófica y en estas cuestiones de la famosa multicausalidad, por más que existan métodos matemáticos, posiblemente no haya manera de probar que x sustancia produjo x respuesta en x organismo, en determinada persona, eso es lo que tenemos que empezar, no seguir pidiendo, ver, porque es imposible. Me parece que en esto tenemos que ser creativos, hay que discutirlo, porque se enfrenta con las cuestiones legales, de qué estrategias se pueden mover, porque eso de seguir buscando… eso es lo que siguen buscando las autoridades en epidemiología, siguen buscando, porque ese estudio está parado, de treinta informes hay nueve y se sigue estudiando, la mayoría todavía tienen que venir de Buenos Aires. Hay una población que es discutible, que no es la población que tendría que estudiarse, porque si la hipótesis es que si a mayor período de tiempo, mayores niveles de contaminación, por bioacumulación de las substancias, entonces ¡¡¿¿se lo hacen a los chicos??!!… No, se lo hacen a los grandes porque no les da la cabeza, va a dar normal; se está esperando los resultados, seguramente van a dar valores normales, vamos a ver qué pasa. Hay otra teoría, que viene de otro paradigma, digamos crítico, sobre esta cuestión de los valores normales. Habiendo sustancias que se saben que son nocivas para la salud, entonces debe precautoriamente eliminarse esa sustancia, una medida cautelar… si existen trazas de determinadas sustancias, bueno, la gente que está en ese estudio plantea otra cosa, dice que si hay trazas es porque hay otra investigación, porque comemos tomate, lechuga contaminada… Partimos desde que no existe el problema, desde lo científico más puro se plantea la no existencia y visualización del problema de los números y los valores. Entonces hay que discutir el paradigma epistemológico sí o sí, porque Ituzaingó rompe con todo…

Una cosa más, el tema de la Mesa: empezaron a participar más vecinos que profesionales y técnicos y eso es un proceso, eso no tiene ningún fin y tuvo un inicio, que fue con Uds., se acuerdan el tema del volante, qué palabra se logró poner… la participación de Uds. en el tapete y en el mundo… a la historia es importante reconocerla, así como los errores. Hoy hay vecinos afectados que están participando y eso es un logro del poco tiempo de la mesa; en marzo va a cumplir un año de formación de ese espacio y me parece

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importante que se enriquezca con muchas más personas, con grupo de Madres, sin grupo de Madres… solas, solos.

Ma. Elba Martínez: Por la cuestión de pruebas, la causalidad que tú planteabas (a Mario Carpio), es cierto que para nosotros está en la exigencia. ¿Se acuerdan de ese estudio sobre la parte civil para trabajar en forma conjunta? (…) Planteaba la estructura de la causalidad, entonces yo planteé que se podía ver desde 2 puntos de vista: una, que la omisión estaba, era evidente si existían enfermos, si había mutaciones, si había personas que habían fallecido, indudablemente no se ha hecho nada. La omisión, pero cómo la omisión es una causa, cosa mucho más antigua sobre no haber hecho nada más una determinada cosa.

La cuestión era caótica cuando vino Gino Tognoni, que él ha sido miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos; se habló del problema de la multicausalidad y él había dicho que por lo menos, que necesitaba términos médicos o de los técnicos, por una cuestión de por lo menos decir: “estas sustancias por lo menos son riesgosas”, otro que me diga “estas sustancias pueden producir estas enfermedades” y otro que me diga qué tipo de enfermedades, de forma tal que yo comenzara el trabajo y pudiera decir: “bueno, estas sustancias producen estas cosas, este tipo de enfermedades”, entonces el que controla: “mire, señor, yo tengo acá, tengo muchos enfermos”, que muchos diagnósticos eran de médicos del estado por lo cual el estado no me puede cuestionar el diagnóstico de sus propios médicos porque están en el estado, entonces creo que se puede trabajar pero hasta ahora no; ésos son los hechos, no logro algo tan simple, yo como abogada no puedo sustituir, tiene que estar el parte del biólogo, el parte del químico y el parte del médico, del epidemiólogo.

José Fernández: La información que ha estado circulando sobre el barrio Ituzaingó no ha dado precisiones sobre el recorrido institucional de las Madres; yo les agradezco porque me estoy enterando acá, me parece muy rico. En el caso de lo que venían haciendo políticamente había una presencia muy fuerte, una demanda más permanente de parte de las Madres para poner el tema en el tapete y hoy no lo está. La verdad, por el momento pareciera que el problema si no se veía, (era) como que había decaído el conflicto, que había entrado en una suerte de comienzo de solución.

Me acuerdo cuando fue el ministro de salud a decir que ahí no pasaba nada, como que de repente hacia afuera hay que ver (que) quedó fría la situación. Entonces, lo que quería decir, (es) que los medios alternativos son un espacio donde se pueden hacer aportes concretos, y que lo que también falta hacia afuera, lo que ha venido faltando, ha venido existiendo mucha denuncia de la situación pero no ha existido claridad para decir que la solución inmediata y a mediano plazo es ésta, ésta y ésta. Yo creo que ahí hay una falencia, una falta de inteligencia común. No se puede presentar hacia afuera qué es lo que hay que hacer. Yo quiero decir que de alguna forma en lo que se pueda colaborar, de ahora en más, sacando las cosas para afuera, actualizando la información.

Raúl Montenegro: Acá se ha hablado de epistemología, de positivismo, y aunque no quiero hablar de eso, el planteo que vos hiciste recién (a Mario Carpio) no me parece correcto, es poco claro; en todos los problemas de contaminación, en todos los casos, no hay fenómenos que no sean multicausales. Nuestro drama es que siempre confiamos en la autoridad, la habilidad es precisar cuál es esa causa para pegarle, entonces de acá hay que ver para todos lados, acá se fracasó. (…) Yo no le tengo miedo al positivismo (…) no voy a hablar de positivismo, no voy a hablar de epistemología. (…)

(Por problemas con el audio no es posible una desgrabación literal, por lo que a partir de aquí se señalan los temas de su exposición.)

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El error es pegarse a un técnico; el grupo de vecinos tiene que tener varios técnicos. Uds. tienen la sartén por el mango y hacer las cosas bien, no caer de vuelta para atrás. En este sentido, cuestiona los estudios de Schinder. De todos los causales existentes en el barrio sugiere trabajar estratégicamente sobre los plaguicidas, sólo los plaguicidas, concentrarse en eso, hacer una estrategia ya que con eso alcanza para responsabilizar al Gobierno de la Provincia, a la Municipalidad y a los particulares, y remarca la necesidad de hacer los análisis ahora, no perder más tiempo.

En relación a dónde realizar el trabajo, cuestiona el trabajo por fuera del barrio, remarca que la lucha es acá, que el enfrentamiento con los intereses es acá y que acá es donde se va a ganar la lucha. Señala que hay que evaluar los espacios como buenos o malos en relación a la lucha; por ejemplo, cuestiona el espacio de debate señalando que la niña de Bower puede más que 70 topadoras, 80 reuniones en la universidad, ya que todos están pendientes de ella.

Cecilia Carrizo: Lo que me parecía en relación a la crítica a la universidad, yo la comparto. A mí me parece que la universidad es un asilo, un asilo de locos que nos vivimos peleando por un supuesto saber, por becas, por subsidios, por computadoras, por todo y en realidad el producto que hacemos no le sirve a nadie porque nadie lee las cosas que escribimos. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con que vengan de afuera a decirme lo que yo tengo que hacer; si estoy con la horizontalidad, estoy con la horizontalidad en todos lados. Y un poco el sentido de la ronda era ése. Yo no le voy a decir a las Madres lo que tienen que hacer y espero que ellas no me vengan a decir lo que tengo que hacer yo, sino que me parece que juntas podemos pensar y hacer juntas, en base a lo que hemos venido viendo en la investigación y conversando con las Madres y lo que se ha escuchado hoy. A mí me parece una cosa que dijo Mario muy fuerte, es el tema de la impunidad y de buscar estrategias, sea con plaguicidas, sea con otros tipos de causa, a mí me parece muy importante el tema de las fábricas recuperadas. El tema fue posible cuando dejaron de hacer juicios laborales, cuando hubo otra estrategia ante el vaciamiento de las fábricas, otra estrategia que la defensa de derechos individuales, sino pasar a defender un derecho colectivo. Si esto se puede hacer con el tema de los plaguicidas, se puede hacer con los enfermos, son cosas que hay que ver pero me parece que acá se hizo mucho hincapié en el poder judicial. Vivimos en un país de impunidad y mientras vivamos en esta impunidad todo nos puede pasar, desde desaparecer, hasta que se nos mueran nuestros hijos, hasta no tener la posibilidad de tener nietos. Estamos hablando de cosas muy duras y en ese sentido me parece que la perspectiva que nosotros teníamos era poder pensar, poder construir un colectivo de diferentes; muchas cosas de las que se han escuchado acá son duras, son diferentes a lo que venimos pensando pero me parece que la voluntad de las Madres, el agradecimiento a las Madres por que estén, por que sigan llevando adelante el trabajo, es una cosa que compartimos todos.

Liliana Argüello: Yo no me puedo quitar los paradigmas de mi trabajo, ni me puedo quitar la estructura que tengo; soy una universitaria, trabajo en la universidad y me da mucha impresión cuando veo esta cosa de nuestra universidad como si fuera una masa entera, la universidad que tiene que responder… Yo voy a hacer el análisis del paradigma que yo trabajo, que es el de la complejidad, que nos da algunas herramientas. Este problema fue complejo, se trató de manera compleja, cayó difuso y disperso sobre la misma universidad y sobre las estructuras de la gente, y me parece bastante duro que si se abren espacios de participación, no venir al espacio de participación y participar. En este sentido, desde el ámbito donde yo trabajo desde hace muchos años con la educación ambiental, desde el respeto, y me parece que hay algunas cosas que no han funcionado de esto en que han faltado el respeto a esas cosas; el grupo se arma y se arma con una estructura y se pierde el respeto, el

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respeto de hablar con el otro y de conciliar con el otro, el respeto de seguir una línea que se fijó, el respeto de ordenarse, pero a lo mejor es propio de la historia del grupo y de las aproximaciones al problema complejo. Yo no me lo quito de encima, me parece que hay que respetar también la historia del grupo, desde cómo uno puede producir, y estar en un trabajo y adentro de ese trabajo poder hacer algo. En esto coincido con que “la culpa que se quede afuera”, hay cosas que no son de culpa, a mí me parece que hay que tratar de respetarse en esta estructura. Si se parte de esa estructura de trabajo yo creo que se tiene un punto de partida para trabajar y poder hacer algo y no dominarse uno sobre otro, algo bien horizontal, desde estas cosas que es la cooperación y el respeto. Yo el año pasado, en un momento dado, cuando vi que no se respetaba ni la gente ni las cosas, yo salí afuera y dije: “mirá, en el tiempo que nosotros tenemos vamos a hacer este trabajo, cuando lo tengamos cerrado lo vamos a entregar por respeto a la gente”, ¿entienden? Me parece que por ahí todo ese ruido es el que hay que evitar. Acá el señor dijo un montón de cosas, de ideas que me parecieron muy ricas de trabajar dentro de un grupo si se organiza a trabajar, pero me parece que la pérdida del grupo como grupo es por ese irrespeto que ha habido, por ahí tirar una bomba y la bomba sólo disuelve, a mí no me interesa eso, me parece que es importante, que hay una estructura universitaria que se abre para religarse, para hacer un ligue nuevo, y que independiente de esta estructura yo no le daría a la universidad como universidad, porque en ningún momento se le pidió a la universidad como institución. Éstos han sido pedidos personales a los que hemos respondido personalmente, yo personalmente he peleado con la estructura dentro de mi misma facultad y no lo hecho público porque no me interesa hacerlo público. Me parece que cuando uno lo toma desde un ángulo del respeto lo hace bien.

Sofía Gatica: Sólo una cosa que quiero decir, recién se hablaba de las organizaciones; nosotros nunca hemos tenido un apoyo financiero para hacer nuestros propios análisis. El gobierno ha hecho todos sus análisis ya sea de sangre, de suelo, de aire, de lo que sea. Por nosotros han pasado mil, miles de organizaciones, de las cuales están acá todas presentes y ninguna, ninguna fue capaz de decir: “miren, mujeres, hagan sus propios análisis”, porque creo que todos Uds. saben que nosotros somos gente muy humilde, no tenemos cómo pagarnos unos análisis. Aunque nos juntemos todas nosotras no tenemos, y siendo que hay muchísima gente que está alrededor nuestro que tiene, tiene, nosotros sabemos que tiene plata, que tiene dinero, de decir: “háganse sus propios análisis, búsquense alguien de confianza para poder hacer sus análisis de sangre”, pero no, nos tenemos que quedar calladas la boca con los análisis que ha hecho el gobierno. Estos análisis que se han hecho ahora nuevamente no van a (…) ¿Por qué?, porque lamentablemente nosotros somos un grupo de vecinos que no tenemos recursos económicos, nos han callado la boca, diciendo: estos análisis… son bajos, y van a quedar ahí de por vida habiendo gente de la provincia, de la municipalidad, de la nación, porque nosotros hemos ido a todos lados, hemos conocido gente de afuera también, si sirve o no, no me interesa en este momento; la gente que está acá adentro de Córdoba tampoco, ninguno nos ha dado la mano con nada. Es más, nosotros para hacer nuestros propios estudios, ya sea de nuestros propios hijos o de todos los que estamos acá, tenemos que vender nuestras cosas, tenemos que cortar la ruta para lograr un análisis y nos quedamos a veces sin comer, porque los estudios son caros y nuestros hijos lamentablemente no tienen una alergia sino que tienen un cáncer, o tienen malformaciones que son irreparables o tienen tumores que lamentablemente… tumores que nosotros no sabemos hasta dónde van a llegar nuestros hijos. Y nadie, nadie se ha acercado a ninguno del barrio a decir: “nosotros sabemos que está toda la familia enferma, te vamos ayudar”, nadie, ni el gobierno, actualmente ni el gobierno. Yo quería decir eso porque acá hay mucha gente que sabemos que se beneficia de la problemática nuestra, sabemos bien que sacan a costilla nuestra y de nuestros hijos que son los enfermos y nadie, nadie se acerca, nadie… que me disculpen.

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Antonio Muñoz: (Por problemas de audio sintetizamos lo que se entiende) Sabe de la

problemática que señala Sofía, de gente que usó a Ituzaingó para sacar premios y todo lo demás y jamás se acercó.

Enrique Aubert – Delegado en Córdoba de la Sec. de Derechos Humanos de la Nación: Yo fui invitado por el IIFAP sobre un hecho concreto y a debatir sobre la problemática de Ituzaingó para a partir de ahí tratar de sacar una lección común entre todos, al menos así lo entendí yo, partiendo de que quienes estábamos de alguna manera comprometidos en esta problemática, seguramente íbamos a tener un interés concreto en tratar de mejorar nuestro aporte, cada uno de nosotros a esta situación. En este sentido, yo les tengo que decir que soy un funcionario público de la Nación y me hago cargo de tal situación, y vengo a decirles que tenemos enormes limitaciones, enormes limitaciones, y vengo a decirles que Uds., y me refiero a quienes están promoviendo y poniendo la cuestión en el candelero y solicitando, también tienen limitaciones, y es consecuencia de las limitaciones de unos y otros que estamos beneficiando a terceros, terceros que se benefician con el status quo y que diseñan técnicas y tácticas aviesas y perversas para frenar este tipo de cosas donde está en juego nada mas y nada menos que la vida de la gente. En ese sentido, no tengo más que agradecerle a la universidad y podemos cuestionarle una cantidad de cosas, todos sabemos lo que pasa con la universidad, pero no podemos dejar de agradecer que tengamos un ámbito, aquí, en donde podemos departir de esto. Pero a Alicia Kirchner, y no conocía la anécdota pero la tomo y lamentablemente te van a caer encima con esto, Emiliano, pero a Alicia Kirchner no podemos ir a una entrevista sin saber quién es el que va hablar, por más que tenga buena voluntad y diga: “los recibo a todos” y sean 60; no pueden hablar los 60, no sé si ha sido específicamente esa situación, concretamente son cuestiones elementales que deberían estar debatidas con anterioridad.

Otra de las cosas que, desde mi humilde óptica de apenas de guarda fauna y guarda bosque honorario de la provincia en la problemática ambiental, desde esa humilde posición ignorante, lo que estoy visualizando es un montón de buenas voluntades con una enorme carga de subjetivismo. Yo no puedo dejar de reconocerle a Schinder su enorme voluntad, porque he visto que el tipo se viene en un ómnibus de Buenos Aires, por poco costeado por él, porque he visto que como acá no le da alojamiento el gobierno de la provincia, ha dormido en un sofá del living de una casa particular; entonces, frente a eso, hay un elemento concreto que es su voluntad de trabajo pero también reconozco las limitaciones que tiene en medios para poder llegar el trabajo. No juzgo porque no estoy en condiciones de juzgar las limitaciones técnicas o científicas que pueda tener, eso es otra cuestión, pero sí a mí me gustaría, y en eso coincido con el que al lado de Schinder hubiera tres o cuatro, cinco informes y si es posible, y aunque a Montenegro no le guste, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de todos, y tener un menú. Lo que pasa es que lamentablemente nos hemos estado moviendo con subjetivismo, con buenas voluntades, somos una suma de buenas voluntades. Si yo soy de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y me pongo: “Che, ¿cómo podemos hacer?”. Pero no lo hacemos como debiéramos, y en esto me incluyo plenamente. Estamos en presencia de un estado que hasta hoy ha brillado por su ausencia, no es casual que entre otras cosas lo que me parece sumamente exitoso es que en el nombre inicial del grupo se llame Madres de Bº Ituzaingó, porque el nombre Madres es casi un adjetivo, en el uso cotidiano de la gente porque es sinónimo de resistencia, es sinónimo de frente al avasallamiento, la presencia. Digo yo, en función de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo.

Me pregunto concretamente en esto, a lo mejor es un exceso de optimismo, pero a lo mejor éste es el ámbito a partir del cual se sincerarán estas cosas, se pueda dar algo de eficacia y contundencia. Todo sirve, pero la anarquía no... No podemos tener anárquicamente, como

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dice María Elba con respecto a que cualquiera dice: “voy a presentar un recurso de amparo” y entonces va y presenta el recurso de amparo, no consulta al abogado que lo conoce porque se presenta como demandado o como actor en un juicio civil, y se genera la presentación de 50 recursos de amparo.

Yo creo que en ese sentido no hemos tenido una dirección, y en esto creo que aquellos que hemos tenido más elementos en esta situación somos más responsables de que estas cosas hayan sucedido. No me estoy sacando el lazo, me lo estoy poniendo, pero ésa es la realidad, ésa es la visión que desde la función pública, tenemos, o no. No es que yo tenga una directiva perversa del Ministerio de Justicia de la Nación que diga: “hay que perjudicarlas a las Madres de Ituzaingó”, exactamente al revés, pero tengo que tener las herramientas para poder revertir la situación; si no las tengo, yo tengo mis limitaciones, las limitaciones que tienen todos los ciudadanos; unos frente a las limitaciones duermen la siesta, otros frente a las limitaciones no nos queda otra que casi desesperarnos... (Audio dificultoso). Eso es lo que puede decir este funcionario, que está acá presente, reitero que estoy sumamente agradecido y que estoy a disposición, pero a disposición en serio para trabajar en serio. No digo que las intenciones no sean serias, pero con intenciones serias nos van a seguir perjudicando, concretamente es así la respuesta. Muchas gracias.

Emiliano Salguero: Yo quería decir algo con respecto a la idea de causalidad, que no se va a resolver viendo si funciona todavía el tema de si siguen contaminando o no; la estrategia tiene que ser determinar si hubo contaminación o no, quiénes son los responsables, cómo trabajar en función de eso. Yo creo que es no una cuestión de culpa, pero sí de responsabilidad. En esta sociedad parece que la impunidad se basa en eso, que son unas manos mágicas y nadie sabe quién es. Un ejemplo de cómo en un genocidio se puede luchar contra el genocidio es el ejemplo de las Madres (de Plaza de Mayo) y para eso las Madres levantaron durante 30 años una consigna que es “Juicio y Castigo”; entonces será positivista la estrategia, Mario (a Mario Carpio), pero no es una cuestión de ciencia sino de estrategia, estratégicamente nosotros tenemos que demostrar cuál es la causa, cuál es la relación causa- efecto, quiénes son los responsables, y ahí se va armar un quilombazo, cuando nosotros tengamos por el cuello al que está mordiendo a la gente. Si nosotros a esa causa la generamos desde otro paradigma y la trabajamos públicamente, políticamente, decimos: acá son los herbicidas, son los plaguicidas, nosotros teniendo claro políticamente eso… eso es lo único que hay que tener claro, porque teniendo claro eso nosotros podemos movilizar políticamente a los sectores del estado para que pongan la guita que hace falta, ya sea para los análisis, como para resarcir los problemas, pero hay que avanzar por algún lugar. La experiencia está dada en otros lugares como Villa Allende, y es un ejemplo de cambio…

Liliana Argüello: pero sabes lo que pasa Emi, yo no quería entrar a discutir y me parece que tenemos que poner otra instancia, pero en el caso del crematorio fue un caso puntual con un foco entero, es ése el mal, acá no está eso, no está…

Emiliano Salguero: yo no estoy diciendo que los casos sean los mismos, sólo que digo que hay que asumir políticamente que hay que encontrar la causa-efecto, eso hay que hacerlo políticamente porque si nosotros no hacemos eso, vamos a reproducir el discurso como se ha hecho ahora, de la multicausalidad (ruidos de fondo impiden el audio de la voz).

Mario Carpio: en eso acordamos, pero lo único que han hecho hasta ahora es decir que todos los valores encontrados están por debajo de los valores normales. ¿Ves?, eso hay que romper.

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Emiliano Salguero: ellos se pueden poner a justificar hasta legalmente su paradigma que hay una causa-efecto, como dice María Elba; no es la cuestión de fondo, hay que cerrar eso…

(Mucho ruido de fondo, la gente se levanta y habla.)

Alfredo Vargas – Vecino de Barrio Ituzaingó Anexo: yo lo que quería decir es algo, yo soy vecino del barrio, hace 30 años que estoy en el barrio, he visto innumerables casos de gente que muere por cáncer y nadie sabía por qué, y bueno, se formó el grupo de Madres, y por la visión de alguien que empezó a ver cosas raras, y muchas cabecitas tapadas y empezaron, sin saber nada, conocieron muchos términos, incluso yo también conozco varios, pero he venido escuchando yo y viendo la historia del barrio que se formó y llegó lamentablemente a conocerse por una desgracia así. Aquí desgraciadamente, desde las más altas esferas de gobierno nacional, provincial y municipal… aquí desde el gobierno municipal está habiendo un doble discurso, acá el gobierno municipal nos pone un centro de salud, nos manda una asistente social para que investigue cómo se formó el grupo y cómo desintegrarlo, una ordenanza que se hace para que no se fumigue a 2.500 metros del barrio. Están a 250 metros, la parte más alejada del barrio, se sigue fumigando, y hasta ahora no sabemos cuáles son las causas que a nosotros nos están envenenando, entonces ya ante todo esto pregunto: ¿podemos llegar a creer en algún funcionario? A mí me parece que no, eso lo quería decir porque es la realidad de lo que siento.

Cecilia Carrizo: Yo quería decir que el doctor Schinder nos mandó un mail pidiéndonos encarecidamente que no nos quedemos en las palabras solamente, para mí las palabras son acción también pero bueno, él nos propone una acción más visible y más concreta. Bueno, él se ofreció a participar y quedamos en enviarles las cosas para que él pueda hacer sus aportes. Y eso es lo que vamos a hacer con toda la gente que las Madres han invitado y que no están en Córdoba, le vamos a enviar las cosas así ellos pueden sumar su voz a esta polifonía. Bueno, gracias a las Madres, y un aplauso para todos.

FIN DE LA RONDA

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Escena tercera: Pensando en la situación

I. ¿Será Justicia? Presentación

La perspectiva situacional pragmática que estamos desarrollando como investigadores,

con voluntad de participar activamente en las luchas por la validez y vigencia de los derechos ciudadanos, nos ha llevado a hacer consciente y productivo nuestro compromiso con la faz crítica y con la faz constituyente del pensamiento político. En este camino, consideramos relevante no sólo realizar una investigación que permitiera avizorar los concretos déficits de las instituciones democráticas para reconocer y garantizar derechos, sino también contribuir a la construcción de saberes prácticos desde experiencias concretas de garantía y ejercicio de derechos individuales y colectivos.

Focalizar la investigación en la práctica ciudadana del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba, partir de este acontecimiento de ejercicio y reclamo de derechos, nos permitió identificar la red conceptual que lo sostiene, las acciones, posiciones y los nudos conceptuales con efectos prácticos presentes en el entramado intersubjetivo en el que participamos46. Con fines analíticos, hemos diferenciado a éste en: esfera pública estatal, conformada por funcionarios de las distintas jurisdicciones, y esfera pública no estatal, conformada por miembros e instituciones de la sociedad civil. Lo que se juega en nuestro trabajo es la identificación de los límites y posibilidades de la acción orientada al reconocimiento y garantía de derechos, en lo que respecta a la esfera pública estatal; y de los límites y posibilidades de la acción orientada a la defensa y el ejercicio de derechos, en lo que respecta a la esfera pública no estatal en relación a la situación de Bº Ituzaingó Anexo.

Analizar los límites y posibilidades de una práctica desde la perspectiva asumida, implica profundizar el conocimiento del contexto en el que produce sentido/s y la autocomprensión de las acciones por parte de los actores intervinientes, incluso la nuestra como investigadores partícipes. Reconociendo el carácter performativo de la investigación, de sus componentes y repercusiones, consideramos a los resultados no sólo como información, sino como un saber interesado en ampliar la mirada de los participantes para que éstos, de considerarlo adecuado, puedan adensar los componentes cognitivos y/o actitudinales de su acción o rectificarlos, producir nociones comunes47 y saberes prácticos, ideas adecuadas para la acción.

Desde estas consideraciones teórico-metodológicas, se presentan a continuación los resultados del análisis de la esfera pública no estatal bajo el título de Pensamiento situado y orientación de la acción política: el concepto de estrategia como saber práctico y posteriormente los resultados del análisis de la esfera pública estatal, bajo el título de Criterios y prácticas de un estado incivil. 46 Naishtat, F.: Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva. Una perspectiva pragmática. Prometeo, Bs. As., 2006. 47 Entendemos a las nociones comunes como ideas generales que representan la composición de las relaciones reales entre los individuos que convienen en una experiencia, en los términos variables y concretos en los cuales se establecen, y que posibilitan un aumento de la percepción y de la comprensión de las mismas relaciones así como una apertura a razonar sobre otras posibles relaciones que potencien y den consistencia a la acción.

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1. Pensamiento situado y orientación de la acción política: el concepto de estrategia como saber práctico48

La razonabilidad de la lucha por los derechos

A partir del 19 y 20 de diciembre, iniciamos una alteración de nuestra mirada acerca

de las relaciones entre instituciones democráticas y ciudadanía. Partir de la experiencia de las Madres, que irrumpe desde el discurso de los derechos, nos llevó a profundizar su comprensión. Nos encontramos entonces con una situación paradójica: estado incivil y ciudadanos sin estado.

En nuestro primer acercamiento con el colectivo identificamos la diversidad de poderes y funcionarios públicos con el que interactuó en su ejercicio y demanda de derechos y los resultados decepcionantes de tales interacciones. Los tres poderes públicos de la república y las tres jurisdicciones estatales fueron escenarios en los que la reiteración del discurso de los derechos actualizó el significado fuerte de la república, la construcción de una práctica política de la ciudadanía.

Las prácticas de la intervención estatal, ganadas por una lógica tecnocrática y/o inoperante, se orienta, presionada por la ciudadanía, a retirar los causales de contaminación de la zona, desapareciendo pruebas (muestras de agua contaminada -Policía Judicial-, transformadores con PCBs -Empresa Provincial de Energía-) y hasta extorsionando a los vecinos para que firmen documentos donde renuncian a la realización de acciones judiciales contra el prestador privado del servicio (Ente Regulador). Por otro lado, la intervención estatal se orienta a la implementación de medidas asistenciales, sin llegar a determinar claramente la situación de contaminación, los causales del daño y formas de reparación del mismo.

Profundizando el sentido de praxis de nuestro trabajo de investigación, nos abocamos a la conformación de un público entre los distintos actores que han acompañado este ejercicio de derechos. La Ronda de Pensamiento fue la forma elegida para que, a través de la circulación democrática de la palabra, lograra expresarse la intersubjetividad. No trabajamos a ésta en su sentido trascendental, como flujo de conciencia, sino en su sentido mundano, como ámbito de la sociabilidad, de la interacción cotidiana en el que participamos con intereses eminentemente prácticos. No pretendemos con ello rastrear los motivos de los actores y así poder asignar weberianamente sentido a sus acciones, sino comprender el mundo de sentido y significación que es construido por los participantes de una red de actores, ya que “sólo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto con ellos”49.

Una de las cuestiones fuertemente tematizadas en la Ronda fue la estrategia desarrollada por las Madres, tanto respecto hacia el resto de los vecinos como en relación a los poderes públicos, así como las estrategias del resto de los actores intervinientes. Las tensiones que generaron en el colectivo las distintas lecturas, nos llevaron a considerar a la misma noción como un nudo conceptual con efectos prácticos, y por tal motivo a trabajarla a fin de esclarecerla y redefinirla.

Presentamos a continuación algunos usos que ponen en cuestión la razonabilidad de la estrategia de las Madres:

48 Una versión de este trabajo fue publicado en el libro Los dilemas de la izquierda en el siglo XXI. Alternativas en América Latina. Ricardo Romero (comp.), Ediciones Cooperativas, Bs. As., 2006. 49 Schütz, A.; Luckmann, T.: La estructura del mundo de la vida. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977.

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E. S.:“nosotros somos las víctimas de esto (…) y no somos capaces de construir, o planificar un estado distinto, gestionar como ciudadanos, como productores, como vecinos, de imponer políticas diferentes a las que nos están imponiendo, entonces es más fácil salir con una bandera y decir nosotros tenemos este derecho, si este derecho…”

Subyace a esta noción de estrategia un modo de ejercicio de la crítica como una

práctica que construye las imágenes de la miseria y la salvación, del ser y el deber ser. Lo primero que nos interesa señalar de la misma es que no sólo implica una negación de la estrategia sino de la propia identidad de las actuantes, en tanto víctimas de un daño en sus cuerpos y en un colectivo: “Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo”. Desde este punto de partida, la misma práctica política de ejercicio y demanda de derechos es denegada. La sola enunciación de la petición por un derecho es convertida en un imposible, en tanto acto que no se hace cargo de una responsabilidad pública, responsabiliza al enunciador por su omisión.

M. C.: “En un estado diferente a éste, no sé, en éste no lo creo. No me sorprende nada

que los resortes del estado no funcionen (en ninguno de los 3 poderes). En Ituzaingó todo es una cuestión política lo que está pasando.”

La práctica de ejercicio y defensa de derechos se descalifica desde una posición

“realista”. La política, entonces, está en otra parte. R. M.: “En lugar de ponerse a atacar cosas que no se pueden ganar hay que atacar lo

que se puede ganar. Tenemos imputados. Yo no gastaría ni 5 minutos en ver a un funcionario, yo gastaría una hora en pegarle…”

Dos cuestiones nos interesan señalar respecto de esta posición “posibilista” de

estrategia. En primer lugar, lleva a desconocer el logro de un colectivo integrado a otros colectivos involucrados en acciones políticas, en la conformación de redes provinciales, nacionales y transnacionales de lucha por derechos. En este aprendizaje político se conformaron nuevos públicos, que siguen intentando resolver sus cuestiones en las estructuras institucionales del estado democrático y/o en esferas públicas transnacionales. En segundo lugar, esta lectura deniega valor al acto de petición a las autoridades, al reclamo por el sentido público de las instituciones, interpelación por la que las Madres al mismo tiempo invocan y revocan a los poderes instituidos.

Presentamos a continuación algunos usos de la noción de estrategia que ponen en valor la experiencia de las Madres:

L. A.: “…a lo mejor es propio de la historia del grupo y de las aproximaciones al

problema complejo, yo no me lo quito de encima; me parece que hay que respetar también la historia del grupo, desde cómo uno puede producir y estar en un trabajo, y adentro de ese trabajo poder hacer algo.”

Los problemas, desde este discurso, tienen que ver con cómo se va armando una

historia colectiva en torno a una cuestión compleja. Es central aquí recuperar la temporalidad: aproximaciones sucesivas, que permiten una construcción. Las acciones devienen estrategia en tanto se las habita y desde ese habitar se actúa.

N. A.: “uno tiene que hacer un desgaste y convertirse en un experto. De las

entrevistas hay que ver la variedad de palabras técnicas que los hombres y mujeres de Ituzaingó manejan y que antes no nos pasaba. Un esfuerzo que por el lado del conocimiento

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puede ser interesante, pero desde el lado que uno lo vive como un problema es un stress enorme. (…) Cuánto habrá sido el desgaste, de relaciones interpersonales, de sentirse cansadas de andar ejerciendo ciudadanía todos los días, y además tenían un plan de trabajo de la generación anterior y hay que ponerse a jugar con estas reglas de juego nuevas.”

La misma acción se recupera y se problematiza. Se pone en foco la generación de

saberes específicos como parte de un proceso de politización producto de la crisis del sistema de representación política. En segundo lugar, destaca la apuesta por la innovación frente a un horizonte de incertidumbre y de nuevas reglas de juego. Notas para una noción de estrategia situada

Proponemos resignificar algunas operaciones de pensamiento para aportar a una

reapropiación de los sujetos de su experiencia política. La primera sobre la que trabajamos es la operación de contextualización, por sus

implicancias epistemológicas, es decir, por sus pretensiones de verdad que definirán parámetros para evaluar la racionalidad de las prácticas. Esta operación es realizada por algunos de los asistentes a la Ronda con una historización en la que las Madres son inmersas en procesos de liberación nacional, revolución social o manipulación elitista. Consideramos que las macrolecturas que no parten de la vida misma y, más aún, las que aplican relaciones entre conceptos a la explicación de situaciones concretas, no comunican sino que desconectan existencias. Cada categoría, cada noción universal desconoce el materialismo de la vida, la diversidad e intensidad de sus modos y tonos. Aún más, lecturas hiperfuncionalistas en las que todos los elementos de la realidad cierran, otorgan a la totalidad una voluntad, una capacidad para definir fines. A través de esta atribución diluyen la posibilidad de identificar el quién, contribuyendo a difuminar las responsabilidades de los funcionarios. Esta práctica desertifica el campo de acción de las Madres al hacer eje en el funcionamiento inexpugnable del sistema y no en sus crisis, la realidad y diversidad de las resistencias. El cultivo del escepticismo y el sentimiento de impotencia tienen efectos éticos y políticos sobre la comprensión, ya que dejan sin explicar e, incluso, restan razonabilidad a la misma práctica de las Madres.

Las prácticas de las Madres interpelaron a los poderes y funcionarios públicos, apelando al sentido de democracia y de justicia institucionalizado en nuestra Constitución y en las leyes. Considerar que uno tiene un derecho es reconocerse ciudadano de un orden jurídico, y desde esta consideración uno ejerce su reclamo de pertenencia como igual a dicho orden. Este sentido de democracia se encontraba al inicio de la práctica de las Madres actualizado por el acontecimiento del 19 y 20 de diciembre. A partir de esta acción, el problema se torna público y las autoridades comienzan a mostrar su realidad. En la democracia realmente existente los representantes no representan, el ejecutivo no ejecuta las leyes y el poder judicial no juzga.

La acción de defensa encontró posibilidades y dificultades en un territorio y frente a personas concretas. El barrio fue asumido desde un sentido de pertenencia real que dio orientación a la lucha: los transformadores del barrio, el agua del barrio, las fumigaciones en el barrio. Algunas relaciones que restaron y restan potencia al colectivo: los vecinos que priorizan el valor de las viviendas, los punteros que priorizan la “potencia” de las autoridades, los dueños de los campos colindantes que priorizan la rentabilidad de su inversión. Como acción constituyente, las Madres generaron relevamientos propios sobre los afectados, relaciones con grupos de iguales, acuerdos con los productores de los campos vecinos, espacios de difusión del problema en instituciones, inauguraron otros espacios en la ciudad,

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en la provincia, a nivel nacional e internacional, en los que se encuentran con otras luchas y a partir de los cuales dimensionan su tarea como mucho más larga y difícil, sin por ello asumir actitudes fatalistas. La contextualización se convierte así en un ejercicio de cartografía, un procedimiento de ampliación de la mirada.

Optamos por una contextualización pragmática situacional para producir un pensamiento común de una vida en común, trayendo a primer plano las relaciones en las que el colectivo estuvo o está para deliberar sobre la trama de relaciones.

Una segunda operación que nos interesa resignificar es la lectura de situación, en tanto esta operación tiene implicancias práctico-políticas inmediatas (el lugar del enunciador). Para algunos asistentes a la Ronda es posible una mirada omnisciente y un tono prescriptivo sobre la orientación general de la experiencia. Nuestro contexto de pensamiento en relación a la orientación política de los colectivos abreva de discusiones en la teoría y la filosofía política crítica, las cuales pueden diferenciarse entre posiciones que se sostienen desde la negatividad o desde la positividad50. Ninguna de estas posiciones da lugar a un modo de ejercicio de la crítica como una práctica distante. Las dos posiciones se construyen desde una experiencia compartida de la situación. Mientras una sostiene la justicia como la reparación del daño, la otra apunta a la construcción de un sentido positivo de justicia.

Consideramos que la noción de estrategia que potencia la acción democrática deviene de una tarea reconstructiva sólo posible situadamente y que, partiendo del reconocimiento de la experiencia, haga emerger el sentido de la acción, lo ponga en valor. Para ello señalamos como método: a) Considerar la particularidad de la experiencia (la excepcionalidad en el sentido de salirse de la conducta esperada, del lugar donde “se debe” estar, salirse de la regla) y poner en valor lo vivido: reconstruir el recorrido realizado como estrategia propia. b) Actualizar el juego del lenguaje en el que se inscribe la acción, lo cual implica el reconocimiento de la facultad de autoadscripción de los sujetos que intervienen en la experiencia. c) Sostener la reflexión sobre la acción identificando sus componentes, sus procesos, en tanto el adensamiento de su significado depende de un proceso intersubjetivo en el que la rectificación deviene del propio proceso reflexivo y no de su articulación con lo abstracto. 2. Criterios y prácticas de un Estado Incivil Presentación

En adelante, y vía el método reconstructivo51, se trabaja sobre las prácticas del Poder Ejecutivo, específicamente sobre las desarrolladas por las instituciones y funcionarios más relevantes para el caso: la Agencia Córdoba Ambiente, el Ministerio de Salud, ambas del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y las Direcciones de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Córdoba52. Posteriormente, se analizan las acciones desarrolladas por el Poder Judicial, las de los Juzgados Federales de Córdoba y las de los Juzgados Provinciales que se presentan en el capítulo “¿Será justicia?”. 50 Mardones, J. M.: “Sufrimiento humano y respuesta política”. En La autoridad del sufrimiento. Bárcena, F. et al., Anthropos, Barcelona, 2004. 51 El objetivo del llamado “método reconstructivo” es hacer explícitos los elementos y estructuras de saber preteórico, presentes en las acciones humanas. Ver Serrano, Enrique: “Habermas: Legitimidad y Discurso Práctico”. En ESTUDIOS filosofía-historia-letras. Verano 1991, http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras25/texto3/sec_1.html 52 Para la identificación de la gran cantidad de instituciones y funcionarios involucrados/responsables en el caso, ver el capítulo de la crónica.

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La reconstrucción se dirige entonces a profundizar la comprensión de la complejidad de juegos de lenguaje operantes en la definición de la intervención y sus efectos. También recrea aquellas nociones, procedimientos y herramientas legales vigentes destinadas al cumplimiento de la función de reconocimiento y la garantía de derechos individuales y colectivos. La tensión entre validez y vigencia, entre validez y facticidad en la situación, pretende aportar no sólo a identificar las concretas formas en las que funciona la institucionalidad, sino a avizorar posibles cambios para una efectiva práctica de reconocimiento y garantía de derechos en contextos como el analizado.

Partíamos en la investigación de las siguientes hipótesis de trabajo, en base a la comprensión que por entonces teníamos del acontecimiento:

1. En lo que respecta al Poder Ejecutivo:

- la intervención estatal no está sostenida por el marco legal existente, que capacita a los poderes públicos y los articula hacia el reconocimiento y garantía de derechos individuales y colectivos ambientales, sino por un marco tecnocrático que obtura el legal y diluye la fuerza pública de la intervención en una diversidad de prácticas profesionales abocadas a la realización de estudios y medidas asistenciales; - las acciones del Poder Ejecutivo presentan déficits de capacidad para la implementación de políticas y programas con efectos en la garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente y vulnerados en este caso. También se presentan déficits en la capacidad de organización de recursos institucionales para implementar planes de acción y sistemas de regulación y control efectivos en las distintas jurisdicciones.

2. En lo que respecta al Poder Judicial frente a la situación, se ha podido identificar su virtual parálisis. El análisis profundiza la indagación acera de su actuación desde el relevamiento de las prácticas judiciales involucradas en sus distintas jurisdicciones53.

Reconstrucción de la intervención del Poder Ejecutivo Provincial

Córdoba, 19/02/2002

Asunto: NUMEROSOS CASOS DE LEUCEMIA BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO Nos motiva a poner en vuestro conocimiento, una inmensa preocupación, dado que en

nuestro barrio en un radio de 400 metros, tenemos casi 15 (quince) casos de enfermos con Leucemia Linfática Aguda (LLA), Anemia hemolítica, Hoking Linfático, Púrpura (con inflamación de vaso, anemia hemolítica con afección renal), Lupus, también un señor fallecido hace un año y hace unos días un joven de sólo 22 años.

Creemos que no es un caso aislado por lo que pedimos, que a la brevedad, se analice: 1- El agua que bebemos, que nos es provista por una empresa concesionaria, que

posee un tanque que está desde hace más de 30 años, cuya razón social es SABIA. Situada en Av. Vucetich 7.607.

53 Como señalamos, los resultados de este análisis en el capítulo “¿Será Justicia?”.

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2- Los transformadores, que están sobrecargados y no sabemos si están dentro del período de vida útil, dado que hace más de 25 años que están, y coincidentemente están ubicados a menos de 200 metros de cada una de las viviendas de las personas afectadas.

3- Una fábrica de harinas de carne, margarina, grasa etc. bajo la razón social

REFINERÍA DEL CENTRO: Desconocemos la toxicidad de los elementos que ésta emplea, sólo sentimos con mucha frecuencia un olor nauseabundo que invade todo el barrio.

4- La proximidad (100 metros) de un campo con plantación de soja: en donde se

utilizan diversos fertilizantes y funguicidas. 5- El suelo: solicitamos se realice por último un análisis de suelo; ya que todos

tenemos pozos negros, y hay gente que aún no tiene baño con pozo negro y hace perforaciones diversas.

* Ante esta emergencia sanitaria hemos reunido firmas del barrio en su totalidad, con

el fin de ser escuchados, ya que consideramos que tenemos derecho a la vida. * Adjuntamos a ésta lista de pacientes, y víctimas, también las firmas de todo un

barrio que está dispuesto a luchar y ser escuchados

(Sello) Gob. De la Pcia. de Cba. Consulte su trámite en la pág. www.cba.gov.ar

Código de barras 07074 053 902

(Sello) Agencia Cba. Ambiente 22 02 2002, hora 8.36

(Copiado del original54)

Las Madres, a partir de su propia iniciativa, relevan y denuncian graves y recurrentes enfermedades en el barrio a las autoridades estatales. El Ministerio de Salud y la Agencia Córdoba Ambiente de la Provincia son interpelados como responsables. Sendos expedientes se originan en dichas reparticiones. Mientras que en el Ministerio de Salud no nos fue permitido el acceso al expediente, de la lectura del de la Agencia Córdoba Ambiente es posible identificar la sucesión de acciones que conformaron la intervención de esta agencia estatal frente al caso. La intervención de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado

Las autoridades comienzan por poner en conocimiento y solicitar información e

intervención a los distintos entes públicos, conforme a su criterio, vinculados al tema: Ministerio de Salud provincial, Dirección de Planificación Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), Secretaría de Agricultura y Ganadería, Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP).

De la reunión entre estas reparticiones, surge en primer lugar que las agencias a nivel provincial no diseñan un plan de intervención en donde se especifiquen los objetivos, metas y recursos, ni mucho menos instancias de control y seguimiento con participación de los

54 Nota presentada por vecinos de Bº Ituzaingó Anexo al Ministerio de Salud y Agencia Córdoba Ciencia.

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afectados. La eficiencia de la acción resulta así no mensurable, mientras que su eficacia y efectividad también quedan en una zona gris55. La organización se limita a una división de tareas respecto a la realización de los estudios. EPEC y ERSEP quedan a cargo de la realización de los análisis de PCBs (aceite de los transformadores), mientras que la Dirección de ambiente se encarga de la realización del resto de los análisis. En segundo lugar, cabe destacar que las autoridades de la jurisdicción municipal de por entonces no responden a pesar de tener responsabilidades convergentes en lo que a la gestión del medio ambiente refiere conforme a la ley.

Aunque el laboratorio que realiza los análisis es un ente del estado provincial, CEPROCOR56, los análisis que se solicitan tienen un costo que es asumido por las reparticiones estatales. En ningún momento se instruyen acciones destinadas a que los emisores de sustancias contaminantes se hagan cargo de los costos. La legislación nacional y provincial instituye uno de los principios del derecho ambiental claves en este tema -“contaminador paga”- tendiente a que las empresas no externalicen los costos ambientales de su producción. El Artículo 16 de la Ley Provincial de Ambiente 7343/85 y sus modificatorias, establece: “Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionen la contaminación: limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su costo y cargo los incidentes relativos a la degradación y contaminación del agua. En caso de incumplimiento, los organismos gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de contención, remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las personas y/o entidades responsables de la degradación o contaminación mencionadas”. También el Artículo 45 de la ley provincial establece: “Toda evaluación de la degradación y medición o cuantificación de contaminantes no abordable con los recursos técnicos de la Provincia, será costeada por las personas y/o instituciones responsables de la degradación o contaminación”.

Volviendo a las acciones, el Sector Auditorías Ambientales de la Agencia se dirige a relevar el agua, el suelo y la Refinería Centro. La intervención responde a la demanda planteada por los vecinos. Conforme a los documentos, se realiza una inspección ocular de los transformadores de energía eléctrica, se toma una muestra de la boca de consumo del domicilio de una de las personas denunciantes, de una canilla ubicada entre el pozo donde se extrae el agua y del tanque de distribución de agua. Las muestras son enviadas a CEPROCOR para análisis físico-químicos, bacteriológicos, plaguicidas, cualitativos y metales pesados. Posteriormente se toman 10 muestras de suelo.

La Coordinación de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoria Ambiental de la Agencia Córdoba Ambiente (ACA) informa a las autoridades sobre las auditorías realizadas. Ante el hallazgo de arsénico, cromo y endosulfán (residuos de plaguicidas) en el agua de los tanques domiciliarios, afirman que los niveles están por debajo de lo aceptable pero por encima de lo aconsejable y “no representan un peligro para la salud de la población”. Sin embargo, no dejan de señalar que esta afectación “leve de la salud en general podría

55 Preguntas claves en el análisis de cualquier intervención estatal tales como: ¿Cuál es el objetivo de la intervención?, ¿Cuáles son los efectos que se pretenden lograr?, ¿Cuáles son los parámetros del proceso de planificación que llevan a afirmar que representa la mejor ecuación entre efectividad y sostenibilidad de la intervención?, ¿Cómo se asignan los recursos?, ¿Cuáles son los parámetros de control y evaluación?, resultan vacías, en tanto la intervención no responde a un proceso de planificación bajo ninguno de los modelos existentes. La imposibilidad de evaluar el valor público de la intervención, así como de distinguir entre responsabilidades estratégicas y operativas en el caso, no difumina sin embargo la responsabilidad de funcionarios y agentes intervinientes. 56 Sus objetivos, conforme a la Ley Nº 8852, son: 1) Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de interés regional y nacional; 2) Desarrollar proyectos de innovación en acuerdo con los sectores productivos de bienes y servicios; 3) Actuar como organismo de consulta, asistencia y prestación de servicios técnicos en el ámbito de su competencia; 4) Formar Recursos Humanos. Artículo 8° de la Ley Provincial que crea el Estatuto de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado.

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magnificarse en casos de personas desnutridas o con patologías como las que se denuncian” 57.

El informe respecto a la auditoría realizada a la Refinería del Centro, afirma que los procesos que desarrolla no generarían emisiones tóxicas peligrosas para la salud. Los análisis de suelo dan como resultado la presencia de distintos plaguicidas: malatión, clorpirifos, alfa-endosulfán, beta-endosulfán, cis-cloradop, isómeros de DDT, HCB y DDT58. También el Director de Ambiente informa que, al no existir normas para niveles de plaguicidas en suelo, se han cotejado los resultados con normas sobre plaguicidas de la Guía de Calidad de Suelos (Decreto 831, reglamentario de la Ley 24.051). De dicha comparación concluye que “es posible decir que las concentraciones de plaguicidas detectados en el suelo de barrio Ituzaingó Anexo no generarían peligro para la salud de la población (y que los resultados han sido enviados) al Ministerio de Salud de la Provincia, ya que es el organismo que realiza el estudio epidemiológico de la población del barrio y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería como autoridad de aplicación de la Ley de Agroquímicos”59.

Ante la solicitud de informes del Defensor del Pueblo de la Provincia, el Ingeniero Nirich, Director de Ambiente, afirmaba que los resultados de los análisis habían sido remitidos al Ministerio de Salud, “quien es el encargado de llevar a cabo el estudio epidemiológico y receptar toda la información a fin de dar solución a la problemática sanitaria que vive el sector”60. En relación al pedido de informes sobre las medidas adoptadas en orden a los casos de leucemia en el barrio, realizado por la Fiscal Federal Graciela Lopez de Filoñuk en el marco de la denuncia presentada por Raúl Montenegro, afirmaba Nirich: “...cumplo en informar que desde esta Dirección de Ambiente no se tomó medida alguna desde que la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de estas patologías u otras que afecten la salud de la población excede el ámbito de competencia del organismo a mi cargo”61. En el mismo sentido se expresaba la Asesora Legal de la Agencia, Dra. Marta Julia, cuando fue entrevistada para esta investigación: el de Ituzaingó es un problema de salud, no de ambiente62.

La no consideración del caso como un problema ambiental es un criterio fuerte en la determinación de la modalidad de intervención desarrollada, desconociendo el marco legal y administrativo existente. El Artículo 2 de la Ley de Ambiente establece: “Decláranse de interés provincial a los fines de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos que por su función y características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología y del bienestar de la comunidad como para la permanencia de la especie humana sobre la tierra, en armónica relación con el ambiente”. Mientras que el Artículo 3 afirma: “A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende (entre otras actividades) Inc. e) El control, reducción o eliminación de factores, procesos, actividades o componentes del medio que ocasionen, puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos. Inc. i) La coordinación de las

57 Informe de inspección firmado por Jorge Elia, Agencia Córdoba Ambiente, 01/03/02. 58 Nota al Ministro de Salud del 15 de julio del 2002 del Ing. Sergio Nirich, Director de Ambiente-Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M 59 Nota al Sr. Fiscal de Instrucción Distrito Cuatro, Segundo Turno del 4 de septiembre de 2002 del Ing. Nirich. 60 Nota al Defensor del Pueblo del 16 de mayo del 2002 del Ing. Sergio Nirich, Director de Ambiente-Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M. 61 Nota a la Sra. Fiscal Federal, Dra. G. López de Filoñuk del Director de Ambiente, Ing. Nirich recibida el 12 de agosto de 2002. 62 Una mención especial en relación a la entrevista. La Dra. Marta Julia no permitió su grabación, aduciendo que ella nos iba a dar su opinión y que si lo que queríamos hacer era una investigación ambiental, ella nos proporcionaba un breve esquema de cómo realizarla en base a sus conocimientos técnicos.

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obras y acciones de la administración pública y de los particulares, en cuanto tengan vinculación con el ambiente. Inc. j) Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objeto de esta Ley”.

Por su parte, el Artículo 59 afirma que la Agencia será la Autoridad de Aplicación “sin perjuicio de la necesaria intervención de los organismos Provinciales y Municipales a los que las normas vigentes otorguen competencia según los casos”. También el Artículo 79 es relevante en tanto establece: “En los casos que por la acción contaminante se pusiera en peligro real y directo la salud e integridad, la Autoridad de Aplicación podrá por resolución fundada disponer el cese inmediato de la actividad contaminante, hasta tanto se cumplan las normas de seguridad vigentes”.

En lo que respecta al análisis de PCBs, la difusión de sus resultados genera una polémica pública y visibiliza modalidades de coordinación interinstitucional antagónicas y perjudiciales para la defensa de derechos. Mientras que la Secretaría General de la Gobernación da unos valores, los vecinos denuncian otros más altos a partir de acceder a documentos obrantes en el ERSEP. Nirich afirma que hubo un error en la trasmisión de los datos. En una muestra se detecta una concentración de 281 ppm y en la otra 31 ppm, una por encima y otra por debajo de los valores admitidos por la legislación63. En este marco, la Secretaría General de Gobernación formula el Programa Córdoba Libre de PCBs. Por su parte, el Director de Ambiente solicita a EPEC que reemplace los transformadores de Barrio Ituzaingó Anexo, a pesar de existir una orden judicial de no innovar en vistas a las acciones de investigación a cargo del poder judicial por la denuncia penal presentada contra EPEC. Lejos de una coordinación interinstitucional entre los poderes públicos, lo que prima es la superposición obstructiva en detrimento de los derechos ciudadanos que accionan a fin de detener el retiro de los transformadores. Finalmente, el retiro es logrado con la intervención paradójica de la policía de la provincia, lo que protege a los operarios de la Empresa denunciada por los vecinos e investigada por el Poder Judicial, y posibilita la desfiguración de la prueba.

Esta forma de intervención, ganada por la desestimación del problema como problema ambiental y por la sistemática e infundada negación de los vínculos entre las substancias tóxicas encontradas y la salud de la población, no sólo construyó una “modalidad de resolución” esquiva a la garantía de derechos ciudadanos, sino que también avanzó en la vía confrontativa con y entre la comunidad. Lejos de promover el deber de defensa ambiental de la ciudadanía instituido en la Constitución provincial y de generar mecanismos para la participación de los afectados en la gestión de la problemática ambiental como indican los acuerdos internacionales y las leyes, la acción ciudadana fue estigmatizada y judicializada. Ante una versión periodística acerca de los dichos de una de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Cristina Fuente, acerca de que el Director de Ambiente le habría dicho “loca” a Sofía Gatica (otra de las Madres) porque reclamaba por la presencia de agroquímicos en el agua, el funcionario envió una carta documento pediendo la ratificación o rectificación de sus dichos. La confrontación no se limita a funcionarios y vecinos, sino que también acontece entre vecinos. Por entonces, el pedido de renuncia a Nirich era realizado por el Presidente de FUNAM y por las Madres de BIA, mientras otro grupo de vecinos se organizaba para apoyar la gestión del Ing. Nirich. Identificándose como los que “luchan para futuras mejoras”, este otro grupo le hace llegar al funcionario una carta de agradecimiento por sus acciones con la firma de 430 vecinos.

Otro de los estudios encarados por la Dirección de Ambiente es a solicitud de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. La Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS) es requerida de intervención y se le solicita que informe sobre “napas freáticas, el sentido de

63 Ver detalles en el capítulo de la crónica.

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circulación de las mismas, profundidad y cualquier otro dato de importancia al respecto, perfil hidrogeológico, etc.”64. Cabe señalar que este pedido se relaciona con el interés de los afectados por conocer acerca de la contaminación del suelo por residuos industriales de las fábricas automotrices cercanas al barrio, principalmente por el hallazgo de Arsénico y Cromo en las muestras de suelo, si bien en niveles de concentración por debajo de los niveles guía de la Ley de Residuos Peligrosos, según los análisis oficiales.

Sintetizando, en lo que respecta a la realización de estudios, es posible afirmar que los que se realizaron fueron análisis solicitados por los vecinos y que no fue posible detectar en la información disponible la orientación, fomento y desarrollo de una investigación ambiental por parte de esta agencia estatal, que superara el enfoque de medir la concentración de las sustancias tóxicas.

La Auditoría Ambiental y Programa de Gestión Ambiental para Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba, realizado por la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, fue producto de un protocolo de trabajo entre la Agencia Córdoba Ciencia y dicha Facultad y presenta el mismo problema. Merece una especial consideración la conformación del equipo a cargo y el enfoque desarrollado. En lo que respecta al equipo, ninguno de sus integrantes es un profesional de las ciencias de la salud humana, tampoco participan profesionales de las ciencias sociales ni ciudadanos afectados65. En lo que respecta al enfoque, los factores del ambiente que se consideran son el factor agua, el factor atmósfera y el factor suelo. No se consideran en el diagnóstico ni para la implementación del Plan de Gestión Ambiental propuesto, las capacidades institucionales del estado realmente existentes ni la participación de los afectados.

Conforme a declaraciones del Director de Ambiente de la Provincia66: - “Desde la presentación de la denuncia por los vecinos a esta Dirección, se intervino de manera exhaustiva en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada por la gente, trabajando coordinadamente con otras áreas de gobierno. La coordinación de las acciones las realizó el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba ya que la denuncia está caratulada “Casos de Leucemia y Anemias”. Las acciones y estudios de los recursos suelo, aire y agua fueron realizados y/o solicitados por la Dirección de Ambiente y enviadas al área de Epidemiología del Ministerio de Salud a los fines de relacionar la información de la situación ambiental del barrio con los problemas de salud denunciados.” - “Como autoridad de aplicación de normas ambientales, los estudios hasta el día de la fecha indican que las condiciones ambientales actuales del barrio son normales, no existiendo contaminantes que se encuadren fuera de lo que las normas indican. Esta afirmación es coincidente con lo manifestado con el informe confeccionado de la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, al considerarse que es una población de riesgo se siguen manteniendo las medidas de control ya generadas desde los distintos organismos del estado provincial.”

64 Nota al Presidente de DIPAS de noviembre de 2002 del Ing. Nirich. 65 Equipo de Trabajo conformado por la totalidad de la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba: Profesor Titular Dr. Ing. Santiago María Reyna, Profesor Asociado Ing. Alfredo Ortiz Olmedo, Jefa de Trabajos Prácticos Esp. Ing. Ana Cossavella, Jefe de Trabajos Prácticos Mag. Geólogo Hugo Pesci, Jefa de Trabajos Prácticos Ing. María Orso, Aspirante a Adscripta Ing. Marcela Martínez, Aspirante a Adscripta Bióloga Andrea Zanuzzi. 66 Informe al Defensor del Pueblo de la Nación en nota del 30 de octubre de 2003 del Ing. Nirich.

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- “Los resultados de los análisis determinaron la existencia de algunos productos químicos en concentraciones muy bajas y que en ninguno de los casos puede tipificarse como contaminación ambiental respecto de las normas ambientales vigentes, de las cuales esta Dirección de Ambiente de la Agencia Córdoba D.A.C. y T. SEM es autoridad de aplicación.” La reconstrucción de las acciones de esta agencia estatal específica, la Dirección de

Ambiente de la Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo, Sociedad del Estado, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Ambiente Nº 7343 y modificatorias, intentó visibilizar y poner en discusión los criterios que sostuvieron su intervención. Como cierre, y a modo de crítica inmanente a esta intervención estatal, se presenta sintéticamente a continuación el marco jurídico-administrativo provincial vigente que, conforme a nuestra perspectiva, es el concreto marco de sentido de las prácticas analizadas. La falta de actualización del mismo por parte de funcionarios y agentes públicos, si bien le resta vigencia, no le resta validez en tanto estructura normativa destinada a que la intervención estatal analizada garantice los bienes jurídicamente protegidos, el ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía. Su conocimiento permite orientar la reflexión acerca de las posibilidades de transformación institucional. Análisis del marco jurídico-administrativo provincial ambiental

El Artículo 1 de la Ley Provincial de Ambiente establece: “La presente Ley tiene por

objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”. Evidentemente, una interpretación restringida de ambiente, contraria a la instituida por la ley, que no liga éste a la calidad de vida de la población, fue la que impuso la caracterización de la situación del barrio como un problema de salud67. También un concepto restringido de contaminación ambiental, en relación al concepto amplio consagrado en la Ley en su Artículo 4, Inc. h) “Contaminación Ambiental: El agregado de materiales y de energía residuales al entorno o cuando éstos, por su sola presencia o actividad, provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes en general, traducidas en consecuencias sanitarias, estéticas, económicas, recreacionales y ecológicas negativas e indeseables”.

En lo que refiere a las atribuciones conferidas a la Autoridad de Aplicación de la Ley 7.433, conforme a su Articulo 53, son vastas e incluyen, entre otras: actividades de planificación de la Administración Pública, la elaboración del Plan Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente; actividades de vigilancia y control -exigir los estudios de evaluación de impacto ambiental, el control de la ejecución de proyectos, obras y acciones degradantes y susceptibles de degradar el ambiente, el control del estado del ambiente en la provincia, la aplicación de normas relacionadas con la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente-; actividades de gestión de sistemas, el Sistema Provincial de Informática Ambiental; actividades de promoción, formación y capacitación de agentes públicos y ciudadanos; actividades de investigación de oficio o con previa denuncia, pública o privada, de las actividades degradantes y susceptibles

67 Artículo 4.- A los fines de la presente Ley se entiende por: Inc. e) Calidad Optima de Vida: Particular arreglo de las variables culturales que condicionan directa o indirectamente la vida humana y de cuya conjunción, compatibilizada con el mantenimiento de la organización ecológica más conveniente, resulta el máximo grado de bienestar.

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de degradar el ambiente y actividades de coordinación, el desempeño como Secretaría del Consejo Provincial del Ambiente68.

La multiplicidad de factores intervinientes en la situación de Barrio Ituzaingó Anexo, pone en evidencia la ausencia de un ordenamiento territorial y de planificación de los procesos de urbanización, poblamiento, industrialización y expansión de las fronteras productivas en función de los valores del ambiente. El cóctel contaminante presente en el barrio devela la inobservancia de los procedimientos y el desarrollo de instrumentos y sistema de gestión establecidos. Por caso, el Artículo 18 de la Ley 7.343, entre otras herramientas de gestión, prevé la existencia de un “sistema de inventario y clasificación de suelos y uso de la tierra científicamente fundado, permanentemente actualizado con evaluación y verificación sistemática”; también prevé “el desarrollo de un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento incontrolado de actividades y obras pudiera provocar la degradación incipiente, corregible o irreversible del ambiente como asimismo la destrucción de valores históricos, culturales o estéticos, etc”. De particular importancia para el caso analizado es la previsión de la existencia de “un método y un sistema para que los organismos gubernamentales competentes ejerzan el control del uso de las tierras en ambientes y situaciones críticas, o bien en tierras afectadas por instalaciones públicas y privadas” y “un método y sistema para asegurar que las normas provinciales tomen en cuenta criterios de ecodesarrollo regional y de uso de la tierra en función de sus capacidades y limitaciones ecológicas”.

En lo que respecta al control, reducción o eliminación de factores, procesos, actividades o componentes del medio que ocasionen, puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos, diversos artículos disponen que la Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás entes provinciales competentes, los criterios o normas de calidad para los suelos, las aguas y la atmósfera, tomando en consideración, entre otras variables: la organización ecológica óptima o más conveniente, los caracteres físico-químicos y biológicos compatibles con la preservación de la productividad de los agroecosistemas, la protección de la salud humana y el funcionamiento normal de los ecosistemas69. También el Artículo 40 establece: “Deberán regularse las acciones, actividades u obras públicas y privadas, que por contaminar el ambiente con sólidos líquidos, gases y otros materiales residuales y/o ruido, calor y demás desechos energéticos, lo degraden en forma irreversible, corregible o incipiente y/o afecten directa o indirectamente la salud de la población”.

En relación a la prohibición y/o corrección de actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, el Artículo 25 establece: “La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los restantes organismos competentes de la Provincia, la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y/o compuestos, que pudieran degradar los suelos y los bienes contenidos o sostenidos por 68 Artículo 54 (c.f. artículo 6 de la Ley 8.789): El Consejo Provincial del Ambiente está integrado, sin desmedro de aquellas personalidades que el Poder Ejecutivo decida invitar a participar, por un representante de cada uno de los Ministerios, organismos dependientes directamente del Poder Ejecutivo Provincial, organismos descentralizados del Estado Provincial, Agencias, Defensores del Pueblo y por representantes de los Municipios y/o Comunas, Universidades con sede en la Provincia, las Organizaciones No Gubernamentales, entidades agropecuarias, mineras e industriales y las entidades sindicales. Los representantes al Consejo Provincial del Ambiente serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los organismos públicos y entidades no gubernamentales respectivas, de acuerdo a lo que se determine vía reglamentaria. 69 La creación de un área verde en torno a las barrios colindantes con las producciones de soja, es una medida que está siendo discutida e implementada en el marco de acciones posibles en otras experiencias similares en el país, con el objetivo de generar un cordón protector ante los posibles efectos de los agroquímicos. Medidas de este tipo se entienden dentro del marco del principio precautorio, es decir, no necesitan de la prueba fehaciente de la relación entre tóxicos y la salud de la población y constituyen un resguardo ante la gravedad del daño posible.

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ellos. Se incluye a tal efecto las sustancias peligrosas y de otra naturaleza, tales como materiales radioactivo, pesticidas, fertilizantes, hormonas para uso agropecuario, productos químicos sin mercado y todo otro material o energía potencialmente contaminantes”. Para la efectiva acción sobre el tema, el Artículo 43 faculta a la Autoridad de Aplicación a “ingresar en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades degraden el ambiente o lo contaminen, para cuyo fin deberá solicitar orden de autoridad competente”.

Como ya fue referido más arriba, una especial mención le cabe a la evitación de la externalización de los costos de las producciones contaminantes, principio de política clave del ambientalismo que en la ley está consagrado en el Artículo 16 ya referido en relación al agua y en el Artículo 26 en relación al suelo: “Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionan la contaminación limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su costo los incidentes relativos a la degradación y contaminación del suelo. En caso de incumplimiento los organismos gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de contención, remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las personas y/o entidades responsables de la degradación o contaminación mencionadas”. También el Artículo 49 establece que: “Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto”. En lo que respecta al impacto ambiental, los artículos 50 y 51 establecen que las obras y/o actividades “que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección” y que dicha autorización será otorgada por la Agencia Córdoba Ambiente S.E.

Específicamente en relación a la contaminación de agua, suelos y atmósfera, la ley establece en los Artículos 46, 47 y 48 que queda prohibido el vuelco, descarga o inyección, emisión, infiltración de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua, los suelos y la atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión establecidos para los mismos y/o cuando alteren las normas de calidad establecidas y/o afecten negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los bienes.

La Ley detalla también las multas a las infracciones a instrumentar, ya sea de oficio o por denuncias. Entre los artículos se destaca el Artículo 65, que establece: “Cuando la contaminación resultare un daño irreversible al ambiente, se aplicará al responsable multa equivalente en pesos al valor de doce mil a ciento veinticinco mil litros de combustible NSP. La sanción se elevará en un cincuenta por ciento si el siniestro se hubiere producido por causa de inobservancia de las normas de seguridad o higiene que rigen la materia”. También el Artículo 66, que establece: “Deberán considerarse como agravantes los supuestos de irreversibilidad en la degradación, atendiendo a la eventual extinción de los recursos o a la magnitud del impacto ambiental, así como la hipótesis de daño a bienes de valor ético o estético, no susceptible de valoración económica e imposible de reproducir, en cuyo caso las sanciones respectivas se elevarán al doble” y, particularmente, el Artículo 68, que establece: “Las sanciones se elevarán de un treinta a un cincuenta por ciento cuando causaren lesiones o enfermedades a personas y de un cincuenta a un cien por ciento cuando se causare peligro común a la población o enfermedad incurable o muerte”. Especial atención merece el Artículo 67: “Deberán considerarse conductas agravadas, las imputables a funcionarios públicos que autorizaren, toleraren o posibilitaren de cualquier manera, la comisión de faltas como las descriptas en los artículos precedentes, u omitiesen la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, aplicándose para tal caso la multa correspondiente elevada en un treinta a cuarenta por ciento”.

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La tensión entre este conjunto de reglas y la afirmación de las autoridades acerca de que se “intervino de manera exhaustiva en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada por la gente”, abre interrogantes acerca de las posibilidades de actualizar lo legal. El limitadísimo repertorio de acciones desarrolladas por la Dirección de Ambiente en relación a las establecidas por la ley con el propósito de que la autoridad de aplicación preserve, conserve, defienda y mejore el ambiente, no sólo conlleva una omisión grave, sino que su desatención puede caracterizarse como una negligencia temeraria, en tanto produjo y sigue produciendo daños en la población de Barrio Ituzaingó Anexo. La intervención del Ministerio de Salud de la Provincia Algunas notas sobre un contexto complejo

La complejidad de la administración de la salud pública es un proceso que reconoce

diversas razones; una de ellas, la especificidad que las prácticas profesionales y de gestión van adquiriendo a partir de la experiencia y su sistematización, así como de la introducción de avances, producto de la investigación de base o aplicada. El marco de los criterios y prácticas en este campo gana en desarrollo y precisión así como en institucionalización, ya que las nuevas problemáticas y su tratamiento cuentan con diversos recursos extendidos territorialmente en un sistema de salud que, como tal, cuenta con ciertas regularidades entre sus componentes. Es desde un contexto más específico entonces, el desarrollado para el tratamiento de poblaciones afectadas por agrotóxicos, desde donde intentamos comprender el sentido de las acciones de funcionarios y agentes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ante la imposibilidad de acceso al expediente a pesar de las gestiones realizadas, esta reconstrucción se basa principalmente en entrevistas a funcionarias del Ministerio y documentos a fin de visibilizar los criterios y prácticas desarrollados frente el caso. Los programas de vigilancia epidemiológica

En los últimos 40 años, la percepción sobre el resultado de la aplicación de la ciencia a la producción en general, ha entrado en un proceso de cambio de sentido que podría describirse como “de la celebración al dolor”. Los efectos de la contaminación industrial, de la distribución de energía, de innovación en las comunicaciones, etc., son capítulos que se están escribiendo en torno a las nuevas condiciones de los procesos de salud-enfermedad, en los cuales el desarrollo de diversos tipos de cáncer ocupa un lugar preponderante. En el caso de la producción agraria, el paso está graficado por las expectativas generadas por la revolución acontecida en las décadas del 50 y 60 con la aplicación masiva de productos químicos (entre otros, el DDT), a su prohibición a finales de los 70 en Estados Unidos por los efectos sobre la salud de la población. La revolución actual, producto de la introducción también masiva, pero, en este caso, de productos alterados genéticamente, también tiene ya a su agente identificado: el herbicida glifosato.

Tal es el cambio de sentido que llega a expresarse en el vocabulario. Conceptos emergentes disputan con los antiguos y ganan terreno en tanto expresan con mayor precisión las formas de pensar los procesos de salud-enfermedad. En este sentido, el uso del concepto de pesticida está siendo sustituido por el de agrotóxico, en tanto este último relaciona el uso de la sustancia con su toxicidad, con su potencialidad para producir daño en la salud humana

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y en el ambiente en general70. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS)71 estimaba que ocurrían en el mundo cerca de tres millones de intoxicaciones agudas por agrotóxicos, con 220 mil muertes por año. El concepto de agrotóxico se ha expandido, en tanto da cuenta de una nueva forma de percibir los problemas en las sociedades que incorporan avances tecnológicos de punta, la problemática del riesgo al que están expuestos en este caso no sólo quienes están en contacto directo con estos productos, sino también la población en general por la contaminación de alimentos, agua, suelo y aire que éstos producen.

A partir de esta nueva comprensión, producto de la reflexividad social, tiene lugar un proceso de renovación institucional, de nuevas perspectivas profesionales y modalidades de intervención. Para el caso que nos ocupa, la creación de Sistemas de vigilancia epidemiológica específicos.

En Brasil, la preocupación por la expansión del uso de productos químicos en la explotación agraria llevó a que algunos estados, alertados por esta transformación productiva, como por ejemplo Paraná y Río Grande do Sul, definieran tempranamente a la intoxicación por agrotóxicos como objeto de sus acciones de vigilancia epidemiológica y sanitaria. También a que, a partir de los años 80 a nivel nacional y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se articularan institucionalmente esfuerzos para el desarrollo de una metodología de vigilancia que permitiera orientar a los estados y municipios y capacitar a los profesionales en todo el territorio nacional para la conformación del Sistema de Vigilancia de la Salud en Poblaciones Expuestas a Agrotóxicos72.

En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene entre sus objetivos entender en la formulación de políticas y estrategias de promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o corregir los efectos adversos del ambiente sobre la salud humana, en forma conjunta con otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional con competencia en la materia, ya que en las temáticas ambientales las responsabilidades jurisdiccionales son concurrentes.

El concepto de vigilancia epidemiológica juega aquí un papel relevante, en tanto refiere a la utilización oportuna, sistemática y periódica de datos con el objeto de conocer la distribución de enfermedades y de todos los factores que afectan directa o indirectamente la salud de las poblaciones. El análisis y la interpretación sistemáticos de los datos contribuirían así a la toma de decisiones, la difusión de los resultados, la mejora de los tratamientos de las enfermedades y la disminución de los riesgos para la salud. La vigilancia epidemiológica constituye por lo tanto un saber técnico instituido, acorde a la perspectiva de trabajar para disminuir riesgos entre quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la ejecución de acciones de prevención, control y asistencia. Como tal, sus procedimientos se encuentran normalizados, destacándose los siguientes: cuantificar y calificar los problemas de salud, cuantificar y calificar los factores de riesgo, determinar prioridades en Salud Pública, determinar grupos de riesgo, focos de intervención, establecer políticas y programas de prevención y control, definir metas para los programas, evaluar el cumplimiento de las acciones, entre los más relevantes.

La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación desarrolla en este sentido el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SINAVE, que cuenta con cuatro subsistemas: Alerta temprana, Basada en laboratorio, Centinela y Especializada, disponiendo de 639 nodos en todo el territorio nacional. A tal fin, la normativa ministerial dispone la

70 Una continuidad en este proceso de renominación lo constituye el uso del concepto de biocida. 71 Jeyaratman, J.: “Occupational health issues in developing countries”. En Organizaçao Mundial Da Saúde. Public health impact of pesticides used in agriculture. Geneva, 1990, p. 207-212. 72 Manual de Vigilancia da Saúde de Poblaçoes Expostas a Agrotóxicos. Brasilia, 1996. OAPS/OMS. Representaçao do Brasil.

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notificación semanal obligatoria de determinadas patologías73, a partir de la cual se realiza el Boletín Epidemiológico Nacional. Respecto a las intoxicaciones por pesticidas, de notificación obligatoria, la provincia de Córdoba, para el período 1994-2003, sólo registra datos para 1997 (12 casos), para 2002 (21 casos) y para 2003 (22 casos)74.

Producto de la importancia creciente de los efectos de los agrotóxicos en la salud de la población, tiene lugar la implementación a nivel nacional del programa de Prevención y Control de Intoxicaciones. Éste tiene como objetivo disminuir los riesgos para la salud humana asociados a la exposición a sustancias químicas en todas las etapas de sus ciclos de vida. También caracterizar epidemiológicamente y normatizar las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las intoxicaciones, optimizar el funcionamiento de los centros asistenciales y laboratorios toxicológicos del país y promover la capacitación en toxicología clínica y epidemiología aplicada.

Desde el año 1996 y luego de un período de prueba, en todo el país se implementa la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de las Intoxicaciones por Plaguicidas, a través de 21 Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) y Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos (LACTs)75.

Entre los objetivos de este programa se destacan: aportar al conocimiento de las intoxicaciones por plaguicidas en el país de forma de obtener información detallada destinada a desarrollar respuestas específicas tendientes a un mejor control y prevención; identificar el perfil de severidad de los casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas; identificar la frecuencia, las circunstancias de exposición y características del paciente asistido por exposición/intoxicación aguda; identificar la frecuencia, las características y la forma de uso de cada plaguicida asociado a cada caso.

Las exposiciones/intoxicaciones por plaguicidas a estudiar por el sistema son: todas las exposiciones/intoxicaciones a sulfato de talio como rodenticida, arsénico, pentaclorofenol, parathion, plaguicidas organoclorados, bromuro de metilo, estricnina, monocrotofos, metil azinfos, etil azinfos, ethion, fenilacetato de mercurio, fósforo blanco, fosfuro de aluminio uso intradomiciliario, glifosato76, todas las intoxicaciones laborales, todas las derivadas de uso o disposición inadecuada de plaguicidas, las que ocurren en brotes, producidas por plaguicidas en alimentos, las involucradas de emergencias químicas o industriales, las producidas por contaminantes en suelos y aguas. También se especifica que se podrán agregar nuevos plaguicidas a este listado.

Entre las acciones a realizar establece: completar las fichas específicas elaboradas por el Programa para el registro del caso, recolectar muestras de sangre para su análisis por el Laboratorio correspondiente, recabar información estadística de los CIAATs, cumplir con las normas de recolección, conservación, procesamiento y envío de las muestras según lo descrito en el Anexo de Laboratorio, realizar diagnósticos e incorporar resultados a la base de datos, etc. 73 Desde 1960 en Argentina, con la sanción de la Ley Nacional 15465, se viene normando sobre la materia. También a nivel internacional, MERCOSUR, existen normas al respecto, por ejemplo la Resolución Nº 4/01, que precisa el Listado y Definición de enfermedades de notificación obligatoria entre estados partes del MERCOSUR. 74 Datos SINAVE. Notificaciones al SINAVE Años 1994-2003. Ministerio de Salud de la Nación. 75 Para identificar los centros así como los laboratorios pertenecientes al programa, consultar el Directorio en la página del Ministerio de Salud de la Nación. http://www.msal.gov.ar/htm/site/prog_PCI_vigilancia.asp 76 Cabe señalar que en marzo de 1996, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación dictó la Resolución 167/96 autorizando la producción y comercialización de la semilla, productos y subproductos derivados, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato de la línea 40-3-2, que contiene el gen CP4 EPSPS. De 1.750.000 has. de soja transgénica en 1997, se pasó en 2007 a 15,8 millones de has. La extensión de este tipo de producción llevó a que se utilizaran en forma creciente agrotóxicos. En la última campaña se están usando alrededor de 230 millones de litros de glifosato, 23 a 29 millones de litros de 2-4-D y cerca de 7 millones de litros de endosulfán, según el Ing. Lapolla: “Dialéctica de la Sojización y soberanía nacional”. Mimeo, 2007.

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Las funciones de cada uno de los organismos y jurisdicciones comprometidas, así como los instrumentos para el registro y notificación de los casos, se encuentran también normalizados e incluso se han realizado talleres nacionales en donde cada región ha identificado y evaluado los problemas de la implementación del sistema77. Para la mayoría de las regiones, los problemas principales consisten en la falta de personal calificado y la falta de notificación al sistema.

En Córdoba78, los Centros de Información Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) son:

1. Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. El responsable es el Dr. Eduardo Brocca. Dirección: Catamarca 441, Te. 0351-4276200. Dirección electrónica: eduardobricca@yahoo.com.ar 2. Servicio de Intoxicaciones del Hospital de Niños de la Provincia. La responsable es la Dra. Nilda Gait. Dirección: Bajada Pucará s/n. Te. 4586400. Dirección electrónica: turcatox@hotmail.com 3. Servicio de Toxicología de la Clínica Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba. El responsable es el Dr. Ricardo Fernández. Dirección: Oncativo 1290, Te. 0315 4512121. Dirección electrónica: rfernandez@campus1.uccor.edu.ar

Los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos (LACTs) son:

1. Laboratorio del Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. Responsable, la Dra. Susana Molina Barrios. Dirección electrónica: hospurg@tecomnet.com.ar 2. Laboratorio de Investigaciones Psiconeurofarmacológicas y Toxicológicas Prof. L. S. Morra. Responsable Dr. Cristian Hansen. Dirección Av. Sagrada Familia y Nazarteth 3º, Te. 03514813774. Dirección electrónica: morracba@agora.com.ar 3. Área Toxicología del Laboratorio centro del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba, responsable Dra. Graciela Suti. Dirección electrónica: rafaelbuteler@yahoo.com.ar 4. Laboratorio de Química Analítica de la Agencia Córdoba Ciencia, Unidad CEPROCOR. Responsable plaguicidas: Dra. Mirtha Nassetta; metales pesados: Dr. Raúl Bandini. Dirección: Álvarez Arenales 230 Bº Juniors, Te. 0351 489650 al 53. Dirección electrónica: mnassetta@cordoba.com.ar, rbadini@cordoba.com.ar

Otro Laboratorio reconocido por el Sistema es la Cátedra de Toxicología del

Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Responsable, Dra. Liliana M.Cancela. Correo Suc. 16, Casilla de Correo 61, Te. 0351 4680096.

Según la información proporcionada por los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) de Córdoba al Programa Nacional, la cantidad de consultas durante los años 2000, 2001 y 2002 fue79:

77 Cabe señalar que en 1999 se realizó en Montevideo el Primer Taller sobre el Uso Seguro de Plaguicidas en Países Miembros del MERCOSUR y Asociados, en donde se planteó la necesidad de realizar estudios epidemiológicos y, a instancias del Proyecto INTOX del Programa Internacional de Seguridad Química (OMS/OIT/PUMA), se propuso documentar la necesidad de utilizar la proforma única para el registro de casos de exposición y/o intoxicación por plaguicidas. 78 Para el resto de las provincias, ver Directorio en la página del Ministerio de Salud de la Nación-Programas Nacionales. 79 Información del III Informe Estadístico de Exposiciones a Tóxicos Registradas por los CIAATs de la República Argentina. Año 2002. Página del Ministerio de Salud de la Nación. Cabe señalar que este es el último informe que a mayo del 2008 se encuentra en la página.

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Hospital de Urgencias: 1108, 741 y 816 respectivamente. Hospital de Niños de la Provincia: NR, NR y 1142. Servicio de Toxicología de la Clínica Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba: no figura en el informe. Mientras los casos probables y confirmados de exposición/intoxicación para el año

2002 fueron: Hospital de Urgencias: hogar y alrededores 61%; lugar de trabajo 28%; institución de salud 0%; institución educativa 1%; espacio público 10%, otro y desconocido 0%. Hospital de Niños de la Provincia: hogar y alrededores: 70%; lugar de trabajo 1%; institución de salud 0%; institución educativa 14%; espacio público 16%, otros y desconocido 0%. Conforme al agente tóxico, los datos son: Hospital de Urgencias: medicamentos 19%, plaguicidas 8%, alimento/bebida 2%, producto veterinario 0%, producto agrícola 0%, producto industrial 4%, producto del hogar 29%, cosmético 0%. Por contaminación ambiental: 15%. Hospital de Niños de la Provincia: medicamentos 42%, plaguicidas 24%, alimento/bebida 6%, producto veterianario 0%, producto agrícola 0%, producto industrial 6%, producto del hogar 6%. Por contaminación ambiental: 15%.

¿Cómo intervino el Ministerio de Salud?

El primer interrogante desde nuestro punto de partida, el reconocimiento de la

afectación colectiva de la salud de los vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo, fue acerca de la existencia de algún sistema de seguimiento epidemiológico que permitiera alertar a las autoridades responsables de la salud de la población de este caso y/o casos similares en la provincia. Interrogada sobre el asunto, la Dra. Zigarán, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, informaba que en la provincia existía: “un sistema informatizado en base a nodos, el sistema SIBILA, de vigilancia de laboratorio, que tiene computadoras en cada hospital donde hay laboratorio y otros se cargan manualmente. Acá se carga en el registro provincial y después se informa a Nación”. También que existía un Registro provincial de tumores desde 199680, un Registro Oncopediátrico Nacional y que Córdoba tenía la capacidad como para hacer la comparación con otras provincias. Ninguna comparación entre casos de distintas jurisdicciones ni a nivel provincial fue informada a lo largo del análisis del caso por los informes del Ministerio, a pesar de constituir la comparación una operación clave en lo que a estudios epidemiológicos se refiere.

Respecto a la situación del barrio afirmaba: “En el barrio, lo llamativo era las leucemias, cáncer en la sangre. Lo puede describir mejor la oncóloga del Hospital de Niños, ella analiza los casos y la procedencia de los casos. En barrio Ituzaingó lo llamativo era la concentración de casos. Ahí se analiza caso por caso. Nuestra intervención es ver cuáles pueden ser las causas, ver si realmente existe el problema. Nos llaman por un problema del agua y tenemos que evaluar qué tipo de problema, qué solución”. Cabe reiterar que el

80 La información relacionada a este registro da cuenta de cierta desorganización del mismo. Creado en 1965, pareciera que recién comenzara a funcionar en el año 2003: “Se podría decir que algunas patologías estarían mostrando un perfil algo diferente en la provincia, pero como el nuestro es el primer registro de tumores a nivel provincial, en realidad todavía no hay datos nacionales confiables para comparar”, indicó Chuit (por entonces Ministro de Salud de la Provincia), “Y además, nuestro registro tiene sólo un año y medio de trabajo, y para hablar de una tendencia clara necesitaríamos contar, al menos, con datos de tres años”. http://www.estrella-azul.com.ar/boletines

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expediente iniciado por los afectados de Barrio Ituzaingó se caratula: “Asunto: NUMEROSOS CASOS DE LEUCEMIA. BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO”. Las prácticas no se inscriben dentro del sistema de vigilancia específico referido, tampoco hacen alusión a un plan de intervención en el que se reconozcan objetivos, metas, recursos, formas de seguimiento y control de su ejecución. También es llamativa la descripción de la guía de la intervención, la determinación de las causas de las enfermedades, desconociendo los desarrollos en torno a la incertidumbre y a la consideración de la gravedad de los daños, como criterios para establecer una intervención precautoria81.

En relación a las acciones desplegadas, la entrevistada señala: “Hay áreas que muestreamos nosotros y mandamos a analizar al CEPROCOR. En algunos otros temas le pedimos participación al área que tiene jurisdicción. A la gente de la Agencia Córdoba Ambiente, para evaluar industrias o ambientes contaminados, ellos hacen el muestreo. Algunos análisis los hace Córdoba Ambiente y otros los deriva al CEPROCOR, los de plaguicidas los hace el CEPROCOR. Ahora los análisis clínicos de evaluación de tóxicos los hace el Hospital San Roque, por ejemplo de un intoxicado por plaguicidas. También hay convenios con otras áreas, por ejemplo el Hospital Militar, para evaluar la conducción nerviosa del músculo que se altera por plaguicidas las derivamos al Hospital Militar”. Las acciones que desarrolla la intervención no se corresponden con el marco institucional vigente a nivel nacional, ni en sus procedimientos, ni respecto a las agencias del sistema de salud que supuestamente estarían abocadas la tema, salvo en lo que respecta a la participación del Hospital de Niños de la Provincia. Indagada respecto a la presencia de Endosulfán, DDT, metales pesados, al ejercicio de poder de policía que le compete a las autoridades, a las presentaciones a la justicia realizadas por los afectados del barrio y las Madres de Bº Ituzaingó, la funcionaria responde: “Eso es un lamento no sólo de las Madres. Hay una vecina que tiene hepatitis tóxica y le viven descargando las máquinas… La mejor ley es la de Santa Fe”. Indagada respecto de la responsabilidad legal que tiene el Ministerio por su actuación en el caso: “Lo que es difícil para el Ministerio nuestro es llegar a demostrar que esa aplicación tiene estos afectados; es difícil porque no se puede estar en el momento de la aplicación. Cuando empiezan a parecer problemas de salud, algunos crónicos, es una gran bolsa de gatos que no sabés cómo empezar a analizarla. En algunos casos llegan a hacer una hepatitis terrible, en otros no”. Es manifiesta aquí la falta de conocimientos técnicos indispensables como para enfrentar profesionalmente el caso.

Indagada acerca de la vinculación de la leucemia con la exposición a agroquímicos, la entrevistada afirmaba: “No precisamente. Fuimos sacando casos de acuerdo a lo que nos decía la médica. El chico de barrio Altamira se sacó, entonces quedaban 4 casos a lo largo de 6 años. La cuestión de que la tasa de incidencia para Córdoba Capital de leucemia es un caso cada 100.000, no superaba lo esperado, pero lo que llamaba la atención era la concentración, todos en la misma cuadra. Por eso se pidió que la Agencia Córdoba Ambiente analizara toda la cuestión ambiental, suelo, aire, agua, cables, la deriva de la fumigación, se hicieron análisis con papeles impregnantes para ver la distancia a la que llegaban las gotas de la deriva...”.

Frente a esta enumeración, la pregunta se dirige a que confirme si los resultados de los análisis negaban la posibilidad de que algo ocurriera en el barrio con la salud de la población: “No, no, yo… me acuerdo de que se analizaron los tanques, se pudo ver una historia de los productos que pasaron pero no podés relacionarlo con la cantidad digerida, a lo mejor el tanque lleva 3 o 4 años concentrando productos. No podés hacer una relación. Sí, no era lógico encontrar esos productos. Y encontramos metales pesados en el suelo, los 81 Ver más adelante los desarrollos respecto al principio precautorio y su incidencia en la definición de responsabilidades y de políticas públicas.

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metales pesados daban elevados. Hemos ido incluso a muestrear el canal, fuimos a la refinería, la municipalidad también, una fábrica de plásticos, habría que investigar qué fuentes hay cerca… qué pueden emanar. Hay olores tremendos.” Llama la atención la insistencia en la realización de análisis de sustancias y no en los afectados.

En relación a los recursos humanos que fueron destinados para la intervención: “ Intervino el Programa de Salud Familiar que hizo el relevamiento y un centro de atención, hasta ese momento no había dispensario en el barrio. El programa estaba diseñado para el gran Córdoba pero ahí empezó a trabajar en la ciudad, empiezan a relevar los casos y ponen un centro médico. Cuando empieza a trabajar la municipalidad ya nosotros dejamos de hacer un seguimiento de los casos y tanto Salud Familiar como el dispensario tienen que notificar casos nuevos. Operativamente dejamos de estar en el barrio, no sé si está Salud Familiar todavía”. La provincia no contaba por entonces con un equipo de salud especializado, ni reconocía los procedimientos y herramientas establecidos a nivel nacional para el tratamiento en casos de contaminación. También resulta clara la forma de relación entre las jurisdicciones: no hubo una acción concurrente destinada a resolver el problema.

Indagada acerca de si finalmente evaluaron que el barrio no era una zona de riesgo, las declaraciones de la funcionaria no permiten dilucidar si fue así o no y tampoco quién tiene la responsabilidad de determinarlo: “El Ministro nuestro cuando intervino la municipalidad dejó que la jurisdicción (la Municipalidad de Córdoba) siguiera trabajando. Nosotros, en el caso que se compruebe, se le pide a la jurisdicción el restablecimiento inmediato de la situación ambiental. Tenemos que fundamentar lo que está pasando, se va con el Ministerio que corresponde... Nosotros hicimos todo lo humanamente posible para llegar a esclarecer la situación de barrio Ituzaingó, llenar el vacío de la jurisdicción. No tenían acceso, no tenían transporte, trasladábamos los chicos en auto para que se hagan la quicio (sic), los casos de tumores de mama, de próstata. Hay problemas en Parque Capital, San Vicente, Juniors, en todos los barrios que hubo transformadores con PCB se hicieron, en todos, relevamientos, se sacaron casos, enfrente de un trasformador dos murieron de cáncer de estomago. ¿Cómo hago?… Hasta en Capilla del Monte hay unos transformadores con PCB. EPEC se puso las pilas cuando se lanzó el Programa Córdoba libre de PCB. Con el CEPROCOR se hicieron muchísimos estudios, se pagaron muchísimos estudios, todos cobran”. Cabe destacar que el restablecimiento inmediato de la situación ambiental es una disposición constitucional que involucra a todas las jurisdicciones estatales y que por lo tanto obliga a una labor mancomunada. También que para la realización de estudios, conforme al programa nacional existente, los laboratorios deben realizarlos, no especificándose el tema de los costos, que conforme a las declaraciones de la funcionaria corren por cuenta de cada repartición, lo que reenvía a una preocupación por el funcionamiento efectivo de dicho programa.

Indagada acerca de la realización de estudios sobre la salud de la población en cuestión, la funcionaria acota que: “Se deben buscar biomarcadores pero de acuerdo a los indicadores ambientales; para determinar problemas ambientales deben correlacionarse con los indicadores… si vas a buscar plomo o mercurio, podés elegir un marcador como los glóbulos rojos, tiene que correlacionarse con factores ambientales”. Lo que no se explicita es por qué no se realizó este tipo de estudios desde el Ministerio de Salud, salvo en el caso de los análisis de leche materna en relación a la presencia de PCB: “Hicimos el estudio que había que hacer con las madres recientes, para hacerles análisis de leche y no nos dio ningún resultado, todos negativos. Si había estado en el transformador, no llegó a la magnitud, al menos en esas madres. En un barrio no es fácil encontrar una cantidad, buscábamos leche materna, no hay otra excreción. Habían pasado meses desde que se sacó el transformador”. Conforme a las declaraciones de las Madres, sólo se realizaron estudios de leche materna en dos madres del barrio, lo que fue denunciado por su irrelevancia por las Madres.

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En relación al resultado de la experiencia para la Dirección de Epidemiología, señala: “Como todo se hace camino al andar, aprendimos a trabajar junto a Agricultura, con otros programas. Teníamos para tomar medidas de un carácter explosivo cuando el problema estaba instalado en un barrio de forma crónica. Hemos hecho canales de comunicación permanentes para trabajar con los municipios. No podés intervenir sobre la jurisdicción de otros, no puedo intervenir y decirle que sacrifiquen la vaca porque tengo un caso clínico. Tenés que decirle que este caso clínico corresponde a esto y ellos tienen que actuar”.

Un rol protagónico en la intervención del Ministerio de Salud, lo ocupó el Área de Planeamiento, por entonces a cargo de la Dra. Bressan. Entrevistada acerca de la modalidad de intervención, afirmaba que la respuesta inmediata fue la realización de un relevamiento: “Viene un vecino preocupado, llamándonos la atención de que ellos creen que se enferman porque algo pasa en el barrio, eso es la constante de esta práctica ciudadana la cual es absolutamente valiosa. Habían detectado que existían enfermedades tumorales, estaban asustados y querían que alguien mirara por ellos, porque había enfermos. Inmediatamente intervenimos con un plan estratégico epidemiológico de intervención, para constatar qué existe realmente. A veces hay una sensación sentida. Se fue a constatar que los enfermos existen. Al día siguiente se fue al barrio a constatar que los enfermos existen y que tiene la enfermedad que dicen tener” 82.

De acuerdo al informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba “Resumen de las acciones realizadas por el Gobierno de Córdoba en Bº Ituzaingó Anexo, Febrero 2002 - diciembre 2003”, dicho relevamiento fue realizado casa por casa por 320 personas pertenecientes al Equipo de Salud Familiar, personal del programa del mismo nombre que por entonces se encontraba en desarrollo en el Ministerio. Se encuestaron 4.908 personas. Se detectan patologías banales, crónicas, hematológicas y oncológicas. En cuanto a las patologías banales y crónicas (respiratorias, digestivas, de piel, cardiovasculares, metabólicas), se afirma que se presentan en número esperable para la población en general. En cuanto a las patologías hematológicas, oncológicas, inmunológicas y endocrinológicas, se desagregan por ser las que pueden estar influenciadas por factores ambientales. En este desagregado se encuentran: 5 casos de leucemia linfática aguda, dos casos de linfoma, tres casos de púrpuras y 4 casos de anemia. También se reportan 3 fallecimientos por linfoma y uno por leucemia linfática.

El primer informe concluye que “la distribución de los afectados, al ser georeferenciada en el mapa del barrio, muestra un manchón epidemiológico, con 11 casos de pacientes con enfermedades oncológicas habitando en cuatro manzanas contiguas, lo cual motiva a continuar con las investigaciones”83. Sobre el tema afirmaba la Dra. Bressan: “El Ministro es epidemiólogo y sanitarista. Le llevamos los registros muy rápido en una semana. El Doctor (Ministro Chuit) lo tomó y dijo que lo tenemos que referir a la geografía del lugar. Habíamos puesto el famoso mapa de la muerte (presentado por los vecinos) y nosotros hacemos el mapa eidemiológico para ver los cluster y el Doctor (Ministro Chuit) dice: efectivamente hay un problema en cuatro manzanas, un número importante de patologías linfoproliferativas y displacias sanguíneas. Cada patología tiene una tasa por año, la medicina epidiemiológica dice cuántas hay y cuántas debe haber. Entonces, ¿qué ocurría? Porque nosotros decimos, el problema existe y acertamos, porque las enfermedades son las linfoproliferativas y las tres son del ambiente. En cuatro manzanas están agrupadas. Algo pasa en esas cuatro manzanas. Intervengan en las cuatro manzanas (dice el Ministro),

82 Entrevista a la Dr. Alicia Bressan, a cargo del Área de Planeamiento de la Secretaría de Salud del Ministerio. 2006. 83 Informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba “Resumen de las acciones realizadas por el Gobierno de Córdoba en Bª Ituzaingó Anexo, Febrero 2002-diciembre 2003”.

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entonces realizamos un segundo relevamiento para conseguir datos precisos acerca de las patologías en el barrio”84.

Se realiza entonces un segundo relevamiento. Éste es específico sobre las manzanas donde se concentra el mayor número de casos, el “manchón epidemiológico” detectado. El instrumento se dirige a recabar casos de: patologías hematológicas (púrpuras, anemias), se encuentran 13 casos; linfomas, 6 casos; leucemia, 14 casos; cáncer (distintos tipos), 66 casos. En total se informan 109 casos de las patologías investigadas.

A partir de la documentación relevada, se identifica más información sobre el tema en un informe presentado por al Secretaría de Salud al Presidente de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de la Provincia denominado: “Relevamiento y diagnóstico del estado de salud de Barrio Ituzaingó Anexo”. En el mismo se detalla que fue realizado por integrantes de la Dirección de Epidemiología del Ministerio, un equipo interdisciplinario del Hospital Misericordia, y con la colaboración del Equipo Interdisciplinario de Salud Familiar. El área de este relevamiento incluye 189 viviendas en 9 manzanas, un total de 488 casos de adultos. También detalla que para la realización del mismo no se contó con instrumentos específicos, sino que se utilizaron las planillas del Equipo de Salud Familiar. De la reunión preliminar a la que concurren las familias más afectadas, el informe destaca que han percibido “al grupo con una gran carga de angustia y ansiedad, exigiéndonos solución inmediata de la problemática existente. Nos resultó difícil explicar nuestro objetivo ya que la gente posee mucha formación en base, por la cual requieren respuestas y soluciones inmediatas por riesgos de salud. Concluye la reunión con un acuerdo de aceptación y participación en la modalidad de trabajo acordada”.85

También se inició la búsqueda de las historias clínicas y antecedentes de los afectados, solicitando a los especialistas tratantes, vía expedientes caso por caso, “la certificación de la patología, los estudios efectuados, así como su opinión fundada acerca de las posibles causas (...) dicha información se encaró especialmente para reunir todos los antecedentes de las personas presentadas como querellantes ante la justicia, por lo que se acompaña mapa georeferenciado de los querellantes, y un plano general con la localización de todos los afectados”86. Cabe señalar aquí que las querellas presentadas a la Justicia Federal incluían bajo el cargo de mal desempeño de funcionario público al Ministro de Salud de la Provincia. Tal vez la superposición de criterios médicos y judiciales pueda estar relacionada con este hecho.

En lo que respecta a la existencia de vinculaciones entre las enfermedades y el problema de contaminación en el barrio, la Dra. Bressan refería: “Vos tenés los datos, después empieza la confirmación de los datos, a desagregar las patologías, y te quedás con las patologías que se relacionan con el ambiente, no solamente las tumorales, linfomas o displacias sanguíneas, anemia, púrpuas, sino de piel, respiratorias”.

En base al último documento referido y en relación a las patologías, los casos confirmados con diagnóstico, domicilio y patologías actualizados eran: cinco casos de leucemia linfática aguda, un caso de leucemia mieloide aguda y un caso de leucemia mixta; cinco casos de púrpura, tres casos de lupus, dos casos de linfomas, dos casos de “Hodking”, once casos de cáncer de mamas y seis de otros tipos de cáncer y cuatro casos de anemias87. Conforme a esta enumeración, se identifican 40 casos.

Asimismo, cabe destacar que en este informe no figuran patologías leves propias del problema de contaminación tales como alergias, afectaciones en la piel, trastornos en la respiración, etc. El informe señala que la comunidad demanda “soluciones concretas y

84 Idem nota 76. 85 Informe Relevamiento y diagnóstico salud en Ituzaingó Anexo, agosto- septiembre 2002. 86 Idem nota 76. 87 Para estas otras patologías, también las tasas superan ampliamente los indicadores de la OMS.

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análisis específicos (PCB en tejido graso)” y que “encontramos coincidencia en los casos que la comunidad denunció al ministerio en su momento”.

En relación a los problemas de salud, el informe destaca: la falta de accesibilidad de la población a los centros de salud vecinos, ya que el barrio no cuenta con centro de salud, la dificultad de acceso a los hospitales por el costo del transporte, la falta de control y el seguimiento de patologías crónicas por problemas económicos, la situación de desempleo en la que se encuentra gran parte de la población, así como el escaso tiempo tenido por el equipo para atender las demandas. Como se desprende de la información presentada, la principal cuestión es la confusión sobre el número de casos reconocidos por el Ministerio que oscila entre 16, 40 y 109. Cuadro de casos conforme a distintos relevamientos

Casos identificados

y denunciados por las Madres de BIA 19/2/02

Casos identificados por el Ministerio de Salud de la Provincia en el 1º relevamiento (4.908 encuestados)

Casos identificados por el Ministerio de Salud de la Provincia en el 2º relevamiento (488 encuestados)

Leucemia linfática

4 enfermos 2 fallecidos

5 casos 1 fallecido

Leucemia 1 fallecido 14 Púrpura 2 enfermos 3 casos Linfoma 2 casos

3 fallecidos 6

Hodking linfático

1 fallecido

Anemia hemolítica

2

Anemia 5 4 Cáncer de médula

1

Lupus 2 enfermos Patologías hematológicas

13

Distintos tipos de cáncer

66

Total 20 18 109

En lo que respecta a las relaciones interinstitucionales, la funcionaria entrevistada solicita y recibe informes del ERSEP, CEPROCOR, Agencia Córdoba Ciencia, Agricultura, sobre PCB, plaguicidas, etc. Solicita junto a estas reparticiones la realización de distintos tipos de estudios, la incorporación de la red de agua a la red de la ciudad, el cese de la fumigación, el retiro de los transformadores y encara la limpieza de 400 tanques de agua domiciliarios: “Intervenís, sacás los problemas, después investigás. El agua puede o no estar contaminada pero se pone agua de red, se retira el transformador, después te ponés a investigar. Si el enemigo lo tenés probablemente cerca lo tenés que sacar. Se habla con los de

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los campos vecinos para que no fumiguen, el primer paso, después tenés tiempo para que te analicen el aire, a medida que te van llegando los análisis vas viendo”88. En lo que respecta a la lectura de los resultados de los estudios, la Dra. Bressan afirma: “El resultado es que hay un cóctel de contaminantes. El desencadenante de las patologías son cócteles de tóxicos ambientales que aisladamente ninguno es preocupante. El examen de la leche dice que es apta para el uso pero si sumás al usuario de todas las cosas. (...) ¿Qué pasa con Ituzaingó?, hay un cóctel” 89. Sin embargo, la funcionaria afirma: “En el barrio no podés decir eso porque para la práctica ciudadana el motor es el miedo, entonces no podés decir todas las enfermedades porque el miedo se multiplica, por eso chequeamos y todo lo demás. A veces hay una desarticulación en la información porque no es saludable que la información se traslade... tenés que trabajar con el conflicto”. En lo que respecta a las cuestiones asistenciales en salud, se instala en el barrio un servicio de oncología y psicólogos, destinados a hacer frente a la atención de las patologías relevadas. Nuevamente el tema de la causalidad entre patologías y agentes contaminantes se presenta de forma confusa: “Hay algunas que sí están relacionadas con el plomo, otras son multicausales. La multicausalidad es en la mayoría de los casos por lo que uno se enferma. Sí se puede determinar tal patología con tal patología en la piel, se puede hacer una determinación muy precisa. La multicausalidad, hay montones de publicaciones sobre la multicausalidad. Los metales pesados, el cromo, hay un nivel que es incompatible. Cada uno de ellos depende de la forma de absorción, todo está escrito. Nadie disipa responsabilidades, al contrario, es lo que debe decirse. Algunas cosas son causa casi directa, causa-efecto” 90. Otra de las acciones que se realiza es la limpieza de los tanques domiciliarios: “Salud limpió 400 tanques… después te aseguro que nadie limpió los tanques de nuevo, la actitud individual es carente porque es la responsabilidad del autocuidado, es de la persona. Fuman, queman plásticos, contamina mucho más el cigarrillo. Todo esto va sumando a la contaminación ambiental. Los tanques son responsabilidad individual. Nosotros para que podamos despejar en esto del intervencionismo epidemiológico limpiamos los taques y todo lo demás” 91.

Como señaláramos más arriba, para el año 2003 la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba a cargo del Ing. Santiago Reyna, realiza una Auditoría externa. Conforme a los documentos, la misma es solicitada por la Agencia Córdoba Ciencia; conforme a la Dra. Bressan, es solicitada por el Ministerio de Salud y es para determinar la habitabilidad del barrio.

La Auditoría concluye: “A modo de síntesis, se puede afirmar que los contaminantes de importancia resultan ser el arsénico y los plaguicidas: endosulfán en el limite de la cuantificación y heptacloro. Al parecer la ruta de mayor importancia es el suelo, pero debería evaluarse la ruta atmosférica y el polvo en suspensión. En el caso del arsénico los niños constituirían una de las poblaciones de riesgo debido a que la ruta más relevante es el suelo por su contacto y posible ingestión de suelo que se estima entre 150 mg/día. Las mujeres en edad reproductiva representarían al segundo grupo en riesgo ya que el arsénico es capaz de traspasar la barrera placentaria causando efectos fetotóxicos. Es de importancia determinar la biodisponibilidad del arsénico presente en suelo ya que en función de ello se pueden ajustar los valores de norma. En función del análisis de los estudios realizados, sobre la base de lo provisto a esta auditoría, no se han encontrado indicadores que muestren que el

88 Idem nota 76. 89 idem nota 76. 90 idem nota 76. 91 idem nota 76.

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barrio es inhabitable. Estas conclusiones presuponen el mantenimiento de las medidas de control ya generadas y la ejecución e implementación de un plan de gestión ambiental”92.

Llama la atención que de los resultados de la realización de la auditoría, en la que no intervino ningún profesional de la salud, el Ministerio concluya en su Informe sobre acciones 2002-2003: “No existen contaminantes ambientales que pudieran a priori afectar la salud de las personas, ya que se puede emitir juicio del factor agua y del factor atmósfera como habitables; en tanto que los factores contaminantes encontrados en suelo, atmósfera y agua, que habiéndose removido su fuente y no encontrado cantidades apreciables implican también habitabilidad”93.

Sin avanzar en la determinación del daño de los 106 casos de patologías reconocidos a fines de 2003, el Ministerio reduce su intervención a la realización de una “vigilancia epidemiológica”, según la Dra. Bresan: “A partir de la intervención no se han presentado nuevos casos. Ahora interviene la municipalidad. El Ministro es el responsable de la salud de todos los ciudadanos de la provincia pero los barrios son de la municipalidad (sic). Ellos determinaron una nueva encuesta con el Dr. Schinder, pero no nos han dado nada a nosotros. Nos gustaría recibir información”. La intervención del Poder Ejecutivo municipal Marco legal de la jurisdicción municipal

En el año 1980, las autoridades por entonces de facto del municipio de la ciudad de Córdoba, sancionan la Ordenanza 7.104, que en su Art. 2º establece: “DECLÁRASE de interés público, a los fines de su manutención, defensa y mejoramiento, a todos los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales, con todos sus elementos constitutivos que por el valor que ellos encierran o representan, sean aptos para estimular la riqueza nacional, provincial y comunal en orden a la cultura, a la ciencia, a la técnica, a la recreación y particularmente en beneficio de la óptima calidad de vida dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba”.

La innovación institucional incorporaba criterios de avanzada en la gestión ambiental. En su Artículo 22, la Ordenanza facultaba a promover estudios, mantener un sistema de información ecológica “y sobre la base de estos estudios y cualquier otra fuente de información reconocida, llevará un catastro continuo de los problemas ambientales, auspiciando reuniones técnicas entre el municipio y cualquier otro organismo nacional o provincial, realizando los convenios que a tales fines fueran necesarios”. En el Artículo 23 establecía que el Departamento Ejecutivo propiciará todo tipo de acción destinada a difundir los preceptos de la presente Ordenanza y toda acción destinada a contribuir a la formación de la conciencia ecológica del ciudadano y a su activa participación en la solución de los problemas ecológicos. Desde el Artículo 26 hasta el 39 disponía Medidas preventivas y Penalidades. Por ejemplo, el Artículo 27 atribuía al Departamento Ejecutivo la posibilidad de “prohibir temporalmente toda actividad que prima facie sea origen de algún tipo de contaminación o degradación del ambiente”. En relación a las penas, el Artículo 31 disponía que las violaciones a las disposiciones de esta ordenanza serán penadas con multa, arresto o clausura temporaria y también que “podrá ordenarse el comiso de cualquier elemento contaminante de acuerdo con lo establecido por esta Ordenanza, y como sanción accesoria procediéndose de inmediato a la destrucción de los elementos decomisados”.

92 Auditoria ambiental y programa de gestión ambiental para Barrio Ituzaingó Anexo. Segundo Informe página 70. Cátedra de Ingeniería Ambiental Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC. Octubre de 2003. 93 Informe ya citado del Ministerio sobre acciones 2002-2003.

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En septiembre de 1999 se sanciona la Ordenanza 10.099 de Conservación, Protección y Desarrollo del Ambiente que abroga la anterior, instituyendo nuevas perspectivas tanto en lo que respecta a la consideración del ambiente como a su gestión. En este último sentido crea un sistema permanente de información y monitoreo, un registro público de mediciones relativas al ambiente, promueve y conserva el desarrollo de un cinturón verde urbano, establece y mantiene actualizado un registro, tipificando y categorizando las fuentes fijas de contaminación ambiental localizadas dentro del ejido urbano, promueve la reconversión tecnológica progresiva en los procesos de producción y comercialización, para controlar, prevenir o minimizar la contaminación del agua y del suelo y subsuelo, en coordinación con otras dependencias Municipales o Provinciales. En relación a los plaguicidas, se destacan los Artículos 94 y 95. De acuerdo al primero de ellos, y dentro de sus facultades y en coordinación con las Autoridades Provinciales competentes en la materia, autoriza y controla la exhibición, comercialización y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en la ciudad de Córdoba. Asimismo establece los requisitos para la fabricación, fraccionamiento, aplicación, distribución y gestión de dichas sustancias en general. Por su parte, el Art. 95 establece: “El municipio no otorgará autorizaciones para el expendio y utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas dentro del ejido municipal, cuando su uso esté prohibido en el país de origen”. Especialmente significativa es la introducción del concepto de riesgo. Así, el Artículo 96 afirma: “El desarrollo de las actividades consideradas riesgosas, nocivas o peligrosas por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o al ambiente, se deben adecuar a los principios, objetivos y criterios dispuestos por esta Ordenanza...”. De esta manera, la normativa incorpora los avances en materia de prevención ambiental; la tutela se refuerza para evitar daños. De este manera se promueve la tipificación y categorización de las actividades industriales o asimilables, que puedan considerarse riesgosas, nocivas o peligrosas, para ajustarse a la nueva normativa y se prevén adecuaciones en las ordenanzas de usos y ocupación del suelo urbano así como la integración de éstas al registro de las fuentes de contaminación ambiental ya creado. También una referencia especial merece el articulado referido a la Participación Social, que por su relevancia para el análisis son citados inextenso:

“Artículo 114º.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir libremente información referida al estado del ambiente de la ciudad, a las acciones que en materia de política ambiental el Municipio realice y a los Registros, Inventarios u otra base de datos establecidos en la presente Ordenanza y en otras normativas vigentes. Artículo 115º.- El Gobierno Municipal promueve la participación efectiva de los vecinos en la formulación de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos en acciones de información y vigilancia y, en general, en las acciones que en materia ambiental se desarrollen para el cumplimiento de la presente Ordenanza”.

Por último, en relación a las medidas de seguridad a adoptar, la ordenanza dispone:

“Artículo 120º.- La Autoridad Municipal Competente ordenará el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes, y toda otra acción necesaria, en los términos de la normativa en vigencia, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, situación de contingencia ambiental o de contaminación con repercusiones peligrosas para el ambiente y sus sistemas o sus componentes, o para la salud pública. El Municipio procederá a la desnaturalización, neutralización o eliminación de los elementos o sustancias contaminantes decomisadas, con cargo para los responsables,

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cumplimentando las disposiciones vigentes, según las características y naturaleza y peligrosidad de tales elementos o sustancias. Artículo 121º.- El municipio, como medida de seguridad, queda facultado a suspender las autorizaciones o permisos otorgados o clausurar temporalmente los establecimientos por un plazo no mayor a quince (15) días, cuando, previa inspección sumaria de la Autoridad Municipal Competente, se adviertan indicios de deterioro o contaminación ambiental...” Más allá de las irregularidades respecto de la sanción de esta normativa -cabe señalar

que no hay registro de su publicación- y del intento de veto de la misma por parte del Ejecutivo, la misma constituye un vasto marco organizativo de las acciones a desarrollar técnicamente vigente94. De la inacción a la acción

La Municipalidad de Córdoba contaba para el año 2002 con instituciones tales como la

Dirección de Planificación Ambiental y, como hemos señalado, con instrumentos de gestión previstos y procedimientos para actuar frente a problemas de contaminación o degradación ambiental. Sin embargo, las autoridades municipales, durante sus primeras actuaciones en el caso, no acudieron a ellos. Las primeras acciones del Concejo Deliberante se orientaron a generar legislación específica.

En abril de 2002, la Concejal Taquela (Frente Grande) presenta un proyecto de Ordenanza para declarar la Emergencia Sanitaria Municipal en B° Ituzaingó, aduciendo “el reconocimiento del Ministro de Salud de la Provincia de la existencia de una altísima tasa de casos de leucemia en el barrio”, a lo que se agregaban otras patologías no menos importantes. Ello ameritaba la urgente adopción de medidas de excepción, enmarcándolo en el principio de precaución ante la posible afectación de la salud humana.

La Ordenanza 10.505 declara en su artículo primero la Emergencia Sanitaria Municipal en Bª Ituzaingó Anexo y dispone la realización de un censo de patologías como leucemia, anemias hemolíticas, entre otras. También la habilitación en el barrio de “un centro de información a los vecinos sobre las medidas preventivas y acciones que se ejecuten en resguardo de la salud de los mismos”. En lo que respecta a los organismos provinciales, el Departamento Ejecutivo Municipal anuncia que “articulará en forma inmediata las medidas a adoptar”.

Posteriormente se sancionan dos ordenanzas. Una de ellas, la 10.590, que prohíbe “la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea de los mismos cualquiera sea su tipo y dosis a menos de 2.500 metros de cualquier vivienda o grupo de viviendas de Bº Ituzaingó Anexo”. Dicha ordenanza se establece como medida temporal de excepción y reviste carácter de orden público. Al mismo tiempo indica que la infracción a la misma será sancionada conforme a las disposiciones de la Ordenzanza 10.099, Código de Protección del Medio Ambiente y del Código Municipal de Faltas. También se sanciona la Ordenanza 10.598, que prohíbe la fumigación aérea en todo el ejido de la ciudad de Córdoba95.

94 Daniel A. Sabsay y otros: Elaboración participada del proyecto de Código Ambiental para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Bs. As., Abril 2007. 95 Cabe mencionar que la determinación de un radio de protección a la población llegó a constituir en Argentina un ejemplo de políticas precautorias frente a los efectos de los agroquímicos sobre la salud de la población. Ramirez, O.: “El principio de precaución: la certeza de la incertidumbre. ¿El caso de la aplicación de plaguicidas en áreas periurbanas argentinas?”. En Revista Theomai. Estudios sobre sociedad y desarrollo. Nº 16, 2007.

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La sanción de estas ordenanzas reenvía al problema de su efectiva aplicación a fin de poner límites a los fumigadores, exigiendo una inminente actuación del poder público para obligar a su cumplimiento. Ante el hallazgo de metales pesados en los tanques de agua del barrio, Sofía Gatica, integrante del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, afirma: “ahora esperamos que efectivamente se apruebe la ordenanza del Concejo Deliberante que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres en el barrio, que la norma se cumpla y que haya alguien que efectivamente la haga cumplir, porque muchas veces eso no pasa”.

A pesar de lo establecido respecto al control y con el agravante de la declaración de emergencia sanitaria96, la gestión del Intendente Kammerath se caracterizó por la omisión. En la siguiente gestión municipal, las autoridades asumieron un rol más activo en el tratamiento del problema. Relevante para el caso bajo análisis es la nueva articulación que se propone entre Salud y Ambiente en la primera etapa de la gestión, reuniendo a las agencias destinadas a cada tema bajo una misma dependencia: la Secretaría de Salud y Ambiente Primera intervención de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba

La entrevista con la Bióloga Diana Rabb, por entonces a cargo de la Dirección de Ambiente del municipio, nos permite reconstruir los criterios y las acciones desarrollados en lo que denominamos la primera intervención de la municipalidad en el caso, para diferenciarlo de la segunda etapa, caracterizada por la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en septiembre de 2006.

Si bien ya existían numerosos estudios y relevamientos realizados por las autoridades provinciales, que indicaban la presencia tanto de sustancias tóxicas como de enfermedades, la primera acción es el intento de conformación de una comisión con todos los actores: “Lo primero que generamos o quisimos que sea, fue un espacio donde participaran todos los que pasaron por Ituzaingó para ver qué es lo que hay que hacer, no porque no se hayan hecho cosas, sino porque lo que se hizo no alcanzaba para responder qué estaba pasando. Este espacio no funcionó, hubo gente que no puso todas las cartas sobre la mesa y hubo gente que puso simplemente lo que quería poner, no se puede manejar un espacio en el que no se pongan todas las cartas sobre la mesa”.

A las dificultades para la gestión política del caso se suman las dificultades técnicas, la prevalencia del criterio de causalidad para la definición de la intervención y, lo que es más grave aún, la negación de que podría estar ocurriendo algo en el barrio: “Las Madres hablan de tantos enfermos, de tantos muertos, que en realidad en ningún lado estaban reales (sic). En esa comisión, las listas de las Madres y las de enfermos en hospitales provinciales no concordaban… Las Madres eran dueñas de sus listados, los hospitales eran dueños de sus listados, el registro civil era dueño de los muertos... Ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era un censo, un relevamiento que nos diera de qué estábamos hablando realmente, porque estamos hablando de cuestiones ambientales, pero el punto es efectos de salud que los estamos haciendo concordar con temáticas ambientales. Si nosotros no corroboramos que los muertos y enfermos de qué estaban muertos y enfermos, era imposible buscar algo en el ambiente (…) pero en definitiva PCB había en toda la ciudad, fumigaciones había en todo el borde la ciudad, o sea, no eran factores que estaban sólo ahí, que no nos digan que pasó ahí porque ahí estaban...”. Cabe recordar que la normativa municipal vigente ya había incorporado el criterio de riesgo y promovía la aplicación del poder de policía ante “indicios” de contaminación o degradación ambiental.

La búsqueda de la causalidad como orientadora de la estrategia, lleva nuevamente a la proliferación de estudios y desaciertos, al desplazamiento del problema y su resolución: “Por 96 La declaración de emergencia por parte del estado implica la suspensión de medidas restrictivas a su accionar, ya sea por el respeto a derecho individuales o por normativa existente, en pos de la utilidad pública.

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eso empezamos con esta tarea de diseñar los estudios; a mí que me tocó observar la parte ambiental, necesitaba saber qué estaba buscando (...) hay hechos puntuales de cosas que se hicieron desde acá, como estudios del Observatorio Ambiental, hay un montón de acciones hechas, pero no planificadas, no servían para reconstruir lo que estaba pasando. También se hizo lo que fue toda la historia del barrio, un taller de historia oral donde aparecieron cosas no comprobables pero que nos sirven mucho, dónde había campos, dónde había canales de riego, como para mapear el barrio. Pero en definitiva la problemática que tiene el barrio es que no estamos preparados para situaciones tan complejas”. Es esta evaluación la que según la entrevistada lleva a convocar al doctor Schinder, médico epidemiólogo, por sus conocimientos en el tema.

Indagada acerca de la normativa constitucional y legal que exhorta a las autoridades públicas a la reparación del daño, la Lic. D. Rabb pregunta: “¿Cuál es el daño?”. Conforme a su entender, la no correspondencia entre los listados de los distintos actores intervinientes era un factor que le impedía hablar de daño “real”: “el primer dato que necesitábamos es ése (una tasa elevada de enfermos). Cuando llegamos, entre el listado que tenían las Madres y el listado que teníamos acá..., vos para hablar de una tasa tenés que tener las personas reales, las personas muertas, ¿y vos la comparás con qué a esa tasa?...”.

Tomando como referencia la legislación vigente en lo que respecta a la corresponsabilidad de los causantes por el daño, tanto privados como públicos, la entrevistada define su posición al respecto: “Ok, somos todos co-responsables. A mí no me interesa encontrar responsables sino soluciones, me interesa saber si puede seguir viviendo en el barrio. Las responsabilidades las discutamos después. Mi juicio con SENASA por el DDT (en Barrio Alta Córdoba) está en tribunales y no sé cuánto tiempo va a estar, pero yo al DDT no lo tengo ya en Alta Córdoba. Ésa es mi principal función como agente sanitario ambiental. Porque si no seguimos discutiendo quién es el culpable y tenemos más daño, más culpables. No me interesa encontrar los culpables sino lo que estoy buscando, que es esto (?)…No me quiero meter con la tasa de morbilidad porque eso es de salud, no es mi tema, sino ambientalmente. (...) Porque en ambiente vamos trabajando, no es que hacés un muestro general. Yo quiero seguir hasta encontrar lo que estoy buscando, encontrar lo que yo considero que puede causar un daño. Se planteó problemas con el agua, se cambiaron los tanques y se puso agua corriente. Se van eliminando los problemas, lo que no quita que eso haya sido el factor del problema”.

En este punto interesa resaltar la coincidencia de esta posición con la de la funcionaria del Ministerio de Salud, Dra. Bressan. La autocomprensión del problema las lleva a actuar, por un lado, eliminando las que consideran posibles causas de la contaminación; por otro, realizando análisis sin tener en claro qué se está buscando. Interesa destacar que la práctica no necesita aclarar si existe contaminación o no, si existen afectaciones a la salud, no se detiene a definir como autoridad la existencia de contaminación y de problemas de salud en la población; para ello sí necesita pruebas, a pesar de que en ambos casos se han realizado relevamientos y tomado medidas como la declaración de emergencia sanitaria. La indeterminación del problema no sólo es grave en tanto tiene efectos sobre el reconocimiento de derechos vulnerados a la ciudadanía, sino que resta racionalidad a la intervención. ¿Cuál es su fin?, ¿cuál es la combinatoria de recursos que se define para alcanzarlo? Otro de los estudios que realizaron fue para determinar la presencia de agroquímicos en el aire: “En este momento tenemos colocado un equipo que retiene el particulado respirado. Se trabaja con un sistema de filtros, para hacer un análisis de presencias de orgánicos en el aire, de los agroquímicos, etc., y vamos a buscar metales. Esto es un trabajo que se hace colocando el aparato y cambiar de días, horas, etc., para tener una muestra representativa porque no siempre se fumiga”.

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También para esta funcionaria es relevante el tema de la difusión pública de la información: “Vos me estás grabando y si esto sale mañana tengo pánico en el barrio, que ése es otro tema que yo tengo que lograr como Estado, contener también en qué estoy trabajando. Yo estoy trabajando pero mis hipótesis las tengo que trabajar con cautela porque tengo una de mínima y otra de máxima, y la máxima genera pánico. Como Estado yo también tengo la responsabilidad de la calidad de vida de la población en el sentido de qué voy comprobando y no el sentido de las cosas que yo voy pensando que pueden pasar en ese lugar y que yo las tengo que manejar como hipótesis”.

Una mención especial merecen las condiciones en las que encontraron la institución cuando asumieron: “No se trabaja con la mejor rapidez; yo cuando asumí acá Ambiente estaba destruido, primero hubo que reconstruir la estructura estatal, no nos olvidemos de dónde venimos. La municipalidad tiene una Dirección de Protección y Gestión Ambiental de la cual depende un cuerpo técnico, un cuerpo de inspectores y un laboratorio, el Observatorio Ambiental97. Una estructura como la que tenemos ahora no existía, ahora estamos poniendo a punto la estructura para estudiar la presencia de agroquímicos en el suelo, pero después la tenemos que mandar afuera, esperar resultados, y todo lo que significa en autonomía municipal. Estamos viendo de hacer todo lo posible para anexar elementos para hacer todos los estudios que queramos. Ambiente no es tan fácil. El estado no está preparado para este tipo de intervenciones. Yo vine con todo el bagaje de lo que se puede hacer y lo metes en la estructura estatal y decís bueno, ¿pero dónde lo hago? Hoy mis inspectores están haciendo los estudios… siempre fueron inspectores pero ahora hay un replanteo de lo que es ambiente, antes iban a ver chimeneas”.

Indagada respecto al tema de la vigilancia ambiental en Barrio Ituzaingó, la entrevistada especifica: “La vigilancia es epidemiológica y la hace salud. Lo que hacemos nosotros es controlar las fumigaciones, pero no tenemos capacidad para controlar no sólo la zona de Ituzaingó sino toda la ciudad, por la cantidad de agentes que tenemos, por los recursos, hay 12 inspectores. Yo tengo apoyo del servicio del 108, contacto con el vecino. Es algo que estamos haciendo este año, coordinar con todos los que estamos en la calle. El hecho de recuperar al agente municipal que está en la calle como ojo de lo que está pasando. Lo que fue destruido en esta municipalidad fue todo el sistema de control, todo lo que significa controlar”. En relación a los límites del ejercicio del poder de policía, la entrevistada señala que la normativa le permite acceder a zonas industriales o comerciales pero no a domicilios particulares, necesitando para ello de una orden de allanamiento del fiscal provincial: “A partir de eso trabajamos en una ordenanza que intenta ordenar todo lo que es el cinturón verde y zona de transición y, oculta en ello, o dentro de ello, metemos el derecho de Ambiente a entrar en zonas de actividad agropecuaria”.

Indagada acerca de la existencia de un registro municipal de fuentes de contaminación ambiental localizadas dentro del ejido urbano, la entrevistada señala que cuando en la declaración jurada “sale que es generador de residuos peligrosos, tiene que hacer una presentación de quién va a ser su transportista, en qué condiciones, etc. (…) Lo que

97 Según documentos oficiales, el Observatorio Ambiental es el ente encargado de localizar e identificar los focos de emisión de contaminantes atmosféricos asociados a procesos industriales o actividades de servicio. Para ello, cuenta con dos áreas: el Sistema de Monitoreo de Aire, que tiene como objetivo medir y evaluar la contaminación del aire en la ciudad de Córdoba; y el Laboratorio Ambiental, cuya función es analizar las aguas superficiales y subterráneas para su monitoreo. El Observatorio ejecuta programas periódicos de monitoreo y control ambiental y ejecuta análisis puntuales que surgen como consecuencia de denuncias y reclamos de los ciudadanos o del propio Estado.

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manejamos nosotros es el daño para ver la sanción y para ver qué hacemos en el momento, porque ¿cuál es el objetivo nuestro? Que trabaje bien, yo no quiero que se vaya la industria. Tengo que ser consciente también que no la controlaron hasta ahora, donde caigo por primera vez”.

Finalmente, en relación a las posibles acciones de reparación en Barrio Ituzaingó, la entrevistada contextualiza el problema en la gestión de la ciudad: “Busquémosle una coherencia a esto, no es sólo Ituzaingó Anexo, todo lo que hago en Ituzaingó lo tengo que hacer en todo el borde de la ciudad. Manejándonos en el marco de saber qué está pasando, si no ¿qué?; erradicamos Ituzaingó y con el resto de los barrios, ¿qué? ¿Esperamos que se quejen? Esto tiene que servir para saber qué está pasando…”. Rupturas y continuidades en la gestión ambiental

En septiembre de 2006 se crea en el municipio la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable, en acuerdo con la política del gobierno nacional de otorgar rango de secretaría a la autoridad competente en ambiente. Según las autoridades de esta área municipal, “el estado en que se encuentra el ambiente condiciona notablemente la calidad de vida de los ciudadanos y, en consecuencia, el goce efectivo de sus derechos humanos. Por eso, la principal función de esta dependencia es construir y aplicar normativas ambientales, así como también resolver, de manera integrada con las demás áreas de gobierno, los problemas que ponen en peligro el medio ambiente de la ciudad”; así lo expresa la documentación oficial.

En entrevista con las nuevas autoridades, las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, junto a investigadores del proyecto, les solicitan el informe sobre biomarcadores realizado por la MC, y también los estudios de suelos: “Había un compromiso de hacer estudios ambientales por parte de la Municipalidad de Córdoba. Según los informes que tenemos por el diario no se encontraron ni metales pesados ni fosfatos en los análisis hechos por la provincia. Cuando se hizo el relevamiento, se pedía que la Municipalidad volviera a hacer los estudios de suelo y nosotros queremos saber los resultados. Creo que todas las personas del barrio tienen derecho a saber por qué nos han pasado muchas cosas”98.

Ante este demanda concreta, el Secretario, Dr. Ricco, responde: “Nosotros hace poquito que asumimos, éste es un buen logro, jerarquizar la parte ambiental. Antes era una dirección, ahora es una Secretaría. Conocemos la dinámica ambiental; en este sentido, la convicción es que el tema ambiental no es un compartimiento estanco, por un lado el agua, por otra lado salud; nosotros queremos trabajar en conjunto, por eso la idea de este espacio… lo que tiene Barri para salud lo tengo ya para ambiente… entonces ahí puedo tener esta interactuación, es decir: bueno, no, no me llegó nunca el informe. Hay que pedir el informe… Vamos a trabajar con médicos, está todo mezclado, hay distintas variables que se mezclan con el ambiente. Desde esta perspectiva, mi propuesta es… yo quiero escucharlas para ver cuáles son sus demandas…”.

En relación a la nueva organización institucional99, el Secretario informa: “La Secretaría tiene dos Subsecretarías, una a cargo del Dr. Ibáñez, que es de política y gestión ambiental y que hace todo lo que vamos a tratar de la política de los agroquímicos, la problemática de los barrios, todo lo que está relacionado a barrio Ituzaingó. Mi intención es tener el año que viene, este año, un médico, una trabajadora social para trabajar en conjunto para ver cuáles son las cosas que se pueden hacer, una psicóloga también…”.

98 Audiencia solicitada por las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo (MDBIA) al Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Cba., noviembre de 2006. 99 La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable queda conformada con dos Subsecretarías, la de Gestión y Política Ambiental y la de Promoción del Desarrollo Sustentable.

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Las Madres insisten sobre el resultado de los análisis: “A ver, este pedido lo hemos presentado hace cuánto y nada de eso. La pregunta es ésta: ¿cuál es la información que tiene Ud. de la anterior funcionaria de ambiente?”.

El Dr. Ricco intenta evadirse, pero finalmente termina admitiendo que no tienen los estudios realizados por la gestión anterior: “Vamos por partes, esta nota a mí no me llegó nunca. Uds. quédense tranquilas que la información existe; pero a Uds. les sirve con el sello y la firma. Esto es lo que informalmente nos pasó un médico (estudios de biomarcadores), información que tenemos nosotros… mandamos a pedir el estudio de suelos que supuestamente se había hecho, que hizo la provincia, ¿vos encontraste el estudio? (interpela a otro de los funcionarios); todo lo que sean datos de la anterior gestión como sean estudios de agua, suelo, de plaguicidas que haya hecho Ambiente está en nuestra área, en la Dirección de Andrés Tisera, en la Subsecretaria; lo que esté, está totalmente a su disposición. Hace poco que entramos, es caótica la información. Hemos pedido; no debe estar, si no nos la hubieran mandado. Es una agenda que estamos buscando”.

El Secretario indaga nuevamente a las Madres: “Para que esta reunión sea fructífera para ambos, yo necesito primero escuchar las demandas de Uds. Qué es lo que están necesitando en general, primero en la parte ambiental… Por lo que me han dicho ¿están esperando los estudios de tierra, pero de provincia, no de municipalidad?”. Al responder las Madres que ellas tienen todos los estudios realizados por la provincia, el funcionario les propone: “Uds. nos pueden dar copia de esos estudios a nosotros”. Al aclararle que esos estudios están en los expedientes de la Agencia Córdoba Ambiente, el funcionario afirma que entonces están en la carpeta del CEDHA (ONG de la que proviene). “Entonces no son estudios nuevos, porque esos estudios son de 2002”. Las Madres insisten; lo que ellas piden son los estudios de suelo que supuestamente había realizado la municipalidad en la anterior gestión, cuestión que sigue sin recibir respuesta. Dicen las Madres: “La segunda pregunta es ¿cuál va a ser la política, cuál va a ser la política suya?, porque estamos cansadas de pedir que se cumpla la ordenanza”. El Secretario pregunta si las Madres podrían documentar las fumigaciones. También afirma: “Bueno, pero estamos pensando cómo atacar el problema; cuando Uds. dicen que fumigan de noche, y eso yo lo escuché antes de asumir… ven un avión y dicen que están fumigando… realmente si hay soja es que están fumigando... pero puede ser soja orgánica, se puede hacer análisis de la muestra y saber si es soja orgánica o no, seguramente que no, porque es recara la soja orgánica. Tenemos que preguntar y ver. Respecto al tema fumigaciones, es nuestra prioridad, si bien no la única, ver cómo trabajar para aumentar sanciones para infracciones a las Ordenanzas, tener un sistema de respuesta rápida, que exista un teléfono, ya sea de la Subsecretaría o de los inspectores y, si llega tarde, poder ir y tomar muestras en el mismo día y ver qué hay en la tierra en ese lugar”. Huelgan comentarios acerca de la improvisación y la falta de previsión y evaluación de las medidas a adoptar. Continuando respecto al problema de las fumigaciones, se le pregunta: “Uds. van y hacen una muestra y sale que hay agroquímicos, ¿qué hacen Uds.?”. Dos son las posibles acciones consideradas por el Secretario y su equipo: por un lado la sanción, la promoción de penas más graves hasta revocar el perjuicio (el máximo de la multa es de 10 mil pesos). Por otro lado, se afirma que el estado tendría que pensar la posibilidad de expropiar esa franja de 2.500mts. Realizar una expropiación por interés público para preservar la salud poblacional: “Un juicio de expropiación por el Concejo Deliberante, ésa es otra solución si sigue habiendo irregularidades… es otra alternativa que depende de una voluntad política. Otra es tener un sistema de respuesta temprana, hacer un convenio con un escribano que pueda venir en el momento...”.

Al ser interrogado por las consecuencias de la declaración de emergencia sanitaria en el barrio, el funcionario responde: “Generalmente la emergencia, cuando se declara la

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emergencia por inundación… se suspenden las obligaciones temporalmente… yo siendo abogado tengo que reconocer, y pido disculpas, me dedico al derecho internacional, no sé cuáles son las consecuencias jurídicas que el Concejo declare emergencia y qué podemos exigir con respecto a eso. Eso lo hablaremos con la Comisión de Ambiente del Concejo, porque puede ser una presión, obligarle a vender a ellos una fracción de tierra para que eso pueda transformarse en una zona pública protegida…”.

Indagado acerca de la denuncia que hicieran el Dr. Barri y la Lic. Rabb ante la administración de justicia provincial, el entrevistado repregunta: “¿Es una denuncia o un juicio?, ¿en la Provincia o en la Justicia Federal?”. Al recibir las respuestas, pregunta: “¿Uds. pueden verificar esos datos?”. Ante la inquietud manifiesta, ante semejante desconocimiento del caso y específicamente en esa medida en particular siendo él abogado y funcionario público, el Dr. Ricco afirma: “No, lo podemos hacer (averiguar sobre el tema), no hay problema, pero yo te explico, cuando yo llegué el cajón estaba vacío”.

En relación a las acciones a desarrollar ante las pruebas que tienen acerca de la existencia de agroquímicos en la sangre de los niños y a la consecuente reparación del daño producido por la contaminación, responde el Dr. Ricco: “¿En relación al daño? Ése es un tema... porque yo lo escuché al médico y… estuve reunido con la gente de ‘Ciudad de mis sueños’, que es un barrio provincial que está muy cerca de Uds. y tiene la problemática de los agroquímicos y parte de la competencia es del Ministerio de Salud. Le podemos dar el teléfono para que se comuniquen. En el tema de salud el médico me explicó y yo salí sin entender si realmente existían parámetros para medir y cuantificar el daño en el supuesto que hubiere. La respuesta desde el punto de vista salud yo no la puedo dar porque no soy Salud, es Barri, desde el punto de vista sanitario. Las acciones por daño el Estado no las puede hacer, porque son contra el Estado; Uds. tendrían que demandarnos”. Nuevamente el concepto de daño, que impone la obligación reparatoria desde la Constitución Nacional, se encuentra en una zona gris. Según el Abogado Ricco, un médico le dijo que no se podía medir porque no había en Córdoba niveles de órganos iodados. Ante esta respuesta, las Madres expresan su indignación: “Ninguna persona, menos un niño, puede tener agroquímicos en la sangre”. Aquí el sentido común se enfrenta al sin sentido (in)experto. Como no hay parámetros para determinar el daño, se presume que no lo hay. Cabe señalar que este criterio atenta contra todo el desarrollo del derecho ambiental a nivel internacional y nacional.

Indagado acerca de la posibilidad de que como funcionarios de ambiente también puedan tener una denuncia penal por no cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por las responsabilidades concurrentes que tienen, el entrevistado responde: “Yo tengo conciencia y no tengo nada de miedo a una denuncia penal, sino como funcionario quiero poner a disposición todas las armas que uno tiene para lograr que se cumpla la ley. Si no tengo respaldo y me terminan matando no significa que yo no haga todo lo posible, es lo que les estoy contando, tener la posibilidad de monitoreo y una asistencia rápida, yo puedo hacer lo que hacía Rabb, ¡qué mal todo esto!, ¡vengan…!, pero si después no tengo las condiciones, en realidad la solución no llegó. En ese sentido tengo que saber cuáles son mis límites en el tema ambiental, en el tema salud me estoy metiendo y estoy presionando porque es un tema integral en el que estamos preocupados. No podemos prometer soluciones mágicas. Demanden pero no penalmente, sino que demanden civilmente por daño. Búsquense abogados. Vos me decís: Uds. son abogados, deberían saber las acciones, los estudios y si no los tengo no los puedo fabricar. Podemos hacer todo, pedir los estudios a Ambiente, en el ERSEP, lo vamos a hacer…”. Madre de Barrio Ituzaingó: “¿O sea que todo el trabajo que se ha hecho anterior no está?...”.

Frente al desquicio evidente en que se encuentra la situación, el Abg. Ricco afirma: “Hay que traer a Schinder, él es epidemiólogo, un médico que sabe qué problemas pueden estar relacionados con la contaminación”. Indagado acerca de la posición de erradicación del

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barrio sostenida por Schinder y la propia frente a ello, el entrevistado responde: “La idea que manejábamos en ese momento (cuando la ONG a la que pertenecía fue al barrio) era el estudio de si era habitable el lugar o no, y si no es habitable, la demanda tiene que ser de traslado y el Estado tiene que cubrir los costos por haber permitido la contaminación… ésa es una decisión política instada por una decisión jurídica, una demanda al Estado... Ahora, ¿qué consenso tiene el barrio de esta iniciativa?… ¿Se iría la gente…?”.

En relación a la forma de trabajo con los afectados, propone: “A ver, podemos tener varias formas de trabajar; la forma de trabajar enfrentados en este divorcio provincia municipalidad, que es una pelea de candidatos, no es mi pelea ni su pelea. Podemos trabajar enfrentados y Uds. con nosotros por el esquema que tiene la municipalidad. Uds tienen toda la legitimación del mundo, tienen el respeto, o podemos empezar a trabajar una dinámica con acciones concretas. Uds. tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, de elegir, yo no voy a dejar de trabajar, pero les digo que muchas veces los funcionarios en general relegan prioridades con eso, como cuando hay una especie de desagradecimiento, que no es nuestro caso porque recién empiezo. Cuando uno trabaja un año en un barrio y después siguen las notas en contra de la prensa, etc., ya… después ya… Eso a nosotros no nos va a pasar. Mi propuesta es la siguiente: nosotros estamos formando un equipo interdisciplinario y nos está costando muchísimo, el municipio está quebrado, está quebrado… tiene poco dinero y tiene otras prioridades. Uds. también tienen que conocer las limitaciones y poder jugar estratégicamente...”.

En relación a lo que consideran necesidades, las Madres proponen: “Yo lo que pediría es una reunión con el resultado de los análisis; le entregaron los análisis a la gente y la gente no tiene idea, les entregaron como diciendo: tienen esto. El doctor que les daba los análisis era un bestia, hay que llamar a una reunión, hay que hablar de una población enferma”. Dando razones para ello, exponen sus situaciones particulares: “Tengo un nieto con problemas. Lo peor de todo es que nacen con las malformaciones. Mi nieto vive en el hospital, tiene una malformación de intestino, problemas de riñón, lo derivaron urgente a un urólogo, nació y al otro día lo operaron”. Otra Madre: “Yo tengo una nieta con una malformación. Las cosas que hemos pasado… leucemia. Nos han pasado cosas horribles, por ejemplo a ella se le murió el esposo de leucemia…”. Otro caso: “Hay una chica con 20 años que tiene una leucemia, el padre está diagnosticado con un cáncer, esto es normal para nosotros. Yo tengo mi hija de cuatro años y uno vive mal. Nadie se pone en el lugar nuestro, nosotros tenemos mucho temor, vivimos con temor. Tiene una fiebre y pensás, ¿qué le puede pasar?”.

Volviendo a las necesidades, las Madres afirman: “Pedimos psicólogos. ¿Por qué pedimos psicólogos? Porque la gente está con depresión, algo está pasando, hay mucha depresión” (relatan el suicidio de un señor que trabajaba en la escuela y su pedido a Barri de que se trabajara el tema desde la escuela, con psicólogos, por el impacto de este acontecimiento sobre los niños y la población en general).

En relación a las acciones judiciales, los funcionarios afirman la conveniencia de realizar una demanda civil en contra del propietario del campo, frente a lo cual las Madres responden con su percepción acerca de las instituciones: “Lo que pasa es que la justicia no es para los pobres... No hay un reconocimiento público de las autoridades sobre lo que pasa en el barrio, nos dicen una cosa en privado y luego públicamente no. El estudio de Reyna niega todo. Cuántos años que venimos luchando y escuchamos tantas cosas, es una porquería, todos pasan, pasan y pasan. Hemos estado en la provincia y en la nación, la provincia pasó a la municipalidad, la municipalidad a la nación…”. Acciones en salud

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Se han podido identificar tres líneas de intervención sobre el asunto: el desarrollo de acciones asistenciales en salud, la realización de relevamientos y la constitución de comisiones específicas, estas últimas de mayor o menor grado de institucionalización.

Apenas iniciada la gestión del Intendente Juez, en el año 2003, se constituye una Comisión de seguimiento en el seno del Concejo Deliberante, integrada por diversos funcionarios municipales y provinciales (Agricultura de la Provincia, EPEC, CEPROCOR, Ambiente de la Municipalidad y funcionarios de diversas reparticiones de Salud de la Provincia). Los vecinos logran que dicha Comisión considere su agenda de 12 puntos: “a) un compromiso por parte de los concejales y funcionarios del Gobierno tanto municipal como provincial para asumir sus responsabilidades; b) la habilitación de un centro de salud los siete días de la semana para ayudar a los enfermos; c) la suspensión de la remoción del suelo; d) la investigación sobre si se hizo un estudio de impacto ambiental previo a los trabajos de remoción; e) identificación de los propietarios o arrendatarios de los campos aledaños que aplican plaguicidas y que se proceda a controlarlos para que se suspendan definitivamente estas prácticas; f) (dirigido a EPEC ) la señalización con cartelería visible del contenido de PCB en los transformadores y las acciones a realizar en casos de accidentes; g) la conformación de un grupo de trabajo en el que participen sus asesores técnicos, junto con representantes de la comuna, de la Provincia y de los distintos organismos que tienen relación con el tema, para buscar soluciones y para “determinar si el barrio es habitable o inhabitable”. Más allá de este acuerdo no se conocen otras acciones de esta comisión.

En relación a la demandas de conformación de un grupo de trabajo, se promueve la constitución de una comisión evaluadora (integrada por la Municipalidad de Córdoba, vecinos, ONGs, universitarios, ambientalistas y sectores del Gobierno provincial). Al mismo tiempo se dispone que la comisión se divida en tres grupos temáticos. En uno, se expondría la situación sanitaria; en otro, las condiciones ambientales; en un tercero se analizaría la participación ciudadana y la necesidad de una legislación adecuada. Tampoco esta comisión logra un funcionamiento continuo.

En lo que se refiere a la demanda por un centro de salud, se instala de forma permanente un médico y una enfermera, la UPAS 28. A partir de ello, y con colaboración de otros médicos de la Municipalidad de Córdoba y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, se encara un relevamiento para determinar si el barrio es habitable. A diferencia del estudio realizado por la provincia, éste detecta la presencia de 138 casos de cáncer en ese sector del sur de la ciudad. Es decir, 70 más de los que registraban las Madres al inicio de su lucha, y casi una centena por encima de lo que afirmaba el Ministerio de Salud de Córdoba. “Los datos asustan, pero son ciertos”, dice Mario Carpio, el médico generalista de la UPAS 28, “semana a semana aparecen casos nuevos. Antes, mucha gente tenía miedo, no lo decía o lo negaba”. El profesional manifestó la necesidad de hacer un estudio comparativo con otros sectores de la ciudad, que podrían estar sufriendo “la misma situación o incluso una peor”.

En vistas de estos resultados, el municipio realiza un nuevo estudio epidemiológico-analítico en el barrio a cargo del Dr. Edgardo Schinder. Cabe señalar que los resultados de este estudio no fueron difundidos por el municipio, sino por un medio de comunicación100.

100 El informe del Dr. Schinder de 2006, confirma que la mayoría de los casos de enfermedades malignas se sitúan en el barrio, especialmente en las zonas aledañas a los campos de soja. Más allá de las discrepancias estadísticas, afirma que la incidencia y prevalencia de enfermedades graves, con sus defunciones respectivas, excede las tasas registradas en otros distritos del país. La investigación destaca que la tasa de los nacidos muertos en Ituziangó Anexo es de 19,8 por mil, mientras que en el Barrio IPV, también bajo estudio, es de 8,9. También destaca la llamativa presencia de hipotiroidismo, alergias, asma, gastritis y padecimientos óseos. En relación a las muertes en el barrio, el informe da cuenta de que fueron consecuencia de 11 tipos de cánceres y las principales causas de fallecimiento se deben a enfermedades cardiovasulares, seguidas por cáncer de pulmón, de páncreas y leucemias en general. Por la prensa se informó que el referido profesional recomendaba abandonar el

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Sin embargo, de los considerandos de la Resolución 0101101 de la Secretaría de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, es posible obtener los resultados más importantes, ya que sirven de considerandos de la creación de una comisión específica. Entre ellos, se destacan:

- la mayor incidencia de ciertas patologías observadas no se debe a variables

demográficas (...) sino a otras causas ambientales aún no bien determinadas; - comparativamente con el barrio IPV (barrio con el cual se realizaron las

comparaciones con lo acontecido en Bº Ituzaingó Anexo en el estudio de Schinder), hay diferencias en la ocurrencia de enfermedades graves (oncológicas y autoinmunes);

- las defunciones por año de residencia en Ituzaingó Anexo es mayor que en sus controles (3.18 contra 2.30);

- la significativa cantidad de casos oncológicos, incluyéndose algunos tumores pocos frecuentes, no está presente en el barrio de control;

- ante la necesidad de precisar el posible incremento de algunas de las dolencias graves señaladas, se prosiguen estudios ambientales, clínicos y epidemiológicos “para poder progresar en las causas más probables de este fenómeno epidémico”.

Por todo ello se propone entonces la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario

municipal, para que “dé respuestas a los interrogantes del barrio, a fin de profundizar lo realizado y establecer un plan de trabajo que nos permita dar contestación a lo planteado en tiempo realizable”. Dicho “equipo tomará como eje el problema sanitario del barrio asociando la ocurrencia de enfermedades graves (cáncer, enfermedades auto-inmunes, malformaciones congénitas) con problemas ambientales del sector”.

El Secretario de Salud y Ambiente, Dr. Raúl Jiménez, crea así una nueva comisión. El principal eje de acción de la misma “será el problema sanitario del citado barrio, para lo cual se subdividirán en tres líneas de acción: a) conformar un plano georreferencial de riesgo evaluando las condiciones ambientales; b) establecer los cuidados clínicos y la cobertura de estudios complementarios en pacientes que padecen enfermedades; c) realizar el seguimiento epidemiológico determinando los indicadores que marquen la tendencia del estado de salud de la población”. El equipo se conformó con personal de las siguientes reparticiones municipales: de la Dirección de Medicina Preventiva, de Planificación y Control Ambiental, médicos oncólogos del Hospital Infantil, médicos toxicólogos del Hospital de Urgencias, personal del equipo de salud de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, y reparticiones dependientes de la Dirección General de Ambiente.102 Como sede de este equipo de trabajo se fijó el Centro de Epidemiología Municipal (CEM). En la misma resolución de creación se establece que la comisión deberá presentar un informe por escrito cada tres meses y que Recursos Humanos notificará a los agentes y hará constar en sus legajos personales su pertenencia a la misma. A pesar de la mayor institucionalidad de esta comisión, no se ha podido acceder a información producida por ella.

De la entrevista con el Director de Salud en febrero 2006, Dr. Salinas, una de las primeras situaciones que se detectan es su desconocimiento de la ordenanza municipal que declara la emergencia sanitaria en Barrio Ituzaingó Anexo. Según el entrevistado, la lugar y afirmaba que no podía concluir su estudio por presiones a él y a los vecinos. Fuente: Día a Día, 20 de febrero 2006: “Denuncian amenazas en Ituzaingó”. 101 Resolución 0101 Sec. de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. Creación de comisión de estudios que se abocará al plan de trabajo en Barrio Ituzaingó Anexo 102 Dr. Mario Alberto Salinas, por la Secretaría de Salud y Ambiente, Dr. José Antonio Mantarás y Alicia del Carmen Ludueña, por la Dirección de Atención Primaria de Salud, Dra. Olga del Carmen Chancalay de Dirección de Medicina Preventiva, Dra. Mariana Butinof por la Dirección del Hospital Infantil, Bióloga Diana Rabb, por la Dirección de Prevención y Gestión Ambiental.

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emergencia es ambiental: “Ellos declaran en emergencia ambiental la zona de barrio Ituzaingó, si no me equivoco, por ahí tengo la fotocopia de la ordenanza. Yo no le puedo responder por el tema ambiental, no es tarea del área mía” 103. De las afirmaciones del entrevistado es posible identificar dos líneas de trabajo, una asistencial y otra de investigación epidemiológica.

En lo que respecta a la asistencial: “Sí le puedo decir a partir de 2003 las tareas que se hicieron. Se desarrollaron los programas (control de niño sano, de embarazo, hipertensión, diabetes), el centro de salud fue participando en las redes comunitarias que fueron formándose en este período de tiempo, se hicieron actividades de prevención, charlas sobre la situación del barrio, se intervino en donde se sacaron tapas de tanques de agua, cerca de 100, donde las Madres lo señalaron. Por lo tanto se ha ido trabajando junto a la comunidad en los temas de salud que han ido sucediendo en el barrio. Se armó un sistema de referencia y contrarreferencia para que aquellos pacientes que necesitaran estudios de mayor complejidad pudieran realizarlos en la misma municipalidad, tomografías, estudios complementarios extramunicipales, siempre coordinándolos con el centro de salud y la dirección de APS”.

En relación a la investigación epidemiológica, se menciona la realización de estudios sociodemográficos, estudios de biomarcadores y estudios sobre malformaciones.

En relación a los estudios sociodemográficos, dos fueron los estudios encarados: uno sobre los datos censales y otro sobre la tasa de mortalidad. Para este último se tomaron las partidas de defunción del Registro Civil: “trabajo largo y difícil que no nos dio los resultados que esperábamos porque el registro está muy sesgado por las migraciones sin aviso de cambio de domicilio, la tasa de mortalidad dio más baja que la de la ciudad de Córdoba, la conclusión fue que no conseguimos todas las actas del barrio y desechamos este registro, por lo poco validado. Fallamos en esa pesquisa, tenemos sistema de registros que no están preparados para este tipo de estudios epidemiológicos”.

En relación al estudio de biomarcadores, circunscrito a niños, el entrevistado destaca que el mismo está a cargo de personal de la municipalidad con la intención de desarrollar capacidades institucionales propias para hacer frente a este tipo de situaciones, entre las cuales señala actividades de capacitación con miembros de la OPS de México. En la realización del estudio participaron toxicólogos del Hospital de Urgencias e Infantil del municipio, el Laboratorio del Hospital Infantil y personal del Observatorio Ambiental104: “Armamos una comisión y empezamos a desarrollar, se armó un protocolo, se hizo un estudio piloto durante el 2005, se desarrolló la historia ambiental, que no había, una para adultos y otra para niños, donde se hace una evaluación del desarrollo desde todo punto de vista, biológico y ambientales (vivienda, condiciones laborales, etc.)”.

El entrevistado sostiene que tomando en cuenta el resultado de otros estudios sobre agua, pesticidas, y “la sensibilidad del barrio” (...) “la pregunta nuestra es: ¿los niños actuales han absorbido los contaminantes que se han encontrado en estudios anteriores? Una pregunta que no se había hecho anteriormente, si los niños de hoy van a ser los futuros enfermos del barrio, por eso queríamos identificar estos productos en los niños, con una evaluación clínica general y una evaluación ambiental”.105

103 Entrevista al Dr. Salinas. 2006. 104 El Observatorio Municipal colaboró con estudios y equipos, pero según el entrevistado “no tenía el equipamiento necesario para llegar al nivel mínimo de sensibilidad, por ello se mandó a Rosario y al laboratorio de toxicología forense de la Dra. Villamil de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires”. 105 Ante la negativa por parte del entrevistado de proporcionarnos los resultados, accedimos a los mismos por los medios de comunicación. Sintéticamente, sobre una muestra de 30 niños, a 23 se les detectó en sangre restos de un plaguicida prohibido (alfa hexacloro-ciclohexano). También por las Madres sabemos la inexistencia de un tratamiento específico.

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En otra parte de la entrevista, el Dr. Salinas ofrece más razones para que el estudio de biomarcadores se haya circunscrito a niños: la difícil relación entre la jurisdicción municipal y provincial, siendo ello otra demostración de la falta de actuación de las autoridades estatales del principio de concurrencia, por el cual todas las jurisdicciones deben actuar en conjunto: “porque nosotros no tenemos los registros de tumores de la ciudad de Córdoba, para ver si en esa población la tasa observada es la esperada. Necesitamos información para tener certeza de lo que está pasando en el barrio. Estamos dispuestos a trabajarlo pero no tenemos la información, toda la capacidad de registro nuestra (Hospital Infantil) la hemos puesto a disposición del barrio”.106 En el mismo sentido, señala que la Municipalidad no tiene servicio de oncohematología de adultos y que por lo tanto el estudio se circunscribió a niños.

En relación a las malformaciones: respondiendo también a un fuerte reclamo del barrio, se decidió trabajar en el tema malformaciones, para ello se acudió a la Dra. Echegaray, genetista jubilada con mucha experiencia. “Trabajamos con la técnica del rumor, buscamos todos los antecedentes que había, despejamos la paja del trigo, había malformaciones menores y malformaciones mayores, había una discontinuidad de la información, no teníamos datos de algunos años. Le pedimos información a la provincia de nacimientos de niños con malformaciones nacidos de madres con domicilio en el barrio, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Sé, porque yo he trabajado muchos años en la provincia, que los niveles operativos de la Maternidad Provincial han hecho el informe pero los datos no nos fueron remitidos, por lo tanto no podemos analizarlo en este momento”. Nuevamente surge aquí la falta de colaboración de la gestión provincial y la labilidad del municipio para hacer frente a la misma a través de recursos político-institucionales. Profundizando la indagación sobre la intervención del municipio desde el área Salud, se entrevistó al por entonces Subsecretario de Salud, Dr. Horacio Barri.

De la entrevista es posible destacar, en primer lugar, la existencia de dificultades institucionales para definir e implementar la modalidad de intervención. Mientras que a nivel Subsecretaría se promueve una forma de actuación vinculada con la epidemiología comunitaria como metodología de trabajo en salud para la realización del diagnóstico y la definición de las acciones con la población, desde el nivel de Dirección107 se desarrolla una metodología que promueve otra modalidad: “La epidemiología social no es asistencia social en los barrios, es desarrollar un método de observar la realidad que esté en la propia realidad; nunca se hizo. Se convirtió en un espacio de otra naturaleza. Se cayó en la trampa del asistencialismo, de la izquierda declamativa, un proceso de apoyo social. Lo que se necesitaba hacer era una tarea en salud, en las comunidades, con el método adecuado. No hubo participación real sino participación condicionada a lo que los profesionales querían de acuerdo a su grado de conciencia, no a investigar juntos lo que pasa, por qué pasa y actuar. La idea era trabajar en epidemiología comunitaria, que hasta la fecha no se hizo. La epidemiología comunitaria es un planteo conceptual que rompe con la falsedad en que se

106 El entrevistado dio cuenta del desmantelamiento del Centro de Epidemiología de la Municipalidad durante la gestión del Intendente Kammerath, a través de la firma de convenios con empresas privadas: “Hay toda una problemática histórica en salud de la municipalidad atravesada por estos intereses; el Centro de Epidemiología de la Municipalidad recién en el año 2004, 2003, empieza a funcionar nuevamente, porque estuvo desarticulado por intereses de estos médicos que estaban trabajando para empresas privadas desde el ámbito público. Si Ud. busca los antecedentes de la interacción entre la población, ciudadanía y municipio, analice los decretos y convenios que regulan esa actividad”. 107 Conforme a la información municipal, la Dirección de Epidemiología y Planeamiento Sanitario tiene como objetivo “favorecer, apoyar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en salud como derecho ciudadano. Desde estrategias concretas se favorecen los espacios de diálogo entre los trabajadores de la Salud y el Ambiente de la municipalidad y la comunidad organizada; dialogo que redunda en el diagnóstico participativo hacia la diagramación y ejecución conjunta de estrategias que impacten cualitativamente en la situación sanitaria de los vecinos”. Orgánica de la MCC, junio de 2005.

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convirtió la atención primaria de la salud, que es la atención primaria de la enfermedad, no es otra cosa. Se sumaron un montón de cuestiones y no se pudo llevar a cabo”.

Lo que el entrevistado destaca de la especificidad de la epidemiología comunitaria, es la posibilidad de superar una visión restringida de las posibilidades de acción: “La epidemiología comunitaria es una perspectiva que permite iluminar qué es la gestión y qué es la política. La gestión como un campo de lo posible nada más, y la política debería ser lo necesario, con otra lógica. Porque lo posible, ¿quién lo determina? El poder dominante que decide qué recursos tiene. Es necesario discutir estas cosas, la gestión se mueve por demandas, urgencias. Si vos te planteas el rol del estado, es absoluto el rol del estado, una concepción estrecha de gobierno es absolutamente insuficiente y está al servicio del poder dominante, de la acumulación capitalista. ¿Y cómo se rompe esto? Sólo con participación, no hay ninguna otra alternativa”.

Frente a estas limitaciones, el entrevistado refiere al desarrollo de una política tendiente a nacionalizar e internacionalizar el caso como caso testigo: “Probamos con otros organismos nacionales, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Yo estoy absolutamente convencido de que en Ituzaingó pasó y pasa una catástrofe. Nosotros pensamos que los agrotóxicos más graves están en forma residual en los terrenos. Éste es un problema de América Latina, de los cambios en el mercado que imponen los cultivos y del disparate de privilegiar los intereses económicos por sobre la vida de la gente. Estamos ante el comienzo del fenómeno oculto más grave que tenemos, el símbolo del desarrollo sin ningún control, sin nada. Por ejemplo, la FIAT largaba a los canales, ¿y el derrame?… ¿nadie se planteó el tema de que la ciudad va a seguir creciendo?”.

En el mismo sentido, señalaba: “Chuit (el Ministro de Salud por entonces) me pregunta y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar todos los barrios de la periferia? Ellos apuestan a los agrotóxicos, yo creo que en Ituzaingó se suman metales pesados y otras cosas. Se plantea un problema muy grave, no sólo acá en Córdoba sino en todo el país. Todos los pueblos están fumigados. Es cierto, puede haber inmunidad deprimida por factores socioeconómicos, pero también por otros factores, no sabés. Es un problema descomunal, son los primeros casos. Schinder se preguntaba por qué no había más casos. Un mexicano que vino dijo que éste era un barrio latinoamericano más: Qué raro que sea uno solo, ¿no hay más barrios?”. También señala límites en relación a la realización de análisis para comprobar causales, para establecer dudosos criterios de “normalidad”: “Si el análisis es indefinido, es una trampa. Si yo me pongo a estudiarte y digo que no tenés más sustancias que en otros lados, debería decir por qué se tienen en otros barrios. Si yo hago un análisis de toda la periferia de Córdoba, es probable que salten los análisis a esos niveles. ¿Qué estoy diciendo?, ¿que es normal que haya contaminación? ¿Cómo se sale de eso? Acumulando poder en otros espacios, hemos logrado instalar el tema a nivel nacional e internacional, y no se puede dar marcha atrás, les guste o no les guste”.

En relación a las capacidades institucionales del municipio para hacer frente a problemas como el analizado en tareas de alerta y prevención, por caso el sistema de información existente a nivel de los dispensarios municipales, el entrevistado responde: “No es información para planificar prevención, son datos de la atención primaria de la enfermedad”.

En relación a las implicancias de la declaración de emergencia sanitaria, el entrevistado afirma que: “Se instaló el centro sanitario, hay un relevamiento permanente de nuevos casos. Esto nos permite tener una mirada allí. Eso es lo formal. Lo real es que cuando aparecen nuevos casos te dicen que ‘bueno, es la tasa esperada’, ‘es multicausal’, ‘puede ser por otra cosa’. Esto nos permite tener una mirada allí. Cuando vos declarás una zona en emergencia implica que vos le tenés que dar atención constante, permanente. Lo cierto es que

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hay presencia, una relación constante con la gente, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, y se están haciendo estudios, otras cosas no se están haciendo”. Indagado acerca del ejercicio de poder de policía por parte del municipio, es posible destacar dos cuestiones. Por un lado el desconocimiento y la falta de asesoramiento respecto a las posibilidades de acción por parte de la asesoría legal municipal; por otro, la impotencia frente al funcionamiento de la administración de justicia provincial.

En relación al desconocimiento y al asesoramiento jurídico municipal: “Sí, teníamos una denuncia de las Madres que habían fumigado esa noche. Entonces Diana Rabb fue con uno de los inspectores y sacó muestras del galpón, había tóxicos prohibidos. El poder de policía te permite ir con inspectores, ir con la policía, ir a ver si hay sustancias; las recogemos, había llovido y se borraron algunos vestigios, pero en el galpón había sustancias prohibidas. El poder de policía te permite entrar y constatar, después radicar la denuncia en la justicia provincial. Sacamos muestras y la llevamos a la justicia provincial, esto es lo que nos plantea la justicia municipal que hagamos, todavía no han contestado y de eso hace fácil un año”. Llama la atención que las autoridades ejecutivas no hayan promovido la actuación del Tribunal de Faltas Municipal en base a la normativa. Entre otras cuestiones, la Ordenanza 10.099 dispone en su Artículo 128.: “Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan en virtud de esta Ordenanza o de las que se deriven del derecho común, quienes realicen actividades que degraden o puedan degradar el ambiente y sus recursos, alterar su equilibrio, integridad o existencia, en violación a lo establecido en la presente Ordenanza u otra normativa vigente en la materia, tendrán como obligación prioritaria restituir las cosas a su estado anterior, salvo que demuestren que han sido ocasionados por el hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. En caso de daños irreversibles o irreparables al ambiente o sus recursos, la Autoridad Municipal Competente, establecerá las acciones que el responsable deberá desarrollar como Restitución Equivalente”. Mientras que en relación a las sanciones, establece en su Artículo 129: “Las infracciones establecidas en la presente Ordenanza y las que de ella se deriven, serán sancionadas, según el caso, con: a) Multa. b) Suspensión c) Clausura. d) Revocación de la habilitación, permiso o autorización. e) Inhabilitación. En todos los casos se podrá disponer la sanción accesoria de decomiso, conforme lo establecido en el artículo 120º de la presente Ordenanza”.

También en relación al asesoramiento legal municipal, el entrevistado señala: “María Elba Martínez (la abogada de los afectados) planteaba que nosotros (el municipio) también éramos culpables. Una opinión de una persona con inserción internacional, decía: Si la municipalidad tomaba esta postura (reconocer el daño), tiene que convertirse en parte querellante. Fue un error no haberlo aceptado, porque ahora somos parte de los culpables. El asesor legal del municipio fue consultado por este tema, que nos parecía ideal, y dijo que no, que había que seguir con la investigación, y la investigación no te lleva a ningún lado”. Frente a estas limitaciones, nuevamente la instalación del tema en otras jurisdicciones se presenta como estrategia: “Lo que vamos a hacer con todas esas denuncias, como persona y no como funcionario, es llevarlo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque me parece que esto tiene todas la magnitudes y las dificultades de todas las situaciones nuevas, esto debería ser un debate nacional, las papeleras no son las papeleras, es todo un modelo de acumulación en los países dependientes. Como persona que tiene ciertos valores yo estoy convencido que acá estamos atrapados sin salida, esto es una jaula y hay que romper para afuera. Por eso nos conectamos con gente del Tribunal Permanente de los Pueblos que tiene mucha experiencia. Estamos trabajando ahí, para que esto no desaparezca y se convierta en un caso testigo de lo que está pasando en el mundo y en el país en particular”.

En relación a la ley y al funcionamiento del poder judicial, el entrevistado señala: “¿Vos creés que la ley en algún lado habla del cóctel de tóxicos, o habla con más precisión?

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Yo creo que la ley es absolutamente insuficiente. Las leyes están muy atrasadas, porque se introducen al mercado todo el tiempo sustancias nuevas y sin control. Los conocimientos van atrás de lo que puede ocurrir. La justicia siempre se traba cuando tiene al frente consecuencias para el sistema capitalista y no pensemos sólo que haya tipos corruptos, sino que no tiene mecanismos para plantarse. Quizá en algunos países nórdicos, pero ni siquiera en los europeos está resuelto el tema. Hay una insuficiencia grande de la justicia”.

Indagado acerca del funcionamiento de los poderes públicos en el caso, afirma: “Yo siento una impotencia de haber llevado a la justicia una causa que ni siquiera nos avisaron nunca más, hace más de 1 año. ¿Cuánto van a tardar? ¿Cómo se opera? Este tipo (el productor) está especialmente vigilado, ¿y los otros? La impotencia que te da comprobar, saber que el problema es más complejo y no se puede enfrentar al lobo con un palito, es una locura”.

A modo de conclusiones

Decíamos al comienzo que nos ubicábamos en una perspectiva que creíamos superadora de una forma de pensamiento crítico, aquella que se preocupa tanto por el análisis de los límites de las instituciones, como por la faz constituyente del pensamiento democrático. En relación al análisis de los límites, también asumíamos que la nuestra era una crítica inmanente, una posición que no se aleja del contexto intersubjetivo de su práctica, en este caso de investigación, reforzando el aspecto reflexivo de la acción de producción de conocimiento. Es así que nuestra participación en una lucha por derechos, ha realizado con su tarea reconstructiva también una interpelación democrática, la misma acción de invocación/ revocación a las autoridades públicas que realiza la práctica ciudadana que focalizó nuestro análisis. Esta tarea de invocación que ha dado visibilidad a los criterios y prácticas concretos de la intervención estatal, la consideramos clave en tanto permite identificar con mayor profundidad el funcionamiento de las instituciones en un determinado caso y, así, contribuir a determinar si éstas conservan algo de su sentido y reflexionar acerca de si debemos cambiar nuestro sentido, el de las instituciones o a las instituciones mismas.

A tal fin, las conclusiones están dedicadas a identificar y conceptualizar problemas a partir de la reconstrucción realizada, centrándonos en la especificidad del caso para orientar situadamente nuestra reflexión. También preocupados por la faz constituyente del pensamiento, vemos oportuno aportar a la construcción de nociones comunes y de saberes prácticos, ideas adecuadas a la situación, a partir de estos problemas. Teniendo como escenario el abismo existente entre el marco legal y la acción de los funcionarios públicos, creímos conveniente avanzar en el tratamiento de tres conceptos a fin de aportar al debate público y la efectividad de la acción pública estatal y/o no estatal. Ellos son el “garantismo”, “poder de policía” y particularmente “principio precautorio”, por el gran desconocimiento de los mismos que hemos identificado en la red de actores del caso. La recuperación de estos conceptos pone en valor las enseñanzas de la experiencia, así como desarrollos desde distintos ámbitos del pensar; aportando a la comprensión y acción por parte de los involucrados. Por ello, los consideramos claves para garantizar una acción destinada tanto al reconocimiento y garantía de derechos, como para su ejercicio y defensa en un contexto democrático. Consideramos que los tres constituyen referencias indispensables de una red conceptual dirigida a posibilitar un pensamiento y una acción acordes a la complejidad que presenta la problemática ambiental y contribuir a idear una intervención desde una instancia de coordinación pública que garantice los derechos en juego.

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Entre la acracia y el garantismo

Las prácticas de las autoridades públicas desconocen, no actúan según los marcos institucionales, la Constitución Nacional y Provincial ni las leyes ni las normativas que regulan las políticas y programas de las distintas jurisdicciones estatales. Cabe señalar que esta normativa, con alto grado de especificidad, define las prácticas que deberían asumir los funcionarios como responsables de la aplicación, de la vigencia de la ley en las relaciones sociales entre los sujetos de derechos involucrados en el caso.

Asumimos como concepto para referir a este comportamiento, aquel que Aristóteles definiera como acracia, porque éste se caracteriza por desarrollar la acción sin reflexionar previamente acerca del fin de la misma ni de los medios que requerirá su logro. En una democracia como el gobierno de la ley, de la autolegislación, a la indeterminación de una racionalidad sustantiva y estratégica se le suma la evasión de la responsabilidad con la que ese marco institucional inviste a los funcionarios. En este sentido profundo, la interpelación democrática tiene como efecto ponerle un límite a la impunidad.

En la red conceptual del estado democrático de derecho, una noción que viene adensándose para hacer frente a la “nueva oscuridad”, la falta de instituciones y prácticas operando para el reconocimiento de derechos tras el desmantelamiento neoliberal-neoconservador, es la noción de garantismo. Es en este marco que pensamos el garantismo como un saber práctico, principio que si bien en sus orígenes está particularmente referido al ámbito del derecho penal, para resguardar en sus procedimientos los derechos humanos, está siendo extendido al conjunto de derechos y a todos los poderes públicos, incluso a la administración pública. La efectiva garantía de derechos requiere un límite a la discrecionalidad del poder. ¿Qué es lo que puede el garantismo?

Luigi Ferrajoli reconoce al garantismo como un atributo fundamental de un estado

democrático de derecho, en tanto que éste se sostiene en la legalidad y en la legitimidad del estado como garante de los derechos fundamentales.

Una segunda dimensión del garantismo emerge de reconocer la distancia entre validez y vigencia de las normas, las dificultades de la puesta en acto de un sentido de justicia. Se propone como una cuestión teórica central la divergencia existente en los ordenamientos complejos entre modelos normativos (tendencialmente garantistas) y prácticas operativas (tendencialmente anti-garantistas). La aplicación efectiva de las normas siempre resulta mediada por un cúmulo de acciones e instituciones, por cual las normas y su operacionalización deben estar siempre puestas en cuestión. Los problemas de la acción justa pueden tener que ver con la insuficiencia de las leyes o con las prácticas que supuestamente deberían actualizarlas.

Por último, la distinción entre derecho y moral que sostiene el garantismo no implica un desconocimiento de esta última, sino, por el contrario, un reconocimiento de las instituciones jurídicas y políticas como medios para el logro del sentido de justicia de la comunidad política. En este sentido, aporta a una visión no autoritaria y no auto-fundamentada del derecho y del estado. La satisfacción de las necesidades individuales y colectivas es la razón de ser de las instituciones.

Como afirma Ferrajoli, el auge actual del garantismo tiene que ver con que hoy la vida y la seguridad de los ciudadanos se encuentra en peligro más que nunca, por la acción de los mismos estados en cuanto tales. Guerras y genocidios son amenazas incomparablemente más graves que las desviaciones individuales o la acción de poderes salvajes. Retomando la imagen hobbesiana, el autor afirma: “Este hombre artificial nuestro al que llamamos estado,

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nacido para domar y poner freno a los hombres lobos, que son los hombres naturales, se ha transformado a menudo en un lobo artificial. Y los lobos artificiales se han revelado bastante más salvajes, incontrolables y peligrosos que los hombres naturales que los habían creado para confiarse a su tutela.”108

El garantismo constituye un intento de respuesta a la crisis de la capacidad reguladora del derecho, al creciente fenómeno de irresponsabilidad e incontrolabilidad de los poderes públicos. En este marco, la tarea de los garantistas es articular los presupuestos del garantismo, el derecho como un sistema de garantías, con categorías operativas que viabilicen ese sentido en procedimientos y prácticas.

Una mención especial para el caso que nos ocupa se refiere a los desarrollos dedicados a la garantía en los tres procesos jurídicos básicos: el legislativo, el judicial y el administrativo o ejecutivo.

La garantía, en el momento legislativo, refiere al control de la constitucionalidad de las leyes. La garantía en el momento judicial opera a través de la corrección jurídica del ordenamiento, conforme a su sentido constitucional y mediante la garantía de una solución desde el derecho para cada conflicto entre derecho e interés legítimo que se plantee. Por último, en relación a la Administración y a su fuerte propensión a la desviación de las determinaciones jurídicas que la afectan, se asume la necesidad de eficaces mecanismos de control. Éstos son arrogados mayormente al poder judicial, basándose en dos premisas: la primera es que el control de los actos de la Administración es incumbencia del poder judicial; la segunda es la vinculación de la Administración a la tutela de los derechos fundamentales e intereses legítimos de los ciudadanos. Este control jurisdiccional de la Administración podrá asumir cualquier forma o procedimiento que haga efectivo el fin para el que existe, presuponiendo, incluso, “la posibilidad de sustituir la decisión administrativa por otra cuando cuente con elementos suficientes para ello y cuando la efectividad de la tutela de derechos e intereses legítimos lo exija: lo contrario sería vulnerar un derecho fundamental.” 109

Los aportes del garantismo abren posibilidades para pensar otras prácticas de la intervención estatal. La, para nosotros, inusitada fidelidad de los poderes públicos a la legalidad constitucional y sobre todo a los derechos fundametales -denominada como la garantía política-, es considerada una vía para superar la inefectividad del derecho y la impotencia de las garantías jurídicas.

Para que el garantismo no sea una nueva falacia, los garantistas recurren también al concepto de garantía social, otorgando un lugar clave a las luchas ciudadanas por los derechos. Desde la Constitución Francesa del Año I, “la garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute y la conservación de sus derechos...”. La inextricable relación entre la lucha por los derechos y el sentimiento ciudadano es la que sostiene esta acción: “Su fundamento puede encontrarse en el sentimiento que cada uno tiene de sus propios derechos fundamentales; lo que quiere decir el sentido de la propia identidad como persona y de la propia dignidad de ciudadano. Este ‘amor propio’ equivale a la percepción subjetiva de aquel valor de la persona que hemos puesto en la base de los derechos fundamentales”110. Una noción problemática. El concepto de poder de policía

La actuación de la Administración Pública en el caso, nos lleva a reflexionar sobre la efectiva vigencia del estado democrático de derecho como un sistema legal111. Conforman

108 Ferrajoli, L.: Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, Madrid, 1997. 109 Peña Freire, A. M.: La Garantía en el Estado constitucional de derecho. Editorial Trotta, Madrid, 1997. 110 Ferrajoli, L., Op. cit. 111 O’Donnell, G.: “La irrenunciabilidad del estado de derecho”. En Instituciones y desarrollo. Nº 8-9, 2001.

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este sistema conceptos estructurales o constitutivos. Entre ellos destacamos el de autoridad de aplicación de la ley, que reserva una definición fuerte de representación: el de actuar en el lugar del otro. La autoridad de aplicación es el guardián y preservador del bien jurídico amenazado. La competencia que se le confiere equivale al permiso para ejecutar actos o tomar decisiones que, en el marco de la legalidad, serán considerados como válidos. Las normas de procedimiento disciplinan el ejercicio de ese poder, así como también las normas que anticipan aspectos básicos de la regulación de una determinada materia.

En este contexto, la discrecionalidad de la administración hace referencia a una facultad, a una habilitación otorgada al funcionario público en el marco de la ley, en tanto éste está investido de poder público. No refiere al ejercicio de la arbitrariedad de una persona, sino a la consideración de juicios políticos de conveniencia y oportunidad para la aplicación de la ley. Por lo tanto, el funcionario debe actuar decidiendo de acuerdo a sus competencias, lo que para el caso concreto mejor determine el interés general.

La cuestión de que el acto deba conformarse al interés general, significa que ha de seguir la orientación y ordenación de las funciones públicas estatales, con capacidad de sacrificar intereses particulares y procurar el bienestar general, sin perjuicio de las garantías constitucionales establecidas a favor de los administrados. Como afirma Sánchez Morón: “En un estado democrático es forzoso entender que la publificación de esos intereses se realiza en beneficio de la sociedad, aunque en cada caso beneficie más a unas categorías de ciudadanos que a otras y aunque se pueda discrepar de lo que es o no beneficioso (y aquí entra en juego el valor constitucional del pluralismo democrático)”112.

Decíamos que la discrecionalidad no refiere a arbitrariedad ni a impunidad. El control judicial del acto discrecional de la administración, existente en tanto sistema, requiere que el mismo sea motivado, debidamente fundado. Tal exigencia constituye un mecanismo de protección jurídica del administrado frente a las prerrogativas del poder público. Sólo conociendo la causa de la decisión que lo afecta, el particular tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y el juez, acceso al fondo del acto y su legalidad. La motivación del acto explica y justifica la vinculación de la administración a la ley como expresión del principio de publicidad. También permite el control de la administración por parte de la opinión pública.

Cabe destacar que la inacción o el déficit de actuación de la administración, ha llevado a la creciente judicialización de las relaciones sociales. Esta sustitución de las decisiones administrativas por las judiciales ha sido considerada una distorsión del normal funcionamiento de los engranajes de los poderes públicos: “El juez decide sobre la legalidad y no sobre la oportunidad o conveniencia, pues ésta es espacio de la política y del control ciudadano de la gestión de sus gobernantes”113. En este sentido, resulta ilustrativa la distinción de O’Donnell entre control horizontal, realizado entre los órganos estatales, y control vertical, realizado por la ciudadanía. El control horizontal refiere a “...la existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos”114. Por su parte, el control vertical requiere la ampliación de innovadoras formas de control ciudadano para que éste no se limite a la sanción electoral.

Las prácticas de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en su autodefensa, lograron que las agencias legislativas sancionaran ordenanzas y leyes que limitan el interés particular en pos del interés público, prohibiendo las fumigaciones y/o estableciéndole límites. El

112 Citado por Rodríguez, G. A.: Temas de derecho administrativo contemporáneo. Edit. Universidad del Rosario, Colombia, 2005. 113 Rodríguez, G. A., Op cit. 114 O’Donnell, G.: “Accountability horizontal”. En Revista Agora. Nº 8/ Verano de 1998.

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ejercicio del poder de policía por parte de este poder del estado no resultó cuestionado mayormente. Sin embargo, el ejercicio del poder de policía por el Ejecutivo -la administración- encontró dificultades para ser acatado.

Deteniéndonos en el tema, percibíamos por un lado que si bien existía una institucionalidad específica, leyes y agencias cuya misión es la defensa del ambiente y la calidad de vida y la salud de la población, las mismas no ejercían actividades de control ni regulación efectiva. Por un lado es posible identificar déficit en relación a los recursos institucionales y materiales disponibles para la realización de dichas actividades, pero también fue posible identificar, a partir de las entrevistas a los funcionarios, déficit en un componente que consideramos clave respecto a las capacidades institucionales: el entendimiento de su rol como funcionarios públicos. Señalábamos así una actuación limitada a la aplicación de un supuesto saber técnico profesional que impulsaba la realización de una profusa cantidad de estudios y la ausencia de conceptos y acciones que coadyuvaran al reconocimiento y garantía de derechos, así como a la determinación y consecuente reparación del daño.

¿Cuál es la red conceptual que orienta la acción hacia el reconocimiento y garantía de derechos?

Aquí nos encontramos con el vaciamiento de sentido de las instituciones liberales democráticas republicanas instauradas en la Constitución. El componente liberal ha sido fortalecido en los últimos tiempos por dos vertientes. El auge de los derechos humanos y la victoria del neoliberalismo. ¿Acaso alguien duda de la irrestricta defensa de la vida y la propiedad, así como del reconocimiento de los derechos de segunda y tercera generación, sostenidos por los organismos judiciales nacionales y hasta internacionales? El componente democrático, a pesar de varios años de transición aún no muy fortalecido, tampoco es desacreditado. Sin embargo, su vínculo con el componente republicano resulta por lo menos difuso. El descrédito de las instituciones estatales, fruto del estado terrorista, converge con el avance de las posiciones neoliberales en diluir el significado de conceptos claves y el sentido del poder público, e incluso ha tenido como correlato que destacados administrativistas en el ámbito político-académico propusieran la erradicación del concepto poder de policía y dejaran de incluirlo en los manuales de derecho administrativo.

En este contexto, el concepto de poder de policía, invocado por las Madres y por otras luchas por los derechos, resulta emblemático. El uso que las Madres hacen del concepto pretende una actuación que haga cumplir la ley, exige un control tomando como referencia el marco legal que ellas mismas han logrado instituir. Desde algunas perspectivas, esta acción de las luchas por los derechos constituiría una contradicción, en tanto fortalecería la idea de estado como monopolio de la violencia represiva, garante de los derechos, cuando históricamente la suerte de los damnificados siempre ha tenido al estado en su contra. Preferimos pensar esta situación como una de las principales paradojas de las luchas por derechos, propia de las ambigüedades del lenguaje y por lo tanto de nuestras formas de vida, en donde el sentido de lo colectivo se juega históricamente.

La experiencia de las luchas por la vida y el ambiente como derechos pone en evidencia la necesidad de una instancia de coordinación y una fuerza de ley para que se respeten formas de vida, y a la vez la insuficiencia de las instancias institucionales, administrativas y judiciales destinadas a dicha realización. La noción de poder de policía, como límite a los derechos individuales en pos del interés público, es la que ha ocupado este lugar en el estado de derecho. Cuestionar esta noción no hace sino impulsar la búsqueda de nuevas prácticas y nociones en las que los derechos tengan una vía de efectiva garantía. Del atolladero de la causalidad a la efectiva tutela de los derechos

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No sólo las prácticas analizadas no se encuadraban en las leyes destinadas a garantizar derechos, sino que tampoco reconocían los procedimientos técnicos desarrollados para hacer frente a casos similares. De las entrevistas a funcionarios surge cómo los mismos, sin embargo, justifican sus prácticas en su supuesto saber técnico. Nuestra reconstrucción ha dado visibilidad a las fallas de razonabilidad y racionalidad de la intervención, pero para estas reflexiones nos interesa presentar además las conclusiones del informe de la OPS/OMS encargado por la Municipalidad de Córdoba, “Análisis de los estudios e intervenciones realizadas y las recomendaciones pertinentes” (febrero de 2008). Este trabajo, si bien desde un encuadre y una metodología diferente a la nuestra, advierte los mismos problemas que nosotros. Citamos inextenso los párrafos más pertinentes al respecto:

“Los estudios epidemiológicos emprendidos tienen varias limitaciones para el conocimiento de la dinámica de la morbilidad y la incidencia de la mortalidad. Algunos de los problemas más importantes son: falta de precisión sobre datos de prevalencia o incidencia, muestreo, diferencias sustanciales entre los registros de diversos estudios, sesgos de selección, codificación y atribución, subnotificación, falta de grupo de comparación. No se ha analizado la información en el contexto de las variables operacionales de obtención de la misma.”

“Varios actores participantes han insistido en desarrollar estudios para análisis de causalidad, postura que no se recomienda en estas circunstancias. Los estudios ecológicos exploratorios y las metodologías de evaluación de riesgo son adecuados para la decisión-acción.”

“Los estudios ambientales no se ajustaron desde el comienzo a una planificación previa con un cronograma de monitoreo para la evaluación en las diferentes matrices, que contemplara los aspectos metodológicos de las pruebas y las técnicas de muestreo. Los datos se encuentran dispersos y hubo varios actores institucionales participantes.”

“Es importante resaltar que a pesar que algunos metales pesados y plaguicidas no se detectaron en valores anormales según ‘norma’, muchos de ellos estaban en el límite superior del rango admitido por la legislación argentina para su presencia en el organismo humano. Sin embargo, la creciente información científica demuestra que esos rangos están sobrestimados. Por otra parte, hay actualmente evidencias a nivel mundial sobre las interacciones de pesticidas entre sí y de pesticidas con metales orgánicos, particularmente con As (arsénico), que prevalece endémicamente en muchas áreas de nuestro país. Las interacciones también se dan con la desnutrición, común entre los niños de estas zonas, y con la mayor vulnerabilidad de mujeres embarazadas.”

“ Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado.” “Los contaminantes de mayor importancia son los Plaguicidas organoclorados y el

Arsénico, fundamentalmente en suelo; la presencia de plaguicidas en tanques de agua (que carecían de adecuada protección) posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire. No se puede precisar desde cuándo ocurre esta contaminación. Es posible que el Plomo y el Cromo hayan jugado un papel importante en el pasado debido a bioacumulación por descargas de efluentes industriales.”

Vemos aquí funcionando otra comprensión de la situación que se diferencia técnica y

políticamente de la que ha venido signando el tratamiento del caso. En lo que se refiere a los aspectos técnicos, no sólo critica los tipos y formas de realización de los estudios anteriores, sino que propone específicamente la superación de los estudios de causalidad por estudios ecológicos exploratorios y metodologías de evaluación del riesgo. Políticamente supera las imprecisiones y contradicciones y define con claridad la situación como de contaminación, identificando los contaminantes actuantes. Los procesos de decisión-acción para la defensa

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del ambiente y la calidad de vida, tanto de funcionarios como de ciudadanos, son colocados así en un nuevo escenario. El giro precautorio y sus aportes al caso

Como producto del desarrollo tecnológico, de la reflexión sobre el mismo

pensamiento científico, de los efectos de esta reflexión sobre el ámbito del derecho y la salud y del especial lugar que le cabe al estado respecto a considerar su intervención en estos avances, emerge el principio precautorio como un concepto clave en la red de acción de defensa del ambiente y la calidad de vida.

¿Hasta qué punto es posible afirmar que el uso de cierta tecnología generará alteraciones sobre la salud y el ambiente? Si existe un conflicto entre los expertos que profundiza aún más las condiciones de incertidumbre científica, ¿cómo deben actuar los organismos encargados de la protección de la salud y el ambiente? ¿Es una elección posible la subregulación o la sobreregulación cuando existe riesgo de daños irreparables?

En un ámbito signado por la incertidumbre más que por la probabilidad, la lógica de la precaución, a diferencia que la de la prevención, apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos imprevisibles. La actual relación entre nuestra capacidad de entender las cadenas de causalidad y la praxis política de toma de decisiones colectivas, lleva a que el enfoque precautorio pregunte: ¿cuánta contaminación puede evitarse?, ¿se encuentra disponible otra tecnología que cumpla la misma función con elementos menos riesgosos?, ¿es posible tomar medidas que reduzcan al máximo la exposición de la población a un compuesto presumiblemente peligroso?115

La expresión “principio de precaución” proporciona un marco de referencia abarcador que articula los desarrollos de las ciencias ambientales, de las ciencias de la salud y la ciencia del derecho. En lo que se refiere a este último, el tema del daño y de la responsabilidad son resignificados, generando un cambio en la lógica jurídica. Se sucede el paso del modelo del derecho tradicional, de la previsión, al modelo de la incertidumbre del riesgo, que implica la incalculabilidad del daño y del posible nexo causal entre el riesgo y el daño116.

En lo que a responsabilidad respecta, se trata de un nuevo fundamento de la responsabilidad civil que incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el aseguramiento frente a riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos, instala la necesidad de una tutela de anticipación. No es necesario que se tenga prueba científica absoluta de que ocurrirá un deterioro, bastando el riesgo de que éste pueda ser grave e irreversible, para que no se deje de disponer medidas efectivas de protección. Se procura prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, como asimismo y más específicamente, el propio peligro de ocurrencia de daños. Por la precaución se protege contra los riesgos. 115 Orona, C. F. y Cimato, M. del P., destacan que la incertidumbre científica se deriva habitualmente de cinco características del método científico: la variable escogida, las medidas realizadas, las muestras tomadas, los modelos utilizados y la relación de causalidad empleada. Ver Orona, C. F., E. Giardina y M. del P. Cimato: “Viabilidad de la aplicación del principio de precaución en nuestra actividad jurisdiccional y como elemento integrante del proceso de toma de decisiones”. En La Ley. Suplemento de Derecho Ambiental, viernes 26 de diciembre, Año X, 2003. 116 Cans, C. : “Le principie de précaution nouvel élement du contrôle de légalité”. En Revue Française de Droit Administartif 4, julio-agosto. Traducido y publicado en Investigaciones 1, 2000. Secretaría de Investigación del Derecho Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Conferencia de Wingspread, ciudad de Racine, Estado de Wisconsin, celebrada en enero de 1998, fruto del Encuentro nacional de académicos y especialistas de derecho ambiental, convocado por Science and Environmental Health Network (SEHN), de los Estados Unidos de América, se concluyó que “Cuando una actividad amenaza con dañar a la salud humana o al medio ambiente, deben adoptarse las medidas precautorias pertinentes, aun cuando todavía no se hayan establecido plenamente y de modo científico relaciones de causa-efecto”.

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Pueden distinguirse distintas dimensiones de la responsabilidad117: a) la responsabilidad (sanción de la falta, civil o penal, que satisface una exigencia ética); b) la responsabilidad como cobertura del riesgo, que, con independencia de la falta y la culpa, mira hacia la reparación de la víctima; c) la responsabilidad como prevención, que es el fundamento del principio de precaución; d) la responsabilidad-participación, que conduce a asegurar el reconocimiento de los derechos de información, concertación y de defensa de los derechos de incidencia colectiva.

Como bien lo señala Salvador Bergel: “En materia de responsabilidad en general, se ha operado una profunda evolución relacionada con los cambios en los riesgos. En el siglo XIX se la vincula al concepto de falta de previsión; en la primera mitad del siglo XX, lo que prevalece es la previsión de tipo universal, vinculándose los riesgos con estadísticas y probabilidades; es a partir de la segunda mitad de dicho siglo XX, con la aparición de los ‘megapeligros tecnológicos’ y el denominado ‘riesgo global’, derivados, por ejemplo, de la energía atómica y más recientemente de la ingeniería genética, que la prevención ya no es suficiente, debido a que nos encontramos frente a una incertidumbre, dudas fundadas sobre el daño que se puede provocar”.118

En lo que respecta a la responsabilidad civil, el principio precautorio constituye una profundización de una tendencia nacida en la época de la industrialización, que planteó el reemplazo de la responsabilidad subjetiva por la responsabilidad del riesgo creado119. No se trata aquí del querer del actor ni del resultado de pericias psicológicas. Frente a un daño cuantioso corresponde la adopción del criterio objetivo de la responsabilidad civil. Este criterio permite retroceder en la cadena causal, de manera de fundar la responsabilidad no en el acto que provoca el daño, sino en el acto que genera el riesgo120. Es el riesgo que se ha creado el que genera la responsabilidad, ajeno incluso a la relación de causalidad, al nexo causal, que pudo existir entre aquel riesgo y el daño que en definitiva se produjo. “La necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre las conductas referidas y los daños que potencialmente pueda generar, conduce necesariamente a adelantar los tiempos de intervención del derecho. Cuando el carácter novedoso de una técnica hace presagiar un daño de suficiente entidad -tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo- cabe actuar, aun a falta de evidencia científica sobre la existencia del daño en sí o sobre la relación de causalidad entre conducta y daño temido”.121

La responsabilidad civil que habrá de ser mantenida para todos los que causen daños, habrá de devenir -para los casos de mayor trascendencia- en una responsabilidad objetiva, en virtud de la cual el que genera un riesgo debe asumir la reparación de los daños generados por dicho riesgo. “Aquel que introduce el riesgo debe preverlo y si no toma suficientes precauciones, en particular la de abstenerse, debe ser declarado responsable”122. Afirman los especialistas que, en el caso que el Estado no haya adoptado para

117 Ost, F. y Van Drooghenboeck, S.: “La responsabilidad como cara oculta de los derechos humanos”. Anuario de Derechos Humanos Nº5, 2004. 118 Bergel, S.: Cátedra de Bioética de la UNESCO, “Las variedades transgénicas y el principio de precaución”, Comunicación en Seminario Internacional Biotecnología y Sociedad, desarrollado los días 16 y 17/11/1999 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 119 Figueroa Yánez, G.: “El principio de precaución frente a los viejos conceptos de la responsabilidad civil”. www.robertexto.com (4 de febrero de 2008). 120 Rodríguez Grez, P.: Responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1999. 121 Bergel, S.: “La introducción del principio precautorio en la responsabilidad civil”, y “El principio precautorio y los riesgos en cultivos de variedades transgénicas”, inédito y en Revista de Derecho y Genoma Humano Nº 16 (en prensa). Con el mismo objetivo, véase también Romeo Casabona, Carlos María: “Aportaciones del principio de precaución al Derecho Penal”, separata del libro Modernas tendencias en la Ciencia del Derecho Penal y en la Criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2000. 122 Martín, Gilles: “Précaution et évolution du Droit”, en Le principe de précaution, sous la direction d’Olivier Godart, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, París, 1997.

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un cierto asunto en particular una política de precaución, esa pasividad no puede constituir para el que generó el riesgo una circunstancia que pueda exonerarlo de responsabilidad o disminuir aquella que le corresponda asumir.

Otros elementos del principio de precaución que contribuyen a definir su perfil y constituyen desarrollos significativos para el caso analizado, son: la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al costo económico-social de las medidas a adoptar y la transparencia en la difusión de los riesgos potenciales de ciertos productos o actividades; la exigencia de toma de decisiones por parte de las autoridades, especialmente las responsables de la formulación y aplicación de políticas estatales123 y la inversión de la presentación de la prueba. Ya no cabe a los titulares de derechos ambientales probar los efectos negativos (ofensividad) sino a los degradadores potenciales la carga de probar la inofensividad de la actividad propuesta.

Por último, en lo que a cuestiones jurídicas respecta, y en relación a su formulación como principio, cabe señalar las funciones reconocidas a éstos en el campo del derecho particularmente relacionadas con el efectivo reconocimiento y garantía de derechos124: a) función informadora; b) función de interpretación; c) los principios como filtros; d) los principios como diques; e) los principios como cuña; f) los principios como despertar de la imaginación creadora; g) los principios como recreadores de normas obsoletas; h) capacidad organizativa/compaginadora de los principios; i) los principios como integradores del ordenamiento jurídico.

En este último sentido se destaca que de no ser aplicados los principios instituidos, “cambiaría el carácter de una institución o de todo el derecho; la consecuencia práctica es o debe ser que el principio se erige en criterio preferente para la interpretación de las normas singulares de su grupo o institución, por cuanto se supone que dota de sentido unitario y coherente al conjunto normativo”. Así, el derecho ambiental debe tener preeminencia o mayor peso por grado sobre los derechos de propiedad o de industria, por ejemplo, y ese efecto irradia el texto constitucional, e influye en su interpretación en sede judicial o administrativa sobre el contenido y alcance de esos derechos.125 Historia y vigencia del principio precautorio

Históricamente, el principio precautorio surge en el marco del derecho ambiental

alemán en la década del 70 y se introduce en el derecho internacional a partir de la Conferencia de Estocolmo del Medio Ambiente de 1972. La Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, consagró el Principio Precautorio, bajo el siguiente texto: “Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

La Republica Argentina aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por Ley 24.295 de 7/12/93, publicada en el Boletín Oficial el 11/01/94, y 123 Andorno señala que el principio de precaución es la actitud que debe observar toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que se puede razonablemente esperar un daño grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras, o para el medio ambiente. Se impone especialmente a los poderes públicos, que deben hacer prevalecer los imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre particulares y entre Estados. Ver Adorno, Roberto: “Pautas para una correcta aplicación del principio precautorio”, en número especial de Bioética, fascículo 4, 2003. 124 Dworkin, R.: Los derechos en serio. Editorial Ariel, Barcelona 2002. 125 Prado, J. J.; García Martínez, R.: Principios generales del Derecho. EUDEBA, Bs. As, 1985.

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ratificada el 11/03/94, en cuyo texto se instituye el mismo principio precautorio, a través del artículo 3.3, donde se dice: “Las partes deberían tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave e irreversible, no deberían utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para postergar tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible”. También instituye el principio por el Convenio sobre diversidad biológica, conforme a la Ley 24.375 de septiembre de 1994, publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 1994 y por el Protocolo sobre bioseguridad de Cartagena, aprobado el 29 de enero de 2000 en Montreal, que entró en vigor desde el 11/09/2003.

La Ley General del Ambiente 25.675, sancionada el 06/11/2002, promulgada parcialmente por decreto 2413, B.O. 27/11/2002, contiene una serie de principios de política ambiental, entre los que se destaca el principio precautorio. Así, en su artículo 4, lo enuncia de la siguiente manera: “Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”126.

En Córdoba, la sanción de la Ley Provincial de Ambiente en 1985, en sus Disposiciones Generales establece, “Artículo 5°: Todas las personas cuyas acciones, obras o actividades degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente en forma incipiente, corregible o irreversible, quedan obligadas a instrumentar todas las medidas necesarias para evitar dicha degradación”. También el Artículo 40 establece que: “Deberán regularse las acciones, actividades u obras públicas y privadas que por contaminar el ambiente con sólidos, líquidos, gases y otros materiales residuales y/o ruido, calor y demás desechos energéticos, lo degraden en forma irreversible, corregible o incipiente y/o afecten directa o indirectamente la salud de la población”. La adopción de medidas eficaces se dispone ante la sola posibilidad de degradación y/o contaminación y afectación directa o indirecta de la salud de la población.

La jurisprudencia ambiental argentina, por su parte, ha actuado el principio precautorio en un fallo de la Cámara Federal de La Plata, en julio de 2003, en el caso “Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE- EDESUR s/ Cese de obra de cableado y traslado de Subestación Transformadora”, proveniente del Juzgado Federal Nº 2 de la localidad de La Plata. El estado de incertidumbre técnica a que da lugar este ejemplo queda demostrado, a juicio del Tribunal, por las recientes investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, una instancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como de la IARC, el Consejo de Salud de los Países Bajos y por un experto Grupo de Consejeros del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido. Este último organismo concluyó que “se mantiene la posibilidad de que las exposiciones intensas y prolongadas a los campos electromagnéticos puedan aumentar el riesgo de leucemia en niños”.

También la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha recurrido a dicho concepto, en sentencia del 19/05/98, en el caso Almada y otros c/ Copetro S.A. por daños por contaminación del aire y en fallo del caso Ancore c/ Municipalidad de Daireaux en relación al funcionamiento de un establecimiento dedicado al engorde de ganado intensivo, citando el mencionado Principio 15 de la Cumbre de Río.

Los tribunales del interior argentino también registran fallos de trascendencia, en los que se invocó como fundamento de la sentencia el principio precautorio. Por ejemplo, el caso

126 Cafferatta, N. A.: El principio precautorio. http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/444/cap1.html 4/3/08

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Villibar, Silvana N. c/ Provincia de Chubut y otros, en relación a la explotación de una mina de oro, en sentencia cautelar de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Esquel, del 24/07/03 y en la causa Castellani, Carlos E. y otros s/ acción de amparo, del 11 de marzo de 2003, por el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, por antenas de telefonía celular. Si bien el Tribunal por mayoría rechazó la demanda por cuestiones formales, el voto de la minoría dejó sentada la posición de que, ante la duda científica, recoge en su plenitud el principio precautorio.

Riesgo asegurado

En relación al principio precautorio y la salud de la población, el cada vez mayor uso

de agroquímicos que exige el “paquete tecnológico” siembra directa + soja RR + plaguicidas, ha hecho proliferar estudios y reflexiones. Particular preocupación han recibido las poblaciones rurales y periurbanas en Argentina por su creciente exposición a los agrotóxicos, lo que ha llevado a señalar tal situación -la presencia tanto de condiciones riesgosas como de incertidumbre científica- como propicia para la aplicación del principio precautorio.

En relación a los impactos de los herbicidas en la salud humana, numerosos estudios dan cuenta de los efectos negativos del glifosato, los coadyuvantes y las diversas formulaciones comerciales. Entre ellos cabe destacar127:

- Talbot y otros, 1991: intentos de suicidio calculando la dosis letal de mezclas de

glifosato con surfactantes. - Walsh y otros, 2000: datos experimentales que indican que los herbicidas formulados

con glifosato pueden perturbar el sistema endocrino y atrofiar la producción de testosterona. - Arbuckle et al., 2000 y Savitz et al., 1997: datos epidemiológicos que sugieren la

existencia de vínculos entre la exposición a los herbicidas formulados con glifosato y una serie de efectos negativos, incluso problemas reproductivos.

La misma fuente señala un trabajo de la Sociedad Americana de Cáncer, que reveló la

relación entre el glifosato y el Linfoma No Hodgkin (LNH), patología presente en Barrio Ituzaingó Anexo. El estudio sostiene que la exposición al herbicida puede incrementar los riesgos de contraer cáncer. También un estudio realizado en Argentina por el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química revela que el principal metabolito del endosulfán (insecticida y acaricida encontrado en Ituzaingó Anexo) se detecta en plantas verdes y secas y semillas verdes y maduras. Al respecto señalan que si bien las concentraciones presentadas pueden ser bajas, tienen importancia por los procesos de bioacumulación. Dicho estudio concluye que la inocuidad del glifosato y del endosulfan, sostenida por varios autores, queda cuestionada.

Otro estudio interdisciplinario realizado en Argentina por Alejandro Oliva y otros, sobre seis comunidades rurales de la Pampa Húmeda con el objetivo de identificar relaciones entre la salud reproductiva de la población y la exposición a factores ambientales (entre otros plaguicidas), detectó que las malformaciones y los cánceres hormono-dependientes presentaron incidencias mayores a las medias nacionales. El estudio concluye que “la identificación del riesgo ha sido demostrada en dos de las variables bajo estudio: malformaciones y cánceres”.

En relación a las malformaciones, problema también presente en Ituzaingó Anexo, numerosos estudios realizados en Chile, Colombia y otros países de la región abordan la problemática. Entre ellos podemos mencionar el realizado por especialistas del Instituto 127 Ramírez, O.: “El principio de precaución: la certeza de la incertidumbre. El caso de la aplicación de plaguicidas en áreas periurbanas argentinas”. En Revista Theomai, número 16, segundo semestre 2007.

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Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tiene como objetivo investigar la asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas. La Coordinación de Investigación en Salud de la Delegación Estatal de Nayarit del IMSS informa que en el estudio encontraron que la exposición de mujeres embarazadas a productos agroquímicos durante el primer trimestre de gestación está asociada a malformaciones congénitas externas, como testículos no descendidos, luxación de cadera y espina bífida, que implica el cierre defectuoso de la médula espinal128.

En lo que se refiere a niños, en Argentina un estudio sobre intoxicaciones con formulaciones comerciales de glifosato, realizado por el servicio de Toxicología del Sanatorio de Niños (SERTOX) entre 1990 y 2002, concluyó que todos los casos registrados provenían de las zonas de mayor densidad del cultivo de soja en el país.

La Declaración Wingspread de diciembre de 1991129, considerando no sólo los efectos cancerígenos de los agrotóxicos, sino también los efectos sobre el sistema reproductivo de animales y humanos corroborada por estudios en todo el planeta, afirma: “Debido a que las hormonas y los bloqueadores hormonales funcionan a concentraciones extremadamente bajas, la única dosis ‘segura’ de un bloqueador del sistema endocrino es cero. Así que todas las fuentes nuevas de estos químicos deberían ser agresivamente disuadidas mientras encontramos la manera de minimizar la exposición a las cantidades de estos químicos que ya están en el medio ambiente”.

Según afirman los expertos, la existencia de posiciones encontradas entre científicos no hace sino ratificar la situación de incertidumbre en la que los decisores responsables de la salud de la población, así como otros profesionales y los mismos afectados, deben y pueden actuar en la defensa de la vida y del ambiente. 3. ¿Será Justicia? Una reconstrucción de las prácticas de ciudadanos y funcionarios públicos en un caso de contaminación ambiental130

“Ningún mundo humano destinado a superar el breve lapso de la vida de sus mortales habitantes podrá vivir jamás si los hombres se niegan

a hacer lo que Heródoto fue el primero en asumir conscientemente: decir lo que existe. Ninguna permanencia, ninguna perseverancia

en el existir, puede concebirse siquiera sin hombres deseosos de dar testimonio de lo que existe y se les muestra porque existe”.

Hannah Arendt

Introducción

La acción de las Madres de Barrio Ituzaingó se inicia a partir de la percepción de numerosos casos de muerte y enfermedad en el barrio, detectados a partir del relevamiento que ellas mismas realizan. La pregunta por las causas y sus responsables interpela también a la administración de Justicia Federal y Provincial.

La reconstrucción de las actuaciones judiciales que se presenta pretende poner a la vista los criterios instituidos en el ordenamiento legal y los actuados efectivamente.

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Malformaciones por plaguicidas. Investigación y Desarrollo, México. http://www.invdes.com.mx 129 http://www.rachel.org/es/node/5188 130 Una versión de este trabajo fue presentada en las Jornadas Internacionales: “Del tercero ausente al tercero excluido. En torno a la invisibilidad social y política”. Gino Germani-UBA, Bs. As., 2007.

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Consideramos que el tecnicismo y la complejidad de la administración de justicia en el estado democrático de derecho, no otorgan a este ámbito un carácter sacro, sino que, por el contrario, requiere del debate de la ciudadanía acerca del sentido de justicia instituido y su legitimidad. Los resultados pueden así contribuir a la faz emancipadora de la intervención estatal en torno a la resolución de problemas concretos, en donde está en juego el reconocimiento y garantía de derechos ciudadanos, así como ampliar el pensamiento sobre la capacidad y las posibilidades de autodeterminación de la ciudadanía y la generación de instancias de coordinación en la sociedad civil para la defensa y ejercicio de derechos. Una reconstrucción de la administración de justicia federal en el caso

El 19 de febrero de 2002, los vecinos de Bª Ituzaingó Anexo presentan a la Agencia

Córdoba Ambiente y al Ministerio de Salud de la Provincia, sendas notas en las que solicitan su intervención dado que en el barrio, “en un radio de 400 metros tenemos casi 15 casos de enfermos de Leucemia Linfática Aguda, Anemia Hemolítica, Hodking Linfático, Púrpura y Lupus…”131. Adjuntan al pedido un listado de 20 personas afectadas y fallecidas, un mapa con la ubicación de los casos y la firma de 300 vecinos apoyando el reclamo.

En marzo de dicho año, el Presidente de FUNAM132, Dr. Raúl Montenegro, en tanto acompañante y asesor por entonces de los vecinos, presenta una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 3 a cargo de la Dra. Graciela López de Filoñuk, para que investigue si el excepcional número de casos de leucemia y otras enfermedades registradas en el barrio se debía a la fumigación con plaguicidas, invocando la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y el Artículo 200 del Código Penal.

La ley 24.051 del año 1991, en su Art. 55 expresa: “que será reprimido con las mismas penas establecidas en el Art. 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuese seguido de la muerte de alguna persona la pena será de 10 (diez) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión”. En el Art. 58 establece que “será competente para conocer de las acciones penales que deriven de esa ley la Justicia Federal”.

Desde la sociedad civil se invoca el sentido de Justicia instituido en el ordenamiento jurídico de nuestro estado de derecho democrático, en tanto es función de dicho ministerio, conforme a la Ley 24.946 en sus Art. 25 y 26, entre otras: “a. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; b. Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera”. Cabe señalar la relevancia de estas funciones en lo que respecta a la defensa de intereses difusos y/o derechos colectivos en nuestro ordenamiento legal. Conforme a esta relevancia, en el Art. 26 se faculta a los miembros del Ministerio Público para requerir colaboración a organismos de todas las jurisdicciones estatales y también a organismos privados y particulares; también asigna específicas responsabilidades y actuaciones para los fiscales penales anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito, a fin de que se logre el desarrollo efectivo de la acción penal.

En junio de 2002, la Dra. María Elba Martínez, en tanto representante legal de los afectados, presenta 38 querellas penales particulares ante la Fiscalía Federal N° 3 contra responsables directos, organismos y funcionarios a cargo del control por aquel entonces: titular de Agricultura de la Provincia, Ministro de Salud de la Provincia, titular de la Agencia Córdoba Ambiente, titular del ERSEP, titular de la EPEC, titular del área de Ambiente de la 131 Nota en el expediente de la Agencia Córdoba Ambiente. 132 www.funam.org.ar

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Municipalidad de Córdoba, y a las empresas Agua Sabia SRL y Refinería del Centro SA. La presentación se realiza en el marco de la causa iniciada por Montenegro.

El 26 de agosto de 2002, la Fiscal Federal, actuando de oficio, plantea la incompetencia de la Justicia Federal atento al dictado de la ley 25.612, sancionada en el año 2002, reguladora de la Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, que en su Artículo 55 establece: “será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente ley la Justicia ordinaria que corresponda”. Atento a esta reconstrucción, mientras la denuncia invoca la ley 24.051, que confiere competencia a la Justicia Federal, la Fiscalía Federal Nº 3 invoca la ley 25.612, que declara la competencia de la justicia provincial.

El día 30 del mismo mes de agosto, el Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, dicta la resolución Nº 72/02, por la cual da instrucciones precisas a los Fiscales Federales con actuación en el fuero penal, a fin de que mantengan y promuevan la competencia. Tal acción tiene como objetivo poner en ejercicio las funciones del Ministerio Público frente a la gravísima confusión generada por las actuaciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración, promulgación y veto parcial de la legislación destinada a regular tan significativa materia.

El 8 de octubre, la Fiscal rectifica su propio dictamen atento a las mencionadas instrucciones del Procurador. Con fecha 11 de octubre, la magistrada interviniente, Dra. Cristina Garzón de Lascano, dispone declarar la incompetencia argumentando que el Art. 58 de la ley 24.051 ha quedado derogado, y remite lo actuado al Sr. Fiscal de la Justicia cordobesa. Frente a esta decisión, la representante del Ministerio Público interpone recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones, y respetando el principio de unidad de actuación, solicita se mantenga la competencia federal, dejando a salvo su criterio personal.

Siete meses después, el 20 de mayo de 2003, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, conformada por los Drs. Ignacio María Vélez Funes, Humberto J. Aliaga Yofré y Gustavo Becerra Ferrer, confirman la resolución apelada compartiendo sus fundamentos y alegando: “la estricta interpretación jurídico-formal de la normativa”, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que reserva la competencia federal para la casos interprovinciales, la “derogación tácita” (sic) de la ley anterior y artículos de la Constitución Nacional referidos a los poderes provinciales no delegados. En lo que respecta a las “circunstancias fácticas” del caso, el tribunal considera que “el suceso denunciado y por el cual se solicita investigación consistiría en la existencia de un transformador de la EPEC (…) ubicado en la intersección de las calles Ibarguren y Ornstein de Bº Mercantil (cabe destacar que aquí se hace referencia a Barrio Mercantil, mientras que los transformadores en cuestión en Bª Ituzaingó, se encuentran situados en la intersección de las calles Van der Wals y Fulton y Van der Wals y Millikan) (...) Así las cosas, de existir responsables (continúa la Resolución), serían funcionarios públicos provinciales (…) no vislumbrándose la intervención de personas, cosas, funciones o lugares que justifiquen como excepción la actuación del fuero federal”. Entre sus últimos considerandos expresa que en el caso no se da la “prueba”, que según su entender constituiría requisito previo para la actuación de la justicia federal.

El 28 de mayo de 2003, el mismo tribunal se expide en relación al “recurso de apelación interpuesto de la Sra. Fiscal y la pretensa querellante”, Dra. María Elba Martínez. La Resolución repite todos los desarrollos de la del 20 de mayo y agrega -en relación al pedido de inconstitucionalidad del Art. 55 de la ley 25.612 solicitado por la Dra. Martinez, introducido en audiencia oral ante ese tribunal-, que el mismo no desarrolla fundamento alguno y citando a la Corte Suprema considera que, al proceder a interpretar la ley “debe evitarse asignar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras” y, citando a la Cámara Nacional de Casación, alega que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos gozan de una presunción de legitimidad. Recordamos

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en esta instancia que, ante la enorme confusión en torno al régimen penal y a la competencia, el Procurador General de la Nación ya había dado instrucciones precisas al respecto.

El 14 de noviembre de 2003, los vocales del tribunal de Alzada resuelven por unanimidad rechazar, “por ser formalmente improcedente”, el recurso extraordinario de apelación interpuesto por la Dra. Martínez ante la Corte Suprema de la Nación. La abogada tacha de arbitraria la resolución del tribunal al omitir la aplicación de la ley vigente y emplear una derogada. Al mismo tiempo, y citando la resolución del Procurador General de la Nación, objeta que la Cámara no justifica el apartamiento de dichas instrucciones precisas, renunciando injustificadamente a la competencia federal, por lo cual solicita que la Corte Suprema de Justicia rectifique lo dictado.

Ignacio Vélez Funes, en disidencia parcial, agrega: 1) la existencia de graves cuestiones formales de las que adolece la presentación, 2) su interpretación respecto a la reforma del Código Procesal Penal, reconociendo a la Cámara Nacional de Casación Penal a los fines de la interposición del recurso extraordinario, 3) cuestiona y rechaza la calificación de arbitrariedad de la sentencia que esgrime la querellante, 4) culmina su alegato afirmando que “los agravios aparecen como una simple y clara discrepancia valorativa, basada en gran parte en afirmaciones dogmáticas respecto de asuntos que versan sobre normas de derecho común, materia ésta que resulta absolutamente ajena al remedio intentado” y asigna las costas a los pretensos querellantes recurrentes.

Al año y nueve meses de iniciada la denuncia ante la Fiscalía, ninguno de los documentos públicos consultados hace referencia al desarrollo de acciones destinadas a recomponer el daño ambiental, obligación considerada prioritaria por la Constitución Nacional en su Art. 41. Tampoco a los principios que deben guiar la ejecución de la política ambiental conforme a la Ley General del Ambiente Nº 25.675 de noviembre de 2002, entre los que se destaca respecto a esta reconstrucción el Principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”; el Principio de responsabilidad: “El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”; y el Principio de subsidiariedad: “El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales”. Lejos de esta normativa y de la red conceptual del derecho ambiental que la funda, las prácticas reconstruidas no se dirigen en ningún momento a la situación, al derecho a la vida, al derecho al ambiente sano, a los derechos difusos, a los vecinos de Barrio Ituzaingó. Manteniéndose con una notable atención sobre el cumplimiento de las normas procesales, menoscaban el poder de una justicia que ha sido invocado.

Hoy los casos relevados por vecinos han llegado a casi 200 y se han presentado casos graves y hasta seguidos de muerte por malformaciones en fetos. Ninguno de los numerosos estudios realizados por reparticiones públicas ha estado dirigido a precisar el vínculo entre contaminantes y enfermedades; los estudios realizados sobre las substancias en general han determinado que éstas se encuentran “dentro de parámetros normales”. Volviendo a la Justicia, la Fiscalía Provincial, en la que obra el expediente iniciado por Raúl Montenegro ante la Justicia Federal, no ha recibido aún la resolución a la apelación de la Dra. María Elba Martínez.

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Una reconstrucción de la administración de justicia provincial en el caso

La Constitución de la Provincia de Córdoba, en su Art. 66, enuncia que “toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano; (…) el agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el hombre son materia de especial protección en la provincia”.

En lo que respecta a la custodia del interés público, la misma constitución en su Art. 172 le otorga como tarea principal al Ministerio Público, entre otras: “1. Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas. 2. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social. 3. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares”. Por su parte, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Código Procesal Penal, los fiscales son quienes tienen asignada en forma exclusiva la tarea de investigación y resolución en primera instancia de las causas penales.

Cabe referir aquí que esta institución ha sido objeto de debate y reforma en los últimos tiempos, asignándosele un rol clave en la tarea de acercar la administración de la justicia a la ciudadanía133. Tal cambio se denomina técnicamente como el paso de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, en el que la labor principal es que el estado sostenga la acusación hasta la realización del juicio. Otras características de la reforma relevantes para el caso, son aquellas que promueven nuevas modalidades de la investigación para morigerar el exceso de formalismo (la investigación como construcción de un expediente) y nuevas modalidades en las prácticas de los fiscales que, a diferencia de los anteriores jueces, deben relacionarse con la comunidad sosteniendo un intercambio activo para clarificar las demandas de la ciudadanía y dar a conocer los criterios y respuestas adoptadas en consonancia134.

En el caso, el Ministerio Público actúa por denuncia o remisión de la Justicia Federal, y no por oficio, a pesar de que el tema es presentado por los vecinos a las autoridades públicas en febrero de 2002, y para el mes de abril de ese año, el principal diario de Córdoba había informado sobre las enfermedades y los presuntos elementos contaminantes que estarían actuando -contaminación del suelo por PCB y contaminación del servicio de agua potable, ambos servicios públicos bajo supuesto control de los poderes públicos-, así como las primeras medidas oficiales al respecto y las protestas de los vecinos.

Según nuestro relevamiento, hemos identificado 8 causas vinculadas al problema de contaminación en Barrio Ituzaingó Anexo. De esas 8 hemos podido identificar el estado de 4, encontrándonos actualmente gestionando el acceso a algún sistema que nos permita indagar sobre las faltantes.

En la Fiscalía de Instrucción Distrito 2 Tº 5, a cargo del Dr. Roberto Matheu, se encuentran las siguientes causas:

- Causa iniciada el 24 de marzo de 2002 en la Justicia Federal por Montenegro Raúl, S/denuncia Bª Ituzaingó, que fuera remitida a dicha fiscalía y que al día de la fecha no ha recibido resolución del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Dra. M. E. Martínez, de objeción del pase a la provincia de las denuncias penales ante las cuales los Tribunales Federales se declararan incompetentes.

133 Desafíos del Ministerio Público en América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 2005. 134 Ortiz, E. R.: “Crítica del funcionamiento y la reforma del proceso penal de Córdoba”. En Anuario VI, CIJ, UNC, 2001/2002.

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- Denuncia Sofía Gatica, Unidad Judicial 10, Srio. 2028/02 con motivo de denuncia formulada por Sofía Gatica, Expte. 96534, con fecha 22/05/02, en contra de Monserrat y/o Municipalidad de Córdoba por fumigaciones.

Esta denuncia invoca, en primer lugar, al acuerdo realizado en una reunión en la legislatura provincial el 14 de mayo de 2002, por el cual autoridades de Ambiente, Salud Pública, Comisión de Ecología de la Legislatura, Dirección de Ambiente, EPEC, Sec. de Agricultura y Ganadería de la Provincia, se comprometen a que no habría más fumigaciones hasta saber qué agroquímicos se estaban utilizando.

El Fiscal solicita informes y/o la intervención de: la Agencia Córdoba Ciencia, el Intendente de la Municipalidad, el secretario de Agricultura (que a través del departamento de Industria, Ganadería y Alimentos afirma que todos los plaguicidas están permitidos), el Ministro de Salud, la Comisión de Ecología de la Legislatura Provincial, directivos del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia (ERSEP), la Empresa de Energía de la Provincia (EPEC), la Agencia Córdoba Ambiente (Oscar Santarelli como presidente enumera los plaguicidas y afirma: “es posible decir que la concentración de plaguicidas no generaría peligro para la salud de la población”) y Planeamiento Ambiental del municipio (afirma esta última repartición que a partir de estudios realizados, los valores de los agrotóxicos se encuentran dentro de los estándares normales). Mientras los vecinos, por expediente municipal 897.904/02, denuncian la cantidad de enfermos en el barrio, la información que proporciona el Ministerio de Salud a la Fiscalía (5/08/2002) detalla las actuaciones del organismo, no proveyendo a ésta los resultados de los estudios sobre la salud de la población y sus posibles vinculaciones con las fumigaciones.

En febrero de 2004, la Fiscalía realiza un allanamiento en el que se secuestran productos que fueron analizados por el laboratorio del CEPROCOR. Esta causa iniciada en 2002 aún está sin resolución, aunque el Fiscal afirma que se estaría por imputar al Sr. Parra, propietario del campo. El Fiscal sostiene en marzo de 2007 que la decisión de imputación tiene que ver con el incumplimiento de la norma (fumigación con agroquímicos prohibidos y/o fumigación dentro de radio prohibido), ya que no se puede comprobar la causalidad entre el uso de agroquímicos y las enfermedades. Sostiene que no hay nexo causal, “en todo caso los hechos pueden ser considerados agravantes más que causales”. Interrogado acerca del concepto de daño ambiental, como un concepto que cambia la visión del caso, insiste en la imposibilidad de comprobar el nexo causal y agrega información proporcionada por funcionarios de la Municipalidad, el Subsecretario de Salud, Dr. Horacio Barri, acerca de las características peculiares de la población del barrio, a la que se considera “un sector inmunológicamente deprimido” (¿acumulación de exclusiones?).

- Denuncia del Diputado Provincial Gustavo Santos (UCR) por Refinería Centro de Bº

Ituzaingó. De la investigación realizada por la Fiscalía se concluyó que no produce contaminación, archivándose la causa.

- En la Fiscalía de Instrucción Distrito 2 - 6° Turno, a cargo hoy de la Dra. María

Antonia De la Rúa, obra la causa iniciada ante la Justicia Federal 10321 en enero de 2003, por residuos peligrosos, por Martínez María Elba, sobre denuncia fumigación en Bª Ituzaingó y, por pase a la Justicia Provincial, llega en feria como Expediente 96517 a la Fiscalía a cargo por entonces del Dr. Villalba. Como apoderada de los vecinos, la abogada solicita medida de urgencia al Juez Federal de feria para que haga lugar a la medida cautelar de no innovar sobre campos aledaños por los efectos del endosulfán aplicado en las fumigaciones. En este caso, la cuestión de la competencia se resuelve a favor del pase a la provincia por el Fiscal Gustavo Vidal Lascano y no es recusada.

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El Fiscal Luis Villalba, el 20 de enero realiza gestiones por las cuales solicita informes y/o hace intervenir a: Consejo Deliberante, CEPROCOR, Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, Ministerio de Salud de la Provincia, Protección Ciudadana, Centro Vecinal, Registro Nacional de Aeronaves, Sec. de Agricultura de la Pcia. y Defensor del Pueblo de la Provincia.

La normativa presumiblemente transgredida sería: las Leyes provinciales 6629, 7691, 8072, 8840, referidas a agroquímicos, y 7343/85, referida a principios de preservación del medio ambiente; las Ordenanzas 7104/80, reglamento de protección ambiental, 8203/86, 8978/93 y 10589/03, prohibición de fumigación en el ejido municipal, y 10590/03, que es la prohibición de fumigación en Barrio Ituzaingó Anexo. El 28 de enero se notifica la orden de allanamiento para recoger muestras de suelo en el campo de Antonio Paty y en el campo de Adolfo Paty.

En octubre de 2003, el Fiscal reitera el carácter de urgente del pedido de informe de los estudios al director de Planeamiento Ambiental de la Municipalidad, Francisco González del Pino. En noviembre se remiten las actuaciones al Tribunal de Faltas del Municipio en función de las ordenanzas 10505 (21/05/02 - emergencia sanitaria), 10589 y 10590 (radio para las fumigaciones).

A un año de solicitada la medida de urgencia y la medida cautelar, en febrero de 2004, los resultados de los análisis informan que “el nivel de endosulfán encontrado está 1.000 veces debajo del nivel guía de la ley de residuos peligrosos 24.051”. También en ese mes se pide por acumulación de causas el ingreso de la Denuncia Sofía Gatica, iniciada en 2002 y desarrollada más arriba.

El 17 de febrero de 2004, la Fiscal a cargo resuelve que las fumigaciones no constituyen delito, por estar realizadas con productos permitidos. Considera que podría tratarse de una forma de contaminación, lo cual sería una contravención a una norma municipal, investigación que escapa a la competencia del Ministerio Público provincial. La Ordenanza 10.589 prohíbe la fumigación en el ejido y prevé que toda violación será sancionada conforme a la Ordenanza 10.099. Luego de estos considerandos, se ordena el archivo por no encuadrar en figura penal alguna. El ritualismo como olvido de la “verdad objetiva”

En el caso, el apego excesivo a los procedimientos supone una lógica de

funcionamiento que consiste en resolver la cuestión apelando a principios formales incuestionables, los que los funcionarios dan por instituidos. Una forma de desprecio gana la investigación, la indolencia. En ningún momento se instruye a que se realicen estudios sobre los afectados135. A partir de esta lógica, la verdad que producen las resoluciones tiene el efecto de desplazar la cuestión hacia otras materias (federalismo, procedimientos penales, competencias institucionales). La actuación de la administración de justicia diluye la “sustancia” del caso, precisamente cuando se ven afectados el interés de la comunidad, la prestación de un servicio público o actividad esencial del Estado y vulnerados los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional, Provincial y las leyes. El criterio de verdad encapsula un sentido de justicia que deja fuera de juego a la ciudadanía y abandona a las víctimas. Más que interesarnos por los debates filosóficos acerca de la verdad, lo que nos mueve es poner el pensamiento en acción frente a instituciones democráticas alienadas de la función que les da existencia, la garantía de derechos en situación.

135 Cuando en el año 2006 el municipio realiza el primer estudio de biomarcadores en treinta niños -es decir sobre el estado de los cuerpos de los habitantes del barrio-, los resultados dan que 26 tienen agroquímicos en sangre.

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Por otra parte, el ritualismo opera de forma esquiva, ya que sólo invoca las normas que lo protegen, no comportándose con la misma diligencia frente a las normas que lo contradicen. Específicamente en el caso, la Resolución 72/02, por el cual el Procurador General de la Nación instruía a los fiscales sostener la competencia federal en causas originadas por los efectos de las actividades productivas en la salud humana. Otro olvido lo constituye el error manifiesto en la consideración de los hechos. La Resolución del 24 de noviembre de 2003 hace referencia a transformadores citos en Barrio Mercantil, cuando las denuncias se realizan sobre los de Barrio Ituzaingó Anexo. Forma de ley y “denegación de Justicia”

La Constitución Nacional afirma en su Artículo 41 que “todos los habitantes gozan del

derecho a un ambiente sano”, que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley” y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”. En la Ley Nacional de Ambiente esta vinculación entre derecho a la salud y ambiente se encuentra suspendida. Si bien considera el ambiente como un bien jurídicamente protegido, nada dice de su relación con la salud de la población. Conforme a la jurisprudencia parecería asentarse que, respecto al daño ambiental, corresponde una reparación colectiva; mientras que la reparación del daño individual constituye una cuestión de derecho civil. Más allá de discutir acerca de esta diferenciación, lo que interesa es señalar que, debido a ello, el derecho ambiental ha generado un concepto diferente en lo que respecta a la participación de los afectados en la resolución de los conflictos, así como innovado institucionalmente al respecto. Tales son los casos del llamado derecho de amparo ambiental, las audiencias públicas, los fueros ambientales. Este nuevo concepto e institucionalidad, han llevado a una modificación de las prácticas tanto a nivel del estado como de la sociedad civil en otras provincias de Argentina, no así en Córdoba. Por lo cual, los principios y el funcionamiento del ordenamiento constitucional y legal parecieran estar limitados en este territorio, pudiendo hablarse de una vigencia sin significado, como forma de ley que no actualiza prácticas de reconocimiento y garantía de derechos.

También en lo que respecta a la administración de la justicia provincial en relación a las vindicaciones de la ciudadanía, centradas en la denuncia de casos de enfermedad y muerte en el barrio, se observa que las actuaciones del Ministerio Público se limitan a la aplicación del régimen procesal penal. Es decir, se atienen a investigar la violación a la ley, en este caso de agroquímicos o de ordenanzas, y no la conculcación del derecho a la vida y a un medio ambiente sano en el barrio. Cabe repetir que las actuaciones en ningún momento instruyen la realización de estudios específicos sobre los afectados, ni disponen en su obrar de información del Ministerio de Salud acerca específicamente de los casos de enfermedades y muertes. Tampoco toman en consideración los informes técnicos emitidos por organizaciones de la sociedad civil al respecto. Por último, en relación a la participación de la ciudadanía en la resolución del conflicto, cabe señalar que ninguno de los procedimientos seguidos por el Ministerio Público fue informado a la fecha a los afectados y/o vecinos.

Por otro lado, y tal vez como derivado de una actuación que elude el problema, se observa que en ningún momento el Ministerio Público inició tramitaciones referidas a investigar las responsabilidades de las autoridades del poder ejecutivo, de entes autárquicos como el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y la empresa estatal de energía (EPEC), en relación a su desempeño como funcionarios públicos en el caso. Tampoco en lo referido a la responsabilidad de la concesionaria del servicio de agua potable, ya que si bien la intervención del ejecutivo llevó a un cambio de firma, la anterior prestataria no queda eximida por ello de la responsabilidad que le cupiera en el asunto.

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La normativa provincial que otorga al Ministerio Público la relevante función de velar por el interés público, tanto en lo que respecta a la instrucción de los casos, como en lo que refiere al control de la administración, ve así difuminado su significado.

En lo que respecta a la administración de la justicia federal y su circunstancia actual, consultando la bibliografía especializada y la jurisprudencia, consideramos que la exclusión de una cuestión, el desacierto de la sentencia en recurso -ya sea por la prescindencia de la ley aplicable o de los hechos probados-, el hecho de que el Juez no tenga en cuenta cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que, a su vez, resultan conducentes para la solución del litigio, constituyen denegación de justicia. Por ello, las sentencias pueden ser consideradas arbitrarias y merecer entonces el recurso extraordinario, recurso que en el caso que nos ocupa está pendiente de resolución desde hace años.

Concluyendo, tanto en lo que respecta a cuestiones de reconocimiento y garantía de derechos, como a cuestiones de funcionamiento institucional, el caso constituye un entramado de ceremonias de despojamiento de la ciudadanía. Así, la intervención de la administración de justicia se suma a las exclusiones de los otros poderes públicos del estado democrático de derecho y refuerza las producidas por el mercado. Efectos de la desconstitucionalización

El procesamiento de esta práctica ciudadana por parte del poder judicial, más que

garantizar el acceso a la justicia ha tenido efectos disuasivos. Los problemas emergentes de la producción de soja y el uso de agroquímicos han demostrado ser conflictos no procesables por la administración de justicia, cuando su importancia se acrecienta con la expansión de la superficie sembrada en todo el territorio nacional. La crisis estallada en 2001 se agudiza; la interacción con las instituciones dilapida la potencia de actuar de las Madres, poder constituyente que podría ser valorizado para la actualización de los exigentes principios constitucionales del estado democrático de derecho en un tema de tanta relevancia.

Desde este caso, pareciera darse la paradoja de que a mayor reconocimiento e institucionalización internacional y nacional de derechos y mecanismos, menor posibilidad de actualizarlos a través de prácticas de vindicación de derechos en el escenario local. Mientras la constitución y las leyes avanzan en el establecimiento de criterios de política para precisamente acortar los márgenes de discrecionalidad de la administración estatal, los funcionarios limitan su comprensión del garantismo y la seguridad jurídica al haz de derechos vinculados a las transacciones mercantiles.

El acontecimiento ilumina la trama de reglas y prácticas que constituyen su pasado y presente, así como exige el fortalecimiento de estrategias de autodefensa y de asedio a las instituciones indolentes.

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II. Ejercicios de composición 1. ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Notas sobre la potencia y el bloqueo de la experiencia política de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba136 Puntos de partida

En Barrio Ituzaingó Anexo, ciudad de Córdoba, se llevan registrados, sobre una población cercana a los 5.000 habitantes, más de 200 casos de enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental y la calidad de vida, principalmente oncológicas, pero también respiratorias, dermatológicas, embarazos y nacimientos afectados con malformaciones. Un colectivo de mujeres habitantes del barrio se reunió para denunciar el daño producido a sus cuerpos y formas de vida, exigir el esclarecimiento de las causas de la contaminación y sus efectos sobre la salud de la población, exigir la solución al problema. Lo que este colectivo pone en juego con su clamor por verdad y justicia es el ejercicio de los derechos a la vida y el medio ambiente. Desde sus primeras acciones, en diciembre de 2001, el grupo abre un trayecto de movilización en defensa de estos derechos. En un momento le es requerida una identidad para actos públicos y relaciones con otras organizaciones y el grupo resuelve denominarse “Madres de Barrio Ituzaingó Anexo”.

Mientras tanto, de parte del gobierno se han comenzado y se siguen haciendo estudios para determinar si existe daño ambiental y su relación con las enfermedades y fallecimientos, sin que se pueda determinar hasta el momento qué está pasando en Ituzaingó Anexo. Para las Madres, sobran pruebas para denunciar un genocidio encubierto137, por el cual responsabilizan ya sea por acción y/u omisión a funcionarios e instituciones públicas de los gobiernos municipal de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba y de la Nación. La pelea de las Madres se caracteriza por haber generado la intervención estatal en este problema público ambiental, produciendo efectos, productos o transformaciones en las estructuras institucionales con las que han entablado relaciones en su lucha. El accionar de las instituciones nos demuestra que el estado ha actuado recién a partir de la movilización del grupo de mujeres y algunos vecinos del barrio, y revela que lo hecho hasta ahora es insuficiente para encontrar una salida a la problemática. Revela también la hostilidad y la indiferencia de parte de algunos sectores del gobierno hacia el colectivo y hacia la problemática del barrio.

En esta situación, intentamos pensar la acción política con el colectivo de las Madres por la defensa de derechos y la respuesta política en el reconocimiento de los mismos por parte de los poderes del estado y sus representantes. Nos preguntarnos “¿qué es lo que puede un cuerpo?”, por un lado, porque intentamos pensar el cuerpo como modelo para comprender un aspecto de la acción política, como lo es la producción de la experiencia política, desplazando la primacía de la conciencia y la racionalidad intelectualista en la definición de la acción política. Somos en el mundo y estamos en él porque lo podemos experimentar desde

136 Una versión de este trabajo fue presentada en las IV Jornadas de Investigación en Antropología Social, organizadas por el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Fac. de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2006. 137 El Grupo de Madres ha caracterizado con esta expresión la situación del barrio, en varias presentaciones en charlas y asambleas. En material escrito, la misma denuncia consta en el artículo “Destrucción del Espacio Urbano: Genocidio encubierto en Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba”, redactado por el Grupo y publicado en el Informe Alternativo sobre la Salud en América Latina. Observatorio Latinoamericano de Salud. Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS) Editor, Ecuador, 2005.

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nuestros cuerpos, que son el sustrato de la fuerza de existir, del impulso vital, de la voluntad y el deseo, de los afectos que nos constituyen como vivientes y nos ponen en movimiento.

En investigaciones anteriores nos habíamos detenido en los aspectos gramaticales de la acción, particularmente en los usos de la palabra “política” que hacen las Madres. Ahora bien, la gramática expresa y perfecciona en palabras lo que es dado en la experiencia, en las prácticas políticas. Si los conceptos son algo más que representación, y son considerados como acción, entonces la subversión de la gramática y el cambio de sus convenciones muestran el cambio de la experiencia, es decir, aquello que hacemos, cómo vivimos, cómo sentimos, los modos de ser y actuar juntos; en definitiva, las formas de vida.

Por otra parte, no se trata solamente de la construcción de una mirada que hace foco en la cuestión del cuerpo. En el caso de Ituzaingó Anexo, el conflicto se desata por el daño a los cuerpos mismos. Aquí, la vida y las formas de vida de sus habitantes han sido dañadas por la contaminación ambiental, con enfermedades y muertes como consecuencia. En estos cuerpos dañados se inscribe tanto el ordenamiento político del poder dominante como los conflictos que éste genera; aquí, la vida se ha convertido en el lugar único tanto para la organización de las formas del poder estatal como de las estrategias individuales y colectivas que le resisten produciendo una experiencia política. Diversos actores y estructuras del sistema político comprometidos en la situación del barrio, despliegan dispositivos de control para capturar y reducir la potencia de dicha experiencia. La parálisis de la acción política está ligada al funcionamiento de estos dispositivos, por lo que es preciso elaborar un modelo de acción que precisamente le permita nutrirse de lo que actualmente determina su bloqueo.

En este sentido, el texto parte de asumir los límites de posiciones teóricas y políticas que afirman que la lucha por la vida, por las necesidades de la vida, no es política, en tanto el sentido de la política es la libertad138, produciendo como efecto la falta de políticas de ruptura activas. Por el contrario, sostenemos que desde el momento en que la defensa de la vida se inscribe en una defensa de derechos y en una auto-afirmación de las formas de vida que batallan por ellos, esta lucha adquiere su dimensión política.

¿Qué es lo que puede el cuerpo en la experiencia política de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo?

Lo que tenemos en la situación de Ituzaingó Anexo es la puesta del cuerpo de las Madres en espacios que antes no habitaban; como ellas mismas dicen, “pasamos de estar todo el día en nuestra casa lavando platos a cortar la ruta”. Nos interesa, para comenzar, reconstruir algunas escenas de la puesta pública del cuerpo de las Madres en su recorrido por las instituciones del estado, para dar cuenta de lo que pueden esos cuerpos; las oficinas de funcionarios, los despachos y sesiones de legisladores y las presentaciones a la justicia se inscriben en el trayecto de las Madres de la misma forma que los primeros cortes de ruta y marchas por avenidas céntricas y calles del barrio, el trabajo con otras organizaciones, etc. Mientras cartografiamos el trayecto de las Madres en su defensa de derechos, nos vamos

138 “Que la supervivencia sea el motivo esencial y determinante de cualquier política es lo que llamamos biopolítica. Vida/muerte y seguridad, es el nudo de la biopolítica. Cuando el Estado, por los motivos señalados, instrumenta su acción de tal forma que la supervivencia y la seguridad constituyen el horizonte central de toda decisión política, se abre el espacio de la barbarie”. “Si hay algo de lo que puede enorgullecerse la humanidad del hombre es la posibilidad de entregar su propia vida en defensa de un principio o de un ideal. Pues bien, la lógica del capitalismo mundial que hoy inunda la política ha logrado invertir esa donación: todo principio o ideal debe reducirse a conservar la vida”. “De la biopolítica a la bioguerra”. Grupo Acontecimiento, 2004. http://www.grupoacontecimiento.com.ar/

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preguntando respecto de los sentidos de lo público, de justicia, de responsabilidad por el bienestar común: ¿Quiénes los construyen y cómo lo hacen?

Algunas escenas con los poderes públicos provinciales: Entre fines de 2001 y mediados de 2002, el grupo logra instalar el tema de los

derrames de sustancias tóxicas de PCB, y consiguen el cambio de los transformadores, así como ocurre con los tanques de agua, que alojan restos de plaguicidas, y su reemplazo por la red de agua. Funcionarios públicos del gobierno provincial, de EPEC (empresa provincial de energía eléctrica), de ERSEP (ente regulador de servicios públicos) toman cartas en el asunto.

En el caso de EPEC, el problema es el derrame de PCB de los transformadores, sustancia que ha sido comprobada como peligrosa y causante de enfermedades. Las Madres y los vecinos piden el reemplazo del transformador, pero previa confiscación del mismo, para utilizarlo como elemento de prueba en una acción judicial que encaran el grupo de Madres junto a su abogada y una ONG ambientalista, para la cual existe una medida de la jueza de no innovar. Ante el avance de los empleados de EPEC para retirar el transformador, las Madres anteponen sus cuerpos, y de alguna forma se abrazan al mismo para que no sea retirado. Finalmente la policía retira a las Madres y el transformador es reemplazado. La acción de este grupo de Madres, al instalar el tema de la contaminación de los PCBs, sobre la cual ya venían radicándose denuncias en otros barrios de la ciudad y localidades del interior provincial, impulsó la revisión de varios miles de transformadores y la elaboración, por parte del gobierno provincial y dependencias, del “Programa Córdoba Libre de PCBs”.

En el caso del ERSEP, la cooperativa que brindaba el servicio de agua potable y la empresa Aguas Cordobesas, la intervención se realiza a partir de la denuncia de las Madres de residuos de plaguicidas y metales pesados en los tanques de agua del barrio. De la misma forma que obtienen el cambio de los transformadores, consiguen la instalación de la red de agua potable que comienza a brindar el nuevo servicio de agua y reemplazar los tanques contaminados. Las Madres y un grupo de vecinos fueron convocados por el ERSEP para firmar un acta de no generación de demandas y denuncias hacia la empresa Aguas Cordobesas a cambio de la nueva prestación del servicio.

Del recorrido por las autoridades de la Provincia, las Madres obtienen reuniones con el gobernador y el ministro de Salud, para tomar decisiones respecto del esclarecimiento de las causas de la contaminación en el barrio. Logran que se realicen distintos estudios epidemiológicos, y la expresión de compromiso de parte del gobernador, quien les asegura que “no permitirá un genocidio en el barrio”. El ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, tiene como tarea realizar una vigilancia epidemiológica regularmente y en todo el territorio provincial. La acción de las Madres aquí motoriza la intervención estatal desde la denuncia y la petición a las autoridades para dar una respuesta por las causas de la contaminación y las enfermedades.

Del recorrido por la Legislatura provincial, el grupo de Madres confecciona un proyecto de ley contando con el asesoramiento de algunos profesionales, para crear una zona de protección alrededor de las poblaciones, una frontera para la fumigación. Convocaron a los legisladores y el proyecto comienza a ser tratado en la comisión de agricultura, pese a que ellas también quieren que sea tratado por la comisión de salud y medio ambiente. Semana a semana, las Madres instalan una mesa en la puerta de la Legislatura, con banderas y volantes, para repartir y hablar a la gente que circula por la calle. Algunos se detienen a escucharlas, algunos firman, algunos siguen de largo sin mirar. Al interior del recinto, los representantes les dicen que no pueden presenciar las sesiones, y les piden que se retiren. Sin embargo, las Madres persisten, y a mediados de 2004 consiguen la aprobación de la ley de agroquímicos, aunque la frontera de fumigación que ellas exigen de 2.500 mts. no se concede, y se establecen 1.500 mts.

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Algunas escenas con los poderes públicos municipales: Del recorrido por las autoridades del PE municipal, por acción del grupo, el barrio está

declarado en emergencia sanitaria municipal desde marzo de 2002. Se crean ordenanzas municipales que prohíben la fumigación con agroquímicos en Ituzaingó Anexo.

A raíz de la declaración de la emergencia sanitaria, y también por presión de las Madres, se crea una UPAS o centro de salud periférico, que hace atención primaria de la salud junto al equipo ambulante de médicos del programa provincial “Salud Familiar”. En la UPAS, el equipo de salud trabaja en la problemática del barrio en la confección de un mapa con el relevamiento de los casos encontrados por las Madres.

Se conforma una comisión de trabajo cuyas reuniones tienen sede en la municipalidad. Allí participan, en primera instancia, funcionarios municipales de la secretaría de Salud y Medioambiente, profesionales del equipo de Salud familiar de la provincia, el equipo de Salud del dispensario del barrio y miembros de algunas ONGs o personal contratado por la municipalidad a los efectos de brindar asesoramiento para la realización de los análisis, tema que es objetivo de trabajo de toda la comisión. Las Madres discuten allí los criterios para la realización del estudio, a quiénes se realizarán las entrevistas, etc. Ellas confeccionan el cuestionario, que luego es corregido por los asesores técnicos; los aspectos metodológicos también son cuestionados por las Madres.

Algunas escenas con los poderes públicos nacionales: Del recorrido por Tribunales Federales, las Madres y un numeroso grupo de vecinos

del barrio radican denuncias penales y civiles contra los dueños de los campos, por las fumigaciones que no respetan lo establecido por las ordenanzas. Hasta el momento no ha habido respuestas, mientras tanto las Madres prepararan nuevas presentaciones judiciales.

Se presentan como querellantes. En un primer momento se les deniega la participación (40 afectados), pero apelan y se les hizo lugar. Luego la Justicia Federal se declaró incompetente, remitiendo la causa a otra jurisdicción.

Al ver que los casos aumentaban y el gobierno seguía mirando para otro lado, viajan a Buenos Aires. A nivel nacional, realizan un recorrido por instancias del Poder Ejecutivo, que incluye la secretaría de DDHH y una entrevista con su titular, Luis Duhalde, la Defensoría del Pueblo, la secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social.

En el congreso de la Nación se entrevistan con diputados nacionales para presentar un proyecto de ley que prohíba la fumigación cerca de las viviendas.

Recorrer el espacio en que se configura la presencia de las Madres a la vista pública nos muestra cómo las nueve mujeres que conforman el colectivo de las Madres han puesto y siguen poniendo sus cuerpos frente a todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), en todas sus jurisdicciones (municipal, provincial y nacional). Nueve mujeres pueden lo que no han hecho todas las estructuras estatales y sus representantes, arriba mencionados. Una demostración de que el interés y la responsabilización públicos por el bienestar común y por la justicia fue movilizado desde esos cuerpos, tristes, angustiados, con bronca, con impotencia ante la situación que les toca vivir y también contentos, porque celebran el valor de la vida en un contexto en que sus vidas pareciera no tener valor. En la defensa del derecho a la vida hay encuentro con los próximos, y se produce lazo; hay afectos alegres y aumenta la fuerza de existir. Sentirse sintiendo, es la facultad de auto- afección que puede el cuerpo de las Madres para generar movimiento.

En este recorrido, las tareas de control, denuncia y actividades por la prevención de los daños ambientales y sus efectos lo realizaron ellas mismas, con la solidaridad de otros vecinos, organizaciones y algunos efectores municipales. Ante la desconfianza que les produce el primer relevamiento a cargo del ministerio de Salud de la provincia, con sus

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propios recursos (o mejor, sin ellos) lo hacen ellas, y con esa información se presiona directamente a las autoridades y también en forma pública. Para conseguir un medicamento oncológico o para lograr conseguir el resultado de algún estudio o análisis del barrio, han tenido que recurrir a los cortes de ruta (algunas veces con los enfermos).

Lo que pueden sus cuerpos es auto-organización y generación de acción colectiva, de estrategias situadas en la solución del problema ambiental del barrio. Pueden armar un proyecto de ley sin los legisladores, pueden impulsar estudios epidemiológicos sin los profesionales médicos y autoridades sanitarias, pueden controlar las fumigaciones sin los poderes de policía a cargo de las secretarías y dependencias de Salud y las agencias ambientales. Pueden resolver desde el mismo colectivo, con o sin referentes ni recetas, la orientación de la acción, ensayando uno o varios caminos posibles de acuerdo a los fines que persiguen.

Ante el daño a sus cuerpos y formas de vida, las Madres afirman en su lucha el valor de la vida y el clamor por la restitución del medio ambiente. La respuesta política por parte de las autoridades públicas, por acción y/u omisión, pone a los cuerpos en un lugar de vidas que no merecen vivir si consideramos que, repasando el relato precedente de las escenas, la movilización de este colectivo de mujeres auto-organizadas ha ido forjando la intervención estatal, mínima, ausente, la cual no puede garantizar los derechos para la salud y el medio ambiente que enuncian diferentes leyes. No es que los gobiernos provincial y municipal no hayan dado respuestas ante los reclamos, sino que la práctica de las Madres pone sobre el tapete que la gramática de los poderes públicos no da cuenta ni del ejercicio y reconocimiento de derechos de la ciudadanía ni de la actuación de las leyes que les otorgan vigencia.

Una de las Madres señala en un encuentro con otras organizaciones que comparten la pelea por la misma problemática: “lo que tenemos que plantearnos es cómo defendernos a nosotros mismos cuando las leyes no se cumplen, cuando no hay justicia para nosotros y no tenemos ayuda ni nada de parte del estado”. Lo que puede el cuerpo de las Madres es ejercer una auto-defensa ante un estado que denuncian como ausente, por un lado, porque se han hecho varios estudios y todavía no se puede precisar cuál es el daño ambiental, y mucho menos hay reparación, y la prevención es inexistente o al menos insuficiente. “Mientras tanto nos seguimos enfermando, en el barrio la gente se sigue muriendo” señala otra de las Madres. Por otra parte, las Madres responsabilizan a distintas dependencias del estado por genocidio encubierto y señalan la inacción sistemática de los poderes públicos en una lista de responsables.

El colectivo de las Madres ha puesto en palabras lo que han vivido sus cuerpos. La toma de la palabra en las Madres ha significado para ellas y para la sociedad la creación de un nuevo mundo: el de salir a luchar por los derechos; el de la resignificación de la participación política en el contexto de la crisis de representación, es decir, por fuera de los canales tradicionales como los partidos políticos; el del autorreconocimiento como sujetos políticos que pueden interpelar a los poderes públicos. Que “el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes” es puesto en cuestión por la desobediencia de las Madres del artículo constitucional, cuando ellas irrumpen en el escenario de sesiones legislativas, oficinas de dependencias del poder ejecutivo nacional, provincial y municipal, despachos de jueces. Al mismo tiempo, las Madres recuperan el mismo artículo constitucional para justificar sus prácticas. Reafirman la relación representante-representado para exigir una legislación acorde a la problemática del barrio, respecto al tema de las fumigaciones, para exigir que el gobernador, el intendente, el ministro de Salud las reciban y escuchen. No hay contradicción alguna, se trata de la experiencia de las instituciones pública; poder criticarlas con la denuncia de su desmantelamiento, ineficacia y corrupción es también, para las Madres, plantear el cambio de dichas instituciones, exigir un funcionamiento efectivo y adaptado a las nuevas realidades. Aquí lo que puede el cuerpo de las Madres es ejercer la facultad del lenguaje,

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tomar la palabra y restituir su carácter de verdad, de expresión de un sentido de justicia y de una voluntad e interés comunes para definir el quehacer en las condiciones dadas, en definitiva, un acto político. Poder decir, salir de las sombras y aparecer en un contexto en que nada parece dar testimonio de su presencia en el mundo.

Auto-afección, auto-organización, auto-defensa, toma de la palabra, son facultades que tienen su asiento en los órganos del cuerpo, es decir, son facultades corporales. Lo que puede el cuerpo de las Madres es, en definitiva, la reapropiación de estas facultades al poder sentir, poder ver, poder decir para su lucha en la defensa y el reconocimiento de la vida. La acción de las Madres es, en este sentido, la experiencia de la potencia. La captura de la experiencia política: lo que puede un dispositivo139

Porque sienten lo que quieren, porque saben lo que quieren, porque quieren lo que hacen, es que las Madres han hecho su experiencia política y han recibido como respuesta, en lugar de reconocimiento a su lucha por la verdad y la justicia, el despliegue de dispositivos de control de parte de los actores de instituciones estatales y paraestatales, a través de los cuales intentan capturar esta experiencia política y disminuirla, resignificarla o directamente denegarla.

En el sentido en que lo utilizaremos aquí, el concepto de dispositivo140 se refiere a la regulación de la existencia humana en todas las formas posibles, ya que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, prácticas, leyes, medidas de policía, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos, y siempre tiene una función estratégica concreta pues se inscribe en una relación de poder que busca asegurar una relación de mando-obediencia entre individuos o grupos, de sujeción de los cuerpos a un orden dominante.

Acompañando desde nuestro lugar la experiencia de las Madres, nos interesa desmontar el funcionamiento de algunos dispositivos y sus efectos como bloqueo o parálisis de la acción colectiva. Si en la sección anterior intentamos presentar todo lo que pueden los cuerpos de las Madres, lo que sigue es un intento de pensar los múltiples condicionantes que atraviesan sus cuerpos, para no sucumbir ante una lógica desesperada ante todas las dificultades que tiene la acción de las Madres y para pensar juntos algunas hipótesis de acción que nos permitan profanar los dispositivos y aumentar la potencia de la acción.

Para empezar, los efectos sobre sus propios cuerpos, como la sobrecarga de responsabilidades públicas que reciben las Madres con un mínimo nivel de reconocimiento por parte de las distintas autoridades públicas implicadas. Esto es lo que llamamos autorresponsabilización individual. Un día en la vida de las Madres incluyó, durante muchos meses, las reuniones con los funcionarios en la comisión que trabaja por la situación en el barrio, las reuniones y actividades (volanteada, junta de firmas) para lograr la aprobación de la ley provincial de agroquímicos, las movilizaciones públicas, atender a los medios de comunicación desde las 6 de la mañana, reuniones de trabajo con el dispensario, los relevamientos de los nuevos casos. Actualmente, algunas Madres han asumido responsabilidades en centros de salud de la municipalidad, siguen con las reuniones de trabajo, continúan con los registros, están emprendiendo actividades para expandir la conciencia y participación de los vecinos por la defensa de sus derechos, asisten a encuentros

139 Estos desarrollos han contribuido a la descripción de las formas de menosprecio con las que se enfrentaron las Madres, trabajadas en “Formas de despojamiento de ciudadanía: ¿nuevas formas de genocidio?”, texto con el que concluye el presente libro. 140 Agamben, G.: “¿Qué es un dispositivo?”. Conferencia pronunciada en la Universidad de la Plata, Bs. As., 2005.

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locales, nacionales e internacionales en los cuales se trabaja en red por causas similares. Para estos encuentros hay horas y horas de preparación, de conseguir recursos financieros para los gastos que implica trasladarse.

Como era en un principio, ahora y probablemente en un futuro, las Madres sostienen la acción en la problemática ambiental. Y en alguna hora vuelven a sus hogares a atender a sus familias. Y en alguna hora pueden dormir. No se trata de postularlas como mártires, sino de preguntarnos por los efectos de la autorresponsabilización: el agotamiento, el desgaste que resisten sus cuerpos; mientras hay funcionarios que cobran por hacer un trabajo y no lo hacen, usurpan los beneficios de cargos públicos pero no respetan sus funciones y, fundamentalmente, como representantes de los distintos niveles y jurisdicciones del estado, parecen eludir la responsabilidad de dar una respuesta a la situación actual del barrio, cumpliendo con las garantías de los derechos a la vida, a la salud, al medio ambiente sano.

Los dispositivos de autorresponsabilización capturan los discursos y prácticas en la comunidad y en las instituciones del sector, con los supuestos de que los sujetos, porque actúan libremente en el mercado, pueden asumir libremente el desarrollo de sus propios destinos, asumiendo la transferencia de una serie de responsabilidades públicas. Un “hacerse cargo” por sí mismo, individual o colectivamente, en condiciones cualquiera, en nuestro caso, son condiciones en las no se poseen los recursos necesarios para asumir esas responsabilidades (financieros, político-administrativos, etc.).

En trabajos anteriores presentamos también formas de autorresponsabilización colectiva, tales como la formación de promotores de salud o promotores territoriales, y la generación de redes de participación en torno a los centros de salud, entre otros. Cabe aclarar que las Madres valoran tanto los espacios de redes como la Mesa de Trabajo de Ituzaingó Anexo, como la formación de promotores de salud. Respecto al primero, porque apoyan la generación de lazos, porque ven como positivo que se pueda trabajar en común con el centro de salud, y porque desde este lugar se ha podido mejorar la concientización de la población en torno a la cuestión. En el caso de la formación de promotores, algunas Madres valoran los conocimientos específicos que se adquieren mediante la capacitación, a la vez que sienten un reconocimiento a las tareas que han venido realizando desde que comenzó su lucha.

El objetivo es señalar los efectos que estos dispositivos han producido sobre las acciones de las Madres en clave de disminución de su potencia; en otras palabras, queremos mostrar algunos límites que las instancia de participación comunitaria promovidas desde la órbita estatal del municipio ha ocasionado sobre este colectivo que generó un serie de logros precisamente por fuera de tal órbita. Entre aquellos efectos que podemos mencionar, nos encontramos con el descentramiento del colectivo de Madres respecto del objetivo de su lucha, la verdad y la justicia, entreverado ahora con tareas de gestión y burocráticas tales como el acompañamiento de pacientes para obtener medicamentos, expedientes y notas a los funcionarios públicos por temas relacionados a la problemática del barrio, pero también respecto de servicios públicos (transporte, pavimentado, etc.), a lo que podemos agregar la sobrecarga laboral, cognitiva y ética que esta delegación de responsabilidades provoca a las Madres. Podemos señalar también que se desdibuja la identidad grupal, ya que traslada la referencia de la lucha, que era el colectivo de las Madres, a un espacio de trabajo conformado por varios actores de distintas procedencias y afiliaciones institucionales dentro de la comunidad. No se trata de generar elites ni grupos diferenciados, sino de sostener el reconocimiento a la experiencia del grupo, la cual ha marcado y marca un trayecto de movilización en el barrio, la ciudad, la provincia.

Si bien es positivo que desde la esfera pública estatal se promueva la participación democrática de los vecinos en la problemática sanitaria y ambiental del barrio, y enhorabuena que exista un espacio de estas características, desde la experiencia actual nos preguntamos por los márgenes de libertad de acción y expresión que encuentran los participantes de la Mesa de

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trabajo, tanto los trabajadores del estado como los vecinos. ¿Cuáles son los temas sobre los que se puede deliberar y actuar efectivamente? ¿Cuáles son las posibilidades políticas de un espacio de participación basado en la autonomía ciudadana, en contextos de un estado que al momento no ha hecho justicia a la problemática del barrio?

La práctica se ve así tensionada; la imposición de tareas en relación al estado ha resignificado la práctica de las Madres y, frente a ello, en el grupo hay distintos motivos y razones para posicionarse. El colectivo parece no tolerar el desacuerdo y no logra procesar las diferencias respecto a la vinculación al gobierno.

Retomando fragmentos de las Conversaciones con las Madres, resultan relevantes estas palabras:

“Quieren ponernos un freno, no quieren que seamos independientes, tratan de agarrarnos para ellos y lentamente nos van a ir desarmando (...) tenemos que pensar estas cosas”. “Antes hacíamos reuniones, convocábamos más gente, ahora no lo estamos haciendo más, y lo necesitamos.” “Yo quiero ver de qué se trata. Ellos me dijeron que se trata de relevar las necesidades del barrio, de tratar de ayudar a la gente. Eso es lo que yo quiero hacer, por eso lo voy a hacer. Yo le pregunté si esto era como hacer de punteros, y me dijeron que eso dependía de cada uno.” “Lo que pasa es que vos no ves que ellos lo que quieren es ponernos un límite, no quieren que seamos independientes, andá a trabajar como Madre, vas a ver si vas a poder reclamarle algo, además que te van a ir sacando de a poco, primero te llevan a estas capacitaciones, después a un encuentro, y de a poco ya no estás más acá. Esas cosas hay que discutirlas en el grupo.” “El estado somos todos porque todos somos responsables.” “Esto es lo mismo que la Iglesia, te dicen que la iglesia somos todos pero ahí mandan el papa y los curas.” “Al principio yo pensé que los representantes eran ellos y nada más, y que yo no podía exigirles nada. Así fue cómo la primera vez que fuimos a la sesión de la Legislatura no nos escucharon y nos sacaron corriendo, salimos todas llorando. Pero la segunda vez que fuimos, nos dimos cuenta que nosotros les pagamos los sueldos a ellos, y que ellos nos tienen que representar, entonces les pudimos hablar de frente. Pero nosotros somos responsables de exigirles, ¿quien los votó, si no, por qué están ahí?”

Dos posiciones que se tensan en el debate en el colectivo. La dificultad para sostener

un acuerdo sobre los fines y contenidos de la acción interrumpe la comunicación y genera enfrentamiento. De un lado de la discusión, se pretende el reconocimiento estatal a la lucha y se apuesta a la formación del trayecto de militancia social, en el que la participación en el estado se apoya sobre la creencia de que “al estado lo hacemos todos”. Esto no implicaría asumirse como vencidos en la lucha, aunque ello tenga como riesgo el silenciamiento. Por el otro, la participación en el estado es aceptar la progresiva desarticulación del colectivo y la salida de escena de las protagonistas más visibles.

Para esta situación no nos ayudan en la comprensión ni los discursos que acusan la cooptación, ni un idealismo que reclama virtudes a los protagonistas de las acciones

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colectivas en la tierra de lobos que es la arena política local. Nos auxiliaría mejor, en cambio, reflexionar sobre los límites y posibilidades de una política democrática por medio de la cual se procesen los problemas que afrentan los colectivos de lucha ante las presiones de los poderes. Cualquier estrategia en este sentido elaborada, es decir, con acuerdo de todas quienes conforman el colectivo, sería válida a la vista de un funcionamiento democrático. Por otro lado, ¿cómo resisten las Madres el embate de los dispositivos de autorresponsabilización y los intentos de desarticulación por parte de actores estatales? Más dispositivos

La efectividad de los dispositivos consiste en su multiplicidad y su inmanencia en

relación a las prácticas de dominio estatal y paraestatal. La autorresponsabilización opera junto a otros comportamientos también prefijados por “lo auto”, auto-desprecio y auto- culpabilización.

Las Madres estuvieron expuestas a distintas formas de denegación de identidad, discriminación y amenazas a su integridad física, lo cual es muy difícil soslayar en tanto personas con una sensibilidad permeable a todo lo que acontece a su alrededor. En el mismo barrio que habitan todos los días, algunos vecinos preparados por los punteros políticos y el centro vecinal, las han tratado como “locas”, acusándolas de falta de razón en sus demandas, que buscan beneficios individuales con su movilización en perjuicio de los “beneficios” para el barrio. Para el discurso promovido por los punteros, las Madres con su “falsa” lucha retrasan las mejoras en servicios públicos para el barrio, alumbrado, pavimentación, nuevo centro de salud, etc. “Ellas no quieren que tengamos salud, quieren que no tengamos nada en el barrio” le gritan en la calle junto con algún improperio. En algunos negocios del barrio directamente no han podido entrar a hacer sus compras habituales.

Los funcionarios de la provincia también han participado en estas descalificaciones.

“El ministro en complicidad con el centro vecinal son duros, pasaba y empieza diciendo el ministro que él entendía lo que era vivir en un barrio donde se habían desvalorizado las viviendas, trataba de poner clima de paz y amor, que entendía lo que era vivir en un barrio donde los viejos eran discriminados y no conseguían trabajo. Todo eso como diciendo… estas locas…”

De las sesiones de la Legislatura de la Provincia y desde el Concejo Deliberante de la

ciudad de Córdoba, los diputados las echaron afirmando que ellas no tenían idea o no podían estar allí.

“Nosotros los juntamos, nosotras les exigimos a ellos, hicimos una carta que necesitamos plantear una problemática y poníamos todo y fueron. Los juntamos a todos y te digo que salimos llorando las que fuimos porque nosotros pensábamos que ellos eran los que mandaban y nosotros los que teníamos que obedecer y entonces ellos nos decían por qué no, por ejemplo el de Ambiente: Uds. no pueden venir a plantear de que se han enfermado por los agroquímicos porque los agroquímicos no hacen mal ¡yotengo campo allá!”

El ministro de Salud y funcionarios han negado la actuación de las Madres, y en

algunos casos se dirigen a ellas con agravios verbales.

“Así que el señor…, lo que tenía que venir el ministro lo dijo él mismo. Dijo que no pasaba nada, que lo más importante para el vecino es cuidar su vivienda, más

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importante que la salud para el Centro Vecinal. Decía el centro vecinal que la universidad de ciencias exactas había hecho un estudio que decía que los niveles de contaminación eran los mismos que en cualquier otro lado, todo eso. Me quedé sentada, contaba hasta 200, 300, me contenía. Llamamos a la abogada para que estuviera en la reunión. Y después el viejo estaba hablando no sé en que canal, y dice el viejo del centro vecinal: sí, porque acá desvalorizan las viviendas…”

“Acá, en este momento para el gobierno, acá no pasa nada, dicen que nostras nos oponemos al pavimento. Los punteros hacen correr… ven algo que es provechoso para el barrio y dicen: ‘las madres no quieren’, ‘las mujeres del fondo’, entonces todo llega hasta la rotonda y todo lo bueno… corren la bollilla, no arreglaban la luz porque nosotros no dejábamos que sacaran el transformador, bajan línea.”

“Se llena la boca diciendo que han hecho todo, cambiado el agua, que han cambiado el transformador. El agua se cambió porque nos levantamos todo el barrio a reclamar porque el agua tenia endosulfano y bueno… también son los mismos del gobierno… nos hicieron firmar que no podíamos hacer juicio, una amenaza a toda la gente que fue, que estábamos haciendo los trámites, yo firmé también… Eso fue lo último, no pueden hacer eso…”

“Al día siguiente se presentaron más enfermos de cáncer, fuimos con los enfermos de cáncer y el ministro dice: ¡Estoy cansado con Uds! ¡Siempre reclamando!, ¡nunca están conformes! ¡Y acá qué se creen! Mire, le dice una, acá Ud. nos va a tener que dar una solución porque nosotros no estamos para una simple gripe. Ud. es el ministro de Salud y Ud. es el que nos va a dar una solución. Entonces dice el ministro: Acá que dé la solución la municipalidad. ¡Yo estoy cansado! ¡Acá no venga a amenazar! ¡Si siguen así les voy a sacar todos los médicos que tiene el barrio!, si siguen amenazando… Nosotros estábamos pidiendo que pusieran a un oncólogo.”

De tanto escuchar que no saben nada, que han inventado el problema del barrio, que

están locas, de tanto ser agredidas en el barrio y en las instituciones públicas, en el colectivo se produce una progresiva falta de autorreconocimiento y el deterioro de la estimación afectiva por ellas mismas, con consecuencias sobre su posibilidad de ejercer una expresión política significativa debido a la falta de valoración de la propia palabra.

El autodesprecio se activa no sólo cuando hay denegación de identidad, sino también ante la presencia del “saber experto” y el “supuesto saber” de distintos profesionales que intervienen en la problemática.

En el caso de la afasia, la pensamos en este caso como el bloqueo o la disminución de la facultad de expresión política significativa. Su origen hay que encontrarlo en el impulso vital y afectivo que lleva a la utilización -creación- de las palabras. Por ello nos interesa reflexionar sobre la relación entre cuerpo y palabra; un cuerpo violentado, un cuerpo contagiado de tristeza, ¿cómo podrá poner en palabras la expresión de su dolor y el reclamo de justicia? Bajo la significación de las palabras hay una significación existencial no solamente traducida por ella, sino que las habita y es inseparable de las mismas.

El supuesto de que los individuos son autorresponsables de su “éxito” o “fracaso”, genera un sentimiento de autoculpabilización, configurando otro de los dispositivos que nos interesa desmontar. Las Madres se sientes culpables de la situación del barrio porque consideran que “el estado somos todos”, y al sentirse parte de ese todo, las responsabilidades se diluyen, no hay víctimas y victimarios, sino co-resposabilidades, auto-responsabilidades y con la carga moral con la que se produce esta transferencia, la co-responsabilización y la

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autorresponsabilización devienen autoculpabilización. La discusión que atravesó el colectivo respecto de qué es el estado no ha sido profundizada, y los efectos de una comprensión fragmentaria tienen aquí sus incidencias.

Por otra parte, algunos actores comprometidos en la lucha de las Madres les señalan los errores cometidos en su trayecto, la falta de organización, la primacía de intereses individuales por sobre los colectivos, la falta de estrategia y otros efectos que en conjunto generan una conciencia del error como falencia o fatalidad, lo cual no admite la posibilidad de pensar en la generación de la experiencia política desde otro lugar, como reflexividad práctica, es decir, aprendizaje en la acción, en la puesta pública del cuerpo. Profanando dispositivos

¿Qué estrategias podremos inventar en nuestro cuerpo a cuerpo cotidiano con los dispositivos? Los cuerpos resisten el despliegue de los dispositivos, mediante la reapropiación de sus facultades. La resistencia no es únicamente una negación: es proceso de creación; crear y recrear, transformar la situación, participar activamente en el proceso, eso también es resistencia que encaran las Madres. Si no, ¿cómo ha sido posible que este colectivo de mujeres haya logrado semejante recorrido por los poderes públicos y obtenido resultados mediante su lucha? El porvenir de la lucha por la garantía de los derechos en Barrio Ituzaingó Anexo no es cierto, y hay muchos interrogantes, seguimos preguntándonos por lo que pueden y podrán los cuerpos para obtener el reconocimiento y la reparación del daño.

Desde nuestro lugar en la universidad como investigadores comprometidos con las Madres y su situación, creemos, por un lado, que hay una tarea del pensamiento crítico que consiste en aportar a desmontarlos, desactivarlos, y de alguna forma ésa ha sido una intención de este texto. Pero, como dice Giorgio Agamben al respecto, no se trata sencillamente de destruirlos ni, como sugieren algunos ingenuos, de usarlos en el modo justo. Esto significa que la estrategia que tenemos que adoptar en nuestro cuerpo a cuerpo con los dispositivos no puede ser simple, ya que se trata nada menos que de liberar lo que ha sido capturado y separado por los dispositivos para devolverlo a un posible uso común. Esto es lo que el mencionado autor llama profanación.

En este sentido, desde una posición en la que asumimos la investigación como acción política, pensamos que junto a un modo de ejercer la crítica está la tarea de contribuir con un pensamiento constituyente a la elaboración de hipótesis de acción para generar otros dispositivos, los que puedan ser usados a favor de la vida, para la afirmación de una forma de vida (como autorreconocimiento), de una praxis de la libertad, de una política democrática. La pregunta que recorre este trabajo, “¿qué es lo que puede un cuerpo?”, sostiene como hipótesis imaginativa: actuar la potencia es hacer una experiencia de la política basada en la construcción de lo público/común. Por ello, pensando en la potencia y el bloqueo de su accionar, nos seguimos preguntando con las Madres: ¿cómo generamos, recuperamos, sostenemos y defendemos la producción de experiencias políticas? 2. La identidad de Madres en la lucha por los derechos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba141 Introducción 141 Una versión de este trabajo fue presentada en las VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Córdoba, 2006.

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Participamos en el ámbito de reflexión sobre el activismo de las mujeres por considerarlo apropiado para el desarrollo de un pensamiento que contribuya a la eficacia política de sus prácticas de ejercicio y defensa de derechos.

Trabajamos testimonios y reflexiones conjuntamente con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba., intentando recuperar la mirada del colectivo respecto de su experiencia política desde su autodenominación como “Madres”. La idea es profundizar la comprensión respecto a las implicancias de esa adscripción identitaria en el inicio y el sostenimiento del compromiso público por la defensa del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. En un segundo momento, y desde el reconocimiento de la lucha de las Madres frente a los poderes y funcionarios públicos a nivel municipal, provincial y nacional, interesa dar cuenta de las particularidades de esas interacciones en tanto operaron y operan en ellas distintas formas de discriminación de género. Madres: articulaciones concretas entre identidad/contingencia y dolor/conciencia

Las razones que esgrimen las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en torno a la autodenominación del colectivo como Madres son diversas y tejen la trama de la pluralidad de voces que caracteriza al grupo.

Para Vita, la denominación se fundamenta en el reconocimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Su lucha constituye un referente por su persistencia: “cuántos años tuvieron que caminar para lograr que se descubra la verdad, que se siga descubriendo hasta hoy la situación de los desaparecidos, que se sepa la verdad, ¡cuántos nietos han recuperado!, eso es lo destacable”. Para Marcela, la denominación proviene de la situación concreta vivida: “estábamos viendo la contaminación que hay en el barrio y salimos a defender a nuestros hijos, éramos todas mamás las del grupo”. Desde esta posición también se acentúa el particular involucramiento de la madre en la vida y el cuidado de los hijos sin desconocer el rol del varón; como mujer “sabemos lo que a los hijos les pasa, el varón también, pero es la madre la que sufre, la que duele, la que todo… es la mamá la que sale, la que lleva al chico al médico, la que va a la escuela, en este caso éramos todas mamás”. Esta diversidad, que en ámbitos teóricos divide aguas entre esencialistas y antiesencialistas, entre quienes ponen el acento en cuestiones de identidad y quienes acentúan el carácter contingente y arbitrario de la asunción de identidad, no se presenta como un obstáculo para la acción conjunta. Más aún, la misma experiencia nos muestra la estrecha vinculación entre identidad y contingencia: “Cuando hacemos el primer relevamiento (de casos de enfermos y muertos en el barrio) éramos todas mujeres. Después nos sentamos a discutir cómo llamarnos, porque vos habrás visto en los diarios que nos decían los vecinos y no había vecinos y se planteó esta cuestión: como vecino, el resto te puede decir: ‘quién te autorizó a salir en representación mía’. Pero nadie te podía venir a cuestionar si vos decías como mamá como madre. Nadie te podía decir: ‘¡¿quién te autorizó?!’. El hecho de ser madres ya te autorizaba a salir, nadie te podía venir a cuestionar. El vecino te podía decir: ‘yo a Ud. no la autoricé a decir o hacer tal cosa’. Como mamá, a mí nadie me puede cuestionar, si mi hijo está enfermo, si yo quiero denunciarlo, llevarlo a donde quiera, nadie. La defensa era como mamá”. Esta articulación entre denominación y representatividad, que se presenta al inicio de la experiencia, también se sostiene y enriquece en la continuidad de la lucha. Se sostiene en la medida en que la denominación las convoca a “no volver a casa” sin encontrar una respuesta, las auto interpela: “Después te pesaba cada vez más”. Las enriquece en la medida en que les permite tomar conciencia de que no sólo sus hijos están en riesgo: todos los niños del barrio están en riesgo, todo el barrio está en riesgo. En la lucha por los derechos, no sólo se pone en

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evidencia la ineficacia del sistema representativo para garantizarlos, sino que la misma práctica defensiva genera un tipo especial de representatividad democrática ampliando el margen de divergencia en la interpretación y concreción de derechos142.

Otra articulación presente en la experiencia que nos interesa poner a consideración es la de dolor/conciencia: “A nosotras también nos movilizó mucho el dolor… vos sabés que tu vecino tiene un hijo enfermo, o tiene un nieto y una sabe el dolor que siente, sabe lo que siente una mamá con un hijo con un cáncer o una leucemia, una sabe y sabemos hasta dónde puede llegar esa criatura, eso a nosotros nos moviliza y nos movilizó siempre… saber lo que pasa en esa familia , como las Madres de Plaza de Mayo perdieron a su hijo y saben que otras personas están sufriendo, es un dolor que se entiende” . El dolor de madre es un sentimiento que en este caso no se liga a lo penoso-inmovilizante sino a lo aflictivo-inquietante, particularmente vinculado a la posesión de un saber que amplía la mirada. El sufrimiento nos permite encontrarnos con otros en la vulnerabilidad. Así, la condición de doliente como condición humana opera como pasión constituyente de lo público, de la acción política143.

Lejos de un saber cientificista, que explica todo, la experiencia descansa sobre una particular forma de cognición, específica para los asuntos humanos en el decir de Arendt, la comprensión. Comprender es el reverso de la acción: “Hay 23 chicos con agroquímicos en la sangre (a partir del estudio de biomarcadores realizado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Córdoba sobre una muestra de 30 niños del barrio), ¿qué va a hacer el gobierno?, ¿no pensarán darnos una ‘caja’ (provisión de alimentos por el estado)?”. Tomar conciencia es dimensionar la situación y responder adecuadamente: “exigirle a los responsables de este problema que informen acerca de cuáles son los riesgos, cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, qué tratamiento le van a dar, esto no es una gripe”.

La toma de conciencia no sólo ha implicado para las Madres acrecentar un conocimiento sobre lo específico de los contaminantes que afectan la salud del barrio, sino que les ha permitido conocer también las dimensiones histórico-concretas del asunto: “Éste es un problema de todos, no sólo de Barrio Ituzaingó, sino de muchos barrios, hay un montón de pueblitos o ciudades o provincias que están pasando lo mismo que nosotros”. Aquí la reflexión vuelve a asociar la experiencia propia con la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo: “En la época que iba a ser el mundial, las Madres empezaron a hacer las denuncias, solas, dando vueltas a Plaza de Mayo, ¿qué decía la gente?: ‘¡si desaparecieron por algo será!’, ‘¡algo habrán hecho!’. Sí, seguramente habían salido en defensa de sus derechos y había que callarlas de alguna manera, y a nosotros no nos han callado de esa forma drástica, que directamente te tiraban al río, a nosotros nos van callando de otra manera”. Interacción con los poderes públicos y formas de discriminación de género144

142 Hemos encontrado en los desarrollos de Seyla Benhabib respecto a las iteraciones democráticas, resonancias similares a este sentido que percibimos y nos convoca: rescatar no sólo el aspecto destituyente sino también constituyente de la acción política de las Madres. Las iteraciones democráticas son diálogos morales y políticos en los que sectores sociales de distintos tamaños se apropian de, reiteran, principios y normas globales. 143 Nos interesa subrayar esta asociación entre pasión y acción puesto que consideramos que lejos de lo que afirman mayoritariamente posiciones androcéntricas, las pasiones contribuyen junto a la razón a constituir una justa apreciación de la situación y por lo tanto resultan fundamentales para la conformación del juicio moral y político. Su imbricación no resulta una particularidad del juicio femenino, sino del humano. 144 Estos desarrollos han contribuido a la descripción de las formas de menosprecio con las que se enfrentaron las Madres, trabajadas en “Formas de despojamiento de ciudadanía: ¿nuevas formas de genocidio?”, texto con el que concluye el presente libro.

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Reconsiderar la trayectoria de las Madres pretendió aquí precisar algunas características de las relaciones en las que se vieron inmersas, con el objetivo de poner en común su experiencia como mujeres frente a los “poderes públicos”:

* La obediencia como destino de la Ama de casa: “Un día en el ministerio estaba el Secretario de Agricultura (de la Provincia), Battiste, entonces nosotros cuestionábamos esto de que no se controlaba la aplicación de agroquímicos. Lo acusábamos de que él era empleado de Monsanto. Entonces él me dijo: ‘Mire, Señora, Ud. no tiene por qué saber de ciertas cosas porque Ud. es ama de casa’. Me estaba diciendo que era una ignorante, un ama de casa para él es una ignorante. Entonces le digo: ‘Sí, yo soy un ama de casa que sé que tengo que defenderme de esto, yo, como ama de casa, puedo salir con la frente bien alta porque no le estoy cagando la vida a nadie, la estoy defendiendo’.”

* La desestabilización de las mujeres: “Un día que estuvimos en el Ministerio de Salud, también estaba Battiste (de Agricultura), los de agricultura te charlaban, te agarraban para la joda, todo era como que eras una ignorante, que no sabías nada. Hasta el mismo Ministro te trataba así. Que lo que estabas diciendo eran incoherencias, que nos sentíamos perseguidas, traumadas. Hasta que llegó un momento en que nos mandaron a un psicólogo… hasta llegó un momento en que a veces nos preguntábamos: pero ¿está bien lo que estamos diciendo?, porque te hacían dudar, te decían: ‘no, esto no es así, esto no es así, son mentiras’. Vos te ponés a leer los diarios y ves cómo actúan ellos, te tratan como loca.”

* El manejo del tiempo como poder: “Una de las discusiones que nosotras teníamos era que el tiempo era una carrera de locos. Ellos jugaban con eso que te cansaba. Ir todos los días a una cosa, a otra. Nosotros decíamos que iba a llegar un momento que nos iba a cansar. Era a propósito. Yo siempre decía: no podemos seguir a este ritmo, eso nos genera gastos, costos psicológicos, un problema en las familias.”

* Estrategias de seducción: “A veces los tipos se hacían los galanes al lado nuestro, usaron todas las formas” . “Vino una concejala al barrio, se compromete a buscarnos informes, habla de dar subsidios. Nosotras le pedimos que se habilite un lugar para que fuera atendido todo el barrio. Siempre han jugado con nosotras, no era fácil manejarnos en esa época; cuando vino con los subsidios la rechazamos.” 3. Genocidio encubierto en Barrio Ituzaingó Anexo, Ciudad de Córdoba – Argentina

¿Cree usted que no hubo negligencia e ineficacia estatal? ¿Cree usted que no se violaron los derechos humanos? ¿Por qué decimos que es un genocidio encubierto? Saque sus propias conclusiones después de leer los siguientes datos:

• Primera denuncia pública, febrero de 2002: Alarma en Bº Ituzaingó por casos de leucemia relevados por los propios vecinos. • El Gerente del Entre Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (en adelante, ERSEP), Rafael Sánchez, envió al entonces presidente de la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento (en adelante, DIPAS) Fabián López, la solicitud de recuperación de la prestación del servicio de agua potable antes de la finalización prevista por el contrato de SABIA S.A., empresa a cargo de la distribución del agua potable en el barrio. Sánchez funda su petición en las irregularidades del servicio de dicha empresa detectada y documentada por el ERSEP, incluyendo análisis del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (en

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adelante, CEPROCOR). Además de la constatación de oxigenación y del revestimiento de la torre del tanque de SABIA, se adosan 150 reclamos de vecinos por la mala calidad del servicio. Esto se realizo después de la primera denuncia de las madres por la televisión. • El Ministro de Salud, Roberto Chuit, y Sergio Nirich de la Agencia Córdoba Ambiente, manifiestan que los estudios en pozos, tanques y red domiciliaria no arrojan resultados que tuvieran vinculación con las enfermedades. • Nirich dice que los análisis de calidad realizados por el CEPROCOR confirman que el agua es potable de acuerdo a los parámetros internacionales. Agregó que la cantidad elevada de sulfato y carbonato sólo pueden ocasionar trastornos gastrointestinales. De acuerdo a la carta de Sánchez, lo detectado en los pozos tendrían efectos peligrosos, si no ¿por qué Sánchez pide la recuperación de la prestación del servicio de agua potable? ¿Con qué parámetros internacionales se manejaron el ministro Chuit y Nirich de Córdoba Ambiente? • Los resultados de los análisis hechos para investigar la alta tasa de leucemia, confirmaron la existencia del plaguicida endosulfan. Los análisis en el tanque maestro se consiguieron por la movilización del barrio, logrando así que en 48 horas se efectivizara la conexión de la red domiciliaria a Aguas Cordobesas. Los resultados de los análisis fueron confirmados por el ministro Chuit. • Ante la movilización de los vecinos y en el mismo año, la EPEC afirma que nunca existieron equipos con PCB en la vía pública y que hace 10 años la empresa realiza los controles pertinentes. Adrián Calvo, de EPEC, dice que no hay transformadores con PCB en Córdoba y que la empresa revisa y analiza permanentemente los transformadores que compra. • La Secretaria de la Gobernación, Olga Riutort, niega la presencia de PCB al igual que Nirich de la Agencia Córdoba Ambiente, que niega la presencia de PCB en las muestras de suelo debajo de los transformadores de Bº Ituzaingó Anexo. Olga Riutort señaló que nunca se determinó que el PCB pueda producir cáncer. • EPEC asegura que nunca tuvo equipos con PCB en la vía pública, y que los que había fueron remplazados en 1995. • Se retira el tercer transformador de Bº Ituzaingó, no teniendo datos de los 2 anteriores; el de Van der Wals y Fulton contenía 283 ppm (partes por millón). • Se lanza el programa en la provincia “Córdoba libre de PCB”. • Detectaron 23 transformadores con PCB en el territorio de la provincia de Córdoba (18 transformadores en San Francisco, de los cuales 1 arrojo valores de 1.059 ppm, 3 en Devoto, 1 en Santiago Temple y 1 en Balnearia). Se informa que en Capilla del Monte 7 transformadores son retirados, uno de los cuales contenía 500 ppm. • Nirich confirma que hay mayor concentración de PCB que la que había anunciado Olga Riutort, luego que en el ERSEP vecinos encuentran expedientes con valores reales de PCB (a partir de lo cual Nirich dice que fue una confusión al pasar por teléfono la información a Olga Riutort). • Ante la detección de PCB en transformadores de Bº Ituzaingó Anexo, el diputado nacional Eduardo García presentó al ejecutivo provincial un programa de relevamiento, control y eliminación en la provincia. • Se envió una carta documento al ERSEP y DIPAS exigiendo los resultados de las muestras de aceite y suelo. • Se revisaron en la provincia 800 transformadores. De 285 resultados, surgió que 12 equipos de la vía pública estaban contaminados con PCB. Con respecto al

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destino de los transformadores, ya tendrían una empresa que se encargaría de transportarlos a Europa donde existe una planta de tratamiento. • ¿Qué es el PCB? “El PCB es un refrigerante y aislante empleado en equipos eléctricos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de los contaminantes prioritarios que puede afectar la salud de la población, junto con los metales pesados y los residuos de plaguicidas. Es por esto que en Europa y Estados Unidos están prohibidos desde 1976. En mayo del 2001 se prohibió en Argentina su producción y comercialización.” • El Doctor en Química Pablo Manzo remarcó que la muestra se tomó en residuos y no en aceites refrigerantes, donde los valores suelen ser mayores. Afirmó que el PCB es sumamente tóxico y que aun en bajas concentraciones es potencialmente peligroso para la salud, con acción mutagénica sobre las células, generando la posibilidad de producir cáncer. • EPEC y el Sindicato de Luz y Fuerza niegan haber acordado una indemnización sin juicio previo para trabajadores que habían manipulado transformadores con PCB, sustancia tóxica con la que están contaminados 500 transformadores de los 7.500 que hay desplegados en la provincia. Hay un acta en la que se reconoce a 23 trabajadores del Sector Transformadores el pago de $ 210 adicionales por mes. El presidente de EPEC, Simón Dasenchich, y el Secretario Gremial Juan Leiría estiman descabellada la versión. • Dasenchich afirmó que EPEC tiene que desactivar los transformadores contaminados, pero que en vez de tirarlos y afrontar un costo de $ 12 por kilo para exportarlos y que sean incinerados en el exterior, como dice la ley, la Empresa los recicla, los limpia y les quitan el aceite contaminado; trabajo que realizan 23 trabajadores que van a cobrar $ 210 por mes adicionales hasta junio de 2004. Dasenchich informó que el aceite se deposita en un tanque especial, donde se desarrolla un proceso químico para después convertir el aceite con un método catalítico. A un costo muy inferior se están preservando los transformadores. El taller y el proceso de los transformadores están a punto de obtener la norma ISO 14000, la máxima en estándares ambientales internacionales; el taller está ubicado en Villa Revol. • Como antecedente se han realizado análisis de sangre sobre los trabajadores de EPEC relacionados con los transformadores contaminados con PCB, encontrándose en éstos la presencia de la sustancia tóxica. • A partir de una reunión entre Mario Vignolio, Jorge Tossi, Director de Salud Pública, y el concejal Luis Gaviglia, se comprometieron conjuntamente, el Hospital y Salud Pública, a realizar un relevamiento en las zonas de conflicto para ver si hubo incidencia de patologías relacionadas con los transformadores con PCB. Vignolio señaló que en caso de confirmarse, traerían personal técnico especializado para realizar una evaluación y luego tomar las medidas pertinentes. Indicó también que comenzaría prontamente el relevamiento porque en 60 o 70 días debería tener una visión panorámica de la problemática, para elevar el 20 de diciembre, en su totalidad o parcialmente, lo que se haya hecho. • “Estamos en el 2006 y no tenemos conocimiento de hayan traído personal especializado. Tampoco sabemos a qué diciembre se refería, pasado, presente o futuro.” • Primer relevamiento oficial a cargo de 150 residentes de la cartera sanitaria, quienes según precisó el ministro Chuit realizaron un barrido vivienda por vivienda en la totalidad del barrio. El Ministro de Salud admite que los resultados arrojaron la presencia de endosulfán en el agua, lo cual nos lleva a emplear otras metodologías

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para buscar nuevas sustancias. Además, señaló que el endosulfán es un plaguicida de utilización muy restringida, por eso se investiga si quien lo usó respetó las normas vigentes. El Grupo de Madres constata que no se realizó el censo en la totalidad del barrio, por lo cual deciden hacer un relevamiento del sector que colinda con el campo de soja, en donde están ubicados además 2 transformadores. • El Ministro de Salud envía médicos del Hospital Misericordia a verificar lo registrado en el censo realizado por las Madres. Éstos constataron una elevada cifra de personas afectadas por diversas enfermedades. • Vecinos acusan de inacción al gobierno, a las Secretarías de Agricultura y Salud, a la Dirección de Ambiente y EPEC; señalan que la problemática existe desde 1990 y que la labor del ejecutivo ha sido parcial y sin ninguna solución. La Dra. Bressan del Ministerio de Salud de la provincia declara que no hay evidencias de que el medio ambiente sea el que produce las patologías. J. Cedran, Secretario de Agricultura, declara que los agroquímicos y las empresas están habilitadas. • Las muestras de suelo realizadas por el CEPROCOR detectaron la presencia de plaguicidas beta endosulfán y DDT. Raúl Montenegro, Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), aseguró que la Dirección de Ambiente de la Provincia tenía en su poder estos resultados pero no los informó. • En junio de 2002 se presentan 38 querellas penales particulares en la Fiscalía Federal Nº 3 con el patrocinio de la Dra. María Elba Martínez. Entre los funcionarios, organismos y empresas apuntadas se señaló al titular de Agricultura de la Provincia Gumersindo Alonso, al Ministerio de Salud, a Sergio Nirich de la Secretaria de Ambiente de la Provincia, al ERSEP, a EPEC, Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Agua SABIA y a Refinería del Centro SA. • Desde Epidemiología de la Provincia, la Dra. A. Zigaran dice que los nuevos casos de enfermedades detectados no tienen que ver con los factores ambientales. La dirección de Ambiente comunicó que el estudio de plaguicidas en el barrio arrojó un nivel mínimo de agroquímicos. • Salud y Ambiente de la Provincia confirman la presencia de contaminantes en la zona, los cuales podrían tener relación con algunas enfermedades encontradas en el barrio. • El 21 de octubre, vecinos asisten a una reunión con la comisión de salud del Concejo Deliberante. La sesión contó con la presencia de funcionarios de Agricultura, de EPEC, CEPROCOR, Ambiente de la Municipalidad, concejales, funcionarios de salud de la municipalidad y de la provincia. • Se realiza la presentación de un petitorio con 12 puntos, entre los que se destacan la solicitud de un compromiso por parte de los concejales y del gobierno provincial y municipal para asumir sus responsabilidades; la habilitación de un centro de salud; la identificación de los propietarios de los campos; el control de plaguicidas; la señalización del contenido de PCB de los transformadores y medidas preventivas sobre cómo proceder en caso de accidentes; la conformación de grupos de trabajo en donde participen asesores técnicos junto con los representantes de la comuna, de la provincia, de los distintos organismos y vecinos del barrio; el pedido de renuncia del funcionario de la Secretaría de Agricultura, Juan Carlos Jadar, debido a la incapacidad de este organismo para controlar la aplicación de agroquímicos. A partir del debate se concretó que el CEPROCOR haría los análisis en busca de PCB, plaguicidas y otras sustancias; y EPEC mediría los campos magnéticos. • Un grupo de vecinos de barrio Ituzaingó que dicen discrepar con las críticas planteadas al gobierno por otros vecinos, agradecieron las gestiones realizadas para subsanar algunos de los problemas del sector, “queremos soluciones no renuncias”.

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• Los estudios de los campos electromagnéticos revelaron que a pesar de tener valores permitidos por ley, constituyen un alto riesgo para la salud de la población. • En una reunión entre el Ministro de Salud Chuit y el Secretario de Agricultura Battiste, se reconoció que la intención de los productores sería emplear los agroquímicos. Normalmente se usan porque es muy difícil producir sin ellos, ya que el objetivo de realizar la tarea productiva es la renta económica y si no se usan los agroquímicos se desdibuja el objetivo. Chuit sugirió la inhibición de la producción hasta tanto estén los resultados de los estudios. • Los ministros de Salud, Agricultura, y Ganadería y Alimentación resolvieron restringir el uso de agroquímicos en los campos aledaños de Bº Ituzaingó Anexo. • “A pesar de las ordenanzas municipales 10590 y 10764 que prohíben la fumigación a no menos de 2.500 metros del barrio, nunca hubo control y todo quedó en promesas incumplidas. Hasta la actualidad, 2006, se sigue sembrando soja y realizando fumigaciones aéreas.” • Técnicos del CEPROCOR comienzan la toma de las muestras de napa, muestreo que contempla análisis de metales pesados, PCB, plaguicidas en agua y un posible estudio de sedimentos de los pozos que hasta hace unos meses proveían agua al barrio. Los resultados de dichos estudios demoraron 3 meses. • En la totalidad de los tanques de agua domiciliarios en los que se realizó estudios de sedimento, se hallaron plaguicidas, uno de ellos considerado probable cancerígeno. Dichos resultados fueron presentados por el Ministro de Salud en conferencia pública junto a Raúl Montenegro y el Grupo de Madres del barrio. El funcionario señaló que no se puede decir que las enfermedades del sector tengan una causa única, sino que podría relacionarse con una sumatoria de factores que allí existen y que además dos de los plaguicidas encontrados están prohibidos. Los agroquímicos encontrados son endosulfán, heptacloro, metales pesados, plomo, cromo y arsénico. • En enero de 2003, la municipalidad de Córdoba constató que se realizaron fumigaciones en los campos colindantes de Bº Ituzaingó Anexo transgrediendo las normas municipales que prohíben esas acciones dentro del ejido de la ciudad. Tras las pistas se encuentra la justicia provincial a través del fiscal Luis Villalba. • El fiscal Luis Villalba allanó los campos colindantes al barrio y ordenó extraer muestras de suelo y vegetación que serán analizados en el CEPROCOR. “Dichos resultados nunca fueron informados como así tampoco sobre medidas de sanción hacia los dueños de los campos.” • Se encuentran plaguicidas en el tanque de distribución del barrio; se halló endosulfán, plomo, cromo y arsénico. • Chuit confirma que en Ituzaingó Anexo hubo una sumatoria de factores que incidieron durante muchos años en la población del barrio y que hoy se manifiesta con enfermedades en los vecinos. • Nuevas denuncias realizadas por las Madres de Bº Ituzaingó Anexo por las continuas fumigaciones. Se hace presente el Ministro de Salud junto a técnicos de la Secretaría de Agricultura y se toman muestras de tierra para la efectiva comprobación. • Funcionarios de Salud y Gerencia Legal no brindan detalles del informe, pero técnicos de la Secretaría de Agricultura y el biólogo Raúl Montenegro confirman que efectivamente hallaron muestras de plaguicidas en el lugar. • En el año 2004, las Madres de Bº Ituzaingó viajan a Buenos Aires y abren expedientes ante la Secretaría de Derechos Humanos y ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

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• También mantuvieron una reunión con Defensoría del Pueblo de la Nación. Las Madres fueron recibidas por Alicia Kirchner, quien prometió ocuparse de la problemática de Bº Ituzaingó y derivó a la Secretaría de Programación Sanitaria del Ministerio de Salud. • La Doctora María Elba Martínez informó que haría llegar a los tribunales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, los casos de muerte de Bº Ituzaingó Anexo por la omisión tanto del poder judicial como de políticas en salud. • El centro vecinal de Bº Ituzaingó, a través de su presidente, dio a conocer el trabajo de una auditoría independiente de la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, que determina que no existirían contaminantes ambientales que pudieran afectar la salud de las personas a partir de los valores detectados en cada uno de los análisis realizados. Dichos datos fueron suministrados por el Ministerio de Salud. “El informe de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se basó en datos obtenidos por el Ministerio y no a través de la información de los vecinos y del barrio”. • Las Madres de Bº Ituzaingó piden un médico y una enfermera municipal; al no contar con un lugar físico, el centro vecinal cede sus instalaciones. • Más de 40 vecinos presentaron un recurso de habeas data para que el gobierno de Córdoba suministre los detalles del informe sobre la situación en ese sector de la ciudad. • Raúl Giménez, de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, se comprometió a que apenas asuma buscará soluciones racionales orientadas a la necesidad del sector y no a las posibilidades de la municipalidad. • El presidente del centro vecinal repartió una carta entre los vecinos en la que destaca la conclusión del último informe oficial que desecha la posibilidad de que existan contaminantes en el barrio. • Raúl Montenegro afirma que en Ituzaingó hay un cóctel de contaminantes que se transformaron en un caso testigo de contaminación ambiental. • La Cátedra de Biología Evolutiva de la UNC y FUNAM realizaron un informe que estará terminado en marzo de 2004 y sus primeras conclusiones difieren por completo del diagnóstico que hace la Dirección Provincial de Ambiente. • Resulta inédito que los protocolos de análisis ambientales más intensos e innovadores que registra Córdoba fueron propuestos por los vecinos y no por el gobierno. • Se concreta la primera reunión entre el intendente Luis Juez y las Madres. • Se hace una nueva denuncia que pasa a la Fiscalía del Distrito 4 turno 1 de la Justicia Provincial sobre las fumigaciones que se realizan en los campos que colindan con Bº Ituzaingó. • Mediante publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el decreto del poder ejecutivo provincial reglamentario de la ley 8973, por el cual Córdoba adhiere a la normativa nacional que rige el tratamiento de residuos peligrosos. • FUNAM da a conocer los depósitos de plaguicidas encontrados en un campo de Bº Ituzaingó Anexo. Fueron identificados 2 herbicidas: glifosato y 2,4D, y 2 insecticidas: clorpirifos y cipermetrinas. Si bien no están prohibidos en Argentina, cuando los campos contaminados con 2,4D se queman o son sometidos a altas temperaturas, se forman sustancias de alto riesgo: dioxinas y furanos. Una de las dioxinas más difundidas, la TCDD, es un cancerígeno humano cierto; la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer lo ubica en un grupo muy riesgoso. El

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herbicida 2,4D altera el sistema hormonal de las personas, el glifosato tiene actividad estrogénica, por lo tanto afecta el sistema hormonal de las personas. El clorpirifos también hallado afecta el sistema nervioso y sanguíneo. • El Ministerio desconoce nuevos casos presentados por las Madres; el grupo ha registrado 138 casos, un centenar más de los que el Ministerio reconoce, ya que habla de sólo 40 casos. • Un nuevo relevamiento efectuado por las Madres con médicos de la Municipalidad de Córdoba detectó la presencia de 138 casos de cáncer; ya habría 100 historias clínicas constatadas por médicos de la UPAS 28. • Horacio Barri afirma que las tasas de leucemia no están dentro de lo esperable de acuerdo a la información de los parámetros internacionales. • El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el proyecto de ordenanza que declara la emergencia sanitaria municipal en Bº Ituzaingó Anexo. • “Catástrofe Ambiental” es la caracterización del profesional Dr. Edgardo Schinder, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental. • El médico señaló que acá se está viendo algo que apareció en algunos países desarrollados, lo que se dio en llamar zona de catástrofe ecológica ambiental. Perros, palomas, zorzales, gallinas, son encontrados muertos luego de las fumigaciones en los campos de la zona y fueron exhibidos frente a las viviendas como señal de protesta en contra de los agroquímicos. • Grupo de Madres, vecinos de Monte Cristo, vecinos de Colonia Caroya, FUNAM y Autoconvocados, juntan firmas en el centro para presentar un petitorio en la legislatura para que se sancione la ley de agroquímicos y se contemple en las fumigaciones la distancia de 2.000 metros entre los campos y las viviendas. • Nuevo relevamiento en el cual se tomarán muestras tanto de Bº Ituzaingó como de una población control en el Bº IPV Santa Margarita. Esto permitirá disponer de parámetros comparativos sobre las tasas de casos de cáncer de ambos sectores, así podrán ser comparados los datos por primera vez con un barrio de similares características. • Se realizó una reunión organizada por militantes del centro vecinal a donde fue invitado el Ministro de Salud Chuit, que recordó que la provincia ya investigó la situación del barrio y llegaron a la conclusión de que el sector tiene el mismo perfil ambiental que cualquier otro barrio de la ciudad de Córdoba, al menos en todos los aspectos estudiados por el estado. Afirmó que el gobierno provincial eliminó las fuentes contaminantes detectadas en el barro de los tanques o el PCB de los transformadores. También dijo que no le importaba si son 40 o 180 los casos de cáncer y admitió que aguarda conforme o no las nuevas denuncias. Los vecinos aprovecharon para invitarlo a vivir con su familia al barrio, a lo que respondió con evasivas: “mi familia está en Buenos Aires y no los puedo mandar”. • El Dr. Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que a esa Secretaría le preocupa el tema porque no se avanzó en la investigación de cuáles serían los determinantes de las enfermedades. • También acordó que hay problemáticas que son parte de la deuda interna que el estado tiene con la sociedad, que tienen que ver con la salud, con los daños que se generan. Expresó que había recibido denuncias de las Madres por los problemas oncológicos y por casos de cáncer en los niños y que no se había avanzado en la investigación de las causas determinantes: si son los agroquímicos, el agua o metales pesados. Precisó que había que apoyar esta investigación y que la situación podía agravarse por el traslado de una villa al lugar, cuyos habitantes podrían ser otras víctimas potenciales. Al preguntarle sin con los estudios realizados se podía concluir

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que el barrio es habitable, respondió que mientras no se determinaran con exactitud las causas que produjeron los problemas de salud, sería una irresponsabilidad decir que el problema estaba superado. Esa irresponsabilidad podría convertirse en una responsabilidad personal de los funcionarios por los futuros casos que pudieran darse. Agregó que respalda la investigación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. • Al ser consultado el Centro Vecinal de Bo. Ituzaingó Anexo sobre la opinión del Dr. Duhalde, sobre la irresponsabilidad de afirmar que el barrio es habitable, Ponce concluyó que Duhalde debería decírselo al Ministro de Salud Chuit, y que el Centro Vecinal se basa en los informes que emitió la provincia. • ¿Qué son los metales pesados? Se denominan metales pesados a los elementos químicos metálicos que pueden ser tóxicos o venenosos. En este grupo se incluye por ejemplo el mercurio, cadmio, arsénico, cromo, talio y plomo. Estos componentes se incorporan en nuestro cuerpo vía alimentos, agua potable y aire. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden ser sumamente tóxicos. Los metales pesados pueden entrar en un abastecimiento de agua por medio de residuos industriales. En este sentido llama la atención que en los tanques de Barrio Ituzaingó Anexo, tanto el plomo como el cromo se encontraron en cantidades por encima de las normales. Según la OMS, con ciertos metales pesados el riesgo de desarrollo de cáncer puede ser mayor si la exposición comienza en la infancia. La exposición a metales pesados puede provocar incapacidades de por vida en las funciones neurológicas y en las aptitudes para el aprendizaje. Además puede afectar el desarrollo intrauterino del feto y trastornos del sistema endocrino. El arsénico y el cromo hexavalente son cancerígenos humanos ciertos, según la OMS. Respirar altos niveles de cromo produce irritación de la nariz, hemorragias nasales y úlceras. Ingerirlo produce malestar estomacal, úlceras, convulsiones, daños en el hígado, en el riñón y ulceraciones en la piel. En cuanto al arsénico, en poblaciones que consumen agua con elevadas concentraciones de dicha sustancia se observa incidencia elevada de cáncer de piel y otros tipos. El plomo es un tóxico general que se reacumula en el esqueleto. Es tóxico para el sistema nervioso y puede producir alteraciones en el proceso de aprendizaje en los niños. • Javier Sosa, ex-presidente del ERSEP, aseguró que la suma de contaminantes aumenta totalmente el riesgo de salud de la población e indicó que la presencia de cromo se da por desechos industriales no debidamente procesados que van a alguna fuente que después contamina las napas, no está en la naturaleza. • Horacio Barri, Subsecretario de Salud de la Municipalidad, reforzó la teoría de los metales pesados. El plomo y el cromo que se encontraron en el agua de Barrio Ituzaingó Anexo no podrían haber llegado allí si no fuera por la actividad industrial. • En un encuentro de profesionales de diversas áreas que han trabajado en relación al tema, municipalidad y provincia llegan a la conclusión de que en la actualidad y luego de que desde el año 2002 se tomaran acciones para corregir factores contaminantes en el área, no hay indicios de que existan riesgos ambientales ni que se registren nuevas enfermedades del tipo que usualmente se asocian a un hábitat dañino. También se hará énfasis en monitorear que se cumpla la prohibición legal de fumigar con plaguicida en los campos contiguos al barrio. • Un grupo de 52 vecinos realizaron una presentación penal contra la empresa SABIA SRL, para que la justicia investigue la provisión de agua en condiciones no óptimas que se suministró al barrio hasta abril de 2002, y también por las intimaciones por el pago de agua contaminada que recibieron alrededor de 200 vecinos. • En la actualidad la justicia no se ha expedido frente a esta denuncia.

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• Se hace la presentación en la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, que se realizó en julio de 2005 en Cuenca, Ecuador. La experiencia cordobesa es expuesta en una audiencia internacional. • El ambiente, una lucha popular: • El 11 de enero del 2005 denuncian contaminación en Monte Cristo a causa de las fumigaciones. • El 5 de mayo de 2005, vecinos autoconvocados de Freire piden el cierre definitivo de la curtiembre, después de que detectaron la presencia de cromo en sangre por encima de los valores de referencia. • El 12 de julio de 2005, en Parque Horizonte los vecinos rechazan la posibilidad de que se instale una antena celular. • En enero de 2005, vecinos de Bº Alta Córdoba se enteran de que hay tóxicos almacenados de Senasa. El tóxico encontrado es el DDT. A pesar de que hace 40 años que está prohibido su uso, Senasa, el ente de control, desconocía lo peligroso que era tener almacenado DDT. • Eduardo Bustos Obregón, de la Universidad de Chile, dice que los países latinoamericanos ponen empeño en los controles de los vegetales que exportan a EEUU o Europa, y que omiten los controles de los destinados al consumo interno. El investigador remarca que la toxicidad de los productos químicos no plantea sólo un problema para la fauna, sino que además rompe la cadena trófica, altera el ecosistema y tarde o temprano repercute en la salud humana. • La explosión de la soja: • Desalojo de Ramona Bustamante en 2004. • La expansión agropecuaria comenzó hace cinco años haciendo que las tierras del norte de Córdoba, la zona de los departamentos Totoral, Tulumba, Río Seco, Sobremonte, pasaran de ser olvidadas y desechables a muy apetecibles para la siembra de soja. En Cruz del Eje, Ischilín y Minas se intensifica la pastura de zonas áridas para llevar la ganadería que empuja la soja. En la pampa húmeda se producen desmontes indiscriminados que afectan inevitablemente tanto el medio ambiente como la forma de vida y la cultura del lugar. • Daniel Di Giusto, vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, ex decano de la Facultad de Agronomía, dijo: “El problema de la soja es que rinde bien varios años, pero después queda un desierto de arena”. • La Municipalidad de Córdoba le bajó los decibeles a las declaraciones realizadas por el especialista Schinder, contratado por el propio municipio, pero que realizó un estudio “ad honorem”. Funcionarios de salud aseguraron que muestras tomadas en niños y suelo del barrio determinaron que no hay metales pesados contaminantes en la zona. • Mario Salinas, director de Atención a la Salud, señaló que un estudio de biomarcadores realizado en niños arrojó que los niveles de sustancias como cromo, plomo y arsénico no son mayores que en poblaciones no expuestas. • Horacio Barri, a partir del estudio de Schinder, no niega que existen o hayan existido factores externos que provocan mayor presencia de enfermedades en el sector. Pero afirma que el estudio no evaluó si aún existen estos contaminantes y que quizás sea muy difícil determinarlo. • Año 2006: hallan pesticidas en sangre en 23 chicos de los 30 analizados en Barrio Ituzaingó. El estudio se realizó en chicos de 4 a 14 años, a quienes se les tomaron muestras; 23 presentaron en sangre niveles por encima de referencia de alfahexacloro ciclohexano, cuya fabricación está prohibida en la Argentina por la Ley

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22289 sancionada en 1980, por estar catalogado como posible cancerígeno. EEUU prohibió su producción en 1976. En el resto de los análisis realizados no se encontró la presencia de metales pesados ni PCB en sangre, ni arsénico en el pelo ni cromo en la orina, ni cantidades relevantes de otros plaguicidas analizados. Sí hubo algunos casos en los que se halló plomo, aunque por debajo de los valores aceptables de referencia. Las muestras tomadas de pelo no fueron realizadas de manera adecuada, porque cortaron el pelo y no fue tomada desde la raíz del mismo. • Raúl Montenegro descalificó las conclusiones del estudio de la Municipalidad de Córdoba, porque circunscribe los factores de riesgo a los plaguicidas y no a un cóctel de contaminantes, los cuales, afirma, continúan actuando. El hallazgo de varios residuos de plaguicidas en sangre ya es un cóctel químico que no debería estar en ella. • El bloque de concejales de Unión por Córdoba solicita al municipio el cumplimiento de la Ordenanza 10.764 que adhiere a la Ley Provincial de Agroquímicos 9164, que establece restricción para la aplicación de agroquímicos en las áreas urbanas de Córdoba. • Al conocer los resultados de los análisis, vecinos realizan una reunión donde se decide solicitar una audiencia al intendente Luis Juez para presentarle un petitorio, la que nunca se concede.

Conclusiones del Grupo de Madres Seguimos sosteniendo que la situación que vivimos en el barrio constituye un

genocidio encubierto, porque estamos finalizando el 2006 y los intereses económicos continúan estando por encima de la salud de la población, ya que tenemos niños con análisis que verifican que tienen agroquímicos en la sangre, lo que demuestra que nuestras denuncias no son producto de nuestra imaginación.

Ante esta situación, las autoridades competentes siguen negando la realidad y por lo tanto la solución.

Contamos con todas las pruebas científicas de que la problemática del barrio es la alta contaminación ambiental (dicho por el CEPROCOR, la Municipalidad, etc.) y a pesar de ello la justicia no hace lugar a las querellas presentadas por la Dra. María Elba Martínez. La justicia cuando es lenta es injusticia.

A ello hay que agregar que la situación del barrio sigue agravándose, ahora no se trata de un número sino de toda una población.

El poder político ha sabido generar confusión y división entre los vecinos dando informes falsos, puestos de trabajo, consiguiendo así acallar la voz popular.

El objetivo de este trabajo fue poner en evidencia las contradicciones de los señores a los cuales les pagamos los sueldos. Los datos fueron sacados de los diarios La Voz del Interior y Día a Día, en los cuales se puede confirmar la veracidad de la información, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

(Agradecemos la colaboración de Florencia y Josefina en la realización de este

documento.) 4. Hacia la construcción de un sentido compartido de justicia Introducción

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Una diversidad de juegos del lenguaje y contextos discursivos es evocada y se

superponen cuando hoy nos interrogamos acerca del concepto de justicia que orienta nuestras prácticas como investigadores comprometidos políticamente con la lucha de las Madres de Barrio Ituzaingó. Tal diversidad parte de reconocer en primer lugar la complejidad social, es decir, el funcionamiento, la interdependencia y tendencia a la autorreferencia de los sistemas sociales involucrados: el económico, el de salud, el de justicia, el científico y el político, que desde sus lógicas específicas divergen en la resolución del problema. También la diversidad aumenta si tomamos en cuenta la pluralidad de voces que intervienen en la construcción de sentido en la situación, multiplicidad de perspectivas ampliada hoy por el menor contreñimiento que ejercen estructuras ideológicas o partidarias.

La participación en los juegos del lenguaje presentes en la situación no nos exige desgajarnos entre contradictorios significados de justicia. Lejos de un saber tecnocrático, la tradición democrática y su incesante preocupación por alcanzar una autocomprensión que ponga en su lugar la dimensión dialógica en el ejercicio y la construcción del pensamiento práctico, nos conmina a que nuestra conceptualización sobre la justicia se conforme a partir de problemas concretos, conecte existencias y no quede alienada sino imbricada en un intelecto público que contribuya a resolverlos prefigurando un espacio público libre de opresión.

Lo que hacemos entonces para precisar un sentido de justicia es avanzar en la revisión de aquellas paradojas con las que se enfrenta el ejercicio de derechos por parte de una ciudadanía que desde procesos de iteración democrática, en los que se invoca/revoca la institucionalidad del estado democrático de derecho, sostiene lo que tiene de público la política en un contexto de crisis de efectividad y legitimidad del sistema político, en tanto garante de los derechos y principios de política instituidos en la Constitución y las leyes. Decimos paradojas con las que se enfrentan, en tanto constituyen verdaderos nudos conceptuales que desorientan el pensamiento y la acción, pudiendo incluso tener efectos paralizantes.

La primera paradoja con la que se encuentra una práctica de ejercicio de derechos, es que la institucionalidad nacional e internacional que interpela, en algún sentido es producto de ese ejercicio, del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Las reivindicaciones de justicia se dirigen a un régimen nacional e internacional que, en el mejor de los casos, se autoconsidera “casi” justo. En las democracias realmente existentes, prácticas más o menos disidentes con esta interpretación contribuyen a la conformación de esferas públicas locales, nacionales y/o transnacionales en las que denuncian situaciones de opresión y/o vulneración de derechos realizadas por esas mismas estructuras institucionales, o por otras frente a las que aquéllas se muestran impotentes.

Una segunda paradoja con la que se encuentran las prácticas de ejercicio y defensa de derechos es la de su institucionalización. La mayor institucionalización del reconocimiento y la garantía de derechos no se corresponde con una mayor posibilidad de ejercerlos y defenderlos en situaciones locales. Por un lado, mientras en el debate teórico los esfuerzos se dirigen a adensar el pensamiento sobre los reclamos disidentes, incorporando nuevas dimensiones para dar cuenta de su relevancia y profundidad, las estructuras institucionales del estado democrático de derecho, y hasta el espacio público informal, siguen siendo reactivos a reconocerlas como prácticas políticas y trabajan para subsumirlas dentro del sistema de representación estatal/partidario. Por su parte, el orden interestatal y la esfera pública transnacional las reconocen por fuera del formato partidario y las hace partícipes de definiciones de política que luego, a través de tratados internacionales, son incorporados como principios constitucionales145 o son adoptadas como políticas/programas por el sistema

145 Nussbaum, M.: Las mujeres y el desarrollo humano. Herder, Barcelona, 2002.

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político-administrativo estatal. La ampliación de la participación y la inclusión de los afectados han constituido criterios de política del pensamiento democrático que han llegado así a estar incorporados al ordenamiento legal de los estados democráticos de derecho. Ahora bien, cuando los reclamos de justicia se enfrentan a prácticas institucionales que los desconocen, manipulan o contribuyen a su inefectividad, cuando la ley es forma de ley, una especie de impotencia lleva a repreguntarse por las articulaciones posibles entre ley, derechos y justicia.

Tratar de habitar las consecuencias de la modernidad, sin refugiarse en ghettos anti o posmodernos, presenta el desafío de sostener propuestas institucionales consistentes con la complejidad de las sociedades actuales. Si de lo que se trata es de prefigurar un sentido de justicia democrático, éste tiene que vérselas con el diseño y funcionamiento de la administración de justicia de un sistema político-administrativo estructurado en base a un particular concepto de ley. Si las estructuras de representación juegan un papel clave en la definición de la ley, la apertura de las mismas tiene que ver con transformar esas estructuras, la definición misma de ley, cuáles son los alcances y límites de las experiencias habidas.

En tanto interesan aquí las exigencias prácticas con las que se enfrenta una política democrática146, la pregunta sería acerca de la dirección de un quehacer reflexivo, para que las luchas por la justicia no terminen renovando y/o legitimando nuevos mecanismos y prácticas de dominio. La discusión sobre la justicia en el orden transnacional

La discusión entre “cosmopolitas” y “realistas de las relaciones internacionales” sobre

la justicia viene siendo el tema en el marco de los procesos políticos y culturales comprendidos por la globalización, en la cual la afirmación acerca de la justicia como el interés del más fuerte adquiere dimensiones epocales.

El proyecto kantiano de juridificar las relaciones internacionales para completar la domesticación del poder ha sido y es permanentemente puesto en cuestión por la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. La violencia que ejerce el liberalismo hegemónico destituye al derecho como condición de posibilidad de un concepto de justicia que comprenda a los estados y a los ciudadanos en un orden inclusivo cosmopolita, en tanto escenario internacional limitante de la política estatal entendida como autoafirmación “salvaje”147.

Si la constitucionalización hizo del derecho el medio para racionalizar la dominación política limitando la arbitrariedad del poder, su resquebrajamiento restaura el orden hobbesiano, el estado de guerra, “porque dondequiera que se use la violencia y se cause daño, aunque sea por manos designadas para administrar justicia, ello constituye aun violencia y agravio, no importa que se hallen revestidas del nombre, simulaciones o formas de ley, siendo la finalidad de ésta proteger y reparar al inocente mediante su imparcial aplicación a todos los que se hallen bajo ella; dondequiera que esto no es hecho bona fide, se hace la guerra a los damnificados, quienes, no teniendo apelación sobre la tierra para que se haga justicia, conservan el único remedio en tales casos -la apelación al cielo”148.

La crisis actual del liberalismo hegemónico no se detiene ante esta renuncia a sus propios fundamentos, e invoca fuerzas aún más inquietantes: el retorno de la teología política,

146 Honnet, A.: “Reconocimiento y Justicia”. Entrevista a A. Honnet por Cortes Rodas, F., en Estudios Políticos Nº 27, jul-dic. Medellín. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar 2005 147 Habermas, J.: El Occidente escindido. Editorial Trotta, 2006. 148 Locke, J.: “Del estado de guerra & 20”. En Segundo tratado de gobierno. Editorial Ágora, Bs. As., 1959.

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la radicalización de la inconmensurabilidad de las distintas concepciones de justicia, el retorno del arcano del poder como núcleo impenetrablemente irracional de la política.

Afín con las teorías posmodernas, el retorno a las teorizaciones de Carl Schmitt por un lado recupera un entendimiento antimoderno de la noción de soberanía: el “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción” y “(éste) tiene para la jurisprudencia un significado análogo al del milagro para la teología”149. La soberanía ya no es el monopolio de la capacidad de sanción, sino el monopolio de la decisión última y ésta, quedando libre de todo vínculo normativo, se vuelve absoluta en sentido propio. “La autoridad demuestra que no necesita del derecho para crear derecho”150.

Por otro, y tras la desestatalización de lo político, el pensamiento de Schmitt extiende su teoría del nomos como ordenamiento concreto a su proyecto de un orden de grandes espacios en la “era planetaria”, no precisamente cosmopolita. La formación de regímenes continentales apela tanto a una especie de derecho primigenio, cuyas coordenadas están dadas por el par adquisición territorial y ordenamiento espacial, como a un concepto de poder dinámico-expresivo.

Sea como contraproyecto al orden mundial unipolar del liberalismo hegemónico, o una vez más como expresión existencial de su crisis, el retorno a Schmitt en la era global “se corresponde con el escepticismo, ampliamente difundido, hacia la posibilidad de un entendimiento intercultural en torno a interpretaciones de los derechos humanos y la democracia susceptibles de aprobación universal”151.

El giro reaccionario de la política internacional provocado por los Estados Unidos, hace de la apelación a sus valores un ejercicio plenipotenciario de su capacidad de imposición por sobre consideraciones morales de justicia e igualdad. La supuesta superioridad de lo justo por sobre el bien, clave en el liberalismo viejo y nuevo, se revela como una astucia de la razón imperial. Lejos de un exabrupto, esta salida de tono del discurso de los derechos humanos se viene cultivando desde diversos sectores del pensamiento norteamericano. Como anticipara Nussbaum, las posiciones convergen y alimentan la derrota del cosmopolitismo por las fuerzas del nacionalismo y el etnocentrismo152.

Los contenidos universalistas del discurso de los derechos humanos, así como sus correlatos institucionales: el derecho internacional, las organizaciones y procedimientos internacionales, devienen forma de ley, ley sin significado. La constelación postnacional parece ser un orden en donde ya no sólo el poder tiene un primado sobre el derecho, sino que un ethos mundial liberal -determinado por una superpotencia- subvierte un proyecto de más de doscientos años, el proceso de juridificación de las relaciones internacionales.

En este contexto, una diversidad de prácticas sosteniendo el discurso de los derechos trabajan definiendo “justicias concretas”, Justicia de Género, Justicia Ambiental153, minando la lectura del liberalismo hegemónico. La existencia de prácticas ciudadanas transnacionales que se inscriben en tradiciones de participación política y producción cultural excluidas y/o resistentes a las políticas nacionales e internacionales de los estados-nación, abre interrogantes acerca de la contención de la ciudadanía como participación y pertenencia por parte de los estados-nación, incluso en el período de auge de dicha forma de organización política. Tradiciones y solidaridades políticas activas (de mujeres, de pueblos originarios, de

149 Marramao, G.: Pasaje a occidente. Filosofía y globalización. Katz Editores, Buenos Aires, 2006. 150 Marramao, G., Op. cit. 151 Habermas, J., Op.cit. 152 Nussbaum, M.: “Patriotismo y cosmopolitismo”. En Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial. Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 1999. 153 Para el abordaje de la Justicia de Género, ver Fraser, N.: Cartografía de la imaginación feminista: de la redistribución al reconocimiento, a la representación, 2004. Para un mapeo de la Justicia Ambiental, ver Faber, D. R. y Mc Carthy, D.: Grenn of another color: Building effective partnerships betwen foundations and the environmental justice movement. Northeastern University, 2001.

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afectados por los efectos del “progreso”) estarían instituyendo sujetos y espacios políticos alternativos a los intentos integracionistas conducidos estatalmente y centrados en acuerdos comerciales. Desde esta perspectiva, dichas prácticas podrían ser caracterizadas como procesos políticos que también producen globalización, pero en disputa con los sentidos dominantes.

Estos “ciudadan@s transnacionales”, si bien desde sus prácticas desterritorializan al estado-nación, no pierden su anclaje regional y local. La pertenencia a movimientos a través de una diversidad de redes, al expandir su horizonte de reflexión-acción, permite una lectura más compleja y crítica de la política nacional y local en la que también participan. El sentido de pertenencia a una asociación política en la sociedad global no puede ser leído simplemente como una pérdida de “lo político”, de un concepto común de justicia, una caída en la lógica del fragmento, sino como una nueva configuración de resistencias frente a prácticas políticas elitistas y conceptos de justicia excluyentes.

La visión de la ciudadanía como una masa de públicos alienados e inertes, coexistiendo con la re-emergencia de grupos minoritarios, extremistas y violentos, necesita de la invisibilidad de estas prácticas, es decir, obturar las posibilidades de indagación sobre una sociedad civil global sustentada en ethos alternativos al del neoliberalismo, infraestructura de una demodiversidad cosmopolita. Pensar los derechos como un discurso puede llevarnos a un territorio encantado, en el cual el poder creado comunicativamente es secuestrado por el Imperio, o puede introducirnos en la difícil tarea de construir un sentido positivo de justicia que haga de la situación un espacio de ejercicio de la libertad y la creatividad, una situación emancipadora. Encrucijada de los reclamos de justicia. Hacia una nueva institucionalidad

Consideramos en nuestro análisis que hacer conscientes las reglas interactivas de los

acontecimientos a fin de examinar los presupuestos de la organización institucional y su efectividad respecto al reconocimiento y ejercicio de derechos, nos puede llevar a intentar recuperar su sentido o a desarrollar capacidades para su transformación.

Vimos que las prácticas de funcionarios de los diversos poderes públicos se encuentran lejos de la normativa constitucional y legal y de la red conceptual del derecho ambiental que la funda. El acontecimiento ilumina la trama de reglas y prácticas que constituyen su pasado y presente, desactivando un trabajo de juridificación complejo tanto a nivel intelectual como político-institucional. Es desde este contexto de experiencia que la praxis identifica como tarea teórica nuevas formas de articulación entre ejercicio de derechos, ley y justicia.

Rescatamos entonces la diversidad de críticas al concepto de justicia del liberalismo, que tiene como común denominador señalar su mirada restrictiva, burocratizada y unidimensional. En este marco, los últimos trabajos de Nancy Fraser avanzan en este sentido y proponen incorporar la dimensión política de la justicia bajo el concepto de representación. Una justicia democrática que intenta surfear entre las tensiones normartivistas y pragmatistas de la teoría política, otorga centralidad al principio de intervención de los afectados en la definición de los marcos de referencia del espacio político; en tanto existencia de “arenas democráticas donde sus demandas pueden ser examinadas y resueltas”154. Sin embargo, hay una cuestión que necesita de consideración para insuflar potencia a una práctica transformadora, ya que el criterio de participación directa o de representación de los afectados puede constituir un avance para resolver cuestiones coyunturales o locales, pero también

154 Fraser, N.: “Reinventar la justicia en un mundo globalizado”. New Left Review 36, nov.-dic. 2005.

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puede prestarse a manipulaciones si no provee de criterios para su articulación con las estructuras de representación operantes en el sistema político administrativo.

El giro jurídico habermasiano abre las puertas de una comprensión del procedimiento democrático como garante de que las instituciones de la república renueven su legitimidad procesando las exigencias de justicia realizadas desde la permanente resignificación de los derechos por una ciudadanía capaz de acción. El derecho individual y el derecho colectivo a la autodeterminación, serían co-constitutivos de una democracia entendida como proceso de auto organización social. La toma de la palabra por parte de la ciudadanía puede ser interpretada así como desobediencia civil, que en un orden democrático clama por la actualización de los severos principios constitucionales.

En este marco, una visión de la justicia como la existencia real de paridad en la participación de todos los involucrados resulta consistente, porque provee a la vez un principio sustantivo desde el que juzgar acuerdos sociales, y una noción procesal, en tanto que detalla el procedimiento para evaluar la legitimidad de las normas. Como afirma Fraser, “La visión de la justicia como paridad en la participación pone de manifiesto la coimplicación de la democracia y la justicia y, de este modo, proporciona el tipo exacto de reflexividad que resulta necesaria en un mundo globalizado”155.

Para intentar avanzar en esta cuestión, acudimos a los desarrollos teóricos y prácticos del movimiento ecologista, que ha alcanzado considerables impactos en relación al reenmarcamiento de temas, tanto a nivel de los estados nacionales como a nivel internacional y transnacional. El interés se dirige aquí a reflexionar acerca de los límites y las posibilidades de las nuevas formas de institucionalización que están incorporando el principio de participación de los afectados en el ordenamiento jurídico de los estados democráticos de derecho.

Desde perspectivas republicanas, que siguen apostando a la intervención del estado como una forma de regulación de la sociedad sobre sí misma, y ligada a la práctica del movimiento ecologista, la profundización de la democratización sería desde esta perspectiva la aplicación de la reflexividad social a la sustancia del estado, generando así una ley reflexiva. Este concepto de ley no se limita a subsumir un caso particular a un principio o norma general y al establecimiento de una sanción a través del monopolio de la fuerza, sino a que la misma ley genere instancias de deliberación y toma de decisión de los involucrados como procedimiento a fin de sensibilizar las estructuras sistémicas de toma de decisiones colectivas, acotando su lógica autorreferencial. La apertura a la pluralidad de voces en la definición de lo justo, a través de la introducción de sensores democráticos al interior de la estructura del estado democrático, supera las propuestas de la participación administrativa u ocasional para eficientizar recursos o convalidar decisiones elitistas. El ejercicio del derecho ciudadano a la participación en la determinación de las condiciones de la propia asociación, coadyuva así a la efectiva democratización de formas de vida. Esta propuesta en desarrollo, que intenta ser acorde a la complejidad de las sociedades contemporáneas, presupone una ciudadanía interesada y activa en la resolución de las cuestiones y conflictos públicos en donde están en juego la realización de los derechos individuales y colectivos.

La búsqueda de nuevos significados y marcos interpretativos para profundizar la democratización de la organización social está dando cuenta del persistente y significativo rol político de prácticas y movimientos ciudadanos en las democracias realmente existentes. Precisamente, el debate que generan es porque persiguen continuar enfrentando algunas de las más graves falencias de la intervención del estado democrático de derecho, su ontología individualista156 y su práctica de intervención fragmentadora157. La puesta en valor del

155 Fraser, N., Op.cit. 156 Young, I.: La justicia y la política de la diferencia. Cátedra, Madrid, 2000.

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derecho colectivo a la autodeterminación constituye una ampliación del haz de derechos a ser reconocidos y ejercidos. Las innovaciones institucionales propuestas serían así un correlato efectivo a la política entendida como práctica de ejercicio de la autonomía individual y colectiva.

Reflexionar sobre esta senda formal institucional, aspira a contribuir a la discusión acerca de las posibilidades y límites de una justicia democrática, en la medida en que permite identificar los problemas y alternativas con los que se encuentra la concreta institucionalización de la participación de los afectados. A modo de conclusiones

Revisando los efectos de la teoría del contrato, Cavell nos proporciona algunos

caminos a recorrer. Reconociendo que los hombres y las sociedades no son perfectos y atento a la gramática de la pregunta ¿por qué debo obedecer?, propone la siguiente reformulación de la misma: “Dadas las específicas desigualdades, las carencias de libertad y ausencia de fraternidad en la sociedad a la que le he dado mi consentimiento, ¿pesa más todo esto que las ‘desventajas’ de retirar mi consentimiento?”158. La cuestión se abre entonces a una tarea empírica y moral, descubrir con quién yo formo comunidad y a qué obedezco. Desde una posición que no otorga ni requiere sumisión, afirma: “Entonces el problema epistemológico es el primer problema de la justicia: cuando conozcamos nuestra posición sabremos qué debería ocurrir, optemos o no entonces por descubrir qué podría promocionarlo o qué no podría hacerlo, decidamos o no si vale la pena intentarlo o no vale la pena”.

Hemos considerado clave para avanzar en la construcción de un sentido compartido de justicia, realizar planteamientos acerca de aspectos que inquietan a las experiencias de ejercicio de derechos en las que estamos involucrados. Nuestro pensar político intentó trabajar las paradojas con las que se enfrentan. Más que soluciones, pretendemos haber provisto de una mirada capaz de resistir las nuevas ilusiones y las falacias de la red conceptual que nos activa y cautiva en la defensa de la vida y el ambiente como derechos ciudadanos.

157 Eder, K.: “La institucionalización de la acción colectiva. Hacia una nueva problemática teórica en el análisis de los movimientos sociales”. En Los Movimientos Sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina editores, Editorial Trotta, Madrid, 1998. 158 Cavell, S.: Reivindicaciones de la razón. Editorial Síntesis, Madrid, 2003.

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Escena cuarta: Entre el pensamiento crítico y el pensamiento constituyente Formas de despojamiento de ciudadanía, ¿nuevas formas de genocidio?159 Introducción

Como investigadores de un caso de prácticas ciudadanas de defensa del derecho a la

vida, a la salud y al medio ambiente, la acción de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la Ciudad de Córdoba, nos hemos encontrado con el uso de la palabra “genocidio” por parte de los actores involucrados. Ya sea desde el poder refiriendo a lo inadmisible, la imposibilidad como gobernante de permitir un genocidio; ya sea desde la ciudadanía refiriendo desde sus prácticas de reclamo y defensa, la experiencia de un genocidio encubierto, el concepto es invocado por el acontecimiento.

Involucrados en este acontecimiento, nuestro trabajo se dirigió a dar cuenta de las “ceremonias de despojamiento de ciudadanía”, producción de “nuda vida”160, tendientes a difuminar las nociones de responsabilidad, justicia, derechos, indispensables para una gramática de defensa frente a la violación sistemática por parte de las autoridades constitucionales, del reconocimiento y la garantía de una forma de vida. Diversos son los dispositivos relevados operantes en la situación. En un primer lugar, daremos cuenta de aquellos que tienen por efecto privar a las víctimas de su reconocimiento como tales y de su derecho a la existencia pública. Estos dispositivos provienen de varias formas de menosprecio: de género, por pobreza, intelectual, identitario, con violencia física y/o amenaza. Otros dispositivos tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, tal es el caso de los procedimientos y prácticas en la administración de justicia y en el poder ejecutivo.

Se pretende con este trabajo poner en cuestión las formas de naturalización de la opresión de la alteridad frente a una situación cotidiana en el país, proveniente de las particulares modalidades de extensión de la frontera agropecuaria, que expone a los habitantes a la muerte y a diversos tipos de enfermedades por los efectos de los agroquímicos sobre sus cuerpos. Las funciones básicas de reparación y control del estado democrático de derecho -tal como obran en la Constitución Nacional y Provincial, así como en las leyes nacionales y provinciales- no son actuadas por las autoridades competentes. Nuestro punto de partida: el uso de genocidio como palabra clave

En nuestra primera conversación con las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, en la cual nos interesaba comenzar a vislumbrar su experiencia de interacción con las instituciones del estado democrático de derecho, emergió la palabra genocidio:

“El problema es que nos hicimos muy amigas del ministro. Mirá lo que nos paso un

día, nos dijo: vengan Uds., ¿quieren hablar con De la Sota?161, vengan. Nos cargó en el auto, acá estaba De la Sota, estaba Nirich, estaba el de Agricultura, el del ERSEP, estaban todas las cabecillas, y nos dijo: ¿Cuál es el problema?, porque sé que están en un problema grave y

159 Una versión del presente trabajo fue presentada al Segundo Encuentro Internacional sobre análisis de las prácticas sociales genocidas: “De Europa a América Latina y más allá: la continuidad de las prácticas sociales genocidas”, Buenos Aires, 2007. 160 Agamben, G.: Medios sin fin. Editorial PreTextos, Valencia, 2001. 161 Dr. J.M. De la Sota, Gobernador de la Provincia de Córdoba.

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estoy cansado de verlas que salen a pelear a la calle, yo como gobernador de la provincia les voy a dar una solución. Bueno, nos estamos enfermando todos de cáncer, que no sabíamos por qué, que hay estudios que nos están dando esto, para saber esto tenemos los agroquímicos, el del endosulfán, el malatión, nos falta el de los metales pesados que todavía no está. Sí, sí está, dice. No, el que está es el de los agroquímicos. Yo sin saber que ellos ya los tenían. Bueno, dice, yo no tengo problema de pasarle topadora a todo el barrio ese. Si el barrio está contaminado hay que sacarlo, yo no voy a permitir un genocidio dentro de mi provincia. Porque la provincia la manejo yo y no voy a permitir que la gente se muera de cáncer.”

¿Y a nivel nacional? “Mirá cómo son las cosas: llegamos a Medio Ambiente de la Nación y nos dicen:

‘recién nos llamó Nirich y nos dijo que Uds. venían acá’. O sea que ellos ya estaban en contra. Entonces medio que nos quiso cortar el rostro así nomás; entonces yo le dije un montón de cosas. Y quedó medio enojado, se enojó. No sé, porque me quedó grabado algo de una de las reuniones. Le digo: ‘¿Sabe una cosa?, lo que pasa es que los argentinos sobramos y la única forma de matar gente es así, a mano suelta; Uds. están matando’. Él contesta: ‘¡Ud. no puede decir que nosotros queremos matarlas a Uds.!’. Se ponen locos cuando les decimos eso. ‘¡Cómo van a pensar que yo voy a matar a seres humanos porque sobre gente en Argentina!’ Y le digo: ‘porque sí, es así. Ya se ha puesto en contacto con ellos…’. Y me dice: ‘no, ellos me han llamado para decirme lo que estaban pasando Uds.’. ‘Y ahora Ud. no nos quiere recibir…’, porque no nos quería recibir. ‘Y ahora no quiere darnos una solución.’ ‘No, señora, la solución se la tienen que dar en Córdoba, nosotros con los problemas de Córdoba no nos metemos’.”

Y Luis Duhalde (Secretario de Derechos Humanos de la nación), ¿qué hizo?

“Duhalde no nos recibe, nos recibe el que está abajo de Duhalde y nos recibió todo así… que recién se estaban mudando, que ellos no tenían sueldo, ésa fue la contestación de ese señor. Por ahí sale un asesor y dice: ‘¡pero Uds. piden 2.500 metros! Nos van a agarrar los agricultores y nos van a reventar’. ‘Nosotros queremos 2.500 metros, estamos pidiendo eso.’ ‘¡Es una locura!, está mal lo que están planteando Uds. ¡Nos van a reventar!, ¿sabes lo que es sacarle 2.500 metros a cada agricultor?, no les va a quedar nada, estás tocando los intereses de ellos. ¡2.500 de las poblaciones…!’ Pero te digo que hemos andado, y ahí te das cuenta de que se preocupan por le pérdida de la productividad del campo, enseguida les sale el cálculo; en cambio, cuántos enfermos…”

Como resultado de toda esta interacción con las autoridades de la Provincia, de la

Nación, de la Justicia, ¿qué evaluación hacen?

“No, no encontras salida porque ellos son parte, están todos involucrados. No te van a decir ‘tienen razón’ porque ellos forman parte del descontrol, de la falta de trabajo, de la falta de alimentación, de todo…”

“Cuando teníamos que mandar el trabajo a Ecuador (para participar en el Informe Alternativo sobre la Salud en América Latina) hablamos de genocidio encubierto, como fue en la época de los militares, es un genocidio, están matando gente y ellos siguen actuando exactamente igual. Hay responsables, los que están en el poder son responsables, pero ellos se tiran la pelota: ‘Este problema es del gobierno anterior’, dicen.”

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Si consideramos que el significado de las palabras y el sentido de las oraciones están

dados por su uso, nuestra posición frente al mismo no fue una evaluación acerca de su corrección o pertinencia, sino indagar acerca de la gramática que envuelve este uso, es decir que lo posibilita o restringe.

El uso del concepto se da en un contexto en el que se señala que las autoridades no cumplen con su función de velar por la salud de la población, a pesar de la existencia de derechos reconocidos constitucionalmente y legislación específica. En el caso de Ituzaingó Anexo, ese incumplimiento es sostenido también por las autoridades nacionales interpeladas por la acción ciudadana. Ahora bien, en esta institucionalidad, más cerca de la figura del estado de excepción que de la del democrático de derecho, las responsabilidades no se extinguen, y desde aquí es invocada la acción del estado como garante de derechos y evocado el concepto de genocidio como negación de los mismos por parte del estado162.

Hacia una reconsideración de la intencionalidad en el concepto de genocidio Indagando acerca del concepto, un primer problema es que el acierto de su uso para la

comunidad de académicos y juristas, se define por su adecuación a la definición del concepto instituido por la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio convenida en la ONU en 1948: “(...) se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a. Matanza de miembros del grupo, b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, d. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, e. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Revisando la literatura sobre genocidio, son fácilmente identificables las discusiones que ha generado esta definición, producto de la convención, las negociaciones y acuerdos entre los países participantes. Por ejemplo, resulta problemática y hasta absurda la exclusión nada más y nada menos que de los grupos políticos de la enumeración de los grupos a ser considerados como víctimas del genocidio; también la dificultad para determinar si el exterminio es sobre la parcialidad o totalidad de un grupo; y, específicamente es controversial el tema de la intencionalidad, que consideramos de gran importancia para reflexionar sobre el caso que nos ocupa.

En las situaciones de conflicto ambiental en nuestro país en los últimos años, el estado actúa “positivamente” generando condiciones para explotaciones de diversa índole: se otorgan créditos y exenciones impositivas, se realizan planes de promoción, se construye infraestructura pública para la producción y circulación de las mercancías, etc. Paralelamente el estado actúa por omisión respecto a la generación de condiciones para la realización de ciudadanía. El concepto de ley incluye el de un poder de policía que imponga su cumplimiento (en Ituzaingó, policías que impidan la fumigación). El cuidado de la salud

162 El uso de la palabra genocidio no es privativo de esta experiencia de lucha por la vida y el ambiente. Específicamente las Madres denuncian: “Destrucción del espacio urbano: Genocidio encubierto en barrio Ituzaingó de Córdoba”, Boletín N° 152 de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos http://www.rallt.org/campana/cam20.html; los vecinos de la provincia de Buenos Aires afirman: “Genocidio Ambiental en la Región”, Vecinos Autoconvocados de Rigolleau, Hudson y Ranelagh, en lucha por la preservación ambiental en Berazategui junto a vecinos de Florencio Varela, Brandsen y Ensenada. Artículo: “Asambleas Vecinales se autoconvocan para luchar por el medio ambiente”. http://www.perspectivasur.com/noticias/2108.htm

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pública no dispone de infraestructura (hospitales, dispensarios) ni procedimientos administrativos, ni protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas en la sangre de niños, etc. El estado no ofrece garantías, es decir, no instituye acciones destinadas a sostener de modo permanente los derechos reconocidos constitucionalmente. La omisión se presenta así como un dispositivo de despojamiento de identidad ciudadana, entendiendo la misma como el derecho a tener derechos.

Asumiendo dentro de las teorías del significado, una concepción del mismo como uso, la performatividad del lenguaje hace cuerpo con el contexto de emisión de las palabras y oraciones. El sentido y la intención de éstas no es algo dado a modo de etiqueta, sino algo que se produce en la interacción, y también a partir de lo que sucede antes y después de su emisión. Así, la intención no es un algo que a modo de “cosa” sea portada por un sujeto, sino que se encuentra embutida en el contexto. Desde esta perspectiva, asumen una particular relevancia entonces las prácticas de los sujetos enunciadores, el funcionamiento concreto de los procedimientos institucionales y sus efectos163.

Formas de despojamiento de ciudadanía

El interés está puesto aquí en la reconstrucción de la gramática, en este caso particular, del uso del término genocidio para aportar a la comprensión y a la potencia de la acción comunicativa que lo enuncia. No pretendemos subsumir el caso en una regla general, sino contribuir al esclarecimiento para un atinado decir y actuar en el espacio público.

Las Madres iniciaron tempranamente denuncias a las diferentes jurisdicciones estatales y causas penales a los funcionarios públicos responsables de los servicios de agua, electricidad, salud, medio ambiente y agricultura. Tal interpelación exige la revisión de las prácticas estatales específicas para dar cuenta de su particular configuración en el caso.

De la clarificación conceptual al análisis de las prácticas, nuestra investigación ha encontrado resonancia en algunas de las tipificaciones que hace Feierstein164 de las prácticas sociales genocidas: construcción de otredad negativa, hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático; particularmente, el pensar en los procesos genocidas como procesos de reorganización de relaciones sociales. En nuestro caso, la condensación de formas de lucha en la práctica de las Madres, el contexto 2001, la memoria (la evocación de las Madres de Plaza de Mayo), el corte de ruta, resignifica la naturalizada ineficacia del estado en el reconocimiento de derechos.

A partir del análisis, hemos conceptualizado las acciones de las instituciones estatales como formas de despojamiento de ciudadanía. Hemos diferenciado analíticamente entre dispositivos165 que tienen por efecto privar a las víctimas de su reconocimiento como tales y de su derecho a la existencia pública: (1) “formas de menosprecio”, en tanto consideramos que esta conceptualización acentúa el componente simbólico y moral en el que se realiza la operación166. En segundo lugar, conceptualizamos como (2) “formas de burocracia” a otros dispositivos que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, tal es el caso de los procedimientos y prácticas en la administración de justicia y en el poder ejecutivo.

163 Poner en foco los efectos tiene resonancias con la operación que realiza Feierstein cuando señala la cuestión de la causalidad en la explicación de las prácticas sociales genocidas. Lo que interesa es insertar el debate en la cotidianeidad, en la contingencia como posibilidad, de nuestras sociedades y no en una excepcionalidad de las mismas. Ver Feierstein, D.: El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. FCE, Bs. As., 2007. 164 Feierstein, D., Op. cit. 165 Agamben, G.: “¿Qué es un dispositivo?”. Conferencia pronunciada en la Universidad de la Plata, Bs. As., 2005. 166 Honneth, A.: La lucha por el reconocimiento. Crítica, Barcelona, 1997.

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(1) Formas de menosprecio

Auto-responsabilización individual167: Los dispositivos de autorresponsabilización estructuran los discursos e instituciones bajo el supuesto neoliberal de que los sujetos, porque actúan libremente en el mercado, pueden asumir libremente el desarrollo de sus propios destinos. Se efectúa así la transferencia de una serie de responsabilidades públicas a los individuos. El discurso exige un “hacerse cargo”, una sobrecarga de responsabilidades para los sujetos afectados por problemas públicos: “(...) después te aseguro que nadie limpió los tanques (de agua) de nuevo, la actitud individual es (no se entiende) porque es la responsabilidad del autocuidado de la persona. Fuman, queman plásticos, el caso de quemar plásticos, es… contamina mucho más que el cigarrillo... todo esto va sumando a la contaminación ambiental, los tanques son responsabiliad individual.”168

Auto-desprecio: El autodesprecio se activa ante la presencia del “saber experto” y del “habla culta”. El deterioro de la autoestima tiene consecuencias a la hora de ejercer una expresión política, debido a la falta de valoración de la propia palabra. Se invisibiliza que tras la significación de las palabras hay una experiencia que las habita y que su desconocimiento produce alineación.

Auto-culpabilización: El supuesto de que los individuos son auto-responsables de su “éxito” o “fracaso”, genera un sentimiento correlativo de auto-culpabilización. Las Madres se sienten culpables de la situación del barrio porque consideran que “el estado somos todos”, y al sentirse parte de ese todo, las responsabilidades se diluyen, no hay víctimas y victimarios, sino co-resposabilidades.

Discriminación por género169: - La obediencia como destino de la Ama de casa: “Un día en el ministerio estaba el

Secretario de Agricultura (de la Provincia), Battiste, entonces nosotros cuestionábamos esto de que no se controlaba la aplicación de agroquímicos. Lo acusábamos de que él era empleado de Monsanto. Entonces él me dijo: ‘Mire, Señora, Ud. no tiene por qué saber de ciertas cosas porque Ud. es ama de casa’. Me estaba diciendo que era una ignorante, un ama de casa para él es una ignorante. Entonces le digo: ‘Sí, yo soy un ama de casa que sé que tengo que defenderme de esto, yo, como ama de casa, puedo salir con la frente bien alta porque no le estoy cagando la vida a nadie, la estoy defendiendo’.”

- La desestabilización de las mujeres: “Un día que estuvimos en el Ministerio de Salud, también estaba Battiste (de Agricultura), los de agricultura te charlaban, te agarraban para la joda, todo era como que eras una ignorante, que no sabias nada. Hasta el mismo Ministro te trataba así. Que lo que estabas diciendo eran incoherencias, que nos sentíamos perseguidas, traumadas. Hasta que llegó un momento en que nos mandaron a un psicólogo… hasta llegó un momento en que a veces nos preguntábamos: pero ¿está bien lo que estamos diciendo?, porque te hacían dudar, te decían: no, esto no es así, esto no es así, son mentiras. Vos te ponés a leer los diarios y ves cómo actúan ellos, te tratan como loca.”

167 Berger, M.: “Poder, vida y política. Inscripciones en las gramáticas de las acciones colectivas en salud pública”. En publicacion: Informe final del concurso: Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, 2003. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/poder/berger.pdf 168 Entrevista a la Dra. A. Bressan, Coordinadora de Programas especiales del Ministerio de Salud. 169 Ayllon, E., Ferreira, M. por Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y Carrizo, C. por IIFAP – UNC. (2006): “La identidad de Madres en la lucha por los derechos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba”. VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres - III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Córdoba.

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- El manejo del tiempo como poder: “Una de las discusiones que nosotras teníamos era que el tiempo era una carrera de locos. Ellos jugaban con eso que te cansaba. Ir todos los días a una cosa a otra. Nosotros decíamos que iba a llegar un momento que nos iba a cansar. Era a propósito. Yo siempre decía: no podemos seguir a este ritmo, eso nos genera gastos, costos psicológicos, un problema en las familias.”

- Estrategias de seducción: “A veces los tipos se hacían los galanes al lado nuestro, usaron todas las formas.”

Denegación de razonabilidad: En muchos casos la acción de las Madres fue cuestionada por oponerse al “progreso” del barrio. Para el discurso promovido por funcionarios y punteros políticos, las Madres con su “falsa” lucha retrasan las mejoras en servicios públicos para el barrio, alumbrado, pavimentación, nuevo centro de salud, etc., que precisamente son producto de su lucha. “Los punteros hacen correr… ven algo que es provechoso para el barrio y dicen: ‘Las madres no quieren’, ‘Las mujeres del fondo’, entonces todo llega hasta la rotonda y todo lo bueno… corren la bollilla, no arreglaban la luz porque nosotros no dejábamos que sacaran el transformador”. El Ministro de Salud dijo que “no pasaba nada, que lo más importante para el vecino es cuidar su vivienda (...) Decía que la universidad de ciencias exactas había hecho un estudio que decía que los niveles de contaminación eran los mismos que en cualquier otro lado. (...) Se llena la boca diciendo que han hecho todo, cambiado el agua, que han cambiado el transformador. El agua se cambió porque nos levantamos todo el barrio a reclamar porque el agua tenia endosulfán y bueno…”.

Violencia física: En algunos negocios del barrio, a algunas integrantes del colectivo les ha sido negado el acceso.

Amenazas: “Y después, ¡¿cuando nos amenazó el Secretario de Salud de la Municipalidad en la época de Kamerath?! Eran tres que estaban en una oficina, nosotras reclamándole todo los problemas que había acá, entonces nos dice: ‘si yo fuera un tipo jodido las bajaría de la estantería’, como diciendo que nos hacía pelota, así nos dijo”. En relación a las autoridades de la provincia: “Al día siguiente se presentaron más enfermos de cáncer, fuimos con los enfermos de cáncer y el ministro dice: ‘¡Estoy cansado con Uds.! ¡Siempre reclamando!, ¡nunca están conformes! ¡Y acá, qué se creen!’. ‘Mire, le dice una, acá Ud. nos va a tener que dar una solución porque nosotros no estamos para una simple gripe. Ud. es el ministro de Salud y Ud. es el que nos va a dar una solución.’ Entonces dice el ministro: ‘Acá que dé la solución la municipalidad. ¡Yo estoy cansado! ¡Acá no venga a amenazar! ¡Si siguen así les voy a sacar todos los médicos que tiene el barrio!, si siguen amenazando…’. Nosotros estábamos pidiendo que pusieran a un oncólogo”. (2) Formas de burocracia

El ritualismo como incivilidad: en el análisis reconstructivo de la administración de justicia a nivel federal y provincial, se identificaron las actuaciones realizadas, los criterios instituidos en el ordenamiento legal y los actuados efectivamente en las prácticas de los funcionarios. En noviembre de 2003, la Administración de Justicia Federal de Córdoba ratifica la incompetencia de esta jurisdicción y remite la causa a la justicia provincial, decisión que es apelada por la apoderada de las Madres ante la Corte Suprema de Justicia y que aún hoy no ha recibido respuesta. En ningún momento las resoluciones consultadas hacen referencia al desarrollo de acciones destinadas a recomponer el daño ambiental, obligación considerada prioritaria por la Constitución Nacional, ni a los principios que deben guiar la ejecución de la política ambiental conforme a la Ley General del Ambiente Nº 25675 de

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2002170. Las prácticas se mantienen con una notable atención sobre el cumplimiento de las normas procesales y no sobre la sustancia del caso, lo que hemos caracterizado con una figura del lenguaje jurídico: exceso ritual manifiesto.

En lo que respecta a la Administración de Justicia provincial, los fiscales actúan por denuncia o remisión de la Justicia Federal, y no por oficio, a pesar de que el tema toma notable estado público por las medios de difusión y es presentado por los vecinos a las autoridades públicas. De las causas que hemos podido obtener información, ninguna ha avanzado en la determinación del daño y mucho menos en la identificación de sus responsables y la correspondiente reparación. En la reconstrucción realizada sobre las prácticas judiciales hemos podido constatar que ninguna de las investigaciones avanza sobre la materia (¿verdad objetiva?), concentrándose en determinar la violación de la ley, en este caso de agroquímicos, y no la vulneración del derecho a la vida y a un medio ambiente sano.

Reorganización de la participación: como en numerosas experiencias de prácticas ciudadanas, aquí han tenido lugar “formas de auto-responsabilización colectiva”. Llamamos así a prácticas dirigidas a incluir a prácticas de defensa de derechos en procesos de capacitación y formación de promotores de salud, promotores territoriales, de redes de participación estructuradas en torno a los centros de salud oficiales. Más allá de los efectivos procesos de aprendizaje, interesa señalar los efectos que estos dispositivos han producido sobre las acciones de las Madres en clave de disminución de su potencia: se desdibuja la identidad grupal, ya que traslada la referencia de la lucha, que era el colectivo de las Madres, a un espacio de trabajo conformado por varios actores de distintas procedencias y afiliaciones institucionales dentro de la comunidad. También como efecto se produce el descentramiento del colectivo de Madres respecto del objetivo de su lucha, la verdad y la justicia, entramadas ahora como tareas de gestión y burocráticas: el acompañamiento de pacientes para obtener medicamentos, expedientes y notas a los funcionarios públicos por temas relacionados a la problemática del barrio, transporte, pavimento, etc. Esta práctica a su vez genera discusión y contribuye a la escisión del grupo de Madres: “lo que pasa es que vos no ves que ellos lo que quieren es ponernos un límite, no quieren que seamos independientes, andá a trabajar como Madre, vas a ver si vas a poder reclamarle algo, además que te van a ir sacando de a poco, primero te llevan a estas capacitaciones, después a un encuentro, y de a poco ya no estás más acá. Esas cosas hay que discutirlas en el grupo” .

Para esta situación no nos ayudan los tradicionales desarrollos sobre la cooptación ni un idealismo que reclama virtudes a los protagonistas. Nos auxilia mejor reflexionar sobre los límites y posibilidades de una política democrática de defensa de derechos en sociedades posgenocidas, atravesadas por persistentes procesos de generación de desconfianza y aislamiento, es decir, de desarticulación de prácticas colectivas. Así las madres son acusadas de hacer política: “...estaba todo aprobado y el del partido peronista, de Unión por Córdoba golpea la mesa y dice ‘¡¿qué están haciendo aquí?!, ¡están haciendo política!’. Se armó un lío. La intención de ese señor era que explotara todo. Lo que quiso hacer fue romper. Las mujeres hicimos lo posible para que no consiguiera su propósito. Salió en el diario, en la tele, en todos lados. Agresiones como ésa tuvimos muchísimas”. Conclusiones: entre la crítica y el pensamiento constituyente

Iniciamos nuestro trabajo comprometidos con una práctica ciudadana de autodefensa y

ejercicio de derechos. Al finalizar nuestro trabajo, una nueva comprensión nos impulsa a continuar. El descubrimiento es que las prácticas genocidas no refieren sólo a los actos de

170 Se destacan para el caso los siguientes principios: precautorio, responsabilidad y subsidiariedad.

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omisión y acción desatinada de los poderes públicos respecto al cuidado de la población. Si de lo que se trata es no sólo del exterminio de personas, sino de destrucción de relaciones sociales, las más afectadas han sido las políticas. Que las instituciones no cumplan sus funciones ante la interpelación explícita de la ciudadanía no sólo tiene como efecto la denegación de justicia, sino la misma difuminación del marco de las prácticas. En este sentido, en un momento de la investigación referimos a la situación como estado incivil y ciudadanos sin estado. En un escenario de crisis de las instituciones de la república, en los que la toma de la palabra por parte de la ciudadanía pone en jaque no sólo a funcionarios sino a las mismas instituciones, la despolitización, la reorganización de prácticas ciudadanas a prácticas de subordinación adquiere una relevancia particular171. Merecen especial atención, entonces, la suerte de los colectivos ciudadanos que hoy en todo el territorio provincial realizan acciones en torno a la cuestión ambiental. También el diseño de procedimientos destinados a actuar sobre las situaciones para garantizar la vida y la salud.

Producir pensamiento en el marco de la reflexión sobre prácticas sociales genocidas, no pretendió establecer analogías u homologar casos, sino alertar sobre la actualidad y particularidad de un conjunto de prácticas e imaginar prácticas alternativas acordes con la gravedad de la situación, “mecanismos de alerta temprana”.

Los problemas de salud provenientes del uso de agroquímicos son un flagelo que afecta derechos fundamentales de la ciudadanía. Ante tal problema, los poderes públicos se están mostrando ineficaces e ineficientes para actuar resguardándolos y, más aún, parecieran descuidar su relevancia delegando el control en instancias desprovistas de recursos institucionales como para encararlo: los municipios. En tanto que lo que se juega en la intervención estatal es su capacidad para reconocer y garantizar derechos, una acción acertada tendría que dirigirse a la generación a nivel nacional de mecanismos y procedimientos institucionales que provean de recursos indispensables para promover los derechos vulnerados.

Una instancia indispensable es la definición de políticas de investigación acerca de los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana por parte de los organismos de ciencia y técnica nacionales y provinciales. Los estudios sobre los efectos de lo agroquímicos suelen limitarse a analizar plantas y animales, ignorando a los cuerpos humanos. También son necesarios desarrollos que permitan superar las nociones de causalidad científicas implicadas que no se corresponden con las nociones de responsabilidad por los daños172, generando obstrucciones ya superadas por la actuación de la administración de justicia en otros países. Necesarios también son los estudios sobre las modalidades de relación entre los componentes técnicos, políticos y sociales y culturales en las situaciones de contaminación y sus posibles vías de articulación para contribuir a una resolución que haga justicia a los afectados.

Otra práctica necesaria es la incorporación real de esta problemática ambiental al sistema de vigilancia epidemiológica existente sobre el territorio nacional. La creación de un registro de intoxicaciones provenientes del uso de agroquímicos, así como su difusión, promovería la intervención expedita de las autoridades sanitarias y de control. También en esta área es conveniente la formulación de un protocolo de intervención interdisciplinaria para facilitar y garantizar la eficacia y eficiencia de la actuación de la administración en lo que respecta al cuidado y promoción de la salud de la ciudadanía.

171 Desde nuestra situación, los señalamientos de Feierstein en relación a las prácticas sociales genocidas como reconfiguradoras de relaciones sociales, con eje en la destrucción de las relaciones de igualdad, autonomia y reciprocidad de los seres humanos, nos ha resultado especialmente pertinente ya que a la vez abre interrogantes sobre la implantación de un nuevo modelo soberano. 172 Jonas, H.: El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder, Barcelona, 2004.

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En el plano de la actuación del Ministerio Público, en tanto encargado de velar por los intereses comunes, la creación y el funcionamiento efectivo de fiscalías ambientales en el territorio y procedimientos específicos para posibilitar el acceso a la Justicia a los ciudadanos173.

El poder de policía provincial y el municipal se muestran incompetentes para controlar el uso de agroquímicos, ya sea por la escasa autonomía de los mismos frente a los sistemas productivos y de poder locales, ya sea por la falta de personal/inspectores o por falta de capacidades profesionales para realizar los estudios. La opción de reforzar las capacidades institucionales de provincias y municipios para promover el ejercicio del poder de policía no se contradice con el cuestionamiento de su delegación a los mismos promoviendo una reforma de la legislación, ya que en la actual situación tal delegación constituye una forma de abandono de personas más que una democrática descentralización de poderes.

173 Cabe señalar que en el año 2007 comenzaron a funcionar fiscalías ambientales nacionales, estando la provincia de Córdoba comprendida en la Fiscalía con sede en Mendoza. También se ha comenzado a considerar la creación de fiscalías ambientales a nivel provincial.

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Postfacio

La pregunta por los efectos de las prácticas políticas que demandan reconocimiento y garantía para sus derechos, que fuera el punto de partida de nuestro proyecto, suponía que éstas iban a mostrar sus potenciales democratizadores. Pensábamos en una faz instituyente del pensamiento y la acción, en la ampliación del espacio público y de las instituciones de la libertad en la sociedad civil y el estado democrático, acciones que en su devenir colectivo iban a encontrar modos de resolución de los problemas de exclusión y denegación de la identidad desde los que surgen.

Nuestra pretensión era salir de dicotomías académicas que ya considerábamos inconducentes (¿los movimientos son nuevos o viejos?, ¿se movilizan por recursos o su acción está caracterizada por la construcción de una nueva identidad?), para centrarnos en las potencialidades de transformación de la institucionalidad democrática vía la autoorganización y el ejercicio del derecho de resistencia.

Asumiendo que la construcción de pensamiento sobre las posibilidades y límites de la acción política democrática tiene que realizarse en los contextos de la misma acción y formularse como una palabra entre ciudadanos que generan una noción común de justicia, nos encontramos con que las prácticas revelan los niveles de profundidad de la crisis de representación, el “vaciamiento” de las instituciones democráticas, las particularidades de las estrategias de dominio y los actores con los que se enfrentan las demandas de derechos. Por otra parte, la construcción de lo común y la defensa de lo público tienen en la actualidad de las prácticas ciudadanas su realidad; mientras que su posibilidad de continuidad se encuentra amenazada por las formas de hostilidad que ejerce el sistema institucional sobre las mismas. El “estado de situación” de las identidades y los cuerpos confirma que, cuando las instituciones de la república han perdido el poder constituyente que las generó, lo que ejercen es violencia.

Si la esencia de toda acción, y en particular de la acción política, es engendrar un nuevo inicio,

entonces la compresión es la otra cara de la acción, esto es, de aquella forma de cognición, distinta de muchas otras,

por la que los hombres que actúan (y no los hombres que están empeñados en contemplar algún curso progresivo o apocalíptico de la

historia) pueden finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurrido y reconciliarse con lo que inevitablemente existe.

Arendt, Hannah

(“Compresión y política”, en De la historia a la acción. Paidós-I.C.E.-UAB, Barcelona, 1995)

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