Estado de La Libertad de Expresión en Bolivia 2014-2015

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    Estado de la Libertad de Expresin en Bolivia

    La independencia de losmedios paga al to tr ibuto

    - Por primera vez se imputa y encarcela a un periodista en tiempos de la democraciareinaugurada en 1982, mientras crece la impunidad cuando los periodistas y medios decomunicacin son agredidos y nadie es investigado, menos sancionado

    El encarcelamiento de un periodista, la sancin a cinco medios de informacin y el permanente acoso

    tributario a las empresas periodsticas describen un preocupante escenario para la libertad de expresinque se debate en medio de los caprichos de la poltica.

    La lgica de la buena prctica democrtica y de la justicia est en entredicho. El periodista CarlosQuisbert del matutino El Diario ha sido enviado a la crcel por ejercer el periodismo de investigacin,mientras cinco medios son castigadospor informar.

    Hay un contrasentido incomprensible. La redaccin y aplicacin de las leyes est tomando un rumboinverso y est conduciendo a la sancin de inocentes, mientras los responsables de delitos de ordenpblico y hechos de corrupcin estn recibiendo el perdn indulgente desde el poder poltico.

    El encarcelamiento de un periodista que busca la verdad y la sancin a los medios que cumplen con laobligacin de informar y esclarecer los hechos de inters colectivo, nos obligan a reflexionar sobre lanecesidad de recuperar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas para expresar ideas, difundirlas y

    analizarlas, como seala la Constitucin Poltica del Estado.

    Adems de Quisbert, cinco medios de informacin han recibido la pesada obligacin de pagar altassumas de dinero por una legislacin electoral que quiebra la transparencia informativa. La informacinoportuna es necesaria para elegir libremente a los nuevos responsables de los poderes regionales ylocales.

    La Palabra del Beni, Canal de Tv 27-UNITEPC y la revista El Mamor, en la ciudad de Trinidad; elperidico Gente en la ciudad de Cochabamba, y Radio Televisin Universal (RTU)de Montero (SantaCruz), recibieron sanciones econmicas que rebasan su capacidad financiera y amenazan consilenciarlos.

    En estas circunstancias concluimos que la norma electoral obliga a la autocensura de periodistas ymedios, genera temor, y bloquea el derecho ciudadano de acceder a informacin imprescindible paraelegir en las urnas. La democracia debe estar sustentada en electores bien informados.

    Asfixia tr ibutar ia

    Las presiones y agresiones a medios y periodistas se transformaron, entre 2013 y 2014, en unametdica persecucin fiscal a empresas periodsticas independientes por supuestas deudas tributarias,y en una asfixia econmica al privrseles de publicidad gubernamental, obligarlas a publicar avisosgratuitos e imponerles el financiamiento de un seguro de vida que afecta a los ingresos de los propiosbeneficiarios, los trabajadores.

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    La libertad de expresin ha sido lesionada nuevamente por una poltica orientada a dificultar el trabajode periodistas y medios de comunicacin comprometidos con el equilibrio informativo y la investigacinde casos que involucran a funcionarios pblicos.

    Un modelo poltico enunciado como socialista y comunitario, expuesto reiteradamente en el discursodel vicepresidente lvaro Garca Linera, y consistente en la toma definitiva del poder con el dominio totalde la economa y el control en la emisin de ideas, opiniones y mensajes a travs de medios masivos,

    est en marcha.

    Las empresas editoras de peridicos en Bolivia, creadas con la finalidad de difundir ideas, noticias ycultura en un ambiente democrtico, soportan dificultades financieras que a momentos haceninsostenible sus operaciones industriales, el pago de salarios y beneficios sociales. A fines de 2014,varias empresas enfrentaron la dificultad de pagar un salario y dos aguinaldos (salarios adicionales),uno de los cuales ha sido impuesto por el gobierno por un supuesto crecimiento de la economa.

    El resultado del ejercicio fiscal, altamente destacado por el gobierno, no es extensivo a los medios decomunicacin impresos que deben sortear muchas dificultades por la reduccin de pblico lector, lapresin tributaria que raya en el hostigamiento, la privacin de publicidad gubernamental y el nuevotributo para el seguro de vida. En consecuencia, las actividades de los medios impresos no reflejan elaparente progreso de la economa y por el contrario, son presionados a una condicin de sobrevivencia.

    Agresiones a per iod is tas y m edios

    Entre los meses de enero y los primeros das de abril de 2015, se han multiplicado las agresiones fsicasy verbales hasta alcanzar los 14 casos frente a 23 registrados en 12 meses de la gestin 2014, un datoque inquieta a la ANP.

    Por primera vez se imputa y encarcela a un periodista en tiempos de la democracia reinaugurada en1982, y por el contrario crece la impunidad cuando los periodistas y medios de comunicacin sonagredidos y nadie es investigado, menos sancionado. El caso del colega Carlos Quisbert es unademostracin de la inocencia encarcelada, un hecho que se repite en otros casos de ciudadanosenjuiciados y sentenciados en medio del desconocimiento a sus elementales derechos a la defensa.

    Los guardianes del orden que tienen la obligacin de proteger a los ciudadanos, funcionarios pblicos yhasta familiares de gobernantes estn en la lista de agresores a periodistas y medios.

    Entre mayo y agosto de 2014, el procurador General del Estado, Hctor Arce, acus a dos periodistasdel peridico La Razn de La Paz, de revelar secretos de Estado y espionaje, y emprendi acciones enun tribunal ordinario a pesar de estar plenamente vigente la Ley de Imprenta que tiene entre suscompetencias el proceso de personas que hubieren cometido un delito al realizar una publicacin atravs de la prensa.

    El pargrafo segundo del artculo 107 de la Constitucin Poltica del Estado (CPE) determina que laveracidad y responsabilidad se ejercern mediante normas ticas y de autorregulacin de lasorganizaciones de periodistas y medios de comunicacin y su ley (Ley de Imprenta).

    La respuesta fue una movilizacin de los trabajadores de La Razn y de otros medios quecomprendieron que la agresin afectaba al conjunto de periodistas y al trabajo de informar en un marcode libertades de opinin, informacin, interpretacin y difusin de noticias e ideas, todas reconocidas en

    la Constitucin impulsada por el actual gobierno y promulgada por el propio presidente Evo Morales, enfebrero de 2009, como un componente del proceso de cambios que alienta desde 2006.

    La Asociacin Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales medios impresos de Boliviahizo firme defensa de principios como el secreto de la fuente periodstica y junto al pronunciamientopblico de los directores de los principales peridicos, ratific su inquebrantable decisin de exigir elrespeto de los tratados internacionales, de la Constitucin y la Ley de Imprenta que protegen laconfidencialidad de las fuentes informativas.

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    En agosto de 2014, el Procurador General y la justicia ordinaria que tramitaban esa demanda en esava, resolvieron derivar el caso a un Tribunal de Imprenta que conocer el caso y emitir su fallodespus de conocer los antecedentes.

    Medios acal lados y agredidos

    La Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresin en Bolivia de la ANP report

    el asalto y desmantelamiento de Radio Cruz Andina, en la poblacin de Uyuni, en el departamento dePotos, el 12 de agosto de 2014 en medio de un conflicto regional en el que estaba cuestionada unaautoridad local que pertenece al partido gobernante. La Autoridad de Regulacin y Fiscalizacin deTelecomunicaciones (ATT) justific la medida bajo el argumento de que el medio operaba sin licencia.

    La Asociacin Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expres condena por el saqueo y destruccin deTelevisin Amaznica, y el incendio de la vivienda de la directora del medio, Marilyn Rivero. Losresponsables de estos hechos fueron personas vinculadas a la toma de tierras que acudieron a laviolencia tras ser denunciados a travs del canal de televisin.

    Es ver dad er o el in ters de fiscal izar el pag o de impues tos?

    Al margen de estos hechos caracterizados por un deseo de silenciar la palabra libre de los mediosindependientes, varias empresas periodsticas sufrieron permanente acoso de funcionarios encargados

    de fiscalizar el pago de impuestos.

    Algunos casos estn destinados al anecdotario. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos(SIN) visitaron un peridico y solicitaron informacin de archivo con una fecha anterior a la fundacin delmedio.

    El caso anterior es propio de una represalia que sucede despus que se publica alguna noticiaincmoda para el gobierno. La respuesta de los funcionarios es inmediata, visitan el medio, solicitandocumentacin y su presencia es interpretada como una forma de advertencia para que la lnea editorialadopte una actitud lindante con la autocensura.

    Las acciones de los funcionarios de la administracin tributaria superan sus atribuciones especficas. EnLa Paz, acosan a un medio y acuden a los anunciadores para atemorizarlos bajo la advertencia de quela contratacin de espacios en el peridico afectado, implicar represalias tributarias para la persona o

    empresa que ignore la advertencia.

    Es una tpica accin de censura e intento de silenciar la palabra independiente. El captulo de DerechosCiviles y Polticos de la Constitucin en su artculo 21 expresa que las bolivianas y los bolivianos tienenel derecho a la libertad de pensamiento y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones porcualquier medio de comunicacin, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

    Por tanto, la pregunta est flotando Existe un inters de fiscalizar a los medios de informacin, o setrata de una ofensiva contra la palabra independiente?

    Santa Cruz de la Sierra, 16 de abril de 2015

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    Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresin en Bolivia

    Asociacin Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP)

    Resumen de Alertas por Categoras

    Periodo 2010 a abril 2015*

    No. Tipo de agresiones Nmero de agresiones y casos

    2010 2011 2012 2013 2014 2015(Ene-abr)

    1. Agresiones fsicas y atentados 13 19 33 15 11 9

    2. Agresiones verbales y amenazas 25 27 17 11 12 5

    3. Acciones de censura y restricciones a la libertad de opinin yexpresin

    1

    1

    4. Agresiones Materiales a equipos de periodistas y de medios 1 4 5 2 4

    5. Restricciones al trabajo periodstico 14 6 2 5 2 3

    6. Alertas por normas o proyectos que dificultan el acceso a la

    informacin pblica y el trabajo periodstico 1 4 7

    4 2

    7. Incidentes de acoso judicial o administrativo 8 13 10 5 8 2

    8. Reconocimiento judicial a la vigencia de la Ley de Imprenta - 2 - 1 1

    9. Desplazamiento forzado, refugio o exilio - 1 1 -

    10. Detencin 1 3 2 - 1

    11. Intimidacin/presin/vigilancia - 1 - 2 1

    12. Asesinato - 1 2* 1** 1***

    13. Demandas judiciales contra agresores a periodistas - - 4 1

    14. Otros 2

    *Tres periodistas asesinados. Los casos continan en investigacin.**Fue asesinada por su cnyuge, un oficial de polica.***Actualizan un proceso por asesinato*Actualizado a la alerta 25