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España: Informe internacional sobre libertad religiosa - 2018

Resumen ejecutivo

La constitución española garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y

estipula que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la

sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las

demás confesiones. El Estado español tiene firmado un acuerdo bilateral que firmó en

su día el Gobierno con la Santa Sede que concede a la Iglesia católica ciertos beneficios

que no reconoce a otros grupos con los que también tiene acuerdos: protestantes,

musulmanes y judíos. Grupos religiosos que no tienen acuerdos pueden registrarse con

el Gobierno y recibir ciertos beneficios. Algunos políticos y representantes de la

sociedad civil han criticado la educación religiosa obligatoria, que está bajo el control de

los gobiernos regionales. En su Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa

en España de 2017, el Ministerio de Justicia señaló ciertas preocupaciones relativas al

trato desigual de grupos religiosos; las distintas financiaciones para ayudas religiosas;

dificultades a la hora de abrir lugares de culto, hacer proselitismo, y atender a sus fieles

en instituciones públicas; y la incapacidad del Estado de reaccionar ante incidentes

motivados por temas religiosos. Entre enero y septiembre, el Gobierno otorgó la

ciudadanía a 4.000 descendientes de judíos expulsados en 1492. Musulmanes, judíos y,

en mayor medida budistas, denunciaron dificultades a la hora de tener acceso a un

cementerio de su denominación. Los líderes de otros grupos religiosos han señalado que

el Estado permite a los ciudadanos destinar parte de sus impuestos a la iglesia católica

o sus organizaciones caritativas, pero no así a otras religiones. El Gobierno llevó a cabo

su programa para ayudar a los musulmanes a tomar conciencia de la importancia de la

lucha contra la discriminación religiosa y promover su integración.

Hubo casos de agresiones, amenazas, incitación a la violencia, incitación verbal al odio,

y vandalismo contra cristianos, musulmanes y judíos. La organización no gubernamental

(ONG) Observatorio para la Libertad Religiosa y Conciencia (OLRC) informó acerca de

142 incidentes motivados por temas religiosos –incluidas dos agresiones– en los

primeros nueve meses del año, 20 más que a lo largo del mismo periodo de 2017. De los

142 casos, un 65% fue contra cristianos. El Ministerio del Interior informó acerca de 103

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delitos de odio religiosos en 2017, comparados con 47 en 2016. La ONG Plataforma

Ciudadana contra la Islamofobia denunció 546 incidentes islamófobos en 2017, de los

cuales, un 70% eran casos de incitación verbal al odio en internet. El Ministerio de

Justicia informó acerca de 43 hospitales que rehusaron proporcionar tratamiento

médico a testigos de Jehová que se negaron a recibir transfusiones de sangre. Cristianos,

musulmanes, y judíos informaron acerca de un aumento de la hostilidad contra ellos en

los medios.

Representantes tanto de la Embajada como del Consulado de los Estados Unidos de

América se reunieron con regularidad con representantes de la Dirección General de

Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, así como con representantes de los

departamentos de asuntos religiosos de los distintos Gobiernos regionales y con los

líderes religiosos que participan en la Fundación Pluralismo y Convivencia (la

Fundación). Los asuntos abordados versaron sobre sentimientos antisemitas,

islamófobos, y anticlericales; los fracasos de ciertos Gobiernos regionales para acatar los

requisitos legales que prescriben tratar a todos los grupos religiosos de manera

ecuánime; las preocupaciones sobre la discriminación de minorías religiosas en el

ámbito social; el acceso a educación religiosa específica y a cementerios para grupos

religiosos; y las pensiones para el clero. En enero, la Embajada acogió a dirigentes

religiosos para debatir sobre la libertad religiosa y la igualdad en el país. En junio, el

Embajador celebró un iftar con el objetivo de reforzar la participación con e inclusión de

la comunidad musulmana en el Gobierno. En mayo, el Consulado General en Barcelona

organizó otro iftar donde líderes musulmanes y representantes públicos debatieron

distintas maneras de promover la tolerancia y libertad religiosas.

Sección I. Demografía y confesiones

El Gobierno estadounidense estima que la población española ronda los 49,3 millones

de personas (a julio de 2018). Según una encuesta realizada en abril por el Centro de

Investigación Sociológica, un 67,4% de los participantes se identificó como católico,

mientras que un 2,6% dijo pertenecer a otra fe. Asimismo, un 15,6% de los participantes

se definió como “no creyente” y un 12,2% como ateo; el 2,3% restante no respondió a

la pregunta.

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La Conferencia Episcopal Española (católica) estima que unos 32,6 millones de los

habitantes de España son católicos. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas

de España (FEREDE) calcula que unos 1,7 millones son protestantes, de los cuales

900.000 son inmigrantes. La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), la

mayor organización islámica de todas las que componen la Comisión Islámica de España

(CIE), estima que hay unos 1,9 millones de musulmanes en España, mientras que otros

grupos musulmanes consideran que la población está en el entorno de los 2 millones.

Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio

de Justicia del año 2017, y haciendo referencia a las valoraciones de distintos grupos

religiosos, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) estima que hay unos

45.000 judíos en el país; la Asamblea Episcopal Ortodoxa indicó en 2014 que había 1,5

millones de cristianos ortodoxos; los Testigos de Jehová dan parte de 188.000

miembros; la Unión Budista de España-Federación de Entidades Budistas de España

estima que hay unos 85.000 budistas; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días afirma que cuenta con 57.000 miembros. Otros grupos religiosos incluyen

a Científicos Cristianos , así como otros grupos cristianos, Bahá’ís (12.000 miembros),

Cienciólogos (11.000 miembros), e hindúes. Las comunidades autónomas de Cataluña,

Andalucía y Madrid, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el Norte de África,

acogen a los porcentajes más elevados de no cristianos, casi un 50% en Ceuta y Melilla.

Sección II. España: el respeto del Gobierno a la libertad de culto

Marco legal

La Constitución actual prohíbe la discriminación por causas religiosas y garantiza la

libertad de religión y culto a las personas y a las comunidades, sin más limitación, en sus

manifestaciones, que “la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido

por la ley”. Según la Fundación, una posible limitación será el hacinamiento de fieles en

locales de tamaño reducido, o las aglomeraciones en espacios públicos. La Fundación

proporciona financiación para apoyar actividades y proyectos que promuevan la

integración cultural, educativa y social de las denominaciones religiosas que han firmado

un acuerdo con el Estado. La Fundación impulsa el diálogo y el acercamiento entre

distintos grupos religiosos, así como la normalización de la religión en la sociedad. La ley

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puede limitar el derecho a reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público,

pero las autoridades no se han valido de ella, ni de los límites de expresión consagrados

en la Constitución, cuando los grupos religiosos han solicitado autorización previa.

Asimismo, la Constitución estipula que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su

religión o creencias. Añade que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero indica

que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad

española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia

católica y las demás confesiones”. La Iglesia católica es la única denominación religiosa

a la que la Constitución hace referencia explícita.

El Gobierno no exige que los grupos religiosos se inscriban en el registro, pero el hecho

de inscribirse sí que confiere al grupo en cuestión determinadas ventajas legales. Los

grupos inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia tienen

derecho a la autonomía; podrán comprar, alquilar, y vender propiedades inmuebles;

podrán asimismo actuar en calidad de persona jurídica en causas judiciales. Para

inscribirse en este registro se han de rellenar determinados formularios que están

disponibles en el sitio web del Ministerio de Justicia, y se han de proporcionar además

documentos autorizados por notario que avalen detalles acerca de la fundación del

grupo en cuestión; que confirmen su operatividad; y que proporcionen pormenores

acerca de sus representantes legales, de su alcance territorial, de su objetivo religioso y

su dirección. Cualquier persona o grupo tendrá derecho a practicar su religión, se halle

o no inscrita la misma como entidad de culto.

El hecho de estar debidamente inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia y que

gocen de la condición de notorio arraigo (con presencia destacada y permanente)

permite que los grupos establezcan acuerdos bilaterales de cooperación con el Estado

español. El Estado ha firmado un acuerdo bilateral con la Santa Sede, ejecutado en parte

por la Conferencia Episcopal. Existen también acuerdos de cooperación con la FEREDE,

con el CIE, y con la FCJE. Estos acuerdos son vinculantes y garantizan a las distintas

confesiones ciertas exenciones de impuestos; el derecho a la compraventa de bienes

raíces; el derecho a la apertura de lugares de culto; el derecho a llevar a cabo otras

actividades legales; garantizan igualmente la validez legal de las bodas que celebren; y

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les permiten destinar a maestros en las escuelas y a clérigos o capellanes en los

hospitales y a ministros de culto en las instalaciones de las fuerzas armadas y en las

cárceles. Los grupos firmantes de acuerdos de cooperación también son candidatos a

recibir subvenciones gubernamentales administradas de manera independiente.

El acuerdo con la Santa Sede incluye asuntos de naturaleza legal, educativa, cultural y

económica; la asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las fuerzas

armadas; y la sujeción de los clérigos y religiosos a las disposiciones generales de la Ley

sobre el Servicio Militar. Los posteriores acuerdos de cooperación firmados con la

FEREDE, la CIE y la FCJE cubren estos mismos asuntos.

Los grupos inscritos que deseen firmar acuerdos de cooperación con el Estado deberán

conseguir el reconocimiento de notorio arraigo a través del Ministerio de Justicia. Para

conseguir este reconocimiento, los grupos deben contar con un número no concretado

pero “relevante” de miembros; tener presencia en el país desde hace al menos 30 años;

y contar con la “estructura y representación adecuada y suficiente” que según el

Ministerio de Justicia demuestre “presencia y participación activa en la sociedad

española”, sin definir estos conceptos en mayor detalle. Los grupos adicionalmente

presentarán la documentación necesaria para que quede clara la expresión de sus fines

religiosos ante la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones que mantiene

el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

La Conferencia Episcopal es la interlocutora del Gobierno en nombre de la comunidad

católica en su totalidad. De conformidad con el Acuerdo con la Santa Sede de 1979, las

diócesis y parroquias individuales no tendrán que ser inscritas en el Registro.

Adicionalmente a la FEREDE, la CIE y la FCJE, los testigos de Jehová, la FCBE, los

miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia

Ortodoxa son religiones inscritas que disfrutan del reconocimiento de notorio arraigo.

Las nuevas comunidades religiosas podrán inscribirse directamente en el Registro de

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, o podrán hacerlo, en su nombre,

asociaciones religiosas.

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Si el Ministerio de Justicia considerase que el solicitante de la inscripción no es un grupo

religioso, el grupo podrá ser incluido en el Registro Nacional de Asociaciones que

mantiene el Ministerio del Interior. La inclusión en el Registro Nacional de Asociaciones

garantiza la situación de legalidad, pero no brinda ninguna otra ventaja. El estar incluido

en el Registro solamente indica que el grupo o asociación está en la lista y que su historia

está recogida en la base de datos oficial. La inscripción en el Registro en calidad de

asociación deberá preceder a la solicitud de que las autoridades públicas consideren la

utilidad pública de la asociación, que permitirá a la misma el disfrute de ventajas fiscales

en igualdad de condiciones con agrupaciones benéficas, incluyendo la exención del pago

del impuesto sobre la renta y otras contribuciones. Para disfrutar de esta declaración de

utilidad pública, la asociación deberá haber estado inscrita en el Registro durante al

menos dos años y deberá asimismo haber mantenido un balance fiscal neto positivo.

Existen fondos públicos para financiar los oficios religiosos dentro de las instituciones

penitenciarias para grupos católicos y musulmanes. A modo de ejemplo, estos oficios

incluyen la celebración de la misa católica de los domingos, la celebración de la

confesión católica, y las oraciones musulmanas de los viernes. Los acuerdos de

cooperación entre la FCJE y la FEREDE con el Estado no incluyen este detalle; estos

grupos celebran los oficios religiosos dentro de las instituciones penitenciarias, pero

asumen ellos el gasto. Otros grupos religiosos que están inscritos como entidades

religiosas en el Registro del Ministerio de Justicia pueden asimismo celebrar oficios

durante las horas de visita, cubriendo ellos los gastos y a solicitud de los reclusos.

Las regiones de Madrid y Cataluña han firmado acuerdos con varias comunidades

religiosas que, a su vez, tienen acuerdos con el Estado. Estos acuerdos regionales

reconocen y garantizan el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos

internados en establecimientos penitenciarios, hospitales y sanatorios bajo jurisdicción

regional. El Gobierno central financia estos servicios para las cárceles y el ejército,

mientras que los servicios para hospitales corren a cuenta de los Gobiernos regionales.

Según el Ministerio de Justicia, estos acuerdos a nivel subnacional no podrán

contradecir los principios de los acuerdos nacionales, que serán los que prevalezcan. El

Gobierno de Cataluña ha firmado acuerdos con la comunidad católica, con la FEREDE y

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la CIE. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha firmado acuerdos con la comunidad

católica, con la FEREDE, con la FCJE y con la CIE.

Está garantizado el acceso a los centros de refugiados conocidos como Centros de

Internamiento de Extranjeros a los religiosos miembros de esas comunidades que hayan

firmado acuerdos de cooperación, a fin de garantizar la asistencia religiosa directamente

a los acogidos en estos centros; serán las distintas comunidades religiosas las que cubran

los gastos resultantes. Según el Ministerio de Justicia, religiosos de otras confesiones

podrán acceder a los centros de internamiento cuando así lo soliciten.

Según la normativa castrense (Reglamento de Honores Militares) y de conformidad con

acuerdos firmados con anterioridad, se permiten honras fúnebres y servicios de culto

para católicos, protestantes, judíos y musulmanes, en el caso de que la familia del

fallecido lo solicitara. Otros grupos religiosos también pueden celebrar funerales, bajo

petición.

El Estado reconoce la validez de matrimonios oficiados por las religiones con notorio

arraigo en España.

La apertura de un lugar de culto requiere una solicitud a los Gobiernos locales

pertinentes, como sucede con otros establecimientos cuya finalidad es de uso público.

Los requisitos para obtener la licencia de apertura varían de un municipio a otro. El

Ministerio de Justicia estipula que la documentación necesaria suele ser la misma que

se les exige a otras instituciones que desean abrir un establecimiento de uso público e

incluye información como la de planos arquitectónicos y aforo máximo. Las

comunidades religiosas deberán asimismo notificar al Ministerio de Justicia la

inauguración de lugares de culto.

Las autoridades locales están obligadas a estudiar las solicitudes de permiso para

destinar terreno público para uso religioso. Si las autoridades locales, tras estudiar

distintos factores como la disponibilidad de suelo y el valor que se añadiría a la

comunidad, deciden denegar esta solicitud, se verán obligadas a explicar esta decisión

a la parte solicitante.

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Tal y como queda detallado en los acuerdos firmados con agrupaciones religiosas, el

Gobierno proporcionará financiación para los salarios de profesores públicos que

impartan religión católica o, en caso de que más de diez alumnos la soliciten, religión

protestante o religión islámica. Aunque la comunidad judía también podría solicitar

educación religiosa judía en los colegios públicos, ha rehusado hacerlo. Esta asignatura

no es obligatoria. Aquellos alumnos que declinen cursar la asignatura de religión están

obligados a matricularse en una asignatura alternativa que toque temas generales de

carácter social, cultural y religiosos. El desarrollo de un plan de estudios y la financiación

de los profesores encargados de impartir la asignatura de religión recae sobre los

Gobiernos regionales, con la salvedad de Andalucía, Aragón, las Islas Canarias, Cantabria

y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que dejan en manos del Gobierno nacional

tanto el plan de estudios como la financiación de la educación, siempre de acuerdo con

sus estatutos de autonomía regionales.

Las comunidades autónomas están autorizadas para determinar los requisitos que

deben cumplir los profesores de religión y certificar sus credenciales, aunque algunas

prefieren dejar este asunto en manos del Gobierno central. Por ejemplo, los aspirantes

a profesores deberán proporcionar datos personales, así como demostrar que no han

sido separados mediante expediente disciplinario de un puesto dentro del sistema

educativo de la región o autonomía donde solicitan empleo, que poseen la titulación

académica que exige la región en cuestión, y que también cumplen con cualquier otro

requisito exigido por la agrupación religiosa que corresponda. Las agrupaciones

religiosas deberán presentar a las autoridades una lista con los nombres de los

profesores aprobados. Las directrices de la CIE, aprobadas por el Ministerio de

Educación, hacen hincapié en una interpretación “moderada” del islam en sus prácticas

de culto, enfatizando la importancia del pluralismo, de la comprensión, de la tolerancia

religiosa, de la resolución de conflictos y de la convivencia. La CIE también exige que los

profesores tengan su correspondiente certificado de formación en educación en el

islam.

El clero católico puede incluir el tiempo dedicado a misiones en el extranjero en el

cálculo para disfrutar prestaciones de Seguridad Social, y podrá asimismo solicitar

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pensiones de jubilación por un máximo de 38,5 años cotizados. Los ministros

protestantes tienen derecho a recibir las prestaciones de seguridad social, incluyendo la

cobertura sanitaria y una pensión de jubilación por un máximo de 15 años cotizados,

pero las condiciones de elegibilidad para estos religiosos son más estrictas de lo que lo

son para los religiosos católicos. La legislación permite a los pastores protestantes

calcular el tiempo para acceder a prestaciones mínimas solamente hasta el año 1999,

fecha del anterior decreto, y solamente en tanto en cuanto estos pastores hubieran

variado su condición en 1999, y a los pastores protestantes no se les permite sumar el

tiempo trabajado en el extranjero. Los pastores protestantes también están obligados a

reintegrar las aportaciones a pensiones pendientes a suma alzada en vez de por medio

de una deducción mensual, como sucede con los religiosos católicos. Los religiosos de la

Iglesia Rusa Ortodoxa, de la CIE y los de los Testigos de Jehová también tienen derecho

a las prestaciones de seguridad social. Las prestaciones a las que tengan derecho los

miembros de estas agrupaciones dependerán de los términos concretos de los acuerdos

en materia de seguridad social que tengan negociados y firmados con el Estado.

Los delitos de odio en el Código Penal incluyen actos de “humillación o desprecio” contra

víctimas por su religión, y las penas son de entre uno y cuatro años en prisión. El Código

Penal también contempla como un delito impedir practicar los actos propios de las

creencias que profesen los miembros, o interrumpir a un miembro de una confesión

religiosa cuando así desee hacer, así como insultar, menospreciar o blasfemar contra las

creencias, ceremonias o prácticas religiosas. Aquellos que no practican ninguna religión

también están amparados y protegidos por el Código Penal. La ley permite a las

autoridades investigar y encausar a los autores de delitos penales que pertenezcan a

grupos neonazis, calificando estos crímenes como “delitos de terrorismo”. La negación

de un genocidio se considera también un delito si incita a actitudes violentas, como por

ejemplo un comportamiento o uso de lenguaje agresivo y amenazador.

España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas gubernamentales

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Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio

de Justicia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la FCBE confirmaron

que no pudieron llegar a firmar acuerdos con el Gobierno y, por ende, quedan excluidas

del disfrute de las prestaciones a las que tienen derecho la Iglesia Católica y los otros

tres grupos religiosos que han firmado tales acuerdos. La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días afirmó que ha estado intentando durante años –sin éxito–

conseguir un acuerdo, y la FCBE lamentó que el Estado haya denegado acuerdos durante

muchos años a otros grupos religiosos con estado de notorio arraigo.

Algunas minorías religiosas, como la FEREDE, la FCJE, y la Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días han solicitado un trato mejor y más igualitario para todos

aquellos grupos religiosos que deseen prestar servicios espirituales en instituciones

públicas, como pueden ser hospitales, penitenciarías, e instalaciones del ejército. La

FEREDE también solicitó al Gobierno el reembolso de los costes incurridos en la

prestación de dichos servicios, tal y como se hace para la Iglesia Católica. Por otra parte,

la FEREDE agradeció la decisión del Estado de permitir la presencia de capillas y ministros

protestantes en algunos acuartelamientos, aunque también criticó los largos retrasos y

la falta de atención por parte del gobierno que han caracterizado al proceso. La FCJE, la

CIE, y la FEREDE agradecieron la decisión de permitir la práctica de distintas fes en las

cárceles, pero también consideraron necesario igualar el derecho a servicios religiosos

de todos los reclusos para que estuviese al mismo nivel que otros servicios básicos.

Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio

de Justicia, varios grupos denunciaron restricciones por parte de Gobiernos locales que

les impedían llevar a cabo labores de proselitismo o manifestar su fe en espacios

públicos. La FEREDE señaló que ciertos municipios han multado o impuesto distintas

sanciones a miembros que repartían folletos religiosos o que participaban en

actividades religiosas en espacios públicos, a pesar de que el Gobierno central es el

dueño de los suelos en cuestión. Según la FEREDE, la tendencia creciente, por parte de

las autoridades locales, es de silenciar a grupos religiosos y expulsarlos de los espacios

públicos. Los Testigos de Jehová denunciaron que en 37 municipios distintos hay asuntos

pendientes de resolver relativos a la restricción del uso de espacios públicos para

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actividades religiosas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días señala

que, en ciertas ocasiones, sus misioneros se han encontrado con restricciones cuando

han intentado colocar carteles en espacios públicos o montar puestos en ferias públicas.

En septiembre, las autoridades detuvieron e interrogaron al actor Willy Toledo tras su

negativa a comparecer ante un tribunal para responder a acusaciones de ofensa a los

sentimientos religiosos a raíz de comentarios vejatorios hechos por él en 2017 sobre

Dios y la Virgen María. En mayo y junio, Toledo se negó a responder a las preguntas

formuladas por el juez en relación con los cargos, interpuestos por la Asociación

Española de Abogados Cristianos, y afirmó que continuaría “burlándose”. La asociación

de abogados amplió su denuncia contra Toledo a incitación al odio después de que éste

dijese “los ultra católicos deberían desaparecer de la faz de la tierra” y, según la

asociación, justificó los crímenes contra los religiosos católicos durante la Guerra Civil

de España cuando dijo en televisión que “Algo harían las iglesias y los curas para ser

incendiados”.

En marzo, el miembro del Parlamento Enric Bataller, militante de Compromís, pidió en

el Congreso suprimir del Código Penal el delito de ofensa religiosa. Según el proyecto, la

disposición existente del Código contradice “los derechos constitucionales que

garantizan la libertad de expresión y el carácter aconfesional del Estado”.

Varios grupos religiosos, especialmente los protestantes, señalan que la normativa

actual, desigual y engorrosa, sigue siendo el principal obstáculo que impide que distintos

grupos religiosos obtengan licencias o permisos para lugares de culto. Por ejemplo, el

Secretario Ejecutivo de la FEREDE, Mariano Blázquez, citó un requisito de varios

municipios que estipula que tiene que haber, al menos, 500 metros (1.640 pies) entre

dos lugares de culto, lo que afecta sobremanera a denominaciones no católicas, debido

al predominio de iglesias católicas. Los grupos han señalado que otras restricciones,

como requisitos que estipulan que los centros religiosos mantengan la misma clase de

aislamiento acústico que clubs nocturnos, eran excesivamente caras y, desde un punto

de vista técnico, difíciles de llevar a cabo.

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Según el Ministerio de Justicia, grupos protestantes construyeron 197 nuevos lugares

de culto en distintos lugares del país entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018,

llegando a un total de 4.238. Esto representa un 58,5% del total de los lugares de culto

no católicos.

Otros grupos religiosos se hicieron eco de las mismas preocupaciones en el informe

gubernamental sobre libertad religiosa. La CIE señaló que los planes de urbanismo

municipales restringían la apertura de lugares de culto en centros urbanos, forzándolos

a ubicarse en la periferia. Los Testigos de Jehová mencionaron retrasos de hasta un año

desde la aprobación para la construcción de un lugar de culto hasta la expedición por

parte de las autoridades del permiso para comenzar los trabajos necesarios.

Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio

de Justicia, las comunidades musulmana y budista señalaron una serie de problemas

relativos a la construcción de cementerios y el acceso a los mismos. La FCBE afirma que

en España no hay cementerios budistas ni lugares concretos donde depositar restos

conforme a la tradición budista, y que no hay interés por parte de los municipios en

abordar el asunto. La CIE expresó la necesidad de contar con un lugar de inhumación

para sus fieles en cada una de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. Asimismo, la CIE

informó que solo las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia y las ciudades

autónomas de Ceuta y Melilla permiten inhumaciones sin ataúd. La Comisión Europea

contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) indica que España solo

tiene 28 cementerios públicos con parcelas destinadas a creyentes musulmanes.

La comunidad judía también señaló la necesidad de obtener más espacio en

cementerios donde llevar a cabo inhumaciones de acuerdo con la tradición judía. A

pesar de acuerdos existentes entre la FCJE y Valencia y Alicante, según los cuales las

ciudades tienen que garantizar la existencia de cementerios judíos, los proyectos

relativos a los mismos seguían pendientes a finales de año.

En mayo se difundieron por la ciudad de Badalona folletos en los que aparecía el

presidente del Partido Popular de Badalona, en Cataluña, y exalcalde de Badalona,

Xavier García Albiol, pidiendo el bloqueo de los planes de construcción de un salón de

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oración islámico en el barrio de Artigues. La entonces alcaldesa de Badalona, Dolors

Sabater, dijo que su administración estaba considerando acusar a García Albiol de un

delito de odio, pero, en última instancia, no lo hizo.

La directora de la FCJE, Carolina Aisen, anunció que la ejecución de la ley que permitía a

los descendientes de judíos sefardíes expulsados del país en 1492 conseguir la

ciudadanía española seguía adelante sin problemas. Según la Sra. Aisen, que dijo

reunirse mensualmente con el Ministerio de Justicia para hacer seguimiento del asunto,

4.000 descendientes sefardíes obtuvieron la ciudadanía entre enero y septiembre, y que

unos 18.000 más habían comenzado el proceso de solicitud. El grueso de los interesados

sigue proviniendo de Venezuela, aunque también los hay de origen israelí, de otros

países latinoamericanos, y de Estados Unidos de América. La comunidad judía explicó

que los onerosos requisitos financieros y administrativos, como la obligación de

financiarse un viaje a España para una entrevista personal, han reducido el número de

respuestas a la ley. La Sra. Aisen dice que el marcado incremento se ha debido,

probablemente, al temor de que la ley prescriba en 2019.

La FCJE estima que había pocos supervivientes del Holocausto residiendo en el país y

explicó que por eso el Gobierno solo ha considerado la restitución caso por caso. La FCJE

no señaló ninguna instancia de restitución a lo largo del año.

El Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio de

Justicia registró quejas por parte de varios grupos religiosos, entre los que se encuentran

la Iglesia Católica, la FEREDE, la FCJE, y la CIE, en lo pertinente a la oferta de educación

religiosa e integración de profesores religiosos en las escuelas. La Iglesia católica dijo

que algunas comunidades autónomas no ofrecieron información suficiente a los

alumnos o a sus padres para cursar educación religiosa, o que interpusieron obstáculos

a la impartición de dichas clases, contraviniendo el acuerdo de España con la Santa Sede.

La FEREDE aseguró que muchos municipios no ofrecen clases de religión protestante y

que los padres, a menudo, no pueden siquiera solicitarlas. Tras prolongados esfuerzos

por parte de la comunidad protestante, según el informe, la comunidad autónoma de

La Rioja comenzó a ofrecer clases de religión a los protestantes matriculados en sus

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escuelas, así como lo hizo la provincia de Huesca. Sin embargo, la comunidad autónoma

de Valencia no respondió a las solicitudes en este sentido de más de 700 alumnos.

Diversos grupos religiosos también aseguraron que falta información sobre clases u

opciones de matriculación para los alumnos. La CIE hizo referencia a una falta de

información sobre clases y opciones de matriculación similar, y señaló que solo seis

comunidades autónomas y Ceuta y Melilla cuentan con educadores especializados en

estudios islámicos, a pesar de la existencia de candidatos aptos en todas las regiones.

En el País Vasco, se informó de que ciertas escuelas se pusieron en contacto con padres

de alumnos para disuadirles de solicitar clases de religión islámica para sus hijos.

No hay clases de religión judía en escuelas públicas, y la FCJE informó de que, por norma

general, las escuelas no están al tanto de las festividades judías contempladas en el

acuerdo entre la FCJE y el Estado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días propuso que el derecho a la educación religiosa en las escuelas públicas se extienda

a todos los grupos religiosos con estado de notorio arraigo y no solo a aquellos con

acuerdos vigentes con el Estado.

En febrero, la Comisión de Educación del Parlamento aprobó una propuesta no

vinculante introducida por miembros del partido valenciano Compromís y Unidas

Podemos –una coalición de partidos políticos de izquierdas–, en la que se solicita al

Gobierno la eliminación de la religión del plan de estudios en las escuelas públicas. La

propuesta, sobre la que el Parlamento no votó, también pedía la derogación de los

acuerdos del Estado con la Santa Sede y otros grupos religiosos.

En junio, el Parlamento Regional Navarro aprobó una propuesta no vinculante

solicitando al Gobierno nacional “denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede”,

con miras a establecer una educación secular en el sistema público.

En julio, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de la

provincia de Castellón dijo haber recibido quejas de padres de alumnos en las escuelas

seleccionadas para dar clases sobre el islam a alumnos musulmanes. La directora de la

FAMPA, Silvia Centelles, afirmó que la organización siempre ha estado a favor de

eliminar la educación religiosa en el aula y que los padres no entendían cómo los

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responsables de educación podían estar a favor de “que se imparta la religión islámica

en las aulas, una religión que denigra a la mujer y que la relega a segundo plano”.

En enero, Comisiones Obreras, el principal sindicato de trabajadores del país, pidió la

eliminación de la asignatura de religión del plan de estudios de los colegios públicos, así

como una educación “libre del dogmatismo de la Iglesia Católica”. En febrero, el

sindicato de profesores de la comunidad de Castilla La Mancha pidió una reducción en

las horas de clase dedicadas a enseñar religión hasta el mínimo exigido por ley en tanto

en cuanto la normativa nacional no cambie y se establezcan escuelas públicas laicas.

Según un comunicado del sindicato, la religión como asignatura no es ni una ciencia ni

un arte, y no merece su inclusión en las escuelas públicas; más bien solo sirve para

propagar la doctrina católica y distorsionar el funcionamiento normal de la educación

de los alumnos, tomando creencias del ámbito privado y llevándolas al ámbito público,

un lugar donde no tienen cabida en una sociedad aconfesional.

El contenido en el plan de estudios de educación secundaria relativo al Holocausto ha

seguido expandiéndose, según un mandato del Ministerio de Educación recogido en dos

Reales Decretos. El tema se incluyó en la asignatura de historia y geografía obligatoria

de cuarto de la ESO, así como en la asignatura de historia del mundo contemporáneo de

primer curso. En 2017, la FCJE firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para

formar a profesores en los temas del Holocausto, el judaísmo y el antisemitismo.

En diciembre, el centro cultural Centro Sefarad-Israel, que cuenta con el respaldo del

Estado español, organizó un viaje a Berlín para educar a unos 15 profesores españoles

sobre la Conferencia de Wannsee, la reunión en la que oficiales Nazis prepararon el

Holocausto. El viaje incluía conferencias y una visita a un campo de concentración. El

Centro Sefarad-Israel organizó docenas de charlas y cursos por toda España sobre

antisemitismo y el Holocausto, invitando a ponentes de todo el mundo para que

instruyesen a profesores y otros docentes.

A pesar de una sentencia del Tribunal Supremo en 2017 que explicitaba que los

requisitos para optar a una pensión eran los mismos para el cuerpo ministerial

protestante que para los sacerdotes católicos, ningún ministro protestante ha

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comenzado a cobrar una pensión estatal, puesto que la sentencia no era de carácter

retroactivo. La FEREDE pidió al Gobierno que se apruebe un Real Decreto que permita a

los ministros protestantes cobrar una pensión de jubilación que incluya su tiempo de

servicio anterior a 1999 y que proporcione beneficios a los cónyuges e hijos

supervivientes de ministros protestantes.

La Iglesia Católica sigue siendo la única entidad religiosa a la que los particulares pueden

destinar voluntariamente un 0,7% de sus impuestos. Otros grupos religiosos no figuran

en los formularios impositivos como posibles destinatarios de fondos. Varios grupos

religiosos, entre los que se encuentran los protestantes, los musulmanes, los budistas y

miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siguieron

manifestando su deseo de estar incluidos en los formularios impositivos para que los

contribuyentes que deseen destinarles a estas confesiones el 0,7% de sus impuestos

puedan hacerlo. La opción impositiva resultó en unos 267,8 millones de euros (unos 307

millones de dólares) que fueron donados a la Iglesia Católica ese año, según los medios

informativos.

Oficiales de la FEREDE, la CIE y la FCJE afirmaron que no disfrutaron de todos los

beneficios y ventajas que les garantizan sus acuerdos de cooperación. Por ejemplo,

hicieron referencia a la imposibilidad de acceder al mismo sistema de financiación por

vía impositiva del que sí disfruta la Iglesia Católica.

Muchos grupos religiosos, como la FEREDE, la CIE y la FCJE, dijeron que dependían de

fondos gubernamentales, proporcionados a través de la Fundación, para sufragar sus

gastos administrativos y de infraestructura. Según el Informe de libertad religiosa del

Ministerio de Justicia, la CIE apuntó su interés en cambiar el método de asignación de

fondos de la Fundación para el sufragio de las comunidades islámicas y así aprovechar

los fondos para prestar apoyo a varias comunidades que habían dejado de recibir otras

ayudas. La FCBE, que no es parte de la Fundación, afirmó no haber recibido financiación

pública y expresó un deseo de recibir esta ayuda en el futuro. La FEREDE propuso que el

Gobierno aumentase las deducciones fiscales por aportación voluntaria a favor de una

institución religiosa de manera que los grupos religiosos pudiesen mejor autofinanciar

sus actividades. Los cuerpos representativos de diversos grupos religiosos, como la

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FEREDE, la CIE y la FCJE, recibieron fondos de la Fundación para sufragar costes

administrativos y de infraestructura. A lo largo del año, la FEREDE recibió 356.000 euros

(unos 408.000 dólares), la FCJE recibió 169.362 euros (unos 194.000 dólares) y la CIE

recibió 255.000 euros (unos 292.000 dólares). La Fundación también repartió unos

120.000 euros (138.000 dólares) en forma de subvenciones de pequeña cuantía para

que docenas de asociaciones religiosas locales pudiesen llevar a cabo proyectos

educativos y culturales con el fin de promover la integración religiosa.

En mayo, el Gobierno regional de Navarra se convirtió en la primera comunidad

autónoma de las diecisiete en manifestar su apoyo por el movimiento Boicot,

Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, aprobando una declaración no

vinculante que pedía al Gobierno central que “apoyase cualquier iniciativa propuesta

por la campaña internacional BDS” y a “suspender relaciones con Israel hasta que el país

cese sus políticas criminales y represivas contra la población palestina”. La medida no

estipulaba las medidas que el Gobierno navarro debiera tomar en su apoyo de BDS,

aparte de su petición al Gobierno central.

Hasta junio, unos 100 Gobiernos locales, municipales, o provinciales han aprobado

decisiones de apoyo al movimiento BDS, incluida Valencia, la tercera ciudad más grande

del país, aunque varias sentencias han anulado más de una docena de estas decisiones

después de que la Fiscalía de delitos de odio y discriminación comenzase investigaciones

en 2017 para determinar una posible responsabilidad criminal en los municipios que han

apoyado al movimiento BDS. Por ejemplo, en junio, el Tribunal Supremo de Justicia de

Asturias determinó que la política de boicotear a Israel por parte de la ciudad de

Castrillón era inconstitucional. En agosto, los municipios de Sagunto y Villarrobledo

revocaron sus declaraciones a favor de BDS después de que la ONG local Acción y

Comunicación sobre Oriente Medio amenazase con una demanda. La ONG Lawfare

Project declaró que, hasta junio, su fondo para litigios había conseguido 58 victorias ante

los tribunales contra campañas de BDS en el país.

En diciembre, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (una comisión interministerial),

presidida por la Ministra de Justicia Doña Dolores Delgado, mantuvo sesiones plenarias

y de junta permanente para estudiar asuntos relativos a la libertad religiosa en el país.

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La Comisión analizó el estado de la libertad de culto en el país, señaló asuntos que

preocupan y aprobó el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España

2017 del Ministerio de Justicia. La Comisión está compuesta por representantes de

distintas dependencias gubernamentales, académicos, y líderes religiosos de la Iglesia

Católica, la FEREDE, la FCJE, la CIE, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días, la FCBE y la Iglesia Ortodoxa. La Comisión tiene siete grupos de trabajo para

abordar cuestiones religiosas concretas, incluida la aprobación del Informe anual sobre

la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio de Justicia.

La ciudad de Barcelona continuó con la implementación de su Plan Municipal contra la

Islamofobia. Como parte del plan, la Oficina por la No Discriminación del consistorio de

la ciudad lanzó una campaña de comunicación conjuntamente con comunidades

musulmanas para sensibilizar a la población acerca de la islamofobia y su impacto. El

Ayuntamiento organizó reuniones educativas sobre derechos humanos y diversidad,

incluyendo la tolerancia religiosa, para funcionarios de la ciudad, así como para más de

1.500 niños. La Oficina también ofreció asistencia legal, social, y psicológica a víctimas

de discriminación, incluida la discriminación por motivos religiosos.

En agosto, la Fundación firmó un acuerdo con la Policía Municipal de Madrid para

proteger la libertad religiosa de los miembros del cuerpo por medio de la coordinación

de la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías para gestionar un cuerpo

policial diverso en lo religioso.

Según el Informe de libertad religiosa del Ministerio de Justicia, la FEREDE y la FCJE

pidieron, una vez más, mayor neutralidad por parte de los Gobiernos nacional y locales

a la hora de celebrar actividades oficiales. Señalaron la organización de funerales de

Estado católicos, así como la participación de representantes gubernamentales en actos

o ceremonias de un grupo religioso concreto, como evidencia de falta de neutralidad.

En mayo, el Parlamento de La Rioja aprobó una decisión no vinculante que requería que

el Gobierno provincial diese pruebas de secularismo institucional como un “reflejo

público de neutralidad real y respeto por diversas creencias religiosas”. En concreto, la

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decisión pedía al Gobierno que velase porque las ceremonias públicas en las que

participasen miembros del ejecutivo provincial fuesen laicas.

En mayo, el Tribunal Supremo de Barcelona confirmó la condena al librero Pedro Varela

por crímenes contra la propiedad intelectual por la venta de ejemplares de Mein Kampf

sin la autorización necesaria. La condena, que data de 2017, consiste en seis meses de

privación de libertad. Varela fue puesto en libertad condicional durante dos años tras

cumplir un mes de su condena. Las autoridades han seguido investigando a Varela por

cargos de venta de libros que fomentan el odio o la discriminación por motivos

religiosos, y su librería continúa cerrada.

Movimiento contra la Intolerancia, una ONG no religiosa que recopila casos de delitos

de odio por causas religiosas, criticó a líderes religiosos y del Gobierno por no aunar

esfuerzos para combatir toda clase de intolerancias religiosas. Su director, Esteban

Ibarra, insistió en que las autoridades debieran aplicar el Código Penal en lo relativo a

delitos por motivos religiosos de manera más amplia, y en que los fiscales y la policía

siguen sin estar preparados para combatir la intolerancia religiosa. El Sr. Ibarra también

recalcó la falta de educación preventiva en las escuelas. Asimismo, la FEREDE propuso

crear una línea directa para las víctimas de acoso religioso y de delitos de odio.

Según el Sr. Ibarra, los sentimientos antisemitas e islamófobos están aumentando, en

parte debido a las actividades de algunos miembros de partidos de extrema derecha e

izquierda, como Unidas Podemos y Vox. El Sr. Ibarra dijo que, aunque la afiliación a

partidos de ultraderecha seguía en niveles bajos, estos partidos han aumentado su

presencia online y pública a lo largo del año anterior. Lo han conseguido organizando

reuniones públicas y manifestaciones y publicando notas de prensa. El Sr. Ibarra señaló

que el apoyo a las medidas propuestas por BDS por parte de miembros de partidos como

Podemos había contribuido al creciente aislamiento de Israel y a un aumento del

antisemitismo.

Durante una aparición en la televisión pública catalana, Bel Olid, escritora y activista

afiliada al partido de extrema izquierda CUP (Candidatura de Unidad Popular), animó a

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la participación en la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,

pidiendo que se quemase la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal.

La Fundación ofreció formación para prevenir la islamofobia y otros tipos de

discriminación religiosa, y organizó un evento con la Fundación Canadá y la Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reducir el extremismo religioso

violento. La Fundación organizó un seminario con miembros de la fe Bah’a-‘i acerca de

la prevención de radicalización violenta.

Según el Informe de libertad religiosa del Ministerio de Justicia, la FEREDE pidió al

Gobierno que revisase sus políticas de concesión de visados a trabajadores religiosos

extranjeros, aceptando que los cónyuges e hijos menores de edad puedan acompañar a

ministros protestantes.

La Oficina de Asuntos Religiosos sigue manteniendo un portal electrónico donde se

encuentra depositada información acerca de los grupos religiosos minoritarios inscritos

que ayuda a inmigrantes y a ciudadanos recién llegados a una comunidad a encontrar

su congregación local, así como su lugar de culto. El Ministerio de Justicia informó de

que la herramienta electrónica proporciona información que no identifica a las personas

y que cumple con la legislación vigente sobre protección de datos.

España es miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Sección III. La sociedad y el respeto por la libertad religiosa y de culto

Según el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), a lo largo de los

primeros nueve meses del año hubo 142 incidentes que describió como ataques a la

libertad religiosa, 20 más que a lo largo del mismo periodo en 2017. De estos casos, 92

fueron contra cristianos (79 de ellos, católicos), 10 fueron contra musulmanes, cinco

contra judíos, y 35 se clasificaron como dirigidos contra todas las fes. Hubo dos

instancias de violencia, 33 ataques a lugares de culto, 42 casos de acoso, y 65 casos de

marginación religiosa pública. Tal y como describe el informe, muchos de los casos

venían motivados por causas tanto políticas como religiosas. Algunos conllevaban

protestas contra acciones gubernamentales percibidas como beneficiosas o

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perjudiciales para grupos religiosos, o eran declaraciones o acuerdos por parte de

agrupaciones de la sociedad civil que exigían el cese de clases de religión en las escuelas,

una estricta separación de Iglesia y Estado, o una renegociación del acuerdo con la Santa

Sede.

El Ministerio del Interior declaró que se habían cometido 103 crímenes de odio por

motivos o prácticas religiosas y, adicionalmente, seis motivados por antisemitismo en

2017, el año más reciente para el que hay datos disponibles, comparados con los 47 y

siete crímenes, respectivamente, cometidos en 2016. La mitad de los delitos antisemitas

y un 43% del resto de crímenes de odio por motivos religiosos declarados en 2017

tuvieron lugar en Cataluña. El informe del Ministerio del Interior no hizo referencia a

ejemplos concretos ni desglosó los crímenes por motivos religiosos en función de tipo

de delito.

La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia declaró que hubo 546 incidentes contra

musulmanes en 2017. La ONG explicó que, como su metodología había cambiado, esta

cifra no debe compararse a los 573 casos de 2016. Del total de casos declarados, que

afirmó eran “solo la punta del iceberg”, 386 tenían su origen en los medios o internet,

mientras que un 48% consistió en insultos verbales o comentarios despectivos acerca

del islam o de los musulmanes. Los incidentes se dieron con mayor frecuencia en

Cataluña (51), Andalucía (22), Valencia (20) y Madrid (17). La ONG afirmó que

sospechaba que gran parte de los incidentes en Cataluña guardaban relación con los

ataques terroristas de agosto de 2017. El Gobierno denominó estas agresiones como

“ataques de terrorismo yihadista”. Según la ONG, los blancos fueron los musulmanes y

el islam en general, las mujeres (21%), los niños (7%) y las mezquitas (7%). El tipo de

incidente que se dio con mayor frecuencia, después de los de discurso de odio en

internet, señaló la ONG, fue la discriminación de mujeres que usan el hiyab, que alcanzó

el 21%.

Según el informe del OLRC, en un caso violento acontecido en marzo, un hombre de

origen marroquí atacó e insultó a una mujer, también de origen marroquí, en Lorca. La

causa, según él declaró, eran el atuendo y comportamiento en público de la mujer.

Informaron de que la mujer sufrió lesiones leves. La policía detuvo al presunto agresor,

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que presuntamente había amenazado a la mujer en otras ocasiones. En otro incidente

violento también citado por el OLRC, la policía detuvo en agosto a dos hombres descritos

como extremistas de izquierda después de que presuntamente atacasen a un grupo de

jóvenes con camisetas de una universidad católica en Murcia. Uno de los agresores

golpeó a uno de los jóvenes en la cabeza con una botella, causándole un derrame ocular.

En agosto, en Mataró, provincia de Barcelona, la Guardia Civil detuvo a dos hombres de

origen marroquí presuntamente involucrados en el reclutamiento de personas a ISIS.

Según informes publicados por la prensa, los detenidos habían declarado en internet

que su objetivo era “matar a todos los judíos”.

Los ataques contra lugares de culto recogidos en el informe del OLRC no se limitaban a

actos vandálicos, sino que también comprendían amenazas e incitación a la violencia.

En uno, el ISIS distribuyó un mensaje a sus seguidores y simpatizantes en el que se podía

ver una fotografía de la Sagrada Familia en Barcelona con un texto que rezaba: “Si no

tenéis un arma, tenéis un camión o un cuchillo”.

El Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio de

Justicia señaló que 43 hospitales del país habían rehusado tratar a Testigos de Jehová,

que a su vez se habían negado a dar su consentimiento a recibir transfusiones de sangre.

El informe explicaba que varios hospitales rechazaron dar tratamiento incluso en el caso

de acciones médicas de menor importancia y que no se esforzaron por localizar a un

médico, ya fuera en el hospital mismo o en otro centro médico, que estuviese dispuesto

a tratar al paciente. En aquellos casos en los que determinados médicos sí estuvieron

dispuestos a tratar u operar a pacientes Testigos de Jehová, en ocasiones, fueron los

administradores gerentes de los hospitales quienes dificultaron su labor. En los casos en

los que sí se encontró otro centro médico dispuesto a tratar a un Testigo de Jehová,

algunos hospitales se negaron a transportar al paciente al centro en cuestión. El

problema, según el informe, ha sido de mayor gravedad en las ciudades más pequeñas,

donde las alternativas médicas son menos.

En marzo, según la prensa, asociaciones de vecinos y otros residentes del distrito

barcelonés de Nou Barris pidieron a las autoridades que pusieran fin al acoso diario que

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sufrían las docenas de personas que hacían uso de la mezquita de la zona. Según un

representante del distrito, los vecinos contrarios a la mezquita se dedicaban a entonar

caceroladas todas las noches a modo de protesta, y los viernes y fines de semana

miembros de grupos de extrema derecha de fuera del distrito se acercaban a la mezquita

para acosar a las personas que abandonaban el lugar de culto, insultándoles. Un

miembro de la comunidad musulmana local se puso en contacto con las autoridades

para que garantizasen la seguridad de los fieles, y un sacerdote de una iglesia católica

del barrio dijo: “ellos [los musulmanes] debieran tener el mismo derecho que nosotros”.

En mayo, un tribunal barcelonés publicó unas medidas preliminares, prohibiendo a siete

miembros del partido de extrema derecha Democracia Nacional comunicarse con o

acercarse a menos de 300 metros (1000 pies) a la mezquita de Nou Barris.

Adicionalmente, el tribunal clausuró las cuentas de este partido en las redes sociales,

desde donde habían difundido mensajes de incitación al odio. Las autoridades acusaron

a los responsables de vandalismo, intimidación e incitación al odio contra la comunidad

musulmana, tras haber llevado a cabo de manera sistemática seguidores de ese partido

acciones hostiles contra esta comunidad desde marzo de 2017.

En septiembre, un grupo de mujeres activistas, algunas en topless y con la cara cubierta,

rodearon al sacerdote católico y obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, cuando

entraba en una iglesia para celebrar la misa. En marzo, otro grupo de mujeres activistas

se desnudó en la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián, a modo de protesta contra

comentarios que el obispo había hecho sobre el feminismo.

Según el informe sobre España de la ECRI, la comunidad judía afirmó que el

antisemitismo está aumentando en los medios, y que la ignorancia sobre los judíos ha

creado oportunidades para fomentar sentimientos antisemitas. La ECRI afirmó que el

uso frecuente de expresiones como “terrorismo islámico” y “terrorismo yihadista” en la

prensa ha contribuido a un sentimiento islamófobo y que ha influido negativamente

sobre la percepción de los musulmanes por parte del público en general.

Según el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del Ministerio

de Justicia, la FEREDE afirmó que las ofensas y actos de incitación al odio contra la

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cristiandad están en auge, aunque muchos incidentes no se denunciaron y, cuando si lo

fueron, las autoridades no siempre les atribuyeron una motivación religiosa. La FCJE hizo

referencia a un antisemitismo continuo en los medios y, en concreto, en las redes

sociales y por parte de cuentas anónimas. La Iglesia Católica denunció más instancias de

discurso vejatorio atacando al catolicismo, a sus sacerdotes, y a las creencias religiosas

de sus seguidores que, según la Iglesia, sobrepasaban los límites aceptados como

normales de libertad de expresión o de opinión. La CIE hizo saber que está preocupada

en concreto por la discriminación social de las musulmanas, especialmente por aquellas

que usan el hiyab en sus lugares de trabajo, en la escuela, en las piscinas y en las playas.

La CIE también denunció un aumento del discurso de odio contra el islam, los

musulmanes y los refugiados –muchos de los cuales son musulmanes– en las redes

sociales, así como un aumento de ataques vandálicos a las mezquitas. Todos estos

grupos pidieron al Gobierno que responda mejor y garantice la protección a los lugares

de culto.

En junio, las autoridades de las Islas Canarias detuvieron a un natural de Marruecos por

difusión en las redes sociales de material de discurso de odio dirigido contra la

comunidad judía.

En diciembre, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (EU-FRA

por sus siglas en inglés) publicó su segunda encuesta sobre experiencias judías y la

percepción del antisemitismo. La EU-FRA se dirigió a poblaciones judías a través de

organizaciones comunitarias, medios de comunicación judíos y redes sociales para

alcanzar a unos 570 individuos que se identificaron como judíos residentes en España y

que completaron la encuesta online. El 17% de los encuestados dijo haber presenciado

cómo otros judíos eran agredidos, insultados, o acosados en los últimos 12 meses, y un

32% aseguró haber sufrido acoso a lo largo del mismo periodo. Un 26% de los

encuestados confirmó haberse sentido discriminado por su religión o creencias, y un

73% pensaba que el antisemitismo había aumentado en los últimos 5 años.

En marzo, la policía encontró un artefacto incendiario, que fue descrito como algo

parecido a un cóctel molotov, en la ventana de una iglesia católica en Córdoba. Aunque

se informó de que la mecha había sido encendida, el dispositivo no había explotado.

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Algo parecido sucedió en junio, cuando unos individuos rompieron las ventanas de un

edificio de la Universidad Autónoma de Madrid y lanzaron un artefacto incendiario

dentro de la capilla. También en junio, unos desconocidos prendieron un fuego en la

Basílica menor de Santa María de Elche. Las personas que estaban en el interior de la

iglesia pudieron apagar las llamas antes de que el fuego se propagase.

En julio, unos vándalos saquearon una iglesia católica en la localidad de Adrados,

provincia de León, causando daños que los vecinos calculan quizás superen los 30.000

euros (34.400 dólares). Las autoridades detuvieron a dos sospechosos.

En julio, otros vándalos pintaron esvásticas en las paredes de la Gran Mezquita de

Valencia, colgaron una careta de cerdo, y dejaron pintadas que rezaban “Moros no!” y

“Stop Islam, Stop Jews”.

En marzo, unos desconocidos pintaron “Moros fuera” así como una diana1 en la entrada

de una mezquita en Hernani, provincia de Guipúzcoa. El director de la Federación

Islámica del País Vasco (FIVASCO), Aziz Messaoudi, criticó el acto de vandalismo,

señalando que “no se debe jugar con la paz social de nuestra comunidad en Euskadi,

porque eso es una línea roja que no se puede cruzar”.

En febrero, unos individuos escribieron en la fachada de la Sinagoga Mayor de Barcelona

“Fora de la nostra terra” (“fuera de nuestra tierra” en catalán). La sinagoga es una de las

más antiguas de Europa.

En marzo, unos vándalos atacaron el Monumento al Holocausto en Oviedo con pintadas

en las que hacían una conexión entre los judíos y los Illuminati.

Los medios señalaron que en marzo, en el Día Internacional de la Mujer, feministas de

extrema izquierda hicieron pintadas en iglesias católicas en varias ciudades, entre ellas

Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba y La Coruña. Las pintadas criticaban a la Iglesia

1 Nota de la traductora: el símbolo pintado parece ser una cruz celta, un símbolo de odio utilizado por colectivos neonazis. En su defecto, podría ser una cruz solar mal pintada, también un símbolo neonazi.

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Católica, la religión o “el patriarcado”, o eran pro-aborto. Uno de los mensajes decía “la

iglesia que mejor ilumina es la que arde”.

En enero, una pintada que rezaba “Musulmanes no bienvenidos” apareció en una pared

cerca de la Mezquita de la M-30. Estaba firmado con las iniciales “DNJ” que, según los

medios, corresponden a la formación juvenil de Democracia Nacional, un partido de la

extrema derecha sin representación parlamentaria, ni a nivel regional ni nacional.

En mayo, un tribunal madrileño procesó a Melisa Domínguez, líder del grupo neonazi

Hogar Social Madrid (HSM), por un delito de incitación al odio en relación con un caso

tocante a la Mezquita de la M-30 que data de marzo de 2016. Domínguez fue acusada

de tirar bengalas a la mezquita y de poner carteles con mensajes que incitaban al odio

cerca del edificio. El juicio de Domínguez no había concluido a finales de año.

En septiembre, la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR), una ONG

catalana compuesta por miembros de distintos grupos religiosos, organizó su tercera

“Noche de religiones” en Barcelona, un evento en el que más de 30 centros religiosos

en representación de 15 confesiones distintas compartieron sus tradiciones religiosas

con el público. AUDIR siguió implementando su proyecto “Tendiendo puentes”, en el

que 40 jóvenes de distintas confesiones asistieron a cursos sobre diálogo para el

entendimiento entre religiones, entre otros temas. Como parte del programa, los

participantes visitaron lugares de culto en sus barrios.

Sección IV. Política y compromiso del Gobierno de Estados Unidos de América

Representantes de la Embajada y del Consulado de los Estados Unidos de América se

reunieron con regularidad con representantes de los Ministerios de Justicia y del

Interior, así como con representantes de gobiernos autonómicos y políticos para

comentar el antisemitismo, la islamofobia, el anticlericalismo, y asuntos relativos a la

discriminación social en relación con las minorías religiosas. Los asuntos comentados

incluyeron el acceso a licencias y permisos para lugares de culto, la educación religiosa,

cuestiones relativas a cementerios e inhumaciones, las pensiones, los delitos de

incitación al odio por religión, el discurso de odio, y las declaraciones públicas y

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campañas públicas para fomentar la tolerancia. También comentaron estos asuntos con

líderes religiosos que participaron en la Fundación.

Representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América se reunieron con los

dirigentes de la CIE, la FEREDE, la FCJE, la Federación de Comunidades Budistas, la

Cienciología, los Testigos de Jehová, y otros miembros de religiones y organizaciones

sociales, incluidos imanes de mezquitas locales, dirigentes juveniles musulmanes,

representantes de ONGs, y empresarios en Madrid, Barcelona y Melilla. Representantes

de la Embajada de los Estados Unidos de América y del Consulado de los Estados Unidos

de América atendieron a los miembros de las comunidades cuando comentaron sus

preocupaciones acerca de la discriminación y el libre ejercicio de sus derechos religiosos,

incluyendo afirmaciones acerca del antisemitismo, la islamofobia, la insuficiente

educación religiosa, y la dificultad de acceso a licencias para la apertura de lugares de

culto.

Para celebrar el Día Nacional de la Libertad Religiosa2 en enero, la Embajada invitó a

representantes de diversas fes y al coordinador del Pacto de Convivencia –un grupo de

representantes de las comunidades católica, protestante y judía, académicos y

psicólogos, cuyo objetivo, entre otros, es promover la tolerancia religiosa– para

participar en un debate acerca del estado de la libertad e igualdad religiosas en el país.

Durante el evento, el Embajador recalcó el compromiso de los Estados Unidos de

América para con la libertad religiosa y preguntó cómo podría la Embajada ayudar a los

líderes religiosos a fomentar la consecución de estos objetivos.

En febrero y marzo, el Embajador se reunió con dirigentes de las federaciones Episcopal

(católica), Evangélica, Islámica, y Judía para pedir consejo a fin de incrementar la libertad

religiosa en España.

En junio, el Embajador organizó un iftar para resaltar la labor de jóvenes líderes

musulmanes ante un público de activistas musulmanes, representantes del Gobierno, y

diplomáticos árabes. Una serie de reuniones de seguimiento con diplomáticos de la

2 Nota de la traductora: el Día nacional de la libertad de religión conmemora, en Estados Unidos de América, la adopción del Estatuto por la libertad de religión en Virginia de Thomas Jefferson por parte de la Asamblea General de Virginia el 16 de enero de 1786.

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embajada brindó a estos líderes juveniles la oportunidad de dar a conocer los retos a los

que se han enfrentado, así como de dar ideas para apoyar a los Estados Unidos de

América en sus esfuerzos para ayudar a la comunidad musulmana a enfrentarse a esos

retos.

En mayo, el Consulado General en Barcelona organizó un iftar que reunió a los líderes

locales de la comunidad musulmana, incluyendo a los más jóvenes, así como a

representantes del gobierno regional, a miembros de las fuerzas de seguridad y a

académicos. Los invitados coincidieron en la necesidad de perfeccionar las acciones

dirigidas a mejorar la diversidad cultural y religiosa en la región, así como las orientadas

a combatir los estereotipos.

La Embajada prosiguió con su compromiso para con un grupo de jóvenes líderes

musulmanes que han visitado Estados Unidos gracias al patrocinio la Embajada. La

Embajada ayudó al grupo a organizar foros comunitarios en varias ciudades para debatir

diversos temas, como la libertad de culto, la tolerancia religiosa, el papel de los medios

en la difusión de sus mensajes, y la prevención de la radicalización en las comunidades

musulmanas.