ESPAÑA BAJO EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1874-1923) 1 · La Restauración, denominada así...

ESPAÑA BAJO EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1874-1923) 1

1. INTRODUCCIÓN

La Restauración, denominada así porque alude al retorno de la Monarquía, es el

periodo comprendido entre el 30 de Diciembre de 1874, con el pronunciamiento del General Martínez Campos, y la proclamación de Alfonso XII, hijo de Isabel II como Rey, y el 13 de Septiembre de 1923, con el Golpe de Estado del General Primo de Rivera.

Se trata de una etapa excepcionalmente estable, si se compara con la agitación del Sexenio Democrático precedente. En este periodo se distinguen dos fases diferentes:

1ª Fase: de 1875 a 1902, que abarca el reinado de Alfonso XII, y tras su fallecimiento, la Regencia de su esposa Mª Cristina de Habsburgo y,

2ª Fase: que comprende desde 1902 a 1923, con Alfonso XIII como Rey.

Podemos destacar varios aspectos de este periodo:

- La estabilidad política. Dos partidos (el conservador y el liberal) se turnaron en el gobierno, según un modelo inspirado en el británico, poniendo fin a los pronunciamientos militares y al protagonismo de los generales en la política.

- El despegue de la industrialización en Cataluña y el País Vasco.

- El surgimiento de los nacionalismos periféricos. En Cataluña y el País Vasco, y algo más rezagada, Galicia, aparecieron corrientes y partidos nacionalistas que se proponían la recuperación de sus lenguas y culturas.

- La hegemonía social de la Burguesía Conservadora, frente al empuje creciente del movimiento obrero anarquista y socialista.

- La derrota ante Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias en 1898, que marcaron un momento crítico y que amenazaron la supervivencia del régimen.

2. EL SISTEMA POLÍTICO CANOVISTA:

2.1. EL RETORNO DE LA MONARQUÍA ¿Cómo se produjo el regreso de la dinastía expulsada por la Revolución de 1868?

Cánovas, piloto del proceso, consideraba los años anteriores, correspondientes a la monarquía de Amadeo de Saboya y a la Primera República, como un período de caos. Veía como única salida la reposición de la dinastía histórica, pero no en la figura de Isabel II, desacreditada por sus errores, sino en la del heredero, el príncipe Alfonso. En junio de 1870, Cánovas consiguió la renuncia de la ex reina a sus derechos.

Una vez elegido el candidato al trono, dos vías se abrían para el retorno de los Borbones: un golpe militar o un movimiento civil de opinión. Estas opciones estaban encabezadas, respectivamente, por el general Martínez Campos y por Cánovas. El golpe militar

Un cambio de gobierno o de régimen mediante un pronunciamiento era una

fórmula usual en la Historia española del siglo XIX. Lo apoyaba el grupo cubano, formado por personalidades que habían hecho carrera o fortuna en la isla de Cuba.

En este grupo militaban varios generales, Martínez Campos entre ellos, y también hombres de negocios con fortunas amasadas en la isla antillana (Zulueta, Güell). Algunos de éstos, descontentos porque la Primera República había iniciado la abolición de la


esclavitud en Cuba, lo cual perjudicaba a los dueños de los ingenios azucareros, entraron decididamente en las filas borbónicas.

Los militares alfonsinos se reunían en Biarritz, en donde organizaron varias conspiraciones. El movimiento civil de opinión

No obstante, Cánovas se proponía poner fin a los golpes militares y pretendía que el príncipe Alfonso se convirtiera en rey por petición popular, tras una intensa actividad de propaganda. Para crear tal estado de opinión redactó, y el príncipe Alfonso firmó, el Manifiesto de Sandhurst, nombre de la academia militar inglesa donde el heredero realizaba estudios. En este documento, el príncipe se dirigía al pueblo español haciendo hincapié en sus ideales religiosos de buen católico y en sus propósitos de conciliación, y asegurando que, como hijo del siglo, era además un buen liberal.

No se cumplió el sueño de Cánovas. El regreso de los Borbones se debería a un golpe militar, al pronunciarse el general Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874. A este pronunciamiento se sumaron inmediatamente otras guarniciones. Cánovas tuvo que aceptar el hecho consumado, pero años después argumentaría que la Restauración no fue obra militar, porque dos batallones no habrían podido vencer al país si no hubiera preexistido un estado de opinión en favor del legítimo soberano Cánovas del Castillo, clave de la Restauración

Antonio Cánovas del Castillo, creador del sistema político que funcionó inalterable durante toda la época de la Restauración, fue una personalidad polifacética; jurista, historiador, periodista, escritor, conferenciante, orientó su principal actividad hacia la política. Su oficio de historiador contribuyó decisivamente a la gestación de sus ideas políticas.

De ideología profundamente conservadora, creía necesario hacer compatible la libertad del individuo con el progreso económico y el orden, manteniendo la disciplina social frente a las ambiciones de las masas proletarias:

“Tengo la convicción de que las desigualdades proceden de Dios, que son propias de nuestra naturaleza

y creo que las minorías inteligentes gobernarán siempre el mundo”.

Cánovas se mostraba contrario al sufragio universal, y pensaba que la democracia abriría inevitablemente las puertas a la anarquía social y al comunismo, que para él encarnaba el mal. Por ello justificaba el uso de la fuerza como medio de defensa contra el avance del socialismo que amenazaba la propiedad individual, considerada por Cánovas el símbolo de la existencia humana.

Poseía un carácter pragmático y realista (“la política es el arte de lo posible”), y siempre estuvo a favor de practicar el consenso, el pacto y el compromiso con otras fuerzas políticas contrarias, siempre dentro del liberalismo.

Al concepto de nación dedicó uno de sus discursos del Ateneo, cátedra elegida para exponer su doctrina. Cánovas sostenía que la nación no es nunca el producto de un plebiscito porque constituye algo más profundo, lo que él llama “la Constitución interna”: por encima de los diferentes textos y doctrinas constitucionales están la Monarquía y las Cortes, instituciones fundamentales de España a través de sus Historia.

La Monarquía y las Cortes, conjuntamente, constituyen la base del poder y la legitimidad del nuevo sistema, marginando el concepto de soberanía nacional y volviendo a la teoría del moderantismo. Los cuatro pilares de su sistema político que consideraba idóneo para España serán pues: Rey, Cortes, Constitución, turno de dos partidos.


a) Rey. Contemplando la Historia de España, Cánovas constató que a lo largo de los

siglos la monarquía era una institución permanente; por tanto, decía, no se puede discutir. La clave de la Restauración consistió en el regreso de la dinastía legítima.

b) Cortes. Junto con el monarca las Cortes son la otra institución permanente. Aunque desapareciera la Constitución escrita, que en otros tiempos no existió, pervivirían el rey y las Cortes como columna vertebral de la nación.

c) Turno de partidos. Siguiendo las lecciones del parlamentarismo inglés, el ideal es la existencia de dos partidos, uno en el poder y otro en la oposición, que se turnarán de forma pacífica en el ejecutivo.

En estas cuatro ideas se resume el modelo político que Cánovas instaurá en

España: monarquía histórica, Cortes que representan la soberanía de la nación, una Constitución duradera (1876-1923) y dos partidos en turno pactado. Canovas moriría asesinado en 1.897 por un anarquista. LA CONSTITUCIÓN DE 1876

Instalado el rey Alfonso XII en el trono, tras la celebración de elecciones las Cortes Constituyentes estudiaron la redacción de una nueva Constitución. Su contenido representaba un retorno en lo fundamental a las normas de la Constitución de 1845. El anteproyecto del texto fue presentado por una comisión presidida por Alonso Martínez, sin embargo, el verdadero inspirador fue Canovas.

Para conseguir su permanencia en el tiempo, como soñaba Cánovas, se redactó con una clara ambigüedad, "un cheque en blanco que los partidos pueden llenar a su antojo", así se la calificó. Veamos algunos de sus rasgos:

o Cuestión básica: la soberanía. ¿Dónde reside? ¿Quién otorga o elabora la

Constitución, el rey o las Cortes? Siguiendo la línea ideológica del partido moderado, se dice que la soberanía reside conjuntamente en el rey y la nación, representada por los diputados. A este principio político se le denomina soberanía compartida, frente al principio de soberanía nacional reconocido en la Constitución de 1869.

o En consecuencia, al monarca se le reconocían atribuciones superiores a las de otras

monarquías europeas, y se ampliaban las atribuciones del Rey, como el nombramiento del jefe de Gobierno (sin tener en cuenta si contaba con suficiente respaldo entre los diputados) el nombramiento de casi la mitad de los senadores, la designación de ministros, poder legislativo compartido con las cámaras y derecho de veto absoluto sobre los acuerdos de ley de las Cortes, capacidad para convocar, suspender o disolver las Cortes y el mando directo supremo del Ejército.

o Cortes bicamerales, con un Congreso de Diputados elegido hasta 1.890 por sufragio restringido, y desde esa fecha por sufragio universal masculino; y un Senado compuesto por tres categorías de miembros:

Senadores “por derecho propio”, entre los que se encontraban los Grandes de

España y las altas jerarquías militares y eclesiásticas. Senadores “vitalicios”, nombrados por el Rey. Senadores elegidos mediante sufragio restringido por los mayores contribuyentes.

Así pues, el Senado quedaba controlado por los grupos sociales y económicos

minoritarios y más poderosos (alta nobleza, terratenientes, generales, alto clero, grandes burgueses...).


o Otra cuestión fundamental: el derecho de voto. Las Constituciones del Sexenio

Democrático(1869-1873) habían implantado el sufragio universal masculino, pero Cánovas se oponía al voto de todos los ciudadanos. Finalmente se optó por una solución intermedia. El artículo 28 dejaba abierta la posibilidad del voto universal restringido a los hombres, que sólo fue introducido cuando gobernó el partido liberal con la Ley de sufragio universal del 26 de junio de 1890.

o Con ser básica la cuestión del derecho de voto, no obstante fue más discutido el artículo 11, que declaraba la confesionalidad católica del Estado. Los liberales pedían la proclamación de la libertad religiosa; los conservadores preferían la postura más tradicional de identificación del Estado con la Iglesia Católica, con financiación de culto y clero, y los obispos se movilizaron para apoyar esta tesis. El debate fue apasionado aunque finalmente se optó también por una posición intermedia: confesionalidad del Estado y apoyo a la religión católica, pero libertad del ciudadano para elegir su credo y no discriminación de los no católicos, pero en la práctica el recorte de la libertad religiosa y el reconocimiento de la religión católica como religión oficial del Estado fue un hecho incuestionable.

Las libertades de los ciudadanos (de palabra, imprenta, etc.), tan

categóricamente afirmadas en los textos más progresistas del siglo, se enunciaban ahora de forma matizada; los derechos de los españoles se mantenían "sin menoscabo de los atributos esenciales del Poder público", lo que equivalía a otorgar a las autoridades la posibilidad de suspender cualquier libertad; produciéndose un retroceso con respecto a la situación legal definida en las Constituciones de 1837 o 1869.

Esta Constitución era un código que recogía las grandes líneas del pensamiento político conservador; así lo demostraban las atribuciones reconocidas al monarca y los privilegios de la Iglesia Católica. Pero, por otra parte, introducía elementos avanzados, como la no existencia previa de censura de prensa e imprenta. LA ALTERNANCIA DE PARTIDOS: LIBERALES Y CONSERVADORES

Para el funcionamiento adecuado de la maquinaria política resultaba imprescindible sustituir la multiplicidad de partidos por dos grandes bloques, en los que se alinearían respectivamente las fuerzas conservadoras y liberales. La viabilidad de estos dos bloques, que se alternaron en el gobierno, dependía de la colaboración de la oposición.

En este aspecto Cánovas demostró una extraordinaria habilidad al atraerse a Sagasta, un revolucionario del 68. En torno a Sagasta se coaligaron los grupos de oposición, mientras Cánovas agrupaba en su bloque a todos los que habían apoyado la Restauración borbónica.

Así, se alternaron en el gobierno el partido conservador de Cánovas y el partido liberal de Sagasta. El mecanismo fue puesto a prueba al fallecer prematuramente Alfonso XII en 1885. Los dos líderes firmaron el Pacto del Pardo, por el que se comprometían a continuar el turno.

No obstante, en estos dos bloques no quedaba resumida la diversidad de los partidos existentes. A la derecha, los carlistas, que no habían reconocido a Alfonso XII como el rey legítimo, no se integraron en el sistema, aunque tras ser derrotados en la última guerra carlista optaron por presentarse a las elecciones. También quedaba a la derecha de los conservadores el partido integrista de Nocedal, representante de los sectores más intransigentes del catolicismo español. Sin embargo, la oposición más fuerte procedía de los grupos de izquierda (republicanos, socialistas y anarquistas).


EL FRAUDE ELECTORAL. EL CACIQUISMO

Aparentemente el modelo político ofrecía un engranaje perfecto: gobierno y oposición, alternancia de dos partidos. Esta maquinaria funcionaba en Madrid pero no se extendía a la mayoría de las zonas de la geografía española.

Para asegurar los resultados electorales deseados por el gobierno era imprescindible la colaboración y la intervención de los llamados “caciques”. Éstos eran individuos poderosos y muy influyentes en la vida local (terratenientes, notarios, médicos.) Cuya función consistía en controlar las elecciones en los pueblos y municipios rurales.

El sistema parlamentario se convirtió en una ficción. Cuando un partido experimentaba el desgaste de su gestión o sencillamente cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el disfrute del poder, se sugería a la Corona el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo Presidente era siempre el líder del partido hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Entonces actuaba el Ministerio de Gobernación, que fabricaba los resultados electorales. El turno pactado incitaba a que se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos sobre los resultados electorales, resolviendo de antemano la distribución de escaños. A este extraño acuerdo se le denominó encasillado. Y, si era preciso, se rompían o cambiaban las urnas, procedimiento que se llamó pucherazo. Todos estos manejos formaban parte de un fenómeno conocido bajo el nombre de caciquismo.

Con tasas de analfabetismo altísimas, que alcanzaban el 89% en el campo, los señores locales decidían con favores y presiones los resultados electorales. El señor local o cacique daba o negaba trabajo al obrero agrícola, disponía de los servicios de la guardia civil y compraba con regalos a los pequeños funcionarios. A escala provincial, el gobernador civil podía él mismo ser un cacique o el instrumento del cacique de la provincia. Emilia Pardo Bazán denunció que España estaba gobernada por 5000 caciques.

Este falseamiento electoral funcionó sin grandes problemas durante los primeros veinticinco años de la Restauración, pero a partir de la década final del siglo comenzó a resquebrajarse, con el establecimiento del sufragio universal, la difusión de la prensa y el surgimiento de partidos ajenos al turno, con que se llamó a la monótona alternancia de conservadores y liberales

Caricatura en la revista Blanco y Negro que representa al ministro Capdepón realizando el encasillado para las elecciones de marzo de 1898.


LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN LA

ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN EL CRECIMIENTO URBANO

A pesar del predominio del mundo agrario, a lo largo del siglo XIX se fue incrementando la población urbana y las ciudades comenzaron a desempeñar un papel cada vez más relevante en la consolidación de la nueva sociedad. En 1836, menos del 10% de la población residía en las capitales de provincia. En 1900, la cifra era de 16,6%: un aumento superior al 50%, aunque era todavía una proporción muy baja del total de la población. Ello era debido a que el proceso de urbanización estaba limitado por la modesta transformación industrial, menos intensa que en la mayor parte de los países industrializados.

El crecimiento de las ciudades impulsado por el proceso industrial desembocó en una serie de transformaciones urbanísticas. Las más importantes fueron:

a) El derribo de las murallas defensivas, con lo que se abrieron amplias calles y avenidas para permitir el paso de carruajes y otros medios de transporte; se inició el alumbrado público de gas, la construcción del alcantarillado y el abastecimiento de agua.

La apertura de estas nuevas calles, alguna de ellas denominada “Gran Vía”, sobre el trazado urbano histórico, constituyó una de las intervenciones más habituales en las ciudades españolas de finales del s. XIX, se trata de una calle amplia y larga, jalonada de edificios majestuosos que sigue el modelo de Reforma Interior utilizado por Haussman en París, para albergar los nuevos sistemas de transporte y crear un espacio urbano con prestigio para las actividades mercantiles y comerciales (comercio de lujo, banca, sedes de empresas, de seguros, de casinos, teatros, cafés de moda...)y para la burguesía pujante. En España aparecieron multitud de ejemplos: Gran Vía de Granada, Gran Vía de Madrid, Gran Layetana de Barcelona, calle Larios de Málaga...

La llegada del ferrocarril supuso también importantes repercusiones urbanas:

Por un lado, la ocupación de grandes superficies en la ciudad, como consecuencia del trazado de las vías y de la ubicación de las estaciones, almacenes y talleres en los límites de las ciudades y

Por otro, porque las inmediaciones de las estaciones se convirtieron en lugares óptimos para la creación de industrias y en núcleos de desarrollo urbano (el barrio de la estación) con nuevas viviendas, generalmente para obreros, hacia los cuales tendió el crecimiento de muchas ciudades.

b) Los planes de ordenación urbana (ensanches) que fueron concebidos y planificados con el fin de crear una ciudad nueva, moderna, ordenada e higiénica, con comunicaciones fáciles, apoyada en el plano ortogonal. Este modelo se aplicó en numerosas ciudades: San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Alcoy, Valencia...

El crecimiento más importante se dio, a partir de 1850, en Madrid y en Barcelona, centros político e industrial del país respectivamente, y hacia donde se dirigieron los flujos más importantes de población, especialmente desde las zonas rurales. El aumento de tamaño obligó a demoler las murallas de origen medieval y a programar su ampliación con planes de reforma urbana (los ensanches). El de Madrid, aprobado en 1860, fue elaborado por el ingeniero y arquitecto Carlos Maria de Castro. El de Barcelona, del mismo año, se debió a Ildefonso Cerdá (ver Transparencias)

Estos ensanches fueron ocupados por personas de alto/medio poder adquisitivo y, por tanto, no se resuelven los problemas de viviendas de las clases trabajadoras.


c) Los suburbios, Los suburbios fueron una de las consecuencias negativas que conllevó la revolución industrial. A finales del s. XIX y, sobre todo, en las primeras décadas del siglo XX comienzan a surgir en los aledaños de las grandes ciudades barrios improvisados (los barrios suburbiales), en algunas ocasiones apoyados en núcleos agrarios próximos. Se caracterizan por la total ausencia de planificación

y, por consiguiente, de baja calidad urbanística, por un crecimiento desordenado y por la baja calidad de la construcción, que es ínfima en las aglomeraciones de chabolas. El resultado es un plano irregular, aunque adaptado en muchas ocasiones a las vías de comunicación que conectan con la gran ciudad, con la que, con el correr del tiempo, acaban fusionándose. Un ejemplo de este tipo de crecimiento urbano lo ofrece Madrid a comienzos del siglo XX, cuando se van creando los entonces suburbios de Vallecas, Tetuán, Ventas del Espíritu Santo, el Carmen, etc., o los que se van adosando a los núcleos preexistentes de Vicálvaro, Hortaleza, Canillejas y los Carabancheles Alto y Bajo. Similar proceso se produce también en Barcelona con la anexión de los pueblos de Sants, Gracia, Sant Andreu, Poble Nou, Horta y Sarriá.

d) La concentración de población llevó a un nuevo estilo de construcción, con edificios más altos y distribuidos en viviendas de diferentes categorías.

La edificación se verticalizó con la sustitución de la vivienda familiar de una o dos plantas por la vivienda colectiva de 3, 5 altura o más.

Por último, se popularizaron nuevas formas de ocio más acordes con el gusto burgués. Con la amplia presencia de capas populares aparecieron los cafés, los teatros, las salas de baile y los espectáculos al aire libre.

En las ciudades, la concentración de industrias y de trabajadores asalariados produjo los primeros conflictos de clase. La riqueza y el lujo de los poderosos

LA CIUDAD LINEAL

Es uno de los proyectos más interesantes del urbanismo contemporáneo. Por su calidad conceptual y por la trascendencia que tuvo allende nuestras fronteras, es necesario hacer una referencia al proyecto de Ciudad Lineal. Arturo Soria y Mata, tenía la pretensión de urbanizar el campo y ruralizar la ciudad, conectando, en un mismoespacio, campo, industria, servicios y

residencia. La concibió corno, una gran calle, de 500 metros de anchura y varios kilómetros de longitud, que tomaba como eje principal una línea de transporte (ferrocarril, en este caso) que unía dos núcleos rurales preexistentes (Chamartín y Vicálvaro). En las estaciones de ferrocarril se emplazaban los comercios, servicios públicos y privados, y los centros sociales. Todas las casas eran unifamiliares, con parcela de jardín y huerto. Realmente, por dificultades financieras, sólo llegó a realizarse, y no en su plenitud, en unos 5 km, actualmente muy desnaturalizados. Muchos de los chalés han sido derribados y sustituidos por bloques de pisos, comercios, oficinas, etc. Con posterioridad, la idea fue recogida por el urbanismo soviético y aplicada en algunas de sus ciudades, así como por el Reino Unido, que la plasmó en las new towns.

La segregación social se manifestaba en la división de los edificios en diversas alturas. La primera planta de los inmuebles era el piso principal, residencia de la aristocracia y la alta burguesía, y los pisos superiores, cada vez de menor tamaño, estaban ocupados sucesivamente por grupos sociales más bajos. La aparición del ascensor y de los tranvías convirtió esta segregación vertical en horizontal.


contrastaban con el hacinamiento y la miseria de los más pobres; esto generaba una conciencia social de la necesidad de organizarse para mejorar las formas de vida y trabajo. ¿Cómo influyó el desamortización y los cambios en la propiedad del suelo en las ciudades del s.XIX?

En las ciudades medias la Iglesia poseía el 50 % de las viviendas, incluso en Madrid era la propietaria del 20 % de los inmuebles y del 13,6 % del espacio edificado. La liberalización de la propiedad para facilitar las transacciones y la desamortización, que puso en manos de la burguesía muchos edificios y propiedades urbanas de la Iglesia, facilitaron que las ciudades españolas, tuvieran en el siglo XIX un verdadero crecimiento interior, pues muchos de los viejos inmuebles fueron derribados y la altura y densidad de los edificios aumentaron. De esta manera, la desamortización ofreció suelo para reformar las ciudades, construir plazas públicas sobre antiguos conventos, y edificios públicos como centros de enseñanza, cuarteles, o el mismo Congreso de Diputados.

EL ENSANCHE DE MADRID


EL ENSANCHE DE BARCELONA

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

La industrialización se inició en España hacia la década de 1830, pero la lentitud en su ritmo de crecimiento provocó que, a finales de siglo, los niveles de renta y producción fuesen muy inferiores a los europeos y la agricultura siguiese siendo la actividad esencial. Ante estas características económicas, la mayoría de los historiadores ha tendido a considerar que la Revolución Industrial fracasó en la España del siglo XIX, si bien hoy se matiza este término para hablar de retraso en un proceso de transformaciones ya comenzado.

Para desarrollarse, la industria decimonónica debiera haber contado con un mercado

interior en estado de formación avanzado. Este mercado hubiera exigido, a su vez, un cierto grado de división del trabajo. Al fallar ambas condiciones, cada sector hubo de desenvolverse por su cuenta, sin llegar a componer, entre todos, una verdadera economía nacional [...] Estancamiento del sector energético y tradicionalismo del sector agrario, incapaces de darse recíprocamente la mano que unos y otros necesitaban. Los granos castellanos se pudrían en los graneros del interior, mientras Cataluña y Valencia gastaban cantidades ingentes en la adquisición de trigos extranjeros: despilfarro de recursos propios e hinchazón de las importaciones, con grave desequilibrio de la balanza comercial [...]

Nadal, J., El fracaso de la Revolución Industrial en España. Ed. Ariel. Barcelona, 1975.


En todo caso, comparando el caso español con la evolución de Inglaterra, Francia y

Bélgica observamos que la incorporación de España a la revolución industrial resultó tardía, incompleta y desequilibrada, tanto regional como sectorialmente, Este fenómeno se concentró en la comarca de Barcelona (sector textil) y en las comarcas de Bilbao, Oviedo-Gijón y Málaga (sector siderometalúrgico). El resto del país permaneció virtualmente desindustrializado. Otros sectores productivos, como la minería y la construcción del ferrocarril o el sector financiero, experimentaron un desarrollo importante, aunque sus resultados fueron muy irregulares.

¿Qué causas explican este retraso o fracaso en el proceso de industrialización?

La industrialización en España tuvo que superar varios obstáculos. En primer lugar, el mantenimiento de una economía agraria sin modernizar significaba que la mayor parte de la población española estaba formada por un campesinado pobre, con una limitada capacidad de compra, incapaz de absorber la producción industrial y con un elevado índice de analfabetismo y un bajo nivel cultural, profesional y técnico, que limitaba el desarrollo de una tecnología propia e impedía adquirir una mentalidad empresarial.

En segundo lugar, debemos recordar que la industrialización inglesa se apoyó en el uso del carbón como combustible. En Asturias, el carbón era caro, de difícil extracción y de escaso poder calorífico, lo cual colocó a España en condiciones de inferioridad.

En tercer lugar, el atraso agrícola, unido a la deficiente red de transportes y comunicaciones terrestres, dificultó los intercambios y la articulación de un mercado nacional.

En cuarto lugar, la pérdida de los territorios americanos, la guerra de la independencia y la inestabilidad política posterior.

En quinto lugar, el excesivo apego de los grupos industriales españoles a las protecciones arancelarias, cuya consecuencia fue la escasa competitividad en el mercado internacional de los productos manufacturados españoles por su mayor precio y su menor calidad.

Finalmente, cabe destacar la escasez de capitales para invertir. La agricultura no producía grandes capitales y los grupos sociales con capacidad económica compraban tierras desamortizadas o deuda pública, que les ofrecían beneficios inmediatos, en lugar de correr riesgos con inversiones en industria. Esto comportó una dependencia excesiva del capital extranjero y de las ayudas estatales para las inversiones industriales, un ejemplo de ello es la construcción de ferrocarril que obligó a dar facilidades a los inversores extranjeros por falta de capitales nacionales.

A pesar de estos inconvenientes la industrialización española a partir de 1850 señaló un continuo crecimiento, que se intensificó a partir de 1870.

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN CATALUÑA Y EL PAÍS VASCO Dos sectores caracterizaron la Revolución Industrial en España: el textil y el

siderúrgico. El primero tuvo su centro en Cataluña; el segundo, en el País Vasco. El algodón, más barato y más dúctil para el trabajo de las máquinas movidas por

vapor y las máquinas de hilar, desplazó a los otros tejidos: lino, seda, lana. Aunque hay constancia de la existencia de un número apreciable de telares de algodón desde mediados del siglo XVIII, el desarrollo de la manufacturera algodonera moderna se inició a partir del último tercio del s. XVIII, siempre con la perspectiva de venta para el mercado y no para el autoconsumo, como ocurría en la inmensa mayoría de las actividades manufactureras entonces existentes.

La guerra de la Independencia y la emancipación de las colonias y la detención del comercio con ellas detuvo su expansión durante los primeros treinta años del s. XIX.

A partir de la década de los treinta se introdujo en los talleres catalanes la máquina de vapor. La mecanización supuso una notable disminución de los costes. Lo que


permitió también unos precios de ventas más bajos que estimularon la demanda, aumentada por la protección arancelaria. Con ello, la producción en serie, característica de la industria contemporánea, adquirió un impulso evidente en Cataluña. Otra de las razones del éxito de la industrialización en Cataluña está en la ambición empresarial y su capacidad para expandir la producción en condiciones institucionales desfavorables.

De 1835 a 1860, el crecimiento de la producción de los tejidos catalanes fue vertiginoso; a partir de 1860 continuó con ritmo menor. Desde 1861 tuvo lugar en Cataluña una etapa de escasez de materia prima, llamada del "hambre de algodón" provocada por la guerra de Secesión de Estados Unidos, uno de los principales productores de esta materia. Pero la industria catalana se recuperó, ayudada por una política proteccionista, de altos aranceles en las aduanas, sobre los tejidos ingleses. Los años 80 fueron de euforia, cuando el mercado de Cuba y Puerto Rico amplió la demanda. Al tiempo que Barcelona se erigía en capital del algodón, ciudades próximas se especializaban en otros tejidos. Sabadell y Tarrasa se convirtieron en los centros de la industria lanera.

La industria siderúrgica tuvo sus primeros ensayos en los altos hornos de Málaga. Arruinado este intento por la lejanía del carbón, Vizcaya, que disponía del capital de los astilleros, se impuso a Asturias. Así, las fábricas se instalarían en la cuenca del Nervión, próximas a los yacimientos de hierro, y no en las cuencas carboníferas asturianas.

Por otra parte, el carbón británico llegaba más barato al puerto de Bilbao, en las mismas barcas que transportaban mineral de hierro vasco a Inglaterra y a BéIgica, donde se habían formado grandes empresas extractoras (Orconera Iron Ore Cº Ltd, 1874 y la Société Franco-Beige des Mines de Somorrostro, 1876)

Antes de mediados de siglo, un grupo de financieros bilbaínos fundó un alto horno en Bolueta. Pronto aparecería una saga de empresarios, inaugurada por la familia Ibarra. Con la fusión de tres grandes empresas nació en 1902 la sociedad Altos Hornos de Vizcaya, la firma más importante del sector.

En cuanto a la minería, conviene subrayar la intensificación de la explotación en los yacimientos de Huelva, Murcia y Ciudad Real. Durante el Sexenio Democrático se aprobó una legislación minera (1868-70) que supuso la desamortización del subsuelo español. La totalidad de los yacimientos mineros pertenecían al Estado, eran bienes nacionales, pero tras estas nuevas leyes fueron vendidas en pública subasta. Una vez más, el factor determinante había sido el déficit de la Hacienda española, la mitad del subsuelo minero acabó en manos de compañías extranjeras.

LA ERA DEL FERROCARRIL El tren era la máxima innovación de la centuria, todo un símbolo del progreso

industrial. Representaba una revolución por su rapidez, por su notable reducción de costes frente a los sistemas de transportes hasta entonces existentes y por su regularidad y seguridad. En la Península Ibérica estas ventajas fueron todavía más evidentes ya que posee un relieve abrupto y sus ríos no ofrecen caudal suficiente para el tráfico fluvial. Las condiciones naturales siempre se han erigido en un inconveniente para el trazado de una red de comunicaciones, indispensable para el crecimiento económico.

La necesidad de crear un mercado interior provocó que, a partir de 1840, se intentase mejorar la red de comunicaciones. Inicialmente, se pretendió mejorar y ampliar la red de carreteras, pero los medios de transporte de tracción animal -calesas, galeras, carros- suponían viajes incómodos, lentos para los pasajeros y caros para las mercancías. Así que para el transporte terrestre fue decisiva la construcción de la red ferroviaria.

Hasta 1855, la falta de inversiones y el retraso técnico del país provocaron que sólo se instalarán cortos tramos: la primera línea Barcelona – Mataró (28 kms, en 1848) y la segunda Madrid – Aranjuez en 1851.

El atraso en los sistemas de transporte era notable con relación a los países de nuestro entorno —España contaba con menos de 10000 kms de carreteras y caminos, ocho veces menos que Francia—, cuando se inició la construcción de la red ferroviaria en


España, a mediados del s. XIX, con el impulso de la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855. Durante el decenio siguiente a su aprobación se produjo una expansión espectacular del numero de kilómetros puestos en servicio. Su entrada en vigor supuso una gran movilización de capitales en la cual intervinieron de forma muy destacada financieros extranjeros, especialmente franceses.

¿Qué aspectos de la Ley de 1855 condicionaron la historia económica de los cien

años siguientes? Primero, en ella quedó consolidada la estructura radial de la red ferroviaria

española con centro en Madrid. Los motivos de esta decisión, al igual que en el caso de la red de carreteras principales, fueron inseparables del deseo de consolidar un Estado centralizado, articulado a través de Madrid.

Segundo, el Estado no asumió la construcción de las líneas, que se realizó mediante concesiones gubernamentales a empresas privadas. Según fijaba la Ley General, el Estado otorgaba la construcción de cada línea en subasta pública a la empresa constructora que aceptara la subvención económica pública más baja. Se impuso como condición que a los 99 años de quedar finalizadas las líneas pasarían a ser propiedad del Estado. Este método elegido para efectuar las concesiones provocó la utilización de materiales de baja calidad, además el Estado descuidó el rigor en las tareas de inspección. El resultado fue la realización de una deficiente infraestructura viaria (raíles, traviesas y material móvil), que se estropeaba continuamente, haciendo necesarios cuantiosos gastos en reparaciones, por ello, las compañías de ferrocarril apenas obtuvieron beneficios económicos.

Otro de los aspectos establecidos en la ley fue el ancho entre carriles. Éste quedó fijado en 1,67 m frente a los 1,44 m de la mayoría de las líneas europeas. Las causas de esta decisión no fueron, en contra de lo tradicionalmente señalado, dificultar otra hipotética invasión desde Francia, sino de carácter técnico: poder instalar calderas de vapor más grandes y aumentar la potencia de las locomotoras para superar mayores pendientes. Sin embargo, adoptar un ancho de vía distinto del mayoritario en el continente fue un error muy grave. Los obstáculos técnicos fueron superados al cabo de pocos años, pero entonces la red construida era ya demasiado extensa para ser sustituida. Ello dificultó los intercambios por ferrocarril con el resto de Europa al obligar a transbordar las mercancías en la frontera, con el consiguiente aumento de costes y tiempo.

El aspecto más controvertido de la ley fue la autorización concedida a las compañías constructoras para importar libres de aranceles todos los materiales necesarios para la construcción del trazado. El plazo de esta autorización fue sucesivamente ampliado con lo cual, hasta 1887, la importación de todo tipo de material ferroviario fue realizada sin ningún tipo de arancel. El aumento de la demanda sobre el sector siderúrgico o de maquinaria que la construcción de los ferrocarriles podría haber provocado, y provocó en otras economías europeas, no tuvo aquí lugar y se frenó de este modo una de las consecuencias más positivas sobre la industria inducidas por el tendido de la red

Esta franquicia arancelaria a la importación de materiales ha sido considerada una de las razones principales para defender que la construcción de la red ferroviaria en España fue una oportunidad perdida para la industrialización. De hecho, los fabricantes elevaron sus quejas al gobierno en diversas ocasiones, denunciando el perjuicio que les ocasionaba la entrada libre de mercancías de mejor precio.

Sin embargo, la industria española no estaba en condiciones de incrementar su producción al ritmo necesario para abastecer las necesidades del ferrocarril. La siderurgia era muy modesta y la industria de construcción de maquinaria no existía. Por otro lado, de haberse construido la red más lentamente, la economía se hubiera colapsado porque las mercancías transportadas por ferrocarril hubieran debido ser trasladadas a lomos de animales. Además, su alimentación hubiera exigido dedicar a pastos o a cereales (pienso) un tercio de la superficie dedicada a producir alimentos para la creciente población, lo cual hubiera sido una empresa inviable.


Los efectos positivos del ferrocarril no se limitaron a la etapa de su construcción,

aunque entonces jugó un papel muy destacado en la articulación del mercado interior de cereales. Otra gran aportación de la revolución de los transportes al crecimiento económico tuvo lugar a partir de los años setenta del siglo XIX como resultado de su decisiva contribución al transporte de vino y minerales para su exportación.


3. EL NACIONALISMO CATALÁN Y VASCO El punto de partida de los argumentos nacionalistas se halla en una afirmación:

Cataluña y el País Vasco son naciones y como tales tienen derecho a autogobernarse. Los hechos diferenciales que demuestran la peculiaridad nacional de ambos son una lengua, unos derechos históricos (los fueros), una cultura y unas costumbres propias.

EL NACIONALISMO CATALÁN

Cataluña había sido gestada, a partir del condado de Barcelona, durante la Alta Edad Media y fue hasta finales del siglo XV una entidad nacional soberana, con una lengua propia y oficial, con sus propias leyes y órganos de gobierno y de representación estamental. A lo largo de los siglos XVI y XVII continuó siendo un territorio diferenciado dentro de los dominios de la Casa de Austria. Y no perdió sus instituciones gubernamentales hasta 1.716, como resultado de su derrota a manos de las tropas franco-españolas de Felipe V de Borbón, a raíz de la Guerra de Sucesión a la Corona Española.

Por tanto Cataluña fue de hecho una entidad nacional soberana cerca de novecientos años, durante la época feudal y el Antiguo Régimen. Contaba además, con una lengua usada en público y en privado, así como, en el lenguaje administrativo, legislativo y literario.

Sobre este cañamazo histórico-lingüístico se produce un proceso de diferenciación económica que trajo la industrialización y que permitió la aparición de una burguesía industrial y de negocios, con mentalidad empresarial, consolidó la existencia de una pequeña burguesía de tenderos y de unas clases populares, formadas por trabajadores independientes, así como vio el nacimiento de la moderna clase obrera industrial. Esta Cataluña industrializada entrará en conflicto, a lo largo del siglo XIX, con la España agraria, chocará con su mentalidad no modernizadora y, especialmente con su Estado, su burocracia y su ejército.

Los momentos que configuraron la formación del nacionalismo catalán fueron los siguientes:

A) La aparición de la “Renaixenca”, un movimiento intelectual, literario, apolítico y de carácter burgués surgido a partir de los años treinta del siglo XIX. Su propósito consistía en difundir el pasado de Cataluña y recuperar sus señas culturales tradicionales de identidad nacional, especialmente la lengua. Por esto se impulsó la publicación en catalán de numerosos obras historiográficas centradas en la época medieval, cuando Cataluña era una entidad nacional, y literarias.

B) La creación del Centre Catalá por Valentí Almirall en 1.882. Una asociación

regionalista y catalanista que reclamó la autonomía para Cataluña dentro del Estado español. Almirall denunció la ineficacia y la corrupción de las oligarquías caciquiles.

C) La actividad de Eric Prat de la Riba, que participó en la formación de una nueva

organización autonomista llamada Unió Catalaniste en 1.891, de ideología conservadora y católica, cuyo objetivo es unir a todas las instituciones y fuerzas catalanistas fuese cual fuese su tendencia política, ideológica, filosófica o religiosa. La Unió Catalanista se muestra hostil hacia la política parlamentaria de la Restauración, y quiere hacer política nacional al margen del parlamento español. En 1.892, la Unió celebra su congreso en Manresa, donde se aprueban “las Bases per a la Constitució regional catalana” –llamadas las Bases de Manresa – primer proyecto estructurado de constitución particular para Cataluña, que contemplaba las relaciones entre ésta y el poder central con un reparto de funciones no defendiéndose el separatismo (Texto 5).


D) La formación de la Lliga Regionalista en 1.901, surgida tras el acuerdo de varios

grupos catalanistas moderados, entre los cuales se encontraba la Unió de Prat de la Riba. El equipo dirigente de la Lliga quedó encabezado por Francesc Cambó, como líder principal, y Prat como ideólogo de mayor valía. Inicialmente, la Lliga se creó como un amplio frente catalanista en el que militaban desde fabricantes, conservadores y ultra católicos hasta intelectuales, liberales y republicanos, unidos todos por la necesidad de hacer una política diferente de la oficial, que defendiera la personalidad de Cataluña frente al uniformismo centralista.

Los dos objetivos primordiales del programa de la Lliga consistían en demandar la

autonomía política de Cataluña dentro del Estado español y defender los intereses económicos de las cuatro provincias, sobre todo reclamando mayor protección para las actividades del empresariado industrial catalán.

Los propósitos autonomistas de la Lliga colisionaron con el cerrado centralismo de los gobiernos de la Restauración, cuya única e insuficiente respuesta fue la creación, por el gabinete presidido por el conservador Eduardo Dato, en 1.914, de la Mancomunidad de Cataluña, un organismo que agrupaba a las diputaciones provinciales con fines exclusivamente administrativos.

Los hombres de la Mancomunidad, dirigidos por Prat de la Riba, tenían un proyecto claro y coherente para transformar y desarrollar la industria, la agricultura, la lengua y la cultura catalana como entidades nacionales, modernas y europeas. Se pretendía al mismo tiempo catalanizar a las clases populares, reafirmar la condición nacional del país frente a la política estatal y consolidar la hegemonía ideológica de la burguesía, interesando en sus proyectos políticos-económicos a la mayoría de los catalanes.

La Lliga Regionalista se constituía así en la principal fuerza conservadora de Cataluña, en el partido del orden, unificando en su seno a gran parte de la clase dominante hasta la dictadura de Primo de Rivera (1.923-1.931).

EL NACIONALISMO VASCO

En 1.876 arrancan los dos procesos que encuadran la aparición del nacionalismo vasco. El primero es de orden económico: la industrialización de Vizcaya, que genera la acumulación capitalista y una burguesía monopolista, asentada sobre los sectores siderúrgicos, mineros y bancarios, con fuerte cohesión interna. El segundo es de orden político: la supresión de los fueros históricos por el régimen de Cánovas.

Sobre estos hechos cuenta también la serie de rasgos diferenciales que, al llegar los cambios de la industrialización, identifican ya en términos objetivos la nación vasca: la singularidad étnica, y especialmente el idioma.

Es precisamente sobre la lengua donde descansa la actuación de los primeros años pre-nacionalista. Se intentará llevar a cabo una política de defensa del euskera, al identificarse lengua con nacionalidad, pidiendo al gobierno de Madrid una enseñanza bilingüe en las escuelas del País Vasco y fomentando la literatura en euskera, no produciéndose en esta etapa la proclamación del independentismo.

Se llega así al año 1.895, cuando Sabino Arana Goiri funde el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Arana que había nacido en el seno de una familia carlista formuló los fundamentos teórico-ideológicos del PNV:

a) Defensa de la recuperación de la independencia vasca, separación de España creación de un País Vasco con gobierno propio y fronteras internacionales. Euskadi independiente comprendería los seis territorios vascos hispano-franceses: Vizcaya, Guipúzcua, Álava, Navarra,Laburdi y Zuberoa.


b) Radicalismo antiespañol, en este sentido Arana hablaba de “esclavitud de la patria

vasca”. c) Exaltación de la etnia vasca, oposición a los matrimonios entre vascos y foráneos,

así como rechazo de los inmigrantes, en su mayoría obreros industriales procedentes de fuera de las provincias vascas.

d) Integrismo religioso católico y absoluta negación de cualquier otra religión no

católica. Arana postulaba un estado vasco casi teocrático, “Euskadi se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia”. En este aspecto se aprecia de qué forma el carlismo se encuentra en la raíz del nacionalismo vasco.

e) Promoción del idioma y recuperación de las tradiciones culturales vascas. Arana

observaba con temor cómo el euskera estaba amenazado de extinción especialmente en Navarra, y se usaba cada vez menos por la población vasca a causa de la llegada de inmigrantes y de la expansión de la urbanización.

f) Apología del mundo rural vasco, en trance de desaparición, como modelo cultural

mítico, idealizado, sin castellanizar y sin “contaninar” por ideas modernas como el liberalismo, el socialismo o el librepensamiento.

g) Conservadurismo ideológico, tanto en el modelo social, como en la estructura

política propuesta. h) Denuncia del carácter españolista del carlismo, por ello, Arana subrayó las

diferencias entre las reinvindicaciones nacionalistas y el programa carlista. Los peneuvistas no defendían los fueros porque eso sería admitir las concesiones de la Corona, sino que sostenían los derechos naturales de la patria vasca.

Desde un punto de vista social, durante los primeros años el PNV encontró sus

principales apoyos entre la media y pequeña burguesía, así como en el mundo rural. La gran burguesía industrial, financiera y comercial vasca se distanció del nacionalismo, pues sus actividades e intereses económicos estaban estrechamente vinculados al contexto español. El proletariado, en gran parte llegado a las provincias vascas procedentes de otras regiones atraído por las oportunidades de trabajo surgidas con el desarrollo industrial, tampoco se unirá a los peneuvistas. Vizcainos y guipuzcoanos acogieron mejor el mensaje de Arana, no sucedió lo mismo en Álava y Navarra, donde los avances nacionalistas fueron mínimos.

En el aspecto internacional, los nacionalistas vascos siguieron con admiración las luchas de los irlandeses por su independencia contra Gran Bretaña (1.921) e incluso se produjeron conexiones entre activistas irlandeses y vascos.

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO. ANTECEDENTES

Según el censo de 1.860 existían en España 154.200 jornaleros en las fábricas. De

ellos, el 64% eran hombres y el resto mujeres y niños, y aproximadamente 100.000 se concentraban en la industria textil catalana. Si tenemos en cuenta que la población activa totalizaba unos siete millones de personas, la proporción que representaban los obreros industriales era ínfima, sólo significativa en Barcelona, Madrid y el núcleo siderúrgico malagueño.


El proceso de concentración fabril se aceleró a partir de 1.830. El desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia hicieron afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en paro. El resultado fue una emigración masiva a las ciudades a partir de los años cuarenta, que hizo crecer los barrios periféricos, en donde se amontonaban los campesinos en paro con sus familias, a la búsqueda de un empleo en la industria.

La situación de estos barrios era terrible: consistentes en barracas y chabolas construidas precipitadamente, sin saneamiento de ningún tipo, sin servicios de alumbrado ni limpieza, sin empedrar, carentes de todo tipo de asistencia pública o privada, eran foco seguro de enfermedades infecciosas de todo tipo, entre las que la tuberculosis y el cólera destacaron por sus efectos catastróficos.

Quienes podían encontrar empleo en la industria no tenían mucha más suerte. Jornadas de 12 a 14 horas, atendiendo el trabajo monótono de la máquina hiladora o tejedora, con ruidos estridentes, sin ninguna seguridad, con accidentes frecuentes y sin otro descanso que los domingos. Trabajaban por igual hombres, mujeres y niños de hasta 6 y 7 años de edad. Los salarios eran bajos, el analfabetismo general: hombres 69% y mujeres 92%.

Desde 1.832 se incorpora a las fábricas el vapor, iniciándose la mecanización. Como las máquinas permitieron eliminar una parte de los puestos de trabajo, se produjeron algunos movimientos de destrucción de maquinaria (luddismo), el más conocido de los cuales fue el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona.

En las décadas de los treinta y cuarenta fueron apareciendo los primeros atisbos de organización, básicamente por dos vías: la formación de sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas de los socialistas utópicos. En 1.839 el gobierno permitió la creación de sociedades obreras con fines benéficos o de ayuda mutua. Al amparo de ese permiso, en 1.840 Juan Munts fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, que dos años después tenía 50.000 afiliados. Pronto proliferaron por todo el país sociedades semejantes. Al principio sólo pretendían defender los salarios, sin llevar más lejos sus peticiones. Pero en 1.844 los moderados las prohibieron, y la mayoría pasaron a la clandestinidad.

En cuanto al socialismo utópico, fueron las teorías de Fourier y Cabet las que penetraron en España fundándose un falansterio que fue un fracaso.

Sin embargo, la mayoría de los obreros no comprendían contra quién se enfrentaban sus intereses. En aquellos años, las reivindicaciones eran muy concretas: salariales, de seguridad en el trabajo, de horarios. Nadie planteaba la necesidad de un sindicato o de un partido político. Fue a raíz de los disturbios de 1.848 cuando comenzaron a relacionarse las reivindicaciones obreras con las ideas democráticas y republicanas.

Hay que esperar al Bienio progresista para que de forma definitiva los trabajadores separen su movilización de la de los patronos, cobrando el movimiento obrero un gran desarrollo. Pedían el reconocimiento del derecho de asociación, la reducción de la jornada laboral a diez horas, el mantenimiento de los salarios y el derecho de negociación colectiva. Pero el proyecto de Ley del Trabajo que finalmente aprobaron las Cortes era mucho más pobre y defendía los intereses de los patronales.

Este hecho demostró a los trabajadores que el partido progresista defendía los intereses de los patronos y el movimiento obrero se politizó abiertamente y sus dirigentes pasaron a apoyar al partido demócrata y a los republicanos. Estos incorporaron algunas reivindicaciones obreras a su programa. No obstante, la acción obrera disminuyó durante los años de la Unión Liberal, en parte por la dura represión, y en parte por la bonanza económica de aquellos años, que permitió cierta prosperidad en las zonas industriales e hizo disminuir el paro.

A partir de 1.863 volvieron las movilizaciones de la clase obrera, ahora abiertamente politizadas. Sus dirigentes y los intelectuales próximos a sus inquietudes participaron activamente en las sucesivas conspiraciones que demócratas y republicanos


intentaron organizar contra el régimen de Isabel II. La represión gubernamental descargó principalmente sobre ellos y sobre la prensa obrera.

En la revolución de 1.868 fue decisiva la participación de los trabajadores industriales, pese a que ya había claras diferencias entre sus líderes y los partidos demócrata y republicano, más preocupados por las conquistas de la democracia política que por los problemas de los trabajadores. Por entonces algunos dirigentes estaban ya en contacto con los dirigentes de la I Internacional, y al tanto de sus congresos y decisiones.

EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE LA RESTAURACIÓN: SINDICALISMO Y ANARQUISMO. EL ANARCOSINDICALISMO:

A consecuencia del régimen de libertades establecido en el Sexenio llegó a España Giusseppe Fanilli, enviado por Bakunin para organizar la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional. En 1.871 llegó Paul Lafargue, yerno de Marx, con el fin de aglutinar la tendencia socialista. Al año siguiente, al producirse la ruptura entre bakunistas y marxistas, los españoles siguieron a Bakunin.

Tras el golpe de estado que ponía fin a la I República, el gobierno declaró ilegales en 1.874 las asociaciones obreras ligadas a la AIT, como consecuencia de su participación en la insurrección cantonal, iniciándose la persecución y represión policial con numerosas detenciones. Los anarquistas, ahora en la clandestinidad, se dividieron en dos tendencias: la de quienes proponían replegarse para esperar tiempos mejores y la de quienes proponían la “política de los hechos”, es decir el terrorismo. De hecho, la última década del siglo y la primera del siglo XX se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes y jefes de gobierno de toda Europa. La respuesta contundente de las autoridades no hizo sino alimentar una dinámica de acción-represión continua.

En estos años el anarquismo español se atomizó en múltiples tendencias, entre las cuales destacó la Federación de Trabajadores de la Región española (FTRE) creada en 1.881, año en que se autorizaron de nuevo las asociaciones obreras por el gobierno liberal. En 1.901 diversos grupos anarquistas comenzaron en Cataluña un periódico, Solidaridad Obrera, que en que en 1907 patrocinará una asociación de igual nombre protagonista de la Semana Trágica de Barcelona en 1.909. En 1.910 el anarcosindicalismo español de la mano de unos de sus líderes más importantes, Anselmo Lorenzo, creó la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), cuya acción en la huelga general de 1.917 fue muy destacada, convirtiéndose en el sindicato con mayor número de afiliados, en su mayoría jornaleros andaluces y obreros industriales catalanes y levantinos.

Los principales rasgos ideológicos que definían a los anarquistas eran:

a) Rechazo de cualquier autoridad impuesta, defensa utópica de la autonomía

individual total y abolición del Estado con todas sus instituciones. b) Supresión de la propiedad privada y defensa del colectivismo, entendido como

articulación armónica de pequeñas unidades económicamente autosuficiente donde la propiedad de los factores y medios de producción (tierra, máquinas, capital) sería colectiva.

c) Defensa de la revolución violenta y del recurso a huelgas generales, insurrecciones,

sabotajes, y actos terroristas como medios para destruir el Estado burgués capitalista opresor y liberar a la humanidad de la explotación.

d) Apoliticismo, rechazo del juego político y de la participación en elecciones,

consideradas un engaño. e) Anticlericalismo, negación de la religión y de la Iglesia.


EL SOCIALISMO

La corriente marxista del movimiento obrero, numéricamente insignificante en 1.870,se organizó en 1.879 alrededor de un pequeño núcleo de trabajadores de imprenta madrileños (Pablo Iglesias, Jaime Vera) seguidores de las doctrinas de Marx y Engels que decidieron pasar a la acción y constituir en 1.879 el Partido Democrático Socialista Español, poco después denominado Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Aprovechando la Ley de Asociaciones de 1.887 y la mayor concentración obrera de Cataluña se creó en 1.888 la Unión General de Trabajadores (UGT), que aunque estatutariamente independiente del Partido Socialista, estaba inspirado por él, tanto es así que hasta su muerte en 1.925, el máximo dirigente de ambas organizaciones fue Pablo Iglesias. Las ideas básicas del programa socialista eran:

a) Exigencias de emancipación total para los trabajadores. b) Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad

entera. c) Posesión del poder político por la clase proletaria. d) Rechazo del terrorismo considerada una falsa vía para la liberación de los

trabajadores. e) Oposición a la expansión colonial y a las guerras. f) El objetivo de los socialistas era la revolución, la toma del poder de forma

violenta por la clase proletaria. Pero hasta que llegara el momento oportuno de llevarla a cabo era preciso atravesar una larga fase de organización y propaganda, durante la cual la lucha del PSOE debería dar pacífica y legal, participando en el juego político y presentándose a las elecciones, más que para ganar votos, para difundir el mensaje marxista, ya que la clase trabajadora sólo triunfaría cuando fuera más fuerte.

Los marxistas de la UGT y el PSOE mantuvieron pésimas relaciones con las

asociaciones obreras anarquista, les separaban importantes discrepancias ideológicas en cuanto a los fines y tácticas en cuanto a los medios.

La afiliación al PSOE y a la UGT fue lenta, y hasta 1.910 no lograron obtener ningún diputado.

EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE LA RESTAURACIÓN

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (1.869)

FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA Bakuninista, 1.872

NUEVA FEDERACIÓN MADRILEÑA Marxista, 1.872

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA 1881

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 1878

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 1.888


LA CRISIS DE 1898 La situación mundial a fines del s. XIX

El período de la Restauración coincidió con los años de hegemonía de la Alemania Bismarkiana, con la división de los estados europeos en bloques enfrentados y con la expansión colonial de las grandes potencias por África y Asia. Analizando este contexto internacional y comprobando con realismo las limitaciones de España, Cánovas adoptó una política exterior prudente cuyas características principales fueron el recogimiento, el repliegue y la neutralidad. Su propósito era evitar aventuras, conflictos, riesgos y complicaciones externas innecesarias, pues Cánovas reconocía la decadencia española en el espacio internacional y comprendía que nuestro país era sólo una pequeña potencia sin fortaleza militar ni económica. Por estas mismas razones, España tampoco pareció nunca un aliado deseado por las grandes potencias europeas.

A fines del siglo casi todos los territorios de África, Asia y Oceanía estaban ya ocupados, sin embargo, las grandes potencias industriales y militares (Gran Bretaña, Alemania, EEUU y Francia) continuaban compitiendo por el control de los mercados internacionales y por la posesión de nuevas colonias.

Este ansía de expansión sólo podía cumplirse arrebatando a las viejas y débiles potencias los restos de sus antiguos imperios, para posteriormente repartirse los territorios coloniales, que esas naciones decadentes, como España y Portugal, eran incapaces de defender. El desastre colonial español debe situarse en este marco. EL DESASTRE COLONIAL DE 1898.

A finales de siglo, España vivió una profunda crisis que tuvo como detonante las guerras de independencia colonial en Cuba (1895-1898) y Filipinas (1896-1898)

El tratamiento que recibió el problema colonial por parte del gobierno español fue desafortunado, pues no se ofrecieron a tiempo los proyectos de reformas económicas y autonómica para los territorios de Ultramar, que podían haber impedido la aparición de los movimientos independentistas. Así a partir de 1895-6 estallaron las insurrecciones separatistas en Cuba y Filipinas, dos de las colonias que aún conservaba España. Pronto intervino EE.UU. proporcionando material y armamento a los rebeldes cubanos. El objetivo de esta ayuda no era la liberación de Cuba como oficialmente proclamaba el gobierno norteamericano, sino conseguir dominar la isla por motivos económicos —controlar las plantaciones de azúcar— y geoestratégicos —expansionismo y control militar sobre el Caribe— Las guerras coloniales. Cuba y Filipinas

Cuba, principal exportadora mundial de azúcar, y también productora de café y tabaco, era explotada por España, que monopolizaba el mercado colonial en su beneficio y en contra de los intereses isleños. Esta situación favoreció el nacimiento de un sentimiento independentista entre los hacendados cubanos, que vieron en la

independencia política la única vía para la libertad económica.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos había aumentado sus intereses en la isla, puesto que era el principal receptor de las exportaciones azucareras y había invertido capital en la modernización del proceso de obtención de azúcar. Así pues, ofreció su apoyo a los sectores independentistas, con la pretensión de vincular la isla a su mercado económico.

El gobierno del presidente McKinley incluso trató


de comprar la isla a España, operación rechazada por el gobierno de nuestro país. Al fracasar este intento de compraventa, EE.UU. pasó a aplicar directamente la ley del más fuerte en política internacional.

La política represiva de las autoridades españolas ante las reivindicaciones autonomistas de Cuba, lideradas por José Martí y Antonio Maceo, había provocado varias insurrecciones y la primera guerra cubana entre 1868 y 1878.

Las tensiones aumentaron a raíz de la oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que impuso la metrópoli al comercio del azúcar con EE UU, principal comprador ya que adquiría más del 80% de las exportaciones cubanas. En 1895 se iniciaba la definitiva guerra de independencia. El gobierno, presidido por Canovas, envió un ejército a Cuba, al frente del cual se hallaba el general Arsenio Martínez Campos, el militar más adecuado para combinar la represión con la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo que pusiese fin al levantamiento.

Pero ni los intentos de pacificación llevados a cabo por Martínez Campos, ni la crudeza de los métodos de su sucesor, Valeriano Weyler, encaminados a exterminar a los revolucionarios aun a costa de poner en peligro la riqueza cubana, solucionaron el conflicto. En 1897, a la muerte de Cánovas, el nuevo gobierno de Sagasta envió a Ramón Blanco, que decretó la autonomía y una amnistía política, medidas que llegaron demasiado tarde.

La guerra fue un paseo militar para EE.UU. los combates resultaron muy desiguales y la armada española quedó destruida en dos enfrentamientos navales. Una vez consumada la derrota militar vino la rendición, iniciándose las negociaciones que culminaron en diciembre de 1.898 con la firma del Acuerdo de Paz de París entre ambas naciones.

Según el contenido de este tratado, España cedió a EE.UU. la isla de Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. Por otra parte, Cuba alcanzó la independencia, aunque de hecho quedó bajo “protección” estadounidense hasta mediados del siglo XX.

Casi simultáneamente, estalló una sublevación en Filipinas (1896-97), archipiélago casi olvidado por el gobierno español, con sus recursos naturales mal aprovechados y una gran presencia de órdenes religiosas intransigentes con los movimientos independentistas. El levantamiento, encabezado por José Rizal y seguido por la sociedad secreta Katipunan, también fue duramente reprimido produciéndose el fusilamiento de su líder.

Cuando la negociación permitió dominar la insurrección, Estados Unidos intervino pactando con los rebeldes, propiciando un nuevo levantamiento y atacando a la escuadra española, lo que supuso la expulsión de los españoles. Repercusiones del conflicto

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto, frustración, extensión de los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del imperio español, en un momento en que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África, y la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en buena parte de la opinión pública española. Esta incertidumbre alcanzó incluso a la prensa española de la época, que llegó a temer un ataque y ocupación de la islas Canarias.

El incidente del Maine Fracasadas las gestiones de compra de la isla por EE UU, éste no vió otro recurso que la guerra. La prensa sensacionalista representada por el World de Pulitzer, exageraba el problema presentando a los españoles como verdugos del pueblo cubano. El incidente invocado como excusa para declarar la guerra a España fue la explosión del buque de guerra norteamericano Maine en la bahía de La Habana en 1898. las causas de la explosión se desconocían, pero EE UU culpó al gobierno español del hecho.


A pesar de la envergadura del "desastre" y de su significado simbólico, sus

repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo grandes cambios institucionales ni crisis de Estado y el sistema de la Restauración sobrevivió a dicho "desastre". Los viejos políticos conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos y a la retórica de la "regeneración", pero, al mismo tiempo, el turno dinástico consiguió mantenerse y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación

Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos muestran que en los primeros años del nuevo siglo se produjo una inflación baja, una reducción de la Deuda Pública y una considerable inversión proveniente de capitales repatriados. Así, la estabilidad política y económica que siguió al "desastre" deja entrever que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población

Por otro lado, los movimientos nacionalistas conocieron una notable expansión, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, donde la burguesía industrial comenzó a tomar conciencia de la incapacidad de los partidos dinásticos para desarrollar una política renovadora y orientó su apoyo hacia las formaciones nacionalistas, que reivindicaban la autonomía y prometían una política nueva y modernizadora de la estructura del Estado.

En el plano exterior, el 98 se completó con la liquidación de los restos de nuestro imperio colonial ultramarino con la venta en 1899 de los archipiélagos del Pacífico (Carolinas, Marianas y Palaos) a Alemania, que de este modo también sacaba beneficios de la debilidad española.

Por último, la pérdida del imperio provocó una crisis cultural de gran trascendencia, de la que ha dejado testimonio la generación del 98, escritores como Unamuno, Azorín, Valle Inclán, Baroja, Antonio Machado, Maeztu, el médico Ramón y Cajal o historiadores como Hinojosa, que con un profundo pesimismo reflexionaron y criticaron el atraso peninsular y se sintieron unidos en “el intento de sacudir la conciencia de un país dormido y su papel en la Historia.

Con un lenguaje irónico, casi “insultante” a la patria, los escritores y economistas denominados regeneracionistas intentaron “resucitar” el país mediante la atención a los problemas reales: alimentación, educación, administración sana. El escritor más influyente de este grupo fue Joaquín Costa, que en sus obras denuncia con violencia extrema la lacra del caciquismo entre otros.

En definitiva, el año 1898 fue una fecha crítica, por la pérdida de las colonias, por la derrota militar, pero aún más por la honda repercusión colectiva y el examen de conciencia que el desastre despertó en la sociedad española. LA POLÍTICA EXTERIOR DURANTE LA RESTAURACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EL PROBLEMA DE MARRUECOS

Desde los últimos años del siglo XIX la presencia española en el reino de Marruecos había ido aumentando. Era uno de los últimos territorios “libres” de África, y después del reparto colonial, sobre él descansaban las ambiciones y tensiones de las grandes potencias. Tras el Desastre, la posibilidad de un imperio colonial africano vino a sustituir las frustradas expectativas de los colonialistas españoles, sobre todo del ejército y de algunas compañías mineras, aunque a la mayoría de la población la aventura colonial no les entusiasmara. De hecho, el gobierno español sólo quería garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla, así como explotar la riqueza minera de hierro, plomo y cinc del subsuelo marroquí.

Tras un primer acuerdo franco-español en 1.904, que otorgaba a España la administración del Rif, en 1906 la Conferencia de Algeciras concedió a ambos países el


protectorado conjunto sobre el sultanato, y entregó a España la administración de la región citada. El protectorado español en Marruecos era una zona de escaso valor económico y con una difícil orografía, que dificultaba la penetración del territorio y su ocupación efectiva por el ejército español.

En los años siguientes, compañías mineras españolas comenzaron a instalarse allí, aunque pronto perdieron su interés al confirmarse el escaso rendimiento económico que del Protectorado podía obtenerse, y junto a ellas se enviaron algunas tropas.

Las clases populares, de cuyos efectivos salía la tropa que debía defender la colonia, estaban totalmente en contra de la posibilidad de una nueva guerra colonial. Además, los políticos tampoco tenían objetivos claros e instaban a los militares a evitar cualquier enfrentamiento, criticando los fracasos bélicos cuando se producían. El ejército también se hallaba dividido, ya que el problema de los ascensos por méritos de guerra había opuesto al ejército peninsular con el africanista.

En julio de 1909, los miembros de algunas cabilas (tribus) próximas a Melilla atacaron a los trabajadores españoles de una de las compañías mineras. El gobierno conservador presidido por Maura decidió trasladar soldados para proteger los intereses españoles, pero en vez de enviar a las tropas de Andalucía, el ministerio de la Guerra cometió el error de aprovechar la ocasión para ensayar el plan de movilizaciones de reservistas, y ordenó la incorporación de éstos en Madrid y Barcelona. Las protestas generalizadas ante lo irracional de la medida, especialmente en Cataluña, no fueron atendidas, lo que unido a las primeras derrotas, provocaron los violentos sucesos de la “Semana Trágica” en Barcelona.

Durante la Primera Guerra Mundial, aunque el ejército se mostró incapaz de dominar la zona norte marroquí, el protectorado estuvo en calma. Pero acabado el conflicto y bajo la presión que suponía la reanudación del intervencionismo francés en la zona, las autoridades españolas decidieron reemprender sus acciones militares para afianzar el control del territorio. La intervención tuvo éxito en la zona occidental, con base en Ceuta y Tetuán, pero en la oriental las cabilas ofrecieron mucha mayor resistencia. En julio de 1921, el general Silvestre inició una campaña con el objetivo de conectar los enclaves españoles aislados entre si, adentrándose en el corazón del Rif, sin haber protegido suficientemente su retaguardia ni haber asegurado los abastecimientos.

La reacción de los rifeños no se hizo esperar y las cabilas de Abd –el- Krim atacaron por sorpresa el puesto español de Annual provocando una gran desbandada entre las tropas españolas, que perdieron todo el territorio ocupado y sufrieron más de 12000 bajas. El desastre de Annual, donde incluso se estuvo a punto de perder la ciudad de Melilla, puso en evidencia la deficiente organización del ejército y, aunque la llegada de tropas de refuerzo permitió recuperar las posiciones perdidas, tuvo consecuencias importantes para la estabilidad del sistema político


Las consecuencias de Annual

En España se produjo una verdadera conmoción nacional. Las responsabilidades se repartieron entre los militares, el Gobierno y el propio Monarca que, según parece, había incitado al general Silvestre a la alocada ofensiva. La derrota acentuó aun más la distancia entre el gobierno, que dimitió, y los militares. El Congreso encargó elaborar un informe de investigación, encomendado al general Picasso, que no logró aclarar las cosas porque hubo muchos interesados en acallar el escándalo, puesto que de él podían derivarse responsabilidades de los mandos militares y llegar a implicar a la propia monarquía en el desastre.

El agitado debate parlamentario y la minoría socialista, con el apoyo de los republicas, exigió medidas drásticas que apuntaban directamente al rey y al ejército. Se recurrió a un nuevo gobierno de concentración presidido por Antonio Maura y en el que colaboró la Lliga (Cambó). Pero la situación era muy difícil para la misma monarquía. A muchos españoles les pareció ya que sólo la República podía ofrecer soluciones a los problemas del país y llevarlo hacia la democracia.

Asustados, la oligarquía en el poder y el Monarca buscaron la salvación en el Ejército. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, daba un golpe de Estado, aceptado por Alfonso XIII, y establecía una dictadura militar. Algunos historiadores sostienen la idea de que fue un hecho negativo porque desacreditó a la monarquía y acabaría trayendo la República, y el fracaso de ésta, la Guerra Civil y los más de 35 años de dictadura del general Franco, retrasando por mucho tiempo la incorporación de España a la Europa democrática que se formaría después de la Segunda Guerra Mundial. ESPAÑA ANTE LA I GUERRA MUNDIAL

El gobierno presidido por Eduardo Dato (partido conservador) declaró la

neutralidad española en 1.914. Las verdaderas causas que determinaron la no-intervención fueron el tradicional aislamiento diplomático de España, su inferioridad militar y la indiferencia hacia los motivos de esta guerra (problemas en los Balcanes, competencia industrial a escala mundial, rivalidades imperialistas).

Los efectos de la neutralidad sobre la economía española fueron diversos. En términos generales, la guerra tuvo consecuencias positivas para la industria. Algunos sectores resultaron enormemente beneficiados como la siderurgia bilbaína, la minería del carbón asturiana, la industria textil catalana, el sector químico y las construcciones navieras, pues crecieron los pedidos desde Francia, Italia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia. Las fabricantes nacionales obtuvieron cuantiosas ganancias, y gracias al fuerte incremento de las exportaciones la balanza comercial española pasó excepcionalmente de ser deficitaria a ser positiva entre 1.915 y 1.919.

Por el contrario, las repercusiones fueron globalmente negativas para la agricultura española. Las exportaciones de vino, plátanos y naranjas se hundieron, los precios bajaron y este sector acumuló grandes pérdidas, ya que los países europeos en guerra prescindieron de este tipo de productos al tener otras prioridades. Además, España, que siempre necesitó importar trigo comprado especialmente en Rusia, Rumania y Argentina, sufrió graves problemas de abastecimiento de cereales a causa de la interrupción de la siembra en los escenarios bélicos y de los problemas de transporte durante la guerra.

Los beneficios económicos generados por los negocios durante los años de guerra fueron muy desigualmente distribuidos desde el punto de vista social. Mientras la burguesía y los empresarios se enriquecían rápidamente, las clases populares y el proletariado resultaron perjudicados por la escasez y el continuo incremento de precios en los alimentos de primera necesidad. Esta coyuntura socioeconómica generada por los efectos de la I Guerra Mundial explica parcialmente algunos de los problemas de la Crisis de 1.917.


Terminada la guerra numerosas empresas creadas para abastecer a los países

contendientes tuvieron que cerrar al desaparecer sus anteriores mercados. El aumento del paro radicalizó a los sindicatos, quienes llevaron a cabo huelgas, ante las cuales los empresarios respondían, frecuentemente, con el cierre laboral. EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA: LA CRISIS FINAL DE LA RESTAURACIÓN.

Alfonso XIII asumió la corona con 16 años de edad en 1.902. Durante su reinado, y hasta el golpe militar del general Primo de Rivera en 1.923, se mantuvo el sistema canovista y el turno de partidos. No obstante, dicho sistema político dio muestras crecientes de fragilidad y con el paso de los años se aceleró su desmoronamiento. Dos son los hechos que muestran la crisis: a) El aumento de la inestabilidad política, cuya medida eran los continuos cambios de

gobierno.

b) La fragmentación cada vez mayor de los dos partidos turnantes, afectados por divisiones internas y enfrentamientos por el liderazgo tras la muerte de Cánovas en 1.897 y Sagasta en 1903.

LOS PROBLEMAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO

El régimen político recibió dos grandes golpes que hicieron peligrar la continuidad de la monarquía parlamentaria española. Estos dos momentos decisivos para la supervivencia del sistema de la Restauración fueron, en primer lugar, la llamada “Semana Trágica” de 1.909, y, en segundo lugar, la Crisis de 1.917. LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA (23-30 DE JULIO DE 1909)

Con el nombre de “Semana Trágica” o “Semana Roja” se denominan los violentos acontecimientos sucedidos en julio de 1.909 en Barcelona y Cataluña, los mayores núcleos industriales de la península. (Texto 6).

El origen de los sucesos hay que buscarlos en la situación de tensión y agitación que vivía la ciudad ya en años anteriores: el éxito del nacionalismo, la creciente movilización obrera y el auge del republicanismo entre sectores de clase media y populares.

En Cataluña, el PSOE y la UGT tenían escasa implantación, entre los obreros predominaba la ideología anarquista, que como ya hemos visto, formó en 1.907 Solidaridad Obrera que no consiguió reunir al conjunto de la clase obrera barcelonesa, que a las alturas de 1.909 carecía de coordinación y unidad de acción. Una parte de la culpa la tenía la aparición de una fuerza nueva el Partido Republicano Radical dirigido por Alejandro Lerroux.

Dos factores vinieron a sumarse al clima de tensión: los sentimientos anticlericales y antimilitaristas.

El aumento del número de clérigos y de congregaciones, especialmente conventuales, su significativa presencia en la enseñanza, su talante abiertamente antiliberal, unidos a una serie de hechos e incidentes menores, pero continuados, hicieron aumentar peligrosamente los ataques a la Iglesia.

En cuanto al antimilitarismo se había incrementado notablemente, debido en muchos casos, al talante de los militares y su defensa de la unidad de España, frente a las ideas nacionalistas de muchos catalanes. Este sentimiento, unido al llamamiento de los reservistas de la región para hacer frente a la guerra marroquí y las noticias de las primeras derrotas, hicieron estallar el conflicto el 26 de julio, extendiéndose la huelga general a las ciudades vecinas, los incidentes en la calle se multiplicaron, se levantaron barricadas, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de orden público y,


finalmente, explotó el fuerte sentimiento anticlerical que desembocó en el incendio de más de 80 conventos por parte de la población. Durante tres días Barcelona y sus alrededores fueron controlados por comités de obreros, abundando los incendios y las luchas callejeras en Barcelona, aislada del exterior, hasta que el 29 la tensión comenzó a remitir, volviéndose a una cierta normalidad en la mañana del sábado. Las consecuencias más importantes de la “Semana Trágica” fueron:

a) La caída del gobierno conservador de Maura fue sustituido por otro liberal. b) El acuerdo de los grupos de oposición al régimen de la Restauración, republicanos

y socialistas, para hacer frente común contra el régimen monárquico, primer paso de un proceso de colaboración que desembocará en la II República.

c) La dura represión gubernamental contra el movimiento obrero saldada con más de

1.000 detenidos, 216 consejos de guerra con 17 condenas a muertes de las cuales 5 fueron ejecutadas, entre los que se encontraba Francisco Ferrer, pedagogo anarquista, impulsor de la llamada “Escuela Moderna” donde se impartía una enseñanza laica y racionalista, que fue acusado sin pruebas de organizar la rebelión.

d) Desde el punto de vista internacional, el fusilamiento de Ferrer provocó una

oleada de protestas contra el gobierno español.

LA CRISIS DE 1917

Entre 1.914 y 1.917 los gobiernos desarrollaron una política, alejada de proyectos reformistas y obsesionada por mantener la neutralidad exterior y aprovechar el auge económico para estabilizar la situación.

A comienzos de 1.917 el descontento era general. El hambre provocada por el alza de precios, la falta de abastecimiento de algunos productos básicos y el escándalo de las fortunas construidas con la especulación, habían enrarecido el ambiente en las zonas campesinas y obreras, en las que las huelgas eran cada vez más frecuentes. Los diputados de partidos ajenos al turno de partidos criticaban duramente la inoperancia del gobierno y denunciaban la corrupción de la oligarquía política liberal-consevadora.

La situación se irá agravando durante la primavera, hasta que en el mes de junio se inicie el proceso de crisis. Tres grandes movimientos van a confluir en el objetivo de derribar al gobierno, el de los militares, el de los parlamentarios y el de la huelga general obrera.

El primer conflicto venía gestándose desde tiempo atrás. El Ejército llevaba años experimentando el malestar debido a su propia incapacidad técnica, la escasez del presupuesto y la falta de expectativas de ascenso. La decisión del gobierno de primar con ascensos rápidos a los militares por méritos de guerra o con destino en Marruecos provocó una airada reacción de los oficiales de las guarniciones peninsulares, que se veían postergadas frente a los africanistas.

El fuerte descontento entre los oficiales de baja y media graduación desembocó en la formación de la llamadas juntas de Defensa, una asociación de militares nacida en Barcelona, inicialmente ilegal, que se extendió por la mayoría de las guarniciones españolas. Las juntas reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como único criterio. Las juntas fueron toleradas al principio, hasta que el capitán general de Cataluña recibió la orden de disolver la de Barcelona y arrestar a sus dirigentes, produciéndose un movimiento de solidaridad en todo el Ejército que desembocó en un ultimátum al gobierno para que aceptase sus peticiones, éste incapaz de restablecer la disciplina ante la actitud de rebeldía de buena parte del Ejército, dimitió el 8 de junio. El gobierno conservador que


lo sustituyó se plegó a las exigencias militares y reconoció a las Juntas como órganos representativos del Ejército. Algunos sectores de la oposición vieron esperanzas de que el ejército podría sumarse a un movimiento que exigiese una renovación de la politica nacional. Pero los acontecimientos demostraron que las reivindicaciones de las juntas tenían poco que ver con las de los otros sectores sociales y que eran básicamente un grupo de presión al servicio de sus intereses profesionales.

El segundo acto de protesta fue político. El sistema creado por Cánovas estaba ya desacreditado y resultaba inoperante. A causa del fraude electoral y el caciquismo los gobernantes no representaban al pueblo y actuaban sólo como representante de los intereses de la oligarquía económica. Ante la situación de crisis, el gobierno Dato suspendió las garantías constitucionales, clausuró las Cortes e impuso la censura de prensa.

Por todo esto, en junio de 1.917 unos setenta diputados y senadores pertenecientes a los grupos políticos marginados del sistema bipartidista del turno se reunieron en Barcelona y constituyeron una Asamblea de Parlamentarios. De este modo, catalanistas de la Lliga, republicanos y socialistas efectuaron un acto de fuerza y

rebeldía, desafiando al gobierno para inducirle a renovar el sistema.

Las peticiones de más importancia formuladas por esta Asamblea fueron la exigencia de una reforma de la Constitución para democratizar verdaderamente el sistema político español, acabando con el turnismo y con las intromisiones del rey en los asuntos de gobierno, y en segundo lugar la solicitud de autonomía política para Cataluña, que debería hacerse extensiva a todas las regiones de España.

Esta Asamblea fue disuelta sin violencia y lo único que se logro fue la entra da de los nacionalistas catalanes en el gobierno.

El tercer conflicto y más importante será la huelga general del mes de agosto. La tensión social había ido en creciendo ante la carestía y la incapacidad del gobierno para tomar medidas de control. Las huelgas habían ido en aumento y desde marzo los sindicatos y los partidos de izquierda empezaron a organizar una huelga general indefinida, para forzar al gobierno a un cambio de rumbo.

Paralelamente a los conflictos militares y parlamentario, se fueron ultimando los preparativos. La huelga iba a tener un doble papel carácter económico, con demandas salariales y de jornada laboral, y político, con la exigencia de cambios profundos en el gobierno. (Texto 7).

En agosto la huelga se generalizó, y tuvo un seguimiento bastante importante en numerosas ciudades y zonas agrarias del país. La respuesta del gobierno fue durísima: sacó las tropas a las calles y provocó un enfrentamiento con los piquetes. Día a día fue aumentando el número de muertos, heridos y detenidos, pese a que el Comité de huelga había intentado encauzar por vías pacíficas la protesta. El día 20 los sindicatos comenzaron a desconvocar a los trabajadores, y poco a poco fue restableciéndose la normalidad por todo el país.

El balance fue trágico: 80 muertos según datos oficiales (entre 100 y 200, según otras fuentes) y más de 2.000 detenidos. El 29 de septiembre los miembros del Comité de huelga -Largo Caballero, Besteiro y Saborit-. fueron condenados a muerte, pena conmutada por cadena perpetua ante las manifestaciones y protestas generalizadas. De


hecho unos meses más tarde el gobierno hubo de decretar una amnistía y ponerlos en libertad, después de que los dirigentes encarcelados fueran elegidos diputados. LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Aunque el sistema de La Restauración durará un quinquenio más, la Crisis de 1917 va a provocar la progresiva descomposición y desgaste del mismo debido a su incapacidad para democratizarse y adaptarse a la nueva realidad socio-económica del país. El colapso de las instituciones:

Entre 1918-23 se dieron un elevado número de cambios de gobierno en el turno, y a pesar del fraude electoral (caciquismo y pucherazo) ningún partido dinástico consiguió mayoría parlamentaria, lo que dio lugar a la imposibilidad de desarrollar políticas a largo plazo y de impulsar una verdadera renovación, así como la necesidad de usar constantemente medidas de excepción y la suspensión del parlamento para gobernar, lo que aumentó el protagonismo del ejército.

Por ello, tras la Crisis de 1917 se establecen gobiernos de concentración, como el gobierno de Maura de 1918, en donde conservadores, liberales e incluso los regionalistas de la Lliga se alían para gobernar. Sin embargo esta solución fracasará por discrepancias entre los coaligados, ya que por ejemplo Cambó esperaba avanzar en el proceso de descentralización y obtención de la autonomía para Cataluñaa, mientras que los partidos dinásticos se mostraron reticentes. Por ello se volverá al turno de gobierno, estando los conservadores en el poder entre 1919-22 y los liberales en 1923. Una oposición débil

La oposición va a estar articulada fundamentalmente por republicanos y socialistas, quienes no consiguen un programa alternativo ni posición de fuerza electoral.

Los republicanos no serán una alternativa política clara hasta 1931. El Partido Radical de Lerroux pierde apoyo obrero y retrocede electoralmente, adoptando posiciones más conservadoras. El Partido Reformista de M. Álvarez se aleja de radicales y también de socialistas y se acerca a la izquierda dinástica, los liberales. El resto de los republicanos continúan fuertemente divididos y con falta de liderato.

En cuanto a los socialistas, el PSOE aumenta el número de afiliados y su fuerza política, (en 1920 logra 578 concejales) y desde 1909 adoptó una postura reformista, manifestándose partidarios del parlamentarismo. Sin embargo, en 1917, con la Revolución Rusa, se plantea una controversia que acabará con la división de los socialistas, entre los partidarios de entrar en el juego parlamentario de La Restauración para modificar la estructura política del país (reformistas), que se quedan en el PSOE y los partidarios de apoyar a los bolcheviques e ingresar en la III Internacional, más radicales y partidarios de la acción revolucionaria, que fundaron el Partido Comunista de España (PCE). Radicalización social y pistolerismo

Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la crisis de postguerra aumentó de forma notable la tensión social, y esto quedó patente en cuatro aspectos:

1) El espectacular aumento de la afiliación sindical. 2) El Trienio Bolchevique, (1918-21). 3) Las huelgas industriales (La Canadiense). 4) El pistolerismo.

En el Congreso de Sants (1918), la CINT se refunda y con nuevos líderes como Salvador Seguí pasa detener 15000 afiliados, en 1915, a 700.000 en 1919.

Entre 1918-21 se produjo un movimiento de revueltas campesinas que desde Córdoba llegan a Extremadura y Castilla La Mancha. Los motivos los encontramos en el descenso del poder adquisitivo y del nivel de vida de los campesinos, el hambre de tierras en estas zonas de latifundios y en la influencia de la Revolución Soviética. Se queman


cosechas, se ocupan tierras, se reparten propiedades e incluso los comités de huelgas, formados por anarquistas y algunos socialistas, controlan muchos municipios, por lo que a estos acontecimientos se les da el nombre de Trienio bolchevique. El gobierno, ante ello, declara el estado de guerra, clausura las organizaciones obreras y detiene a sus líderes.

En las regiones industriales también hubo huelgas, como la de La Canadiense (Barcelona, 1919), que al ser la empresa suministradora de electricidad consiguió paralizar al 70% de la industria loca durando un mes y medio. Finalizó con un acuerdo por el que los patronos aceptan readmitir a los obreros despedidos, aumentan los salarios y establecen la jornada de ocho horas. Sin embargo las autoridades no liberan a los detenidos, por lo que la huelga se reanuda, lo que provocó el cierre de empresas por los empresarios y una durísimas represión, que dio lugar a la radicalización de posturas.

La lucha sindical y la radicalización de posturas degeneró en un activismo violento y los anarquistas atentaron contra autoridades, patronos, fuerzas del orden e incluso asesinaron a Dato en 1921. Ante ello los patronos respondieron pagando a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros, cerraron empresas para frenar las reivindicaciones obreras y fomentaron el Sindicato Libre. Además, la Federación Patronal de Barcelona exigió al gobierno el empleo de la fuerza, por lo que éste nombra al general Martínez Anido Gobernador Civil de Barcelona, quién protegió a los pistoleros y ejecutó una política represiva contra los sindicatos. Se produce de esta forma el enfrentamiento violento entre patronos y trabajadores en lo que se conoce como el pistolerismo, que entre 1916 y 1923 se saldó con 226 personas asesinadas, entre ellas Salvador Seguí.


FICHAS DE TRABAJO -Sobre el Manifiesto de Sandhurtst 1 . Este manifiesto, destinado a la opinión pública española, fue redactado por Cánovas y firmado por el futuro rey Alfonso XII, que se encontraba en la academia militar inglesa de Sandhurst donde completaba sus estudios. Cánovas deseaba presentar una imagen de Alfonso con evidentes intenciones propagandísticas. ¿Cuáles son las características de la monarquía que se pretendía restaurar, según aparecen definidas en este texto? 2. Anota todas las afirmaciones de carácter liberal que encuentres en el texto. 3. En el último párrafo aparece una declaración de catolicismo. ¿Es integrista, tradicionalista o tolerante? ¿Cuál es el propósito de esta declaración? EL TURNO DE PARTIDOS

ALFONSO XII (1875-1885) REGENCIA DE Mª CRISTINA (1885-1902) CONSERVADORES Canovas hasta

1897 y Silvela después (1875-1881)(1884-1885)(1890-1892)(1895-1897)

(1899-1901) LIBERALES Partido fusionista-liberal

de Sagasta (18811883)(1885-1889)(1892-1895)(1897-1899)

(1901-1902) Diferencias:

IDEOLOGÍA SUFRAGIO RELIGIÓN ENSEÑANZA PRENSA POL. ECON OTRAS

CONSERVADORES Censitario

o restringido

Católica. Abolición

del matrimonio

civil

Revisión y censura de

textos y programas

Censura de

periódicos. cierres

proteccionismo

Supresión de los fueros vascos

LIBERALES Universal masculino

Libertad pública y

privada de cultos

Libertad de cátedra

Libertad de prensa

librecambismo

Derecho de

asociación. jurado

Semejanzas: Tanto el partido Conservador como el Liberal compartían un intenso sentimiento nacionalista (español), junto con lo esencial del liberalismo y el capitalismo de la época: sus objetivos comunes eran hacer compatibles la libertad política y el orden social, y sacar a España del atraso en que se encontraba.

ESPAÑA BAJO EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1874-1923) 1 · La Restauración, denominada así...

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