LE MONDE diplomatique Venezuela 1Caracas • marzo-abril de 2012

ENCARTE N° 9Sofía Argüello Pazmiño

M I S S I S S I P P ILa fractura de la Norteamérica profunda • P. 15-17

POLÍTICAS SOCIALES EN EL MERCOSURLa igualdad como prioridad política • P. 4-5

U N I Ó N E U R O P E AEconomistas a sueldo en la mira • P. 18-20

A ñ o I V. Nú m e r o 3 2 . C a r a c a s , m a r z o - a b r i l d e 2 0 1 2 • 2 0 B s F. E d i c i ó n v e n e z o l a n a

Frente a los acreedores: el atrevimiento argentino y la pusilanimidad griega

(continúa en la p. 7

Por Maurice LemoinePeriodista

La austeridad ¿es un mal inevitable?

Todo empieza a partir de una idea deslumbrante. Para poner fin a la inflación que devasta al país a su llegada al poder en 19891, el presidente peronista Carlos Me-

nem –acompañado por su super ministro de Economía Do-mingo Cavallo, formado en Harvard y ex funcionario de la dictadura (1976-1983)– fija la tasa de cambio de la moneda argentina de manera rígida: 1 peso=1 dólar. Este sistema es bautizado “convertibilidad”. Al principio, esta política alen-tada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene éxito: la inflación desaparece, el crecimiento económico se afirma.

El 1º de enero de 2001, Grecia cumple con los requisitos de Maastricht y se une a la zona euro. Un año más tarde, las monedas acuñadas de la nueva divisa reemplazan al dracma, la antigua mo-neda nacional.

Después de la crisis mexicana (1994-1995), la Argentina tiene dificultades para financiarse en los mercados: el alza de las tasas de interés –que alcanzan el 20%– pesa sobre su presu-puesto. Dado que varias crisis golpearon a las naciones emer-gentes (el sudeste asiático, Rusia, Brasil), el dólar, transformado en inversión refugio, ve crecer su valor. El matrimonio de amor del peso con el billete verde se vuelve en contra de la Argen-tina: al quitarle al Banco Central toda autonomía, el gobierno perdió el control de su política monetaria. Cuando varios ve-cinos importantes, como Brasil, devalúan su moneda, cuando el dólar sube en relación al euro, Argentina pierde toda com-petitividad en sus mercados, tanto próximos como lejanos. El año 1998 marca así el tránsito del crecimiento a la recesión.

La crisis griega no es inédita. Otros países, agobiados, al igual que Grecia hoy, por la carga de la deuda escogieron no obstante no pagar más, como la Argentina de las décadas 1990-2000. Este ejemplo emblemático ilustra también las lógicas que conducen a la catástrofe y los mecanismos que podrían permitir a Atenas aflojar el tornillo de los ajustes

La política venezolana se había acos-tumbrado al bipartidismo, antes de que Hugo Chávez apareciera en la

escena nacional. Esa polarización a favor de unos partidos políticos que eran par-te del mismo sistema (Acción Democrá-tica y Copei) se agudizaba en la medida que existía una elección y se diferencia-ban por el eslogan. Con la polarización electoral sobrevivieron los partidos tradicionales y es la forma que han en-contrado –y los que aparecieron luego de sus respectivas purgas internas– para intentar derrotar a Chávez.

Desde que éste lanzó su candida-tura presidencial y fue a elecciones en 1998, estos partidos dejaron a un lado a sus candidatos –Luis Alfaro (AD) e Irene Sáez (Copei)–, y se unieron con Henrique Salas Römer (Proyecto Vene-zuela). La historia de los resultados es conocida, también las que le siguieron. La oposición se ha atomizado para en-frentar a Chávez en cada elección, esta vez lo hacen con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a pesar de las se-veras discrepancias políticas que existe entre las diferentes organizaciones que la integran.

Después que la oposición quemó los cuadernos electorales, una vez concluida sus primarias para escoger el candidato presidencial de la derecha (también a sus alcaldes y gobernadores), comenzó su campaña electoral con el eslogan so-bre el “progreso”, por un lado, y con una estrategia que apunta a desprestigiar al ente comicial, por otro.

El candidato elegido por los electo-res opositores, Henrique Capriles Ra-donski, comenzó la carrera política en las filas del partido socialcristiano Copei, con quien logró la diputación por el es-tado Zulia en 1998. Se mantuvo en el Congreso mientras el país discutía la nueva Constitución. En 2000 cambia de partido y pasa a formar parte de Prime-ro Justicia (PJ), pero sin cambiar de acera ideológica, ya que ambas organizaciones con fines políticos, a principios del nuevo milenio, se disputaron la franquicia de lla-

Por Raúl Cazal

marse “Partido Popular”, lo que los iden-tificaría más con el homónimo partido de derechas español.

El cambio no fue un asunto ideoló-gico sino generacional. En PJ estaban los “muchachos”, las caras “nuevas”, mientras Copei se fosilizaba y desaparecía del es-cenario político –lo que comenzó con la separación de su fundador, Rafael Caldera, en 1994–, y dejó de ser una de las refe-rencias electorales que, junto con Acción Democrática, conformaban el bipartidis-mo político venezolano.

En 1999, Capriles estuvo en contra de la aprobación de la nueva Constitución porque supuestamente consolidaría una “dictadura constitucional” en la que habría “tres tipos de ciudadanos: los civiles, los militares y los indígenas”. Le “preocupa-ba” sobremanera estos últimos, porque la Carta Magna, según el candidato, le daba capacidad “a los indígenas para crear na-ciones aparte en sus territorios ocupa-dos”. En las elecciones del año 2000 llega a la alcaldía de Baruta y participa con su partido en el golpe de Estado de 2002. El 12 de abril de ese año se convierte en “justiciero”. Por la mañana se dedica a la caza de chavistas en su municipio y por la tarde pretende requisar la emba-jada de Cuba, mientras esta sede era agredida. En las elec-ciones de 2008 logró la gobernación del estado Miranda, y una de sus medidas fue el cese del apoyo estadal a las misiones so-ciales.

Según las en-cuestas naciona-les publicadas, el candidato Capriles no ha dado buenos di-videndos. Algunas dicen que esta candidatura se estancó alrededor del 30%, otras revelan que pier-de puntos en la medida en

que se acerca la fecha de la elección. Su discurso electoral no ha logrado pasar más allá de chistes y de pretender convencer a los electores chavistas de que mantendrá las misiones sociales con la creación de una Ley.

Mientras, el presidente Chávez ha lo-grado movilizar a la población para resolver el problema de la vivienda, por la situación creada por las lluvias que, desde finales de 2010, afectan considerablemente al país.

A diferencia del bipartidismo tradicio-nal, la polarización actual se debate entre dos proyectos políticos totalmente contra-puestos. El de la oposición, con el eslogan de “progreso”, no oculta su intención de recurrir al Fondo Monetario Internacional y, por ende, a sus recetas económicas que traerían como resultado la profundización de las desigualdades sociales; y el proyecto de los socialistas, que lidera Hugo Chávez, con la consigna de “soberanía e indepen-dencia”. El 7 de octubre el pueblo decidirá por un modelo económico y social. l

Eslogan o consigna

Ilustración: Ugo Ramallo

Caracas • marzo-abril de 2012LE MONDE diplomatique Venezuela 2

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2

Es bueno que en Argentina haya irrumpido una dis-cusión acerca de qué acti-

tud tomar en relación a las Islas Malvinas. Desde hace mucho este país estaba atrapado entre las secuelas paralizantes de la ig-nominiosa derrota sufrida hace casi treinta años -producto de la incompetencia, fanfarronería y demagogia de la dictadura ge-nocida- y la vía muerta de una estrategia diplomática que pese a su perseverancia no rindió frutos porque el mal llamado “orden mundial” es en realidad un cruento e injusto desorden en donde sólo por excepción deja de regir la ley del más fuer-te. Es de celebrar que en fechas recientes el gobierno nacional haya modificado algunos aspec-tos de esta estrategia buscando nuevos y valiosos aliados regio-nales para inclinar a su favor una correlación de fuerzas que en el uno a uno de la diploma-cia convencional entre el Reino Unido y Argentina, nos condu-cía inexorablemente a un nuevo ciclo de decepciones. Gracias a las torpes provocaciones de David Cameron la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que, en esta parte del mundo, su pertinaz colonialismo susci-taba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argenti-na y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateral-mente. Y es lógico que el tema se haya latinoamericanizado porque la controversia sobre la soberanía del archipiélago invo-lucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de Amé-rica Latina: (a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos: recursos re-novables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; (b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado, que deja “congelados” los re-clamos de soberanía sobre ese territorio, debería ser renovado en fechas próximas; y (c) el ac-

ceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Ca-nal de Panamá. Estas cuestio-nes, como es obvio, no pueden ser indiferentes para la región, y muy en especial para los paí-ses sudamericanos. La causa subyacente de las bravatas del anodino premier británico son los graves problemas económi-cos (hasta ahora disimulados) y sociales (indisimulables) que atribulan al Reino Unido. Baste recordar que hace menos de un año multitudinarias protestas populares culminaron con sa-queos e incendios en las prin-cipales ciudades británicas, las que impulsaron a Cameron a escalar el diferendo militarizan-do aún más al Atlántico Sur y violando los acuerdos regionales que velan por la desnucleariza-ción de esta parte del mundo, incluyendo en su juego a la figura del príncipe Guillermo con toda la carga simbólica que esto implica y yéndose de boca con afirmaciones tales como que la Argentina era un país co-lonialista, lo que en cuestión de minutos convirtió al émulo de Margaret Thatcher en el hazme-rreír universal toda vez que más de la mitad de los territorios aún sometidos al yugo colonial tienen como potencia domi-nante al Reino Unido, entre ellas nada menos que Gibraltar, en las puertas de Europa. Esto produjo la paradojal coinciden-cia de España con la Argentina en sus reclamos anticolonia-listas, ante las cuales Londres respondió con su acostumbrado desprecio por la legalidad inter-nacional.

Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitis-mos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscien-tos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrifi-cados en la guerra, los más de

mil que regresaron heridos y mutilados, los muchos que se suicidaron después y la afrenta que representa para el honor de este país los reclamos de los miles de conscriptos que aún no obtienen del estado nacional el resarcimiento que se merecen por sus servicios prestados en la guerra. Esta advertencia viene a cuento porque en los últimos días se ha desencadenado en-tre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobier-no una especie de torneo para ver quien adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la in-teligencia de los argentinos y la memoria de nuestros muertos al paso que llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los dispa-rates más significativos es el que dice, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que Las Malvinas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacio-nal” lo que le permitió al histo-riador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales y publicistas proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, re-nunciar alegremente y sin más miramientos al legítimo dere-cho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente per-dida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años1.

Quienes postulan la doc-trina de la “autodeterminación nacional” se olvidan que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisi-to inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violen-tamente del archipiélago y esta-bleció, en su lugar, una pequeña

En el momento en que Argentina

reactiva su derecho a la soberanía sobre

las islas Malvinas, y recibe como

respuesta por parte del primer ministro Cameron el título de “colonialista”, una

carta abierta publicada y firmada por un grupo

de intelectuales y publicistas sorprende

por su tono entreguista y su desconocimiento

del significado del término

“autodeterminación de los pueblos”,

al proponer un referéndum en unas

islas arrebatadas a Argentina y

reclamadas por ésta desde hace 179 años.

MalvinasPor Atilio A. Boron*

una errónea visión alternativa

*Sociólogo. Director del PLED

Caracas, marzo-abril de 2012

LE MONDE diplomatique Venezuela 3Caracas • marzo-abril de 2012

queña comunidad de argentinos amparados por la permanente presencia de un destacamento armado donde los reclamos de la corona británica hubiesen sido sistemáticamente desoídos y una medida desesperada para recupe-

rar la isla por las armas -tomada cuando en Inglaterra el fantasma de Cromwell y los sentimientos antimonárquicos preanunciaban una crisis política de enormes proporciones- hubiese permiti-do su transitoria reintegración al dominio británico, sólo para que, poco después, sus tropas sufrieran una aplastante derrota a manos de la potencia colo-nizadora sudamericana. Luego de ello Londres proseguiría con sus infructuosos reclamos mien-tras una arrogante Buenos Aires ratificaba su absoluto rechazo a cualquier inicio de conversacio-nes sobre el tema so pretexto de que nada podía hacerse contra la voluntad de los isleños, descen-dientes de quienes ocuparon por la fuerza esa isla dos siglos atrás. Seguramente que, en este caso, los actuales cosmopolitas dis-puestos a ceder definitivamente las Malvinas a los ingleses se hubieran rasgado las vestiduras ante esta sucesión de atropellos al derecho de gentes, el desprecio

1 Luis Alberto Romero, “¿Son realmente nuestras Las Malvi-nas?”, La Nación, 14 de Febrero de 2012; el documento de los 17 intelectuales y publicistas lleva por título: “Malvinas: una visión alternativa”, y se publicó íntegramente en la edición del 23 de Febrero de 2012.2 Ver al respecto el esclarecedor análisis de Marcelo G. Kohen sobre todos los obstáculos inter-puestos por el Reino Unido para evitar el inicio de negociaciones diplomáticas sobre el futuros de las islas: “¿Quién ‘bloquea’ en la cuestión Malvinas”, en Pági-na/12, 12 de enero de 2012.

por la negociación diplomática y el desacato a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero ya no como un experimento mental sino como una palpable realidad esto es lo que Londres ha venido haciendo desde 1833, y es por ello que rehúsa a sentarse en una mesa de negociaciones, honrar las reiteradas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Re-solución 2065 de la Asamblea General que insta a las partes a buscar una solución pacífica al diferendo, cosa a la cual el Reino Unido se ha negado sistemáti-camente. Y lo hace porque el Foreign Office es consciente de que toda la legislación interna-cional le juega en contra; que su acto de piratesca apropiación de unas islas que no eran suyas es insanablemente ilegal e ilegítimo –y lo mismo vale para el Peñón de Gibraltar- y ni siquiera mil años de ocupación podrán redi-mir a los invasores británicos de ese pecado de origen. Tal como

lo recordara Fidel Castro pocos días atrás, una vez iniciada la negociación diplomática los in-gleses no tendrán más remedio que irse porque sólo les asiste el hecho desnudo de la conquista y la fuerza2. Pero los críticos se olvidan de todos estos molestos detalles y adoptan, en algunos casos de modo sorprendente dada sus trayectorias político-in-telectuales, el punto de vista del colonizador. La culpa, por su-puesto, es de los colonizados, de las víctimas; la razón, en cambio, siempre está del lado de los colo-nizadores. La historia argentina y latinoamericana está repleta de casos como estos en los cuales la “colonialidad” de las elites cultu-rales las convierte en voceros de las potencias coloniales.

Claro que para esto es pre-ciso olvidar muchas cosas: (a) que el recalentamiento del tema Malvinas fue responsabilidad de Londres y no de Buenos Aires; (b) que hasta ahora el gobierno argentino ha dado muestras de una saludable prudencia, al no caer en las burdas provocacio-nes de Cameron y responder a su bravuconada reforzando la presencia militar en el Atlántico Sur; (c) y que el núcleo central de su argumentación, la “auto-determinación” de los isleños se desploma ante el peso de un componente central de la misma tradición jurídica anglo-sajona que los críticos se supone tienen en alta estima y que dice que might does not make right, o sea, la fuerza no crea derechos.

En consecuencia, en el caso de las Malvinas, como en cual-quier otro en donde un Estado arrebata el territorio de otro país por la vía de la conquista, la doctrina que se aplica no puede ser la de la “autodeter-minación nacional”, por las razones arriba expuestas, sino la de la “integridad territorial” que establece que ningún esta-do tiene derecho a apropiarse de un territorio que pertenece

o se halla bajo la jurisdicción de otro. Según esta doctrina la “consulta a los deseos de los isleños” es irrelevante a la hora de resolver la cuestión de la soberanía, aunque va de suyo que si las Malvinas llegaran a retornar algún día a la Argenti-na (en un futuro que sin dudas está muy lejano, aun cuando Londres decida dejar de violar la legalidad internacional y obe-dezca el mandato de la ONU) el modo de vida de los isleños, su lengua y sus tradiciones de-berían ser incondicionalmente respetadas y la Argentina debe-ría aceptar, como lo han hecho Bolivia y Ecuador, el desafío de construir una comunidad polí-tica binacional, bilinguística y multicultural. Pero esto nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía: quienes apelan a la “autodeterminación” de los isleños cometen un grave error jurídico y político, al paso que sus confusas elucubraciones desnudan los peligros que el re-chazo visceral a una gobernante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, puede tener sobre mentes que, bajo otras circuns-tancias, dieron en algunos casos muestras de notable lucidez y clarividencia. l

Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensi-vos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacri-ficados en la guerra

colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las tres mil al-mas. Esa viciosa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legi-timar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas.

La inconsistencia del argu-mento es más que evidente y no se necesita ser un eminente jurisconsulto para comprobarlo.

Propongo el siguiente expe-rimento mental: imaginemos lo que habría ocurrido si la Ar-gentina hubiera sido una gran potencia y a comienzos del siglo diecinueve hubiese ocupado militarmente una dependencia británica, próxima a sus cos-tas, como por ejemplo la Isla de Man, expulsando al puñado de ingleses que la habitaban y hubiese instalado allí una pe-

Caracas • marzo-abril de 2012LE MONDE diplomatique Venezuela 4

Políticas Sociales en el MERCOSUR

Por Christian Adel Mirza*

LA IGUALDAD

*Magister en Ciencia Política con especialización en Gobierno y Políticas Públicas. Profesor e Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) e investigador Senior para CLACSO. Actualmente es el Director Ejecutivo de Instituto Social del Mercosur

La primera década del siglo XXI ha marcado sin duda el inicio de un proceso significativo de cambios en las orientaciones en el campo de las políticas públicas sociales en la Región (MERCOSUR). Más específicamente estas transformaciones se han plasmado en la esfera de la acción social del Estado con relación directa a los problemas sociales. Dicho de otro modo, la cuestión social ha sido resignificada tanto téorica como empíricamente, por los actores principales que hoy asumen la conducción de la gestión pública en los cuatro Estados Parte del MERCOSUR

Si observamos las caracte-rísticas de las políticas di-reccionadas a la inclusión

e integración social habremos de verificar un cambio de enfo-que estratégico y normativo, su traducción en los diseños y for-mulación de planes, programas sociales y proyectos sociales, así como en los resultados que a la vista se comprueban como exi-tosos. Todo parece indicar que nos hallamos en una etapa de transición signada por la revi-sión de los sistemas y modelos de protección social con una in-tención implícita de reconstruir una matriz de bienestar capaz de resolver los nudos críticos que presenta nuestra realidad socie-tal. No obstante ello, la deuda fundamental con la equidad y la igualdad social es asunto que preocupa a los gobernantes de la Región, sobre todo si to-mamos en cuenta que América Latina continúa siendo el conti-nente más desigual del mundo.Repasemos sucintamente los ras-gos que caracterizan esta etapa de transición en el último decenio:

Estabilidad macroeconómicaEn tiempos de globalización y de fuerte interrelación en el planeta, los Estados naciona-les aún cuentan con márgenes importantes de autonomía en el manejo de las principales variables macroeconómicas. Tal y como lo señala la CEPAL, la crisis mundial desatada en el año 2008 fue absorbida por las economías nacionales latinoa-mericanas en virtud de haber aplicado políticas contracícli-cas, lo que “permitió” moderar la profundidad y la duración de su impacto (CEPAL, 2010) “De hecho, varias de las me-didas de política de mercado de trabajo adoptados fueron el vehículo para que el mayor gasto fiscal llegara en la mayor medida posible a las personas, reflejando un preocupación por la igualdad” (CEPAL, 2010). El año 2011 – señalaba el Informe de referencia -, se inició con un dinamismo económico singular, revirtiendo y dejando atrás los efectos de la crisis, el crecimien-to del PBI regional proyectado supera el 4.1 y en algunos de los casos, por encima del 6%, al mismo tiempo que descienden las tasas de desempleo abierto ubicándose en el entorno del 7%. Mientras los países más industrializados atraviesan por una de las peores crisis financie-ras (obsérvese las medidas adop-tadas en Europa que implicaron reducción del gasto público, disciplina fiscal, congelamiento de salarios, etc. y los impactos generados por la especulación en Estados Unidos), la Región sigue creciendo y las economías sortean los coletazos sin mayo-res contratiempos.

El regreso del Estado protectorA contrasentido de las doctrinas o tesis del Estado minimalista y la desregulación funcional al patrón de acumulación y a los intereses del capital, particu-larmente el capital financiero y trasnacional, el último decenio manifiesta el retorno del Estado, sobre todo en el campo de las políticas sociales. El regreso del Estado toma la forma de planes, programas sociales y proyectos sociales, de una acción pública masiva, sostenida en el tiempo y con una importante movili-zación y aplicación de recursos presupuestales. La mayor inter-vención estatal deja entrever una cierta intencionalidad de “do-mesticar el mercado”, es decir, operar en el mismo con acciones volitivas, en algunas esferas muy decisivas para la recuperación de los salarios. Véase el ejemplo de la negociación colectiva intro-ducida en Uruguay mediante el funcionamiento de los Consejos de Salarios Tripartitos que supo-nen una injerencia mucho ma-yor que en las décadas anteriores fundamentada en la necesidad de inclinar la balanza a favor del trabajo en una relación que es asimétrica y desigual entre Capi-tal y Trabajo.

Los ciudadanos son sujetos de derechosColocar el centro de atención en los derechos supone abandonar la idea que los ciudadanos son objetos de la compasión y de la asistencia pública. Deben ser te-nidos como sujetos de derechos y el Estado garantizar su pleno ejercicio; esto es precisamente

lo que sustenta hoy día la base conceptual de las políticas so-ciales en el MERCOSUR. La integralidad de las políticas pú-blicas desde un enfoque sistémi-co ha sido el intento puesto en práctica en los últimos años. Sin embargo, los propios constreñi-mientos del modelo productivo limitan todavía -y pese a los esfuerzos desplegados- aquella aspiración de integralidad de las intervenciones públicas para ob-tener resultados en términos de mayor equidad. Persisten rasgos de un modelo liberal-residualista que conviven o coexisten con la aplicación de planes sociales que pretenden apuntar a las causas que producen y reproducen la pobreza y no solo a mitigar los efectos “perversos” de las polí-ticas económicas. La tendencia indica un itinerario probable en la remoción de aquellos resabios en la arquitectura de protección social.

Tensión entre universalidad y focalizaciónEs lo que aparece con fuerza en el escenario de las políticas so-ciales. De un lado se proclama el acceso universal a la educación, la salud, la vivienda (y por cier-to que se toman medidas en ese sentido), de otro lado, persiste el criterio de focalización o de discriminación positiva para el acceso a prestaciones sociales no contributivas. An así, a modo de ejemplo, las modificaciones del régimen de asignaciones fa-miliares en Argentina y la nueva estrategia de Brasil sin Miseria demuestran una intención de recorrer un camino hacia aque-lla universalización desanclada

de la comprobación de medios -o al menos de moderar el cri-terio- ampliando notablemente la cobertura de colectivos socia-les. Introduciendo asimismo el concepto de focalización subsi-diaria, esto es, una focalización complementaria que contribuye al ejercicio efectivo de los dere-chos por parte de sectores vul-nerables que se encuentran en situación de desventaja econó-mica y social.

Transferencias Monetarias DirectasLa implementación de Progra-mas de Transferencias Con-dicionadas de Renta es una impronta generalizada en toda la Región. Precisamente con la llegada al poder político de los partidos y coaliciones progresis-tas, la transferencia monetaria directa se erige como un pilar sustantivo de las estrategias de combate a la pobreza y la indi-gencia. Vale remarcar que los impactos en aquella dirección han sido altamente positivos, dado que la indigencia o extre-ma pobreza ha bajado de mane-ra sensible y en menor medida bajaron los índices de pobreza. Debe subrayarse a modo de ejemplo, al más reciente de los programas de esta naturaleza, el Tekoporá en Paraguay el cual avanzó sustancialmente en tér-minos de cobertura fuertemen-te sustentado en la cooperación con las organizaciones sociales territoriales. Las condiciona-lidades –muy discutidas por otra parte– han evidenciado un incremento de la matrícula escolar y de la concurrencia a los diversos efectores de salud.

Y en cuanto al impacto en la disminución de la brecha so-cial o, dicho de otro modo, en la reducción de la desigualdad, los resultados no han sido ple-namente satisfactorios, pese al descenso del coeficiente de Gini (como uno de los indicadores de medición), sobre todo en consideración a los altísimos niveles de desigualdad que arrastra la Región desde varias décadas atrás.

Incremento del Gasto Público SocialAun cuando se entiende que el Gasto Público Social debería considerarse propiamente como inversión social, por lo general se registra en los presupuestos (técnicamente) como gasto aplicado por el Estado a cubrir las necesidades de la población, ofreciendo los bienes, servicios y prestaciones que lo hagan po-sible. Así es como observamos que en América Latina el por-centaje destinado al gasto social se ubicaba en el 12.21% del PBI en 1990-91, para el año 2007-2008 aquel trepaba al 18% y superaba levemente el 20% en el MERCOSUR (CEPAL, 2010). Esto se explica en buena medida por el incremento en el sector salud y en educación y por el aumento relativo de la seguridad social. Aún cuando el GPS mantiene globalmente un carácter procíclico, la mayoría de las naciones desarrollan una política de expansión del gasto en coyunturas de contracción económica mediante transfe-rencias, subsidios y estímulos al empleo. Según el Panorama Social de la CEPAL la pobreza

como prioridad política

Todo parece indicar que nos hallamos en una etapa de transición signada por la revisión de los sistemas y modelos de protección social con una intención implícita de reconstruir una matriz de bienestar capaz de resolver los nudos críticos que presenta nuestra realidad societal. No obstante ello, la deuda fundamental con la equidad y la igualdad social es asunto que preocupa a los gobernantes de la Región, sobre todo si tomamos en cuenta que América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo.

LE MONDE diplomatique Venezuela 5Caracas • marzo-abril de 2012

1 Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social”, Buenos Aires, 14/ 07/ 2006.2 Se refiere a la VII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú en 2004; la Declaración de Asunción y la Declaración de Montevideo en 2005; y la Declaración de Bue-nos Aires en 2006.

se incrementó levemente du-rante el 2008 y 2009 a conse-cuencia de la crisis pero hubo nuevamente una recuperación de la tendencia de descenso sos-tenido. Según el mencionado Informe (CEPAL, 2010), para Argentina, Chile, Perú y Uru-guay la pobreza disminuyó por el efecto crecimiento; mientras que para Brasil, Ecuador, Pana-má y Paraguay por efecto distri-bución.

Convergencia de estrategias: la cuestión social en la agenda política Hay evidencia por lo antedicho, que el MERCOSUR camina a paso seguro por la senda de las transformaciones necesarias en la superación de la pobreza y la indigencia, para lo cual debe su-brayarse las recientes decisiones que ha tomado el bloque rela-

ocupado la atención y genera-do acuerdos en las reuniones de Ministros y Autoridades del MERCOSUR Social hasta ese momento2. Los fundamentos conceptuales se refieren a la: centralidad de la Dimensión Social en la integración que pretenda promover un desarro-llo humano y social integral; indisociabilidad de lo social y económico en la formulación, diseño, implementación y eva-luación de las políticas sociales regionales; reafirmación del núcleo familiar como eje de intervención privilegiado de las políticas sociales en la región; centralidad del rol del Estado; protección y promoción so-cial desde una perspectiva de derechos, superando la visión meramente compensatoria de lo social; participación de una sociedad civil fortalecida or-

ganizacionalmente. Asimismo en la Cumbre de Presidentes en Asunción de fines de junio 2011, el Consejo Mercado Común (máxima instancia de-cisoria) aprobó -a propuesta de la Reunión de Ministros y Au-toridades de Desarrollo Social (RMADS) y la Comisión de Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales (CCMASM)- el Plan Estratégico de Acción So-cial (PEAS) que articula nueve ejes fundamentales y 26 direc-trices estratégicas para la Re-gión, que se desarrollarán a par-tir del año 2012 bajo el formato de proyectos sociales regionales. Finalmente en la instancia rea-lizada en Montevideo (6 y 7 de diciembre 2011) y días antes de la Cumbre de Presidentes, la Reunión de Ministros y Au-toridades de Desarrollo Social (RMADS) resolvió definir en su próximo Plan Bienal los ejes prioritarios; a) la profundiza-ción de la institucionalidad de la Dimensión Social del MER-COSUR en particular su apoyo al Instituto Social del MERCO-SUR, b) la elaboración y eje-cución de proyectos regionales en el marco del PEAS, c) desa-rrollar la estrategia de identifi-cación, intercambio y difusión de mejores prácticas en el área social y d) fortalecimiento de la integración con otras instancias del MERCOSUR sobre todo las designadas por la CCMASM.

En síntesis, la cuestión so-cial ocupa un espacio jerarqui-zado en las agendas públicas de los gobernantes en el Bloque MERCOSUR y de la sociedad en su conjunto: ello significa recuperar la centralidad del trabajo como mecanismo de integración, observar las nuevas manifestaciones de la exclusión social y de la pobreza, identifi-car y resaltar las formas históri-cas de discriminación hacia de-terminados colectivos sociales, advertir los reclamos por una ciudadanía plena, las urgencias

tivas a la Dimensión Social del proceso de integración regional. En ese sentido se señalaba en la Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social” del 14 de julio de 2006: la nece-sidad de “Asumir la dimensión social de la integración basada en un desarrollo económico de distribución equitativa, ten-diente a garantizar el desarrollo humano integral, que reconoce al individuo como ciudada-no sujeto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. De esta forma, la Dimensión Social de la integra-ción regional se configura como un espacio inclusivo que forta-lece los derechos ciudadanos y la democracia”1.

La Declaración de Princi-pios del MERCOSUR Social sintetiza los temas que habían

en materia de reparto de la ri-queza y en suma, reconocer que la democracia se consolida y solo se asegura en la medi-da que las personas y familias sientan que en aquella residen las respuestas a sus demandas y necesidades. Ya no basta con obtener un crecimiento econó-mico sostenido, más aún, para que sigan creciendo las econo-mías y hablemos de desarrollo es absolutamente imprescindi-ble la satisfacción de determina-das condiciones sociales que lo hagan viable a largo plazo y se redistribuya la riqueza de modo equitativo. Y si dichos asuntos ocupan un lugar privilegiado en las agendas gubernamentales, ello es fruto de una decisión po-lítica pero también de la acción social colectiva que reclama cada vez más participación.

El MERCOSUR tiene pues un enorme desafío por delante -que de alguna manera ha sido asumido-: seguir reduciendo la pobreza y eliminar la indigen-cia, pero avanzar sustancial-mente en dirección a disminuir la brecha social aún existente. Si la calidad de vida y el bienestar de la población es la prioridad inequívoca de los cuatro go-biernos del Bloque, es la hora de profundizar las estrategias mancomunadas a nivel regional para revertir el proceso histórico de concentración de la riqueza y acrecentar los mecanismos de su redistribución equitativa.

Mientras los países más industrializados atraviesan por una de las peores crisis financieras (obsérvese las medidas adoptadas en Europa que implicaron reducción del gasto público, disciplina fiscal, congelamiento de salarios, etc. y los impactos generados por la especulación en Estados Unidos), la Región sigue creciendo y las economías sortean los coletazos sin mayores contratiempos.