57Julio de 2011Encuesta envud

De todos los desafíos que actualmente enfrenta la vida pública del país, uno de los más relevantes se refiere a las oportu-nidades que la sociedad mexicana tiene para acceder al desarrollo humano. De acuerdo con los últimos resultados (2011) del Índice de Desarrollo Humano (idh), en México cerca de 40% de la población se mantiene en situación vulnerable, en tanto que las condiciones de desigualdad se acentúan sobre todo en materia de la brecha de ingresos. En estas condiciones, los instrumentos de política pública de-ben orientarse y coordinarse para lograr efectos positivos en la dismi-nución de la desigualdad, la promoción de la equidad y la erradicación de la pobreza.

Esta cuarta entrega de la Encuesta Nacional de Valores sobre lo que Nos Une y Divide a los Mexicanos (envud) ex-plora uno de los temas que dividen profundamente a los mexicanos: la desigualdad. En la primera parte de este artículo, revisamos la actitud de los mexicanos hacia la des-igualdad, su profundo arraigo sociocultural y sus efectos so-bre la equidad. Asimismo, se intenta entender el tema de la desigualdad desde una pers-pectiva regional para detectar diferencias importantes entre entidades federativas. En la segunda parte, tomando como

premisa la convicción de los encuestados de que es obligación del gobierno mexi-cano igualar las condiciones socioeco-nómicas de los habitantes, analizamos el impacto real del gasto público como instrumento para promover la equidad, disminuir a desigualdad y erradicar la pobreza.

México desigual

Las transformaciones sociales y económi-cas que vivió el país en el último siglo lle-varon a que México pasara de ser un país

predominantemente rural a uno urbano, con una esperanza de vida mayor que en el pasado. Se redujo la tasa de mortalidad infantil sustancialmente y disminuyeron los rezagos educativos. Estos cambios se vinculan directamente con las estrategias que, a partir del gasto público, se imple-mentaron en áreas como la educación, la salud y la seguridad social. En este sentido, se reconoce en el gasto público uno de los instrumentos más poderosos de la acción pública para generar condiciones de bienestar en la ciudadanía. Sin embar-go, también hay una percepción de que

el uso de los recursos públicos no está generando los efectos redistributivos esperados para la población más vulnerable de la sociedad mexicana.

En el comparativo inter-nacional, México se ubica en una posición de ingreso medio, con un sector importante de la población considerada como de clase media. No obstante, según la envud hoy 6 de cada 10 mexicanos están convenci-dos de que México es un país donde la escasez es la regla y el bienestar la excepción. 54% de la población considera que la principal causa de la pobreza en el país es la falta de oportu-nidades. La certeza expresada por los encuestados de vivir en un país de escasez econó-mica y falta de oportunidades

e r é n d i r a a v e n d a ñ o y m a r i a n a g a r c í a son investigadoras de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

La desigualdad: lo que divide a los mexicanosEréndira Avendaño y Mariana García

El problema de la desigualdad se debe a la ca-rencia de recursos suficientes pero también a las notables fallas y vicios en su distribución. No importa cuánto dinero entre a las arcas públicas. Mientras no se canalice justa y óptimamente, siempre resultará exiguo. A ello se refiere esta nueva entrega de los resultados de la envud.1

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58 EstePaís 243 Encuesta envud

convierte a la igualdad en el principal anhelo de los mexicanos. Esta actitud evidencia muy claramente el sesgo de los mexicanos hacia valores materialistas. Ya se hablaba en otras entregas de la envud de este indicador desarrollado por el politólogo Ronald Inglehart, donde los valores materialistas (guiados por el sen-tido de supervivencia física y fisiológica) se contraponen a los valores postmaterialistas (guiados por un sentido de libertad de decisión y calidad de vida).

La mexicana es, sin lugar a dudas, una sociedad profundamente materialista donde la gente privilegia valores relacionados con la suficiencia económica y el cumplimiento de satisfactores mínimos para la supervivencia, por encima de los valores necesarios para acceder a un país más democrático y desarrollado en términos sociales (ver Gráfica 1).

Distribución del ingreso y percepción de la pobreza

Es claro entonces que el grueso de los mexicanos percibe la escasez y la falta de oportunidades como problemas que limitan el desarrollo de las potencialidades de las personas que habitan el país. No obstante, un ejercicio interesante sería comprobar la validez de esta convicción a nivel estatal. Es decir, ¿existen diferencias importantes a nivel local respecto a la convicción de la desigualdad que nos aqueja? Al analizar la percepción de justicia en la distribución del ingreso expre-sada por los encuestados en la envud, nos encontramos con

resultados que contradicen el sentido común, pues en estados con grandes carencias sociales y económicas, más de la mitad de la población encuestada no percibe injusticia en la forma como se distribuye el ingreso, resultados contraintuitivos si se contrastan con medidas objetivas relacionadas con la desigualdad económica del ingreso.

cuadro 1 Percepción de la justicia en la distribución del ingreso a nivel estatal vs. Coeficiente de Gini

Estado Distribución del ingreso en su estado Coeficientede Gini 2008Muy injusta Muy justa

Total nacional 43.8% 56.2% 0.506

Chiapas 43.9% 56.1% 0.557

Guerrero 42.8% 57.2% 0.539

Chihuahua 28.7% 71.3% 0.531

Tabasco 49.9% 50.1% 0.526

Campeche 39.9% 60.1% 0.523

Distrito Federal 59.1% 40.9% 0.511

Zacatecas 43.0% 57.0% 0.51

Aguascalientes 51.6% 48.4% 0.509

Oaxaca 43.4% 56.6% 0.508

Querétaro 36.5% 63.5% 0.504

San Luis Potosí 43.6% 56.4% 0.503

Quintana Roo 59.9% 40.1% 0.502

Durango 26.3% 73.7% 0.495

Veracruz 18.9% 81.1% 0.495

Hidalgo 47.9% 52.1% 0.491

Nuevo León 30.2% 69.8% 0.49

Baja California Sur 11.4% 88.6% 0.488

Yucatán 39.4% 60.6% 0.487

Sinaloa 35.8% 64.2% 0.485

Tamaulipas 37.1% 62.9% 0.483

Michoacán 43.5% 56.5% 0.482

Morelos 48.2% 51.8% 0.478

Nayarit 55.5% 44.5% 0.478

Puebla 39.9% 60.1% 0.476

Coahuila 40.7% 59.3% 0.472

Sonora 18.7% 81.3% 0.471

Jalisco 48.4% 51.6% 0.465

Baja California 34.6% 65.4% 0.451

Colima 11.4% 88.6% 0.45

Guanajuato 43.1% 56.9% 0.443

Estado de México 63.0% 37.0% 0.426

Tlaxcala 49.2% 50.8% 0.425

Fuente: ENVUD y CONEVAL.

* Cuadro ordenado a partir del valor del Coeficiente de Gini donde 0=Menor concentración del ingreso, 1=Mayor concentración del ingreso.

Gráfica 1 ¿Cuál es el valor más importante para los mexicanos? Porcentajes

Fuente: ENVUD.

Igualdad Justicia Solidaridad Libertad Otro Ns/NC

2725 24

22

12

Gráfica 2 ¿Cuál es la principal causa de la pobreza? Porcentajes

Fuente: ENVUD.

Falta de oportunidades

Injusticia

La gente es floja

Mala suerte

Es la voluntad de Dios

Otra

54.0%

18.8%

17.8%

4.7%

2.2

2.2%

Una posible lectura de estos resulta-dos es que en estados con alta densidad poblacional y habitantes predominan-temente urbanos, la distribución del ingreso es percibida con mayor clari-dad, mientras que en estados con altos índices de analfabetismo, con población dispersa, predominantemente rural y, por ende, con menos información, existe menor conciencia sobre la realidad que se experimenta cotidianamente; por ello, sus habitantes perciben condiciones más igualitarias, aunque esto no coincida necesariamente con la distribución real del ingreso a nivel local.

Ahora bien, en condiciones donde el factor cultural predispone a ciertos va-lores y actitudes, una percepción des-viada de la realidad puede jugar un rol limitante o un rol potenciador. Esto es, si uno percibe condiciones extremada-mente desiguales en la distribución del ingreso, es altamente probable que esto predisponga a los ciudadanos a sentirse menos capaces de superar las carencias económicas e igualar las condiciones de vida de aquellos que viven mejor. Mientras que los ciudadanos convencidos de que

la distribución del ingreso no es tan des-igual entre los habitantes de su estado, pueden verse impulsados a trabajar con mayor esfuerzo y dedicación por cerrar esa brecha de ingreso, que de entrada no se ve tan limitativa. Sin embargo, no quedan claras las implicaciones sobre el desarrollo y la generación de riqueza en un país con una dinámica regional de creencias populares que no empatan con la realidad económica y social.

Si algo es claro en esta aproximación so-ciocultural a los valores de los mexicanos, es que México es percibido por la vasta mayoría de sus habitantes como un país de escasez con una distribución inequita-tiva del ingreso que hace de la igualdad el principal anhelo de los mexicanos. Pero, en opinión de la gente, ¿cuál es la principal causa de la pobreza en el país? La falta de oportunidades es la mención de más de la mitad de los mexicanos, es decir, si algo nos ha impedido superar la pobreza en México es la ausencia de condiciones materiales y socio-económicas para su-perar la escasez (ver Gráfica 2).

La mayoría de los mexicanos está con-vencida de que México es un país que no

59Julio de 2011Encuesta envud

En el Cuadro 1 se contrasta el Coefi-ciente de Gini estatal con la percepción subjetiva de los encuestados sobre la justicia en la distribución del ingreso en sus estados. El coeficiente de Gini mide la concentración del ingreso: mientras más se acerca a 0 más equitativa es la distribución del ingreso entre habitan-tes, y mientras más se acerca a 1 existe una mayor brecha en la distribución del ingreso, es decir, el ingreso se concentra en un menor número de personas. Al comparar percepciones contra medi-ciones se evidencia con claridad la di-ferencia entre apreciaciones subjetivas y la realidad de las estadísticas: en esta-dos como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que tienen coeficientes de Gini elevados que apuntan a una enorme desigualdad económica, más de la mitad de la pobla-ción percibe justicia en la distribución del ingreso. Por otro lado, en entidades como el Distrito Federal y el Estado de México, más de la mitad de la población percibe injusticia en la distribución de la riqueza, mientras sus coeficientes de Gini reflejan en efecto una importante concentración del ingreso.

cuadro 2 ¿Qué tanta pobreza hay en su estado?

Estado

¿Qué tanta pobreza hay en su estado?

Estado

¿Qué tanta pobreza hay en su estado?

No hay nada

Hay mucha

No hay nada

Hay mucha

Total Nacional 15.0% 85.0% Total Nacional 15.0% 85.0%

Baja California Sur 6.5% 93.5% Querétaro 13.4% 86.6%

Sinaloa 7.4% 92.6% San Luis Potosí 15.3% 84.7%

Veracruz 8.4% 91.6% Aguascalientes 16.7% 83.3%

Puebla 10.6% 89.4% Quintana Roo 16.7% 83.3%

Baja California 11.0% 89.0% Morelos 17.1% 82.9%

Tamaulipas 11.5% 88.5% Michoacán 17.5% 82.5%

Guerrero 11.6% 88.4% Nuevo León 17.7% 82.3%

Guanajuato 11.6% 88.4% Zacatecas 18.1% 81.9%

Nayarit 11.7% 88.3% Tabasco 18.4% 81.6%

Sonora 11.8% 88.2% Estado de México 20.1% 79.9%

Yucatán 11.8% 88.2% Chiapas 20.7% 79.3%

Colima 12.0% 88.0% Coahuila 21.5% 78.5%

Distrito Federal 12.0% 88.0% Oaxaca 22.0% 78.0%

Chihuahua 12.4% 87.6% Hidalgo 23.5% 76.5%

Durango 13.0% 87.0% Campeche 24.0% 76.0%

Jalisco 13.0% 87.0% Tlaxcala 24.2% 75.8%

Fuente: ENVUD.

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Gráfica 3 Percepción del nivel de desarrollo de los servicios públicos. Porcentajes

Fuente: ENVUD.Nota: La encuesta considera una escala de desarrollo de los servicios públicos de 1 a 10, donde 1 corresponde a servicios “No desarrollados” y 10 a “Totalmente desarrollados”. Para este documento se agrupó la escala en dos categorías, en las cuales “Servicios no desarrollado o con oportunidad de mejora corresponde” a los valores del 1 a 7 y “Servicios desarrollados” corresponde a los valores de 8 a 10.

SaludEducación Servicios públicos

59.7

40.3

58.2

41.8

75.7

23.2

No desarrollado o con oportunidad de mejora

Se ha desarrollado completamente

60 EstePaís 243 Encuesta envud

ofrece oportunidades básicas para que sus habitantes supe-ren las condiciones lacerantes de pobreza y desigualdad eco-nómica. Estas oportunidades se refieren, principalmente, al acceso a bienes y servicios públicos de calidad —educa-ción, salud, seguridad social, condiciones para una vivienda digna, infraestructura básica en la comunidad— y se rela-cionan íntimamente con la percepción de desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, los ciudadanos sumidos en la pobreza sufren la doble condición de percibir ingresos insuficientes para superar esta condición y se ven expuestos, al mismo tiempo, a deficien-cias en el acceso a bienes y ser-vicios públicos de calidad. Este mecanismo que juega en dos direcciones es doblemente limitante para muchos mexicanos con aspiraciones legítimas a un mayor bienestar económico y social.

¿Qué tan extendida está la pobreza a nivel local, según sus habitantes, y cómo contrasta esto con su percepción subjetiva de la equidad en la distribución del ingre-

so? En promedio, 85% de los mexicanos opina que existe mucha pobreza en sus estados de residencia. En el caso de Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz, este porcentaje se eleva a más de 90%. Por su parte, 56.4% de los mexicanos consi-dera que debería haber mayor igualdad en la distribución del ingreso, y 57.4%

de los encuestados reconoce al gobierno como el principal responsable de asegurar con-diciones de equidad y mejora en la distribución del ingreso, en comparación con el 42.6% de la población que opina que los individuos deberían tener mayor responsabilidad para sostenerse a sí mismos (ver Cuadro 2).

Efectividad del gasto público

La visión de un Estado pater-nalista que tiene la obligación de proveer a los ciudadanos de las condiciones necesarias para salir adelante resulta per-niciosa pues los individuos no se asumen como ciudadanos con capacidad para asegurarse el sustento por sí mismos, sino

más bien como “derechohabientes”, es decir, sujetos de derechos y prebendas que el gobierno está obligado a proveer-les. Esta condición ha sido descrita por múltiples analistas como “ciudadanía de segundo nivel”, es decir, ciudadanos sujetos a derechos por parte del Estado, pero sin obligaciones. Esta ausencia de

cuadro 3 Percepción de la calidad de los servicios de educación y salud por clase social. Porcentajes

Clase social

Calidad de los servicios educativos

(%)

Calidad de los serviciosde salud

(%)

Mala Buena Mala Buena

Clase alta 0.6 0.7 0.5 0.7

Clase media alta 6.7 7.0 6.3 7.4

Clase media baja 20.4 18.7 19.7 19.3

Clase obrera 11.1 8.8 10.9 9.0

Clase baja 13.3 12.6 13.5 12.7

Fuente: ENVUD.

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Gráfica 4 Percepción sobre la calidad de los servicios de educación y salud en México. Porcentajes

Fuente: ENVUD.Nota: La encuesta considera una escala de calidad de los servicios de educación y salud de 1 a 10, donde 1 corresponde a “Muy mala calidad” y 10 a “Muy buena calidad”. Para este documento se agrupó la escala en dos categorías, en las cuales los servicios de educación y salud de “Muy mala calidad o con oportunidad de mejora” corresponden a los valores del 1 a 7 y los servicios de “Muy buena o buena calidad” a los valores de 8 a 10.

Muy mala calidad o con oportunidad

de mejora

Calidad de los servicios de salud

Muy buena obuena calidad

Muy mala calidad o con oportunidad

de mejora

Calidad de la educación básica

Muy buena obuena calidad

53.047.0 45.5

54.5

61Julio de 2011Encuesta envud

reciprocidad es una limitante al desarrollo pues no se asumen compromisos de corresponsabilidad ni de participación social o ciudadana en las tareas de construcción continua entre sociedad y gobierno de mejores condiciones de vida.

Si bien el Estado tiene la función de garantizar el acceso de la población a una gama determinada de bienes y servicios básicos, también debe ser el promotor de valores y fines que garanticen la cohesión social y fortalezcan la identidad nacional, como la libertad, la seguridad (material y jurídica), la igualdad, el trabajo y la justa distribución del ingreso.

En este sentido, mediante el gasto público se ha buscado re-solver las condiciones que se considera que limitan el desarrollo humano. En los últimos 80 años, el gasto social como porcentaje del pib creció casi 10 veces: pasó de 1 en 1930 a 12 en 2005. Por otro lado, el gasto social como porcentaje del gasto público programable en ese mismo periodo fue casi seis veces mayor: pasó de aproximadamente 10 en 1925 a casi 60 en 2005. Este esfuerzo contrasta ampliamente con la percepción que se tiene de sus resultados.

Ante una percepción poco favorable de las condiciones del país para generar desarrollo humano, resulta fundamental analizar la percepción de los mexicanos respecto a la acción guberna-mental y la efectividad de ésta para atender los problemas de interés público. En general, 45% de la población considera que las tareas más importantes del gobierno deberían ser el combate a la pobreza, la educación, la salud y el bienestar de la gente. En este sentido, los mexicanos creen que el gobierno debe ser el primer responsable en la promoción del desarrollo. No obstante, el principal instrumento con que cuenta el Estado para cumplir con estas funciones, esto es el gasto público, es regresivo. Es decir, los beneficios de las transferencias gubernamentales se dirigen a los sectores menos desprotegidos y el acceso a los servicios públicos es desigual entre la población.

Diversas investigaciones señalan los retos que afrontan la distribución del gasto público y el diseño de los programas so-ciales para atender a la población más vulnerable. El programa de Naciones Unidas adelanta en sus conclusiones del Índice de Desarrollo Humano 2011 las distorsiones y el distanciamiento

En estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con coeficientes que apuntan a una enorme desigualdad económica, más de la mitad de la población percibe justicia en la distribución del ingreso

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Gráfica 5 Población no beneficiaria de los programas Oportunidades y Seguro Popular. Porcentajes

Fuente: ENVUD.

17.6

No es beneficiario del Programa Oportunidades

No es beneficiario del Seguro Popular

Clase baja Clase obrera Clase media baja Clase media alta Clase alta

15.0

32.5

15.2

12.3

27.3

12.1

10.9

1.0

62.5%

0.9

58.4%

90.0

80.0

70.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

60.0

62 EstePaís 243 Encuesta envud

entre las preferencias ciudadanas y la ejecución del gasto público. Problemas como la corrupción, la captura del gasto por grupos de interés y la pérdida de eficacia de la administración pública han producido políticas públicas que buscan atender efectos y no las causas de los problemas; además, los criterios de distribución del gasto en poco o nada se vinculan con la problemática que se pretende atender.

Así, no sorprende que al analizar la percepción de los mexica-nos sobre el nivel de desarrollo que tienen los servicios públicos se observe que tres cuartas partes de la población los considera no desarrollados. 58% opina que específicamente los de salud necesitan desarrollo y 60% piensa lo mismo con respecto a los

servicios de educación, lo que desde otra perspectiva supone una gran oportunidad de mejora (ver Gráfica 3).

En términos de la calidad de los servicios de salud y educa-ción, en promedio, más de 50% de los mexicanos considera que los servicios en sus entidades federativas son de mala calidad o presentan oportunidad de mejora (ver Gráfica 4). Al revisar la información por clase social se registra que 44.8% de la población que se considera de clase media baja, obrera y clase baja piensa que los servicios de educación son de mala calidad, mientras que un porcentaje similar, 44.1% de la población del mismo grupo social, opina que los servicios de salud son de mala calidad (ver Cuadro 3).

cuadro 4 Población beneficiaria del Programa Oportunidades y el Seguro Popular. Porcentajes

EntidadPoblación no beneficiaria del Programa Oportunidades

(%)Población no beneficiaria del Seguro Popular

(%)IDH 2006

(%)

Nacional 20.9 32.8 0.8225

Chipas 9.1 25.3 0.7336

Guanajuato 15.4 14.0 0.7513

Oaxaca 35.2 33.8 0.7531

Michoacán 26.1 34.5 0.7746

Veracruz 31.0 51.3 0.7754

Hidalgo 32.3 46.3 0.7838

Zacatecas 25.8 53.5 0.7922

Puebla 18.6 18.7 0.7929

Tlaxcala 28.3 44.3 0.7931

Nayarit 20.5 46.8 0.7938

Guerrero 20.4 44.1 0.7956

Tabasco 30.3 61.3 0.8001

Yucatán 22.1 25.6 0.8012

Sinaloa 26.5 40.3 0.8058

San Luis Potosí 18.5 21.5 0.8111

Estado de México 18.8 34.4 0.8113

Durango 24.3 20.3 0.8196

Morelos 17.6 28.4 0.8210

Jalisco 13.3 21.7 0.8224

Colima 11.5 17.8 0.8254

Quintana Roo 20.3 38.5 0.8328

Tamaulipas 20.5 40.3 0.8372

Campeche 27.8 45.3 0.8419

Querétaro 18.7 30.4 0.8433

Aguascalientes 11.8 30.4 0.8440

Sonora 28.8 44.8 0.8486

Coahuila 16.8 18.0 0.8496

Baja California Sur 2.5 4.8 0.8544

Chihuahua 44.2 1.5 0.8549

Baja California 6.6 16.2 0.8553

Nuevo León 14.1 23.0 0.8713

Distrito Federal 14.5 27.4 0.9099

Fuente: ENVUD.

63Julio de 2011Encuesta envud

Respecto al acceso de la población a los programas de política social y de acuerdo con la población encuestada en la envud, más de 60% no cuenta con los servicios de salud que provee el Seguro Popular y casi 80% de la población no recibe apoyo del Programa Oportunidades. La información por clase social indica que 65.2% de la población de las clases baja, obrera y media baja no es beneficiaria del Programa Oportunidades, mientras que 54.8% no cuen-ta con el Programa Seguro Popular (ver Gráfica 5).

Frente a estos resultados, contar con criterios claros de focalización de las políti-cas públicas es fundamental para promover condiciones de equidad en la distribución de los beneficios sociales y equilibrar las oportunidades de desarrollo de la población. Sin embargo, la formulación de las políticas sociales y su im-plementación enfrenta serios obstáculos para lograr llegar a los individuos más vulnerables. Por ejemplo, al comparar el porcentaje de la población benefi-ciada por el Programa Oportunidades y el Seguro Popular con el Índice de Desarrollo Humano (idh) por entidad federativa, se observan diferencias importantes en términos de cobertura. Así, las entidades donde se registra un mayor porcentaje de cobertura del Seguro Popular no necesariamente son los estados con menor idh. Es el caso de Tabasco (61.3%), Zacatecas (53.5%) y Veracruz (51.3%), de los cuales únicamente Veracruz y Zacatecas se ubican en un nivel de desarrollo bajo, mientras que Tabasco mantiene un desarrollo medio. En el caso del Programa Oportunidades, se percibe la misma situación (ver Cuadro 4).

La crítica al respecto de los criterios de asignación del gasto ha incluido otros rubros de transferencias gubernamentales. En ellos se observa una tendencia de distribución de los recursos públicos que obedece más a criterios inerciales de corto plazo que a la atención de necesidades reales de la población. Se pierde así el potencial redistributivo que debería generar el gasto social en el país. Al respecto, expertos en la materia (como Rodolfo de la Torre, 2006) han propuesto la utilización de instrumentos como el idh para orientar la toma de decisiones en torno a la distribución de los recursos públicos y diseñar políticas con una clara vinculación a los requerimientos sociales de la población.

Los problemas que enfrenta la gestión pública no se redu-cen a la dificultad para estable-cer mecanismos adecuados de asignación del gasto. También destacan serios problemas en la definición de las prioridades nacionales que deberían ser atendidas y los mecanismos

mediante los cuales puede llevarse a cabo la intervención del Estado. En particular, persiste un ineficaz desempeño de la administración pública para generar bienes y servicios públicos. Ante esta debilidad, la fuerte influencia de grupos de interés en los procesos de decisiones de política pública ha propiciado la captura del gasto por grupos de intermediarios de la gestión de

la demanda social, con el consiguiente desvío de recursos hacia sectores sociales más favorecidos o a la atención de problemas que no son prioritarios. Los casos de corrupción y abuso de los recursos públicos con fines de beneficio económico o político de los administradores, ejecutores o gestores de obras y accio-nes públicas, afectan la efectividad del gasto público. En este sentido, la política de gasto más que ser vista como un instru-mento de política pública altamente redistributiva, es percibida por la ciudadanía como un derroche de recursos, o como un mecanismo que sólo la puede beneficiar si cae en las prácticas de corrupción, lo cual también afecta el sistema de valores y la misma convivencia democrática del país.

De la información relativa a la percepción de los mexicanos respecto a sus gobernantes, no sorprende que 60% de la población encuestada considere que el país camina por el rumbo equivo-cado para alcanzar los objetivos planeados para los próximos 10 años, en materia de desarrollo y bienestar social, alivio de la pobreza y generación de servicios públicos de acceso universal.

Además, 53.2% de la población considera que nunca o rara vez los gobernantes suelen tomar las decisiones correctas. Lo an-terior significa que los mexica-nos no perciben los beneficios de la acción pública y tampoco reconocen los resultados de las estrategias de políticas públi-cas implementadas en el país.

Por otra parte, 49% de la so-ciedad mexicana considera que deberían reducirse los impues-tos aunque esto significara una disminución de los servicios públicos. En promedio, única-mente los ciudadanos de tres estados de la República (Nuevo León, Michoacán y Yucatán) estarían dispuestos a pagar

Mientras que 57.4% de los encuestados reconoce al gobierno como el principal responsable de asegurar condiciones de equidad, 42.6% opina que los individuos deberían tener mayor responsabilidad para sostenerse a sí mismos

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64 EstePaís 243 Encuesta envud

más impuestos si esto les representa más y mejores servicios públicos. Esto debería llevar a la reflexión de si efectivamente los planes y programas diseñados por la clase gobernante responden a los pro-blemas de la agenda pública y de interés nacional y, por otro lado, a evaluar la capacidad de la administración pública para responder con eficacia y eficiencia a las tareas de gestión pública que tiene el gobierno para generar condiciones de desarrollo del país.

No obstante lo anterior, el gasto pú-blico y la participación del Estado en la generación de condiciones para promover y preservar el desarrollo humano no es condición suficiente para obtener los re-sultados esperados. Es decir, por sí solo el gasto público no permitirá alcanzar los resultados en desarrollo humano y equidad que requiere la población. Para completar la ecuación hace falta contar con un buen diseño de política pública y que la población no se perciba sólo como sujeto de derechos universales —acceso a la educación, a servicios de salud, a infraestructura básica.

También se requiere que la sociedad mexicana busque hacer efectivos estos de-rechos. Esto sólo puede ser posible a tra-vés de ciudadanos activos que participen en el proceso de definición de políticas, ya sea como agentes que promueven en la agenda gubernamental su interés por impulsar la atención a problemas públicos prioritarios o como vigilantes de la acción

1 La envud es un estudio realizado bajo los auspicios de Banamex, la Fundación Este País y un grupo de donantes interesados en hacer un retrato de los valores y las creencias de los mexicanos al inicio de la nueva década. Alberto Gómez, Federico Reyes Heroles y Alejandro Moreno agradecen al grupo de académicos, encuestadores e interesados en la temática de valores que, generosamente, aceptaron formar un Consejo Consultivo para este proyecto y cuyo tiempo, observaciones y sugerencias enriquecieron el estudio de ma-nera importante: Andrés Albo, Ulises Beltrán, Edmundo Berumen, Eduardo Bohórquez, Federico Estévez, Nydia Iglesias, Rosa María Ruvalcaba e Iván Zavala. En la realización de la envud participaron diversas empresas: Ipsos-Bimsa Field Research de México, S.A. de C.V. (que se encargó de levantar la encuesta en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero y Oaxaca); Mercaei, S.A. de C.V. (Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz); Nodo-wmc y Asociados, S.A. de C.V. (Campeche, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas) y Pearson, S.A. de C.V. (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelia, Puebla, Quintana Roo y Yucatán). La empresa Berumen y Asociados se encargó del diseño de la muestra, la supervi-sión, la validación de la captura y el respaldo a las encuestadoras durante el levantamiento en campo.

pública para que las autoridades cumplan a cabalidad, denunciando la captura del gasto, la opacidad o corrupción del actuar gubernamental.

La información respecto a la disponibili-dad de la población a pagar más impuestos no sólo permite observar los pocos incenti-vos que tienen los ciudadanos para seguir contribuyendo al financiamiento del gasto público, dados los escasos resultados de la gestión pública. También se reconoce la poca disponibilidad para participar en la definición de las acciones públicas que se deberían realizar para mejorar las condiciones de desarrollo del país.

Es decir, la participación ciudadana o social es el elemento ausente en la defini-ción y evaluación de las políticas públicas, lo que permite que éstas caigan en manos de unos cuantos grupos de interés. Pero al mismo tiempo, la falta de participación reproduce la apatía, incapacidad organi-zativa y la mediatización de la iniciativa ciudadana o social.

En resumidas cuentas, como afirma el propio pnud en la publicación del idh: En un régimen democrático como el de

México, ignorar la opinión ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, usarlos discrecionalmente y no rendir cuentas sobre ellos es una forma de sometimiento de agentes capaces de reflexionar con autonomía sobre el curso que debe tomar la sociedad de la que forman parte y a la que contri-buyen para su sostenimiento. EstePaís

Las entidades donde se registra un mayor porcentaje de cobertura del Seguro Popular no necesariamente son los estados con menor Índice de Desarrollo Humano