En tierra de ciegos, el tuerto es rey

Cuauhtémoc Mávita E.

Dice el refrán popular que: “en tierra de ciegos, el tuerto es rey”. Esto viene a cuento en virtud de la autodefensa que suelen hacer los servidores públicos, en este caso los ex alcaldes, cuando son exhibidos –no acusados- por desvío o malversación de los recursos del erario que les han sido confiados.

Lo primero que tratan de sembrar en la ciudadanía es que el desvío no significa que se han robado o embolsado los fondos que la administración pública municipal recauda para mantener, ampliar y mejorar los servicios que presta a los gobernados.

Su apreciación tiene mucho de cierto, pero eso no implica que no se incurra en delito y que en consecuencia el infractor no deba ser castigado.

Si no existieran las normas jurídicas entonces cada quien podría hacer lo que mejor le plazca, sin embargo, estas existen y deben respetarse y aplicarse.

Los gobernantes, los servidores públicos, no tienen la facultad de desviar o malversar fondos, aunque puede existir la opción de ser encauzados a otros fines siempre y cuando se cuente con la autorización legal para hacerlo.

Los recursos del erario son del interés público, es decir adquieren esta categorización porque se comparten y consideran útiles y vitales para estar en condiciones de prestar los diferentes servicios que demanda la sociedad, de tal manera que por ese interés el Estado –a través de la ley o la norma jurídica- exige como deben administrarse y ejercerse. Lo anterior significa que los gobernantes, los servidores públicos o el cuerpo político, no están facultados para hacer con ellos lo que mejor les plazca.

Ahora ¿De qué se trata cuando hablamos de desvío o malversación de recursos?Se entiende que incurre en ese delito el funcionario o servidor público que da al dinero o

bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados.Esto es que el dinero o los bienes públicos que se ponen a disposición del funcionario

público deben ser administrados conforme a las finalidades previstas en la ley.Inclusive aun en aquellos casos en que el tipo legal no lo mencione expresamente, se entiende que dinero o bienes son públicos, y cuando se incurre en delito.

Por supuesto que estos delitos, más cuando se trata de las administraciones públicas municipales, nunca hay un solo sujeto activo del delito –quienes o quienes comenten la infracción-, sino que por lo general existe una larga lista de complicidades presididas por los alcaldes, los tesoreros y los contralores municipales, el cabildo y los síndicos municipales que están para vigilar que los recursos públicos sean administrados con claridad y transparencia.

En términos jurídicos, las auditorías practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a las cuentas públicas de 2012 subrayan que existen irregularidades y recomienda que se ponga orden.

Lo cierto es que hay, de hecho, un comportamiento típico de delito en la concreción de las irregularidades consistente en dar una aplicación diferente y definitiva al dinero o bienes públicos que, quiérase o no, tienen un resultado típico que es la afectación del servicio o función encomendada. En este sentido no hace falta que se haya incurrido o no en una lesión patrimonial, sino tan solo que exista el hecho de un inconveniente en la prestación del servicio o función encomendada.

Sin embargo, afirmar la tipicidad objetiva de la conducta objeto de acusación no conlleva necesariamente a la condena del infractor, sino que se requiere ahondar en la antijuridicidad y la culpabilidad de esa conducta.

Probablemente, los gobernantes o servidores públicos, se continúan escudando en el “padrinazgo” y la negociación política para violentar la ley y el derecho, y continuar haciendo lo que hacen que al fin y al cabo no recibirán más sanción que “exhibirlos” como desviadores o malversadores de recursos.

Otros, dependiendo como sea su relación con los que detentan el poder político, la mayor de las veces ejercido desde el gobierno y los partidos políticos, solo recibirán un leve “jalón de orejas”, algo así como la reprimenda del padre al hijo solo para que se porte “bien”. Quizás, con esa seguridad, un diputado local hasta se atrevió a decir que aunque desvió recursos cuando era alcalde, que no le vengan hoy con “el petate del muerto, solo porque aspira a la diputación federal por el séptimo distrito”.

Creo que ya es tiempo de poner un “hasta aquí” a ese tipo de políticos y funcionarios públicos que creen que el erario es una caja de caudales en la que pueden meter mano, y decidir sin tomarle parecer a nadie como debe administrarse.

Por eso estamos como estamos y, mientras que todo siga igual, efectivamente “en tierra de ciegos, el tuerto seguirá siendo el rey”.

(El autor es periodista, tiene una maestría en ciencias administrativas y es candidato a doctor en Administración y Planeación)