el sistema electrnico para verificar el qurum. La se!ora ... · Y en concreto, señora Presidenta,...

aprobado por unanimidad, pues, vamos a marcar asistencia y votaremos.

Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Seguimos registrando asistencia. Registro de asistencia...

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema electrónico para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Han registrado su asistencia 82 señores congresistas.

Al voto. Es el proyecto de ley que modifica la composición del Comité Consultivo de Turismo, aprobado por unanimidad. Proyecto N.° 340.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema electrónico.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 80 votos a favor,

ninguno en contra y ninguna abstención, el texto de la Ley

que modifica la composición del Comité Consultivo de

Turismo.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Giampietri Rojas, Huerta Díaz y Castro Stagnaro. Correcto.

Ha sido aprobado.

—El texto aprobado es el siguiente:

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA)

SUMILLA

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— En debate el proyecto original del Poder Ejecutivo N.° 669, que fuera dispensado del trámite de comisión.

Tiene la palabra el congresista Castro Stagnaro, Presidente de la Comisión de Justicia.

Proyecto de ley que propone sancionar con pena de muerte las formas agravadas del delito de terrorismo.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Gracias, señora Presidenta.

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17/01/2007http://www2.congreso.gob.pe/sicr/diariodebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6...

En efecto, viene del Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley N.° 669, que modifica o pretende la modificatoria de los artículos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 8.° y 9.° del Decreto Ley N.° 25475.

Este Decreto Ley N.° 25475 fue el decreto que se produjo el 18 de enero de 2003, para efectos de modificar la responsabilidad o actos de terrorismo que contenía el Código Penal. Y en aquella oportunidad se agravaron las penas, pero estas penas no incluyeron la pena de muerte.

En consecuencia, señora Presidenta, el proyecto que viene hoy día del Ejecutivo lo que pretende es modificar el decreto legislativo al que me he referido. Reitero el número 25475, y rectifico la fecha, es del 5 de mayo de 1992.

En lo pertinente, no me voy a referir al agravamiento de penas que tiene este proyecto de ley, sino en concreto me voy a referir a la parte medular del mismo, y es a la propuesta de implementación de la pena de muerte en el Código Penal. Y según se menciona, en aplicación estricta de los dispuesto por el artículo 140.° de la Constitución de la República.

Y en concreto, señora Presidenta, el proyecto legislativo en mención indica que las penas aplicables serán:

a) Pena de muerte, si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente a nivel nacional sin distingo de la función que desempeñe en la organización.

Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares de una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas o grupos de personas indefensas, sea cual fuere el medio empleado.

De la misma forma, el artículo 9.° de la iniciativa legislativa, Proyecto N.° 669, considera que los reincidentes serán reprimidos con pena de muerte.

Para efectos del presente decreto ley contra el terrorismo, se considera reincidente al delincuente que habiendo sufrido pena privativa de la libertad impuesta por sentencia nacional o extranjera, incurra en la comisión de

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un nuevo delito antes de transcurrir 10 años de la condena precedente.

Quiere decir, Presidenta, que acá la figura consiste en pretender aplicar la pena de muerte a los cabecillas de las organizaciones terroristas, a los grupos o pelotones de aniquilamiento y a los reincidentes siempre y cuando esa reincidencia se haya producido dentro de los diez años posteriores a los hechos en que se les sentenció como acto terrorista por primera vez.

Pues bien, este proyecto de ley, señora Presidenta, ha sido exonerado del trámite de comisiones, sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, está elaborando un dictamen y ha organizado una mesa redonda técnico jurídica con consultores especializados en la materia, para efectos de aclarar si los fundamentos precisados por el Poder Ejecutivo en los considerandos o en la exposición de motivos de este proyecto, son los que se reconocen como válidos para fundamentar el tema de la pena de muerte.

Resulta, señora Presidenta, que en efecto el artículo 140.° de la Constitución de la República, establece que puede condenarse a muerte a los delitos de traición a la patria o por los delitos de traición a la patria en tiempo de guerra, y por el delito de terrorismo respetando lo que los tratados internacionales señalan.

Y este es precisamente el caso, resulta que el Perú es signatario de La Convención Interamericana de Derechos Humanos, previamente el Perú es miembro de la Organización de Estados Americanos. Esta Organización de Estados Americanos firmó la Convención de San José referida a esta materia, y posteriormente los Estados han asumido voluntariamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Resulta, Presidenta que cuando el Perú suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se encontraba vigente la Constitución de 1933, y era precisamente en el año 1978 cuando se iniciaba en el Perú una asamblea constituyente.

Esta Constitución no incluía en sus alcances el delito de terrorismo, puesto que el delito de terrorismo recién se incluye en la legislación nacional el año de 1981. El Perú ratifica y deposita el Tratado en la Corte de San José de Costa Rica, en el año 1980.

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En consecuencia, el Perú no podía, de acuerdo al mandato establecido en la Convención, incluir nuevos casos para aplicación de pena de muerte.

Hasta acá hay una vigencia del Tratado en el tiempo previa a la Ley de Terrorismo y, por supuesto, previa a la Constitución de 1993. Posteriormente, se produce la Constitución o se promulga la Constitución de 1993, y es ahí donde se incluye este nuevo apéndice por el cual se podría aplicar la pena de muerte para delitos contra el terrorismo.

Esta extensión constitucional podría presumirse, daría lugar a un desarrollo o a una modificación del Código Penal o a una modificación de la ley sobre la materia, en este caso el Decreto Ley N.°25575.

Pero resulta, Presidenta, de conformidad como quedó establecido en la mesa redonda que convocó la Comisión de Justicia el lunes pasado, hay opinión unánime de los consultores en materia jurídica, que desarrollar en este momento el artículo 140.° de la Constitución, para efectos de implementar la pena de muerte, bien sea en el Código Penal o en un dispositivo paralelo, sería un claro incumplimiento de la Convención Americana; y, nos pondría, precisamente, en situación de incumplimiento y nuevamente enfrentaríamos, de alguna manera, señora Presidenta, la condena internacional como un estado que no honra, que no respeta los compromisos que ha suscrito.

Venimos en este momento...

Señora Presidenta, me pide una interrupción el señor congresista Otárola.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Congresista Otárola, puede interrumpir.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (N-UPP).— Gracias, señora Presidenta.

Pero hay que aclarar, además, complementando lo que acertadamente dijo el congresista Castro Stagnaro, que no podría existir denuncia parcial al tratado aludido, puesto que el artículo 44.1 de la Convención de Viena prohíbe expresamente las denuncias unilaterales parciales a los tratados; tendrían que ser totales y, obviamente, le asumirían al Perú como uno de los países que está al margen

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de las convenciones sobre derechos humanos.

Nada más.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Continúe, congresista Castro.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Gracias, señor congresista. Se nos adelantó.

En efecto, señora Presidenta, resulta que no solamente existe lo que acaba, con toda propiedad, de mencionar el congresista Otárola, sino que además hay dos opiniones consultivas que no son otra cosa que informes vinculantes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta Corte Interamericana ha emitido concretamente dos informes en la cual señala claramente que la aplicación de la pena de muerte extendida a otros delitos que no sea los considerados en la Constitución vigente en el momento en que se aprobó la Convención, nos pondría al margen de ésta y simple y llanamente nos pondría en situación de incumplimiento.

Decíamos, señora Presidenta, que nosotros venimos en este momento de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, donde hemos revisado con el ex ministro Tudela, la posición en la que en este momento se encuentra el Perú respecto del último fallo de la Corte Interamericana,m por los sucesos del Penal Castro Castro del año 1992.

Resulta, señora Presidenta, que el Perú tiene en este momento una situación delicada frente a la Corte Internacional.

La posición del que habla, y no hablo en este momento a nombre de la bancada ni tampoco a nombre de la Comisión de Justicia, porque el dictamen está por producirse aún cuando ha sido exonerado por la Comisión Permanente. Es que simple y llanamente ir adelante con este proyecto de ley nos pondría en situación de incumplimiento internacional. Si a esto le agregamos las fricciones derivadas del presunto incumplimiento del fallo por el caso que acabo de mencionar, que desde luego tiene problemas muy concretos, lo hemos visto a lo largo de tres horas y media en la Comisión de Justicia, pondría al Perú en una situación difícil.

Señora Presidenta, con esto quiero simplemente plantear el

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debate, no está agotado, las consideraciones son mucho más extensas, pero en honor al tiempo y en honor a la reciprocidad de los demás señores congresistas, creo que debemos iniciar el debate en los términos en que están expuestos; y, ver si, efectivamente, este proyecto de ley nos va a poner en condición o no de tener que denunciar, ante la Corte o ante la Convención, el tratado sobre derechos humanos.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Muchas gracias, señor congresista.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Pastor, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución. Luego va a hacer uso de la palabra el congresista Valle Riestra, y luego la congresista Vílchez.

Invito a los señores congresistas que desean intervenir se anoten con la congresista Fabiola Morales.

Bien, congresista Pastor, puede hacer uso de la palabra.

El señor PASTOR VALDIVIESO (PAP).— Gracias, señora Presidenta.

Señora Presidenta, el presente proyecto propone modificar las penas previstas en los artículos 2.°; 3.°; 4.°; 5.°; 6.°; 8.° y 9.° del Decreto Ley N.° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para su investigación, instrucción y juicio.

Específicamente plantea imponer la pena capital en el supuesto que el agente del delito sea líder, cabecilla u otro equivalente de una organización terrorista o sea integrante de grupos de aniquilamiento o similares, encargados de la eliminación física de personas, literal a) del artículo 3.°.

Y en los supuestos de reincidencia, artículo 9.°, siendo que para los demás casos aumenta las penas previstas en cada tipo penal.

De igual forma se propone modificar la pena prevista en el tercer párrafo del artículo 316.° del Código Penal sobre el delito de apología del terrorismo o de quien haya sido condenado como su autor o partícipe.

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El Poder Ejecutivo, Presidenta, sustenta esta iniciativa en la imperiosa necesidad de prevenir que los elementos remanentes de los grupos terroristas que asolaron a la población, puedan reunificarse y fortalecer e incluso estrechar alianzas con elementos ligados al narcotráfico con la intención de desarrollar su insana e injustificada lucha armada.

De esta forma, señalan, regulando la pena de muerte para actos de terrorismo, expresará una clara y contundente respuesta de un Estado que no está dispuesto a permitir que el país vuelva a sufrir las consecuencias del demencial accionar de los grupos terroristas.

Sobre la legislación antiterrorista, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 010 del 2002 y 003 del 2005 ha considerado válidas y constitucionales con las excepciones señaladas en su texto las disposiciones y mecanismos previstos en el Decreto Ley 27547 y en el Decreto Legislativo 921 sobre cuyas disposiciones el presente proyecto plantea el aumento de las penas, razón por la cual la propuesta principal es el planteamiento de pena de muerte para algunos de los delitos tipificados en el Decreto Ley 27547.

El artículo 140.° de la Constitución Peruana de 1993 dispuso: "La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados de lo que el Perú es parte obligada".

Por su parte la Constitución Peruana de 1979 consagraba en su artículo 235.° que no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior.

Como se aprecia, Presidenta, tanto la Constitución del 79 como la del 93 establecen la pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso de guerra exterior; pero la Constitución del 93 le extiende al delito de traición a la patria en caso de guerra interna, aún cuando hay que reconocer, Presidenta, que existen algunos debates de tipo doctrinario que interpretan lo que realmente significa en caso de guerra exterior.

Quiero recordar acá, por ejemplo, la interpretación sostenida por el doctor Ortiz de Zevallos, constitucionalista quien señalaba que nadie puede discutir la variedad, decía él, de los constituyentes del 79 cuando

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se referían al caso de guerra exterior a debatir lo que fue en definitiva el texto del artículo 235.° para evitar que se aplique la pena de muerte a los delitos políticos, nuestra Constitución del 79 decía, ha establecido que no hay pena de muerte sino en el caso de guerra exterior; pero se ha distinguido muy claramente que no se trata de guerra internacional.

Los parlamentarios de entonces quisieron confundir la guerra exterior con la guerra del Perú con otros países, dice Ortiz de Zevallos, o con la guerra entre estados y al definir guerra exterior el Congreso unánimemente estableció que por guerra exterior se entendía una guerra en la que intervenían elementos foráneos pero no internacionales. Esto es que participaran en la guerra factores económicos de inspiración foránea, en realidad hay guerra exterior, Presidenta, decía, cuando el conflicto armado de libra dentro del territorio de la República con apoyo logístico y financiero de una de las partes en conflicto que es precisamente la guerra que sostiene el terrorismo en el Perú.

Continúo, Presidenta, porque como se aprecia, tanto la Constitución del 79 decía establecía la pena de muerte para el caso de guerra exterior y nos hemos dado cuenta que la conceptualización de guerra exterior no se limita a una conceptualización de guerra internacional.

La iniciativa legislativa propuesta tiene un asidero constitucional, sin embargo, algunos autores sostienen que la disposición contenida en el numeral 2) del artículo 4.° de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de san José de Costa Rica, del cual el Perú es signatario, determinarían la inviabilidad de materializar la pena de muerte a nivel legislativo.

En efecto, el Pacto de San José señala que los países que no han abolido la pena de muerte sólo podrá imponerla en los delitos más graves en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito —esto es importante, "con anterioridad", no se pretende aplicar retroactivamente la pena—, tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplica actualmente.

Si bien la Convención Americana fue suscrita en noviembre de 1969 y aprobada por el Perú mediante Decreto Ley N.°

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22231, del 11 de julio del 78, bajo la Constitución del 33, que en su artículo 54.° establecía: "La pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la patria y homicidio calificado, y para todos aquellos que señale la ley". También es cierto que la Constitución del 79 la restringió al aspecto de la pena muerte sólo al delito de traición a la patria por guerra exterior.

No obstante, Presidenta, consideramos que la iniciativa enviada por el Ejecutivo es viable, ya que la norma propuesta no es de aplicación inmediata, pues su aplicación requiere de un proceso judicial para cada caso concreto.

En consecuencia, Presidenta, de conformidad con la Opinión Consultiva 14, del año 94, de diciembre del 94, emitida por la propia Corte Interamericana, per se no constituye violación de derechos humanos incorporar la pena de muerte al texto constitucional y, por lo tanto, no contraviene la Constitución porque no es una norma de aplicación inmediata, sino la aprobación de esta norma es el ejercicio de una facultad propia de la autoridad de cada Estado de dictar medidas, las mismas que serán aplicadas por los jueces, de conformidad con lo señalado en el mismo artículo 140.° de la Constitución.

La pena de muerte existe en el constitucionalismo actualmente, está en el artículo 140.° para el delito de terrorismo. Acá no se requiere de una modificación constitucional. La conciencia o la libertad de conciencia la pudieron aplicar quienes incorporaron la pena de muerte, acá estamos discutiendo la incorporación de la pena de muerte a la legislación peruana, la incorporación a la legislación peruana amparada en lo que dice el texto constitucional, que, según la propia opinión consultiva de la Corte, no constituye una violación per se de los derechos humanos.

Por esto, Presidenta, nosotros consideramos que la aplicación y la aprobación de esta propuesta del Ejecutivo es absolutamente viable.

Yo no voy a entrar en detalle, Presidenta, pero acá tengo opiniones obtenidas del diario de debates de entonces, en donde prominentes líderes nacionales opinaron a favor. Yo he escuchado hace un momento las opiniones del doctor Castro, a quien respeto mucho, con quien trabajamos mucho los temas de reforma de la administración de justicia, pero no son opiniones unánimes, ni inclusive dentro de su propio

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grupo político.

Tengo acá las palabras del Lourdes Flores —a quien también todos respetamos mucho— en la propia discusión de la Carta de 1993, en donde dice lo siguiente —para terminar, Presidenta.

"Quiero, entonces, comenzar —dice Lourdes Flores, de cuyas calidades como abogada nadie puede dudar— afirmando que la Convención de San José no es absolutamente abolicionista. La Convención de San José reconoce que en aquellos países que no han abolido la pena de muerte ésta puede imponerse por delitos graves.

Cuando se suscribió el Convenio de San José de Costa Rica estaba vigente la Constitución de 1933, y en mérito de esta Constitución no sólo se aplicaba la pena de muerte para el delito de traición a la patria, sino que también se hacía extensiva al homicidio calificado.

Y como se recordaba esta mañana —continúa—, incluso tenía una forma genérica que se remitía a la ley, es decir, incluso la propia Constitución no cerraba el número de casos para los que la pena de muerte era aplicable, sino que los hacía extensiva a los casos que la ley señalaba".

Comparto la opinión, sin duda, de Lourdes Flores Nano en el momento de este debate.

Gracias, Presidenta. Creo que el debate recién empieza.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Tiene la palabra el señor congresista Javier Valle Riestra.

El señor VALLE RIESTRA GONZÁLEZ OLAECHEA (PAP).— Señora Presidenta, yo comparto el pensamiento de los viejos apristas, de los fundadores del Partido, de los mártires del Partido.

Muchos de los que estuvieron sentados en estos escaños los años 31 y 32 y que fueron asesinados traperamente en una suerte de pena de muerte extrajudicial, como Manuel Arévalo, o el padre de Luis Negreiros que también murió en una emboscada odriísta.

El pensamiento de Lourdes Flores me parece interesante, pero no me impresiona ni puede fomentarme argumentación, ni decir que no es una ley de ejecución inmediata. ¿Por qué no

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es de ejecución inmediata, porque no estamos poniendo el patíbulo aquí en el seno del hemiciclo? Pero, esto lleva a la ejecución y esto prepara el patíbulo en el Perú.

Yo creo que un asunto tan delicado como este no puede ser exonerado del dictamen de comisiones. La Comisión de Justicia, como lo ha recordado el doctor Raúl Castro, ha reunido a una serie de juristas, a Alberto Borea, a Eguiguren Praelli y todos han dado su opinión.

Pero no sólo es la opinión de esos juristas sino que si examinamos el panorama de Europa democrática de la posguerra, que sufrió la agresión terrorista, ninguno mandó al paredón a los de la banda Baader-Meinhof en Alemania, ni a los de las Brigadas Rojas en Italia, ni a los de la ETA en España, por más separatistas que fueran. Son democracias que se han consolidado sin pena de muerte y estableciendo una política de derechos humanos. Como dije esta mañana, no son un Estado de Derecho, son un Estado de derechos humanos.

Entonces, las opiniones consultivas a las que se ha aludido de manera despectiva o superficial son muy importantes.

Cuando la Corte se encontró con Guatemala subversiva, que quería seguir ejecutando penas de muerte, dijo: "Que la convención prohibe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que en consecuencia no puede el Gobierno de un Estado parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna."

Y en lo referido al Perú, cuando se debatía en este Congreso unicameral de los días del Congreso Constituyente Democrática y se introducía la pena de muerte, no hubo ninguna posición eufemística de parte de la Corte, sino que fue sumamente severa y le dicto un ucase a los partidarios de las ejecuciones y del patíbulo en el Perú.

Dijo: "Que la expedición de una ley —Opinión Consultiva N.° 14-94— manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de esta y en el caso de que esta violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados genera la responsabilidad internacional del Estado.

2. Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios

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del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención genera responsabilidad internacional para tal Estado.

En caso de que el acto de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto."

¿De dónde viene que esto simplemente es un saludo solemne y no una posición radical? No llega a una condena porque simplemente se ve que está en los actos preparatorios.

¿Puede el Perú, que firmó la Convención el 22 de noviembre de 1969, y que los militares con Morales Bermúdez la ratificaron el 11 de julio de 1978, ampliar los casos de pena de muerte?

No, porque el Pacto de San José es muy claro, dice los países que han abolido la pena de muerte no la pueden restaurar, los países que casuísticamente tenían determinados casos como ejecutables por la vía de la pena capital no pueden ampliar esos casos.

Nosotros ratificamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en todos sus extremos en la Asamblea Constituyente aquí, en la cláusula decimosexta transitoria; y fue Fernando Belaunde, el año 1981, quien depositó los instrumentos ratificatorios en la Organización de Estados Americanos.

La legislación existente en el Perú en el año 1979, la legislación constitucional, señalaba que solo era para caso de traición a la patria y guerra exterior.

Lo que haya dicho el señor Ortiz de Zevallos Roedel no me impresiona nada, porque no ha sido constituyente. si lo hubiera dicho Javier Ortiz de Zevallos Thorndike, que sí fue constituyente y que estaba sentado en estos escaños en primera fila, algún elemento tendríamos, pero quienes podemos ser intérpretes lícitos y legítimos de eso somos los únicos constituyentes supérstites que están acá, Lucho Negreiros y yo.

Yo no soy el más importante de los apristas, pero por edad, después de Armando, soy el aprista más viejo que está en actividad. Es cierto que no le llego al tobillo al heroísmo de Armando Villanueva, pero tengo 60 años de aprismo y por

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lo tanto yo me siento obligado a intervenir esta tarde y a no seguir insistiendo después para no aparecer como un agitador, como un alborotador, como un poseer, como un heterodoxo, como un iconoclasta que viene a desafiar a su partido.

No quiero hacer eso, pero sí quiero que quede constancia mis palabras para que no se diga que claudiqué con el silencio.

Ahora, ¿qué hacemos con el Pacto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Pacto de San José, son dos instrumentos fundamentales dentro de la democracia latinoamericana. Nosotros hemos sido víctimas del feudalismo y del militarismo y de su opresión, estamos en un interregno democrático. Por eso que la Convención de San José, al firmarlos nosotros, decidimos aquí en la Asamblea Constituyente perfeccionarla, recurriendo a ratificar la competencia contenciosa de la Corte.

¿Podemos, como dicen algunos, hacer reservas al Pacto de San José para acomodarlos a circunstancias actuales? Imposible, la reserva se hacen al momento de firmar el instrumento, no se hacen 30 años después. ¿Podemos hacer una denuncia parcial? Ya lo recordó un señor congresista hace unos minutos, las denuncias parciales tienen que estar previstas en el tratado, conforme a la Convención de Viena sobre los tratados.

¿Podríamos hacer una denuncia total del tratado? La Convención, es verdad, que dice que después de cinco años y con un año de anticipación puede venir esa cláusula estática, pero yo tengo una teoría mucho más radical. Cuando uno firma un Pacto de Derechos Humanos, está atado a él para siempre, por la naturaleza de los derechos humanos, que son progresivos e irreversibles denunciar un Pacto de Derechos Humanos, denuncia el Pacto de San José, quiere decir que estamos renunciando a la igualdad, a la fraternidad, al debido proceso, al derecho a un recurso sencillo, claro y expeditivo para tutelar esos derechos.

Cuando la Revolución Francesa se convirtió en la primera generación, libertad, igualdad, fraternidad; donde la segunda, con la Revolución Mexicana se construyó la justicia social, donde después han venido los derechos de las naciones a la independencia, hoy día tenemos este otro derecho.

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De tal manera que nadie puede hacernos retirar del Pacto, tenemos que cumplirlo, cumplirlo, como he recordado, cumplir sus fallos, no en sus propios términos, sino metabolizándolos en virtud de un mecanismo interior, porque eso se llama dualismo. Pero, en fin, ese no es el tema.

Entonces, nosotros tenemos, señora Presidenta, que tomar una posición que no nos deje llevar por el entusiasmo de una multitud punitiva. Esas multitudes punitivas que hoy día pueden decir 75% a favor de la pena de muerte, son las mismas que después dicen 75% a favor del golpe de Estado.

De tal manera que no las aprecio, no las estimo ni creo en ellas, acá tenemos que actuar como un elite democrática que salve los intereses del Perú.

Y yo, como viejo amigo de Alan, quiero defender los intereses de Alan García como presidente de la República, como viejo aprista quiero defender los intereses del partido, como viejo aprista quiero defender esta democracia, para que cuando concluyamos el mandato dentro de los cinco años, se diga que fue un gobierno leal al pan y la libertad.

Ya voy acabar, señora Presidenta, no la quiero fatigar.

Pero a mí lo que más me impresiona es este tipo de argumentaciones. Se ha demostrado que no es disuasiva la pena de muerte, sobre todo en problemas ideológicos. El terrorismo puede ser todo lo desánico que querramos, pero hay un problema ideológico en el terrorista, el terrorista no mata solo por un espíritu lombrosiano, mata porque cree que ese es un camino que el Estado no se lo va a aceptar. Es distinto a la guerrilla que puede llegar a ser un cuasi Estado, controlar un sector del territorio de la República, respetar las reglas de la guerra, tener uniforme, exhibir públicamente las armas.

Pero si esto cae manos de los jueces del Perú, van a perseguir y matar por razones ideológicas sopretexto de que ese es el caso del terrorismo. Y el factor criminógeno consiste en lo siguiente: que cuando una persona está predispuesta a un tipo de acción de esta naturaleza, el hecho de ver, ir al patíbulo a un tipo alzando el puño derecho en alto y cantando "Arriba los pobres del mundo", los lleva a querer hacer lo mismo.

El efecto criminógeno en estos casos es paradójico y

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produce ese resultado. No, no, pero se descenderá la tasa de la criminalidad. Cuando uno tiene vocación por el heroísmo torcida o aceptadamente, eso no amilana. En los Estados Unidos de América, en los estados que tienen pena de muerte y los que no la tienen, es muy sutil la diferencia, o donde hay más tasas de criminalidad y a donde hay menos.

En los cantones suizos cuando ese país tenía pena de muerte, en algunos cantones y en otros no, era muy difícil precisar si es que era mejor o peor tener una tasa de criminalidad.

Y finalmente el gran drama, el error judicial, el crimen judicial. Esta mañana leía yo un trabajo que se llama "Descarrillos de la justicia en casos de pena capital", publicado por la revista Stamfor el año 87, presentó pruebas de que 350 personas condenadas a muerte en Estados Unidos, entre 90 y el 85, eran inocentes.

Y en *Utanguay*, el crimen y su tratamiento, señala que existe un 11% de errores en jueces. Si eso sucede en una judicatura democrática, qué va a suceder con la judicatura totalitaria, fascista, reaccionaria, retrógrada de los jueces del Perú.

Yo los conozco, litigo ahí hace 50 años, y he recibido las puñaladas más absolutas ante estos hombres que no creen en la libertad y la dignidad del hombre. ¿Le vamos a entregar esa tarea a esa gente? ¿Ya cambiaron esos jueces como para confiar en ellos?

Cito el caso que a mí más me impresiona, no de los infinitos crímenes cometidos aquí el 7 de julio del 32 que ya son archisabidos, que los jóvenes de 18 años fueron al paredón porque los sargentones de entonces encontraban la espátula amoratada.

Lo que pasó con Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti eran dos anarquistas italianos que llegaron ilusos a las tierras del imperialismo, a rehacer su vida, morenos; uno zapatero y el otro pescador. Los acusaron el año 20 de ser los asesinos de un cobrador. Diez años de juicio y terminaron en la silla eléctrica.

Sacco dijo con visión: "No importa. Yo era un don nadie, un pobre pescador; pero hoy día mi muerte injusta va a ser un testimonio contra el imperialismo y el capitalismo".

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¿Qué sucedió, señora Presidenta? Que 50 años después un inmigrante griego, Dukakis, que era gobernador del Estado de Massachusetts reconoció que Sacco y Vanzetti eran inocentes y que el verdadero culpable era otro. Y proclamó el 23 de agosto de todos los años, en dicho estado americano, el Día de Sacco y Vanzetti como un día indignidad de la justicia. Eso es un caso de los muchísimos que podríamos citar, de los infinitos que ha habido en el Perú, no sólo el fusilamiento de Trujillo que no fue un error sino crimen.

El caso del monstruo de Armendariz, el caso de un supuesto espía que se le ejecutó en los días postreros de la dictadura militar de los años 70.

Por esas circunstancias, no teniendo ante la irreparabilidad de la pena de muerte, ante la inviolabilidad de la vida humana, ante la irresponsabilidad de los criminales que actúan por pasión ideológica, que impide la regeneración del delincuente, que la pena de muerte sirve de propaganda al criminal, que no es ejemplar, que ningún individuo ha sido detenido en el camino del crimen por el hecho contrario al riesgo de la pena de muerte.

Por todas estas circunstancias, señora Presidenta, es que yo pido. Pido una cosa que no va a la cuestión de fondo; lo hago por patriotismo revolucionario; lo hago por espíritu aprista; lo hago por espíritu aprista, nadie me puede discutir a mí que en doce lustros he sido compañero.

He cometido errores, porque en las vidas largas hay el riesgo del error, los que pueden tener la virtud de no equivocarse son los que recién comienzan; pero nunca he renegado del Apra y siempre he llevado al Apra en mi corazón, y no sólo he tenido el anti imperialismo y el Apra que eso podría ser una lectura ideológica, de nuestra teología liberadora sino que el ejemplo de Trujillo es el que ha sacudido mi consciencia y mi alma.

En nombre de esos mártires del aprismo, de los que fueron víctimas de la persecución en el paredón oligárquico y militarista, no solicito en la sala que se vote sobre el fondo sino que esto vuelva a la Comisión para una reflexión sesuda, nadie nos puede obligar a mandar a compatriotas por ninguna razón al paredón, será un crimen que puede sacudir nuestra consciencia.

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Por eso, señora Presidenta, en el fondo planteo una cuestión previa. Que esto vuelva a la Comisión de Constitución y bajo la magnífica batuta de Aurelio Pastor podamos citar a las personas que pueden orientarnos y darnos pautas en este asunto.

No. Aurelio está en una posición que podríamos decir antitécnica de la que yo sostengo, pero es un excelente compañero y un excelente Presidente de la Comisión; pero, la figura concreta es que esto es realmente dramático, no estamos aprobando una ley de aranceles ni ratificando un pacto internacional, ni modificando un artículo del Código Procesal Penal, ni modificando la tipología penal; estamos abriendo las puertas a que en el futuro tengamos un inmenso paredón que no va a resolver el problema de las tensiones sociales que se encuentran subyacentes en el Perú.

Nada más, señora Presidenta.

(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, Javier.

Puede hacer uso de la palabra el señor congresista Carlos Bruce Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (AP).— Gracias, señora Presidenta.

Después de la reflexiva intervención del congresista Valle Riestra tengo que añadir lo siguiente. Y aquí arriesgo un punto de vista personal.

La bancada ha dejado en libertad a sus miembros para opinar con respecto a su posición del tema de la pena de muerte.

Yo tengo una razón de consideración ética. Una persona que decide quitarle la vida a otra, por razones políticas, fanáticas, es un animal, es un salvaje. Y el Estado no puede ponerse a ese mismo nivel de salvajismo y usar el mismo método para tratar de subsanar ese error.

Se está tratando aquí de usar un acto salvaje para combatir otro salvajismo, que no me parece que no es ético, y que no es el camino que debiéramos seguir para pode lucha con el terrorismo.

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Por otro lado, Presidenta, además de esta razón ética, hay una razón económica de fondo. Hace pocas semanas, pocos meses, congresistas de Unidad Nacional han estado conversando con congresistas de la Unión Europea, y ellos nos pueden comentar perfectamente, que lo primero que le dijeron fue, que si ustedes ponen pena de muerte en el Perú, olvídense del TLC con la Unión Europea.

Entonces esta decisión tiene una consecuencia económica importante que hay que tomar en cuenta.

Por otro lado, como se ha manifestado, no está demostrado que países que tengan pena de muerte sea disuasivo para que las personas dejen de utilizar este método como acción política y, por último, la posibilidad de errores procesales.

En el sistema judicial peruano, no sólo eso es una probabilidad, es una probabilidad altísima, que los mismos dirigentes del Poder Judicial hace pocos días han reconocido el alto porcentaje de errores que se podrían cometer, y estamos hablando aquí, que este Congreso, cada uno de nosotros va a tener que cargar en su conciencia esos errores, porque aquí se trata de que estamos hablando de autorizar al Estado que legalmente le quite la vida a uno de sus ciudadanos.

Y si sabemos que no existe un método cercano a lo perfecto en el Poder Judicial, de que hay razones éticas de por medio, que hay razones económicas de por medio y que por último no está demostrado que sea disuasivo, cómo podemos, Presidenta, tomar una decisión tan rápida en una materia tan importante.

Esta creo que es una de las decisiones más importantes que este Congreso va a tomar, por lo menos en los meses que tenemos sesionando. Y yo no encuentro ninguna razón por la cual este tema no pueda ser visto y esperar dictámenes, tanto de la Comisión de Constitución o de la Comisión de Justicia, para poder estar nosotros mucho más ilustrados al momento de tomar una decisión.

Es así, Presidenta, y aquí sí expongo una posición de la bancada, de apoyar la cuestión previa para que este tema tenga el dictamen de la Comisión de Constitución, tenga el dictamen de la Comisión de Justicia, para que con toda calma tomemos una decisión tan importante para el país.

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Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, señor congresista.

Tiene la palabra, la señora congresista Supa Huamán.

La señora SUPA HUAMÁN (N-UPP).— Señora Presidenta, colegas congresistas, y a todas las autoridades del Perú, quiero dirigirme en esto: no podemos hablar acá en nuestro país de violencias y de muertes, aterrorizar a nuestro país y a nuestros pueblos humildes. Mientras que nosotros estamos hablando de muerte, nuestro país se muere de hambre. ¿Qué pasa, señores congresistas, ustedes quieren cargar en su conciencia, y ustedes van a estar tranquilos cuando a un compatriota tienen que matar? De repente van a caer inocentes.

Yo, que he sido nominada al premio Nobel de la Paz del Mundo, yo no estoy de acuerdo con esta ley, señores, ¿por qué? Porque queremos la paz en nuestro Perú. Suficiente de muchas violencias en todos los aspectos que nosotros como pueblo asumimos, señores, quienes son los que tienen que soportar la violencia, los más humildes y los más pobres, que nos han convertido a ser pobres, señores, y basta de violencias.

Yo creo, un gobierno no debe estar hablando de violencias, un gobierno de un país tiene que hablar de desarrollo, tiene que hablar de trabajo para acabar la violencia en nuestro país.

Señores, les digo de que este Congreso debe llevar leyes de dignidad, leyes que tienen que recuperar su dignidad el país. No podemos caer en estas violencias, señores congresistas. Hablo a nombre de nuestros pueblos que nos han elegido, que no queremos la violencia, queremos la paz, queremos un desarrollo para nuestro país, queremos una educación que sea calidad para nuestro país, queremos alimentación para nuestros hijos, queremos el desarrollo de nuestra agricultura, queremos un desarrollo de nuestras empresas que realmente sean nacionalistas. Eso queremos, señores, para eso estaríamos ejecutando las leyes.

No hablar de violencia. Suficiente lo que nosotros cargamos, la violencia. La violencia no se trata solamente de que hay que matar a alguien; sino la violencia también porque no hay economía en los hogares, no hay trabajo para

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los pueblos. A eso también se trata de violencia, señores.

Entonces, yo creo que debemos tomar una conciencia de que no debemos estar hablando de esas leyes de muerte. ¿Cuál es eso? Basta de derramar sangre en nuestro país.

Yo creo que nadie estaría mirando sangre en nuestros caminos. Creo que mas bien debemos tomar conciencia.

Y también saludo al congresista Valle Riestra de habernos llevado a una reflexión, porque sabemos muy bien, y con experiencia también nos dice, que nosotros como congresistas que nos ha elegido el pueblo, por respeto, por derechos humanos, porque nosotros debemos respetar a los derechos humanos. Yo solamente les llamo a la reflexión a todos.


La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, señora congresista.

Varios congresistas están solicitando retorno a comisiones.

El congresista Bruce ha señalado no entender porqué no puede esto retornar a comisiones. No, sí puede. Si esa es la voluntad del Pleno, eso va a comisiones.

Lo importante es que se inicie el debate, porque se dijo en alguna oportunidad... Alguien dijo que en el Congreso tenía la propuesta de solución para concluir o terminar con el terrorismo, porque aquí había un proyecto de ley de pena de muerte.

Lo que está haciendo este Poder del Estado en su legítimo derecho, es debatir, es poner puntos de vista. Por eso la Presidencia dijo: "Se inicia el debate". Porque hay que demostrarle al país que el Congreso no está de espaldas al debate de las ideas. Las ideas se contrastan y eso es lo que está haciendo el Congreso de la República.

Por eso, es que como ustedes se han dado cuenta no hay límite en las intervenciones. Todos están interviniendo para dejar sus puntos de vista personales o de bancada; pero el Congreso sí debate y tiene todo el derecho de debatir, y seguramente algunos darán opiniones enriquecedoras señalando que el combate contra el terrorismo tiene muchísimos caminos, no sólo uno. Podría

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estar acertado, podría estar equivocado; pero no es en todo caso el camino único, porque este problema tiene un conjunto de raíces.

Y creo que la presencia del Estado, los programas sociales y reactivadores de igualdades de oportunidades de trabajo y de desarrollo para zonas marginadas o empobrecidas, también es una estrategia válida. Y por eso es que el Estado tiene que hacer presencia en cada uno de estos lugares donde actúa la subversión o los residuos, o los remanentes, o los restos de estos grupos subversivos.

Doy la palabra al congresista Rafael Yamashiro. Y luego Rebaza, y luego María Sumire. Está en fila.

El congresista Yamashiro.

El señor YAMASHIRO ORÉ (UN).— Muchas gracias, señora Presidemta.

Realmente, tengo que reconocer en el congresista Javier Valle Riestra un conocimiento profundo de la materia en temas jurídicos. Y tal vez pueda yo no tener la misma capacidad para discernir y para poder plantear las ideas tan lúcidamente, como él las ha planteado de la experiencia vivida, de los estudios y sobre todo del análisis de la realidad en el mundo.

Pero, señora Presidenta, creo que él ha hecho importantes reflexiones que es importante que tenemos que rescatar.

Y una de ellas, señora Presidenta, ha hecho resaltar que el hombre y el ser humano no es libre de cometer errores, y que por lo tanto los errores son posibles y son factibles.

Y es más, considero yo, que el pedido que él ha realizado para que esta propuesta pase a comisiones, a Comisión de Constitución y la misma que ha expresado el congresista Carlos Bruce, para que también pase a la Comisión de Constitución, sean atendibles por este Pleno del Congreso, previo, como bien usted lo ha manifestado, un debate previo de ideas, pero que definitivamente también tendremos que votar las cuestiones previas planteadas con anterioridad, a efectos de que no solamente podamos expresar las ideas que marcarán el debate y el estudio en las comisiones, sino para que podamos también ser conscientes de que a pesar de que el Reglamento en su artículo 78.° manifiesta que no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen,

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ni ningún dictamen que no haya sido publicado en el Portal del Congreso o en La Gaceta del Congreso o en el diario oficial El Peruano, por lo menos siete días calendario antes de su debate en el Pleno del Congreso, salvo dispensa de uno de estos requisitos o de ambos, aprobada en la Junta de Portavoces con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso; pero no solamente ha sido así, esto ha sido aprobado por unanimidad en la Junta de Portavoces.

Por lo tanto, también considero de que la Junta de Portavoces no es infalible, que también puede cometer un error, que en el proceso sobre el cual se establece un debate, sobre todo con la importancia que este Congreso le da a la vida,...

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Una breve interrupción, disculpe.

No es un error, es una atribución de la Junta de Portavoces, y creo que iniciar un debate no es malo, siempre se dijo hay que iniciar un debate, porque se señaló que el Congreso no debatía este tema y voluntad de debatir hay, al margen de que posición al final sea la que se adopte.

Lo que está haciendo el Congreso y muy bien hecho y muy bien facilitado por la Junta de Portavoces es eso, comenzar una ronda de debates y luego el Pleno, con toda su majestad y soberanía, decidirá como ya estoy previendo porque hay varios que se han expresado así, el retorno a una ó a dos comisiones.

De modo que, quisiera solamente, es mi obligación, en salvedad de lo que ha hecho la Junta de Portavoces.

El señor YAMASHIRO ORÉ (UN).— Definitivamente, señora Presidenta, la Junta de Portavoces puede tomar la atribución de exonerar al debate dentro de las comisiones; pero pienso, señora Presidenta, que el debate se debió iniciar en las comisiones.

Porque esto no es solamente es una atribución de los 120 parlamentarios que nos encontramos en este Hemiciclo el día de hoy, sino que esto es un debate de toda la sociedad y, por lo tanto, la sociedad puede llegar a este Congreso de la República, señora Presidenta, a través de su participación en las comisiones.

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Por lo tanto, no solamente considero de que los representantes de las diferentes regiones del Perú aquí presentes, deben debatir sobre el tema, sino que también lo debe hacer la sociedad civil, y lo debe hacer la sociedad civil porque estamos hablando efectivamente de algo que va a impactar en ella, y de que puede cambiar el curso de la historia de un país que busca ser civilizado y que busca encontrar su progreso y su desarrollo en paz y en armonía.

Y esto, señora Presidenta, manifiesta la clara voluntad que nosotros tenemos de que este debate y de que esta propuesta de ley se realice en ambas comisiones, tanto en la de Constitución, como en la Comisión de Justicia, para poder nosotros invitar a los otros agentes de la sociedad civil a pronunciarse al respecto.


La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Muchísimas gracias, señor congresista.

Congresista Rebaza y María Sumire, luego.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Señora Presidenta: Para saludar el inicio del debate sobre este tema; y para señalar que en el supuesto negado y no deseado de que se sucediera una emboscada y se hiciera como se ha hecho en circunstancias anteriores, la eliminación y la muerte impiadosa de humildes campesinos y de mucha gente que nada tiene que ver en las razones de los conflictos sociales e ideológicos, estaríamos llamando en emergencia y estaríamos tratando de interpelar a los ministros responsables.

Pero, es bueno que entendamos que debemos proveer a ellos y a un Poder Ejecutivo, de los organismos y los instrumentos jurídicos necesarios al margen de algo que con la misma fuerza que defiende y repudia mi compañero de partido, el doctor Javier Valle Riestra, nosotros también ideológica y primigeniamente repudiamos y rechazamos con todo el calor de nuestro convencimiento, el colonialismo ideológico; por el cual, en base a la erudición o al mayor dominio o la mayor versatilidad en el juego de palabras pensamos que los demás nos van a seguir sin mayor reflexión y sin mayor capacidad y criterio.

Y digo, señora Presidenta, que es bueno defender el estado de derecho por las circunstancias y por los conceptos que ello encierra; pero, llamo a la reflexión en nombre de los

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juristas y constitucionalistas que no solamente exigen el respeto a un estado de derecho, sino a un estado constitucional de derecho.

Y si la carta magna y la Constitución es el estatuto fundamental del Estado peruano, entonces, no veamos pues en el artículo 140.° de la Constitución está establecido; y no está establecido con una tendencia criminológica, sino está establecido con una tendencia restrictiva en el sentido de que sólo se puede aplicar la pena de muerte en los casos de traición a la patria, de guerra exterior.

Entonces, si es que se desarrolla este artículo de la Constitución, de ninguna manera se estaría saliendo de los cánones de un estado de derecho.

Veamos más bien, señora Presidenta, cuáles son los puntos controvertidos sobre los cuales debe versar el debate que ya se inició. Y, el primero si es que el artículo 140.° de la Constitución estaría ampliando la pena de muerte. Ya se han citado aquí las posiciones y fundamentos de juristas reconocidos en el país, en el sentido de que el concepto de terrorismo, entendido como un conflicto armado que se da dentro del territorio con el apoyo logístico y financiero de una de las partes en conflicto, está comprendido en el concepto de guerra exterior.

En consecuencia, hubieron parlamentarios que señalaron que el artículo 140.° hubiera sido suficiente y hubiera tenido el mismo alcance conceptual si es que ni siquiera se hacía la precisión del terrorismo. Sin embargo, desarrollar este artículo es estar dentro de la constitucionalidad del país.

Si esto es así, señora Presidenta, el otro punto controvertido es si es que una ley de desarrollo del artículo 140.° de la Constitución contraviene o no contraviene al Pacto de San José de Costa Rica o a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y siendo que la instancia inferior de esta jurisdicción supranacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consulta a la Corte, y la Corte como organismo superior contesta que si es que se aplica la pena de muerte por una ley que no es de aplicación inmediata, y que esta ley que estamos tratando de aprobar no es de aplicación inmediata, porque solamente se aplicaría previo el debido proceso penal correspondiente, entonces, no se estaría contraviniendo al Pacto de San José de Costa Rica, y por lo tanto, no haría ninguna falta hablar de la denuncia parcial

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y de ningún tipo de denuncia a esta Convención Interamericana.

El otro elemento, señora Presidenta, es que el desarrollo del artículo 140.° de la Constitución sería válido siempre que se haga a través de una ley como la presente proposición legislativa, que señale y tipifique con claridad cuáles son los casos de extremo terrorismo; y en la proposición legislativa en análisis y en debate, señora Presidenta y señores congresistas, estamos viendo que se está estableciendo en el artículo 2.° la tipificación del delito de terrorismo, señalando los verbos rectores y la circunstancias de la comisión de estos actos.

En los artículo siguientes, se establece las penas en forma gradual, la pena capital para el caso extremo de criminalidad de quienes perteneciendo a una organización terrorista se han dedicado a quitar la vida a los peruanos y así sucesivamente.

Quiero terminar haciendo dos argumentos fundamentales, señora Presidenta. El primero es que cuando se estudia las necesidades públicas pues la necesidad pública absoluta, es decir, aquella a la cual no puede renunciar el Estado es la necesidad de seguridad, la necesidad de orden interno y de Defensa Nacional y eso conlleva a la supervivencia de la sociedad peruana. Si es que no se cumple con esa función de seguridad y Defensa Nacional, entonces, corre peligro la supervivencia de la sociedad peruana y el delito de terrorismo atenta contra la supervivencia de nuestra sociedad.

En consecuencia, tenemos que responder a esta necesidad absoluta pública de defender la super existencia de nuestra sociedad o la supervivencia.

Por otro lado, señora Presidenta, se ha dicho acá de que cuando por razones ideológicas se realizan movimientos si se mata a la gente como lo hace el terrorismo, pues, eso es explicable y debe ser comprensible.

Pero yo digo, señora Presidenta, qué razones ideológicas y qué razones doctrinarias puede exhibir aquel que se precie de político o aquel que se precie de luchar por la justicia social o de luchar por la mayor y mejor igualdad y proporcionalidad en los derechos de los hombres, cuando las banderas que levanta son las banderas de criminalidad, las banderas de crueldad y las banderas de ferocidad.

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Cómo se puede admitir que se pueda decir que ese es un programa ideológico y que es una base ideológica o que es el ideario de algún grupo político nacional.

Creo que tenemos que combatir ese tipo de errores, señora Presidenta, porque quienes no han visto como lo hemos visto nosotros en Cajamarca y en Cajabamba, específicamente, qué razón ideológica puede tener un grupo armado paramilitar para eliminar como se eliminó al señor Oscar Acón delante de su esposa, delante de sus hijos y delante de humildes campesinos.

Qué razón ideológica y doctrinaria puede existir cuando un grupo criminal en el pretexto de buscar la justicia social que no saben defender en los mecanismos y en los cánones democráticos, usando el fusil eliminaron al alcalde de Shirac un humilde campesino delante también de su familia y de otros comuneros como él.

En consecuencia, señora Presidenta, si bien es cierto existen razones para defender el abolicionismo, existen razones fundadas también, señora, para defender los derechos humanos de la sociedad y la supervivencia de la sociedad peruana.

Por todo ello, yo creo que esta Representación Nacional tomará la mejor decisión, pero lo que no podemos negar es que necesitamos un ordenamiento jurídico y un sistema penal que permita modificar la conducta de aquellos que creen que el crimen y la muerte es el mecanismo para buscar la justicia social.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, congresista Rebaza.

Congresista Sumire, luego Nidia Vílchez y luego Aldo Estrada.

La señora SUMIRE DE CONDE (N-UPP).— Señora Presidenta, señores y señoras congresistas, colegas.

Esta Ley de la Pena de Muerte que, justamente, es planteada por el Ejecutivo y también la Constitución Política del Estado justamente se da en momentos de guerra, ¿no cierto? Entonces, creo que hay mucha contradicción y no se puede admitir semejante atropello porque a pesar de que esta

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Constitución se da en plena guerra que se vivía en el país; entonces, la Constitución a pesar de eso hay una contradicción dentro de esto planteada, porque el artículo 140.° claramente que también dice "La pena de muerte solo se puede aplicar por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el caso de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados que el Perú suscribe".

Y creo que en estos términos y además el artículo 1.° de la Constitución dice: "Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Entonces, es en esos términos por lo tanto el propósito de la carta magna, es el respeto por la vida de las personas y no se puede ahora en estos momentos y en esta situación que el país sale adelante, discutir la pena de muerte.

Y es más, sabemos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha dicho que 143 mil campesinos quechuas y de diversas comunidades nativas han sido asesinados.

Entonces yo me pregunto acá, ¿otra vez querrán que nuestras comunidades campesinas paguen lo que no han hecho? ¿Será que también quieren que las comunidades por lo mismo de ser diferentes, por lo mismo de ser incivilizados sean también acusados que son terroristas? Me pregunto.

Y creo, como defensora y como que he sido nominada al Premio Nobel de la Paz, estamos en defensa de la paz y no vamos a permitir que más y más se desangre nuestro país.

Y así mismo, suscribo y valoro lo expuesto por el doctor Javier Valle Riestra, que lo ha dicho claramente y nos ha dado cátedra en este momento, y creo que eso sí merece reconocimiento.

Y creo también los demás que han dicho que no podemos ya sino más bien curemos heridas, salgamos y hagamos propuestas en salud, en educación, en agricultura. Eso es lo que nos falta, presupuesto para este sector, presupuesto para la agricultura, lo que tanto reclamamos las que venimos de las comunidades andinas y de la zona andina.

Porque la pobreza de la zona andina es tan fuerte que a veces no nos damos cuenta porque claro, como no vivimos en la zona, como no sabemos qué es hambre, como no sabemos qué es caminar 2 ó 3 días a pie, como no sabemos que nuestro producto agrícola no sirve, no está valorado, está

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prácticamente por debajo del costo de la producción.

Entonces creo que ahí sí, en esos términos sí, trabajemos justamente para que todo el pueblo tenga salud, para que todo el pueblo tenga una educación digna, para que el pueblo tenga agricultura, que realmente se beneficie a las comunidades que están lejanas.

Yo pido, señora Presidenta, que esto se debata más y que pase a la Comisión de Justicia, porque no se puede aprobar así sino que hay que verlo y creo que también dentro de la Constitución, si es la Ley de leyes no podemos contradecir y no podemos tampoco decir que esta ley está bien.

Entonces, creo que para eso estamos reflexionando, señora Presidenta, solo eso quiero decir.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Muchas gracias, señora congresista.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Aldo Estrada Choque.

El señor ESTRADA CHOQUE (N-UPP).— Señora Presidenta, la felicito porque usted ahora va a permitir que todos los congresistas podamos dejar sentada nuestra posición frente a la pena de muerte y tratándose del terrorismo.

Fernando Casós, ese gran pensador mexicano, decía que no hay nada más trascendente e importante que la naturaleza de la existencia humana, por eso es que hay que protegerla, por eso es que hay que respetarla y de ninguna manera destruirla, y esto es lo que tenemos que hacer aquí.

Valle Riestra lo ha dicho, no podemos convertir al Perú en un patíbulo y mucho menos este Congreso, señora Presidenta, puede prestarse para sentar semejante situación totalmente indignante y vergonzante para todos y cada uno de los peruanos en lo sucesivo.

La pena de muerte, señora Presidenta, sin duda es la pena más rigurosa, es la pena más cruel, por sus caracteres esenciales se define como irreversible, es decir cualquier error que se cometa en el juzgamiento de una persona no puede por ninguna razón, señora Presidenta, poder ser recuperable.

Tenemos el caso del Monstruo de Armendáriz, cuando después

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de 10 años de haber sido ejecutado el señor médico legista que conoció de este caso fue claro al decir que este hombre no había sido el autor del delito que se le imputaba y que más bien ese niño había muerto como consecuencia de un accidente de tránsito.

Eso quedó demostrado y me pregunto, ¿fue posible recuperar esa vida? Imposible, señora Presidenta.

Luego, quiero manifestar que la eliminación de esa vida por mandato de la sociedad, traducida en una ley como se pretende ahora en este Congreso conseguir no puede por ninguna razón justificarse, señora Presidenta.

En este país, a lo largo de toda nuestra vida republicana han habido 10 ejecuciones, y desde la última han transcurrido 27 años, señora Presidenta, sin que jamás ni nunca se haya vuelto a dar una sentencia condenando a la pena de muerte.

Quiere decir que ya nos hemos inscrito en la corriente abolicionista y tenemos que seguir dentro de esos términos porque no hay nada más importante —ya lo dije— que la vida humana.

Ahora bien, qué dice la Constitución, señora Presidenta, en su dispositivo, y el pertinente en este caso, tenemos el artículo 1.°, dice: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Se deja inviable la implantación de la pena de muerte conforme a este dispositivo.

El artículo 2.°, inciso 1), dice: "Toda personas tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo y bienestar y bienestar. Con concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece".

Ahora bien, se ha manifestado que en esta oportunidad debemos necesariamente hacer referencia a las razones y motivos por qué la pena de muerte no debe tener vigencia en nuestro país.

El artículo 139.° de la Constitución, dice: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y reincorporación

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del penado a la sociedad".

Esto es básico y fundamental, señora Presidenta, la pena rompe absolutamente todo cuanto tiene por objeto y se inscribe dentro de los fines de la pena.

Además, las ampliaciones que se han hecho en la Constitución de 1993 sólo tienen un carácter simbólico porque el Perú ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada "Pacto de San José de Costa de Rica", el 22 de noviembre de 1969, y la ha ratificado en 1978 y 1983. Esa convención dispone en su parte primera, deberes de los Estados y derechos protegidos, Capítulo II, derechos civiles y políticos, artículo 4.°, derecho a la vida: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

Quería manifestar, señora Presidenta, que si bien es cierto que el artículo 140.° de la actual Constitución establece y dentro de un acápite dice que se refiere al terrorismo como un delito para el cual se estaría implementando la pena de muerte, este dispositivo no tiene vigencia, señora Presidenta, y ha sido rechazado concluyentemente por el Pacto de San José de Costa Rica. Y es en esa circunstancia que ahora se nos pretende hacer consentir de que en la Constitución ya se ha consagrado el delito de terrorismo como sancionado con pena de muerte. Esto es falso, señora Presidenta.

Lo único que habría que hacer si este Congreso institucionalizara la pena de muerte y pretendiera esa pena incorporarle en el Código Penal tendríamos que renunciar al Pacto de San José de Costa Rica, y los peruanos no estamos dispuestos, señora Presidenta, a tener que perder la posibilidad de hacer valer otros derechos de los tanto que nosotros tenemos y que están consagrados en la Constitución, y en donde gobiernos en su momento muchos de estos despóticos han hecho abuso y medio a lo largo y ancho de estos años, y sólo ha sido posible recuperar, señora Presidenta, conseguir que esos derechos sean restituidos acudiendo a la Corte de San José de Costa Rica.

Por eso, señora Presidenta, nosotros nos oponemos a la pena de muerte. Y no sólo pedimos que vaya a las comisiones de Constitución y de Justicia, sino que definitivamente aquí el Congreso se defina y diga "no a la pena de muerte",

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señora Presidenta. Defendamos la vida porque la vida es trascendente, la vida es importante, la vida no puede ser cortada en virtud de una ley y, mucho menos, por voluntad de un Congreso cuando esa vida pertenece a todos los seres humanos, señora Presidenta, y debemos ingresar en los términos del respeto, en los términos de la consideración y en los términos del abolicionismo, en el cual están inscritas ya más de 246 constituciones del mundo.

Y ahora que han transcurrido casi 30 años de no aplicación de la pena de muerte en este país, mal haríamos en pretender institucionalizarla nuevamente y, desde luego, pretender que inclusive vaya nuevamente a las comisiones sabiendo perfectamente bien que los especialistas, que quienes conocen debidamente que lo que es la pena de muerte, como ha pasado en la Comisión de Justicia, absolutamente todos unánimemente han dicho que no es posible que se institucionalice la pena de muerte en este país.

Por eso, Unión por el Perú, señora Presidenta, defiende la vida y estamos en contra todo proyecto que pretenda arrancarla, atentar contra ella o, simple y llanamente por virtud de una ley, pretender seguir eliminando seres humanos, que es lo más vergonzoso e indignante que podemos nosotros tener y concebir.


(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, señor congresista.

Puede hacer uso de la palabra la señora congresista Karina Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (N-UPP).— Gracias, señora Presidenta.

Igual forma, nosotros no somos quien para quitar la vida, sabemos de irresponsabilidad. Nosotros rechazamos los actos vandálicos que vienen cometiendo los terroristas, pero nosotros no podemos ser irresponsables como ellos y también actuar como ellos vienen actuando, quitando la vida.

No, señora Presidenta, señores parlamentarios, representantes de la nación. Nosotros no podemos justificar

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el hecho de que ellos matan a las personas, a los inocentes, nosotros también querramos institucionalizar la pena de muerte en nuestro Código Penal por argumentos, que como son terroristas, nosotros debemos de quitar la vida. No, señora Presidenta.

Yo me opongo a ese proyecto de ley, por tres razones fundamentales: La primera, por razones humanas, porque solo Dios nos puede quitar la vida, así como nos la da, nos puede quitar en el momento que él decida.

El segundo punto, es las razones legales, porque el Estado peruano no puede patear el tablero de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la misma medida, por razones morales.

Prefiero que esos terroristas sean condenados a cadena perpetua y paguen su culpa en este mundo por los daños que vienen causando, no fácilmente le podemos quitar la vida en un instante. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿a dónde irán a pagar sus multas?, ¿irán al infierno?

Entonces, eso no está aquí en debate, en debate está la vida. No estamos tratando de un proyecto de ley que mañana podemos rectificarnos si nos hemos equivocado, no, ya se habrán perdido vidas, ¿y quién nos las van a reponer estas vidas que nosotros vamos a aprobar en este Congreso? No, señora Presidenta.

De igual forma nosotros no podemos aplicar la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Tampoco podemos ser irresponsables en querer desconocer la Constitución, como ya han señalado en el Título I, en su artículo 2.° en el inciso 1), dice: "que toda persona tiene derecho a la vida". Entonces, si la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, entonces nosotros con un proyecto de ley no podemos desconocer.

Tampoco podemos permitir que se nos quiera sorprender al señalar que nuestra Constitución en su artículo 140.° ya prevé que nosotros podemos aplicar la pena de muerte en caso de terrorismo. Tampoco, creo, nosotros desconocemos las leyes.

Entonces, eso también quiero pedir que no se nos sorprenda al señalar dichos argumentos.

Señora Presidenta, como lo señala el civilista, el doctor

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Carlos Fernández Sesarego, que no hay bien más preciado como la vida, que nosotros tenemos que defender, ser de su concepción hasta que la vida misma deje de existir, pero por hechos que Dios lo permita, no por manos de los seres humanos, como a la fecha queremos pretender.

Por ello la posición en forma personal, y como de la bancada UPP, nosotros vamos a defender el derecho a la vida, porque nosotros no podemos caer en el facilismo de decir: para que podamos contrarrestar al terrorismo, seamos la ley. Y quiénes son los que van a defender, ¿tenemos un Poder Judicial trasparente, justo, que se vienen realizando los procesos a cabalidad? No, señores, sabemos que hay procesos contra los terroristas más de cinco, seis años, por irresponsabilidad de quiénes pueden ellos salir en libertad, ¿no es del Poder Judicial?

Entonces, en nuestras manos está así legislar una verdadera ley de la carrera judicial, para que los jueces tengan instrumentos y tengan la prioridad de poder sancionar drásticamente a estos terroristas.

Por ello sí, yo estoy a favor que deberíamos de aplicarse la cadena perpetua, para que ellos puedan vivir, 10, 20 años encerrados y cada día paguen la miseria que han cometido al haber quitado la vida a muchos inocentes.

Y también nosotros tenemos que ser conscientes al aplicar esto, ¿no será que podamos matar a personas inocentes? Entonces, creo yo, nosotros no podemos ser irresponsables en decir que la solución de los terroristas es también decretando una ley, quitándoles la vida.

Por ello, señora Presidenta, nosotros tenemos que respetar la Constitución, en primer lugar; y, en segundo lugar, nosotros tenemos que defender la vida como Dios nos ha dado.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Ya. Claramente fijada la posición de esa bancada.

Doy la palabra al congresista Carlos Raffo.

Hay varios voceros que están reiterando lo mismo, por sus propias bancadas. En esta lado han hablado muchísimos por su bancada y yo debo dar oportunidad a otras bancadas,

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tengo que combinar. Por eso le voy a dar a Raffo que le cede a Mekler, por su bancada.

Pero ya las bancadas están expresadas, reiterativamente, por varios voceros. Yo quiero que entiendan eso también.

Bien. Congresista Mekler, le cedió Raffo. Y Raffo luego. Correcto.

El señor MEKLER NEIMAN (N-UPP).— Señora Presidenta, si me perdona una recomendación previa.

Creo que este debate no puede ser por bancadas, éste es un debate de personas, un debate individual no de bancadas, aparte de cómo se vota al final. Es una recomendación solamente.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Sí, congresista, pero los señores congresistas pidieron así el uso de la palabra. Yo lo que tengo que hacer es balancear.

Tengo que balancear, no puedo dar permanentemente a una sola bancada como me están reclamando, yo tengo que armonizar y así congresistas individualmente, pero están expresando, por lo que estoy notando, una opinión que no es contradicha por otro miembro de su bancada.

Puede usted hacer uso de la palabra.

El señor MEKLER NEIMAN (N-UPP).— Seré breve porque es un tiempo cedido.

Sólo para preguntarle. ¿Quién es el hombre para matar a otro hombre? ¿Quién nos dio esa facultad casi divina? Los que creemos que la Biblia es un documento sagrado nos preguntamos, por ejemplo, por Dios en la cumbre de la creación creó a un solo hombre, Adán. ¿Por qué no se facilitó el mismo trabajo y creó millones de seres humanos? ¿Por qué creó a uno solo y sintió que su obra estaba terminada? ¿Por qué un solo hombre, uno solo, justifica todo el acto de la creación?

Y nosotros aquí queremos decir: "No, lo vamos a eliminar porque no piensa como nosotros o porque ideó una estrategia". No tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad. Cada hombre es un cúmulo de historia, de valores, de tradiciones, cada uno. No podemos eliminarlo.

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Sin embargo la moral es un tema bastante devaluado así que vayamos rápidamente a los temas prácticos que parece que es lo que manda en el mundo de hoy. El Perú ha tenido una dificultad en la lucha antiterrorista porque no ha podido matar a los senderistas vía una ejecución judicial, no hemos podido combatir efectivamente, casi brillantemente a sendero, apresando a sus principales dirigentes, sin necesidad de condenarlos a muerte. ¿Cuál es la novedad de que la lucha antiterrorista necesita matar para ganarla?

Cuando la lucha antiterrorista ha decrecido notablemente; sin duda existen todavía rezagos, pero no es ni remotamente lo que era, ahora descubrimos que necesitamos matar a los terroristas cuando en su apogeo no requeríamos. ¿Acaso tenemos terroristas que se escapan porque los apresamos en vez de matarlos?

¿Por qué surgió esta necesidad de matarlos? ¿De dónde? Y, efectivamente, como bien dijo el doctor Valle Riestra, el nivel de error es altísimo, hay casos sin duda paradigmáticos como el de Sacco Y Vanzetti; también está el caso del hijo del héroe americano Charles Lindbergh, el famoso aviador que por primera vez cruzó el Atlántico, su hijo fue secuestrado y asesinado, lo mataron; dos años después fusilaron a un pobre inmigrante alemán que ni entendía el idioma Inglés y después se demostró que era inocente. Igual a los esposos Ethel y Julius Rosemberg al iniciar la guerra fría, simplemente por ser inmigrantes rusos había que justificar el armamentismo y los mataron en un juicio sumario, rapidísimo.

Es por eso que el Perú no tiene ningún argumento para que sea acusado de espionaje, cientos de casos así de paradigmáticos, pero además la Universidad de Columbia, universidad respetadísima de los Estados Unidos tiene un estudio que deberíamos leerlo todos antes de debatir el tema. 68% de los casos sentenciados a muerte, del 73 al 95 presentaron fallas graves en el procedimiento, errores graves. 68%.

De ese 68% que fueron condenados a muerte y que tuvieron fallas graves en el proceso al menos el 18% merecía la libertad, el resto condenas mucho más leves. Hablamos de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, un país avanzado, época reciente, del 73 al 95 y ya con la ciencia muy avanzada.

¿Qué será Dios mío en el Perú si dejamos esa libertad a los

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jueces? Si no hay ni la tecnología, ni la sabiduría, ni las ganas, a veces, de hacer las cosas bien y con justicia. De ninguna manera le voy a dar la vida de un solo peruano a estos jueces que tienen no solamente el alma y la toga, como dijo el congresista, las intenciones muchas veces más veces que su alma y su toga.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, congresista.

La palabra al congresista Raffo.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— muchas gracias, señora Presidenta, y con mucho gusto, señor.

Creo que todas las posiciones en un tema tan delicado son absolutamente respetables y valiosas. Yo coincido con que aquí debe darse el tiempo, no sólo a las bancadas, sino a las personas para expresarse porque todos tenemos algo que aportar. Me parece valioso el aporte de la congresista Supa, de la congresista Sumire. Cómo no va a ser valioso el aporte del congresista Valle Riestra, con todo ese conocimiento.

No pretendo en este momento igualarme y tratar de competir en lo más mínimo con el conocimiento histórico del señor Valle Riestra o el conocimiento jurídico del señor Estrada. Quiero dar un punto de vista como un ciudadano, como un ser humano, como alguien que ha vivido, porque he vivido como todos ustedes lo que fue esos 15 años sangrientos.

Sería lo más fácil para nosotros en este momento, donde vemos que la corriente va dirigida en un solo sentido, quedarnos callados, porque vamos a discrepar con todos. Sin embargo, creemos fundamental importante dar nuestra posición.

Estamos totalmente de acuerdo que esto merece el análisis, el tiempo necesario y vamos a apoyar la cuestión previa para que esto vaya a comisiones si todos están de acuerdo con ello. No hay ningún problema, pero eso no significa que el fujimorismo no vaya a sentar posición esta noche, y para hacerlo, esperamos que cuando lo hagamos merezca el mismo respeto que ha merecido de nuestra parte las opiniones de todos ustedes.

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Nosotros queremos hacer un pequeño viaje retrospectivo de un minuto a lo que vivimos todos juntos en la década del 80: cuántos alcaldes, cuántos gobernadores apristas, belaundistas han muerto, cuánta gente inocente vivía todos los días condenado a la pena de muerte por el terrorismo, porque nosotros no fuimos nunca a buscar ese problema, fueron los terroristas los que comenzaron a asesinar a todos los peruanos por la espalda.

Y en esa lucha de muerte no había bandera política, porque morían peruanos, policías, campesinos, soldados, gente común, niños, inocentes, y poco a poco esto fue degenerando y degenerando y degenerando.

Se logro avanzar, sí se logró avanzar mucho. No se logró derrotar totalmente, no. Un grupo minúsculo sobrevivió, lamentablemente. Y lamentablemente por razones políticas se retrocedió en todo lo que pudimos avanzar, reitero, todos los peruanos, porque la lucha contra el terrorismo no fue de un partido, fue de todos los peruanos, y retrocedimos por mezquinas razones políticas.

Yo lo he vivido directamente. Esa sorpresa que hoy muchos de nosotros encontramos al analizar la sentencia aberrante de la CIDH, sobre todo lo que se ha sido capaz de hacer cediendo terreno al terrorismo, para nosotros, amigos, no es sorpresa.

Yo, como jefe de prensa del ingeniero Alberto Fujimori he vivido cada día de los últimos años después del año 2000 con mucha sorpresa, cómo se fue retrocediendo poco a poco, paulatinamente y por razones políticas se fueron cerrando bases militares, se ablandó y se tiró abajo todo el aparato legal que nos permitió hacer retroceder al terrorismo: se quitó presupuesto y desmoralizó y se persiguió a las Fuerzas Armadas, se retrocedió, se retrocedió y se retrocedió.

Y ahí vemos, y hoy día muchos descubren cuanto se retrocedió. Y no somos nosotros, porque si se han dado cuenta, hemos mantenido mucha cautela en los últimos días, los que han hablado de que es increíble cómo el Estado pudo retroceder por mezquinas razones políticas.

Reitero, la lucha contra el terrorismo no debe tener color político. Acá no se trata si le conviene a Alan García en el tema del Frontón, o si le conviene a Alberto Fujimori por un proceso que está en Chile en este momento y no tiene

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nada que ver con esta discusión. Aquí se trata de una guerra que libramos todos los peruanos, y debemos ser capaces de dejar de lado esas mezquinas razones políticas.

Vemos con alegría que estos últimos días hay una conciencia verdaderamente corporativa de país, y todos los grupos políticos rechazan ese fallo aberrante que compara a los terroristas con Juana de Arco, que los llama héroes asesinados por el Estado peruano.

Bajo esa misma conciencia corporativa de país, les pedimos una reflexión: nosotros no estamos saliendo a asesinar a terroristas porque se nos ocurre, el terrorismo lamentablemente se está reconstituyendo, ya conocemos esa historia, o nos hemos olvidado cuando decían que eran abijeos.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, congresista.

La palabra al congresista Raffo.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— muchas gracias, señora Presidenta, y con mucho gusto, señor.

Creo que todas las posiciones en un tema tan delicado son absolutamente respetables y valiosas. Yo coincido con que aquí debe darse el tiempo, no sólo a las bancadas, sino a las personas para expresarse porque todos tenemos algo que aportar. Me parece valioso el aporte de la congresista Supa, de la congresista Sumire. Cómo no va a ser valioso el aporte del congresista Valle Riestra, con todo ese conocimiento.

No pretendo en este momento igualarme y tratar de competir en lo más mínimo con el conocimiento histórico del señor Valle Riestra o el conocimiento jurídico del señor Estrada. Quiero dar un punto de vista como un ciudadano, como un ser humano, como alguien que ha vivido, porque he vivido como todos ustedes lo que fue esos 15 años sangrientos.

Sería lo más fácil para nosotros en este momento, donde vemos que la corriente va dirigida en un solo sentido, quedarnos callados, porque vamos a discrepar con todos. Sin embargo, creemos fundamental importante dar nuestra posición.

Estamos totalmente de acuerdo que esto merece el análisis,

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el tiempo necesario y vamos a apoyar la cuestión previa para que esto vaya a comisiones si todos están de acuerdo con ello. No hay ningún problema, pero eso no significa que el fujimorismo no vaya a sentar posición esta noche, y para hacerlo, esperamos que cuando lo hagamos merezca el mismo respeto que ha merecido de nuestra parte las opiniones de todos ustedes.

Nosotros queremos hacer un pequeño viaje retrospectivo de un minuto a lo que vivimos todos juntos en la década del 80: cuántos alcaldes, cuántos gobernadores apristas, belaundistas han muerto, cuánta gente inocente vivía todos los días condenado a la pena de muerte por el terrorismo, porque nosotros no fuimos nunca a buscar ese problema, fueron los terroristas los que comenzaron a asesinar a todos los peruanos por la espalda.

Y en esa lucha de muerte no había bandera política, porque morían peruanos, policías, campesinos, soldados, gente común, niños, inocentes, y poco a poco esto fue degenerando y degenerando y degenerando.

Se logro avanzar, sí se logró avanzar mucho. No se logró derrotar totalmente, no. Un grupo minúsculo sobrevivió, lamentablemente. Y lamentablemente por razones políticas se retrocedió en todo lo que pudimos avanzar, reitero, todos los peruanos, porque la lucha contra el terrorismo no fue de un partido, fue de todos los peruanos, y retrocedimos por mezquinas razones políticas.

Yo lo he vivido directamente. Esa sorpresa que hoy muchos de nosotros encontramos al analizar la sentencia aberrante de la CIDH, sobre todo lo que se ha sido capaz de hacer cediendo terreno al terrorismo, para nosotros, amigos, no es sorpresa.

Yo, como jefe de prensa del ingeniero Alberto Fujimori he vivido cada día de los últimos años después del año 2000 con mucha sorpresa, cómo se fue retrocediendo poco a poco, paulatinamente y por razones políticas se fueron cerrando bases militares, se ablandó y se tiró abajo todo el aparato legal que nos permitió hacer retroceder al terrorismo: se quitó presupuesto y desmoralizó y se persiguió a las Fuerzas Armadas, se retrocedió, se retrocedió y se retrocedió.

Y ahí vemos, y hoy día muchos descubren cuanto se retrocedió. Y no somos nosotros, porque si se han dado

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cuenta, hemos mantenido mucha cautela en los últimos días, los que han hablado de que es increíble cómo el Estado pudo retroceder por mezquinas razones políticas.

Reitero, la lucha contra el terrorismo no debe tener color político. Acá no se trata si le conviene a Alan García en el tema del Frontón, o si le conviene a Alberto Fujimori por un proceso que está en Chile en este momento y no tiene nada que ver con esta discusión. Aquí se trata de una guerra que libramos todos los peruanos, y debemos ser capaces de dejar de lado esas mezquinas razones políticas.

Vemos con alegría que estos últimos días hay una conciencia verdaderamente corporativa de país, y todos los grupos políticos rechazan ese fallo aberrante que compara a los terroristas con Juana de Arco, que los llama héroes asesinados por el Estado peruano.

Bajo esa misma conciencia corporativa de país, les pedimos una reflexión: nosotros no estamos saliendo a asesinar a terroristas porque se nos ocurre, el terrorismo lamentablemente se está reconstituyendo, ya conocemos esa historia, o nos hemos olvidado cuando decían que eran abijeos.

En todos los idiomas mucha gente ha tratado de negar los últimos años que el fujimorismo se estaba reconstituyendo. Decían que era una herramienta política del terrorismo y hoy el tiempo nos da la razón.

No nos da gusto que esto sea así, porque es triste para todos los peruanos que esta lacra que nos ha matado a todos esté avanzando nuevamente. Frente a eso, tenemos que tomar una posición.

La pena de muerte, señores, según nuestro punto de vista, no es la solución total ni definitiva para vencer al terrorismo. Sin embargo, consideramos que puede ser una herramienta importantísima.

No podemos volver a permitir que esto suceda, no podemos volver a esperar para tomar acciones, que estalle otro coche bomba en Tarata o que velemos a uno de nosotros aquí en los Pasos Perdidos, o que sigamos viendo todos los días imágenes, como ya estamos viendo nuevamente de las viudas y de los hijos de los policías.

Sabemos y vemos hoy día que no hay consenso, pero no nos

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impide dejar nuestra opinión muy clara el día de hoy.

Nosotros, creemos que el Estado en defensa de la vida tiene derecho a defenderse, en defensa de la vida de esa gente inocente...

Por medio de la Presidencia, con mucho gusto. señora Presidenta.

—Reasume la Presidencia la señora Fabiola María Morales Castillo.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Morales Castillo).— El señor Luizar tiene la interrupción.

El señor LUIZAR OBREGÓN (N-UPP).— Gracias, señora Presidenta. Gracias, colega.

Bueno, dicen que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y a mi me preocupa lo que señala el congresista, porque parece que la intención de fondo no es realmente un combate al terrorismo; sino conforme ya estamos escuchando su intervención, parece que lo que se quiere es sacarnos de la Corte de Costa Rica, lo que se pretende es retirar al Perú de la Corte de Costa Rica, del fuero de la Corte Internacional.

Si nosotros realmente pretendemos combatir al terrorismo, démosle más recursos a nuestras Fuerzas Armadas. Si pretendemos sancionar de manera drástica a los terroristas, conforme lo señaló la colega Karina Beteta, y pongamos una pena perpetua y con trabajos obligados para que contribuyan, pues, por lo menos a su mantención.

Pero no, lo que se pretende aquí es retirar al Perú de los alcances de la Corte de Costa Rica. Eso es lo real.

Inicialmente, se planteó una pena de muerte por el asunto, digamos, de las violaciones al niño y todo ello. No surtió. Ahora tenemos nuevamente este tema, después de una campaña en la que se cuestionó un fallo de la Corte Internacional.

Con la posible pena de muerte sobre los terroristas, ¿qué va a ocurrir? ¿Acaso no vemos en el mundo que ya no solamente tenemos coches bomba sino tenemos personas bomba que van, se suicidan con una carga de dinamita o de cualquier cosa y se exponen ahí? ¿Nos vamos a amedrentar de esa manera? No, señor.

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Y por razón de principio acá no se trata solamente evaluar la posibilidad del error jurídico. Por razón de principio de humano, de hombre, nosotros no somos quienes para decidir sobre la vida de otros hombres.

En todo, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Morales Castillo).— Puede continuar, congresista Raffo.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Está pidiéndome una interrupción el congresista Pastor, señora Presidenta. Con muchísimo gusto, si usted lo permite.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Morales Castillo).— El congresista Pastor, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor PASTOR VALDIVIESO (PAP).— Gracias, señora Presidenta, y gracias, colega Raffo.

Señora Presidenta, yo no comparto lo que acaba de señalar el colega que me ha antecedido, porque nosotros tenemos acá, como ya lo mencioné, la Opinión Consultiva N.° 1494 del 9 de diciembre del año 94.

Esta opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la votación que hubo en el Parlamento Nacional, con respeto o a raíz de una consulta que se hizo precisamente para ver si la incorporación de la pena de muerte violaba los derechos humanos en el Perú, señala en el punto 42:

"En el caso de que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisión de la ley".

La ley que no es de aplicación inmediata, que es lo que se está discutiendo en este momento, es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa per sé violación de los derechos humanos. La Corte Interamericana, acá está el fallo firmado por los señores Rafael Nieto, Presidente; Héctor Fix-Zamudio, Alejandro Montiel, Máximo Pacheco, Hernán Salgado. Jueces integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que se está discutiendo.

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Se ha hablado acá si pueden haber algunas alternativas. Alguien dice: "la pena de muerte no es disuasiva". Yo no estoy muy seguro de eso. En el Perú seguramente no hay estadísticas recientes, pero sí se hizo una estadística en el Estado de New York, por ejemplo, en donde se demostró con números, que la criminalidad aumentó en el momento en que el Estado abolió la pena de muerte y tuvieron que restituirla, estadísticas concretas.

Nueva York, una democracia, que a pesar de la pena de muerte es una democracia consolidada, porque alguien ha dicho que no es necesaria la pena de muerte para consolidar una democracia.

Yo digo, si la pena de muerte no es disuasiva, qué cosa es disuasivo, qué es disuasiva, ¿la cárcel? El que no le teme a la muerte, ¿le teme a la cárcel?, en un régimen en donde además tenemos la obligación de revisar las sentencias.

La Corte Interamericana mandó y acá tenemos nosotros una resolución interna, a que la cadena perpetua no podía ser perpetua, porque siendo el nuestro, nuestro régimen penitenciario, un régimen que busca la resocialización del individuo, el Estado le tenía que dar la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, y por eso la cadena perpetua no es perpetua, se revisa, y se revisa con la posibilidad de anular una sentencia y poner a la persona en libertad, y hay estadísticas.

Así como Javier Valle Riestra, señaló hace un momento una serie de casos en Estados Unidos, en donde se condenó a personas inocentes. Nosotros tenemos acá un extenso trabajo desarrollado también en Estados Unidos sobre las propias estadísticas de gente, acá tengo el caso de Dawud Mu'Min, James Moore, Kenneth Mc Duff, casos de ciudadanos americanos que precisamente por la flexibilidad de algunos jueces fueron dejados en libertad y volvieron asesinar.

Qué derecho tiene el Estado de poner en libertad a gente que sabemos que va salir asesinar, qué derecho tiene el Estado frente al individuo que tiene la necesidad de estar absolutamente tranquilo que el Estado ponga en libertad nuevamente a alguien que sabe que va salir a asesinar y nada más que asesinar.

Aquí están los casos, tantos casos hay de algunos inocentes que fueron condenados, como de algunos culpables que fueron liberados, estadísticas hay para todos, lo cierto es que la

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cadena perpetua no es una solución.

La pena de muerte está incorporada a la Constitución, y lo que nosotros estamos debatiendo acá es una extensión y una colocación en la legislación.

Seguramente algunos dirán yo no sé cuan importante sea y con esto acabo, Presidenta, abusando de la generosidad de Carlos Raffo, algunos dirán cuánto daño le hace a al Perú hacer este tipo de objeciones, cuánto daño le puede hacer al país incorporar qué dirán. Yo acá tengo una propuesta, qué pena que no esté acá Javier, que ya se haya retirado; pero acá hay un informe que ha salido, acá está en la página web de las últimas opiniones que han dado diversos constitucionalistas peruanos y políticos peruanos, acá hay algunos congresistas de acá, y acá hay la opinión de nuestro amigo Javier Valle Riestra, que sin duda es un hombre muy versado, muy conocedor de este tema, pero dice así:

Javier Valle Riestra, opina que es imposible denunciar parcialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y enfatiza que el fallo tampoco puede ser apelado ante la OEA, anuncia que propondrá una ley —escuchen—, que precise que en las decisiones contenciosas de la Corte tienen esencialmente naturaleza declarativa y no ejecutiva, donde se admita como lícita la posibilidad de no ejecutar los fallos y en el que se precise que el país tiene un sistema monista, con primacía del derecho nacional constitucional, y se declare que el Tribunal no ejerce potestad jurisdiccional ni es órgano del Poder Judicial. O sea, una sentencia de la Corte que no obliga.

Y qué dirá la Corte frente a esa posibilidad.

Gracias, congresista.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Morales Castillo).— Congresista Raffo, para que concluya.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Gracias.

Respetuosamente discrepo también con mi amigo y colega el congresista Luízar, y yo sé que él lo que dice lo dice honestamente, es evidente que es su posición y su visión.

Pero lo que nosotros queremos hacer y a lo que invocamos a todos ustedes, es que por una vez dejemos de ver el árbol

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de nuestros intereses particulares, para ver y apreciar el bosque de los intereses del país, salgamos por un instante de la cancha y vayámonos a la tribuna, y veamos el peligroso avance del terrorismo.

Ya no podemos hace nada con todo lo que se retrocedió en el gobierno anterior, no vale llorar sobre la leche derramada y no debemos detenernos un minuto más en eso, al terrorismo se le enfrenta integralmente no solo con pena de muerte, la principal arma contra el terrorismo es el desarrollo, es quitarle las razones de ser a Sendero Luminoso. Tiene que haber desarrollo; tiene que haber presencia del Estado; pero, también tiene que haber una acción disuasiva. Y cuando se endureció la legislación terrorista recién se pudo detener al terrorismo, y eso nadie lo puede negar.

No podemos permitir que esto vuelva a suceder, por favor; es una responsabilidad y es una invocación que queremos que hoy a pesar de que pocos estén de acuerdo con nosotros, quede, que conste en actas, en las actas de la memoria del país: eso es lo más importante. No tenemos una posición tímida, tenemos una posición clara como siempre la tuvimos en este tema.

Yo no quiero —de verdad, les confieso colegas— que mis hijas tengan que salir corriendo de sus clases para volver a casa en medio de un apagón y en medio de bombas, como yo lo viví. Yo no quiero que mis hijas tengan que cruzar la vereda y no pasar delante de un banco por medio de que va a estallar un bomba, y todos hemos vivido eso. Yo no quiero que ellas vivan lo que yo he vivido; y me imagino que ustedes tampoco.

Defendamos la vida de nuestro pueblo, así tengamos que aprobar la pena de muerte para hacerlo. Es algo que es muy cercano a nosotros, y no estoy exagerando.

La señora Cuculiza, que se sienta allá, vio como los terroristas asesinaron a su marido delante de ella. Es una realidad que no debemos olvidar y que a todos los ha tocado, porque los que han sido gobierno y los que han tenido la responsabilidad esos años tan difíciles lo han vivido y lo han sufrido en carne propia; y sobre todo lo ha sufrido la gente más humilde, esos campesinos, esos policías, esos suboficiales, esos soldaditos de tropa. Tratemos de que eso no suceda así.

Ésa es la reflexión final que quiero hacer el día de hoy.

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Hagámoslo en legítima defensa; aprobemos la pena de muerte en legítima defensa de nuestras vidas; en legítima defensa de la vida de todos los peruanos.


La señora PRESIDENTA (Fabiola María Castillo Morales).— Gracias, congresista.

La palabra la congresista Gloria Ramos.

La señora RAMOS PRUDENCIO (N-UPP).— Bien, creo que nadie comparte la muerte; nosotros tampoco apostamos por la muerte, venga de donde venga, pues de los sectores alzados en armas como del Ejército, de ninguna una parte.

Creo que nadie está de acuerdo con eso, tampoco queremos repetir la amarga experiencia de la década del 80. Pero, yo creo que es momento de reflexionar, señora Presidenta, por las causas del terrorismo; y nadie, o lo están tratando de manera muy soslayada.

La señora Presidenta Mercedes Cabanillas decía que el Congreso tiene la facultad y la potestad de terminar con el terrorismo. Yo creo que sí, pero ¿cómo?, justamente atacando las causas; y las causas del terrorismo está en la pobreza, en la ausencia del Estado.

¿Por qué creció Sendero tan rápidamente?; ¿por qué caló en los pueblos más pobres? Precisamente por ausencia del Estado; y no era que todos los campesinos eran terroristas. El Estado no estaba presente en los servicios básicos; el Estado no estaba presente para defender los derechos de esa gente. No queremos que se repita eso.

Que una manera de contrarrestar el terrorismo, precisamente, es eso; de fortalecer al Estado, de que el Estado esté presente; que el Congreso dicte normas coherentes para salir realmente de la pobreza; que el Congreso sea coherente en las políticas, que el Ejecutiva también sea coherente; que haya una política agraria coherente para salir de la pobreza, sobre todo en las zonas más deprimidas; que el Estado sea inclusivo, no exclusivo como hasta ahora.

El Perú es un país tan heterogéneo, tan diverso; sin embargo, se gobierna como si el Estado fuera un solo; como si fuéramos una nación constituida, como si todos

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pensáramos igual. No se está gobernando para la diversidad.

Yo creo que las brechas en el país entre ricos y pobres siguen latentes. Si bien es cierto que se ha derrotado a Sendero de manera militar, pero las causas siguen latentes. Tal vez mañana no sea Abimael, será otra persona que pueda liderar si es que esas causas siguen latentes.

Yo creo es responsabilidad del Estado de atacar esas causas. No podemos optar por la muerte, más bien dar alternativas, porque en el país si hablamos de mortalidad infantil, el 25% de niños todavía siguen muriendo por desnutrición, niños de menos de 5 años, el 32% de niños siguen muriendo menores de dos años.

Yo creo que estar contra el terrorismo es atacar esas causas, no apostar por la muerte.

Tampoco podemos avalar a los sectores fundamentalistas una manera, una alterna es también desarrollar políticas penitenciarias, la cadena perpetua con trabajo forzado, pero no solamente a las personas fundamentalistas de repente atadas a una ideología, también tenemos muchas personas, muchos funcionarios públicos que se han apoderado del dinero del Estado, se han corrompido, también ellos son la causa de la pobreza de nuestro país que también ellos sean sancionados.

Yo creo que la salida del terrorismo debe ser de manera integral no solamente como se está siendo aquí de manera muy fácil de quitar la vida a las personas.

Estos años de violencia que hemos vivido en el país nadie lo quiere, no queremos que se repita, pero tampoco queremos fácilmente apostar por la muerte, sino políticas coherentes como he mencionado la mayoría en esta tarde o en esta noche lo estamos mencionando.

El colega Mayorga, me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Castillo Morales).— El congresista Mayorga está apuntado, termine, concluya, por favor.

La señora RAMOS PRUDENCIO (N-UPP).— Para concluir, nuevamente creo que es responsabilidad del Congreso, responsabilidad del Ejecutivo construir políticas coherentes a todo nivel, a nivel económico, político y

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social y que respete los derechos civiles y políticos, y que se respeten también los derechos económicos y sociales y culturales; políticas coherentes en educación y que sea exclusivo también en nuestro país y que las brechas entre ricos y pobres se aminoren y si el país lógicamente en esta etapa tenemos recursos naturales, como en este momento hay un periodo excepcional de sobreganancia minera que caiga a nuestro país para el desarrollo de los más pobres.

Yo creo que en esa medida estaremos atacando las causas de la pobreza, disuadir solamente con la muerte yo creo que no es ninguna salida coherente al país.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Fabiola María Castillo Morales).— Gracias congresista.

La palabra el congresista Mayorga.

El señor MAYORGA MIRANDA (N-UPP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Se viene debatiendo un punto que es, evidentemente, de trascendental importancia para el pueblo peruano, aunque aparentemente la población por falta de información puede mostrar un apoyo a una medida tan extrema como es la pena de muerte, esto evidentemente en unos casos por la influencia mediática, principalmente eso o por el papel importante que en un determinado momento histórico pueden jugar determinados líderes, la historia reciente nos demuestra esto: Italia, Alemania, Mussolini, Hitler que también contaron con el apoyo mayoritario del pueblo.

En una década pasada también que, precisamente, generó la violación de derechos humanos contaba con el apoyo de la población en forma mayoritaria.

Cuando se debate la pena de muerte es estar en contra de la corriente abolicionista que estamos viviendo a escala mundial.

En América es Canadá, Paraguay y México quienes últimamente se han adscrito a la corriente abolicionista y nosotros en el Perú estamos pretendiendo retroceder, ¿para qué?, para tener que buscar la forma más extrema de pena cruel, inhumana como es la pena de muerte.

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Y llama poderosamente la atención que se puedan olvidar inclusive de fundamentos de carácter católico, de carácter cristiano en relación al respeto de la vida, pareciera que por gusto el papa Juan Pablo II haya escrito la encíclica evangelio en la que precisamente hace una defensa de lo que significa el derecho a la vida.

En el que precisamente Juan Pablo II habla inclusive de la posibilidad de tener que lograr que el reo, que el preso pueda redimirse y darle la oportunidad de poder corregirse. El no proceder de esta manera significa actuar de la manera más cruel.

Señora Presidenta, se quiere coger como argumento el terrorismo que evidentemente de la manera más negativa a asolado el país en la década de 1980, eso nadie lo puede negar, pero al mismo tiempo, también, no podemos dejar de mencionar que frente a esos actos demenciales de las fuerzas del terrorismo hubo también un exceso y una demencia de parte de quienes estaban encargados de tener que reprimir a las fuerzas del pueblo, a los obreros, a los campesinos, a los intelectuales.

¿Cuál es la prueba concreta que tenemos allí? A los estudiantes y al profesor de La Cantuta.

¿Cuál es la prueba de esto? Ahí están los presos aquí en Barrios Altos, quienes estando en una fiesta son vilmente asesinados, son vilmente masacrados sin que haya existido previamente un proceso judicial. ¿Esto también se quiere retomar, se quiere retornar?

No, señora Presidenta, yo creo que cada cosa histórica tiene su momento. Sí ha habido nefasta del terrorismo en la década del ochenta, estas fuerzas negativas han sido derrotadas, ¿hoy día el Perú vive o no vive en un estado de democracia, vivimos o no vivimos en un Estado de Derecho?

¿Y una democracia puede o no puede defenderse o la democracia necesariamente tiene que llegar también al terror de Estado, o la democracia también tiene que recurrir, como se dijo aquí, a la venganza, a tener que aplicar la Ley del Talión que ya está superada, que ya no se puede retroceder?

Señora, se habla de la Opinión Consultiva del año 1994, ¿por qué los sofismas acá? Hacen un sofisma como que se dice que serán sometidos a un proceso judicial. Es decir,

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esto inclusive, esta última afirmación ¿qué cosa significa? Significa que tras esa propuesta del proceso judicial se encubre la intención de tener que matar, asesinar sin que exista por lo menos un previo proceso.

Esto es sumamente grave, porque vamos a ver, señora Presidenta, la Ley de Represión del Terrorismo se ha promulgado el 6 de mayo de 1992 y la Constitución Política de la que ahora se pretende sostener es de diciembre de 1993.

No ha sido ni siquiera el señor Fujimori quien se atrevió a darle el desarrollo legislativo, y entonces ahora sí yo me permito preguntar a la bancada aprista, ¿puede ser posible de que en un momento en que se debate el retorno a la Constitución de 1979 o se hace la modificación a la Constitución de 1993 se pueda levantar la bandera, se pueda permitir el desarrollo legislativo de una norma que no ha merecido la aprobación de la comunidad internacional? No, señora Presidenta, esto no puede ser así.

Se habla de un conjunto de cosas, señora Presidenta, yo quiero señalar, suponiendo —y pregunto a la Representación— de que pueda aprobarse por A o B motivos, no hoy sino mañana esta ampliación de la pena de muerte, ¿nos hemos puesto a pensar cuáles serían los métodos de ejecución?

¿Cuáles serían los métodos de ejecución, será la decapitación, será el electrocutamiento, será el ahorcamiento, será la inyección letal, será el fusilamiento, será el lapidamiento? Cada una de estas son formas crueles, abyectas para tener que acabar con la vida de un ser humano que por insurgir contra el Estado, independientemente de las cuestiones demenciales, puede ser víctima de estas situaciones.

Y la prueba de ello está acá, en el diario La República del día de hoy, cuando bajo el título que se dice: "Alan falta a la verdad sobre el CIDH", un inocente, un modesto campesino que se llama Bernabé Baldeón García ha sido víctima de un asesinato. ¿Y en qué condiciones? Porque si aquí se trata de asuntos personales, de dolores personales, también tenemos que ponernos a pensar en el ciudadano de a pie que no tiene un portavoz en este Congreso.

¿En qué condiciones se ha reprimido a este campesino Bernabé Baldeón, en represalia? Se dice acá: "Lo ataron con alambres, boca abajo a una viga de la parroquia del pueblo,

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lo golpearon hasta causarle múltiples fracturas en el cráneo y 11 costillas rotas. Baldeón fue sumergido en cilindros de agua caliente y fría, y tras largas horas de agonía murió a las tres de la mañana del 26 de setiembre."

¿Puede ser posible que nosotros también pretendamos restablecer, ya no solamente la aplicación de la pena de muerte, que esto debe quedar absolutamente claro, sino que aparejada a la pena de muerte tengan que aplicarse los métodos de tortura que igualmente está prohibido y proscrito por la Naciones Unidas?

No, señora Presidenta, tiene unas implicancias verdaderamente terribles, siniestras el tener que restablecer la pena de muerte. Ha quedado bien establecido que la pena muerte, como método disuasivo, es absolutamente falso. Por eso es de que la corriente abolicionista va creciendo a nivel mundial.

¿Aquí en el Perú, señora Presidenta, qué es lo que ha sucedido? Con el fin de tener que apartarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de tener que lograr que se tenga que denunciar el Pacto de San José, primero nos trajeron un proyecto de ley ampliando la pena de muerte para los violadores de menores de 8 años. Esto no procedió su debate. Y hoy día, amparándose en la Constitución fujimorista, nos dicen "vamos hacer el desarrollo legislativo del artículo 140.° de la Constitución"; pero, ¿con qué fin? Con el mismo propósito.

¿Qué es lo que ha sucedido con los ocho campesinos que están actualmente detenidos? Porque estamos en contra de que hayan sido víctimas de asesinato cinco policías, todos ellos absolutamente jóvenes, y que eso también merece una investigación. Pero, igualmente, ha quedado totalmente probado y demostrado, señora Presidenta y señores congresistas, que esos ocho campesinos son absolutamente inocentes. No tienen ni se les ha encontrado armas en su poder. Las pruebas de absorción atómica han demostrado que no han disparado un solo tiro.

¿Dónde está la democracia? Yo me pregunto. ¿Democracia significa tener que matar a la gente porque se opone, cuando ataca un determinado interés económico o reclama?

¿Qué es lo que se ha dicho ahora, por ejemplo, en relación a los profesores del SUTEP ante esta medida arbitraria de

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tener que reducirles inclusive, señora Presidenta, el número de los dirigentes sindicales que gozan de licencia respectiva? Se les ha dicho que si es que acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esto estarán igual que los terroristas.

No, señora Presidenta, no establezcamos el terror de Estado, que el país marche democráticamente en un libre juego democrático, en un debate amplio dentro del este Congreso, al igual que estamos sosteniendo un diálogo y una política adecuada con el Poder Ejecutivo, y ahora con el Poder Judicial que acaba de renovar sus cuadros directivos, señora. Esta es la interacción que debe existir entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Si el Estado peruano tiene que defenderse, todos, seguramente, estamos absolutamente de acuerdo, pero la defensa no solamente debe ser en el plano interno, señora Presidenta, sino también el plano externo.

Se habla acá de que el terrorismo nacional se debe calificar como un terrorismo extranjero. ¡Qué falsedad! ¡Qué sofisma, señora! El terrorismo es internacional, y tenemos que ver eso.

¿Qué ha sucedido con las torres gemelas? Recordemos. Ha sido ésta otra forma provocada por el fundamentalismo para tener que provocar un daño innecesario de edificios y haber provocado pánico y terror a los ciudadanos norteamericanos, pacto y hechos que también nosotros hemos repudiado.

Entonces, como muy bien se ha señalado, de lo que se trata es de que tenga que haber paz. De lo que se trata es de tener que respetar la vida humana, porque la pena de muerte no tiene absolutamente ningún efecto disuasivo.

Y creo que es importante, señora Presidenta y señores congresistas, tener que reiterar lo siguiente: el restablecimiento de la pena de muerte significa y va constituir el aislamiento internacional del Perú de todas las demás democracias del mundo. Y no solamente desde el punto de vista jurídico o político, sino —como muy bien señaló el congresista Carlos Bruce— inclusive desde el punto de vista económico.

Y tengan la absoluta seguridad que pese a existir, señora Presidenta, la intención de revisar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y quiero decir que existir

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en ellos la pena de muerte que se aplique en muchos de sus Estados, también nos pueden observar por un abuso de los derechos humanos.

Entonces, ¿queremos nosotros aislar nuevamente al país? Esa es una política sumamente peligrosa, y esto no puede ser así, porque, señora Presidenta, el Perú como democracia, el Perú con su Estado de Derecho está en posibilidades de tener que defenderse. Hay necesidad de tener que establecer políticas económicas de desarrollo. Hay necesidad de establecer una adecuada política social.

Entonces, señora Presidenta, este juego democrático que se viene desarrollando en este Congreso también significa para tener que demostrar objetivamente al señor Presidente de la República, quien, efectivamente, en una ocasión señaló de que estaba en la cancha del Congreso prácticamente una ley de ampliación de la pena de muerte.

Pero nosotros estamos demostrando objetivamente que este Congreso es capaz de poder debatir de la manera más amplia, democrática, cada uno de estos puntos. Y también es nuestro deber, y esto deben saberlo todos, que el pueblo debe empezar una educación política y no dejarse sorprender única y exclusivamente. Ya basta, señora Presidenta, desde el punto de visto histórico. La violencia siempre ha generado más violencia.

¿Qué es lo que ha pasado con el movimiento sindical? Muchos líderes sindicales también no sólo que han sido encarcelados, han sido asesinados.

Y estos hechos son los que nos vienen demostrando de que no puede restablecerse la pena de muerte, no puede haber denuncia parcial; porque restablecer la pena de muerte, ampliar la pena de muerte, finalmente, señora Presidenta, implica apartarnos de la competencia de la Corte y significa tener que denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos quiérase o no, señora Presidenta. Y de esta manera apartar a los ciudadanos del Perú de la competencia de la Corte, no solamente en materia de los derechos que se puedan conculcar en materia de la vida, sino en materia pensionaria, en materia judicial, en materia de los debidos procesos, en defensa de todo un conjunto de los derechos humanos que son actualmente reconocidos y se han convertido en una cuestión prioritaria.

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Estamos finalmente, señora Presidenta, en una situación absolutamente progresiva en materia de los derechos humanos. No puede haber un retroceso. Por algo se habla de derechos humanos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera generación. Lo otro, significa volver a los tiempos de la barbarie.

Y basta, señora Presidenta, que pretendamos volver a los tiempos de la barbarie. Ya vivimos 10 años de dictadura, ya vivimos 10 años de privaciones de la libertad, ya vivimos 10 años de corrupción; porque en todo caso también nosotros, a quienes han asaltado las arcas públicas, tendríamos que pedir la pena de muerte porque se ha atentado contra millones de peruanos, señora Presidenta.

Pero no es el hecho de la venganza por la venganza, sino es que nosotros debemos ser firmes defensores del derecho a la vida.


—Reasume la Presidencia la señora Mercedes Cabanillas Bustamante.


No hay que olvidar que tenemos una votación pendiente sobre el texto sustitutorio de la Ley Marco, que incorpora modificaciones al ejercicio profesional de arquitecto.

Voy a dar la palabra a Yaneth Cajahuanca, a Fredy Otárola y Humberto Falla.

Les ruego, señores congresistas, ir ya concretando sus puntos de vista, muchos de los cuales ya vienen siendo reiterativos.

Señora congresista Yaneth Cajahuanca.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (N-UPP).— Muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias con todos los colegas acá, congresistas.

En realidad, no hay duda que quienes no han vivido la época del terrorismo in situ en la zona donde las papas quemaban, tienen una apreciación muy cerrada de los actos de terrorismo.

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Yo creo que nosotros, la bancada Nacionalista, estamos quedando, zanjando muy claramente, no aceptamos los actos terroristas vengan de donde vengan. Vengan del Estado o vengan de grupos armados, como: Sendero Luminoso, MRTA, etcétera.

Yo les quiero hacer recordar y realmente es responsabilidad mía que vengo de un pueblo de Tingo María, el cual ha sido altamente flagelado por actos de terror, no solamente por parte de los grupos terroristas sino del Estado.

Yo les quiero contar una historia muy triste que ha pasado en mi zona, en el cual en una oportunidad yendo por la zona de Monzón habían hecho la emboscada a un miembro del Ejército y había muerto un miembro del Ejército. Como represalia llegó al día siguiente el Ejército y se tumbó a todo un pueblo. Vinieron 150 muertos a la ciudad de Tingo María. Tingo María estaba repleto de muertos, señores. Durante una semana olía todo el pueblo, no había cómo enterrarlos. ¿Y por qué fue? Porque justamente la presencia del Estado y el Ejército cometió esos crímenes de lesa humanidad.

Yo tengo miedo, nosotros tenemos... Los que vivimos en esas zonas totalmente álgidas tenemos miedo que vuelva el terrorismo, tenemos terror que vuelva el terrorismo; pero vuelve el terrorismo tanto de los grupos armados y tanto del Estado.

Yo creo que nosotros no podemos escapar a las responsabilidades que han tenido los gobiernos en su debida oportunidad sobre este tema. No podemos dar un paso hacia tras. Y a nombre de ese pueblo, de muchos de los pueblos que hemos sido avasallados lamentablemente por los actos terroristas no solamente de los grupos armados, sino del Estado, les pido que por favor recapaciten.

Les pedimos a nombre de todos ellos, de que se tenga en cuenta y de que no se acepte este tipo de leyes que sinceramente son poses; habiendo tantos problemas en nuestro país, sinceramente se está haciendo un debate que realmente no llega a nada fructífero, qué de positivo vamos a ganar con esto, todos queremos que desaparezca los actos de terror en nuestro país; pero por favor, hagámoslo de la manera más alturada.

Yo quiero felicitar al congresista Valle Riestra, quien ha podido explicar con sus palabras técnicas yo creo que muy

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claramente cuál es el sentir; de la misma bancada aprista, que por favor hagan honor a sus líderes, yo creo que la fuente primigenia que es el señor Valle Riestra ha demostrado muy claramente cual es la posición.

Así es que nosotros pedimos que por favor aquellos regímenes que en su oportunidad han violado esos derechos a la vida, han cometido crímenes de lesa humanidad; aquellos asesinos que bajo la cabeza del Estado o de los grupos armados han cometido crímenes de lesa humanidad tienen que pagar sus culpas; y para aquellos peruanos que no tienen acceso a una justicia legal en nuestro país, tienen que acceder a esos organismos supranacionales para hacer sentir su justicia.

Ustedes creen que es posible como muchos están hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del fallo que ha dado, a dicho muy claramente, no es un terrorista, es un campesino al que le van a indemnizar, ¿ustedes creen que tenemos derecho de quitarle la vida a todos los pueblos en nombre de matar el terrorismo? Yo creo que no.

Si tenemos que combatir al terrorismo hay que combatirlo ideológicamente, hay que combatirlo con presencia del Estado, señores, esos pueblos están postergados y olvidados, para ellos no existe justicia, para ellos no existe trabajo, para ellos no existe educación, no existe salud, eso hay que mejorar, por eso han votado por este nuevo Poder Legislativo, señores; hay que debatir leyes que generen desarrollo en esos pueblos.

De verdad, les pido y apelo a su conciencia de todos ustedes, no hay que volver a esas épocas de terror.

En nombre de todas esas zonas flageladas les pido que recapacitemos y comencemos a ver leyes más contundentes que vayan a generar desarrollo en nuestro país.

Muchísimas gracias.

Que se archive desde nuestro punto de vista nacionalista, que se archive este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Puede hacer uso de la palabra el señor congresista Freddy Otárola.

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El señor OTÁROLA PEÑARANDA (N-UPP).— Gracias, Presidenta.

No voy a repetir los argumentos que claramente demuestran la imposibilidad de denunciar parcialmente de los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos, pues los galimatías con los que se han querido explicar lo contrario, obviamente carecen de todo sustento.

Simplemente me voy a remitir a un informe no de Nueva York, un informe peruano. Son siete años de investigación, investigaron 8 condenados a muerte de los cuales 5 fueron ejecutados, lo hicieron la sicólogas Matilde Raes y Mariela Falvi.

Se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Que la aplicación de la pena de muerte no cesa a la comisión del delito en cuestión.

2. Que dicha pena no significa ni siquiera un castigo para el delincuente como se cree erradamente.

3. Que el tipo de mensaje que se emite con este tipo de propuesta es muy peligroso para la sociedad, en términos de la mentalidad que se puede estar sedimentando.

Y llegaron a otras conclusiones:

1. El asesinato de policías desgraciadamente continuó, este estudio se hizo a raíz de la Ley N.°19910 del 30 de enero de 1973, del decreto ley, mediante el cual se quería condenar a aquellos que asesinen a policías y a militares. Y obviamente esta ley fue derogada el mismo 1979, que el asesinato de policías desgraciadamente continuó; es decir, la pena de muerte no fue disuasiva para nada.

2. Creemos que en la mayor parte de los casos no se logra el objetivo de castigar, al contrario, la pena de muerte es en un sentido dinámico lo que logra como en nuestro estudios gratificar finalmente el sentimiento interno de autodestrucción.

3. Creemos desde la experiencia clínica sicológica, que además la pena de muerte crea conductas identificatorias muy peligrosas para la sociedad.

Yo me pregunto, qué dirían los mártires de Chan Chan, si ven que su bancada hoy en vez de predicar los principios

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progresivos de los derechos humanos, está predicando junto con el fujimorismo los principios regresivos. No será que esta alianza nada santa será para apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se viene el caso Saúl Cantoral,...Me pide una interrupción el congresista.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Le voy a agradecer que dé su posición, no asuma posiciones de otros ni las interprete. Usted cíñase a la posición personal y quizá a la de su bancada.

Señor congresista Javier Velásquez Quesquén, le ruego que use de la interrupción.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muy brevemente, Presidenta.

El congresista Fredy Otárola, mi amigo que lo conozco hace muchos años, ha convencido la Convención con una minuta o una escritura pública.

Cuando nosotros hemos hablado de la Convención, no hemos planteado la denuncia de la Convención, sino hemos recogido la opinión valiosa de un ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del cual sugiere, recomienda, que sin bien es cierto —y como estamos convencidos que no se puede denunciar el Tratado— sí se puede solicitar la reserva de la contienda contenciosa de la Corte; eso lo pueden hacer. Inclusive, en la Convención, yo pido que revise al congresista Fredy Otárola la Convención, Ecuador se ha reservado es prerrogativa, de en cualquier momento sin motivo alguno poder solicitar la reserva de la contienda contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si el Ecuador es un Estado que forma parte de la Convención y puede hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer el Estado peruano? Pero no hay que confundir, la denuncia del tratado, que es una institución jurídica, con la reserva de la contienda contenciosa, que es otra institución jurídica. Por eso que no hay que confundir, no es casi lo mismo que una minuta y una escritura pública, estimado congresista, con el respeto que me merece.

Gracias, Presidenta; y gracias, colega.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias.

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Continúe, congresista Otárola.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (N-UPP).— Bueno, estaba con el mismo criterio de que el campesino Baldeón murió con las costillas reventadas por un infarto al corazón. Pero en todo caso quiero recordarle al congresista Quesquén, que las reservas se hacen al inicio del debate y antes de las firmas del tratado. Firmado el tratado ya no caben reservas. No lo escuchó a Valle Riestra.

Y quiero recordarle a su vez que el artículo 44.1 de la Convención de Viena dice que toda denuncia tiene que ser total, y no se permiten las denuncias parciales.

Me está pidiendo interrupción la congresista, por su intermedio, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Congresista, le ruega que se ciña a su intervención. Son las 9 y 30. No es usted el único que va a hablar, y fije su posición, señor congresista. Abre usted un debate con otra bancada y nadie ha hecho alusión ni a usted ni a su bancada. Hágame el favor de ayudarme a conducir el debate.

Continúe, señor congresista.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (N-UPP).— Vidal Campos, amigo Quesquén, nos decía que "la pena de muerte es la muerte como pena". Como seres humanos ¿podemos aceptar que la muerte es una pena? ¿Acaso eso no es volver por atadismo a épocas de la barbarie?

¿Podemos aceptar que hay que matar a otro porque ese mató a otro? ¿No estamos volviendo con ello nuevamente, reitero, a las épocas de la barbarie? Mi formación católica me dice que sólo Dios nos dio la vida y sólo Dios puede quitárnosla.

Mi formación jurídica me dice que es imposible renunciar, salvo las galimatías que se expusieron a la Corte Interamericana de Justicia, que es imposible renunciar a la Convención de los Derechos Humanos; que es imposible desconocer los alcances de la Convención de Viena.

Y mi condición de práctico me ha hecho leer el documento de un informe de psicólogos peruanos y no de Nueva York, que dice que la pena de muerte no disuade y no sirve para nada.

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La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Congresista Humberto Falla Lamadrid; luego, el congresista Ordóñez y Juan Perry.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Señora Presidenta, cuando los partidos y organizaciones políticas nos traen a este hemiciclo después del respaldo popular, lo hacen convencidos de que hay un sentido no aritmético sino funcional de la democracia. Y en ese sentido es que aquí expresamos lo que principistamente creemos. La bancada aprista nos respeta en ese sentido, por ese derecho consagrado en nuestros estatutos, de la crítica.

En consecuencia, creo que en esta hora de la integración jurídica no solamente económica, no podemos patear el tablero de ese proceso.

La Europa Occidental hoy integrada con la Europa orienta nos demostró que fue con el soporte jurídico que lograron integrarse económicamente desde la comunidad del carbón y el acero. Hoy son 35 repúblicas unidas por esa integración jurídica de los tratados, las convenciones, los protocolos.

El Perú es suscriptor, como bien se ha dicho aquí, de la Convención Americana de Derechos Humanos que fue firmada en 1969 y Convención como era ayer, quedó abierta la firma de todas las naciones, 10 años después en 1979 el Perú la suscribió.

Si bien es cierto la Comisión Interamericana ya existía desde la carta de la Organización de Estados Unidos, de Organización de Estados Americanos, perdón, sin embargo, la Corte de San José se crea con la Convención o Pacto de San José.

También se ha dicho aquí que es imposible denunciarla o hacer reservas, lo cierto es que la Convención de Viena instrumento marco regulatorio de todos los instrumentos jurídicos del derecho internacional dice que cuando se va a comprometer existencialmente el objeto y el sentido del instrumento no caben reservas y no caben denuncias y como es esta una convención sobre derechos humanos comprende el derecho a la vida.

Aquí se ha dicho no sin razón, que las sanciones y la pena penalista que se está preconizando no es instantánea, que

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estamos elaborando, pretendiendo elaborar una hipótesis jurídico penal, para que convertida en ley o instrumento modificatorio de la Ley 24575 regulatoria y sancionadora del delito de terrorismo, esa hipótesis sea mañana calificada por la autoridad jurisdiccional.

Los abogados sabemos bien que con un Poder Judicial maniqueo, ese debido proceso resulta siendo un chicle y una arbitrariedad llevado conforme al criterio de las partes y de los jueces.

Las condiciones que se yuxtaponen en el debido proceso de denunciado e inculpado, procesado, acusado, sentenciado, terminan muchas veces con una pena injusta y no hablamos sólo de la pena de muerte, recordemos la comisión Lansier que abrió las puertas de las cárceles a muchos condenados a 15; 20 a 25 o cadena perpetua, aún con los recursos impugnativos de reposición, apelación, nulidad, revisión y cuantos hay siempre habrá error judicial, este Parlamento cuando vote finalmente el proyecto que lo haga con la convicción de todos, que no resienta a nuestras conciencias el establecer una pena finalista y consumativa.

Los apristas que aquí estamos presentes sentimos haber sido agraviados mucho tiempo por estas penas arbitrarias, en momentos en que se discute que la sociedad también es coculpable de las conductas delictivas, la sociedad y el Estado cuando no han actuado con justicia con sus ciudadanos, cuando no ha habido una redistribución del ingreso adecuado porque nadie abraza el terrorismo porque le gusta matar, esos chicos que tomaron la embajada japonesa, o los terroristas delincuentes todos ellos, los son porque dejaban a sus hijos sin alimento en las campiñas y en los parajes, niños que se alimentan sólo con una agua hervida con la hoja del arbusto más cercano.

Este Gobierno que sí está emprendiendo el ataque a la pobreza no olvidemos que en setiembre aprobamos un crédito de mil 937 millones que gusto da ver en nuestras provincias y lo hemos constatado en Chiclayo hace pocos días, convocatorias a licitaciones y concursos de precios para llevar obra en todos los distritos y hasta en los más recónditos que en el caso de mi región, comprende las regiones interandinas de Penachí, Cañari, Incahuasi, eso es atacar el problema terrorista en sus causas y no en sus consecuencias como aquí también se ha dicho bien pretender una legislación penal intimidatoria es coger el problema por las hojas y no en su causas.

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Ya un penalista italiano hacia mediados del siglo XIX, César Lombroso, decía —con error— que el delincuente nato existe, que muchos nacen.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Hay una interferencia en su teléfono.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Con disposición de matar, qué error, señora Presidenta, teoría que ha sido refutada por los juristas más preclaros. Se pretende aquí que nosotros tengamos que responder con la muerte a aquel que mata.

He sido juez, juez titular que renuncié irrevocablemente para involucrarme en la política, y por eso digo que hay error judicial con frecuencia, que este Congreso unicameral no comete error legislativo. No tenemos cámara revisora, entonces enhorabuena que vuelva a comisiones este proyecto, y no a una o dos, acaso a tres o a cuatro. Estamos discutiendo un problema que compromete el futuro de nuestros hijos.

En la plaza pública de Chicago, en Estados Unidos, hay una inscripción en punzón y sobre plomo que dice: "Nuestro silencio será más fuerte que nuestras voces que hoy acallan con la muerte", inscripción que rinde homenaje a los mártires.

No permitamos que delincuentes como los terroristas o sus seguidores digan mañana "nos quitaron nuestra voz con el fusilamiento."

Por eso es que, respetando aquel criterio de mis compañeros soy 40 años aprista de convicción, no de emoción efímera y pasajera, suscribiendo los términos, cada uno de ellos, de un discurso de antología como el dicho por Javier Valle Riestra, vengo a decir aquí que como aprista estoy en desacuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo, representado por mi partido.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Muchas gracias, congresista.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Juvenal Ordóñez, luego Juan Perry, luego Nidia Vílchez cerrando, para proceder a votar.

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El señor ORDÓÑEZ SALAZAR (N-UPP).— Señora Presidenta, muchas gracias.

Yo quiero fijar la posición del Partido nacionalista, posición que ha sido pública, clara, contundente desde que hemos puesto a luz pública el Ideario de nuestro partido y nuestro programa de Gobierno también. Y es que simplemente nosotros somos gente que apuesta por una civilización en la cual la vida está consagrada como uno de los derechos fundamentales de la persona humana y por tanto recusamos la muerte, recusamos el crimen.

Y por eso es que yo les quiero decir que el Partido Nacionalista en esta convicción no intenta de manera alguna restar importancia a los crímenes que se cometieron en la década pasada, y no trata tampoco de menospreciar el sufrimiento de los familiares de las víctimas del terrorismo en el Perú, del asesinato que hubo por parte de todos los sectores involucrados en esta lucha antisubversiva.

El Partido Nacionalista, eso sí, no quiere responder con los mismos valores a quienes han ejecutado crímenes o son parte de la criminalidad. Por lo tanto, nosotros queremos que en esta sociedad civilizada la democracia signifique sobre todo la defensa de la vida y la defensa de la persona humana.

Nosotros no queremos que este Congreso se vea comprometido en una decisión que significa la negación más extrema de los derechos humanos, no queremos comprometernos en que este homicidio a sangre fría que significa establecer la muerte en el Perú, sea perpetrada por el Estado y en nombre de la justicia peruana.

No queremos, y hemos considerado desde ese punto de vista también, que pese a que la pena de muerte está establecida en la Constitución vigente, no ha podido ser aplicada hasta hoy a ninguna persona; y esto nos complace porque de alguna manera significa que las autoridades, que la civilidad, que los pueblos, aunque veces desatan sus iras porque encuentran una justicia corrupta, jueces que no la aplican con la celeridad del caso, a veces expresan su rabia invocando mecanismos o actitudes que riñen contra la conducta civilizada a la que aspiramos todos los peruanos.

Por eso, yo creo que este Congreso no se debe comprometer por más tiempo con una medida, con una pena de muerte que

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va a significar una estigma para cada uno de nosotros que podamos avalar esta decisión, que está viniendo lamentablemente promovida por el Poder Ejecutivo.

Y nosotros creemos, en ese sentido, señora Presidenta y estimados colegas de la Representación Parlamentaria, que debemos tener un claro deslinde con aquellos que promueven una y otra vez y ponen en la agenda política nacional esta pena de muerte, primero, para los violadores, como un ensayo, y luego para los terroristas, y mañana de repente para hacer una extensión en una suerte de gobierno que trata de impulsar o arreciar o estimular una conducta represiva en el Perú, que nosotros tampoco la queremos y que la recusamos. No queremos ni represión en el Perú, sino con las armas de la democracia podernos defender de los ataques arteros de la criminalidad en el Perú.

Por eso, creo que quienes intentan poner en la agenda política este asunto de la pena de muerte no hacen más que esconder su propósito de retirar al Perú de la Convención de Costa Rica. Y, por eso, nosotros también tenemos que estar atentos, porque esto significaría que las instituciones y que los hombres del pueblo peruano no tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de recurrir a estos tribunales en defensa de nuestros derechos.

Me está pidiendo, Presidenta, una interrupción la congresista Susana Vilca.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Por la hora, yo le ruego que no conceda interrupciones. Son bastante extendidas las intervenciones y tenemos todavía temas pendientes. Le ruego, congresista.

El señor ORDÓÑEZ SALAZAR (N-UPP).— En todo caso, quiero concluir mi intervención, pidiéndole a la Representación Parlamentaria que no dilatemos más este caso, que no estemos enviando este asunto a la discusión de comisiones, y que hoy marquemos un momento histórico en la vida del Congreso y definamos esta tarde, aquí y ahora, el destino de este proyecto pro pena de muerte que debe ser archivado desde nuestro punto de vista.

Muchas gracias, Presidenta.

(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).—

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Gracias, señor congresista.

Puede hacer uso de la palabra el señor congresista Juan Perry.

El señor PERRY CRUZ (AP).— Gracias, señora Presidenta.

No voy hablar sobre temas jurídicos o sobre lo que ya se mencionó sobre los tratos o contratos, pero quisiera hacer una corta reflexión, con el debido respeto que merecen todos los parlamentarios.

En algún momento de la historia, señora Presidenta, cuando el hombre fue creado recibió algo que es precioso y que ningún ser humano lo tiene, aparte de la vida, recibió el libre albedrío, la libertad de tomar sus propias decisiones, como hombre, como ser humano. Pero todos conocemos la historia del hombre.

Esa libertad, muchos de los señores humanos, lo llevó por un camino equivocado, y por ahí el ser humano, parte del ser humano se degradó, se perdió, y por ahí sucedió el primer crimen en la historia de la humanidad.

Y desde ese tiempo hasta nuestros tiempos, si recordamos la historia del ser humano, es triste por un lado y lamentable, porque hemos visto tantas guerras, tantas muertes, tantas cosas que hoy día vemos con la actitud que muchos hombres y mujeres terroristas cometen en nuestro país y en otros países.

Es el ser humano que ha usado su libertad para matar a otro ser humano, es el ser humano que ha usado su libertad para destruir su propio hábitat, su propio mundo, su propia tierra. El ser humano es el único que tiene la libertad de razonar, muchas veces se comporta peor que un animal. Y yo creo que en esto, todos, podemos concordar, porque es así.

Cuando analizamos la historia de la humanidad, hay cosas increíbles que el ser humano ha cometido y lo sigue cometiendo, y quiere ahora implantar la pena de muerte para seguir eliminando. Y la violencia solamente crea, señora Presidenta, violencia, genera violencia.

Yo quisiera preguntar a través suyo a todos los parlamentarios en esta noche, si solamente se mata con un fusil, ¿solamente se mata, se asesina con un fusil? Hay otras maneras de matar, y muertes peores que tal vez muchas

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veces cometen estos terroristas, hay hombres y mujeres que muchas veces se ponen de acuerdo para cometer, por ejemplo, un aborto y eliminar criaturas de cuatro, cinco o seis meses de gestación, una criatura que no tiene la oportunidad de defenderse, que cuando ve el peligro de la muerte, está comprobado como sufre dentro del vientre de la madre, se desespera porque quiere de alguna manera vivir ese tipo de crimen. Muchas veces no lo vemos, pero la mayoría de los seres humanos lo cometen, y no solamente una vez, muchas veces dos, tres veces, y pudiera mencionar otros tipos de crímenes que se cometen sin agarrar un fusil.

Por eso yo creo que ahora es el tiempo, es el momento que este digno Congreso pueda reflexionar y pueda tomar una decisión sabia en un momento de su historia. Basta de violencia, basta de muerte. Estamos cansados de dañarnos entre nosotros mismos, estamos cansados de tanta violencia, con violencia no vamos a solucionar el problema.

Esa gente que comete este tipo de crímenes, esa gente ha sufrido algo en su vida, son hombres o mujeres que sicológicamente están dañados y muchas veces es el fruto, la consecuencia de una sociedad injusto que los ha marginado o los han olvidado, como muchos de los que me han antecedido han mencionado.

Por eso yo creo que en esta noche es una noche de reflexión. Hemos tomado muchas horas, señora Presidenta, pero recuerden que no solamente se mata con un fusil, pudiéramos mencionar, hay gente que mata de diferentes formas, como es el aborto. Cuando un juez recibe un soborno y manda a la cárcel por 20 ó 30 años a un inocente, también es una muerte horrible.

Y yo creo que tomar a un terrorista y fusilarlo, no es la solución, al contrario, me parece que es hacerle un favor, porque una cadena perpetua es mucho más doloroso y más triste, porque durante toda su vida pierde su libertad; pero eliminarlo, no soluciona el problema.

Por eso yo estoy, señora Presidenta, a favor de que vuelva a las dos comisiones y que podamos tener mayor tiempo en este tema tan importante, para seguir conversando, debatiendo, porque creo que es un tema sumamente necesario de seguir debatiendo y que las comisiones realmente puedan analizarlo con mayor profundidad, no olvidando que no solamente se mata con un fusil, hay otras forma también de

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quitar la vida a seres humanos.



Congresista Nidia Vilchez, puede hacer uso de la palabra.

La señora VÍLCHEZ YUCRA (PAP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Un tema tan delicado como el que abordamos eminentemente genera un voto de conciencia o un sustento de conciencia de cada uno de nosotros y cuán saludable sería este debate si los 120 parlamentarios diéramos nuestro punto de vista.

Provengo de una zona donde el terrorismo generó violencia, huérfanos, viudas. Y durante la década del 80 y especialmente entre el 85 y el 90 perdimos autoridades, policías, estudiantes, campesinos. Esto generó en la población un resentimiento y especialmente aquellos que venimos de la sierra peruana, realidad que vivió Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco.

Y que la muerte fue un tema diario, y que cuando enterrábamos a un alcalde, a los dos días estábamos enterrando a otro ciudadano que participaba en esas exequias, o que después de 16 años, o después de cinco años, o después solamente de dos años de haber perdido a un familiar o haber sido asesinado una autoridad, los hijos de estas autoridades no querían salir fuera de su domicilio porque el hijo del costado, el niño del costado o del frente, sí tenía padre o sí tenía madre y él no lo tenía.

He trabajado por más de 16 años con víctimas de la violencia. Cuando el Estado olvida a sus víctimas, cuando aquellos defensores de los derechos humanos tampoco existen y cuando la Convención de San José tampoco existe, porque hay familias y huérfanos abandonados.

La pena de muerte es un tema que a todos nosotros nos remueve los recuerdos más profundos; pero decir que la pena de muerte instalarlo o votar, y que este Congreso decía qué tiene que hacer con ese proyecto de ley, creo que es responsabilidad de todos nosotros.

Desde el primer accionar terrorista del 18 de mayo de 1980

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hasta el último que hemos tenido en diciembre, cuando matan a policías y a dos trabajadores de Enaco, todos decimos qué es de la pena de muerte, dónde están los responsables y quienes toman la justicia para estas familias que quedan en el abandono.

Yo solamente les quiero decir que en mi región, y solamente quiero contarles el hecho del distrito de Chongos Alto. Incursionó sendero a este distrito, asesinó. Antes esto la comunidad se armó de valor, las comunidades campesinas detuvieron a los senderistas, estos fueron entregados al Ejército. Y el Ejército los dejó libres, y a los 15 días regresaron a ese distrito y mataron a los ocho comuneros que los detuvieron.

Entonces, si revisamos también las estadísticas últimas, ¿cuántos son los terroristas que han sido liberados últimamente? Entre los años 93 y el año 2000 han salido en libertad mil 763 internos procesados por terrorismo. Luego estos últimos años 240 internos.

En la zona de Junín estamos muy preocupados porque la alianza entre el terrorismo y el narcotraficante o los narcotraficantes ha sido el inicio desde la década del 80. Y hoy en la provincia de Satipo tenemos este riesgo y aquí está la representación de Junín, porque la presencia de los siete ministros en la provincia de Satipo ha significado ir directamente donde está el problema.

Pero este Parlamento tiene que hacer conciencia y aquí no podemos obligar ni por bancadas ni por sectores sino es un voto de conciencia que pedimos.

Y la Célula Parlamentaria Aprista y sus distintos parlamentarios han sentado su posición; podemos discrepar, pero venimos y procedemos de distintas regiones y distintas realidades.

No queremos que esto se vuelva a repetir, no queremos que nuevamente las universidades sean la escuela del senderismo. Yo estudié en una universidad nacional y compartí con muchos terroristas que luego asesinaron a muchas autoridades. No quiero que esto se vuelva a repetir, y todos seguramente pensamos en nuestros hijos.

¡No al terrorismo!, pero queremos de esta forma desterrar también. Defendemos la vida, pero no queremos que exista el terrorismo. Aquí, el Partido Aprista tiene un vocero, y el

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vocero tiene que sustentar la posición. Sin embargo, defendemos la posición que tiene el Ejecutivo, porque dentro de todos los resultados que tenemos en las zonas, especialmente en la zona centro, lo que hemos recibido en la década del 80 solo es muerte.

No queremos volver a estas hazañas, de algunos panfletos festejaban estos asesinatos, y otras familias quedaron huérfanos.

Reitero, he trabajado y trabajo hace más de 16 años con víctimas de la violencia, y ellos, a nombre de ellos, no quieren que regrese la violencia.


La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Gracias, señora congresista.

Finalmente vamos a procesar las cuestiones previas, que son muchísimas las que han presentado a la Mesa los diferentes oradores: la cuestión previa en la que han incidido la mayoría de señores congresistas, en el sentido de que esta iniciativa que hemos comenzado a debatir, a reflexionar hoy día retorne a las comisiones de Justicia y de Constitución.

Marquen su asistencia, señores congresistas para votar esta cuestión previa.

Registro de asistencia, congresistas. Registro de asistencia.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema electrónico para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Han registrado su asistencia 73 señores congresistas. A la hora de votar, luego los que no lograron registrar, señalo.

Al voto. Retorno a comisiones. Retorno a comisiones Justicia, Constitución.

Educación es lo que viene, congresista Vásquez, con su texto sustitutorio.


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—Efectuada la votación, se rechaza, por 42 votos en contra,

29 a favor y una abstención, la cuestión previa planteada.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Se deja constancia del voto en contra de los congresistas Vásquez, Uribe Medina y Sucari Cari y los votos a favor de los congresistas Velásquez y Lescano Ancieta.

Correcto, perdió la posición del retorno a comisiones.

Bien, no hay ninguna propuesta en ese sentido. A ver... Sí, hay una, hay una. Hay una, hay una de Ordóñez, hay una de Ordóñez. Hay una de Ordóñez, vamos a procesar la propuesta en cuestión previa del congresista Ordóñez en el sentido de que la iniciativa sea archivada.

Con la misma asistencia vamos a votar.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 45 votos a favor,

25 en contra y ninguna abstención, la cuestión previa

planteada por el señor Ordóñez Salazar, en el sentido de

que pase al Archivo el Proyecto de Ley N.° 669/2006-PE.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Uribe Medina, Lescano Ancieta, Sucari Cari y Vásquez y el voto en contra del congresista Velásquez Quesquén.

Archivado el proyecto de ley.

Ha pedido reconsideración el congresista Velásquez Quesquén.

Un momentito, se va a votar. Se va a votar la reconsideración, vamos a votar la reconsideración.

Marquen asistencia, marquen asistencia.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema electrónico.

La señora PRESIDENTA (Mercedes Cabanillas Bustamante).— Han registrado su asistencia 76 señores congresistas.

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