¿Es REDD la solución?; Evaluando la Viabilidad Económica e

Institucional de la Deforestación Evitada en la

Reserva Forestal El Choré, Bolivia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por,

Kate Dillon y Andres Mitnik

 

Cliente: Fundación Natura Bolivia, Santa Cruz, Bolivia 

Consejero: Calestous Juma 

Líder del Seminario: Jay Rosengard 

Entregado en cumplimiento de los requerimientos del PED 250 ”Análisis de Política de Segundo Año”, parte del título de Maestría en Administración Pública para el Desarrollo Internacional 

 John F. Kennedy School of Government Harvard University

 

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Agradecimientos

Quisiéramos agradecer a muchas personas y organizaciones que permitieron el cumplimiento de este proyecto. Le estamos muy agradecidos al Centro de Desarrollo Internacional de la Escuela Harvard Kennedy por brindar financiamiento para nuestro trabajo de campo en Santa Cruz, Bolivia. Podríamos haber escrito nuestro SYPA sin haber tenido conversaciones directas con los creadores de políticas, y nos habríamos equivocado. Estamos agradecidos con Nigel Asquith y Maria Teresa Vargas de la Fundación Natura Bolivia por brindarnos el honor y la oportunidad de trabajar en este proyecto y por todo el apoyo y consejo que nos dieron. A José Luis Vega, nuestro guía boliviano, cuyo conocimiento extensivo de la gente y política en El Choré hizo que este proyecto sea una realidad. También agradecemos al amigable y generoso personal de la Fundación Natura Bolivia en Santa Cruz, particularmente a Huascar Azurduy y Stephanie Secomb. Agradecemos a William Clark por sus indicaciones iníciales y por dirigirnos en la dirección de Nigel. También quisiéramos agradecer a nuestro concejero de SYPA, Profesor Calestous Juma. El compromiso inextinguible del Profesor Juma para encontrar soluciones innovadoras y poco ortodoxas fue una constante fuente de inspiración para nosotros. Agradecemos a nuestro líder de seminario, Profesor Jay Rosengard, por su singular sentido del humor y por ayudarnos a mantener nuestra agenda. Les debemos mucho a las personas que entrevistamos para este proyecto, cuya generosidad con su tiempo e información hizo de este un proyecto relevante: Widen Abastoflor, Marco Achacollo, Nigel Asquith, Jorge Avila, Katsumi Bany, Ricardo Israel, Marco López, Carlos Roca, Sindicato 8 de Diciembre, Gisela Ulloa, Rodrigo Valenzuela, José Luis Vega, y el Dr. Rolf Wachholtz. Andres quisiera agradecer el generoso apoyo del Gobierno de Japon, el Banco Mundial y la Escuela Harvard Kennedy, lo cual hizo posible mi participación en el Programa MPA/ID. Finalmente, debemos agradecer a nuestros esposos, Gabriel Levin y Romina Pistacchio, por su paciencia, apoyo, y entendimiento a lo largo de nuestra experiencia de MPA/ID. Los amamos!  

 

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Índice

1.  Resumen Ejecutivo .......................................................................................................... 4 

2.  Introducción .................................................................................................................... 6 

3.  Metodología.................................................................................................................. 10 

4.  La economía de la Deforestación Evitada....................................................................... 11 4.1.  Costo de Oportunidad.......................................................................................................... 11 4.2.  Costos de Transacción.......................................................................................................... 14 

5.  Instituciones en Pagos por Servicios Ecosistémicos ........................................................ 16 

6.  El Contexto Político, Social y Económico Boliviano ......................................................... 18 6.1.  Bolivia.................................................................................................................................. 18 

6.2.  El Choré ............................................................................................................................... 19 

7.  Hallazgos ....................................................................................................................... 23 7.1.  Costo de Oportunidad.......................................................................................................... 23 7.2.  Instituciones ........................................................................................................................ 26 

7.2.1.  Descripción de Actores Institucionales................................................................................. 26 7.2.2.  Cuestiones Técnicas para el Establecimiento de un Proyecto de Deforestación Evitada..... 28 7.2.3.  Instituciones Legales:  Oportunidades y Limitaciones.......................................................... 29 

7.2.4.  Instituciones Políticas:  Oportunidades y Limitaciones ........................................................ 32 7.3.  Consideraciones Socio‐Culturales......................................................................................... 42 

8.  Recomendación Política................................................................................................. 44 

9.  Conclusión ..................................................................................................................... 48 

Anexos ................................................................................................................................. 49 

Anexo Uno:  REDD ‐Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de los bosques................................................................................................................................ 49 

Anexo Dos:  El Mercado Voluntario ...................................................................................... 55 

Anexo Tres:  Lista de Individuos Entrevistados...................................................................... 59 

Bibliografía........................................................................................................................... 60 

 

 

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Resumen Ejecutivo 

En la Reserva Forestal El Choré, migrantes del altiplano boliviano se han asentado ilegalmente, convirtiendo el suelo para uso agrícola en busca de fuentes de subsistencia. La proliferación agrícola en la zona sur de El Choré ha conllevado a una rápida deforestación y tensión social entre residentes con tenencia, concesionarios, y los asentados ilegales tanto dentro como a lo largo de la periferia de la reserva. Se estima que si se continúa bajo las condiciones actuales, el 2036 veremos una pérdida del 42% del área actual boscosa de El Choré (Stich 2008, pág. 1).

La Fundación Natura Bolivia, una ONG boliviana que representa a las ONGs en el

consorcio Salvemos El Choré, está actualmente considerando un proyecto REDD – Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de bosques – en el bosque de El Choré utilizando una donación proveniente de la Unión Europea que incentive la deforestación evitada.

En este análisis hecho para Fundación Natura Bolivia, evaluamos la posibilidad de

implementar un proyecto de deforestación evitada en El Choré enfocándonos en la compleja red de actores institucionales e individuales que puedan facilitar o impedir un proyecto REDD en la región. Nuestra pregunta es: ¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones institucionales para implementar un proyecto REDD en la Reserva Forestal El Choré?

Nuestra metodología incluye la recolección de datos de literatura secundaria, aplicando el

Cuestionario Guía de la IUCN-Katoomba para la Evaluación de Países respecto a los pagos por servicios ecosistémicos (PSE), y realizando entrevistas en el departamento de Santa Cruz, Bolivia en enero del 2009 a personas que representan todos los niveles de gobierno, ONGs, y organizaciones comunitarias. Hicimos todo lo posible para reunirnos con aquellos directamente involucrados en negociaciones y la creación de políticas en torno al PSE y REDD. Utilizando estos datos, analizamos el costo de oportunidad, e identificamos los actores principales, sus roles, y la capacidad institucional y disposición legal para REDD en El Choré.

Nuestros resultados indican que son varias las barreras institucionales que hacen inviable

la implementación de un proyecto REDD en El Choré por el momento. Las principales restricciones incluyen: Primero, el gobierno central controla el derecho a vender Reducciones de Emisiones Verificadas (VER por sus siglas en inglés) y no está dispuesto a hacerlo hasta que un Sistema Nacional de REDD esté implementado. Es incierto cuando se podrá finalizar tal sistema; Segundo, las políticas inconsistentes respecto a la reforma de tierras generan un gran descontento dentro de la reserva; Tercero, la migración causada por la pobreza de los campesinos del altiplano amenaza constantemente a la reserva debido a la conversión de tierra al uso agrícola.

 

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Sin embargo, existen algunas oportunidades institucionales que pueden ser aprovechadas ahora para definir la base de un proyecto REDD en el futuro. Hacemos recomendaciones de intervenciones políticas de largo plazo y de acción inmediata. A la larga proponemos que:

• La Fundación Natura Bolivia debería comenzar proyectos piloto de deforestación evitada

en uno o dos de los tres municipios de El Choré: Santa Rosa y/o San Juan. • Con el apoyo de las municipalidades y la activa participación de las comunidades, Natura

debería facilitar la creación de una Estrategia de Desarrollo Comunitaria específica, la cual daría la base para futuros convenios cooperativos y metodologías de distribución de pagos. La situación de tenencia de tierras en El Choré puede ser respondida con la acción cooperativa colectiva.

• Natura puede usar estos proyectos pilotos para ganar la confianza de la comunidad, en la cual se basará un futuro proyecto de mayor escala.

• Para ganar apoyo político, los proyectos piloto deberían juntar la deforestación evitada y otras actividades de pagos por servicios ecosistémicos con el Plan de Desarrollo Nacional del país, enfatizando así el desarrollo comunitario.

Recomendamos que Natura tome los siguientes pasos inmediatos:

• Actuar como facilitador para reunir a los líderes de las municipalidades de San Juan y Santa Rosa con el propósito de entender las estructuras de incentivo específicas y necesarias.

• Coordinar la redacción del borrador de Estrategias Comunitarias de Desarrollo específicas por parte de las municipalidades junto a sus comunidades.

• Iniciar conversaciones con los Sindicatos en Yapacaní, invitando al alcalde de Yapacaní y a la Federación de Sindicatos de Yapacaní.

• Comenzar la conversación con los productores de la industria agrícola del sur de la reserva, quienes se benefician de los servicios ecosistémicos brindados por la reserva. Esto podría generar un flujo de fondos que pueda apoyar al proyecto hasta que un proyecto REDD sea más factible.

• Coordinar la asistencia técnica que puede venir de la Universidad Gabriel Moreno, el Gobierno Departamental, el Banco Mundial, USAID, y otras ONGs. Nuestro diagnóstico concluye que si esta serie de acciones no son llevadas a cabo, aun

con un sistema nacional de REDD en su lugar, El Choré no podrá beneficiarse de su potencial como fuente de ingresos. Si este grupo de acciones es implementado y el gobierno nacional es capaz de coordinar un sistema nacional de REDD, el proyecto El Choré estará en una situación óptima para aumentar su escala y comenzar a recibir pagos por reducciones de emisiones certificadas. 

 

6 

Introducción 

Mientras estacionamos en una esquina de lo que probablemente es el vecindario de

mayor lujo de Santa Cruz, Bolivia, un carro a nuestra izquierda se acerca a una luz roja de

tráfico. El auto disminuye su velocidad… y luego… al no ver tráfico, sin vacilación o atención a

la luz roja pasa por medio de la intersección. Tal es el cumplimiento con las leyes en la ciudad

más económicamente próspera de Bolivia. Aproximadamente a 200 millas al norte, en la Reserva

Forestal El Choré (El Choré), el cumplimiento con la ley es igualmente evasivo. Colonos ilegales

han invadido la reserva, migrantes del altiplano boliviano en busca de tierra para la agricultura e

ingresos. La proliferación de la agricultura en la parte sur de El Choré ha conllevado a una rápida

deforestación y tensión social entre los residentes con tenencia, concesionarios, y colonos

ilegales tanto dentro como a lo largo de la periferia de la reserva. Un estimado preliminar sugiere

que si se continúa bajo las condiciones actuales, el 2036 veremos una pérdida del 42% del área

actual boscosa de El Choré.

El aumento de deforestación alarmó al Gobierno Departamental de Santa Cruz, por lo que

conformaron Salvemos El Choré, un consorcio público-privado, en búsqueda de soluciones a esta

problemática. La Fundación Natura Bolivia, una ONG representando a ONGs bolivianas en el

consorcio, está actualmente considerando un proyecto REDD – Reducción de Emisiones por la

Deforestación y Degradación de bosques – en el bosque de El Choré, utilizando una donación

proveniente de la Unión Europea que incentive la deforestación evitada.

Un aumento del apoyo internacional hacia REDD y la deforestación evitada siguió la

13ava Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la

ONU, realizada en el 2007. La recomendación política principal que emergió de la COP 13 fue la

inclusión de la deforestación evitada en el mercado voluntario de carbono y su posible inclusión

 

7 

en un acuerdo post-2012; la COP 13 también llamó a la iniciación y financiamiento de proyectos

piloto de REDD.

Aproximadamente el 20% de las emisiones globales de CO2 son el resultado de la

deforestación, y la deforestación contribuye a concentraciones de CO2 en la atmosfera mayores

que las provenientes del sector de transporte. Por lo tanto, frenar la deforestación es una

herramienta potencialmente significativa para un régimen global de cambio climático post-

Kyoto. Además, ya que los bosques tropicales están dentro de las áreas más biodiversas de la

Tierra y ya que aproximadamente 1,2 billones1 de personas, muchas de ellas de bajos ingresos,

dependen de los bosques para su subsistencia, la deforestación evitada ha atraído grupos de

desarrollo y conservación por igual a pedir la inclusión de ‘co-beneficios’ – asegurando que los

habitantes del bosque con bajos ingresos se beneficien de los pagos de almacenamiento de

carbono – en futuros esquemas de REDD.

REDD presenta un problema complicado respecto a la política del desarrollo. Los actores

involucrados incluyen una extensa gama de partes interesadas con intereses divergentes y una

desigual distribución de poderes e influencia. Indígenas y agricultores migrantes quienes

dependen del bosque para su seguridad alimenticia, subsistencia, y en algunos casos identidad

cultural, industrias comerciales extractivas de pequeña y gran escala que aprovechan los recursos

naturales y brindan empleo local, y ONGs que buscan preservar la biodiversidad, reducir la

pobreza, y almacenar carbono, compiten por el acceso a las áreas forestales; el grupo más

numeroso, el de las indígenas y agricultores migrantes de pequeña escala y subsistencia, tiene el

menor grado de influencia mientras que aquellos con intereses comerciales tienen el mayor grado

(Swallow et al 2007 pág. 2). Sin embargo, de ser bien diseñado, REDD puede convertir en

                                                             1 Datos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

 

8 

ganadores a todos los interesados, permitiendo la extracción sostenible y un manejo comunitario

de bosques con compensaciones dirigidas a mejorar los medios de vida y a la conservación de la

biodiversidad.

Para entender la viabilidad de un esquema de REDD, tres análisis son necesarios.

Primero, la adicionalidad de las reducciones de emisiones debe ser establecida; es decir,

comprobar que en la ausencia de un régimen REDD, las reducciones de emisión no hubieran

ocurrido. Este análisis ya ha sido llevado a cabo por Stich (2008) quien determinó que, si

continúen las condiciones actuales, el 42% del bosque desaparecerá hasta el 2036. Segundo, la

economía del proyecto debe ser analizada para establecer costos, incluyendo el costo de

oportunidad y los costos de transacción subsecuentes. Tercero, asumiendo que un precio viable

de mercado es determinado por el análisis económico, un análisis institucional debe ser realizado

para evaluar la capacidad que el proveedor del servicio tiene para venderlo, recibir pagamentos,

monitorear y hacer cumplir la conservación, y gestionar a las partes interesadas del proyecto.

Basado en los estudios existentes del costo de la deforestación evitada creemos muy probable

que la economía no sea una restricción vinculante en el caso de El Choré debido al tipo de

actividades económicas actualmente llevadas a cabo en el bosque y la presencia de inundaciones

anuales que rebaja el potencial de la agricultura de alta ganancia en el bosque. Además, ya que

muchos estudios han considerado los costos de REDD en varios bosques locales, y que estos

resultados presentan un grupo relativamente estrecho de estimados que caen muy dentro de la

escala de precios del mercado, este reporte asume como muy probable que los costos de

oportunidad de REDD en El Choré entren a esta escala. Proporcionamos una revisión de la

literatura existente sobre el costo de oportunidad de la deforestación evitada, y, basados en

 

9 

observaciones previas y nuestro entendimiento de la ecología y actividades económicas en El

Choré, estimamos este costo dentro de la reserva.

La mayoría de la literatura que estima los costos de REDD no toma en cuenta la

capacidad institucional, y se nota esta falta de información como una debilidad – ya que la

capacidad institucional determina en gran manera los costos de transacción y puede afectar

también los costos de oportunidad (Kindermann et al 2008, pag. 10306). Por lo tanto, nuestro

análisis se enfatiza en la compleja red de los actores legales, políticos, individuales e

institucionales que puedan facilitar o impedir un proyecto REDD en El Choré. Preguntamos

específicamente, ¿Cuál es la viabilidad económica y cuáles las oportunidades y limitaciones

institucionales para implementar un proyecto REDD en la Reserva Forestal El Choré?

El reporte estará organizado de la siguiente manera: la Sección Tres explica nuestra

metodología; en las secciones Cuatro y Cinco, construimos nuestro marco teórico, revisando los

estudios existentes del costo de oportunidad de la deforestación evitada (sección Cuatro) y

presentando el rol de las instituciones en la conservación, particularmente en cuanto a los pagos

por servicios ecosistémicos; la Sección Seis presentará el contexto político en Bolivia y en la

Reserva Forestal El Choré; la Sección Siete presenta nuestras conclusiones; y en la Sección Ocho

proporcionamos una recomendación política basada en nuestras conclusiones. Los detalles

acerca del estado del REDD en la comunidad internacional pueden ser encontrados en el Anexo

Uno, y los detalles sobre el estado del mercado de carbono pueden ser encontrados en el Anexo

Dos.

 

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Metodología 

Para analizar la viabilidad de REDD en la Reserva Forestal El Choré, seguimos la siguiente

metodología:

• Realizar una revisión de la literatura existente sobre el contexto político en general

• Revisión de los estudios existentes del costo de oportunidad de REDD

• Analizar la actual situación política en Bolivia y El Choré

• Reunir datos sobre la capacidad legal e institucional del país para implementar, gestionar,

y hacer cumplir el proyecto REDD utilizando el Cuestionario Guía de IUCN-Katoomba

para la Evaluación de Países y realizar una investigación de campo en Santa Cruz, Santa

Rosa, y Portachuelo, Bolivia (IUCN-Katoomba 2008)

• Reunir datos sobre las actividades económicas que se llevan a cabo en la Reserva Forestal

El Choré

• Identificar a las partes interesadas y los actores institucionales clave en la Reserva

Forestal El Choré

• Identificar marcos y procesos legales que permitan o prohíban REDD

• Identificar las capacidades institucionales existentes para implementar un proyecto

REDD

• Identificar los límites institucionales para implementar un proyecto REDD

• Identificar tensiones políticas que puedan debilitar un proyecto REDD

• Identificar una estructura de incentivo potencial para asegurar la continua cooperación

entre los actores relevantes

Nuestro análisis requirió el entendimiento de la estructura política e institucional en todos los

niveles de gobernanza en Bolivia – el Federal, Departamental, y Municipal – además del rol de

 

11 

las organizaciones comunitarias, ONGs, e instituciones informales operando en la región de El

Choré. Debido al cambio político en Bolivia durante los pasados tres años, fue difícil conseguir

información consistente sobre los marcos políticos y legales que gobiernan al país de los

documentos publicados y disponibles para el público. La información sobre las actividades

económicas dentro de la reserva y la estructura política e institucional oficial de las tres

municipalidades que gobiernan la región de El Choré está en su mayoría sin publicar. La

información acerca de las actividades económicas ilegales y los acuerdos políticos e

institucionales no oficiales dentro de la región del Choré son en gran parte desconocidos. Por lo

tanto, para poder alcanzar nuestros objetivos, complementamos los estudios existentes de la

capacidad económica, institucional y legal de Bolivia y documentos oficiales con entrevistas

personales, entrevistas telefónicas, y entrevistas de Skype con personas de los tres niveles de

gobernanza en Bolivia además de las organizaciones comunitarias y ONGs (una lista completa

de las personas entrevistadas puede ser encontrada en el Anexo Tres).

Realizamos la mayoría de las entrevistas durante la semana del 18 al 23 de enero del 2009 en

el Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Hicimos lo posible para reunirnos con las personas

directamente involucradas en las negociaciones y diseño de políticas sobre los Pagos por

Servicios Ecosistémicos y REDD. Preguntamos muchas de las mismas preguntas a cada actor

para poder entender en qué temas difieren las perspectivas y en qué temas parece haber un

consenso. Además, debido a la atmósfera política tan cargada durante nuestro estudio de campo,

creímos necesario confirmar los datos recibidos triangulando las respuestas.2 Por ejemplo,

preguntamos a cada sujeto qué impulsaba la deforestación en El Choré; cada entrevistado

                                                             2 Un referéndum constitucional fue llevado a cabo el 25 de enero del 2009; la nueva constitución re-centraliza al gobierno federal y así consolida la erosión de poderes de los gobiernos departamentales que ha ido ocurriendo durante los últimos 3 años.

 

12 

respondió que las razones son la migración de campesinos del altiplano en busca de tierra para

agricultura y la inhabilidad de la Superintendencia Forestal de hacer cumplir la Ley Forestal que

protege las Reservas Forestales. Este nivel de consenso nos dio la confianza que estos factores

eran efectivamente las causas aproximadas de la deforestación dentro la reserva.

Las diferencias en las respuestas, sin embargo, no fueron consideradas inútiles. Los temas

donde las perspectivas difieren impactarán, y en algunos casos determinarán, los tipos de

acuerdos institucionales necesitados para asegurar un proyecto exitoso. Por consiguiente, estas

diferencias de opinión y/o perspectiva fueron tratadas como valiosos puntos de referencia. En la

mayoría de los casos, las diferencias de opinión observadas podían ser predichas por la afiliación

política del entrevistado.

Al compilar los datos recolectados por medio de las entrevistas, documentos legales

oficiales nacionales, y estudios existentes, utilizamos dos análisis: uno económico y uno

institucional. Nuestro análisis económico utilizó evaluaciones existentes de costo de oportunidad

y datos sobre las actividades económicas y la ecología dentro de El Choré para estimar el costo

de oportunidad de la deforestación evitada en la reserva. Para el análisis institucional, creamos

una matriz identificando a las partes interesadas clave, los marcos legales que limitan a estos

interesados, sus roles, y las oportunidades y límites que cada uno trae consigo al proyecto.

Utilizando la matriz, pudimos identificar los canales institucionales por los cuales un proyecto

REDD sería viable y las principales restricciones institucionales para el proyecto. También

identificamos las oportunidades institucionales y legales que podrían ayudar a nuestro cliente a

superar limitaciones existentes.

Debido a las preocupaciones de seguridad no fue posible reunirnos con algún

representante de la municipalidad de Yapacaní. Por lo tanto, hablamos con el Director de la

 

13 

ONG CEPAC que ha implementado varios proyectos en Yapacaní. El no poder contactar

directamente a algún miembro de esta comunidad, sin embargo, es un factor limitante en nuestro

análisis. Finalmente, aunque REDD incluye la degradación forestal, debido a las limitaciones de

tiempo y recursos, solamente consideramos la deforestación en este ensayo.

 

 

14 

La Economía de la Deforestación Evitada 

Los proyectos de deforestación evitada implican diferentes tipos de costos – los costos de

oportunidad y los costos de transacción3 - que son discutidos a continuación. En general, el

proveedor y las instituciones que facilitan los proyectos pagarán los costos; mientras que la

población indígena y local que depende del bosque por su valor social, económico, y cultural

también pagan los costos en la forma de trabajos perdidos, la pérdida de tierras, y la pérdida de

comunidad. En esta sección revisamos la literatura existente acerca de los costos de la

deforestación evitada y REDD. Utilizaremos los resultados de estos estudios para estimar el

costo de oportunidad de REDD en El Choré en la Sección Siete.

 

Costo de Oportunidad 

Generalmente, el costo de oportunidad es el valor de la oportunidad económica

renunciada cuando tomamos una decisión económica (Case y Fair 2002 pág. 25). En el caso de la

deforestación evitada, el costo de oportunidad es la ganancia renunciada (ingreso total menos el

total de costos) de no haber convertido el área forestal para un uso alternativo del suelo. Los usos

alternativos de suelo incluyen la agricultura intensiva, extracción de madera, tierra pastoril, y

agricultura por chaqueo. El costo de oportunidad puede ser utilizado como un estimado del

precio idóneo de un pago de carbono para poder incentivar la deforestación evitada. Esta sub-

sección describe estos costos y revisa la literatura existente que analiza los costos de la

deforestación evitada.

                                                             3 Algunos estudios del costo de REDD se refieren a los costos administrativos y de implementación, los cuales pueden coincidir en parte con los costos de transacción. Nosotros nos referimos solamente a los costos de transacción.

 

15 

Existe mucha literatura que estima el costo de oportunidad de la deforestación evitada,

estos estimados varían dependiendo de la metodología implementada. Boucher (2008) y Wertz -

Kannounikoff (2008) escribieron excelentes análisis de los estudios existentes; nosotros

proporcionamos un resumen de estos análisis incluyendo aspectos específicos de los estudios

originales donde sean necesarios o particularmente ilustrativos. El propósito de esta exploración

es dar la visión general de las metodologías empleadas por científicos y economistas

ambientales, y cómo estas metodologías resultan en estimados dispares del costo de oportunidad.

Los estudios difieren en su ámbito geográfico, sin embargo, es muy probable que produzcan una

escala en la cual el costo de oportunidad de la deforestación evitada en El Choré pueda entrar.

Boucher (2008 pág. 8) clasificó los estimados de costos de oportunidad en tres categorías:

estimados Empíricos Regionales, estimados Globales, y Modelos de Equilibrio Global Parcial.

Esta clasificación es reconocida e incluso utilizada por Wertz – Kannounikoff (2008 pág. 7). Los

estudios Empíricos Regionales proporcionan un punto estimado (en algunos casos como

Swallow (2007) curvas de oferta enteras son creadas para las regiones estudiadas) de los costos

de oportunidad de la deforestación evitada en una región particular, país, o bosque. Estos

estudios comienzan por estimar las tasas de deforestación y la cantidad de CO2 secuestrado por

el proyecto por hectárea utilizando datos de sensores remotos y análisis espacial explícito –

midiendo el cambio de uso de suelo pixel por pixel. Una vez obtenido este valor, la ganancia

generada por los diferentes usos de suelo – agricultura, extracción de madera, crianza de ganado

– son calculados utilizando un enfoque de Valor Presente Neto (VPN) (Swallow et al 2007),

(Borner y Wunder 2008) o un análisis econométrico que modela el retorno potencial basado en

condiciones climáticas, edáficas, y económicas (Nepstad et al 2007). Los estudios varían

 

16 

considerablemente en la complexidad de sus modelos, supuestos acerca de las densidades de

carbono, el horizonte temporal, y la tarifa de descuento utilizada (Wertz – Kannounikoff 2008).

Los estudios Empíricos Regionales están basados en estudios in situ y proporcionan un

análisis detallado y específico. Los autores utilizan datos del trabajo de campo, así como datos

provenientes de servicios de contabilidad nacional para construir sus estimados. Boucher (2008

pág. 15) creó una distribución de frecuencia de estimados de costos de oportunidad basado en 29

estudios Empíricos Regionales (Figura 1). Él concluyó que los valores reportados oscilan entre

$0,84 - $4,18 por tonelada del equivalente de CO24. El defecto de este enfoque es su facilidad

para subestimar el verdadero costo de oportunidad, o precio de carbón, que sería utilizada en un

mercado regulado (Wertz – Kannounikoff 2008 pág. 7). 

 

Figura 1. Diagrama de frecuencia de los costos de oportunidad estimados producidos por 29 estudios Empíricos Regionales. De Boucher (2008, pág 15).

                                                             4 Equivalentes de Dióxido de Carbono (CO2 eq) es una medida estándar con la cual se puede evaluar el impacto de emitir (o prevenir la emisión de) diferentes gases de efecto invernadero. Está relacionado con el Potencial de Calentamiento Global (PCG, o la energía/calor adicional que es retenida por el ecosistema terrestre a través de la adición de este gas a la atmósfera) de cada substancia particular. El PCG de algún gas en particular describe su efecto en el cambio climático relativo a una cantidad similar de dióxido de carbono y es dividido en un ‘horizonte temporal’ de tres partes, de veinte, cien, y quinientos años. Como unidad de base numérica del dióxido de carbono esta el 1,0 a lo largo de cada horizonte temporal. (Asociación Internacional de Comercio de Emisiones)

 

17 

El enfoque Global junta estudios Empíricos Regionales de ocho países con las tasas más

altas de deforestación, asumiendo una densidad promedio de carbono a lo largo de las regiones

en el estudio (Boucher 2008 pág. 10). Este enfoque fue utilizado por el reporte de Maryanne

Grieg-Gran preparado para el Informe Stern (2006) y actualizado por Eliasch (2008). Ambos

estudios estimaron que el costo de reducir la deforestación por un 46% sería $2,76 -

$8,28/tonelada de CO2.

Los modelos de Equilibrio Parcial Global simulan las dinámicas de la economía mundial

y producen curvas de costo marginal (Boucher 2008 pág. 10). Tres modelos son el Modelo de

Madera Global (GTM por sus siglas en inglés), el Modelo Integral Dinámico de Silvicultura y

Uso Alternativo del Suelo (DIMA), y el Proceso Generalizado Comprensivo de Evaluación de la

Mitigación (GCOMAP por sus siglas en inglés). Los modelos difieren en la forma que dividen el

globo espacialmente, qué sectores económicos son incluidos (energía, agricultura, y otros

sectores de influencia en el cambio de uso de suelos), y lo que asumen acerca de la media de

densidades de carbono, sin embargo todas usan los mismos datos de costos de oportunidad

utilizados en estudios Empíricos Globales y Regionales (Boucher 2008 pág. 11). El beneficio de

estos modelos es que reconocen que el costo de la deforestación evitada depende de la medida en

que se reduzca la deforestación y cuál actividad económica la impulsa. La Figura Dos presenta

los resultados de una encuesta comparativa de los estimados de los tres modelos del costo de

oportunidad de la deforestación evitada en el 2010 y el 2020 (Kindermann et al 2008 pág. 10303-

04). Las curvas muestran costos marginales en aumento; el costo de reducciones tempranas es

relativamente bajo mientras que el costo de reducciones totales es alto. Los modelos predicen un

costo de entre $6,77 y $17,86/tonelada de CO2.

 

18 

Figura 2. Modelos de Simulación Global proyeccionan las curvas de costo marginal de la deforestación evitada en el 2010 (izquierda) y 2020 (derecha). De Kindermann et al (2008

pág. 10303-04).

No está claro si los precios de un mercado regulado de REDD serán uniformes o

diferenciados, reflejando así la no-uniformidad de los costos de oportunidad a lo largo de los

usos de suelo que promueve la deforestación (agricultura intensiva tendrá un costo de

oportunidad más alto que la extracción sostenible del bosque o agricultra por chaqueo.) En el

caso de un precio uniforme, un precio más alto daría un excedente monetario a los pequeños

propietarios con un costo de oportunidad bajo, y este excedente puede ser utilizado para impulsar

el desarrollo y mejorar el manejo sostenible del bosque. En el mercado voluntario, sin embargo,

los pagos de carbono son diferenciados. La diferenciación de precio tiene implicaciones tanto

positivas como negativas; los pequeños propietarios pueden beneficiarse de compradores que no

estén dispuestos a pagar precios más altos, sin embargo, los precios bajos eliminan el excedente

monetario para los pequeños propietarios.

 

Costos de transacción 

Los análisis de costos de oportunidad examinados líneas arriba admiten no haber incluido

los costos de transacción dentro de sus estimados de costos de oportunidad (con la excepción de

 

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Nepstad 2007, quien incluye los costos de implementación). Los costos de transacción incluyen

la creación y manejo de las instituciones necesarias para la gestión del proyecto, incluyendo el

mercadeo y la búsqueda de tratos de pagos de carbono (Scherr 2004 pág. 60). Pudimos

identificar sólo un estimado empírico de los costos de transacción de la deforestación evitada;

Antinori y Sathaye (2007) estiman estos costos en $0,03 - $1,23/ toneladas de CO2 (Boucher

2007 pág. 19).

Algunos costos de transacciones serán acumulados inclusive antes que se dé comienzo al

proyecto, incluyendo el establecimiento de una línea base confiable y la negociación de

contratos. Otros costos de transacción son más sustentados e incluyen el monitoreo y la

aplicación de la ley en el área de proyecto. La magnitud de los costos de transacción son también

determinados por el tipo de esquema de REDD utilizado: la conservación tradicional, la

extracción multi-uso sostenible, o una gestión comunitaria del bosque.

La conservación tradicional puede requerir el pago inmediato de pequeñas tarifas, pero el

costo de monitoreo y la aplicación de la ley además de la compensación a poblaciones locales e

indígenas desplazadas de sus tierras será costosa con el tiempo. La gestión comunitaria del

bosque puede requerir mayores costos de transacción inmediatos, pero es el más probable de ser

financieramente sostenible debido a que la comunidad se beneficie del proyecto y se invierte más

en mantener la integridad del área protegida (Asquith et al 2002 pág. 335, Smith y Scherr 2003

pág. 2152).

Los proyectos realizados por primera vez en un país sufrirán las desventajas de ser el

“first mover”, es decir el primero en tomar la iniciativa, porque el primer proyecto

probablemente asumirá muchos de los costos de transacción iníciales, particularmente aquellos

relacionados con la creación de los marcos legales e institucionales necesarios. Los proyectos de

 

20 

carbono también exhibirán economías de escala, por esto, los costos de transacción bajarán a

medida que la escala del proyecto aumente con el tiempo. Sin embargo, Boucher (2008) indica

que con el tiempo los costos marginales aumentarán a medida que las reducciones de

deforestación incrementan. No obstante, es probable que los costos de transacción sean

absorbidos por el precio de VERs o Certificados de Reducción de Emisiones (CER por su sigla

en inglés), o sean subsidiados por un tercero.

Dado el marco económico descrito arriba, las determinantes del costo de REDD incluyen

el alcance de la deforestación evitada; el tipo de actividades económicas actuales, o las posibles

actividades económicas, que impulsan la deforestación; y la capacidad institucional. Las

actividades económicas potenciales dependerán de la ecología particular del bosque, las

condiciones del suelo, la proximidad a líneas de transporte, tanto como otros factores relevantes

como el conflicto y la tensión social. Se detallan las determinantes de la capacidad institucional

en la siguiente sección.

 

Instituciones en Pagos por Servicios Ecosistémicos 

Tal como aprendimos en la anterior sección, no es probable que la economía sea el factor

limitante en REDD. De hecho, la capacidad institucional puede ser el factor más sobresaliente al

que se enfrenta los proyectos REDD. Muchas veces se refiere a las instituciones como ‘las

reglas del juego’, sin embargo esta definición es un tanto insatisfactoria. Douglas North clarifica,

explicando que las instituciones son ‘las restricciones inventadas por el hombre, dando forma a

las interacciones humanas… [que] estructuran los incentivos en el intercambio humano – ya sea

político, social, o económico… incluyendo lo que los individuos están prohibidos a hacer y lo

 

21 

que se les permite’ (North 1990 pág. 3). North añade que las instituciones además afectan los

resultados económicos por medio de su efecto en los costos de intercambio y producción (North

1990 pág. 7).

Las instituciones pueden ser formales (leyes nacionales) e informales (normas de

comportamiento) y pueden ser dinámicas (Protocolo de Kyoto) o estar paradas (Constitución de

EEUU). El rol de las instituciones en la política pública es crear oportunidades para

organizaciones constituyentes y reducir la incertidumbre, de esta manera construir confianza

dentro y entre las comunidades. En la conservación, las instituciones sirven para mediar la

relación entre los seres humanos, otras instituciones, y su medio ambiente (Corbera y Brown

2008, pág. 1957). Ellas restringen la extracción ambiental y brindan oportunidades para la

exploración ambiental; muchas veces las oportunidades creadas por una institución a la vez

influencian la naturaleza y ámbito de esa institución, resultando en un cambio institucional.

La aparición de Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) representa un tipo de oportunidad

creada por instituciones internacionales y domésticas. El crecimiento de los mercados de PSE

durante los últimos 20 años ha seguido y facilitado la aparición de instituciones necesarias para

asegurar la integridad de las transacciones de PSE, y muchas de ellas continúan creciendo a la

par de la expansión del mercado. Los compradores necesitan verificar el valor del servicio por el

que están pagando, y los compradores necesitan verificar el derecho a vender y recibir pagos por

dichos servicios. A menudo, los marcos institucionales necesarios para implementar el PSE de

forma efectiva co-evolucionan con los marcos institucionales existentes, como por ejemplo los

derechos de propiedad, y en muchos casos los fortifica (Corbera er al 2009 pág. 747).

PSE necesita de instituciones a nivel internacional y nacional para facilitar el crecimiento del

mercado. Por ejemplo, el crecimiento del mercado voluntario y regulado de carbono ha

 

22 

conllevado a la creación de instituciones internacionales para regular el comercio de carbono y

certificar las reducciones de emisiones. A nivel nacional, las provisiones legales para el

mercadeo y la venta de los servicios ecosistémicos y los derechos de propiedad claramente

codificados son necesarios para reducir la incertidumbre y generar confianza dentro de estos

nuevos mercados. Debido al alcance de este estudio, desde este punto solo consideraremos las

instituciones domésticas pertinentes al PSE.

Muchos países tratando de establecer proyectos de PSE indicaron que las limitaciones

institucionales domésticas eran la mayor barrera a la implementación efectiva (Ruhweza y

Waage 2007). La falta de instituciones efectivas de PSE resulta en costos de transacción

innecesariamente altos y vuelve cada vez más problemática a medida que los proyectos buscan

aumentar su escala.

El 2008, el Centro de Leyes Ambientales de IUCN y el Grupo Katoomba crearon un

cuestionario guía para evaluar la capacidad institucional para PSE en un país. Su cuestionario

proporciona un marco para el análisis institucional y está repartido según las siguientes áreas:

• Marcos Legales

• Marco Institucional

• Derechos de Propiedad

• Negociación

• Temas Contractuales

• Monitoreo y la aplicación de la ley

Los marcos legales incluyen a la Constitución y legislación específica para el mercadeo y

la venta de servicios ecosistémicos y pueden ser incluidos en uno o más aspectos de la ley

ambiental tal como las leyes forestales o del agua. Los marcos institucionales incluyen agencias

 

23 

públicas como por ejemplo de protección ambiental y organizaciones privadas tales como ONGs

internacionales o nacionales que puedan proveer asistencia técnica o facilitar la implementación5.

Derechos de propiedad claros y codificados son esenciales para el PSE; el derecho para vender

un servicio ecosistémico debe ser coherentemente definido para asegurar las transacciones y el

reconocimiento de la ley consuetudinaria puede ser una cuestión en algunos países que

proporcionan PSE. Los problemas contractuales y de negociación principalmente tratan de los

detalles del diseño de acuerdos y de la capacidad de un país para construir acuerdos de PSE que

sean substanciales y justos6. Finalmente, la capacidad de monitorear y hacer cumplir se refiere a

la habilidad para monitorear los cambios en el servicio ecosistémico (cobertura forestal por

ejemplo) y de sancionar el incumplimiento. Monitorear y hacer cumplir son los componentes

técnicos más complejos de las instituciones de PSE y muchas veces plantean la mayor limitación

a la implementación de programas.

Estos componentes institucionales, con sus excepciones, sirvieron como un marco guía

para nuestro análisis de capacidad institucional para un proyecto de REDD en El Choré. Todos

estos componentes, sin embargo, deben ser vistos a través del lente del contexto político de

Bolivia y El Choré. La siguiente sección describe este contexto.

 

                                                             5 Reconocemos que hay diferencias teoréticas entre organizaciones e instituciones, sin embargo, en este análisis algunas organizaciones, como las ONGs y uniones, serán tratadas como actores institucionales. 6 Debido a la limitación del tiempo y recursos no ampliamos el alcance de nuestro análisis para incluir estas variables.

 

24 

El Contexto Político, Social y Económico Boliviano 

Bolivia 

En la actualidad Bolivia está experimentando una fase de profunda división entre sus

regiones orientales y occidentales. Para poder entender la situación política del país, se requiere

un resumen del contexto histórico. Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina con

un PIB ajustado según la paridad del poder adquisitivo de solo 4.200 dólares americanos

(Indicadores de Desarrollo Mundial). Desde la crisis económica de 1978, la pobreza ha persistido

en el país. En el 1999 el índice total de pobreza era de un 62,6%, con la pobreza urbana al 51,5%

y la pobreza rural al 81,6%. De acuerdo con la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y

Económicas (UDAPE), entre 1999 y 2001 cerca de 380.000 bolivianos cayeron debajo de la

línea de pobreza, y más de 50.000 trabajos fueron perdidos (Rodrigo Valenzuela 2009, pág. 8).

El grupo más afectado por la pobreza fue la población indígena, que representa, según el censo

del 2001, el 62% de la población. El 2002, el índice de pobreza entre los pueblos indígenas de

Bolivia llego al 80%; el índice para la población no-indígena era de solo la mitad al 40%. Un

ejemplo adicional de la desigualdad económica en Bolivia; el 10% de la población controlaba el

70% de la riqueza. Esto llevó a una revolución social en la segunda mitad del 2003, lo que forzó

al Presidente Gonzalo Sanchez de Lozada a renunciar a su puesto prematuramente. Este

movimiento social también abrió paso al movimiento político indígena, que eligió a Evo Morales

como Presidente de Bolivia el 2005 con un 54% de votos. Morales es el primer presidente

indígena del país.

La meta del gobierno de Morales es la de establecer un nuevo régimen político-

económico para re-centralizar el gobierno, vencer la pobreza, terminar con la discriminación

 

25 

social, y redistribuir la riqueza de una forma más equitativa entre la población. Sus así llamadas

políticas “socialistas” no han sido bien recibidas por los departamentos más adinerados del Este

Amazónico, donde afronta una gran oposición política. Este conflicto político se puso en la

primera plana el 2006 cuando Morales inició el proceso de redactar el borrador de la nueva

constitución. Se llamó a elecciones para formar la Asamblea Constituyente encargada de escribir

el nuevo texto. Las metas principales del Gobierno de Bolivia (GDB) eran re-centralizar la

autoridad del gobierno sobre los recursos naturales y ceder más poder a la mayoría indígena. Un

referéndum Constitucional se llevó a cabo el 25 de enero del 2009, donde ganó la nueva

constitución con un 60% a favor. La nueva Constitución generó tensiones sociales en el Oriente,

impulsando un movimiento de independencia cuyo fin se desconoce. Las demostraciones

políticas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el departamento de Santa Cruz durante la

semana previa al referéndum pedían autonomía departamental y hasta guerra civil.

La tensión política entre los departamentos orientales y el gobierno central será una

variable crucial dentro del análisis institucional para un proyecto REDD en El Choré. El Choré

está localizado dentro de Santa Cruz, pero debido a su condición de reserva nacional, la tierra

pertenece al estado y está administrada por el gobierno central. 

 

El Choré 

La Reserva Forestal El Choré fue la primera reserva forestal establecida en Bolivia el 3

de agosto de 1966 por mandato Supremo Nº 7779. Ubicado al noroeste del departamento de

Santa Cruz, originalmente cubría un área aproximada de 900.000 hectáreas de bosque entre los

ríos Ichilo y Yapacaní, al norte del paralelo 17 (Figuras 3 y 4). Es la reserva forestal más densa

de Bolivia con un promedio de 119 árboles por ha (Jorge Avila 2009). De acuerdo a la Cámara

 

26 

Forestal de Bolivia, El Choré es la reserva con el potencial de productividad más alto en Bolivia

por su densidad y velocidad de crecimiento, pero el volumen de extracción actual es

comparativamente mucho más bajo debido a la tensión social en el área que discutiremos en

detalle a continuación (Jorge Ávila 2009).

 

Figura 3. Mapa político de El Choré (Stich 2008)

 

Figura 4. Mapa físico de El Choré (Stich 2008)

 

27 

La Reserva Forestal El Choré (El Choré) brinda servicios ambientales valiosos al

departamento como resultado de su efecto en las tierras agrícolas altamente productivas al sur de

la reserva (Killeen 2007). Estos servicios incluyen la protección contra el viento y la

estabilización del régimen de lluvia en la zona. Es difícil evidenciar y cuantificar estos servicios

científicamente, pero el valor está basado en el así llamado ‘Efecto Codo de los Andes’, como se

ve en el diagrama en la figura 5 (Killeen 2007); el viento que viene del Atlántico y a través de la

Amazonía brasileña choca con las montañas de los Andes y surca hacia el sur de Bolivia. Estos

vientos fuertes traen nubes muy densas que encuentran una barrera natural en El Choré. El

bosque exhibe un gradiente empinado de isoyetas que va de los 3.000 mm al año en el norte a

900 mm al año en el sur. Timothy Killeen desarrolló un modelo que muestra que la falta del

bosque afectaría el régimen pluvial causando inundaciones en algunas áreas y sequía en otras.

Las autoridades locales estiman que el bosque estabiliza un área de 620.000 ha que contribuye al

64% de la producción de soya del departamento, 27% de la producción de maíz, 97% de la

producción de arroz, 98% de la producción de caña de azúcar y 25% de ganado. El valor

estimado de estas actividades productivas es de 222 millones de dólares al año (Gobierno de

Santa Cruz 2007).

 

 

 

 

 

 

Figura 5: El Efecto Codo de Los Andes (Marengo et al 2003 en Killeen 2007)

 

28 

El estatus de El Choré como reserva nacional permite la extracción sostenible de madera,

pero prohíbe cualquier asentamiento agrícola y humano dentro de la reserva. El área protegida

fue expandida en 1991 a 180.000 ha, pero el 2000 el decreto N° 25389 permitió que el Instituto

Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgara títulos de propiedad de tierra en la parte sudeste

de la reserva a los colonos que pudieran demostrar un asentamiento previo a 1996. Como

resultado de este decreto, 211.632 ha fueron removidas de la reserva, las cuales fueron

entregadas con título a los inmigrantes campesinos locales. Esta zona comúnmente referida como

‘área desafectada’, ha sido deforestada casi completamente y convertida para uso agrícola.

Dentro de la reserva, aproximadamente 2,5% del área forestal ha sido talado ilegalmente y

actualmente está siendo usado para la agricultura (Salvemos El Choré 2007). Altos niveles de

precipitación en la parte norte de la reserva inundan amplias franjas de El Choré casi cada año,

haciendo que estas tierras sean inviables para la agricultura y no apropiadas para el asentamiento

humano; por lo tanto la mayor parte de deforestación en El Choré ocurre en la parte sur de la

reserva. La inundación crea una barrera natural efectiva contra la deforestación en el Norte. Hoy

en día, la reserva de El Choré cubre 776.379 ha e incluye tres municipalidades: Yapacaní, Santa

Rosa y San Juan.

La extracción de madera dentro de la reserva debe cumplir con los estándares de

sostenibilidad definidos por la Ley Forestal 1700 (Cuadro de texto 1 abajo). De acuerdo a la ley,

hasta el 80% de la reserva puede ser dada en concesión maderera y el 20% debe ser dejado a las

municipalidades para que ellas den permisos de extracción a las asociaciones locales (ASLs).

Actualmente, casi la mitad de la reserva (46%) está bajo 15 concesiones (Salvemos El Choré

2007), de estas, solamente las concesiones Marabol y San Pedro, junto con las ASLs de Aroyo

 

29 

Negro, Santa Rosa, Los Tajibos y Entre Ríos, están desarrollando actividades productivas debido

a la tensión política y social.

Cuadro de Texto 1. Silvicultura Sostenible en Bolivia

Desde su fundación, El Choré ha sido un área donde los inmigrantes del Altiplano

occidental vienen en busca de tierra para la agricultura. Los campesinos amenazan la reserva en

busca de mejores oportunidades de vida. Este fenómeno tiene varias raíces. Primero, Bolivia ha

sido tradicionalmente un país minero. Durante los años 60 y 70 las minas de plata y estaño de las

tierras altas fueron agotadas, y el GDB tuvo que desarrollar oportunidades alternativas de

producción para miles de mineros Andinos, muchos de los cuales fueron reubicados a Santa Cruz

para convertirse en productores agrícolas (Rodrigo Valenzuela 2009). Desde los años 80, los

campesinos han ido colonizando los bosques del departamento de forma espontánea. En su

Silvicultura Sostenible en Bolivia

La Silvicultura Sostenible, definida por la Ley Forestal 1700, estipula un ciclo de

extracción de 20 años que es otorgado y supervisado por la Superintendencia

Forestal. Cuando la concesión (a concesionarios privados o ASLs) es otorgada para

una extracción sostenible, los concesionarios deben dejar el 10% del total del área

en concesión para la conservación. El resto de la tierra debe ser dividida en 20

cuadrantes, de los cuales solo uno puede ser cultivado por año. Antes que comience

la extracción en un cuadrante en particular, el plan de extracción debe ser

presentado a la Superintendencia Forestal para su aprobación. El plan debe incluir

un censo de los árboles en el cuadrante – incluyendo el radio de los árboles e

identificaciones de los árboles con semilla – y debe especificar cuáles árboles serán

cortados. La ley ordena la protección de los árboles con semilla y establece un

mínimo por especies. Las concesiones duran 40 años y son sujetas a auditoria por la

Superintendencia Forestal cada 5 años. 

 

30 

mayoría son gente joven en busca de un terreno para la agricultura. Se ha estimado que el 90%

de la población viviendo cerca o dentro de El Choré son migrantes occidentales (Carlos Roca

2009).

Los nuevos colonos se organizaron en Sindicatos, formando una red social para facilitar

la colonización espontánea del bosque. Los sindicatos consisten de grupos de 40 a 60 familias

que han tomado posesión de un terreno desocupado (Sindicato ‘8 de Diciembre’ 2009). Los

Sindicatos tienen una estructura organizacional jerárquica consistente de sub-centrales, centrales

y federaciones. Hoy en día existen dos Federaciones de Sindicatos en El Choré, la ‘Federación

de Sindicatos de Yapacaní’ y la ‘Federación de Sindicatos de la Provincia de Ichilo’. El objetivo

principal de las dos Federaciones es obtener el título de propiedad a las tierras tomadas por sus

constituyentes (Katsumi Bany 2009 y Jose Luis Vega 2009). La mayoría de la tierra reclamada

se encuentra dentro de El Choré.

Últimamente, sin embargo, los Sindicatos han aumentado sus reclamos de títulos de

propiedad de tierras. Pese a que el artículo 14 de la Ley Forestal 1700 declara que cualquier

persona ocupando tierra en una reserva forestal debe ser expulsado de la misma, el decreto

supremo N° 25839 del 12 de julio del 2001 dicta específicamente que ‘se levanta la prohibición

establecida a tomas de tierra anteriores a la promulgación de la Ley 1715’ del INRA el 18 de

octubre de 1996. Este decreto le dio potestad a la INRA a otorgar títulos de propiedad de tierra

dentro de la reserva, una decisión que motivó a los Sindicatos a realizar reclamos ilegales de

tierra diciendo que ellos estaban ahí antes de octubre 1996 (Katsumi Bany 2009). Además, los

Sindicatos tienen el incentivo de elevar el número de reclamos ya que cobran $400 a cada nuevo

miembro a cambio de la promesa de una parcela de 50 ha una vez que obtengan sus derechos de

propiedad de tierras. La gente de regiones cercanas como el Chapare firman con los sindicatos

 

31 

porque la ven como una oportunidad para obtener tierras baratas. Comparando el número de

nuevos colonos con el registro municipal de San Juan, el alcalde Katsumi Bany encontró que la

población no ha aumentado en la misma rapidez indicada por los Sindicatos (Katsumi Bany

2009). Supuestamente los sindicatos recibieron asistencia técnica de ONGs que trabajan en la

reserva para desarrollar mapas del área para “probar” al INRA que de hecho tienen derecho a

esas tierras (Katsumi Bany 2009).

Finalmente, muchas de nuestras fuentes tocaron el tema de las plantaciones de coca en la

reserva. Pese a que sus opiniones discrepan en cuanto al tamaño de estas plantaciones, o incluso

si alguna vez existieron, todos están de acuerdo con el hecho que si las plantaciones de coca

pudieran consolidarse en la región, el costo de oportunidad de evitar la deforestación en la región

podría llegar a un nivel donde sería inviable el competir con otra actividad productiva (Carlos

Roca 2009, Jorge Avila 2009, José Luis Vega 2009, Widen Abastoflor 2009). El riesgo de la

introducción de coca viene en su mayoría de agricultores provenientes de la región vecina de

Chapare, una de las dos zonas en Bolivia donde el cultivo de la coca es permitida.

 

32 

Hallazgos 

En esta sección presentamos los resultados de nuestra investigación y análisis.

Comenzamos con nuestro estimado del costo de oportunidad de la deforestación evitada (REDD)

en El Choré y luego continuamos con el análisis institucional. El análisis institucional procede en

cinco sub-secciones. Primero, identificamos a los actores clave, así como la forma en que

interactúan y se influencian entre ellos; segundo, evaluamos la capacidad técnica institucional

del país para implementar un proyecto REDD; tercero, presentamos las oportunidades y

limitaciones de las instituciones legales de Bolivia; cuarto, presentamos las oportunidades y

limitaciones de las instituciones políticas del país; y quinto, vemos las consideraciones socio-

culturales (instituciones informales) que podrían impactar la implementación del proyecto.

 

Costo de Oportunidad 

A partir del marco teórico descrito en la Parte Dos, en esta sección aplicamos nuestros

hallazgos sobre la ecología de El Choré y las actividades económicas actuales y potenciales en

curso en la reserva. Reconocemos que este análisis proporciona un estimado aproximado, sin

embargo, como lo mencionamos con anterioridad, no esperamos que la economía sea un

limitante para REDD en El Choré.

Las actividades económicas en El Choré son la silvicultura sostenible (previamente

definido para Bolivia), la agricultura por chaqueo ilegal, y la tala ilegal. Los concesionarios

participantes en la extracción sostenible de madera en la reserva no tendrían que parar su

actividad en el bosque bajo un proyecto de REDD, beneficiándose simplemente de un cese a la

invasión ilegal, resultando en cero costos de oportunidad para estos actores. La actividad agrícola

 

33 

ilegal (ningún tipo de agricultura es legal dentro de la reserva) es para la subsistencia y

enteramente manual lo que resulta en bajos costos de oportunidad. El potencial para una

agricultura intensiva de alto costo de oportunidad en la reserva está limitado por la combinación

de las condiciones de suelo con la alta precipitación en la región. El suelo de El Choré tiene dos

cualidades distintas que limitan la viabilidad de la agricultura intensiva en la reserva. Primero,

una capa superficial muy delgada significa que los nutrientes del suelo se agotan rápidamente y

requieren de temporadas largas en barbecho. Segundo, la capa de subsuelo está compuesta

primeramente de una arcilla no-permeable; la lluvia fuerte de la región por lo tanto conlleva a

inundaciones regulares y periódicas en la reserva.

La extracción ilegal ocurre en la reserva, pero en términos económicos es mucho menos

atractiva que la extracción legal; los extractores ilegales lo hacen porque no tienen el derecho de

operar legalmente. La aplicación de la ley respecto a la extracción ilegal de madera es lo

suficientemente rigurosa para prohibir actividad extensiva. Los vendedores de madera deben

contar con un certificado de extracción sostenible a la hora de vender, y los compradores están

motivados a operar en el mercado legal para así poder acceder a los mercados de exportación

(Carlos Roca 2009). La madera ilegal es vendida casi exclusivamente al mercado domestico.

Las operaciones ilegales de madera ganan un promedio de un sexto de las ganancias por

madera extraída sosteniblemente; el mercado regulado de madera alcanza aproximadamente 150

Bolivianos por metro cúbico de madera mientras que el mercado negro solo alcanza 25

Bolivianos por metro cúbico (Marcos López 2009). Dada la penuria de datos de carbono

confiables, no podemos convertir este dato en un costo de oportunidad por tonelada de CO2

almacenada, sin embargo, esta actividad podría ser contabilizada para una evaluación rigurosa

del costo de oportunidad de REDD en El Choré. Nuevamente, sin embargo, no esperamos que

 

34 

esto represente un alto costo de oportunidad dada la pequeña escala de la extracción ilegal y sus

ganancias relativamente bajas.

Considerando la ecología y las actividades económicas de El Choré, y utilizando los

estimados más conservadores de simulación global (Figura 2), el costo de oportunidad de la

deforestación evitada probablemente cae dentro de la porción baja de la curva de costo marginal,

dentro de $6-$10/toneladas de CO2. Debido a limitaciones institucionales, sin embargo, es

probable que los costos de transacción estén en lo alto de la escala con $1-$1,25/tonelada de

CO2. Con un estimado máximo de $11,25/tonelada de CO2, este valor cae claramente dentro de

la escala de precio ofrecida actualmente en el mercado voluntario: $2,50 - $30/tonelada de CO2.

Por lo tanto, no esperamos que el costo de oportunidad/precio sea una limitación para REDD en

El Choré.

Reportes conflictivos acerca de la presencia y el nivel de la producción de soya y coca en

la reserva nos dan una posible advertencia. De darse una producción mecanizada de soya en la

reserva, el costo de oportunidad de la deforestación evitada aumentaría y por lo tanto aumentaría

el costo de un proyecto de almacenamiento de carbono; pero debido a las limitaciones ecológicas

en El Choré para la agricultura mencionadas líneas arriba, este escenario es poco probable. La

actividad de producción de coca, supuestamente ocurriendo en la municipalidad de Yapacaní,7

también amenazaría la viabilidad de un proyecto de deforestación evitada debido al aumento en

el costo de oportunidad, el aumento en el costo de la aplicación de la ley, y los niveles elevados

de conflicto asociados.

A pesar del (probable) bajo costo de oportunidad de un proyecto de almacenamiento de

carbono en El Choré, existen otras consideraciones económicas que deben ser tomadas en                                                              7 Yapacaní está ubicado en la frontera con el Chapare, una de las dos provincias de Bolivia donde la producción ilimitada de coca es legal.

 

35 

cuenta. Estos temas incluyen la necesidad a largo plazo de re-direccionar la capacidad productiva

de la comunidad y las limitaciones de la extracción forestal alternativa para generar ingresos.

La motivación principal para la invasión ilegal al bosque es económica. Incentivar un

convenio cooperativo para no deforestar requerirá remuneración a corto plazo, y a largo plazo

implicará re-direccionar la capacidad productiva de la comunidad de El Choré lejos de la

agricultura y la extracción no sostenible del bosque. Mayor inversión en la educación y el

desarrollo comunitario también será requerida. Esto no será fácil, y requerirá un gran

compromiso financiero y asistencia técnica a largo plazo.

Asumiendo la viabilidad de un proyecto, las posibles alternativas de uso del bosque

podrían incluir la conservación tradicional, la silvicultura sostenible, y la producción de

productos no maderables del bosque. Ya que la conservación tradicional brinda poco beneficio a

las comunidades aledañas en la ausencia de subsidios sustanciales, las dos últimas opciones

serían las más deseables para generar un ingreso a los residentes del área. Estas dos actividades,

sin embargo, presentan retos económicos. Primero, el costo de monitorear y hacer cumplir

cientos de concesiones forestales sostenibles puede ser prohibitivo. Segundo, la silvicultura

impulsada por reforestación puede tardar hasta 16 años en comenzar a generar rendimientos

positivos (Widen Abastoflor 2009). Tercero, poco se sabe de qué productos no maderables

pueden ser extraídos de El Choré y su mercado; subsecuentemente, hay incertidumbre si existe

un mercado lo suficientemente grande para dichos productos.

 

 

36 

Instituciones 

Descripción de Actores Institucionales 

Cualquier contexto de políticas involucra a las partes – individuos, instituciones, u

organizaciones – con un interés en el resultado de la política. En este documento nos enfocamos

en los actores más que en todas las partes interesadas, definiendo a los actores como aquellos con

una alta capacidad de influenciar la acción política. Los actores, y no así todas las partes

interesadas, tienen la habilidad de ejercer influencia y poder sobre el proceso de creación de las

políticas incluyendo el acceso a, y control sobre, los recursos necesarios para afectar el contenido

y/o el destino de la iniciativa política (Merilee Grindle PED-313, 4 de febrero del 2009). El

Choré alberga una red muy compleja de actores con intereses divergentes y diferentes

habilidades para afectar la acción política. Sin embargo, para comenzar identificamos a los

siguientes actores clave incluyendo sus roles, grado de influencia, y prioridad que dan al

proyecto. Los resultados están resumidos en la Tabla 1. Leyendo la tabla, es claro que el actor

con el mayor grado de influencia en esta área política – el gobierno Central – no le da prioridad

al proyecto. Retomaremos esta paradoja más adelante, en la sub-sección sobre instituciones

políticas.

 

37 

Tabla 1: Resumen de los Actores

Actores Descripción de su Rol Grado de Influencia

Prioridad del

Proyecto El Gobierno Central, incluyendo el Programa Nacional de Cambio Climático y el Secretariado de REDD de Bolivia

Según la nueva Constitución aprobada por referéndum popular el 25 de enero del 2009, el gobierno central tiene control sobre la riqueza de los recursos naturales del país.

Alta Baja

El Superintendente Forestal, ubicado dentro del gobierno central

Monitorea la actividad silvicultura y otorga concesiones extractivas.

Baja Baja

El Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra

Gobierno provincial cuyo presupuesto es determinado por el gobierno central.

Baja Alta

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

El INRA evalúa los reclamos de tierra y otorga títulos de propiedad de la tierra dentro y fuera de la reserva forestal.

Alta Baja

La Cámara Forestal Representa los intereses de las concesiones privadas de extracción sostenible dentro de la reserva.

Baja Alta

Los Gobiernos Municipales de San Juan, Santa Rosa, y Yapacaní

Gobierno local con el poder de otorgar ASLs. Media Alta

El Concejo Municipal de Santa Rosa

El líder de facto de la municipalidad de Santa Rosa.

Alta Alta

Los Sindicatos Organizaciones políticas que representan los intereses de los campesinos; altamente organizados y poderosos en El Choré.

Alta Media/ Baja

Las Asociaciones Sociales del Lugar (ASLs)

Concesiones otorgadas en forma comunitaria para la extracción sostenible de madera dentro de la reserva.

Media Alta

Los Concesionarios

Compañías privadas a cargo de concesiones de extracción forestal sostenible dentro de la reserva.

Media Alta

ONGs: CEPAC, Fundacion Natura Bolivia, FAN, SEGIS

Brindan concejo técnico y pueden atraer fondos para el desarrollo de proyectos; algunos tienen mucha experiencia de trabajo en el área.

Media Alta

Comité Salvemos El Choré8 Una coalición de actores no gubernamentales, gubernamentales regionales, y privados alineados para conservar la Reserva Forestal El Choré.

Baja-Media Alta

Las Fuerzas Armadas Constitucionalmente encargados del cuidado de los recursos naturales del país.

Desconocido Desconocida

 

 

 

                                                             8 Salvemos El Choré es una organización en vez de una institución, pero creemos que este actor tiene potencial para tener un impacto significativo en el proyecto.

 

38 

Temas Técnicos para Establecer un Proyecto de Deforestación Evitada 

Para establecer un proyecto de deforestación evitada se requiere capacidad técnica específica

para satisfacer los estándares requeridos en el mercado de carbono voluntario y, finalmente, el

regulado. Estos estándares incluyen demostrar adicionalidad, manejar fugas, y la permanencia.

Con respecto a la adicionalidad, una línea base de la tasa de deforestación nacional debe ser

calculada utilizando datos históricos aéreos de alta resolución. Para tratar los temas de fugas y

permanencia, un sistema de monitoreo nacional debe ser establecido para asegurar que la

disminución de deforestación en El Choré no resultará en una alza de deforestación en otro lugar

del país (o en algún otro lugar del mundo – de hecho, se debería implementar un sistema de

monitoreo internacional) y para mantener la integridad de las reservas de carbono.

Bolivia encara limitaciones significativas de capacidad técnica. En este momento, el país no

cuenta con imágenes satelitales de alta resolución, requeridas para rastrear el cambio de uso de

suelo de forma efectiva (Gisela Ulloa 2009 y Rolf Wachholtz 2009). La tecnología disponible

permite al país solo el rastreo de grandes cambios de uso de suelo y el monitoreo de la

deforestación a gran escala. Aunque hay datos disponibles para calcular una línea base de la tasa

de deforestación nacional, esta es una tarea que requiere muchos recursos y experiencia técnica a

nivel nacional y todavía no ha sido realizada. El Programa de Cambio Climático Nacional

reconoce estos límites y está trabajando activamente para mejorar su capacidad técnica. Bolivia

ha aplicado para recursos financieros y asistencia técnica a través del Fondo Cooperativo para el

Carbono de los Bosques del Banco Mundial para desarrollar un sistema de monitoreo nacional,

sin embargo aún no se ha aprobado el financiamiento, y no existe un cronograma oficial para

este proyecto.

 

39 

Una forma de superar las limitaciones técnicas a corto plazo y dirigir los gastos

gubernamentales a comunidades de bajos ingresos es involucrar a las comunidades interesadas

en el régimen de monitoreo forestal, como se hace en muchos proyectos de PSE, incluyendo el

proyecto de REDD Makira de Madagascar que se detalla en el Anexo Uno. Adicionalmente, el

involucrar a las comunidades locales podría proporcionar una oportunidad para lograr varias

metas nacionales. Los ingresos provenientes de pagos de carbono pueden ser utilizados para

reorientar la capacidad productiva del bosque lejos de la extracción no sostenible al emplear

gente local como guardabosques, guardias, y coleccionistas de datos. Emplear a la gente local

también ayudaría al Plan de Desarrollo Nacional Boliviano con su meta de promover el

desarrollo comunitario y crecimiento económico. Un régimen de colección extensiva y efectiva

de datos en el sitio podría compensar la baja resolución de imágenes satelitales del país. Para que

un sistema como éste llegue a ser efectivo en el tratamiento de las fugas, sin embargo, se

necesitará una fuerte coordinación entre los actores municipales.

 

Instituciones Legales: Oportunidades y Limitaciones 

El marco legal definirá cómo evolucionarán los esquemas de pago por servicios

ecosistémicos, y en particular los proyectos de almacenamiento de carbono, en un país en

particular y jugará un rol en determinar la viabilidad de estos tipos de iniciativas. En primer lugar

está el derecho de vender los servicios ambientales. En el caso de El Choré, ese derecho es

controlado por el gobierno central, como lo establece la ley forestal. La ley forestal declara que

todas las reservas nacionales le pertenecen al estado y que sus derechos son administrados por el

gobierno central. Debido al estatus de reserva forestal nacional extractiva de El Choré, el

gobierno central es el propietario de la tierra y tiene el derecho de vender cualquier servicio

 

40 

ambiental proveniente de la reserva. La Ley Forestal 1700 de 1996 también describe la

silvicultura extractiva sostenible que es permitida en la reserva, y crea una superintendencia

forestal como la institución a cargo de supervisar y gestionar los recursos forestales nacionales

(Caja de texto 1). La silvicultura sostenible en Bolivia ha sido caracterizada como la más

conservacionista en el mundo (Nigel Asquith 2009). Un abogado informó al presidente del

concejo municipal de Santa Rosa que también hay un decreto en la ley forestal que permite el

otorgamiento de concesiones no-extractivas en las reservas forestales nacionales (Marco

Achacollo 2009).

Otra ley relevante acerca de la tenencia de propiedad en El Choré es la Ley del Servicio

Nacional de la Reforma Agraria Nº1715. Los sindicatos basan sus reclamos en esta ley –

promulgada en 1996, como una modificación de la reforma agraria Nº3564 de 1953. El artículo

2 introduce el concepto del propósito socio-económico de la tierra. Según este artículo, cualquier

propietario de tierra que no utilice su tierra para actividades productivas no está cumpliendo con

su rol socio-económico, y la tierra puede, por tanto, ser expropiada y otorgada a quien esté

involucrado en actividades productivas. Los sindicatos toman tierras cortando el bosque para la

agricultura, y luego explican al gobierno que ellos están haciendo una contribución socio-

económica, y por lo tanto están en su derecho de reclamar propiedad de la tierra (Katsumi Bany

2009). El decreto del 2000 que otorgó tierra que era protegida a los colonos campesinos estaba

en realidad dirigido a crear una zona de amortiguamiento para disuadir más invasiones de este

tipo dentro del bosque. El plan funcionó bien hasta que los hijos de estos campesinos colonos

pioneros se dieron cuenta que ellos también necesitaban tierra y empezaron a tomar tierra del

interior de la reserva (Katsumi Bany 2009). La Ley de la Reforma Agraria también estipula que

el tamaño mínimo para una parcela agrícola de pequeña escala es de 50 ha. Esta provisión sirve

 

41 

como la base de las demandas campesinas de 50 ha de tierra para cada familia. El monto de tierra

actualmente demandado por los sindicatos no suma a una gran proporción del bosque, sin

embargo, otorgar el titulo territorial proporcionaría un precedente para demandas futuras

potencialmente numerosas.

La constitución recientemente promulgada puede afectar el régimen de tenencia de tierra en

El Choré por dos artículos casi contradictorios. Uno de los artículos principales establece que

todos los recursos naturales le pertenecen al gobierno central pero otro establece que la tierra

puede ser utilizada para propósitos tradicionales. El hecho que la primera afirmación es muy

clara pero que la segunda es realmente subjetiva genera incertidumbre acerca de cómo la nueva

constitución afectará las concesiones, el alcance de la ley de reforma agraria o los derechos de

propiedad sobre las tierras actualmente en posesión privada en el área desafectada.

No existen provisiones para los pagos por servicios ecosistémicos dentro del marco legal de

Bolivia, sin embargo no hay nada que pueda excluir la implementación de un proyecto de

deforestación evitada en El Choré. El proyecto más grande de almacenamiento de carbono en el

mundo, Noel Kempff Mercado, está en Santa Cruz, y proyectos de pagos por servicios hídricos

también han sido implementados en el departamento. Sin embargo, existen algunas limitaciones

legales para PSE dentro de El Choré ya que el bosque está designado como reserva nacional. Los

tipos de actividades forestales permitidos en la reserva son limitados; por ejemplo, cualquier

acuerdo con las comunidades y sindicatos donde se les permita realizar cualquier tipo de

agricultura de cualquier escala sería una violación de la Ley Forestal 1700.

Las oportunidades y limitaciones que podrían afectar a un proyecto de REDD en El Choré

están resumidas en el Cuadro de Texto 2 a continuación:

 

42 

Cuadro de texto 2: Resumen de las principales instituciones legales que podrían afectar a un proyecto de REDD en El Choré

Marco Legal Oportunidades Limitaciones/Amenazas Constitución 2009

Solo un propietario de la tierra – GDB tiene el derecho de vender el servicio de almacenamiento de carbón, y permite proyectos de deforestación evitada

La provisión que la tierra puede ser utilizada para propósitos tradicionales podría validar las demandas de los campesinos que invaden El Choré para practicar la agricultura tradicional

Ley Forestal 1700 de 1996

Provee un marco institucional para la extracción sostenible

Hace necesario involucrar al GDB en el proyecto y limita los posibles esquemas de conservación

Ley de Reforma Agraria de 1953

El INRA tiene el poder de rechazar reclamos ilegales de tierra ubicada dentro de la reserva

Crea un incentivo perverso a convertir el bosque para uso agrícola Permite que la INRA otorgue títulos de tierra dentro de la reserva para propulsar metas políticas Establece un precedente para otorgar títulos de tierra dentro de la reserva

 

Instituciones Políticas: Oportunidades y Limitaciones 

La red de actores políticas que opera en El Choré es extremadamente compleja. Además,

como fue descrito anteriormente, hay una amplia gama de actores cuyos intereses divergen a

menudo. Para poder entender las maneras posibles de implementar un proyecto de deforestación

evitada en El Choré es esencial analizar los intereses y motivaciones de cada actor. Las

instituciones políticas y actores de mayor peso en El Choré son el gobierno central, los

Sindicatos que representan la invasión ilegal de campesinos en El Choré, y el liderazgo

municipal. Un diagrama de la interacción e influencia de los actores institucionales que afectan

El Choré se encuentra en la Figura 6.

 

43 

Figura 6: Diagrama de Interacción e Influencia 

 El Gobierno Central 

El gobierno central tiene un grado extraordinario de influencia en El Choré y juega varios

roles. El más importante, como propietario de la tierra, tiene derecho de ponerla en el mercado y

 

 

44 

vender VERs obtenidas por un proyecto de deforestación evitada. El gobierno central también

controla el Programa Nacional de Cambio Climático, el INRA, y la Superintendencia Forestal.

Además, el gobierno tiene intereses políticos específicos en la región; El Choré representa un

bastión del gobierno central inusual dentro de Santa Cruz, por lo tanto es menos probable que

límite el comportamiento ilegal de los Sindicatos, ya que los campesinos son los seguidores más

fervientes de Morales.

El Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) que se encuentra dentro del gobierno,

está comprometido a construir su capacidad técnica para crear un sistema de monitoreo nacional.

El gobierno central espera que REDD sea establecido en un régimen post-Kyoto a pesar del

mensaje de Poznan (14ava Conferencia de los Partidos de la ONU) que advierte que esto es

altamente incierto. Subsecuentemente, el GDB es reacio a poner en el mercado y vender las VER

hasta que un régimen nacional sea establecido. Evidencia de esto es el hecho que las VER del

Plan de Acción Climático Noel Kempf Mercado constituye de 25-36 millones de toneladas de

CO2, ninguna de las cuales ha sido vendidas desde que se recibió el estatus de verificado el

2005. Además, el gobierno central ha puesto en claro que se opone a cualquier mecanismo de

mercado para la conservación; ellos no están opuestos a vender servicios ambientales, pero esas

transacciones tendrían que ocurrir a través de las especificaciones que dé el GDB (Cuadro de

Texto 2). El GDB se encuentra en el proceso de finalizar una evaluación del costo de

oportunidad que oscila entre $15 y $1.800/tonelada de CO2, una cifra bastante alta comparada a

las predicciones académicas dominantes (Gisela Ulloa 2009). Estas acciones, o inacciones,

sugieren que el gobierno está buscando establecer un precio por sus emisiones que sea más alto

que los precios actualmente establecidos por el mercado. Esto es desafortunado para El Choré

donde el costo de oportunidad de la deforestación evitada en la reserva probablemente será

 

45 

bastante bajo y las comunidades dentro y fuera de la reserva podrían beneficiarse por pagos de

carbono negociados en el mercado voluntario. Efectivamente, la actual posición del gobierno

central elimina por el momento la posibilidad de implementar un proyecto de deforestación

evitada en El Choré.

Cuadro de texto 2: La Posición del Gobierno Boliviano sobre las Soluciones para el Cambio Climático Orientadas al Mercado

28 de noviembre, 2008

República de Bolivia Cambio Climático: Salvemos al planeta del Capitalismo

(Extracto) Hermanas y hermanos: …La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista están destrozando el planeta. Para el capitalismo no somos seres humanos, sino consumidores. Para el capitalismo no existe la Madre Tierra, sino las materias primas… En manos del capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte… la vida misma. Todo, absolutamente todo, se vende y se compra en el capitalismo. Y hasta el propio “cambio climático” se ha convertido en un negocio..

…Los mecanismos de mercado aplicados en los países en desarrollo no han logrado una disminución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un Mecanismo Financiero Integral para atender la deuda ecológica

7) En reconocimiento a la deuda ecológica histórica que tienen con el planeta, los países desarrollados deben crear un Mecanismo Financiero Integral para apoyar a los países en desarrollo.

10) El financiamiento tiene que ir a los planes o programa nacionales de los Estados y no a proyectos que están bajo la lógica del mercado.

12) El Mecanismo de Financiamiento Integral debe estar bajo la cobertura de las Naciones Unidas y no del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF) y sus intermediarios como el Banco Mundial o los Bancos Regionales; su administración debe ser colectiva, transparente y no burocrática. Sus decisiones deben ser tomadas por todos los países miembros, en especial los países en desarrollo, y no sólo por los donantes o las burocracias administradoras.

18) La reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de bosques REDD, debe estar basada en un mecanismo de compensación directa de países desarrollados a países en desarrollo, a través de una implementación soberana que asegure una participación amplia de comunidades locales y pueblos indígenas, y un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación transparente y público.

 

 

46 

Aún si la estrategia PNCC del GDB podría permitir un proyecto de carbono hoy en día, otras

limitaciones permanecerían para disminuir la viabilidad de tal proyecto. La capacidad de

monitoreo y de hacer cumplir la ley, más las tensiones sociales en la reserva, excluyen un

esquema viable de deforestación evitada. La Ley Forestal ordena a la Superintendencia Forestal a

monitorear toda actividad forestal, incluyendo el otorgamiento de concesiones y el reporte de

comportamiento ilegal. Sin embargo, la Superintendencia se encuentra con una financiación

insuficiente, incapacidad de desarrollar sus deberes en su totalidad, y falta de apoyo por parte de

las fuerzas armadas que, por constitución, deben defender y proteger a todos los recursos de

Bolivia. De acuerdo a Rolf Wachholtz de la oficina del departamento de Santa Cruz, la

deforestación en El Choré no es una prioridad dadas las limitaciones de recursos por parte de la

agencia; Wachholtz explica que la Superintendencia solo puede responder a la deforestación a

gran escala debido a los gastos legales implicados en la persecución de comportamiento ilegal

(Rolf Wachholtz 2009). Mientras que la suma total de deforestación en El Choré es significativa,

esta ocurre en pequeñas manchas; movilizar acción legal contra cada autor sería simplemente

demasiado costoso. ‘Olvidémonos de El Choré’, dijo Wachholtz, implicando que el bosque

estaba destinado a la destrucción. El 2006 el Banco Mundial corroboró el escepticismo de

Wachholtz en un reporte que dice, ‘mientras la Superintendencia Forestal continúe recibiendo

atención y financiamiento público marginal, y no reciba suficiente apoyo de la policía nacional o

fuerzas armadas, y continúe siendo obstruido por otras instituciones de estado como la INRA, la

gobernabilidad del bosque continuará siendo marginalmente real y substancialmente una ilusión’

(Andaluz y Mancilla 2006, pág. 44).

A nivel provincial, la Superintendencia de Sara, que contiene la municipalidad de Santa

Rosa, cuenta con un personal de solo tres guardabosques equipados con una motocicleta y un

 

47 

camión para monitorear un área de 6.886 km2. La Superintendencia Forestal provincial esta aún

más marginalizada por la tensión social en el área entre los colonos ilegales y los residentes

legales. La oficina provincial se vio forzada a mudarse de Santa Rosa a Portachuelo luego que

los colonos ilegales les quemaron su oficina. La superintendencia provincial ha sido

efectivamente presionada a la inacción, el personal teme retribuciones físicas si reportaran

alguna actividad ilegal (Marco Antonio López 2009).

La falta de respuesta a la actividad ilegal en El Choré y la impotencia de la Superintendencia

Forestal provincial pueden ser explicadas por fuerzas políticas. El gobierno de Morales ha hecho

una campana consistente basándose en una plataforma de fortalecimiento y redistribución de la

riqueza de los recursos naturales de Bolivia a los indígenas y comunidades locales. Sus discursos

han resonado en los corazones y mentes de la gran población de bajos ingresos de Bolivia,

quienes se han convertido en la base electoral principal de su partido, el Movimiento Al

Socialismo (MAS). Él encontró un apoyo particularmente fuerte entre los campesinos por razón

de sus orígenes agrícolas como cocalero en Potosí. Ellos apoyan al MAS y son particularmente

relevantes al gobierno central porque representan un bastión en el departamento de Santa Cruz,

donde la oposición política es fuerte. Subsecuentemente, cualquier motivación para hacer

cumplir la Ley Forestal en El Choré se vería debilitada por el incentivo político de mirar al otro

lado.

Una de las instituciones políticas que puede usar el gobierno para mantener el apoyo entre

los Sindicatos es el INRA, la agencia nacional de reforma agraria. El poder de otorgar derechos

de propiedad ha sido extensivamente explotado por décadas en Bolivia como una forma de

influencia política. Un ejemplo relativamente nuevo es la remoción de cerca de 200.000 ha de la

reserva durante el año 2000 – la así llamada ‘zona desafectada’. El INRA otorgó derechos de

 

48 

propiedad dentro de la reserva para aplacar las demandas de los campesinos. Nosotros

observamos, sin embargo, que el gobierno utiliza este instrumento de forma cautelosa, cediendo

solo una pequeña parte de las demandas a los seguidores más fuertes del MAS. También

aprendimos que el gobierno presionó a los oficiales municipales para certificar las demandas a

asentamientos antes de 1996 que tenían una fecha después a 1996 (Anónimo 2009). La

ambigüedad del gobierno sobre la titulación de tierras en la reserva es lo que transforma las

demandas campesinas en una herramienta de negociación política.

Sindicatos  

A nivel local, los Sindicatos son el grupo político dominante; son altamente organizados y

extremadamente poderosos. Los sindicatos se formaron para representar la voz de los

campesinos y asegurar que sus necesidades son reconocidas por las autoridades nacionales y

locales; su objetivo principal es obtener derechos de la tierra dentro de la reserva para la

agricultura.

Existe un gran número de Sindicatos en la región que operan en El Choré, unido por dos

Federaciones – (Yapacaní e Ichilo). Los Sindicatos pueden ser divididos en dos categorías – los

colonos antiguos y los sin tierra. Los colonos antiguos son los hijos e hijas de los colonizadores

con un titulo legal a la tierra en el área de El Choré; los sin tierra son aquellos que puedan, o no,

estar viviendo en el área, pero que están buscando tierra en El Choré. Los Sindicatos son las

organizaciones más poderosas de la región debido a su tamaño, y la falta de mecanismos para

hacer cumplir la ley en la reserva. Su poder y capacidad para desafiar al gobierno local se

ejemplifica por su exitosa intromisión en la construcción de un canal público que corría entre las

 

49 

municipalidades de Yapacaní y San Juan, al solo argumentar que nadie les había consultado de

estos planes (Katsumi Bany 2009).

Los Sindicatos funcionan de la siguiente manera. Organizan un consorcio de entre 40 a 60

familias interesadas en reclamar territorio. Se le cobra aproximadamente $400 por membrecía a

cada familia (Widen Abastoflor y Katsumi Bany, 2009). Luego, ellos entran a la reserva en

búsqueda de tierra que puedan reclamar que no le pertenezca a nadie. Una vez que identifican un

lugar apropiado, el Sindicato se queda en la tierra por un par de días, y si nadie aparece, la

reclaman para ellos mismos (Widen Abastoflor 2009). Luego, con la ayuda de grupos externos,

crean un mapa y dividen el área en parcelas de 50 ha (Katsumi Bany 2009). Para poder

demostrar el establecimiento y su uso de la tierra, el Sindicato cortará y quemará los árboles en la

parcela y podría asentar a sus familias en la tierra. También pueden participar de demostraciones

civiles como les es requerido por membrecía y estipulado por la Federación. Se espera que los

miembros cumplan con todas estas actividades, de no hacerlo pueden terminar expulsados del

grupo; cualquiera que sea expulsado perderá su tierra reclamada (Katsumi Bany 2009).

Existe, sin embargo, algunos conflictos internos entre los Sindicatos. Los conflictos surgen

de las diferencias de interés de los colonos antiguos y los sin tierra. Los colonos antiguos no

están solamente enfocados en reclamar tierras, ellos están también interesados en el desarrollo

local. Los sin tierra están primordialmente interesados en el reclamo de tierras (Widen Abstoflor

2009). Estas divisiones internas han bloqueado varias medidas pro-activas dirigidas por los

líderes locales para atender los reclamos de tierras y la deforestación resultante.

Sin embargo, creemos que el interés de los Sindicatos en el desarrollo local puede ser

utilizado como una base para crear apoyo hacia un proyecto de desarrollo cooperativo de

conservación y comunidad.

 

50 

Gobierno Municipal 

Los gobiernos municipales son, potencialmente, los actores más importantes que afectan un

proyecto de REDD en El Choré. Las municipalidades de Yapacaní, Santa Rosa y San Juan

forman la Asociación Municipal de San Juan, Yapacaní, y Santa Rosa cuyo líder es el Alcalde de

San Juan, el Sr. Katsumi Bany. La asociación fue formada para atender la amenaza a El Choré,

pero no cuenta con la habilidad de coordinar actividades entre sus municipalidades. Dos de los

tres alcaldes son políticamente obsoletos; en Yapacaní, el Presidente de la Federación de

Sindicatos de Yapacaní mantiene la mayoría del poder, y en Santa Rosa el Presidente del

Concejo del Municipio, el Sr. Marcos Achacollo, mantiene la mayoría de poder e influencia con

la comunidad (Katsumi Bany, Jose Luis Vega y Widen Abastoflor 2009). La Asociación

Municipal, sin embargo, representa un precedente institucional para la cooperación política que

podría ser útil en un proyecto de REDD, o cualquier acuerdo cooperativo de conservación.

Por razones de seguridad, no pudimos visitar a Yapacaní para entrevistar a sus líderes, por lo

cual nuestro conocimiento de la situación en esa municipalidad es limitado. Sin embargo, sí

pudimos reunirnos con el Alcalde Bany y el Presidente Achacollo, y descubrimos que ambos

líderes eran conscientes de los servicios ecológicos brindados por El Choré y que ambos han

perseguido, de forma independiente, acuerdos de emprendimiento con los Sindicatos para

disminuir la deforestación.

En San Juan, el Alcalde Bany está estableciendo un proyecto de conservación fuera de la

reserva, donde la Aerolínea Aerosur y Fundación La Caixa pagarán para prevenir la

deforestación y así compensar las emisiones de la aerolínea. El alcalde también está

promoviendo la apicultura orgánica como una forma de modificar el esquema productivo de

agricultura tradicional en la zona. Él también ha propuesto parar la invasión de la reserva a través

 

51 

de la creación de una zona de amortiguación donde las actividades no extractivas serían

permitidas y el establecimiento de asentamientos fuera de la reserva que incluirían la provisión

de servicios públicos para la comunidad. El Alcalde Bany también se encuentra trabajando en el

establecimiento de un registro de Sindicatos para desalentar nuevas demandas, finalmente Bany

está considerando construir una barrera natural para la reserva. Por el momento, Bany ha tenido

poco éxito en sus iniciativas debido a limitaciones financieras, sin embargo las actividades del

Alcalde representan un establecido canal de comunicación entre los Sindicatos y el gobierno

local, con miras a la reducción de la deforestación en El Choré y al desarrollo económico y

social.

En Santa Rosa, el concejo municipal está igualmente preocupado por la deforestación en El

Choré y por el impacto del aumento de la deforestación en los cambios pluviales; el concejo

menciona haber observado cambios en el microclima de Santa Rosa (la zona desafectada, donde

la deforestación es casi completa, queda dentro de Santa Rosa casi en su totalidad). Las

actividades del concejo han estado enfocadas en el desarrollo de acuerdos entre los

concesionarios y los campesinos/Sindicatos. Los acuerdos reconocen que los campesinos tienen

necesidades económicas de corto plazo, que la agricultura es su única fuente de ingresos actual, y

que los concesionarios son los únicos que tienen el derecho legal de extraer recursos del bosque

y que no deben ser restringidos en la realización de esa extracción por los asentados. Dentro de

este contexto y bajo estas premisas, el Concejo ha sido bastante exitoso en forjar acuerdos donde

se permite que los campesinos vivan dentro de las concesiones y continúen con la agricultura a

pequeña escala.

Hay algunas advertencias respecto a estos acuerdos. Ya que la agricultura no es legalmente

permitida dentro de la reserva, los acuerdos no son esencialmente legales. Además, el concejo se

 

52 

ha comprometió a encontrar fuentes alternativas de ingreso para los campesinos y no lo ha

logrado hasta el momento. El Sr. Achacollo se encuentra preocupado con la sostenibilidad de los

acuerdos. El concejo cree que una acción inmediata debe ser tomada porque en la medida que

aumente la tasa de deforestación y mientras más atrincherados se vuelvan los campesinos en sus

asentamientos, menor será su influencia para las negociaciones (Marcos Achacollo 2009).

El Concejo Municipal de Santa Rosa brinda una oportunidad institucional particularmente

interesante. Además de su historia de haber forjado acuerdos con colonos ilegales en la reserva,

ellos son un actor reconocido, cercano a los campesinos y la comunidad, y están preocupados por

el ambiente. El Concejo es también una conexión al Gobierno Central; la mayoría de los

miembros del Concejo son del MAS y tienen acceso a autoridades gubernamentales de alto nivel

– la hermana del Sr. Achacollo es la Ministra de Justicia en Bolivia. La predisposición de

cooperación del Concejo, su poder político, y su conexión al gobierno central lo hace el eslabón

más importante en la red institucional alrededor de El Choré.

 

El Departamento de Santa Cruz 

El Gobierno Departamental de Santa Cruz juega un rol muy limitado en El Choré por razón

de las limitaciones institucionales y falta de poder político. La Secretaría de Desarrollo

Sostenible del GDB tiene cuatro agencias: la agencia de Áreas Protegidas, la agencia de

Biodiversidad y Gestión Forestal, la agencia de Manejo de Calidad Ambiental, y la agencia de

Ordenamiento Territorial Departamental y Manejo de Cuencas. De estas, solo la agencia de

Ordenamiento Territorial Departamental y Manejo de Cuencas está bajo la dirección del

gobierno departamental, y con la nueva constitución es muy probable que ésta sea delegada a un

nivel de administración nacional. La marginalización del gobierno departamental es tal vez más

 

53 

crítica en términos de la fuerza policial. De acuerdo a ley, el gobierno departamental controla a la

policía, sin embargo, la policía ha probado ser leal a La Paz, respondiendo solo al gobierno

central, por tanto eliminando cualquier habilidad de hacer cumplir la ley forestal en El Choré.

Estas cuestiones han limitado la presencia del gobierno departamental en El Choré a la

fundación del Comité Salvemos El Choré. El Secretario de Desarrollo Sostenible del gobierno

departamental lidera este comité, cuyos miembros incluyen, la Cámara Forestal, el Alcalde de

Santa Rosa representando las tres municipalidades de El Choré, los Productores de Soya de

Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Fundación Natura Bolivia, y las

ASLs. El comité crea un espacio para generar posibles soluciones para evitar la deforestación en

El Choré y ha intentado, sin éxito, de presentar sus demandas al gobierno central. El comité es la

única organización que conecta los actores institucionales relevantes a El Choré, sin embargo, el

comité tiene tres debilidades que rebajan su capacidad de influenciar la deforestación evitada en

El Choré: primero, el gobierno central no está representado; segundo, los campesinos han sido

explícitamente dejados fuera del comité porque el incluirlos implicaría reconocerlos como una

entidad legal; y tercero, como se mencionó anteriormente, el Alcalde de Santa Rosa no tiene

peso dentro de la municipalidad. Salvemos El Choré podría jugar un rol significativo para

facilitar un proyecto de deforestación evitada en El Choré, pero estas debilidades tendrán que ser

tomadas en cuenta.

 

Las ONGs 

Las ONGs pueden jugar un rol significativo en el diseño e implementación de un proyecto

de deforestación evitada en El Choré, brindando asistencia técnica, acceso a fondos, y asistencia

para la gestión. La Fundación Natura Bolivia, CEPAC y SEGIS son ONGs bolivianas activas

 

54 

que facilitan proyectos de PSE y estrategias de desarrollo comunitario en Santa Cruz. Natura ha

tenido exitosas experiencias desarrollando proyectos de pagos por servicios hídricos y se le ha

sido otorgado fondos para desarrollar un proyecto en El Choré. CEPAC ha trabajado por mucho

tiempo en Yapacaní, y ha sido involucrado en el desarrollo de acuerdos para disminuir la

deforestación; CEPAC también tiene experiencia en la identificación y desarrollo de fuentes

alternativas de ingresos para la región, tales como la piscicultura y silvicultura. SEGIS también

tiene un largo historial de trabajo con y apoyo a los campesinos.

Consideraciones Socio­Culturales 

Las predisposiciones socio-culturales deben estar incluidas en la construcción de un proyecto

de almacenamiento de carbono en El Choré. La Superintendencia Forestal estima que solo un

10% de los asentados saben de la existencia de la Ley Forestal, y por lo tanto, desconocen la

ilegalidad de su comportamiento al igual de los beneficios potenciales que puede brindarles la

ley (Marco Antonio Lopez 2009). Más aún, motivar a los asentados a probar nuevas actividades

económicas tendrá retos (Marco Antonio Lopez 2009). Marcos Achacollo9, Presidente del

Concejo Municipal de Santa Rosa, insiste que no hay una forma de pedirle a los campesinos que

paren la agricultura debido a su apego a esta práctica (Marcos Achocollo 2009). Además, los

campesinos están acostumbrados a ser apoyados por el estado. La otorgación del área

desafectada por parte del INRA a los colonos ilegales durante el 2000 les demostró que al final

ellos recibirán lo que quieren siempre y cuando esperen lo suficiente; puede que tengan poco

incentivo para llegar a un acuerdo cooperativo. La solución a estas cuestiones socio-culturales es

un proceso complejo de fortalecimiento dirigido a un cambio lento e incremental.                                                              9 La hermana de Achacollo es la Ministra de Justicia en Bolivia.

 

55 

Recomendación Política 

Quedan muchas leyes y limitaciones institucionales en Bolivia y en El Choré que rebajan la

viabilidad de un proyecto de REDD en la reserva. El gobierno central tiene el titulo legal a la

tierra de la reserva así como el derecho de vender los servicios ecosistémicos – en este caso, el

almacenamiento de carbono. Al final, cualquier proyecto de REDD tendrá que pasar por el

gobierno central. El gobierno está trabajando hacia la creación de un sistema nacional de REDD,

sin embargo el sistema está todavía restringido por limitaciones técnicas e institucionales y es

incierto cuando estará listo. Esta situación bloquea cualquier posibilidad de establecer un

proyecto de REDD en el mercado voluntario sin el consentimiento del gobierno central.

La causa aproximada de deforestación en El Choré son los asentamientos ilegales por parte

de los migrantes occidentales en busca de tierra para la agricultura. La causa subyacente es la

alta incidencia de extrema pobreza en el país y la necesidad de nuevas oportunidades

económicas. Para mitigar este problema, el gobierno debe atender dos áreas políticas

importantes: la necesidad de oportunidades económicas para campesinos desplazados y la

necesidad de leyes y reglamentos claros de tenencia de tierras. Hasta que el gobierno haya

cumplido con estas metas, El Choré estará bajo constante amenaza de deforestación.

Aún si el gobierno central estuviera dispuesto a establecer un proyecto de REDD en El

Choré ahora, la situación política e institucional en el área es tal que negociar y hacer cumplir el

proyecto no sería viable. Los campesinos ya están asentados dentro y a lo largo de la periferia de

la reserva. Además, el bosque es un área vasta; sería extremadamente costoso tratar de sacar a los

campesinos e impedir que invaden el bosque nuevamente. La forma de iniciar un proyecto de

REDD es incentivar a los campesinos a no deforestar la reserva proveyéndoles con capacidades

alternativas de producción como por ejemplo la silvicultura sostenible, la extracción de

 

56 

productos no maderables, y posiblemente la piscicultura. Debido a que el gobierno central no se

encuentra apoyando las actividades de REDD activamente al momento, la única forma de

propulsar un proyecto como la REDD es si los campesinos lo demandan, y esto solo pasará si

creen que eso está dentro de su interés propio.

Por lo tanto, es esencial cultivar confianza con las comunidades campesinas. Ellos deben

creer que al dejar de lado sus actividades agrícolas para evitar la deforestación, recibirán

compensación adecuada y servicios sociales. Ya que es la pobreza que motiva su migración,

creemos que responderán a actividades económicas. Existen algunas oportunidades

institucionales y legales que podrían facilitar tal proyecto, y estas oportunidades deberán ser

aprovechadas para comenzar a construir la fundación social para un acuerdo cooperativo de

REDD.

Recomendamos los siguientes pasos a largo plazo:

1. Iniciar proyectos piloto en Santa Rosa y/o San Juan: Los lideres municipales en Santa

Rosa y San Juan están activamente procurando proyectos de deforestación evitada y

reforestación para tratar con la tensión social en sus respectivos distritos. Tanto el

Alcalde de San Juan como el Presidente del Concejo Municipal de Santa Rosa del Sara

han iniciado negociaciones con los Sindicatos en sus municipalidades y tienen una idea

de cómo diseñar el proyecto; entienden la estructura de incentivo necesaria para que sea

efectivo. Para poder sacar provecho a estas ideas, Natura debería usar sus recursos para

facilitar que estas comunidades subscriban acuerdos cooperativos para evitar la

deforestación en base de los acuerdos existentes ya forjados en las municipalidades. Esto

involucrará un enfoque de conservación tradicional hasta que el gobierno central permita

un enfoque de mercado.

 

57 

2. Usar proyectos piloto para desarrollar confianza en las comunidades: Los proyectos

piloto pueden establecer un precedente en las comunidades de El Choré y puede modelar

los beneficios que un enfoque de PSE tiene en la mejoría de los medios de subsistencia.

El éxito del proyecto piloto servirá como ejemplo para las comunidades aledañas que los

pagos por servicios ecosistémicos son reales y generan mayores ingresos que la

agricultura por chaqueo o la extracción ilegal de madera. Los proyectos piloto también

informarán a Natura sobre el esquema de distribución apropiado para poner recursos en

la comunidad. Puede que el proyecto no pueda ganar VERs o CERs a corto plazo, pero se

puede poner en orden los acuerdos institucionales para cuando se establezca un sistema

nacional. Si el sistema nacional nunca florece y el gobierno permite que por último un

tercero venda los servicios ecosistémicos, los acuerdos institucionales también facilitarán

una transacción en el mercado voluntario.

3. Vincular el proyecto piloto con el Plan de Desarrollo Nacional del país: El gobierno

central ha puesto en claro que el desarrollo comunitario es una prioridad. Si puede ser

demostrado que un proyecto de PSE puede dar fortalecimiento y desarrollo económico a

una comunidad, puede que el gobierno esté dispuesto a apoyar un proyecto de

almacenamiento de carbono antes de contar con un sistema nacional. Proponemos utilizar

las municipalidades para crear una Estrategia de Desarrollo Comunitario para la

deforestación evitada que reúna a los campesinos, ONGs locales como Natura, y otras

agencias gubernamentales.

4. Crear una Estrategia de Desarrollo Comunitario: Comenzar un proceso de desarrollo

comunitario en la comunidad que recibirá recursos de un futuro proyecto de REDD. Esta

acción tiene dos propósitos: primero, darle atención al tema de la distribución antes que

 

58 

el proyecto esté en curso y segundo, generar una demanda de los campesinos hacia el

gobierno central por un proyecto de REDD en El Choré. Recomendamos que este plan de

desarrollo comunitario enfoque sus recursos en tres niveles: familia, comunidad, y

municipalidad. Involucrar a la comunidad en el desarrollo de una estrategia para la

cooperación comunitaria, incluyendo acciones para hacerla cumplir y fuentes alternativas

de ingresos facilitará una transformación exitosa de la capacidad productiva de la región.

También recomendamos seguir las siguientes acciones específicas que Natura debería tomar

ahora para aprovechar las oportunidades institucionales hacia la cooperación entre actores en el

área de reserva:

1. Actuar como un facilitador para llevar a los líderes de San Juan y Santa Rosa hacia un

entendimiento de las estructuras específicas necesarias de incentivo.

2. Coordinar la redacción de Estrategias específicas de Desarrollo Comunitario por las

municipalidades en conjunto con sus comunidades.

3. Comenzar conversaciones con los Sindicatos en Yapacaní, incluyendo el Alcalde de

Yapacaní y la Federación de Sindicatos de Yapacaní.

4. Comenzar conversaciones con las agriculturas industriales al sur de la reserva, que se

benefician de los servicios ecosistémicos brindados por la reserva (Efecto Codo de los

Andes). Esto podría proveer un flujo de dinero que podría ayudar a mantener al proyecto

hasta que un proyecto de REDD sea más viable.

5. Coordinar la asistencia técnica que vendrá de la Universidad Gabriel Moreno, el

Gobierno Departamental, Banco Mundial, USAID, y otras ONGs.

 

59 

Conclusión 

Existe una incertidumbre en la comunidad internacional si un régimen de REDD será parte

de un régimen global de cambio climático post-Kyoto. Mientras tanto, el mercado voluntario de

Reducciones de Emisiones Verificadas está creciendo con rapidez y está incluyendo la

deforestación evitada dentro de sus estándares y metodologías de certificación. Los estudios de

costos de oportunidad sugieren que en algunos lugares – donde la deforestación es impulsada por

la agricultura de subsistencia en áreas remotas – la economía no representará una limitación para

la implementación de proyectos de REDD. Los costos de transacción y la capacidad institucional

variarán a lo largo de países y es probable que determinen la disposición para REDD en un país o

un proyecto.

En este reporte, examinamos la economía de REDD y las oportunidades y limitaciones

institucionales específicas para desarrollar un proyecto de REDD en la Reserva Forestal

Nacional El Choré en Santa Cruz, Bolivia. Nuestra conclusión es que es poco probable que la

economía sea una restricción vinculante para REDD en El Choré, sin embargo, varias cuestiones

institucionales y legales limitan la viabilidad de establecer un proyecto de REDD a corto plazo.

Pudimos averiguar, sin embargo, una serie de acciones que pueden aprovechar las oportunidades

institucionales existentes en El Choré y establecer la fundación para un proyecto cooperativo de

pagos por servicios ecosistémicos en el futuro. Estas acciones están dirigidas a aliviar los

conflictos sociales dentro de la reserva que amenazan al bosque. Los objetivos finales de

nuestras acciones recomendadas son crear confianza entre las comunidades interesadas y

demostrar que la conservación por medio de los pagos por servicios ecosistémicos puede ser

utilizada para redefinir la capacidad productiva de la región y generar mayores ingresos que los

que se obtienen por medio de las actividades económicas actuales. Nuestro diagnóstico también

 

60 

concluye que si esta serie de acciones no son llevadas a cabo, aún con un sistema nacional de

REDD implementado, El Choré no podrá beneficiarse de esta fuente de ingreso potencial.

Si esta serie de acciones es implementada y el gobierno nacional es capaz de coordinar un

sistema de REDD, el proyecto de El Choré estará en una situación óptima para aumentar su

escala y comenzar a recibir pagos por reducciones de emisiones certificadas.

 

61 

Anexos  

Anexo Uno: REDD – La Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de los Bosques 

 Este trabajo se trata del almacenamiento de carbono como un servicio ecosistémico.10 La

cantidad de carbono que puede ser almacenado por el bosque depende de muchos factores que

incluyen la edad y densidad del bosque, que varía en tiempo y espacio. Los bosques capturan y

almacenan el carbono a través de la fotosíntesis tanto en el sistema encima del suelo como el de

subsuelo. Encima del suelo, el carbono es almacenado en árboles vivos, en el sotobosque,

vegetación muerta, y la capa de detritus; en el subsuelo, el carbono es almacenado en las raíces y

el suelo (Swallow et al 2007 pág. 4). El degradar o destruir estos sistemas resulta en la reducción

de sumideros de carbono y si son quemados o manufacturados se emite el carbono a la

atmósfera. Se estima que aproximadamente un 20% de las emisiones globales de CO2 son el

resultado de la deforestación.

REDD se refiere a los pagos por el servicio ecosistémico de la secuestración de dióxido de

carbono (CO2) de los bosques a través de acciones que previenen la deforestación y mitigan la

degradación del bosque.

La contribución de la deforestación a las concentraciones de gases de efecto invernadero

(GEI) en la atmósfera ha llevado a que los países con bosque y los que hacen políticas de cambio

climático presionan para incluir la deforestación evitada dentro de un régimen global de cambio

climático, y fue debatido durante las negociaciones de Kyoto. La forestación11 y reforestación

fueron incluidas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) del

                                                             10 Para más sobre los pagos por servicios ecosistémicos ver el Anexo 1. 11 El proceso de crear un bosque en tierra que nunca tuvo bosque o que pasó mucho tiempo sin bosque.

 

62 

Protocolo de Kyoto, sin embargo la deforestación evitada fue finalmente excluida de Kyoto

debido a varias preocupaciones técnicas e institucionales descritas a continuación. En el 2005,

sin embargo, en la 11ava Conferencia de las Partes (COP 11) de la Convención Marco de Cambio

Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) en Montreal, Papúa Nueva Guinea y Costa Rica

sugirieron revisar la deforestación evitada en reuniones futuras del Órgano Subsidiario de

Asesoramiento Científico y Técnico (SBSTA por sus siglas en inglés) para intentar vencer las

antiguas preocupaciones de implementación.

El COP 11 resolvió debatir la REDD por dos años durante reuniones subsecuentes del

SBSTA (Swallow et al 2007 pág. 7). En el 2007 en la COP 15, se tomó la decisión de incluir a

REDD en el mercado voluntario de carbono y que los países en desarrollo deberían iniciar y

financiar proyectos piloto de REDD para explorar su viabilidad y posible inclusión en un

régimen post-Kyoto.

REDD fue dejado de lado en Kyoto y el CDM debido a los retos técnicos e institucionales

que presenta; por esto, mientras que en teoría la deforestación es la oportunidad “fácil” dentro de

la política de cambio climático, en la práctica la creación de estándares internacionales para

monitorear e implementar esquemas de REDD representa un tremendo reto para los que hacen

políticas en todos los niveles de gobernanza. Los mayores retos a REDD son:

• Líneas base: Unas líneas base convincentes sobre las tasas de deforestación deben ser establecidas para poder comenzar a estudiar el valor de carbono del proyecto y la adicionalidad.

• Adicionalidad: El reto metodológico de medir líneas base de la tasa de deforestación para asegurar que las reducciones de emisiones no habrían ocurrido en la ausencia del proyecto de REDD.

• Fugas: El proceso mediante el cual los esfuerzos de conservación de una región son neutralizados por el aumento de actividades extractivas en otra región. Si el esquema está diseñado para compensar otras emisiones , la fuga resultará en un aumento de emisiones;

 

63 

si el esquema no está diseñado para compensar otras emisiones, la fuga solo resultará en una menor reducción de emisiones.

• Permanencia: La necesidad de contar con mecanismos adecuados de mitigación para tomar en cuenta amenazas naturales a los bosques, tales como fuegos e inundaciones.

• Monitoreo y acciones para hacer cumplir las leyes: Los mecanismo nacionales de contabilidad de carbono que incluyen datos hechos en campo sobre las reservas de carbono y el análisis de imágenes satelitales para medir cambios en las áreas boscosas, como también equipos en el campo para hacer cumplir la ley, son necesarios para asegurar la integridad de las reducciones.

• Cuestiones de Escala: La posibilidad de que los créditos de carbono inunden el mercado, por lo tanto reduciendo el incentivo de países industrializados para reducir emisiones.

La reunión subsecuente de la SBSTA el pasado mayo del 2008 reconoció una gran mejora en

cómo se abordan estos retos, sin embargo, varios problemas persisten, particularmente acerca del

establecimiento de líneas base, acceso a datos de transmisión sensorial remota para monitorear

cambios en el área boscosa, y la necesidad de construir capacidades (FCCC/SBSTA 2008).

Boucher (2008 pág. 3) indica que REDD es más que solamente la deforestación evitada,

aunque la deforestación evitada puede ser parte de un esquema de REDD. El PNUMA define tres

alternativas a la deforestación que son incluidas en REDD: acciones para limitar los impulsores

de la deforestación, protección de Bosques, y la Gestión Sostenible de Bosques (SFM por sus

siglas en inglés). Los impulsores de la deforestación pueden incluir el evitar construir carreteras

y otra infraestructura de transportación dentro de áreas forestales subdesarrolladas. La protección

de bosques puede incluir crear reservas forestales tradicionales dentro de las cuales no se

permitan actividades, o se pueda ver una silvicultura de uso múltiple que permita actividades de

subsistencia dentro del área del proyecto. La Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) define a la SFM como ‘el cuidado

y el uso de bosques y tierras boscosas en una forma, y a una velocidad, que mantenga su

biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para cumplir

 

64 

con, ahora y en el futuro, las funciones relevantes ecológicas, económicas y sociales, a nivel

local, nacional y global, y que no cause daño a otros ecosistemas’ (FAO).

Aquellos presentes en los campos de la conservación y el desarrollo están particularmente

preocupados que los esquemas de REDD incluyan la provisión de ‘co-beneficios’ (Ebeling 2007

pág. 4). Los co-beneficios se refieren al potencial de REDD para generar ingresos para los

habitantes del bosque de bajos ingresos, y para preservar la biodiversidad. Los fondos generados

por la venta de los bonos de carbono pueden ser utilizados para financiar la creación de áreas

protegidas, zonas de gestión comunitaria, y emprendimientos de eco-turismo para mantener la

integridad de los ecosistemas y proteger la biodiversidad al mismo tiempo que se aumentan los

ingresos.

La conservación tradicional, que prohíbe cualquier uso del bosque, puede ser dañina a las

comunidades indígenas y locales quienes han habitado el bosque por muchos años; el remover a

estas comunidades de sus tierras les niega sus medios de vida e identidad. La pérdida de

territorio tradicional puede tener consecuencias de largo plazo que pueden no ser remediadas de

forma fácil o rápida (Asquith et el 2002 pág. 331).

Durante el 2005, el Plan de Acción Climática de Noel Kempff Mercado – un consorcio entre

The Nature Conservancy, Fundación Amigos de la Naturaleza, el Gobierno de Bolivia, y tres

compañías de energía: American Electric Power, BP Amoco, y Pacificorp – se convirtió en el

primer proyecto de secuestro de carbón certificado en recibir reducciones de emisiones

verificadas por terceros. El proyecto utilizó los pagos por carbono para remover los

concesionarios madereros del área del parque, compensándolos por sus pérdidas y obligándoles a

practicar extracción sostenible en otro lugar del país. Algunos pueblos indígenas y locales fueron

desplazados por el proyecto ya que no se permitía ninguna actividad de subsistencia o comercial

 

65 

de cualquier tipo dentro de la reserva.12 Un análisis costo-beneficio del proyecto en las

comunidades locales reveló una ganancia neta para las comunidades como unidad entera, en su

mayoría debida al financiamiento para la educación, cuidado de la salud, y microempresas; sin

embargo, una comunidad sufrió pérdidas de trabajo significativas debido al cierre de las

concesiones madereras y tuvo que sobrellevar una injusta proporción del costo del proyecto para

la gente local (Asquith et al 2002, pág. 332). NKMCAP ha compensado con éxito por la pérdida

de las comunidades a través de sus programas de apoyo, sin embargo, el proyecto ilustra los retos

de las estrategias estrictas de conservación para la protección del bosque. NKMCAP planea

introducir una iniciativa ecoturística al proyecto como también un fondo de inversión para

emprendimientos ecológicamente sensibles.

El reto para REDD es crear un equilibrio entre el uso del suelo y la conservación para poder

maximizar los intereses de las partes interesadas. En este caso definimos que las partes

interesadas incluyan a los intereses gubernamentales, comerciales, y comunitarias. Smith y

Scherr (2003 pág. 2148) recomiendan una distribución espacial de la tierra donde parte del área

del proyecto está destinada para actividades comerciales sostenibles, parte del área del proyecto

está guardada para la conservación estricta, y algo del área es utilizada por comunidades locales

para actividades sociales y económicas de subsistencia. Además, algo del control sobre el diseño

e implementación del proyecto debería ser delegado a las comunidades locales, de esta forma

                                                             12 “El decreto de expansión del parque incluye dos provisiones que son críticas para compensar a las comunidades locales. El Artículo Seis del Decreto 24457 ‘reconoce y garantiza el uso para subsistencia y aprovechamiento de los recursos naturales renovables por los pueblos y comunidades (de Bajo Paragua), dentro de la zona de expansión, como fue concordado por las regulaciones correspondientes dadas en el Plan de Manejo del Parque’. El Articulo Siete del Decreto ‘establece la necesidad de implementar, en el término de un año, reservas comunitarias para las (estas) poblaciones… (y) con sus límites definidos a través de un estudio participatorio, un territorio exclusivo con derechos a usar los recursos de forma sostenible para mejorar su calidad de vida’. Sin embargo, en julio del 2000, cuatro años después de la firma del decreto, las tres comunidades tenían prohibidas utilizar casi todos los recursos del área de expansión, y recientemente habían recibido derechos de uso limitados en otro territorio’ (Asquith et al 2002).

 

66 

vinculando las metas de desarrollo y conservación del proyecto; si las comunidades tienen algo

en juego en el proyecto tendrán un interés en mantener la integridad y sostenibilidad del proyecto

(Asquith et a 2002, pág. 333 y Smith y Scherr 2003, pág. 2149).

Un proyecto piloto de REDD en Indonesia intenta alcanzar un equilibrio entre el desarrollo y

la conservación integrando un esquema de uso múltiple comunitario de secuestro de carbono en

el Proyecto del Bosque Makira. Mediante un consorcio entre la Sociedad para la Conservación

de la Naturaleza (WCS por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Madagascar, el proyecto divide

el área del bosque en tres zonas de uso: la Zona de Estricta Protección (ZEP), Zonas de Usos

Múltiples, y Zonas de Co-Gestión (Holmes et al 2008 pág. 18). La Zona de Estricta Protección es

el área más grande y no permite la remoción o cultivación de cualquier tipo. Las Zonas de Usos

Múltiples contienen el área más pequeña e incluyen las Zonas de Uso Controlado y Zonas de

Ocupación Controlada; ninguna actividad comercial es permitida en esta zona, pero la gente con

derecho a vivir dentro de la ZEP puede utilizar los recursos naturales para la subsistencia. Las

Zonas de Co-Gestión se ubican a lo largo del perímetro del bosque, donde ha ocurrido la mayoría

de la deforestación y podría seguir ocurriendo en la ausencia de un esquema de REDD; esta zona

es donde se acumularán los créditos de carbono adicionales. La zona está manejada por las

comunidades que habitan en el perímetro del bosque, según un acuerdo suscrito entre las

comunidades y el gobierno de Madagascar. La WCS co-gestiona las zonas de co-gestión,

brindando asistencia técnica con mecanismos para monitorear y hacer cumplir las reglas de la

zona. El proyecto se encuentra en su etapa inicial así que todavía no hay evaluaciones de impacto

disponibles.

El aspecto más importante de brindar co-beneficios a través de esquemas de REDD es la

creación de un ambiente facilitador apropiado (Smith Scherr 2003 pág. 2149). Tal ambiente

 

67 

incluiría la tenencia clara y justa de tierras para las comunidades indígenas y locales, derechos

para las comunidades a por lo menos una porción de los pagos por carbono recibidos a través de

REDD, y estudios obligatorios de impacto social para monitorear el impacto de REDD en los

medios de vida de la comunidad y la biodiversidad.

El desarrollo de un régimen global de REDD probablemente tardará muchos, muchos años y

depende del consenso internacional así como de las soluciones a las barreras institucionales y

técnicas. Mientras tanto, el mercado voluntario ha ido probando los programas piloto, tales como

el Proyecto Makira, a cargo de ONGs y organizaciones conservacionistas para tratar de entender

mejor estas barreras y probar el diseño de proyectos.

 

68 

Anexo Dos: El Mercado Voluntario  

El protocolo de Kyoto firmado en 1997 proporciona la base para el desarrollo de un mercado

de carbono donde las emisiones evitadas podrían ser vendidas. Bajo este acuerdo, el Mecanismo

de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) es el vínculo entre los países

industrializados y los en vías de desarrollo. El CDM debería haber ayudado a reducir emisiones

en el norte de una forma económicamente efectiva, al mismo tiempo de proporcionar un vínculo

entre los mercados de carbono y el desarrollo sostenible en el sur. A través del CDM, los países

desarrollados pueden comprar créditos de emisiones de proyectos de compensación de carbono

en el tercer mundo. Para que un proyecto sea aceptable, las reducciones de emisiones deben ser

adicionales, y una forma de probar la adicionalidad es demostrar que el proyecto no podría ser

económicamente viable de no ser por el financiamiento de carbono.

Desafortunadamente, el CDM no ha alcanzado las expectativas originales de desarrollo

sostenible. Los procedimientos altamente complejos y burocráticos para certificar emisiones de

carbono han establecido altos costos de transacción para estos proyectos. Estos altos costos han

causado que la mayoría de los compradores de emisiones evitan los proyectos comunitarios

locales a favor de proyectos de bajo costo y alto volumen como por ejemplo los de capturar

metano de vertederos y destruir los hidro fluorocarbonos, que brindan un bajo valor social

(Taiyab et al 2006 pág. 7). Además, como se mencionó en el Anexo Uno, la deforestación

evitada quedó fuera del documento original del CDM y todavía no hay una metodología

aprobada para certificar créditos de carbono debido a la reducción de emisiones por

deforestación y degradación (REDD) bajo el CDM.

Sin embargo, de forma paralela al CDM, por varios años se ha ido desarrollando un mercado

voluntario de créditos de carbono. Este mercado consiste de compañías, organizaciones y

 

69 

gobiernos que compran créditos de carbono por razones diferentes a la de cumplir con ciertas

regulaciones. Dentro de las ventajas del mercado voluntario está la posibilidad de incluir tipos de

proyectos para los que no hay una metodología CDM aprobada (como la REDD), por tanto

reduciendo los costos de transacción y permitiendo el desarrollo de proyectos comunitarios de

pequeña escala, así también como proyectos que valoran los impactos sociales y servicios

ecológicos. Estos tipos de créditos, llamados Reducciones de Emisiones Verificadas (o

Voluntarias) (VERs), también buscan alcanzar los mismos requerimientos de adicionalidad,

fugas y permanencia; sin embargo, las metodologías para probar los requerimientos pueden ser

más suaves.

Estos beneficios tienen un costo. La falta de regulación del mercado voluntario dificulta a los

compradores la clara identificación de la calidad de los créditos o reducciones de emisiones que

están comprando (Taiyab et al 2006 pág. 28). Este problema está acrecentado por la presencia de

una amplia gama de proyectos, que van desde energías renovables, a la deforestación evitada a

hornillas de cocina de energía eficiente en los países muy pobres. Para poder responder a este

problema, varias instituciones han creado metodologías de certificación, con un enfoque en los

diferentes co-beneficios que pueda tener un proyecto.

El Mercado de Carbono Voluntario está dividido de forma general en dos segmentos

principales. Por una parte está la Bolsa de Intercambio de Créditos de Chicago (CCX por sus

siglas en inglés) y por la otra está el mercado directo o “over the counter” (OTC). El CCX está

basado en un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de los derechos de emisión

(cap and trade) por membrecía, donde las compañías que deciden trabajar con el CCX están

requeridas a establecer metas de reducción de emisiones. De esta forma, las emisiones son

altamente comoditizadas y una verificación de terceros es requerida. La alta comoditización de

 

70 

los créditos no permite valorizar otros aspectos de los proyectos, haciendo que la CCX sea

menos atractiva para iniciativas de REDD (Hamilton et al 2008 pág. 40). Por esta razón nos

enfocaremos en nuestro análisis del mercado OTC.

En el mercado OTC encontramos a compañías, organizaciones no gubernamentales,

gobiernos e individuos. Ya que no hay un límite de emisiones en este mercado, las motivaciones

de los compradores son usualmente relacionadas a la responsabilidad social corporativa, interés

de manejar sus impactos de emisiones, preparación para regulaciones futuras o como una

inversión a ser revendida a un precio mayor (Hamilton et al 2008 pág. 18).

Hay cuatro tipos principales de vendedores:

1. Desarrolladores de proyectos: Gente o instituciones que desarrollan proyectos

de reducción de emisiones.

2. Recolectores/Mayoristas: Intermediarios que establecen un portafolio de

créditos al comprar emisiones de varios proyectos. Ellos recolectan VERs y los venden

como un paquete.

3. Minoristas: También tienen un portafolio de créditos pero se especializan en la

venta de pequeños montos de emisiones. Sus compradores son usualmente individuos u

organizaciones pequeñas.

4. Agente: Actúan como facilitadores de transacciones.

El 2007, sesenta y cinco millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono fueron

negociadas en un mercado voluntario llegando a un valor de $330,8 millones13. De estas, 42,1

millones de toneladas corresponden al OTC y 22,9 millones de toneladas corresponden al CCX.

Aunque estos números continúan siendo pequeños comparados a los 2.918 millones de

                                                             13 Estimado, no hay un récord oficial de las transacciones en el mercado voluntario de carbono. 

 

71 

toneladas de CO2 negociadas en el mercado regulado, representa un aumento del 240% sobre

los $91 millones negociados en el 2006. También, el volumen negociado en el Mercado

Voluntario aumentó en un 165%, en el periodo 2007-2008 mientras que el mercado regulado

creció en solamente un 71% (Hamilton et al 2008, pág. 6).

Los proyectos de deforestación evitada, en particular, sumaron un 5% del volumen

negociado representando un aumento del 66% con respecto al 3% que representaron en el 2006.

El precio de las VERs por la deforestación evitada tenía un promedio de $4,8/tonelada de CO2

exhibiendo una alta y baja de $30/tonelada de CO2 y $2,5/tonelada de CO2 respectivamente.

Este promedio es más bajo que el promedio del mercado de $6,1/tonelada de CO2 (Hamilton et

al 2008 pág. 34).

Del lado del vendedor, los negocios privados compraron el 80% de las VERs mientras

que los gobiernos solo fueron responsables de un 0,05%. (Hamilton et al 2008 pág. 67). Las

principales motivaciones para comprar VERs en el 2007 fueron la responsabilidad social

corporativa y las relaciones públicas (Hamilton et al 2008 pág. 68). Los compradores nombraron

a la adicionalidad, los beneficios sociales y ambientales, la reputación de la certificación y

vendedor como el determinante más importante de precio, y la conveniencia como el menos

importante (Hamilton et al 2008 pág. 70). Esto sugiere que en el mercado OTC, los compradores

buscan proyectos atractivos con una buena ‘historia’ de fondo. Para estos compradores, los

proyectos de REDD deben ser cada vez más atractivos ya que usualmente incluyen en sus

diseños a la conservación, biodiversidad y desarrollo local.

Para el futuro, aunque el precio por tonelada de carbono bajó al final del 2008, se espera

que a la larga el mercado continúe su expansión. Antes de la crisis financiera, la CCX reportó

una alza del 240% para el primer trimestre (Hamilton et al 2008 pág. 72). Por supuesto que no

 

72 

hay una tendencia clara para el 2009, pero mientras que la conciencia del público sobre el

cambio climático continúe creciendo y el establecimiento de regulaciones de emisiones sea visto

como inevitable en varias regiones del mundo, el mercado voluntario de carbono continuará

creciendo.

 

73 

Anexo Tres: Lista de Individuos Entrevistados 

 Widen Abastoflor, Director Ejecutivo CEPAC, Centro de Promoción Agropecuaria Campesina www.cepac.org.bo  Marco Achacollo, Presidente del Concejo Municipal Santa Rosa del Sara, Departamento de Santa Cruz, Bolivia Nigel Asquith, miembro del CID Universidad de Harvard Jorge Avila, Jefe del Departamento Legal y Casos Ambientales Cámara Forestal de Bolivia Katsumi Bany, Alcalde Municipalidad de San Juan, Departamento de Santa Cruz, Bolivia Ricardo Israel, Decano Escuela de Ciencias Políticas y Leyes, Universidad Autónoma Chile Marco Lopez, Ingeniero Forestal, Oficina de Portechuelo Superintendencia Forestal Bolivia Carlos Roca, Director de Ordenamiento Territorial y de Cuencas Gobierno Departamental de Santa Cruz Sindicato 8 de Diciembre Gisela Ulloa, Coordinadora del Programa Nacional de Cambio Climático Secretaría de REDD Gobierno de Bolivia, La Paz Rodrigo Valenzuela, Jefe de Fortalecimiento Comunitario Programa Orígenes, Santiago, Chile Jose Luis Vega, Director Comité Salvemos El Choré Dr. Rolf Wachholtz, Experto General CIM-GTZ y consultor para el Control de Deforestación e Incendios Forestales Superintendencia Forestal Bolivia

  

 

74 

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