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BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2813DEL 2 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2004 45

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1. Introducción

En los últimos años venimos asistiendoa una revolución socio-empresarial sinprecedente. Desde finales de los noventauna amplia gama de códigos de conduc-

ta, pactos, directrices y normas de carác-ter voluntario, y algunas de carácter obli-gatorio, están emanando de diferentesorganismos públicos o privados, naciona-les e internacionales. La corriente a favorde que la empresa como organizacióndesempeña un papel clave en la socie-dad no solamente restringido a la crea-ción de riqueza y empleo es cada vezmás aceptada y los viejos esquemas con-

* Profesora Titular de la Economía Aplicada. Universi-dad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Eco-nómicas y Empresariales de la UNED.

El porqué de la responsabilidadsocial corporativa

Marta de la Cuesta González*

La responsabilidad social corporativa está despertando en los últimosaños un enorme interés por parte del sector empresarial, las escuelas denegocio, los inversores e incluso algunos gobiernos. Desde finales de losnoventa han ido apareciendo en el panorama internacional diferentes ini-ciativas, códigos, normas encaminados a promover un comportamientode las empresas más ético, sostenible y respetuoso con la sociedad y elmedioambiente. La mayoría de estas recomendaciones, de carácter volun-tario, pretenden animar al desarrollo de políticas y estrategias empresa-riales que incorporen estos criterios argumentando su necesidad desdediferentes puntos de vista: morales, económicos y sociales.

Pero ¿cómo conseguir que estas demandas sociales no se quedensólo en buenas intenciones y se traduzcan en buenas prácticas de ges-tión empresarial que beneficien a todos? ¿Cuál debe ser la contribuciónde los diferentes agentes sociales y de las instituciones en la promocióny gestión de aspectos ligados a la RSC?

Este artículo pretende exponer los diferentes argumentos a favor de laresponsabilidad social empresarial (RSE) desde la óptica moral, la econó-mica, la empresarial y la social así como las herramientas que los diferen-tes actores sociales tienen a su disposición para impulsar el desarrollo deuna auténtica gestión empresarial con criterios de responsabilidad social.

Palabras clave: responsabilidad social de la empresa, gestión empre-sarial, ética, estrategia empresarial, comportamiento empresarial.

Clasificación JEL: M14.

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ceptuales de la escuela de Friedman (1)van poco a poco perdiendo relevancia.

Este mundo globalizado e interrelacio-nado como nunca, donde las grandescorporaciones multinacionales llegan atener presupuestos superiores al de algu-nos Estados requiere unas normas deconducta empresarial que, dentro dellibre juego del mercado, minimicen losimpactos sociales y medioambientalesque la actividad económica de dichasorganizaciones conlleva a lo largo yancho del planeta. El viejo modelo degestión empresarial basado en la maximi-zación del beneficio para el accionistacon una visión cortoplacista ha demostra-do ser no sólo perjudicial para la socie-dad en general sino también para los pro-pios accionistas, especialmente aquelloscon menor poder negociador y con intere-ses a largo plazo.

El enfoque contractual tradicional de laempresa (contratos entre principal yagente) contrasta con el nuevo enfoquecomunitario en el que la empresa no seconsidera como un ente abstracto sinocomo una institución social con personali-dad jurídica propia —independientementede la de sus partícipes— con derechos yobligaciones en cuanto tal. En el modelofinanciero de empresa, los individuos sonlos sujetos básicos del análisis y la igual-dad contractual entre ellos se consideragarantizada por su libertad para renunciara la relación y abandonar la empresa.

Esta visión de la empresa como nexode contratos parte de la hipótesis de unanegociación justa entre todas las partesafectadas, algo difícil de creer en la situa-ción actual. La reducción de la empresa aun ficción legal, detrás de la cual sóloexiste una serie de contratos privados (un

cuasi-mercado), se olvida de que existeuna empresa como organización, coali-ción o asociación de agentes económicosaparte de los individuos que la compo-nen. (Rodríguez, 2003)

Los activos físicos ya no son el únicorecurso crítico. El capital humano haaumentado su protagonismo, lo mismoque contar con una buena red de provee-dores o socios comerciales y compartirtecnología. Los trabajadores no son autó-matas encargados de manejar activosvaliosos, sino activos en sí mismos(Rajas y Zingales, 1998, 2000).

Según Kay (1996), la compañía (queno empresa) es una institución social arti-culada mediante un nexo de relacionesde confianza mantenidas a largo plazo.Ello supone que administradores y geren-tes deben preservar y aumentar el valorde los activos bajo su control, no actuarmeramente como agentes de los accio-nistas. Activos son no sólo los tangiblessino también las capacidades de losempleados, las expectativas de los clien-tes o proveedores, la reputación e ima-gen de la empresa dentro de la sociedad,etcétera, Activos que el mercado financie-ro puede no estar valorando en el cortoplazo pero que son decisivos en el largoplazo.

El conjunto de recursos (tangibles ovirtuales) acumulados a través de lasrelaciones sociales externas e internaspor la organización y por sus partícipesconstituyen su capital social. Se trata deun conjunto de redes, normas y relacio-nes de confianza que facilitan la resolu-ción de los dilemas de la acción colectiva.No es una mercancía negociable, es unrecurso moral que se amplía con su usoen lugar de reducirse y que se basa en lalealtad y la confianza. El capital social,favorece una mejor cooperación y coordi-nación en las organizaciones sociales alpotenciar los valores compartidos, la

MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ

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(1) FRIEDMAN afirmó en varias ocasiones que laúnica responsabilidad de la empresa es maximizar elbeneficio, con el único límite de la ley y las costumbresmercantiles (FRIEDMAN, 1970).

comunicación, la comprensión mutua y lareputación (Putnam. 1993, 1995).

También la teoría de los stakeholdersde Freeman (1990) afirma que si se tie-nen en cuenta de forma equilibrada losreclamos de los diferentes grupos de inte-rés, los gestores pueden incrementar laeficiencia de la adaptación de su organi-zación a las demandas externas. Seobtienen mejores resultados no sólosatisfaciendo de forma separada las rela-ciones bilaterales con los grupos de inte-rés sino también por la coordinación ypriorización de los intereses de los stake-holders multilaterales.

Llegados a este punto y definido elnuevo modelo de empresa socialmenteresponsable al que todos nos gustaríapertenecer (como accionistas, directivos,empleados) o con quien nos gustaríatener relaciones comerciales (clientes yproveedores) o sociales (administración ysociedad en general), la clave está encómo conseguir que este sueño se con-vierta en realidad.

Diferentes argumentos se han vertidoa favor de la responsabilidad socialempresarial (RSE) desde distintas ópti-cas e intereses, morales, económicas osociales. A continuación trataremos deanalizar dichos argumentos, sus fortale-zas y debilidades así como las palancaso mecanismos que pueden impulsar eldesarrollo de una auténtica gestiónempresarial con criterios de responsabili-dad social.

2. La cuestión moral o el moral case

Desde un punto de vista moral, es evi-dente que las empresas y organizacioneseconómicas tienen un papel social quejugar en la sociedad y que en estosmomentos es de una relevancia extraordi-naria por el impacto social y medioam-biental que tienen sus actuaciones. No

reclaman sólo la ética individual de laspersonas que componen la organizaciónsino que ven en la organización en símisma un ente con responsabilidad pro-pia económica, social y medioambiental ala que exigen comportamientos acordescon dicha responsabilidad.

Se trata de individuos o grupos de indi-viduos que bien por motivos religiosos,éticos, o sociales desean como consumi-dores, inversores y gestores que todassus actuaciones y decisiones se impreg-nen de esos valores y reclaman un com-portamiento responsable de la empresacon los empleados con sus productos,con sus procesos y con sus clientes. Aellas, como al resto de organizaciones,privadas o públicas, con o sin ánimo delucro, les exigen las mismas responsabili-dades sociales y medioambientales quese exigirían a cualquier individuo. Sonpues ciudadanos convencidos o activistasque abogan por un modelo económico ysocial donde prime el interés colectivosobre el individual.

Entre los llamados activistas de laRSC se encontrarían las organizacionessociales, de defensa de la naturaleza yde los derechos humanos, de coopera-ción al desarrollo, la organizaciones reli-giosas y demás organizaciones sindica-les, de consumidores, etcétera queexigen a las empresas un comportamien-to más respetuoso con la sociedad, conla naturaleza y en particular con los gru-pos de interés con menor poder negocia-dor. En especial trabajan por defenderlos derechos de los más débiles y másperjudicados por los efectos contradicto-rios de la globalización y de la liberaliza-ción y exigen a las empresas y a losgobiernos más intervención social.

Aunque el número de individuos «con-cienciados» es en apariencia pequeño, lapresencia de las organizaciones multipli-ca el impacto de sus denuncias y contri-

EL PORQUÉ DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA


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buyen a que sean muchos los ciudada-nos sensibles a mensajes negativosdenunciados por aquéllas.

El argumento a favor de la RSE espues un argumento moral que no entra aanalizar los beneficios económicos deque las empresas asuman estas estrate-gias de gestión. No es moral, afirman,que por abaratar costes se contraten osubcontraten servicios o productos elabo-rados por personas e incluso menores encondiciones casi de explotación (falta deseguridad, insalubridad y salarios indig-nos). No es moral deforestar, malgastarlos recursos naturales, contaminar ydegradar la tierra y el entorno natural confines puramente lucrativos. Tampoco esmoral imponer reglas de juego al comer-cio internacional que favorezcan sólo aunos pocos. Ni tampoco es moral produ-cir bienes dañinos para la salud, elmedioambiente y la vida humana, pormuy necesarios que quieran hacer creerque son.

3. Cuestión de negocioso business case

El enfoque de la voluntariedad o busi-ness case argumenta a favor de la Res-ponsabilidad Social Corporativa (RSC),en función del beneficio que esta estra-tegia puede suponer para el negocio,para la empresa. De ahí que se denomi-ne el «business case for corporatesocial responsibility». Fundamentalmen-te, este enfoque se basa en los vínculosexistentes o potenciales entre la calidadde las relaciones de la empresa con susstakeholders y sus resultados económi-cos.

Bajo el paraguas del business case serecogen una serie de argumentacionesteóricas que pretender convencer a losaccionistas y a los gestores de que laRSE es buena para su propios intereses

a la vez que lo es para toda la sociedad.No se trata de un juego de suma cerosino de ganar-ganar. Además del capitalfinanciero y de los activos tangibles, lasempresas cuentan con un capital social,humano e intelectual al que hay que pres-tar atención para poder obtener el máxi-mo retorno a los recursos utilizados conuna visión de largo plazo. Cada vez más,los empleados, los accionistas y los clien-tes valoran esos activos intangibles difíci-les de comercializar y que constituyen lareputación externa y la cultura interna dela empresa.

Bajo este argumento, no es necesarioregular ni introducir mecanismos que obli-guen a las empresas a comportarse res-petuosamente con el medio social y natu-ral en el que desarrollar sus actividadesporque serán recompensadas por ello. Alestimular los beneficios, las empresas porsí mismas tenderán a adoptar estasestrategias. Señalan, además, otras ven-tajas para la incorporación voluntaria ypro-activa de dichas estrategias. Porejemplo, la eco-eficiencia (cuando, en elcampo del medio ambiente, a través de laimplantación de la estrategia de RSC sedetectan ineficiencias en la gestión derecursos, por un lado se mitiga el impactonegativo sobre el entorno, y la externali-dad negativa provocada, pero al mismotiempo la empresa se ve beneficiada ensu gestión de recursos y ahorro de cos-tes.

También se produce el denominado«First mover advantage», el gestor que,adelantándose o bien yendo más allá desus obligaciones legales, realiza unaestrategia de RSC pro-activa, se verábeneficiado en el largo plazo al situarseen una posición de ventaja competitiva enel mercado, ya que por exigencia legal opor exigencia de los consumidores einversores, todos deberán ir incorporandomedidas de gestión responsable.



Este es el argumento que utilizan tantolos directivos y gestores de las empresasque han asumido ya un compromisopúblico, adhiriéndose a pactos, asumien-do principios relativos a derechos huma-nos, laborales y medioambientales, y queestán empezando a comunicar (en elafán de ser más transparentes) las políti-cas, procedimientos y resultados de suestrategia RSC.

Es también el argumento de los inver-sores socialmente responsables (institu-cionales o no) y de muchos otros inverso-res que ven en la RSC una práctica debuena gestión empresarial y que prefie-ren invertir su en aquellas empresas queya están gestionando adecuadamentesus riesgos reputacionales, de gobiernocorporativo, sociales y medioambientalesy que obtienen las mejores puntuacionesen estas materias.

Cada vez son más los inversores quereclaman información no financiera de lasempresas en las que participan y asumensu papel de accionistas responsables,dialogando con ellas e incluso intervinien-do a través del voto en decisiones quepuedan comprometer el futuro de laempresa por asumir excesivos riesgosRSC.

Las empresas que están sometidas aeste escrutinio de los inversores sonempresas grandes y trasnacionales quecotizan en los mercados financieros inter-nacionales y en cuyo capital participanfuertemente inversores institucionalescada vez más preocupados por la RSC.Quedan fuera de esa valoración, el restode empresa más pequeñas y medianasque por no cotizar en los mercados finan-cieros no se ven sometidas a dicha pre-sión de forma directa. No obstante, la res-ponsabilidad social de las grandesempresas se extiende a toda su cadenade valor (proveedores y socios comercia-les) a los que debe trasladar los valores y

compromisos que ella haya asumido enesta materia. Por lo que tarde o tempranolas pymes se verán abocadas a cumplircon estos estándares, al igual que haocurrido con los de calidad y medioam-biente.

Aunque desde el punto de vista teóri-co, la argumentación anterior tiene todasu lógica, los datos empíricos no resultandel todo esclarecedores sobre si existeuna conexión perfecta entre buena ges-tión social y buenos resultados financie-ros. Por buena gestión social o perfor-mance social (PS) entendemos,siguiendo a Wood (1991a: 693), la confi-guración del negocio de la organizaciónde principios, procesos, políticas, progra-mas y resultados observables sobre res-ponsabilidad social relativos a las relaciónde la empresa con la sociedad. La perfor-mance social suele medirse a través dea las siguientes variables: información ytransparencia en RSC, índices de reputa-ción, auditoría social y resultados obser-vables y por último los valores y princi-pios inherentes a la cultura de lacompañía. Por su parte, la performancefinanciera (PF) puede medirse a travésde variables de mercado (rentabilidadpara el accionista) o medidas contables.

La investigación ha encontrado eviden-cia suficiente de que los buenos resulta-dos sociales y medioambientales be-nefician a la cuenta de resultados,aumentando el valor económico de laempresa (Simpson y Kohers, 2002;McWilliams y Siegel, 2000; Griffin yMahon, 1997; Aupperle, Carroll y Hatfield,1985); reduciendo el riesgo (Moore, 2001;Orlitzky y Benjamin, 2001); atrayendo oreteniendo empleados (Backhaus et al.2002; Turban y Greening;1997); o incre-mentando la lealtad y mejorando la ima-gen o reputación corporativa (Maignan etal, 1999; Brown y Dacin, 1997). Además,la empresa con buenos resultados socia-



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les tiene acceso al volumen de fondos dela inversión socialmente responsable,gana en eficacia por la mejor gestión decostes, y es más competitiva en licitacio-nes, en los países donde hay legislaciónal respecto.

Un estudio realizado recientementepor M. Orlitzky, F. L. Schmidt y S. L. Rynes(2003) en el que se hace un estudiocuantitativo basado en un meta-análisisde 52 estudios empíricos sobre la rela-ción entre performance social y financierasobre una muestra de 33.878 observacio-nes concluye que existe una relaciónpositiva entre ambas variables. Igualmen-te confirma la existencia de un círculo vir-tuoso de manera que un mejor comporta-miento social trae consigo unos mejoresresultados financieros y a la inversa, sinpoder determinar qué prelación temporalexiste entre ambas variables.

De acuerdo a sus resultados, la repu-tación obtenida por la empresa está fuer-temente relacionada con la PF en lamedida en que si se mejora la comunica-ción con terceros acerca de la gestión dela responsabilidad social de la empresase ofrece una mejor imagen a los clien-tes, inversores, bancos y proveedores yatraerá a los mejores empleados. Por suparte, la argumentación de que invertir enresponsabilidad social ayuda a la empre-sa a desarrollar nuevas competencias,recursos y capacidades que repercutensatisfactoriamente en la cultura de laempresa, su tecnología, estructura yrecursos humanos y por tanto mejora laeficiencia y los resultados financierostiene menos consistencia desde le puntode vista empírico. Por último consideranque la mezcla de stakeholders, los erro-res de muestra y de medida dificultan laobtención de resultados concluyentes porlo que abogan para futuros estudios porque una definición más estricta de la per-formance social que sólo mida y tenga en

cuanta los resultados del comportamientosocial y medioambiental y por que el con-cepto de stakeholder sea también másrestrictivo.

También los estudios comparativosentre índices bursátiles éticos o de soste-nibilidad y otros benchmark de mercadoparecen demostrar que aquellas empre-sas preocupadas por medir e informar desu performance social y medioambientalobtienen mejores cotizaciones en losmercados que el resto (De la Cuesta etal, 2002). Por ello, los fondos de inversióno de pensiones que utilizan estos bench-marks o que aplican filtros de esta natu-raleza en la selección de sus carteras lle-gan a obtener mejores rendimientos queel resto. Esta afirmación habría que mati-zarla dado que dentro de la inversiónsocialmente responsable cada vez másengloba no sólo los fondos con criteriosexcluyentes o negativos (más expuestosa peores rendimientos por disminuir ladiversificación de la cartera) como fondosque aplican criterios positivos y negativoso fondos que invierten en la mejoresempresas que ya sea por vocación o pormayor capacidad financiera están invir-tiendo en RSC.

Lo que si parece evidente es que unagestión no ética de las empresas ha lle-gado a generar incluso la desaparición degrandes compañías del prestigio deEnron, Wordcom, Arthur Andersen o Par-malat. Y esto es precisamente lo que haalertado no sólo a los inversores (social-mente responsables o no) sino a los pro-pios reguladores, que han comenzadorápidamente a establecer medidas decarácter obligatorio que garanticen elinterés de los propietarios de las empre-sas y la transparencia en los mercadospara poder decidir libremente y con cono-cimiento de causa.

Por último, algunos países de nues-tro entorno, han adoptado legislaciones



dirigidas a proteger al inversor final alrequerir a todos los fondos de pensio-nes y de inversión que ofrezcan infor-mación a sus partícipes y al mercado,sobre si aplican lo no criterios de res-ponsabilidad social en la selección desus carteras. Esta medida, tal y comoha ocurrido en Reino Unido o Alemania,ha motivado a las empresas cotizadasa realizar balances sociales o memo-rias de sostenibilidad donde quedenreflejados, sus compromisos, políticas,los procedimientos puestos en marchay los resultados obtenidos en materiasocial, ética, medioambiental y de dere-chos humanos. Entendemos que latraslación de dicha regulación a nuestropaís sería de gran ayuda para el peque-ño inversor quien desde 1991 vieneaumentando de forma imparable su par-ticipación en el capital empresarial através de instituciones de inversióncolectiva.

4. Una cuestión económicao economy case

Desde una perspectiva puramentemacroeconómica, la gestión con criteriosRSC contribuye sin duda al desarrollosostenible y equilibrado del planeta. Si loque perseguimos es generar riqueza deforma sostenible sin agotar los recursosnaturales y minimizando la huella medio-ambiental de nuestra generación, pen-sando en las generaciones venideras,está claro que todos tenemos que mejo-rar los procesos para que así sea. Pero¿cómo conseguir que así sea? La reali-dad demuestra que los algunos Estadosno tienen mucha intención de hacerlo opor lo menos son reticentes a que contro-les a las emisiones de gases invernade-ros o a la producción de residuos conta-minantes reduzcan sus niveles decompetitividad y pierdan cuota en el mer-

cado mundial (2). Políticamente no escorrecto, sobre todo si lo que está enjuego son enormes sumas de dinero y losintereses de grandes corporaciones tras-nacionales.

Si las fuerzas del mercado son las queobligan a las empresas y a los Estados atener que adoptar estas políticas tan insos-tenibles hagamos que el mercado seaquien revierta esa situación. Pero ¿quiénesdeciden en el mercado? Los consumidoresy los ahorradores que saben lo que quierencomprar y dónde interesa invertir. Unos sonclientes y otros propietarios. La respuestafácil por parte de las empresas es: «noso-tros producimos porque los clientes nosdemandan estos productos sin cuestionar-se cómo, dónde y bajo que procedimientoson generados». Trasladan al consumidorfinal la responsabilidad de que el Planetase deteriore social y medioambientalmente.Pero, ¿y el inversor? Habitualmente seargumenta que el inversor busca la máxi-ma rentabilidad a su dinero a corto plazo ytampoco se cuestiona estos temas. Enton-ces ¿dónde recae la responsabilidad y aquién hay que exigírsela?

Obviamente, la respuesta no es simpley parece claro que el poder del consumi-dor o del inversor es relativo, ya quedepende de que en el mercado exista lainformación suficiente y fácilmente acce-sible, competencia perfecta y no compor-tamientos oligopolísticos de las empre-sas, falta de alternativas en la oferta orelación de poder desequilibrado queimpidan que el inversor o el consumidorpuedan tomar las decisiones acertadas.Todos los agentes tienen parte de res-ponsabilidad por lo que todos deben asu-mir su parte correspondiente y su capaci-dad de influir en el cambio.



(2) No obstante, algunos Estados como por ejemplolos países nórdicos no sólo no coinciden con esta afirma-ción sino que además demuestran que este tipo de políti-cas no reduce el crecimiento económico.

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Como ya hemos anticipado en el apar-tado anterior, las empresas son frecuente-mente propiedad de múltiples inversoresdiseminados por todo el mundo y agrupa-dos en su mayor parte en los llamadosinversores institucionales (fondos de inver-sión, fondos de pensiones, incluso compa-ñías aseguradoras o gestoras de carteras) que en los últimos 25 años han concen-trado en manos de pocas instituciones unacantidad importante de acciones (3).Siguiendo a Robert Monks y Mell Minow(1996), muchas de las instituciones fidu-ciarias que mueven hoy el dinero puedenser considerados propietarios universales(«universal owners») ya que sus carterasdiversificadas a nivel internacional y secto-rial representan buenamente el conjuntode la economía. Por ello, éstos propieta-rios universales, no deben sólo preocupar-se del gobierno y los resultados de lasempresas que componen sus carteras,una a una, sino que deben preocuparsepor los resultados de la economía en suconjunto, ya que poseen buena parte deella y por tanto soportarán los costes y losefectos negativos de las ineficiencias eco-nómicas y cosecharán los beneficios decualquier mejora económica.

Los propietarios universales por exce-lencia son los grandes fondos de pensio-nes privados y públicos dado que suobjeto (garantizar las pensiones futuras)les obliga a invertir con visión de largoplazo tratando de maximizar la riqueza.Por tanto poseen un fuerte incentivo paraconsiderar los resultados de toda la eco-nomía en su conjunto cuando buscanmejorar los rendimientos particulares desus inversiones.

Desde mediados de los 80, los inver-sores institucionales han venido tomandoesas cuestiones en consideración deforma creciente, centrando la atención alprincipio en los aspectos tradicionales delgobierno corporativo pero analizando lasempresas de forma individual por circuns-tancias individuales. Ésta preocupaciónes más acuciante a principios del sigloXXI debido a los efectos que los escán-dalos financieros de grandes compañíasestán teniendo en la confianza del siste-ma. La normativa parece estar siendo larespuesta por parte de los gobiernos yorganismos supervisores de los merca-dos de valores, dado que la autorregula-ción y el mercado no han sido capacesde frenar e impedir en las últimas déca-das abusos de poder por parte de losgestores, con el dinero ajeno de sus pro-pietarios.

En la teoría económica, las externali-dades negativas reducen el coste a laempresa que las genera trasladandodicho coste a otras empresas y a los ciu-dadanos. Dado que el coste total de laexternalidad es generalmente más gran-de que los beneficios que obtiene laempresa que la causa , los inversoresuniversales terminan soportando dichoscostes como propietarios de esas otrasempresas y obtendrán por tanto una pér-dida neta. Pasivos contingentes comodeudas o riesgos medioambientales queafectarán sin duda a los beneficios futu-ros de las compañías tienen que quedarreflejados en los informes que las empre-sas ofrecen a sus inversores, de formaclara, completa y en tiempo oportuno.

Algunos inversores son conscientes yade que, desde el punto de vista macroe-conómico, los aspectos medioambienta-les son importantes lo mismo que la cali-dad de la educación y la formación o laI+D. Según Robert E. Lucas (1998), losretornos sociales a largo plazo de una



(3) En USA los inversores individuales poseían el 75por 100 de las acciones a primeros de los 70 mientrasque los inversores institucionales a finales del siglo pasa-do tenía alrededor del 60 por 100 de las 1.000 empresasmás grandes de USA, lo que refleja el crecimiento de lasdiferentes formas de propiedad indirecta de la economíade USA.



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fuerza laboral preparada oscilan entre 1,6y 1,7 veces los retornos privados que unaempresa obtendría por una política ade-cuada de formación. Por otro lado, losefectos macroeconómicos de productosdañinos para la salud como el tabaco sonconsiderados evidentes (aumento de loscostes sanitarios, reducción de la produc-tividad y muerte prematura) y afectan a laeconomía en general. Los inversores,especialmente los fondos públicos depensiones pueden caer en la contradic-ción de apoyar con su inversión estasempresas o sectores dañinos para lasalud y prestar por otro lado serviciossanitarios a sus pensionistas. También,los impactos que están teniendo la aper-tura libre de los mercados y la deslocali-zación de las inversiones que están expe-rimentando los países más desarrollados,especialmente en el empleo local y en laestabilidad social, deberían ser objeto deatención por parte de un propietario uni-versal para premiar las decisiones empre-sariales que prevén dichos efectos y tra-tan de poner medidas para paliarlos.

La actitud que un propietario universalpuede tomar antes estas circunstanciases desinvertir en empresas que contribu-yen negativamente al bienestar social yeconómico o permanecer en ellas paradesde dentro cambiar actitudes, valores ydecisiones empresariales, ejerciendo supoder de propietarios. Por tanto un inver-sor de este tipo no sólo debe examinarhechos separados de empresas indivi-duales sino que debe observarlas en elcontexto de su cartera. Es cierto que sóloaquellos fondos suficientemente grandespodrán influir y obtener beneficios de esteactivismo y de asumir su coste (desinver-sión). Pero, los inversores institucionalestienen la posibilidad actuar en coalición,lo que reduciría el coste de analizar lasinversiones con estos criterios y facilitaríala comunicación y la coordinación de

acciones cooperando entre las institucio-nes inversoras.

A estas alturas, parece claro que elbuen gobierno corporativo implica ponerlos medios adecuados para salvaguardarlos intereses de los inversores y propieta-rios de las compañías, quienes no sóloexigen resultados financieros a corto sinouna buena gestión de su dinero con crite-rios de responsabilidad social y visión alargo plazo.

Algunos de estos inversores ya hanempezado a asumir su papel social y handesarrollado entre otros los siguientesinstrumentos o acciones:

— Elaboración de directrices y políti-cas sobre aspectos particulares quedeberán tenerse en cuenta a la hora devotar en las juntas o relacionarse con lasempresas.

— Redacción de informes sobreaspectos particulares de las empresascon el fin de reenviarlos a las empresasde la cartera, la prensa u otros inversoresinstitucionales.

— Publicar los resultados de susesfuerzos encaminados al control de lasempresas de su cartera, expresando suaprobación o desaprobación de algunascampañas que estén beneficiando a algu-nas empresas de la cartera en detrimentode las otras.

— Calificar gradualmente a las empre-sas de la cartera de acuerdo a criteriosparticulares.

5. Una cuestión social o social case

Uno de los debates centrales sobre laRSC es entre dos posible modelos:

• Deben ser las empresas las que seautorregulen y voluntariamente vayanimplantando estrategias y sistemas degestión enfocados a la RSC

• o, por el contrario, debe haber unmínimo de regulación que establezca

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unas pautas sobre lo que debe ser suactuación social y medioambiental y quegarantice que la información llega a todaslas partes interesadas.

Aunque hasta el momento el enfoquemayoritario ha sido el de la voluntariedad,liderado especialmente por las empresas,en lo que se refiere a los aspectos tradi-cionales de buen gobierno las cosasestán cambiando y se pasa gradualmentede un enfoque voluntarista a otro regla-mentista.

Desde los movimientos sociales y sin-dicales se viene abogando por un enfo-que mixto, es decir, está bien dejar a lainiciativa privada las decisiones que afec-tan a la mejora en la gestión y en el valorde la empresa a largo plazo. Sin embar-go, estas organizaciones afirman que lospoderes públicos deben asumir tambiénsu papel en este debate y deben facilitary promover dicho comportamiento.

La cuestión es: ¿puede el enfoque dela voluntariedad realmente resolver losgraves problemas como el cambio climáti-co o la pobreza? Estos aspectos de laresponsabilidad social deben ser consi-derados como de interés público y no pri-vado ya que las decisiones sobre el uso,consumo y deterioro del capital natural,social y humano, afectan a toda la socie-dad presente y venidera. Por tanto, debeser la sociedad, a través de sus represen-tantes públicos, quienes decidan los lími-tes al uso de dichos recursos y las cues-tiones básicas de RSC que debengarantizarse desde los poderes públicos .

Además, como ya se ha comentado,no todos los trabajos empíricos hanencontrado una positiva relación entreRSC y beneficios (Omran et al., 2002;Simpson y Kohers, 2002; McWilliams ySiegel, 2000; Griffin y Mahon, 1997; Aup-perle, Carroll y Hatfield, 1985) por lo queen la práctica, el enfoque «laissez faire»suele ser menos efectivo que en la teoría.

Tal y como Korten (1996:212) afirma:«Hay multitud de gestores socialmenteresponsables. El problema es el de unsistema predatorio que les dificulta lasupervivencia. Esto crea un terrible dile-ma para los gestores con una visiónsocial real. O bien tendrán que compro-meter su visión, o bien correrán el granriesgo de ser expulsados del sistema».Precisamente para mitigar esos proble-mas, se reclama algún tipo de marcolegal referente en relación a la RSC.

Del mismo modo que el enfoque devoluntariedad viene «apadrinado» por lapráctica en el entorno anglosajón, el mode-lo de «marco regulador» viene impulsadobásicamente por países del entorno euro-peo (4), especialmente Francia y Holanda.Bajo este enfoque el debate pasa del«debería o no existir regulación» a «quétipo de regulación resulta más apropiadapara incentivar la RSC». El argumento esque mientras la empresa hace negocio(que es lo suyo, como sostenía Friedman),la sociedad civil y sus representantes recla-man orden y seriedad en temas como laRSC que afectan a las personas y a lanaturaleza. Hay unos mínimos derechoshumanos, civiles y económicos, que debenrespetarse tal y como han acordado y fir-mado gobiernos y empresas en numero-sas declaraciones internacionales.

El business case y el voluntarismo enRSC parte de la premisa de que gestio-nando los impactos sociales y medioam-bientales una empresa mejorará su ges-tión de riesgos y obtendrá mejoresresultados. El mercado presionará paraque así sea y recompensará a los buenosy castigará a los malos. Sin embargo,esta afirmación se basa en una hipótesiscon algunas fragilidades:



(4) Si bien, como se explica en el siguiente epígrafe,la UE y muchos Estados miembros están abogando tam-bién por el modelo de voluntariedad.

1.° Los mecanismos de mercado par-ten de la base de que los consumidoresestán bien informados y deciden libre-mente en función de dicha información,pero esto no es realmente así. Hay ungap enorme entre la intención del consu-midor que manifiesta estar a favor de laRSC y la práctica de sus compras. En elReino Unido un informe del Co-operativeBank titulado, Who are the Ethical Consu-mers? afirma que en mientras un 89 por100 de los consumidores están preocu-pados por aspectos sociales y éticos,sólo 18 por 100 lo refleja en sus decisio-nes de compra habitualmente y no lleganal 5 por 100 los que podrían llamarseconsumidores éticos 100 por 100 (genteque toma en cuenta estos aspectos en lamayoría de sus decisiones de comprar).

Así pues, para confiar en las leyes delmercado de competencia perfecta, hacenfalta unas condiciones básicas de partida;entre ellas, la de información perfecta. Enlo que respecta a las políticas, estrategiasy resultados de la RSC, no se dispone desuficiente información, y, en general, lainformación ofrecida por las empresas nosuele ser ni completa ni detallada ni seofrece con la necesaria periodicidad. Paraque el mercado pueda reaccionar, esnecesario que haya información accesibley barata, que permita tomar decisiones.

2.° Un problema añadido al anteriores la falta de incentivos para que lasempresas incorporen estos criterios a sugestión. Aunque sí puede haberlo desdeun punto de vista estratégico, desde unpunto de vista táctico u operativo los mer-cados de valores todavía no valoran ade-cuadamente resultados a largo plazo. Porello, al dejar enteramente el diseño y lagestión de la RSC en manos de lasempresas, se corre el riesgo de queéstas se inclinen hacia aquellas activida-des que más beneficio pueden reportar(por mejorar la eficiencia, por mejorar la

visibilidad en el mercado...) y, al mismotiempo, marginen o pospongan iniciativasde RSC que resulten de más interés paralos stakeholders. Esta situación ha lleva-do muchas veces a identificar campañasde «marketing con causa» o de acciónsocial con estrategias de RSC. Aunqueexistirán sin duda gestores sensibilizadoscon la RSC, y empresas pro-activas y dis-puestas a desarrollar sus estrategias demanera responsable, sin un marco deregulación mínimo, también existirán freeriders, que intenten escapar el proceso yeludir esa responsabilidad.

3.° Existen en la actualidad numero-sos códigos de conducta y estándarespromovidos por diferentes institucionespúblicas y privadas que están generandouna cierta confusión sobre lo que real-mente es la responsabilidad socialempresarial y lo que la sociedad esperade las empresas. Algunos de ellos comola Global Reporting Initiative (GRI) ofre-cen acertadamente una herramienta paraelaborar memorias de sostenibilidad. Loque ocurre es que, además de ser un ins-trumento voluntario permite a las empre-sas elegir aquellos indicadores sobre losque le gustaría informar, lo que dificulta lacomparación de resultados entre compa-ñías e impide que los grupos de interés(consumidores, sociedad civil y gobier-nos) conozcan lo que realmente quierenconocer.

Es preciso por tanto homogeneizar lainformación facilitada por las compañías,ya que en una economía globalizada, sedebe tender a la universalidad. La socie-dad tiene que ser capaz de verificar ypercibir el impacto positivo de la aporta-ción de la empresa, comparar unas aotras y comprobar la evolución en el tiem-po. La existencia de un estándar o normasobre la información que se debe propor-cionar simplifica los procesos y evita dife-rencias entre informes, haciendo la infor-



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mación más útil y comparable a los stake-holders. Además reduce los costes degestión para la empresa dado que no ten-dría que responder a múltiples cuestiona-rios o informar a todo el que se lo pidasobre su actuación ya que todo ello esta-ría disponible en el mismo documento. Lahomogeneización de la informaciónrequiere trazar unas directrices mínimasde regulación, que ya existen, y por moti-vos parecidos, para la información econó-mica y financiera.

4.° El último argumento a favor delsocial case es el del Bien Común. Eldebate sobre la RSC no es otra cosa queel debate de las externalidades negativasde la actividad de la empresa sobre elmedio ambiente y la sociedad. No haybienes públicos más claros. Por ello,resultaría incoherente que el Estadoprescindiera de toda función y responsa-bilidad en cuanto al impacto de la empre-sa sobre estos bienes. La decisión deinternalizar o no esas externalidades nopuede quedar únicamente en manos dela iniciativa privada. El Estado debe prote-ger a las «víctimas» de esas externalida-des; y éstas no son otras que la sociedadactual y la futura.

6. Conclusión final

Existen diferentes ángulos desde losque enfocar el tema de la RSC y todosellos ofrecen argumentaciones coheren-tes para justificar, desde un punto devista económico, social y moral la necesi-dad de incorporar aspectos de RSC en lagestión empresarial.

La argumentación puramente económi-ca (macro o micro) ha traído consigo laproliferación de códigos de conducta yestándares sectoriales o empresarialesde carácter voluntarista y la aparición dela denominada inversión socialmente res-ponsable dirigida a incorporar en su valo-

ración de gestión y riesgos económicos,criterios éticos sociales y medioambienta-les. Desde la perspectiva más social omoral, la tendencia es a que exista ciertaregulación que ayude a equilibrar lasfuerzas del mercado protegiendo alpequeño inversor o consumidor. Ya seestán empezando a aprobar normasnacionales e internacionales en las queademás de reconocer las responsabilida-des de los Estados, se establecen losmínimos requerimientos en el ámbito delos derechos humanos que las empresasmultinacionales deben cumplir (5). Porprimera vez se apunta de manera directay explícita a las empresas multinaciona-les y se abren las puertas a posibles pro-cesos penales contra las compañías entribunales nacionales e internacionales.

Hasta ahora, la RSC se ha tratadomayoritariamente como un asunto denegocios y como una cuestión que debeser asumida voluntariamente por lasempresas. Sin embargo y a pesar de lasjustificaciones teóricas a favor del busi-ness case, en algunos casos contrasta-das empíricamente, existen ciertos fallosde mercado y otras cuestiones de carác-ter social o moral que hacen necesariauna mínima intervención pública dirigidasal fomento, promoción, y sensibilizaciónsocial y a aumentar la información y latransparencia en el mercado.

Algunos temas relacionados con laRSC no son sólo de carácter privado sinoque entran en el terreno de lo público.Entre otros, aspectos como la sanidad, eldeterioro medioambiental, el efecto dañi-no de ciertos productos, la educación, lainvestigación y el desarrollo e inclusoalgunas políticas monetarias, fiscales y decomercio internacional. Los inversores

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(5) Ver las “Normas sobre las responsabilidades delas empresas multinacionales y otras empresas con res-pecto a los derechos humanos” aprobadas por la ONU, elpasado 13 de agosto de 2003.

empiezan incluso a reconocer que losaspectos relacionados con la RSC, aligual que ocurre con los asociados tradi-cionalmente al buen gobierno de lasempresas, condicionan los resultadosfuturos de las compañías y afectan portanto también a los rendimientos de suscarteras. Por ello están comenzando atener en cuenta en la gestión de sus car-teras los riesgos asociados a la RSC, y aformular políticas y a tomar decisionesque beneficien al resultado conjunto de lacartera de inversión y no sólo a lasempresas consideradas individualmente.Además, los grandes inversores institucio-nales, auténticos propietarios de buenaparte de la economía mundial, adquierenhoy un poder económico sin precedentes,por lo que sus decisiones de inversióninfluyen en el devenir y el bienestar eco-nómico y social mundial y por tanto en losrendimientos futuros de sus inversiones,de ahí que la responsabilidad de dichasinstituciones, gestores de buena parte delahorro financiero mundial, adquiera unadimensión casi pública.

Pero también los poderes públicos,deben tomar decisiones y dictar políticasencaminadas al mismo fin. La iniciativavoluntaria de las empresas es necesariapero ha de venir respalda de una políticapública adecuada que propicie, fomente ygenere este cambio social empresarial.Políticas que reduzcan las asimetrías deinformación en el mercado y que garanti-cen el acceso a los datos que inversoresy consumidores requieran para poderrelacionarse con las empresas. Políticasde promoción y sensibilización de la RSCque ayuden a distinguir las buenas de lasmalas prácticas empresariales y que edu-quen a consumidores e inversores, sobrelos derechos y el poder que dentro deuna economía de mercado pueden ejer-cer para dirigir la producción, el consumoy la inversión.

Sería de gran ayuda que desde laadministración se elaboraran documentosguía para las empresas, homogeneizan-do y armonizando los códigos de conduc-ta existentes, y estableciendo principiosclaros para la redacción de los balancessociales o memorias de sostenibilidadque podrían ser de carácter obligatorio ysujetas a verificación externa.

Desde una actitud responsable, tam-bién la administración pública (local,regional, nacional e internacional) debe-ría recompensar a las empresas que secomportan de forma socialmente respon-sable a través de las licitaciones, créditosa la exportación, o el mero reconocimien-to público y usar criterios de sostenibili-dad en la gestión de la inversión pública yla concesión de créditos. A través del cré-dito, el gobierno es co-responsable de laconducta de las empresas en otros paí-ses; por esta razón, deberían asegurarque respetan y fomentan el desarrollosocial y medio ambiental de las comuni-dades en las que trabajan. Se trata endefinitiva de que los poderes públicosasuman su papel en la RSC y tomen unapostura clara sobre su grado de compro-miso real con el desarrollo sosteniblepara enviar un mensaje más coherente ala sociedad civil, a los consumidores y alos inversores.

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