el impacto social y ambiental del manejo alternativo de conflictos ...

centro de estudios regionales

andinos bartolomé de las casas

“EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MANEJO ALTERNATIVO DE CONFLICTOS

SOBRE RECURSOS NATURALES EN LA ZONA ANDINA DEL PERU”

Juan Churats Carmen Escalante

Henkjan Laats

Cusco 2001

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AGRADECIMIENTOS La investigación se realizó en el marco del Proyecto Conflicto y Colaboración en el Manejo de Recursos Naturales, gracias al apoyo del Centro Internacional de la Investigación para el Desarrollo, bajo la coordinación de la Universidad por la Paz de Costa Rica. Agradecemos la colaboración de: Sharmeelee Guevara, Adrián Alvarez, Crisaldo Quispe, Rosa Inés Figueroa y Walter Aparicio y de todos los comuneros de Nueva Esperanza de Ccapana y de Santa Barbara de Huallhua, asimismo a los representantes de las comunidades Tintaya Marquirí, Huallapuqyo, Umana, Huaynapata, Hachacalla, Anccasi, Tayancani y Chillihuani. Igualmente agradecemos a los integrantes del municipio provincial de Espinar, a los integrantes de CORECAMI y Rolain Borel por su valioso aporte a nuestro estudio. Gracias a todo el equipo de Casa Campesinos y amigos que colaboraron con nosotros.

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Introducción ................................................................................................................... 3 Teoría ............................................................................................................................ 4 Metodología ................................................................................................................... 6 PARTE I : LEGISLACION PERUANA SOBRE RECURSOS NATURALES..........….... 6 1.1 El contexto peruano de gestión de conflictos sobre recursos naturales .......................... 7 1.1.1 - La plurilegalidad en la administración de justicia. ................................................... 7 1.1.2 - Tenencia de tierras. .............................................................................................. 9 1.1.3 - Legislación de aguas............................................................................................ 10 1.1.4 - Legislación de minería......................................................................................... 12 PARTE II : EXPERIENCIA DE LA CASA CAMPESINA EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. ............................................................................. 13 2.1 - Contexto histórico ................................................................................................. 13 2.1.1 - Antecedentes de la Casa Campesina .................................................................... 14 2.1.2 - El periodo 1985-1990 ....................…................................................................. 14 2.1.3 - El periodo 1990-1997......................................................................................… 15 2.1.4 El periodo 1997 hasta la fecha ...........................................................................… 17 CUADRO No 1 : Cantidad de conflictos atendidos por Casa Campesina entre 1997 y 1999......................… 17 2.2 - Tipos de conflicto sobre recursos naturales ............................................................. 18 2.2.1 - Los conflictos por el recurso tierra............ .......................................................... 18 2.2.2 - Los conflictos por el recurso agua........................................................................ 23 2.2.3 - Conflictos sobre pastos ....................................................................................... 24 2.2.4 - Conflictos sobre recursos forestales...................................................................... 26 2.2.5 - Conflictos sobre recursos mineros........................................................................ 29 2.3 - Metodología de la Casa Campesina en la resolución de conflictos............................. 31 2.4 - Tendencias y perspectivas de los conflictos sobre recursos naturales......................... 33 2.4.1 - Tendencia en el manejo de tierras:...................................................................... 33 2.4.2 - Conflictos sobre agua.......................................................................................... 35 2.4.3 - Recursos mineros. .............................................................................................. 35 2.4.4 - Otras tendencias en la gestión de conflictos........................................................... 35 PARTE III : ESTUDIO DE CASOS……........................ .........................................………………...... 36

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3.1 - Conflictos sobre recursos mineros en Espinar y en Quispicanchis....................…...... 36 3.1.1 - La comunidad Tintaya Marquiri y La Mina BHP Tintaya ..................................... 36 3.1.2 - Comunidades del distrito de Carhuayo y la Mina Manco Ccapac..............…......... 44 3.2 – Conflictos por tierra, agua, pastos y bosques en la comunidad Nueva Esperanza Ccapana en Quispicanchis...............................................................…………………..... 47 3.3 - Conflictos por tierras en la comunidad Santa Barbara de Huallhua, en Paucartambo.....................................................................................................…......... 51 3.4 - Conflicto por tierras entre las comunidades de Umana y Huaynapata, en Paucartambo............................................................................…………………........... 53 PARTE IV : CONCLUSIONES GENERALES.............................................................. 55 CUADRO No 2 : Los procesos de gestión de conflictos en los estudios de caso.............. 56

PARTE V : BIBLIOGRAFIA........................................................................................ 63

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Introducción Esta investigación contribuye al conocimiento de las diferentes formas del manejo de conflictos sobre recursos naturales, a nivel nacional e internacional, y su impacto en las tendencias locales dentro de la zona andina peruana. En el Perú, este tema tiene un papel cada vez más importante en la gestión local, en la política nacional y en la labor de las instituciones públicas y privadas involucradas. Generalmente se asume que la introducción de nuevos métodos del Manejo Alternativo de Conflictos (MAC) brinda herramientas apropiadas para el manejo de conflictos a nivel comunal. Sin embargo, existen muy pocos estudios concretos, principalmente en el Perú, sobre la aplicabilidad de estos mecanismos en una situación donde ya existen sistemas originarios. Por estas razones se planteó un estudio de sistemas originarios de manejo de conflictos en el departamento de Cusco, teniendo en cuenta la diversidad entre ellos, con vista a analizar la coherencia, interacción y discrepancia de los mismos con los nuevos sistemas del MAC, y la relación de sistemas consuetudinarios con factores externos como por ejemplo la intervención del Estado e instituciones privadas. Dada la complejidad y amplitud del tema, el proyecto propone una investigación interdisciplinaria que reúna aspectos sociológicos, antropológicos, jurídicos y medioambientales, con el fin de obtener una visión de conjunto sobre esta problemática. La investigación se llevó a cabo mediante el análisis de gestión de conflictos y su resolución, a dos niveles: - Gestión local, ya sea comunal o con la participación de otros actores locales como el

juez de paz y la municipalidad). - Gestión con apoyo externo de terceros, de forma sistematizada o bien documentada y/o

memorizada. Para ello se evaluaron casos a los cuales asistió el programa Casa Campesina del Centro Bartolomé de las Casas. Dicho programa, a lo largo de sus 15 años de trayectoria ha asesorado un promedio de 100 conflictos por año. Este trabajo se puede definir como manejo alternativo de conflictos, pero es sólo a partir de 1997 que implementan la gestión de conflictos de manera sistematizada. Sólo se analizaron conflictos sobre agua, recursos mineros, tierras agrícolas, pastos y bosques, que involucran a comuneros, comunidades y terceros (empresas mineras, el Estado etc.). Las áreas de estudio fueron las siguientes:

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En la provincia de Quispicanchi, comunidad de Nueva Esperanza Ccapana. Fue la primera comunidad donde se aplicó el mecanismo alternativo de gestión participativa de conflictos (1997). Allí se diagnosticaron desacuerdos por agua de riego y agua potable, bosques y tierras (pastizales y agrícolas). Esta comunidad cuenta además con varias intervenciones de terceros relacionadas con la gestión de sus conflictos. Como medios originarios de resolución de sus problemas existen las rondas campesinas comunales y el comité distrital y provincial de rondas. Luego, al igual que en las provincias Paucartambo y Espinar, existen una variedad de medios originarios vinculados a la organización comunal propia de la zona. Anccasi, Chillihuani, Tayancani y Hachacalla son comunidades campesinas enfrentadas a una empresa minera por sus recursos minerales. Al lado del conflicto principal, se pueden observar varios conflictos entre comuneros y entre comunidades como efecto secundario de la presencia de dicha empresa. En la Provincia de Paucartambo. Señalamos el conflicto entre las comunidades de Umana y Huaynapata sobre linderos y el uso de tierras pastizales. Es el primer caso en el que se aplicó de manera sistematizada el mecanismo de conciliación. En la comunidad de Santa Barbara de Huallhua se aplicó en 1997, una gestión participativa de conflictos entre los comuneros, la comunidad madre y el anexo Huallapujyo a partir del desmembramiento territorial de esta zona por el uso y distribución de tierras agrícolas y pastizales. En la provincia de Espinar: conflictos surgidos entre la comunidad campesina Tintaya Marquiri (hasta 1989 anexo de la comunidad Antaycama) con la mina Tintaya. Los conflictos surgen por problemas de tierras (desmembramientos) y problemas ambientales como contaminación de aguas, pastos y aire. En este caso las negociaciones han tenido lugar directamente entre la mina y los dirigentes comunales, mientras que terceros (principalmente ONG’s) se han limitado a hacer asesorías sobre las estrategias que debería adoptar la comunidad hacia la empresa minera y a servir de mediadores entre comuneros y comunidades. Teoría Consideramos “conflictos”a las situaciones inevitables, socialmente omnipresentes y posibles iniciadoras de procesos de desarrollo. El efecto contraproducente del conflicto es la violencia que genera. Utilizamos la siguiente definición de conflicto1: “Situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles”. Es importante distinguir los problemas (descontentos, agravios, etc.), de los conflictos. “Existe un conflicto cuando un reclamo, basado en un agravio, es rechazado parcial o totalmente”2.

1 I. Ormachea (1999) 2 Sarat y Miller en Ormachea (1999)

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Dentro del análisis de la gestión de conflictos hay que distinguir el carácter plurilegal del asunto, no siendo el derecho formal la mejor y única opción ya que también se debe tomar en cuenta la resolución consuetudinaria y alternativa que busca respetar la idiosincrasia del lugar. El resultado puede ser incluso más económico, rápido y eficaz. Nuestro estudio muestra que la gestión de conflictos es un proceso con diferentes niveles y etapas en el que se interrelacionan estos tres elementos - consuetudinarios, alternativos y formales. Y más allá de analizar los mecanismos de resolución de conflictos, toma en cuenta el uso de herramientas, el estado legal de la comunidad, prácticas culturales, etc. Utilizamos las metáforas descritas por von Benda-Beckmann para entender la plurilegalidad del derecho. Él lo compara con un río donde convergen varios afluentes como subformas del derecho, que se vinculan finalmente hasta ya no distinguir las formas originales. También existe la posibilidad de que el río forme nuevas ramificaciones… Estas “corrientes” del derecho se encuentran a todo nivel (local, nacional, global), en las situaciones más formales o cotidianas. Dentro de los estudios de derecho, debieran enfatizarse aspectos culturales, religiosos y sociales partiendo de los principios de reciprocidad, poder, ética y seguridad social. Es importante por ello conocer a los actores, su interrelación, su nexo con los objetos, el origen mismo de estos y el contexto histórico del lugar donde se desarrolla la acción. Pero veamos cómo se entiende la gestión alternativa, consuetudinaria y formal de conflictos. Dentro de los MAC3, los mecanismos primarios4 que centran nuestra investigación son la negociación, la mediación, la conciliación y la gestión participativa de conflictos, entendidos conceptualmente en los siguientes términos: - Negociación, forma de interrelación o medio de resolución de conflictos entre partes con el fin de llegar a un acuerdo o solución. - Mediación, acuerdo consensual con la ayuda de un tercero. - Conciliación, similar a la mediación aunque el rol del tercero es más activo porque éste puede proponer soluciones. Sin embargo, las propuestas del tercero no obligan a las partes a aceptarlas - Gestión participativa de conflictos por la cual se busca capacitar a las comunidades rurales en el diagnóstico de su propia situación. Ello pasa por la definición de posiciones, diseño de estrategias y construcción de alianzas incentivando la autonomía en la toma de sus decisiones. No excluimos del análisis otros mecanismos alternativos como arbitraje, facilitación, investigación de hechos, mesas de concertación entre otros. Por otro lado, se estudian los métodos tradicionales de resolución de conflictos, específicos de cada sociedad y cultura. En el Perú estas prácticas subsisten en muchas comunidades nativas y campesinas o surgen por la problemática de la zona, es el ejemplo de las rondas campesinas. Cabe señalar que muchos de estas prácticas son recogidas por los medios alternativos de resolución de conflictos. 3 definiciones de I. Ormachea (1999, 2000) y P. Ortiz (1998). 4La interrelación de los medios primarios da lugar a medios secundarios como la mediación-arbitraje, el ombudsman o defensor del pueblo, el mini-juicio, etc. (Ormachea, 1999)

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Metodología Las fuentes primarias de la investigación han sido obtenidas mediante la sistematización de las experiencias acumuladas por la Casa Campesina desde hace 15 años, y de estudios, que incluyeron entrevistas y talleres participativos semi-estructurados, realizados en tres provincias de Cusco, donde han sido aplicadas diferentes formas de manejo de conflictos (alternativos y/o originarios). En la selección de los casos estudiados se consideran varios criterios: diversidad de los conflictos (sobre tierras agrícolas, pastos, bosques, agua y recursos mineros), escala de los mismos, influencia de diferentes sistemas de manejo y vinculación con diversas instituciones (Casa Campesina y otras). Las fuentes secundarias fueron literatura sobre el tema e información escrita proporcionada por instituciones y personas involucradas en el trabajo. El estudio tiene la modalidad de la “investigación-acción”. En otras palabras, se trata de “una investigación que combina el aprendizaje sobre situaciones complejas y dinámicas, con la acción para mejorarlas. De esta manera, los actores y beneficiarios de la investigación-acción están involucrados cercanamente como participantes en todo el proceso” (Sriskandaraj en Pretty, 1994) Para todos los conflictos estudiados, se cumplieron los siguientes pasos: descripción de los aspectos generales, enumeración de conflictos; marco histórico, diagrama de relaciones entre los actores, evaluación de los mismos, modalidades de la gestión de los conflictos e impactos social y ambiental de éstos, hasta arribar a las conclusiones PARTE I : LEGISLACION PERUANA SOBRE RECURSOS NATURALES En este capítulo se discute la legislación peruana con respecto a la gestión de recursos naturales y a la administración de justicia. Ponemos especial atención en el carácter multiétnico y la plurilegalidad de la sociedad peruana. 1.1.1 - La plurilegalidad en la administración de justicia. Hasta fines del siglo XX, en la legislación del Perú no se consideró seriamente el carácter plurilegal de la sociedad. Recién en el nuevo Código Penal (1991)i se ha previsto la atenuación o exención de penas por medio del error de comprensión culturalmente condicionado. Esto se puede interpretar de diversas formas, una de ellas señala que por la situación cultural de los individuos éstos pueden ser librados de sanción por la justicia estatal. En la Constitución de 1993, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural: “El Estado reconoce y protege la pluralidad étnicaii y cultural de la nación (artículo 19)”. El documento registra en su artículo 88 que las comunidades son autónomas en la libre disposición de sus tierras, pero dentro del marco de la ley. Otro aspecto novedoso de la

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Constitución de 1993 en el Perú, es el artículo 48 que señala: son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymará y las demás lenguas aborígenes.

Pero los avances más significativos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del Perú se consignan en el art. 149 de la Constitución, que permite a las comunidades ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. Una tímida aceptación de la autonomía se plantea en el artículo 89, al indicar que las comunidades son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso de la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo; pero, todo ello condicionado a que se realice dentro del marco de la Ley. Si bien se ha dado este avance en la legislación peruana, en la práctica sigue siendo dominante la teoría del monopolio estatal de la violencia legítima, por cuanto sólo el poder judicial puede administrar justicia, y no se reconoce legalidad a sistemas normativos producidos fuera de la previsión del derecho estatal. En este marco legal funcionan las prácticas jurídicas alternativas y consuetudinarias de regulación social: los sistemas de autoridad, las formas de resolución de conflictos y el establecimiento de relaciones. Las prácticas de administración de justicia comunal se basan sobre todo en valores y principios propios de la comunidad y son producto del sincretismo que se ha establecido con los años. Existen normas relacionadas con asuntos penales, como pequeños robos, daños y lesiones. Asimismo se trata aspectos relacionados con asuntos civiles: compraventa de muebles e inmuebles, cumplimientos de obligaciones, asuntos familiares. Y asuntos relacionados con los recursos naturales, para su preservación, como se establece en los Estatutos Internos: “Velar y proteger los recursos naturales como son la fauna, flora, los bienes muebles e inmuebles, los cultivos y pastos naturales, tanto de usufructo familiar como comunal”. La gestión de conflictos sociales y sobre recursos naturales forma parte de la administración comunal de justicia. En términos generales, los roles de los actores en los mecanismos comunales de justicia pueden ser descritos de la siguiente manera: La directiva comunal, que, dependiendo de su nivel de funcionamiento, tiene un rol importante en la gestión de conflictos. Está respaldada por la asamblea general, instancia que en muchos casos no ha sido suficientemente desarrollada. La buena o mala calidad de de la directiva comunal depende, entre otros, de la disposición de herramientas de gestión. Por ejemplo la existencia de un estatuto, de un padrón de parcelas, de un inventario de recursos naturales y una nómina de comuneros, son requisitos para el saneamiento legal y reconocimiento organizativo.

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Además, existen otros actores que pueden tener un papel relevante, tales como los comités de rondas (comunales y distritales), los clubes de madres, otros comités especializados dedicados al manejo forestal, del agua y otros recursos naturales. También debe mencionarse el papel de los tenientes gobernadores y los jueces de paz comunales, el sistema antiguo de varayoq, los cargos de teniente/capitán, segunda, qollana y arariwa*, las relaciones de compadrazgo (en caso de conflictos familiares) Otros que cumplen un rol importante son los ex-presidentes, que generalmente tienen el reconocimiento y la confianza de la población y pueden asumir una posición de neutralidad. Dependiendo de la comunidad además se puede señalar la influencia de la “religión andina”, de festividades, mitos y prácticas comunales (faena, minka, ayni etc.), que están incorporados en la gestión de conflictos. Están involucrados también los administradores de justicia a nivel distrital y provincial, los alcaldes, los gobernadores, los tenientes gobernadores y los jueces de paz que trabajan a nivel distrital. Ellos son los representantes del Estado relacionados directamente con las comunidades campesinas y responsables de la administración formal de justicia. 1.1.2 - Tenencia de tierras. A través de su historia, el Perú ha conocido varias corrientes de pensamiento y políticas de gobierno sobre la autonomía y los derechos de la población indígena, principalmente en lo que se refiere a derechos sobre la tierra. En las relaciones de propiedad, en el ámbito rural de la sierra peruana, con una gran mayoría de población indígena, se pueden distinguir diferentes etapas históricas. Durante el período colonial, con el proceso de reducción de los indios, las poblaciones originales o ayllus, fueron reducidos a pueblos pequeños a fin de facilitar la labor de evangelización. En este proceso la Corona otorgaba las tierras a las comunidades, disponiendo dos formas de explotación de la tierra: una de manera colectiva, cuyo producto servía para el pago de los tributos a la Corona; la otra, en que el resto de tierras eran explotadas en forma individual por los campesinos para su propia manutención. A inicios del siglo XIX, desde que se pronunciara la independencia de Perú, se pretendió eliminar a las comunidades pues éstas eran consideradas rezagos coloniales que impedían el desarrollo de la población indígena. Bolívar, inspirado en los principios liberales de la revolución francesa, pretendió dar solución al problema de la tierra estableciendo la parcelación de las Comunidades de Indígenas en favor de la propiedad individual. Este decreto no tuvo los resultados esperados, pues fueron unos pocos (caciques y recaudadores) los que sacaron provecho de la situación, en perjuicio de las Comunidades de Indígenas existentes, quienes empezaron a ser despojadas de sus tierras. La realidad al inicio de este siglo fue que la gran mayoría de la propiedad agraria perteneció a los hacendados (situación que continuó hasta la reforma agraria). Recién con la Constitución de 1920iii, en que el estado peruano reconoce la existencia de las comunidades indígenas. De esta forma se pasa de una política de ignorancia y desintegración de las comunidades de indígenas, a una de protección y tutela con la que se va a pretender incorporar a las comunidades en el ordenamiento jurídico nacional.

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Siguiendo el camino iniciado por la Constitución de 1920, la de 1933 va a reiterar la existencia legal de las Comunidades de Indígenas, pero irá más allá otorgándoles personería jurídica (Revilla y Price, 1992). En 1960 fue propuesta la primera ley de reforma agraria y en 1962 se dieron los primeros decretos supremos y se promulgaron las primeras leyes relativas a la reforma agraria. En 1969iv, el presidente Velasco inició la reforma agraria, período en el cual la mayoría de las haciendas se convirtieron en cooperativas agrarias y otras, en asociaciones de productores, grupos campesinos y comunidades campesinas. Con el decreto ley 17716 y el estatuto de comunidades campesinas, trataron de modificar la estructura comunal adecuándola al modelo cooperativo. Las políticas oficiales desconocieron las características sociales y culturales, autónomas, de las comunidades. La Constitución de 1979, la ley general de comunidades campesinasvvi 24656 y la ley de deslinde y titulación de territorio comunal 24657 (ambas decretadas en 1987, entre otras), regularon el saneamiento legal de las comunidades y sus funciones, derechos y obligaciones. La privatización de tierras es el último cambio, todavía no muy visible, que juega un papel importante en las proyecciones sobre el futuro de la población rural serrana. Con la desactivación gradual de la reforma agraria, que empezó a partir de 1982 durante el gobierno de presidente Belaúnde, y desde la promulgación de la Constitución de 1993 en la cual se definió que las comunidades están facultadas para disponer libremente de sus tierras (del Castillo, 1996) -incluyendo la nueva “ley de tierras” 26505 aprobada en 1995 - no existen límites a la extensión de la propiedad (sólo el impuesto adicional para propiedades que tienen más que 3000 Has.); tampoco hay protección especial de tierras agrarias contra el uso urbano y las comunidades pueden aplicar un modelo de “empresa”. Las expropiaciones del pasado no pueden ser anuladas y los propietarios privados que se beneficien de los proyectos de riego y drenaje implementados con fondos públicos, deben compartir proporcionalmente los costos. Aunque el proceso de titulación individual es más significativo en la costa, en diferentes comunidades de la sierra ya se ha iniciado este proceso. “La población campesina durante este siglo mostraba cada vez más su insatisfacción con la desigualdad en lo que a tenencia de tierras se refiere. Estos actos de protesta, junto con una creciente presión internacional, fueron las principales causas para que se diera la reforma agraria durante el gobierno militar del presidente Velasco. Asimismo, la protesta de los campesinos por la corrupción e ineficiencia de los administradores de las cooperativas y la queja de que “la reforma agraria no consideró en sus objetivos ‘los ayllus’”, influyó para la conversión de éstos en comunidades campesinas. En general, la poblaciónvii que ha vivido bajo coyunturas de hacienda y de cooperativa, y que ahora forma parte de una comunidad campesina, ve en la época precolonial (ayllu, costumbres etc.) su referencia para (re)construir el futuro, aunque la época actual (comunidad) es la más favorable que han vivido. Existen discrepancias sobre las épocas de

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la cooperativa y de la hacienda. Dependiendo de la calidad de gestión e influencia de los gerentes, representantes de algunas comunidades opinan que la hacienda ha sido su peor período, mientras otros han sufrido más durante la gestión de la cooperativa.”viii 1.1.3 - Legislación de aguas. La evolución seguida por la legislación de aguas en nuestro país es bastante similar a la de otros recursos naturales. Al producirse la caída del imperio incaico, no sólo los órdenes políticos y sociales se vieron afectados. La economía y la organización fueron fuertemente trastocados por los españoles, quienes privilegiaron la minería a la agricultura (y sus sistemas de riego), decayendo así una de las bases de este poderoso imperio. Al establecerse los españoles trajeron consigo, como es obvio, sus leyes, y las aplicaron a los pueblos sojuzgados. Pero recordamos también que España estaba saliendo de la feudalidad, por lo cual el virrey Toledo dispuso, por medio de las ordenanzas de 1577, lo relativo al uso de las aguas con fines agrícolas. Posteriormente, en la colonia se promulgaron varios decretos legislativos que reglamentaron el uso de agua. Estos reglamentos fueron de mucho valor, rigiendo incluso durante buena parte de la vida republicana. Frente a la necesidad de un cuerpo normativo que estuviera de acuerdo con los nuevos tiempos, en febrero de 1902 se promulga el código de aguas, que rige hasta julio de 1969. El espíritu de este código fue de carácter privado y reconocía el derecho a la apropiación privada de este recurso. Este código también llegó a distinguir los diversos usos del agua, tales como abastecimiento de las poblaciones, atrevimiento de ganado, pesca, navegación etcétera. Desde su aparición, el Dr. Pasapera lo llamaba burlonamente “bouquet, popurrí legal formado de flores, o de fragmentos de leyes extranjeras aplicables a un Perú imaginario”, censurando el hecho de no ser una ley para el Perú sino algo “traído por los cabellos”, de un país distinto al nuestro (Aranda Navea, Eduardo “El dominio de las aguas en la doctrina y en la legislación” tesis de bachiller). Limas PUCO, 1963, p. 161). En 1969 se otorga el decreto ley 17752 o ley general de aguas, que generaliza la consideración del agua como un recurso natural escaso, objeto de regulación y protección. De este modo, el D. L. 17752, empieza declarando de manera rotunda que todas las aguas son del Estado y que no existen derechos adquiridos. La ley general no sólo se destacó por otorgar la titularidad del recurso hídrico al Estado, sino que incorporó una escala de prioridades en el uso de las aguas, la atención a la calidad de las mismas y el manejo equilibrado del recurso entre otros aspectos. Mención especial debe hacerse al carácter de ley general de este decreto, al reunir en un solo cuerpo legal el tratamiento de las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas. La ley general de aguas y sus reglamentos excluyeron a las autoridades locales de su administración formal. Con la Constitución de 1979 se consagró el tratamiento dado por la ley general de aguas, mejorando la redacción de la constitución de 1933. Así, el artículo 118 de la Constitución reiniciante derogada decía: “los recursos naturales renovables y no renovables, son

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patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado.” La gestión global de la oferta quedaba bajo la responsabilidad del ministerio de agricultura. La experiencia muestra que la declaración de las aguas como recurso público no llegó a concretarse. El derecho de aprovechamiento del agua, independientemente de la forma como estuvo determinada por la ley, pudo establecerse como un derecho de propiedad de las organizaciones locales ya que el grado de control ejercido por el Estado era mínimo o nulo. Ya desde 1980 se empezó a hablar con insistencia de cambiar la ley general de aguas, y en enero de 1983 se nombró una comisión evaluadora. Finalmente, durante el gobierno de Belaúnde, sólo se introdujeron algunas modificaciones a través del decreto legislativo 106 de julio de 1981, modificando seis artículos y haciendo cambios mayores en la reglamentación. En 1991 se dió la más importante modificación de la ley general de aguas. El decreto legislativo 653, conocido como ley de promoción de las inversiones en el sector agrario, modificó la ley en lo referente a la organización y funciones de la administración, ocupándose también de la organización de los usuarios de aguas. Asimismo esta ley brindó facilidades a inversionistas que explotaban el recursos de agua. 1.1.4 - Legislación de minería. El Perú se inscribe entre los países de mayores recursos mineros del mundo. Al ritmo actual de la explotación y con los yacimientos conocidos, se estiman reservas de 100 años para el cobre, 80 para el hierro y 40 para el plomo, el zinc y la plata. El antiguo hombre peruano conoció la minería metálica y desarrolló notablemente la metalurgia. Prueba de ello son las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica y culturas más recientes como los Tiahuanaco y Wari; en esa época se utiliza el oro, la plata y el cobre. La época incaica se inicia entre los siglos XII y XIII de nuestra era y el hecho que más impactó a los españoles a su llegada fue el uso y abundancia de metales preciosos; a parte del oro y la plata, trabajaron el cobre, conocían el mercurio y el estaño, forjaron el bronce y ocasionalmente trabajaron el plomo y el zinc. Otros recursos mineros importantes fueron el guano y el salitre, en el siglo diecinueve, causa de la guerra entre Perú y Chile. Desde el inicio del siglo XX, al lado de los recursos mencionados creció la importancia de recursos minerales para combustible: petróleo y gas. En lo que se refiere a la explotación de todos estos recursos, el Perú ha tenido un crecimiento fuerte de la minería por empresas multinacionales. España, como país usurpador, trasladó al Perú su legislación y al mismo tiempo tuvo que ocuparse de dictar normas legales que pudieran aplicarse en sus colonias. Después de la independencia nacional, la legislación española metropolitana se siguió aplicando con ciertas modificaciones. Un cambio fuerte en la legislación minera ocurrió con el código de minería de 1950. En 1971 se promulga la ley Nº18880, que sirve de precedente a la ley

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general de minería promulgada el 12 de junio de 1981, hasta ahora vigente y materia de nuestro estudio. El 2 de junio 1992 se promulga una nueva ley general de minería D.S. Nº 014-92-E.M y mediante decreto legislativo 708 se promulgó la ley de inversiones en el sector minero, que modificó parcialmente la ley general de minería. La presente ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y subsuelo del territorio nacional así como del dominio marítimo. Se exceptúa del ámbito de aplicación de esta ley, el petróleo e hidrocarburo y análogos, igualmente los depósitos de guano, los recursos geotérmicos y las aguas minero medicinales. PARTE II : EXPERIENCIA DE LA CASA CAMPESINA EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. 2.1 - Contexto histórico La historia de la Casa Campesina en el rubro de gestión de conflictos, puede dividirse en cuatro etapas: 2.1.1 - Antecedentes de la Casa Campesina - Dentro del marco de las actividades del Centro Bartolomé de Las Casas, antes de su fundación, en 1985.- En 1974 por un grupo de dominicos cuya propuesta es una iglesia cercana a los más pobres, fundan el Centro Bartolomé de Las Casas como un lugar de estudio y de reflexión. Un antecedente en la gestión de conflictos es la oficina de asesoría jurídica Domingo Cabrera Lartaun, que funcionó de 1978 a 1980, a cargo del abogado Jorge Polo. El Centro Bartolomé de Las Casas crea un programa específico de proyección social orientado a beneficiar al campesinado de la zona. En 1984 se elabora el proyecto, en noviembre del mismo año se compra el local y el 4 de febrero de 19855 se inaugura oficialmente el programa Casa Campesina. En la etapa de su fundación, las organizaciones campesinas de la zona (FDCC y FARTAC), no cumplen sus funciones de manera regular. Se encuentran debilitadas por el proceso de violencia política de inicios de los años 806 y hay una desinformación generalizada a nivel del campesinado. De allí la necesidad de que la Casa Campesina, desde el primer día, diera acogida, alojamiento e información a los compañeros de la zona rural. Las asesorías se dieron inicialmente de manera informal y en diciembre de 1985 se dictó el primer curso de capacitación sobre aspectos legales y organizativos. En ese entonces, Juan Churats y su familia atendían la Casa Campesina. Juan sigue trabajando allí, es uno de los personajes centrales en la resolución de conflictos y este documento recoge su testimonio: 5Información de Evaluación del Programa casa Campesina. CBC. Héctor Béjar y Pierre de Zutter. 6 Inicio de la lucha armada por parte de un grupo político denominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Esos años tenía bases en zonas rurales del Cusco, las cuales fueron rápidamente diseminada por la policía contra subversiva acciones que debilitaron la organización gremial campesina.

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“Nací en Limbani, distrito de Sandia, Puno, en 1947, me fui a Lima el 60 y vine al Cusco en 1983. Fui dirigente nacional de la Federación Gráfica del Perú. En Lima, hacíamos asambleas, talleres, cursos, atendíamos diariamente a los compañeros que venían con sus problemas. Teníamos que solucionar los conflictos laborales. Como dirigente fui miembro del sector obrero y dada la alianza obrero-campesina trabajé e hice amistad con varios dirigentes campesinos. Estuvimos juntos en congresos históricos como el de Chacán (Cusco), Querocotillo (Piura). Toda mi experiencia sindical la conocía Guido Delran (director CBC de 1974 hasta 1993) y confió en mí para atender en la Casa Campesina.”7 2.1.2 - El periodo 1985-1990 - Casa Campesina organiza un equipo de trabajo, define sus líneas de acción y trata la gestión de conflictos en forma no sistematizada, a través de asesorías y visitas al campo. Entre los años 19858 y 1987 todavía no se salía a las comunidades y en la oficina se trataban temas como los siguientes: “Desde un inicio entramos en contacto con muchos campesinos de la región, en los primeros cursos y asesorías, se trataron temas de organización y de la situación política actual de ese momento, temas vinculados con la Reforma Agraria. El presidente de la República era Belaúnde, había dado decretos de retroceso de la Reforma Agraria, era época de lucha por la tierra. “Los primeros campesinos venían en busca de apoyo en la gestión de conflictos desde 1985/1986. Venían buscando apoyo por una serie de conflictos que tenían. El Estado no apoyaba a los comuneros”. En un cuaderno Juan registraba cuáles eran los problemas de los campesinos. En su mayoría eran problemas legales. Guido Delran propuso entonces ampliar el equipo, para dar a conocer estos problemas: “Se contrató a Claudio Oroz para animación, y se inició el programa por radio denominado Mosoq Allpa “tierra nueva”, en 1986. Se grababan los problemas que contaban los campesinos, se intercalaba con música propia de las distintas comunidades que acudían a Casa Campesina y ese era el material para el programa. A consecuencia del programa había más gente y los campesinos traían más problemas”. Dado que a través del programa radial llegaron más problemas a la Casa Campesina que necesitaban asesoría jurídica, se planteó tener un abogado a fines de 1986. Cuando empezó a atender un abogado en Casa Campesina, yo atendía primero a los campesinos y si tenía problemas de interpretación legal los derivaba al abogado. El primer viaje de campo se hizo en 1988, y no sin dificultades: “Guido dijo, Casa Campesina es para la ciudad no es para ir al campo. Se discutió bastante acerca de la posición de la Casa Campesina, al final de la reunión Guido dijo “discúlpame. Convénceme y puedes ir al campo”. Juan Churats por su parte planteó: “Hay que salir para verificar” y acudió a la asamblea de La Convención. Este sería un buen comienzo para los futuros trabajos de campo de Casa Campesina que permitió realizar viajes para solucionar conflictos entre comunidades. 7 Testimonio de Juan Churats que serán recavados a lo largo del capítulo II, siempre en cursivas. 8 Elecciones presidenciales ganado por Alan Garcia del APRA.

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Los primeros viajes se realizaron con el objetivo de verificar los conflictos entre comunidades, realizar cursos y brindar asesoría a sus problemas. Si la solución en el campo no era posible, se les decía que vinieran al Cusco para ser atendidos por un especialista. 2.1.3 - El periodo 1990-1997 – Se formularon y ejecutaron actividades relacionadas con la tenencia de tierras, desarrollando herramientas de gestión y dando cada vez más énfasis a la gestión de conflictos. En 1990 se empezaron a hacer los padrones de comuneros con Rosario Valdeavellano de la institución Arariwa, con quien se elaboró una propuesta de empadronamiento que luego se aplicó en las comunidades que trabajaban con la Casa Campesina. “Los modelos de padrón de comuneros son diferentes en cada sitio y no están impresos. Por eso las comunidades vienen a comprar estos libros en la Casa Campesina, hechos de acuerdo al estatuto oficial de comunidades, ley 17716 de Reforma Agraria”. Un padrón de comuneros tiene mucha importancia para la gestión de conflictos, pues permite constatar el número de integrantes y los datos de cada uno de ellos y los de sus parientes directos, asegurando la legalidad en la conducción de la comunidad. Asimismo en el padrón de comuneros se archiva información adicional, como por ejemplo las sanciones que dicta la asamblea general. Igualmente son muy requeridos los modelos de estatutos comunales basados en la ley general de comunidades campesinas, los cuales se adaptan a las necesidades específicas de cada organización, a través de talleres o asambleas especialmente convocadas para discutir el tema. El estatuto es el reglamento de la comunidad y por eso constituye un documento esencial para ejercer la justicia comunal. El estatuto se legaliza con la firma de un notario. A partir de 1992 se toma el saneamiento legal como una de las actividad principales de la Casa Campesina, debido al creciente interés de las comunidades por legalizarse y obtener herramientas de gestión. “El trabajo de saneamiento legal, surge a raíz de que a partir de los primeros años de la Casa Campesina venía gente que solicitaba información, datos que debían ser de manejo del Ministerio de Agricultura, sin embargo éste no lo tenía ordenado o accesible y no lo daban. Hasta 1992 sólo acopiamos información, lo que significaba revisar archivos y organizarlos, ver registros públicos. Terminado el acopio de información se observó que el problema era mayor, por la gran cantidad de comunidades sin documentación oficial. Por eso, en 1994 surgieron las primeras ideas para el proyecto “Experiencia y Metodologías de la propiedad agraria en comunidades campesinas del departamento del Cusco”. La actividad principal de este proyecto ejecutado entre mayo del año 1996 y diciembre de 1997 con financiamiento de COSUDE era el saneamiento legal. Tenía como objetivo diseñar métodos y estrategias para la consolidación de la propiedad comunal y asegurar la posesión de la parcela familiar. Se buscaba además que estas experiencias pudieran ser replicadas en ámbitos más amplios”9.

9 Informe final del proyecto

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Desde el punto de vista legal, una comunidad campesina está saneada cuando cuenta con los documentos que acreditan su existencia como organización y su derecho a la propiedad de su territorio (resolución de reconocimiento, personería jurídica, título de propiedad, inscripción de título de propiedad ante registros públicos). Es muy importante para las comunidades campesinas contar con la propiedad y la legalización de su organización pues ello implica su reconocimiento expreso como persona jurídica de derecho. Al mismo tiempo estos documentos otorgan todos los derechos de propiedad a la comunidad. Sin personería jurídica es difícil conseguir apoyo de instituciones públicas y privadas. El estatuto interno de la comunidad, elaborado en base a la realidad concreta de cada organización y que recoge las formas que los comuneros imaginan para su convivencia, se convierte en un recurso importante para la gestión de la comunidad. Contar con un Padrón de Comuneros actualizado, donde se establezca quiénes son los comuneros calificados y cuántos diferentes tipos de comuneros hay en la comunidad, es sumamente importante, ya que la ley de tierras 26505 abre la posibilidad de diversas modalidades organizativas. De ellas dependerá la forma de gestión de la tierra y los derechos de posesión y propiedad sobre ella. Además, un buen padrón garantiza por lo general que disminuyan los conflictos entre comunidades, y entre las comunidades y terceros, facilitando la rápida solución de ellos. El proyecto, al asesorar a los campesinos en la elaboración del padrón general de comuneros y del estatuto general, amplió el concepto de saneamiento legal de comunidades, superando el concepto legalista del mismo. La otra actividad a la que se abocó el proyecto fue al saneamiento físico de las parcelas familiares de las comunidades campesinas. En general el saneamiento físico supone la verificación de linderos interiores y la colocación de hitos para demarcar el territorio de cada comunidad. El informe final del proyecto expresa que el saneamiento físico de las parcelas familiares de comunidades tiene como objetivo dotar a la comunidad de instrumentos y habilidades para asegurar la propiedad/usufructo de la tierra, comunal y familiar; prevenir conflictos por tierras y en caso de ser necesario, dotarse de las herramientas para solucionarlos. En otros términos, se trata de proporcionar a la comunidad instrumentos útiles para la gestión del recurso tierra. El saneamiento físico de las parcelas familiares es importante porque recoge una de las expectativas más sentidas de los comuneros, que es la de formalizar el usufructo que hacen de ellas. Constituye también un eficaz mecanismo de solución y prevención de conflictos por tierras el interior de la comunidad. Es asimismo instrumento “moderno” que apoya la gestión del territorio comunal.

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En el caso de comunidades que optan por la titulación o la formalización del usufructo y propiedad de las parcelas familiares, se trata de un camino para enfrentar de manera ordenada, y con menores niveles de tensión, dichos procesos. Por su parte, el padrón de parcelas constituye un instrumento que garantiza que todos los comuneros cumplan con sus obligaciones (faenas, cuotas), especialmente aquellos que utilizan más recursos de la comunidad porque tienen mayor cantidad de tierras. El saneamiento físico de comunidades es un proceso que tiene una duración de tres a cuatro meses. En el marco del proyecto esta asesoría legal se efectivizó en cuatro comunidades. En dos de ellas: Nueva Esperanza de Ccapana y Santa Bárbara de Huallhua10 aplicamos la Gestión Participativa de Resolución de Conflictos (GPRC) como etapa principal del saneamiento físico. Esta herramienta permitió contar con un diagnóstico, realizado de manera participativa, de los conflictos pendientes de la comunidad: la ubicación, la historia, las causas, las partes involucradas, intereses, posiciones y actitudes, y desde esta perspectiva planear la gestión. 2.1.4 El periodo 1997 hasta la fecha El último año del proyecto “Experiencias y metodologías de reconocimiento de la propiedad agraria de comunidades campesinas del departamento del Cusco”, fue 1997. La experiencia obtenida nos llevó a poner de relieve la gestión de conflictos como línea de trabajo específica de la Casa Campesina, al tiempo que las asesorías en la oficina fueron tomando este mismo cariz. CUADRO No 1 Cantidad de conflictos atendidos por Casa Campesina entre 1997 y 1999. Año 1997 1998 1999 No. % No. % No. % Total de asesorías 702 100 1008 100 1198 100 Asesorías sobre conflictos 148 21 235 23 331 28 - conflictos sobre tierras agrícolas 113 16 196 19 245 20,5 - conflictos sobre forestales 7 1,0 13 1,2 27 2,3 - conflictos sobre agua 17 2,4 16 1,6 31 2,6 - conflictos sobre pastos 11 1,5 10 1,0 28 2,3 Además, en 1997, la Casa Campesina firmó un convenio con el Programa Bosques, Comunidades y Arboles (FTTP) de la FAO y en marzo de ese año, en el marco de esta cooperación, todo el personal asistió a un curso-taller de gestión participativa de resolución de conflictos. Paralelamente, dos trabajadores viajaron un par semanas a Quito a un curso regional. Desde entonces, existe una participación intensiva en talleres y cursos, algunos organizados por la misma Casa Campesina. Debemos mencionar especialmente la organización de un taller sobre conflictos socio-ambientales en el cual participaron países

10 La aplicación de la GPRC en estas comunidades es la principal razón que seleccionamos estas comunidades como áreas de estudio del proyecto, teniendo un base de datos bastante detallado.

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como Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, y donde se constituyó el Grupo Peruano de Conflictos Socioambientales a finales del 98. Durante ese año, se promulgó la ley de conciliación en el Perú, aplicada hasta ahora de manera parcial. En un primer momento, se planeó tener un centro de conciliación dentro de la Casa Campesina, con actividades de capacitación y asesorías para convertir a representantes comunales en “conciliadores en equidad”. Aunque la ley parecía prometedora, la aplicación en el ámbito rural cusqueño del mecanismo alternativo de conciliación en forma legalizada se mostraba ser más complicada. En esta coyuntura se logró la capacitación como conciliadores de la mayoría del equipo de la Casa Campesina lo cual significa un fortalecimiento de la capacidad y el conocimiento institucional en la gestión de conflictos. Por lo demás la idea inicial de formar “conciliadores en equidad” no se perdió, y más bien se adaptó, diseñándose un proyecto para la capacitación de comuneros en la gestión de conflictos. En 1997 se incorporó en el trabajo de la Casa Campesina el concepto de gestión de conflictos sobre recursos naturales11. Antes se utilizaba el término conflictos sobre tierras, incluyendo tierras agrícolas, forestales y pastizales. La decisión y necesidad de tratar el tema de gestión de conflictos en una manera más sistemática nos obligó a definir de una manera más específica el trabajo de gestión de conflictos. Se decidió utilizar el término gestión de conflictos sobre recursos naturales en vez de gestión de conflictos ambientales o socio-ambientales porque esta denominación evita algunos equívocos, genera menos confusión y se aplica mejor al trabajo de la Casa Campesina. Desde 1998 los principales proyectos de la Casa Campesina son “Proceso de Formación a Campesinos del departamento de Cusco” financiado por Broederlijk Delen y “Asesoría y Servicios Múltiples a Campesinos de la Región Cusco”. En ambos proyectos la gestión de conflictos constituye una actividad importante.. En el primer proyecto a través del diagnóstico de conflictos y la capacitación, en el segundo proyecto mediante la asesoría y la organización de eventos de socialización e intercambio de experiencias. Además, entre septiembre del 2000 y septiembre del 2001, se ejecuta una investigación-acción que permite la sistematización de la experiencia acumulada por la Casa Campesina, y hacer un análisis profundo de algunos casos de gestión de conflictos en el Cusco. 2.2 - Tipos de conflicto sobre recursos naturales atendidos por la Casa Campesina. 2.2.1 - Los conflictos por el recurso tierra A partir de la experiencia de la Casa Campesina y luego de realizar en forma más sistematizada varios diagnósticos, se constata que las comunidades campesinas en el departamento del Cusco cuentan con varios tipos de conflictos internos y externos vinculados a la tierra: invasión de parcelas, acaparamiento, desacuerdo sobre la ubicación de un lindero, contradicciones del derecho de tierras, uso del subsuelo, etc.

11 Definimos conflictos sobre recursos naturales como conflictos que surgen de prácticas de uso y explotación de recursos naturales que tiene su origen y/o son la causa de una desconcertación social.

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Aunque los conflictos son fenómenos presentes en toda sociedad, la grave inconsistencia de la legislación peruana provoca una mayor incidencia de litigios. Otro problema es la poca confiabilidad de los registros, debido a datos incompletos e inexactos sobre las propiedades y ubicación de linderos de las comunidades. Además la creciente sobrepoblación del campo, la minifundización y el empeoramiento de la situación económica agudizan las situaciones de enfrentamiento. La reforma agraria en los años sesenta y setenta y la formación de comunidades campesinas en los años ochenta y noventa han tenido enorme impacto sobre la tenencia de tierras en el Cusco. Durante el gobierno de Belaúnde a inicios de los años ochenta, y con mayor fuerza en los diez años de Fujimori se afirmó un proceso de “contrareforma” y surgen leyes promoviendo la privatización de tierras. Estos dispositivos no causaron mayores cambios en la tenencia de las tierras de Cusco, pero sí incertidumbre y confusión entre los comuneros, obligando a las comunidades a dar mayor importancia al saneamiento de sus tierras La dación del decreto legislativo 653 de 1991 de “promoción de la inversión privada en el agro”, de la nueva Constitución de 1993 que limita en su artículo 89 los derechos de las comunidades campesinas, y la promulgación en 1995 de la nueva Ley de Tierras 26505 que promueve la privatización de la tierra, han sido fuente inagotable de conflictos. “Para los campesinos fue claro que la reducción de los artículos en la constitución, significaba la reducción de sus derechos”. El énfasis que las comunidades campesinas pusieron a partir de 1992 en su saneamiento legal se inscribe en este contexto de cambios. Sin embargo es un proceso que tiene muchos obstáculos, y un sinnúmero de conflictos latentes.. El saneamiento legal debe ser tramitado ante los Registros Públicos y el Ministerio de Agricultura, específicamente a través la oficina del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). El PETT fue creado en 1992, porque supuestamente el Estado estaba interesado en la formalización de la propiedad agraria a nivel nacional, para tener un marco jurídico adecuado a fin de promover la inversión en el campo. “Quién va invertir si no se sabe quién es el dueño de la tierra”. En estos trámites ante instancias públicas se enfrentan una serie de obstáculos y dificultades: - La burocracia en las oficinas públicas pues además de no existir ninguna coordinación entre el ministerio de agricultura y el PETT, hay una rivalidad entre oficinas y cada profesional maneja a su manera el problema. Algunos son más competentes y eficientes y otros demoran el trámite para luego pedir dinero. - Otro problema es el hecho de no tomar en cuenta el aspecto cultural de cada comunidad pues estas apelan a derechos consuetudinarios o tienen papeles mínimos que fungen de documentos para hacer valer sus derechos. “Cuando es una entidad del Estado, los

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compañeros no se sienten capaces de interpelar, reclamar o cuestionar a los funcionarios que hacen su trabajo.” - La poca claridad en los títulos de propiedad. Una de las principales causas es la documentación incompleta en el ministerio de agricultura. “Todo el proceso de reforma agraria, desde el gobierno de Morales Bermudez (1975-1980), se quedó estancado. Por ejemplo, algunos predios se quedaron sin resolución de afectación: no son del Estado, no son del hacendado ni del Campesino, ¿qué se hace? Esos problemas se arrastran hasta ahora”. Ya desde 1989, a través de varios convenios con el ministerio, la Casa Campesina trabaja en la reorganización, actualización y comparación de la documentación sobre el estado legal de las comunidades campesinas del departamento del Cusco. - Las inscripciones en registros públicos. “Antes era inscrito a mano en registros públicos, en libros numerados, empastados, no se debía perder. Por simplificación administrativa ahora hacen fichas, son sueltas y muchas se pierden. La persona que inscribe a veces lo hace mal y pone una comunidad en otro distrito o provincia, el que paga el pato es el campesino. Por ejemplo, en una comunidad faltan 20 Has. Es posible que el chico se haya equivocado y hay que volver a medir la tierra de la comunidad para saber si es un error de inscripción o si la extensión es sólo esa.” - También existen muchos casos de comunidades que funcionan desde hace años sin inscripción oficial y son enfrentadas por ex propietarios con antiguos títulos. Algunos predios cuentan con dos o más registros de propiedad determinados por diferentes resoluciones de reconocimiento: • El ministerio de agricultura otorgó reconocimiento pero no hizo la colocación de hitos,

estableciendo planos imaginarios. • Existen resoluciones supremas dictadas por varias instancias gubernamentales a lo largo

de la historia. • Durante la reforma agraria, el ministerio de agricultura emitía resoluciones a favor de

las entonces comunidades indígenas a través de una sección especial denominada SINAMOS.

• A partir de 1980, el gobierno de Belaúnde descentraliza los trámites. El ministerio de agricultura ya no sólo emite resoluciones directorales desde Lima, sino que cada departamento puede reconocer oficialmente a las comunidades campesinas determinándose así varios tipos de resolución.

- La politización en la entrega de títulos a las comunidades. “Se politizó de acuerdo a la coyuntura y a la conveniencia de la autoridad de turno. Se procedía a entregar títulos por la llegada del Presidente o de un ministro, etc., y se entregaba titulación sin tener primero el dominio, sin la inscripción y sin regularizar la inscripción a nombre del hacendado en la oficina de la reforma agraria que representaba al Estado y que recién podía adjudicar. Son documentos que se quedaban en la notaría. Hay muchos predios no inscritos por falta de documentación legal y esta es una traba originada por el propio Estado”. - Planos y memorias descriptivas12 errados o inexactos. Dentro del PETT existen planos a escala de 1:100,000, de 1:50,000 y de 1: 25,000. En estos planos, los linderos de las comunidades son marcados con plumones y su interpretación en el campo se presta a confusión, el margen de error es demasiado grande. Asimismo la memoria descriptiva de

12 Es la descripción de donde a donde pasa el límite, con todos los nombres, la ubicación geográfica y como se hizo el plano.

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los linderos de las comunidades describe hitos de manera incorrecta, les da nombres que no corresponden con la realidad o distancias demasiado largas, de varios kilómetros en algunos casos, etc. - Desorden en las oficinas municipales. De acuerdo a la ley de propietarios, los individuos o comunidades deben dejar asentada su propiedad en la municipalidad de su jurisdicción. Pero ninguna municipalidad cuenta con dicha documentación, ni siquiera con declaraciones juradas. “Empezando por la Municipalidad del Cusco, que cobraba impuesto predial a comunidades cuando ellas no debían pagar por estar exoneradas. Además pasa que cuando no están inscritas, si se alquila un terreno, el inquilino puede tramitar título de propiedad demostrando posesión por más de diez años. En conclusión a río revuelto, ganancia de pescadores: como no hay un orden, pasa de todo. Quienes sacas más ventajas son terceros, como los abogados o los encargados de los registros que les piden una y otra cosa para solucionar el problema. Por ello es necesario una asesoría adecuada.” - Procesos judiciales archivados sin que se haya dictado sentencia. Esto ocurre sobre todo en provincias altas como Espinar, Chumbivilcas, Canas y La Convención. Los casos más frecuentes que encontramos en la Casa Campesina son conflictos entre comunidades y comuneros. Destacamos los siguientes problemas: - La invasión de parcelas entre comunidades dada la poca claridad en la delimitación de los linderos. Como ya hemos dicho, estos se producen principalmente por la inexactitud y errores en los planos o en las memorias descriptivas. La metodología de gestión en este tipo de conflictos es hacer una investigación del caso, verificando los documentos existentes, y plantear una negociación entre los directivos o una conciliación con el apoyo de un tercero. Se deja constancia de los resultados en un acta de colindancia para luego proceder a la colocación de hitos. - El acceso a la tierra tiene distintas reglamentaciones de acuerdo a las costumbres de cada comunidad. Al interior de ella, los conflictos entre comuneros se dan entre familias, entre familiares, entre generaciones y por género. Los conflictos entre familias o entre comuneros empadronados son generalmente causados por la invasión de parcelas o acaparamiento de tierras, debidos siempre a la inexactitud en la delimitación de linderos. Describiremos posteriormente, de manera más detallada, la resolución de este tipo de conflictos en los casos de las comunidades de Nueva Esperanza de Ccapana y Santa Barbara de Huallhua. Los conflictos generacionales no se limitan a padres e hijos mas, tomando en cuenta las costumbres locales, llega a reagrupar a la gente adulta frente a los jóvenes. De acuerdo a la ley de reforma agraria dada en 1969, acceden a la tierra los mayores de edad. En ese entonces se obtenía la mayoría de edad a los 21 años. Durante el gobierno de Alan García, se estableció que era a los 18. Sin embargo, cada comunidad aplica sus propios criterios para definir la mayoría de edad, incluso se pueden observar casos de comuneros de 25 ó 30 años de edad que no tienen sus propias parcelas o se les otorgan terrenos muy pequeños. Igualmente la comunidad determina a qué hijos varones se les otorgan tierras, dependiendo del lugar de residencia de éstos, dentro o fuera de la comunidad, o estableciendo si las hijas pueden acceder a un pedazo de tierra también.

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Los conflictos por género tienen un carácter diferente en cada provincia. “Todas las comunidades son diferentes entre si. Para resolver un conflicto es necesario saber su manera de pensar”. En paralelo a los conflictos entre comuneros y comunidades existen varios tipos de conflictos con terceros: - El regreso de los ex hacendados fue otra causa de conflictos. “Con las leyes “de la contra reforma agraria” (D.L. 653. la Nueva Ley de Tierras 26595 y otros), se supo que los hacendados iban a regresar. Todos los compañeros estaban preocupados, los hacendados querían recuperar sus tierras... esto causó problemas entre comunidades, entre comuneros, y las consultas realizadas enfatizaron la necesidad de que las comunidades obtuvieran sus títulos”. - Conflictos con la Iglesia. “Dicen que la iglesia católica tiene convenio con el Estado Aceptan margesí, pero sólo en teoría pues no hay autoridad que le diga a la iglesia que declare sus bienes. Pese a la vigencia de un proceso legal de titulación de tierras de comunidades, cuando el cura quiere recuperar un terreno a nombre de la iglesia, apela a la conciencia de la gente y recupera su tierra o la alquila.” Hay muchos casos de estos, sobre todo en la zona de Paruro. - Problemas originados por el ministerio de transportes. “El problema se origina porque por ley, el ministerio de transportes dispone de 9 metros a la derecha y 9 metros a la izquierda de la carretera, siendo este terreno para el mantenimiento de las mismas carreteras. Pero el ministerio otorga concesión a grifos, restaurantes, alojamientos y otros. Este caso se ve por ejemplo en Marcapata-Limacpampa: se han instalado comerciantes, ninguno es comunero y por lo tanto, no participan en las faenas comunales, pero sí sacan leña y crían ganado. El ministerio de transportes provoca este tipo de conflictos en la comunidad, puesto que los recursos de la comunidad deben ser intangibles”. - Problemas originados por el ministerio de educación. “La mayoría de problemas datan de 1994, con un mandato interno del ministerio que se da desde Lima y no se publica en El Peruano (*periódico oficial). Este memorandum dice que los profesores de zonas rurales se hagan donar los locales en los que funcionan las escuelas por las respectivas comunidades. Generalmente, el local de la escuela es un terreno comunal, por orden estatal (mandato interno del ministerio) se establece que donen ese terreno al ministerio de Educación”. En el plano de la comunidad la escuela cuenta con el mejor local por tratarse de la comodidad y el bienestar de los niños, y dentro dispone de cancha deportiva, patio, chacra, aulas, baños. Son obras que se trabajan en faena comunal: generalmente los patios escolares sirven también para realizar asambleas o como base para diversos grupos organizados tales como los clubes de madres, los comités de desarrollo y de forestación; igualmente, las canchas deportivas están a disposición de toda la comunidad y hasta las ferias se desarrollan allí. Hablamos entonces de una buena cantidad y calidad de la propiedad comunal. Pero la asamblea se tuvo que reunir y dejar asentado en el acta la donación de dicho terreno al Estado, contradiciendo así la ley de imprescriptibilidad. “Eso afecta a la comunidad porque diminuye su propiedad y hay que volver a regularizar, volver a inscribir.” El ministerio proyectaba privatizar la educación y dar la administración

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de las escuelas en concesión como lo demuestra el caso de Fe y Alegría en Quispicanchis, institución jesuita que administra varias escuelas. - Problemas ocasionados por el ministerio de salud, ocurren en los casos donde se dona un terreno al ministerio de salud para construir una posta en la comunidad. Como no hay terreno, se tiene que donar y algún comunero que sea humilde y cede su terreno al ministerio, sin atreverse a reclamar. “Este, por ejemplo, es el caso de Huanca Huanca en Paruro”, - Problemas con las municipalidades: Muchas municipalidades en provincias y distritos tienen terrenos que usufructuan sin título. Estos conflictos ocurren cuando ciertos alcaldes utilizan los terrenos sin sanear a favor del Municipio para alguna obra o para su provecho personal. - Problemas con propietarios privados. Cuando una hacienda se veía afectada por la reforma agraria, por ley, el hacendado podía quedarse con un pedazo de tierra: una unidad ganadera familiar de hasta 10 Has. y una unidad agraria de un máximo de 4 Has. Debía regularizar la propiedad de estas parcelas y reinscribirlas, pero en general no lo hacía y vendía su parte. La comunidad se ve enfrentada entonces a la propiedad privada cuando las bases de su constitución sólo permiten la posesión de terrenos. “Además: estos ex propietarios se enfrentan a sus vecinos que ahora son comuneros y lo que sucede es que si la olla de barro y la olla de hierro se chocan se destruye la de barro, es decir pierde el comunero. Por eso hay que fortalecer la organización comunal, la información en la legislación a favor de la comunidad, porque en general las leyes no son favorables a los pobres y menos en su interpretación”. 2.2.2 - Los conflictos por el recurso agua Las leyes vigentes con respecto al manejo del agua deben actualizarse: “Fujimori entró y dijo que privatizaba las aguas, pero por las protestas del pueblo se quedó ahí, sobre todo por el reclamos de las comunidades campesinas. Más allá de los problemas generados por una legislación con muchos vacíos sobre el tema, surgen varios otros a partir de la construcción de obras de riego o de agua potable que no toman en cuenta los aspectos organizativos y sociales de las diversas comunidades. No se pueden llevar a cabo estas obras sin un diagnóstico previo que evalúe los problemas existentes en la distribución del agua y las consecuencias que se pueden generar a partir de los cambios que se pretenden implementar. Es indispensable además capacitar a los pobladores sobre el manejo adecuado de este recurso. Otro punto importante es que las instituciones que participan dentro del desarrollo de la comunidad, promuevan instrumentalmente la constitución de comités especializados que sean responsables del manejo de los recursos naturales, principalmente del agua. “Existen comunidades en que hay 50 comuneros y se tienen 11 comités, y otros casos peores. Por ejemplo: se dan 3 comités para agua: comité de agua potable, comité de riego de un canal, comité de riego de otro canal y los tres comités compiten”. No olvidemos tampoco que la legislación y las instituciones involucradas tiene un punto de vista que difiere de aquel de los pobladores de una comunidad. “Se tiene que ver de una forma mas global y seria, en la legislación actual se trata sobre aguas y sobre cuencas,

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ambas deben de fusionarse para que no haya tantas leyes y haya un manejo global. El campesino entiende más por agua y tierra que por cuenca, pero sí el concepto de microcuenca es útil para que haya más coordinación entre la comunidades habrá que difundirlo. Tierra y agua son un binomio, es sustancial para la vida en el campo. Los dos son muy importantes. Por 10 consultas de problemas de tierras, se dan 3 por agua de riego” Dentro del trabajo de la Casa Campesina se observan los siguientes tipos de conflictos: - Entre comunidades y concesionarios privados. El estado es dueño de aguas: ríos, lagunas y aguas subterráneas. El es él único que da concesión al que lo solicita. La comunidad es sólo propietaria de tierras mas no de aguas. Esta contradicción en las leyes ha causado varios problemas entre comunidades y personas jurídicas o entidades privadas, como veremos posteriormente en el conflicto surgido entre la comunidad de Anccasi y el administrador de la mina Manco Ccapac en Carhuayo. - Entre comunidades. El conflicto más común se da entre una comunidad de la parte alta y otra de la parte baja. La primera trata de acaparar el agua y, obviamente, a la segunda no le queda nada. Ahí es necesario una organización de segundo nivel, con enfoque de manejo de microcuenca. “Lo que vemos es que la comunidad debe de unirse con las comunidades con las que comparte agua y hacer un manejo concertado de sus aguas de riego. De lo contrario tendrá más problemas.” - Conflictos por escasez, disminución o mal manejo de agua Estos se dan por una mala organización interna en lo que a distribución del agua se refiere o por una intervención inapropiada que hace que los sistemas implementados no funcionen o tengan desperfectos. Las consecuencias, que algunos usuarios no reciban agua o que la comunidad no tenga acceso a estos recursos básicos. Sería necesario dar una capacitación técnica que permita mantener las fuentes de agua con apoyo de las instituciones involucradas en el desarrollo de la comunidad, tomando en cuenta sus costumbres y experiencias. “Un problema de los canales de riego es que en los canales no se considera ni se evalúa el mantener la tradición y cultura de canal de piedra revestido de arcilla. Hay comunidades que tienen hasta 7 kilómetros de canales de este material y funcionan. En cambio los canales de cemento requieren fuerte inversión- mantenimiento. Cuando se malogran, el campesino ya no usa cemento y se quedan así. También sería mejor usar tubos de pvc, porque elimina filtraciones. Se entierra y se reemplaza mejor, más rápido, es más sostenible y llega agua limpia.” Es importante que las comunidades se organicen en un sólo comité de agua, para consumo y para riego, evitando contradicciones en el manejo de este recurso. Si la comunidad construye los canales y reservorios, la infraestructura pertenece a la comunidad, pero siendo el agua del Estado se aplica entonces el sistema de co-gestión entre las partes. También se deben conformar comités intercomunales para lograr un manejo a nivel distrital. Por parte del Estado, se están constituyendo órganos llamados distritos de aguas. La resolución de este tipo de conflictos se basa en el nivel organizativo de las comunidades, la intervención de los gobiernos locales e instituciones que participan en el desarrollo de las comunidades y la concertación entre todos los involucrados.

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2.2.3 - Conflictos sobre pastos - Daños en los cultivos, causados por animales. Muchas comunidades tenían tierras de pastos naturales de uso comunal, las zonas estaban bastante bien definidas y aunque han habido conflictos, no han sido muchos. Los conflictos se acentúan cuando las zonas de pastoreo y las zonas de cultivo crecen paralelamente. Los usos y los tiempos de rotación de las tierras se confunden. “En los últimos 15 años en las comunidades campesinas crece la población, hay más gente y los recursos naturales disminuyen, son más pobres, eso causa conflictos.” En las comunidades donde la rotación de terrenos de cultivo se hacía cada seis años, se hace ahora cada tres o cuatro. Y en comunidades donde se hacía descansar la tierra por tres años, ha disminuido o desaparecido completamente la rotación convirtiéndola en zona de agricultura intensiva. Igualmente, se han incrementado las zonas de pastoreo acaparando casi todos los terrenos sin cultivar. En pequeñas comunidades, como Virgen del Rosario y Huallhua, las áreas de pastoreo se han convertido en zonas de agricultura también, de tal modo que no son para uso exclusivo de una u otra actividad. Esto no mejora la calidad de las tierras, los animales invaden las chacras. Se intenta hacerlos pastar en los bordes o cuando se alzan los cultivos pero es difícil el cuidado. Otro punto preocupante es el aumento de ganado sin incremento de pastos mejorados. Frente a algunas de estas situaciones, varias comunidades han normado las multas por daños, fijándolas en el estatuto comunal. No todas tiene interés en hacer esto pues cada uno tiene problemas con su propio ganado.“En el caso de Qenqonay, un comunero tiene más de 5,000 ovinos, él debe aportar entonces el 10% del total de su ganado a la comunidad y con ello hacer un fondo para la comunidad. Eso era aceptado por toda la comunidad. De este fondo, los comuneros que quisiesen aumentar su rebaño o formar otro, sacan ganado en préstamo y al reproducirse éstos, deben devolver la misma cantidad. Los comuneros mismos tratan de equilibrar y conciliar los intereses de la comunidad sin que afecte ni a los que tienen más ni a los que tienen menos. A mayores beneficios mayores obligaciones”. “La comunidades deben estar preparadas para la escasez de pastos, se deben formar comités ganaderos. Los que quieren dedicarse a la ganadería pero no tienen suficientes pastos naturales, deben impulsar el cultivo de pastos. La asociación de pequeños agricultores andinos Tikarisun, que involucra a dos comunidades, es un proyecto privado que consta de 20 socios que van a desplazar los pastos naturales por los pastos cultivados.” - Conflictos sobre pastos por parcelación de tierras. Este tipo de conflictos se producen principalmente en el departamento de Puno, donde se lleva a cabo un amplio proceso de parcelación de pastizales. En el caso de Cusco vemos por ejemplo el caso de Accocunca y Anccasi, donde se han parcelado los pastos naturales bajo un criterio errado de distribución equitativa de la tierra sin importar la cantidad de ganado que cada comunero tiene. Es así como los animales terminan invadiendo terreno ajeno y creando problemas. “Mi posición es de que los pastos sean colectivos y que establezca pago de herbaje de acuerdo a la cantidad de ganado que se tiene”.

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- Conflicto por quema de pastos naturales. Las quemas se realizan a partir de la creencia de que así, los pastos se renuevan. “No es bueno porque queman la semilla y las raíces, y se pierden variedades de la flora y fauna nativa. Es un problema grave sobre el que falta concientizar mucho”. Sólo algunas comunidades han inscrito una reglamentación en sus estatutos, previniendo y sancionando la quema de pastos. Las quemas, aunque se realizan de manera descuidada, parten del principio de renovación de los pastos. Si éstos se cortaran, tallos nuevos y frescos saldrían rápidamente. Pero se requeriría entonces de mucha mano de obra para extensas zonas de cultivo. Algunos dejan que las heladas o el sol hagan su trabajo y esperan que las primeras lluvias de setiembre hagan rebrotar nuevos pastos. Confiando en esa temporada es que se intensifican las quemas en agosto.“En Qollotaro se produjo un incendio de pastos en el cual murieron dos personas, se denunció y hubo proceso en Paucartambo , pero no hubo sanciones.” “En selva y ceja de selva los incendios son más peligrosos. En selva, para hacer una quema se saca una “licencia de roce y quema”, existen capacitaciones para realizar la quema, te dicen la hora en que debe realizarse. A las doce, por ejemplo, en que no hay viento, cantonear 12 a 15 mts, no debe de haber nada en ese trecho para que el fuego no pase al monte. Igual te dicen dónde prender el fuego, de la parte de arriba hacia abajo avanza lento medido, pero si es de abajo hacia arriba es incontrolable. Por ejemplo, la comunidad Unión Arasa en Marcapata tiene reglamentado lo de las quemas dentro de su Estatuto.” - Conflictos entre comunidades por invasión de tierras pastoreo. Son problemas que tienen solución, bastaría cuidar los linderos entre las comunidades. Pero cuando estos daños se producen, primero se ubica al (a los) comunero (s) colindante (s), pues suelen ser ellos los causantes del daño. Segundo, se averigua si el comunero tiene pastor o quién se encarga de cuidar el ganado. Se averigua luego cuál de las dos comunidades tiene más pastos y menos comuneros. Finalmente se habla con el comunero causante del problema, con todas las autoridades presentes pues por uno paga toda la comunidad, y se llega a un acuerdo: el propietario del ganado puede pastar y pagar a la comunidad, ya sea en dinero o en ganado, por el uso de sus pastos. Si es que la otra comunidad tiene más pastos y no los usan, se llega a un acuerdo entre las comunidades. “Estos acuerdos existen entre las comunidades de Anccasi y Hachacalla y entre Carhuayo y Hachacalla, los de Anccasi y Carhuayo que pastean en Hchacalla pagan en dinero, 5 soles por animal por mes. Otro caso es el de la comunidad Qollotaro de la provincia Paucartambo y la comunidad Wara Wara de la provincia Quispicanchis. Los de Qollotaro tienen poco ganado y el ganado de los de Wara Wara se pasaba a sus pastos. Llegaron a un acuerdo y pagan por el herbaje. También entre Chifia y Partupay. Los de Partupay pastean en territorio de Chiffia, el acuerdo entre ellos es que no pagan herbaje pero les prestan toros para el arado en la época de siembra.” 2.2.4 - Conflictos sobre recursos forestales

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“No todas las comunidades tienen bosques, sólo algunas cuentan con este recurso. Hay depredación de los bosques y la ley de comunidades no contempla esto. No se les da buen uso, no hay reposición, no se trabaja con la gente acerca del valor de los bosques y de otra parte, la escasez de leña hace que los campesinos recurran a ellos.” Los conflictos sobre recursos forestales en la sierra del Cusco son de dos tipos: En primer lugar, los problemas referidos a los bosques nativos del departamento. Estos son cada vez más escasos. Se trata de ecosistemas únicos en el mundo, con una biodiversidad enorme, y su desaparición crea un problema en el equilibrio ambiental, grave y poco reconocido. En segundo lugar, existen plantaciones de especies introducidas, principalmente de eucalipto y pino. El valor ecológico de estas plantaciones es cuestionado por constatar efectos negativos en la fertilidad de los suelos, la extracción del agua y el carácter ajeno de estos árboles a la zona. Pero por otro lado, estas plantaciones son importantes por proveer de leña y madera de construcción, y por servir de “substitutos” protegiendo los bosques nativos. - Conflictos sobre bosques nativos En las comunidades Rocoto y Huanca Huanca, en la provincia de Paruro, se encuentra el bosque de Lorituyoc, uno de los pocos bosques andinos del departamento. Hubo allí un problema grave por quema, hicieron un roce y abrieron una pampa para convertirla en chacra. La asamblea comunal y los comuneros no estaban de acuerdo pues, al quemar los árboles, quitaron la sombra a las vacas que iban a pastar allá. También los comuneros de Qenqomay bajan a extraer su leña ahí a pesar de las advertencias que se les han hecho. Otro problema que afectó su ecosistema fue la construcción de la carretera. El bosque de Lorituyoc ha sido investigado por especialistas que han encontrado más de 300 variedades de árboles y arbustos, entre otras especies oriundas que han sido ya catalogadas. Y las dos comunidades vecinas se han puesto de acuerdo para preservar este bosque y detener su depredación, instaurando para ello un comité intercomunal. En la comunidad de Hachacalla existe otro bosque nativo. Para llegar, había que subir por un monte de árboles de qewña que han ido cortando para hacer leña. Actualmente aún se pueden ver algunos ejemplares pero el problema de la depredación tiene el agravante de que, al opuesto del eucalipto por ejemplo, las especies nativas no retoñan ni crecen rápidamente. Tenemos otro caso en Marcapata, el de Puyca, donde existe una zona de bosques naturales en ceja de selva. La gente planteó que ese sector fuera zona intangible porque proporcionaba leña, carrizo, madera para sus casas, y porque los protegía de las heladas. El conflicto comenzó cuando el sitio fue invadido por gente foránea que, aprovechando las dimensiones del lugar, empezó a depredar recogiendo leña para la venta sin que los comuneros se percataran de ello. Cuando se dieron cuenta, hasta la policía nacional tuvo que intervenir y con el apoyo de la municipalidad de Marcapata, acordaron que se respetara la zona intangible. Luego solicitaron la asesoría de Casa Campesina y se trató el problema en una asamblea: fue la familia del gobernador quien sacó leña para venta y otros hicieron roce para poder cultivar. El acuerdo final fue respetar el bosque, evitar la quema (a menos

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que haga falta, en cuyo caso se prevee cantonear 15 metros alrededor) e impedir que entren los animales aunque se saque carrizo de allí para su forraje, pero es que de otro modo dañarían las plantas. Otras comunidades que preservan sus bosques en esa misma zona son Soqopata, Puyca y Arasa, con protección reglamentada bajo Estatuto. Mayor depredación causan las empresas. Es el caso Té Huyro, en Huayopata, Amaybamba. Esta empresa utiliza 12 m3 de leña por día para la transformación del té. Es un caso grave de deforestación de bosques naturales. Un cambio de maquinarias, de kerosene a electricidad por ejemplo, elevaría los costos de la producción y por eso prefieren no hacerlo. Una posibilidad para conservar mejor estos árboles es enfatizar su importancia ambiental y paisajista y fomentar un interés turístico, evitando así que las comunidades sigan depredando bosques enteros a fin de obtener más leña o ampliar sus fronteras agrícolas. - Conflictos sobre plantaciones forestales En el caso de plantaciones con especies importadas, hubo dos grandes proyectos en el Cusco, el de FAO Holanda y el de CENFOR. Ninguno tuvo en cuenta la propiedad de la tierra, sólo aplicaron un criterio técnico buscando laderas para reforestar, sin siquiera preguntarse de quién era la propiedad o a qué comunidad pertenecía. Los árboles significan dinero y las comunidades propietarias de la tierra se benefician con estas plantaciones. Cuando FAO Holanda y CENFOR decidieron retirarse, no dejaron establecido a quién pertenecían los árboles ni quién se beneficiaría con la primera ni con la segunda cosecha. De ahí nacieron varios conflictos pues incluso algunos ex trabajadores de estos proyectos, ingenieros y técnicos, fueron a esas comunidades y reclamaron árboles como parte de sus derechos. Los hicieron cortar y los trasladaron en camiones, sorprendiendo a los comuneros de Sallaq, Kay Kay y Sierra Bella, en la provincia de Quispicanchis, zona cercana al Cusco. Estos organismos se habían preocupado por capacitar a la gente, enseñándoles cómo sembrar y cuidar el crecimiento de las plantas importadas, pero no les enseñaron a administrar el bosque. Varias comunidades se quejaron con los ingenieros responsables de la tala de árboles pues éstos servían para conservar los suelos y no como madera. Hay zonas donde la reforestación está bien hecha como en Yaurisque, donde han situado los bosques en laderas o en zonas de erosionadas. Pero en Quispicanchis por ejemplo, la FAO sembró árboles en una zona de conflicto entre dos comunidades de tal modo que ninguna de las dos se sintiera propietaria del bosque. Pero finalmente, los árboles se encuentran en una zona plana, apta para la agricultura. Los documentos se perdieron, el ministerio no encuentra esos archivos, y ahora no se sabe los fines y especificaciones de la forestación en esas comunidades. Otra institución que ha hecho reforestación es el CCAIJO en Andamayo, con 30,000 plantones. Se quedaron como dueños de una parte y dejaron el resto como aporte a la comunidad. En este caso, como Andamayo era un anexo de la comunidad Awsangate, el convenio para la reforestación se firmó con la comunidad. Pero una vez que el anexo se independizó, reclamaron sus árboles. Dado que la firma del convenio se hizo con la

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comunidad madre, se inició un conflicto donde Awsangate alega además que no hay una buena manutención de los pinos. El Proyecto Sierra Verde firmó convenios con varias comunidades durante el gobierno de Fujimori, en el año 1999, entregando 10 millones de plantones. Pero pocos de estos sobrevivieron, las comunidades han fracasado y ahora están endeudadas. 2.2.5 - Conflictos sobre recursos mineros Aunque en el Cusco existen muchas denuncias mineras, la única explotación a gran escala es, hasta la fecha, la de la mina BHP Tintaya, cuyo caso fue descrito posteriormente en este informe. Casa Campesina se ha involucrado en este caso desde su fundación, pero sólo de manera indirecta. Los casos en que Casa Campesina se ha involucrado de manera directa son los que atañen a comunidades que poseen pequeñas minas de material como piedras o marmolina. Ha tratado también sistemáticamente el conflicto con la mina de oro Manco Capac, que si bien se encuentra todavía en fase de exploración, no ha dejado de causar diversos problemas con las comunidades, caso que describiremos posteriormente. Casa Campesina considera que la explotación minera representa el segundo flujo en importancia económica del departamento, y crea conflictos que impactan decisivamente en la población campesina. Esta presencia minera debe incrementarse fuertemente en el futuro con la explotación del mega proyecto de gas de Camisea. Y es en ese sentido que Casa Campesina proyecta su línea fundamental de trabajo: conocer y analizar los conflictos a fin de buscar las mejores soluciones. - Problemas por cierre de minas. En los años 1985 y 1986 se tuvo contacto con los trabajadores de la mina Atalaya, de Espinar. 200 mineros con sus esposas e hijos llegaron al Cusco en una marcha de sacrificio exigiendo el pago de sus beneficios sociales.. Eran campesinos provenientes de varias comunidades cercanas a la mina que habían dejado sus trabajos de agricultura y pastoreo para pasar a depender del sueldo minero, pero las minas se agotan y los inversionistas se van. Los trabajadores que habían, de alguna manera, cortado sus relaciones con la tierra se quedaron en el aire. Casa Campesina les facilitó un abogado para que los ayudara en la negociación. Se les entrevistó varias veces en nuestro programa Mosoq Allpa a fin de divulgar su problemática. Estuvieron tres meses en el Colegio de Ciencias subsistiendo de la olla común, pero pasados 4 ó 5 meses, al no ver resultados, cuando la solidaridad ya no alcanzaba a llenar su olla común, comenzaron a desanimarse y a tomar diversos rumbos. - Conflictos de empresas de minerales metálicos con comunidades campesinas. a) El conflicto de la Mina de cobre de Tintaya con la comunidad campesina de Antaycama y el ex anexo/comunidad Tintaya Marquiri, descrito posteriormente.

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b) Minas de Oro c) La mina Parobamba perteneciente a la provincia de Challabamba. Es una mina cuya explotación por una compañía alemana recién se inicia. Los comuneros vinieron a Cusco este año a pedir apoyo y asesoramiento con relación a este yacimiento aurífero que se encuentra en su territorio. Anteriormente había contacto con su Presidente. Ahora han quedado en hacernos llegar la documentación pertinente. - La empresa Pacific Rim contrató a Casa Campesina para que sirviera de nexo o enlace en sus relaciones con la comunidad asentada en el departamento de Ayacucho. La consultoría de Casa Campesina debió buscar en primer lugar el saneamiento legal del territorio para lo cual la comunidad tenía que presentar sus documentos en regla. Luego, la comunidad tuvo que organizarse y nombrar su representante para tratar con la mina. En tercer lugar, se precisó negociar los derechos de la comunidad y finalmente apoyar a la oficina de relaciones comunitarias, de acuerdo a Ley. Aunque la empresa minera no ha entrado aún en explotación, ya las comunidades han recibido algunos beneficios con su presencia como la construcción de carreteras, colegios, un canal de riego, reservorios, además de una suma significativa por el alquiler de sus tierras durante la presencia de la mina. A través de la consultoría se resolvió un conflicto sobre linderos entre dos comunidades centenarias. En la negociación intervinieron el subprefecto, la Municipalidad Provincial, la oficina PETT de Ayacucho, autoridades del distrito e incluso migrantes de las comunidades radicados en Lima que aparecieron con sus abogados reclamando dinero de la mina. - Casa Campesina ha tratado también el problema de la gente que regresó de Madre de Dios exigiendo sus derechos. La mayoría de estos comuneros habían sido despedidos porque estaban contagiados de Uta y por parte de la empresa había incumplimiento y maltrato de los asegurados. - Conflictos de empresas de minerales no metálicos con comunidades campesinas. Otro tipo de conflicto es el de las concesiones mineras no metálicas a cuya explotación se han dedicado pequeñas empresas e inclusive algunos campesinos, como son la extracción de yeso, y las canteras de piedra y marmolina. Estas minas se hallan en tierras de la comunidad, pero los recursos mineros son del Estado por lo cual éste los da en concesión a un ente privado. El origen del conflicto está en que dicha concesión se hace sin la participación de la comunidad y sin que queden claros los beneficios que ésta podría obtener. a) El caso de Oqopata.- Un ciudadano denunció un yacimiento de yeso y el Estado se lo

dio en concesión. El ciudadano dice que eso es suyo pero no muestra la documentación pertinente. La oficina del Ministerio de Energía y Minas no da información sino al interesado. El conflicto se da porque los comuneros tienen que comprar el yeso para sus viviendas y eso crea descontento, aunque los campesinos reconocen que sólo se explota el 50% de la mina y el concesionario no gana mucho.

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b) La marmolina de la comunidad de Pata Sachaq y llaqta Sachaq en Quispicanchis.- Es una marmolina para piso terrazo. Se vende a buen precio y el concesionario sí gana. El conflicto se da porque el concesionario dice que él le compró al Estado y por tanto la comunidad no percibe nada por la explotación de esta cantera que erosiona sus terrenos. La comunidad no está organizada para tratar este conflicto,. las negociaciones se hacen en forma individual y termina siendo una oferta de prestación de servicios al concesionario.

c) Canteras de piedras de construcción de Machaq Marka en San Pablo (cerca de las ruinas de Raqchi y ubicada encima de la carretera).- Son piedras livianas y resistentes que antes eran recogidas libremente por quien las necesitara. Luego el Estado dio la concesión a la señora que hizo el denuncio. Ella mandó hacer una trocha carrozable que malogra los terrenos de cultivo. Los campesinos acudieron a Casa Campesina para hacer la consulta en cuanto a sus derechos. Se les explicó que ellos eran dueños de la superficie y ella de las rocas por lo cual se inició una ardua negociación que logró que la señora se comprometiera a pagar el 10% por la camionada de piedras que se controlaría por boletas.

d) En Huancarani y Kisicancha hay también un conflicto con el concesionario de la cantera de piedras. Se le ha enviado oficios citándolo e instándolo a trabajar en armonía con la comunidad, pero él no tiene esa disposición.

2.3 - Metodología de la Casa Campesina en la resolución de conflictos. Hay que atacar el conflicto valiéndose de toda la experiencia que se tiene. Es por ello que en su resolución, al situar el conflicto en su propio contexto, condición fundamental, se recuperan los conceptos andinos. Para resolver un conflicto, lo primero es no ser parte de él: mantener la objetividad, escuchar a todas las partes, mantener la calma entre ellas permitiéndoles exponer sus diferentes puntos de vista, no dar la razón a ninguno en forma apresurada, evidenciar la raíz del conflicto y buscar la participación de todos para encontrar la posible solución. La meta es simplificar las cosas. En el caso de conflicto de tierras entre dos comunidades, lo primero es tener claridad sobre los hechos y lo segundo, escuchar a las partes. Si es un problema de linderos, se hace acopio de información, averiguando como surgió el problema - es importante saber si fue antes o después de la titulación. Si el problema surgió antes de la titulación se complica; si fue después, por lo menos se parte de una base y hay que hacer respetar la delimitación. En este caso se llega a un acuerdo de reparto equitativo. El apoyo de Casa Campesina debe ser respetuoso y respetado. El compromiso al que se llega gracias a su mediación se escribe en el acta, pudiendo inscribirse en el estatuto también. Como el ejemplo de recorrer los linderos de sus tierras acompañados de mujeres e hijos, una vieja costumbre, para que las comunidades aledañas los vean y hagan respetar su demarcación. Cuando sólo una comunidad denuncia un conflicto, suele enviar un oficio al presidente de la otra comunidad para informar el problema y ver qué opina al respecto. El método principal es “la escucha”.

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Este procedimiento facilita mucho las cosas pues de otra manera habría que convocar a presidentes y autoridades en el Cusco y no resulta rentable. Es por ello también que Casa Campesina programa visitas al lugar. En asamblea bajo acta, el comunero o autoridad respectiva hace la denuncia del caso frente a las autoridades y demás interesados. Luego la persona involucrada hace el descargo. Si el caso es complicado, ambos tienen una segunda oportunidad para intervenir y aclarar las dudas que puedan tener los otros. Luego intervienen las personas que conocen el conflicto y dan su punto de vista. Varios opinan. Luego, el intermediario o “facilitador” hace un pequeño resumen. Si hay más argumentos, la gente interviene hasta llegar a un consenso. En casos extremos, la asamblea decide por votación. Los conflictos de tierras entre comuneros se arreglan mediante sus autoridades, en asamblea, confrontando a las partes interesadas hasta llegar a un acuerdo. O se les da su cuarto intermedio para que lleguen a un arreglo que los satisfaga. Si están conformes, se dan un abrazo y se resuelve el conflicto de manera interna. De cada diez casos resueltos, en promedio, siete respetan el acuerdo. No faltan quienes reclamen al poco tiempo, inconformes, y sigan peleando. El conciliador, de Casa Campesina en este caso, no tiene compadres, ni familiares y los campesinos dicen, “compañero donde está tu casa”. Quieren saber para luego traer “cariño”. El conciliador responde “te agradezco tu cariño pero a mí no me traigas nada, a mi me pagan de mi institución”. Eso, antes de resolver el conflicto. Durante la asamblea hay que tomar distintas actitudes, mantener neutralidad desde el inicio. No quiere decir que se llegue a mayores, la autoridad máxima es la asamblea. Se llega con todo respeto y se hace sentir su autoridad como conciliador. Hay cosas personales que observar: nunca emborracharse con ellos, no recibir sus ofrecimientos, no intimar con la parte involucrada a la vista de los otros. La comunidad es muy sensible a eso. Nadie debe decir que uno se ha corrompido, coludido, etc. No hay que prestarse plata de los campesinos ni hacerse compadre, se debe mantener la ética desde todo punto de vista. En la mesa de conciliación, se debe dar a cada una de las partes el tiempo que requiera para explicar bien el caso, es la mejor oportunidad que tienen para aclarar el problema. Se anotan los puntos clave en la pizarra para explicar luego a la asamblea, aplicando el sentido común. Son ellos los que deciden y la resolución se inscribe en el acta, con la firma de todos. Pero los conflictos de tierras no son los únicos casos que se resuelven dentro de las comunidades. En Roccoto por ejemplo, una señora invita a un conciliador a almorzar y le pide que castigue a su esposo por ser un alcohólico, para que prometa no volver a tomar. En ese caso, se toma un látigo, se hace arrodillar al hombre, se reza para que deje el alcohol y se le hace besar el látigo, con el que se le da tres veces: en el nombre de Dios padre, de Dios hijo y de Dios espíritu santo.

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Se utilizan textos bíblicos para la reflexión, para reconocer los errores individuales o comunes, tomando a veces como referencia a otras personas o comunidades y cómo éstas lograron superar sus problemas. Se trata de poner en valor el lado positivo de la experiencia, aunque a veces el lado negativo permite que la gente evite cometer el mismo error. Como el caso de un padre repartiendo la tierra entre sus hijos por ejemplo. Las metáforas sirven también para hacer entender a la gente. Y en asambleas se recurre a dichos populares como “varias cabezas piensan mejor”, lo que pone en valor el acuerdo que se va a tomar. Todo el mundo lo entiende pues resolver un conflicto es un acto social, donde se toma en cuenta la experiencia del pueblo. Nos recuerda también que, como seres humanos, somos capaces de superar nuestros errores. Es condición humana la confianza, la credibilidad, la transparencia. El conciliador, conciente de ello, debe incentivar la comunicación entre las partes manteniendo su objetividad, es decir, no permitiendo que lo involucren en la resolución del conflicto. El trabajo con aspectos espirituales, tomando la doctrina social de la iglesia, sirve para acercarse a los campesinos y resolver cualquier tipo de conflicto. Se les muestra, en asamblea, la forma de trabajo y se va más allá del rol de un simple conciliador. En ese caso, uno se guía más de su propia experiencia y de su intuición en la resolución de conflictos. Una norma para hacer un buen trabajo, es no engañarse a sí mismo ni engañar a los campesinos. Para poder ayudarlos, lo mejor es aplicar el método de “la escucha” y entender sus usos y costumbres - atendiendo a ambas partes sin desvalorizar la posición de ninguna, punto clave y centro de la solución - y conocer la idiosincrasia de cada comunidad en cada zona. En la gestión de conflictos se manifiesta el derecho consuetudinario aunque no se inscriba en actas, por ser de usos y costumbres. Es decir, toda la discusión que conlleva a la resolución del conflicto o el por qué de la decisión tomada. Los campesinos dicen que la costumbre que se pone por escrito, deja de ser de ellos y otros la pueden utilizar. Es algo que se guarda en el alma. Cuando algunos artículos de la Constitución son útiles para los campesinos, pasan a formar parte de sus usos y costumbres. Se apoderan de la ley y la transfieren del papel a su corazón para desde allí, aplicarlas. 2.4 - Tendencias y perspectivas de los conflictos sobre recursos naturales 2.4.1 - Tendencia en el manejo de tierras: Las comunidades campesinas sufren cambios acelerados, en parte por el proceso de globalización y por el mismo desarrollo. Un ejemplo de ello es la globalización de la información, emitida para las comunidades a través de un radio receptor. Los programas cambian la mentalidad de la gente, dan nuevas orientaciones para la producción, nuevas formas de comercialización que pueden reemplazar al trueque (intercambio de productos).

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En general notamos tres tendencias en las comunidades campesinas: - Comunidades tradicionales, - Comunidades en vía de modernización - Comunidades que ya no quieren seguir siéndolo y aspiran a independizarse, sus

integrantes pasando a ser propietarios individuales. El segundo grupo es el más grande, con 75% del total según una encuesta realizada por la Casa Campesina en 1997, con tendencia al aumento en desmedro de los otros dos grupos Para ser una comunidad moderna, se precisaron los siguientes rasgos13: “tener un padrón de parcelas, lo cual significa que los comuneros tienen un título de posesión mas no de propiedad (vea Santa Barbara de Huallhua y Nueva Esperanza); elaborar y ejecutar diagnósticos y planes de desarrollo integral sostenido; tener una visión y misión; fortalecer identidad y solidaridad; fortalecer relaciones externas con diversas instituciones públicas y privadas; mejorar la capacidad organizativa/democracia directa; y tener un mejor manejo de nuestros propios recursos naturales”. Hay ejemplos de comunidades que se han modernizado, como San Pedro y San Pablo. Su modelo de comunidad sirve para protegerse mutuamente pero internamente, son propietarios individuales. Los problemas que tienen no llegan al poder judicial, se arreglan dentro de la comunidad. Hay comunidades que, para beneficiarse con la exoneración de impuestos, mantienen su situación. Y es que el paso y mejoramiento de carreteras por ejemplo sube el precio de sus tierras y, en consecuencia, la tarifa del impuesto. Hay aspectos positivos destacar como el hecho de que estas comunidades acatan las medidas y sanciones que puedan ameritar. Pero han perdido su identidad y han dejando de lado sus creencias, algunos más que otros, reduciendo todo a un negocio. Para ser comunidad campesina se debe tener un mínimo de 50 comuneros calificados. Es por ello que se constituyen las asociaciones de productores. No queda muy claro cómo deben funcionar, actualmente lo hacen como comunidad, pero son reconocidos como asociación, no pagando impuesto predial (pago exigido por todos los municipios). Si bien la mayoría de comunidades tiene saneada su documentación de reconocimiento y titulación, los conflictos van a continuar por falta de saneamiento físico o inexactitudes y errores en las memorias descriptivas. Hay una creciente demanda por delimitar fronteras entre comunidades, así como por establecer linderos entre comunidades y terceros (poblados, distritos, propietarios individuales privados), lo que significará trabajo para topógrafos e ingenieros entre otros. Asimismo surgirán nuevos conflictos por el recurso tierra, cada vez más limitado. Es evidente que su rendición disminuye mientras la población crece. Se debe prever este

13 Taller Regional “Comunidades Campesinas y Saneamiento Legal en el contexto de la Nueva Ley de Tierras”, Casa Campesina/CBC, 1997

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aspecto preparando a los jóvenes campesinos en el manejo de conflictos. Las organizaciones deben ser sólidas y las autoridades deben estar preparadas. En las comunidades crece el conflicto generacional, que opone mayores contra menores, pues siempre han sido los primeros quienes tomaban las decisiones. Pero en muchas comunidades, los jóvenes ya se han organizado y tratan de hacer valer sus puntos de vista e intereses a través de comités que ellos mismos han constituido. La comunidad media entre ambas partes. Las mujeres participan más en la vida pública comunal y distrital, pero su integración es mayor en las comunidades en vías de modernización que en las tradicionales. 2.4.2 - Conflictos sobre agua Tienen tendencia a crecer ya sea por los cambios que se están evidenciando en el clima, ya sea por la ampliación de los cultivos o por la poca infraestructura de riego. Paralelamente a esto, es necesario establecer una ley más clara con respecto a su uso, tomando en cuenta el deterioro y escasez de este recurso. Actualmente, los usuarios resuelven sus conflictos por agua de acuerdo a sus conocimientos. Y dentro de las comunidades cercanas a la ciudad, los comités de regantes afrontan una serie de problemas, porque al distribuir el agua para el consumo humano, queda muy poca para la agricultura. 2.4.3 - Recursos mineros. En Cusco, dada la cantidad de solicitudes de concesiones mineras, podemos advertir que la minería va a seguir desarrollándose. Actualmente, la tecnología permite superar los problemas de poca oxigenación y humedad que se afrontaban antes, cuando se cavaban profundos túneles que se terminaban abandonando, y las concesionarias pueden aplicar ahora el método de tajo abierto. Basta reinvertir o renegociar y vender a otra empresa. Las zonas de Ccapacmarca y Ccolquemarca tienen muchos recursos mineros pues, como su nombre quechua lo indica, están ubicadas sobre la riqueza y la plata respectivamente. Otros yacimientos mineros están en exploración. Otro recurso es el gas de Camisea, en la selva, en La Convención. 2.4.4 - Otras tendencias en la gestión de conflictos Se tienen casos de conflictos que antes llegaban al poder judicial y ahora se resuelven al interior de la comunidad, con acuerdos sostenibles. Podemos constatar que las soluciones dadas por la asamblea se respetan más que aquellas dadas por un juez (se usa menos el arbitraje). Así se ha recuperado el principio de autoridad, venido a menos, y el respeto a las decisiones tomadas por toda la comunidad como máxima autoridad. Los cambios que vemos actualmente en la mayoría de comunidades tienen su punto de partida en la reforma agraria de 1969. Implicaron cambios en el aspecto organizativo, jurídico, político y económico de las comunidades campesinas.

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Al inicio, después de décadas de opresión, los campesinos se dieron cuenta de qué significaba no tener patrón, pero no estaban preparados para asumir esa responsabilidad. Por su parte, el Estado no previó la dimensión de este hecho y no tuvo cómo garantizar un desarrollo rural. Tampoco se tuvo en cuenta el grado de individualismo dentro de las comunidades campesinas, considerándolas básicamente colectivistas y olvidando que el campesino es individualista en muchos aspectos. En la encuesta de 1986, en Mosoq Allpa, la mayoría de las comunidades, cuando tenían un conflicto, recurría a la policía nacional, a la gobernatura o al juez, y una minoría, a la liga agraria, a la federación o la Casa Campesina. La misma encuesta, hecha en 1991, muestra que las comunidades se dirigen ahora a la asamblea general de su propia comunidad, a un individuo, a la federación o a la Casa Campesina, desapareciendo la gobernatura y la policía. Esas instancias perdieron credibilidad o el campesino empieza a delimitar sus funciones, comenzando a creer en sí mismo y resolviendo sus propios conflictos. En todo caso, la autoridad que le inspira confianza es la asamblea comunal y las autoridades de su comunidad. Sería necesario hacer una nueva encuesta para ver los cambios en las actitudes y mentalidad de los campesinos hoy. El caso de las rondas que ejercen justicia en la zona rural es una llamada de atención al Estado para decirle “no creo en ti y no me sirves". Las rondas tienen autonomía. Dentro de esta coyuntura independiente, las autoridades toman dos tipos de actitudes: aquella que busca acercarse y aquella que se opone a la comunidad sus decisiones no tienen ningún valor legal. Pero desde el momento que los campesinos ya no acuden al juez, se desvirtua su función y pierde sus ingresos. En algunos sitios, esto degenera en calumnias y chantajes a las organizaciones de rondas que, no obstante, siguen fortaleciéndose. PARTE III : ESTUDIO DE CASOS 3.1 - Conflictos sobre recursos mineros en Espinar y en Quispicanchis: 3.1.1 - La comunidad Tintaya Marquiri y La Mina BHP Tintaya En el caso de la mina Tintaya y su relación con la comunidad Tintaya Marquiri tenemos un conflicto cuyo proceso dura 20 años. La ubicación del conflicto está en la provincia de Espinar. Básicamente el conflicto es por la tierra y tiene dos fases: de 1981 a 1994 cuando la empresa fue estatal y desde 1994 hasta ahora, periodo en el cual la empresa ha sido privatizada. Actualmente la totalidad de comuneros de Tintaya Marquiri vive en el centro poblado, un 40 % de ellos usa los terrenos, que antes les pertenecían, para realizar sus actividades agrícolas y sobre todo para el pastoreo. Historia del conflicto

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En 1981 el gobierno peruano decide expropiar la tierra del entonces anexo Tintaya Marquiri a favor de la entonces empresa minera estatal. Ese año empieza el conflicto por cuanto los comuneros, que hasta esa fecha veían en la mina una oportunidad de trabajo bien remunerado, son afectados en el principal recurso para su sobrevivencia: la tierra. Los comuneros apelan y logran que el Estado les reconozca un pago adicional por las mejoras, tales como cercos, construcciones de casas, acequias; de no haber realizado la apelación no les hubieran reconocido este rubro. Sin embargo, no es un proceso simple pues no existen sólo dos posiciones: la mina y la comunidad. El conflicto se complica porque al interior de la comunidad hay varias opciones: unos están a favor de la mina, otros se oponen totalmente y quieren seguir con su vida de antes y su apego a la tierra, hay quien propone salidas intermedias: mantener sus tierras y poder tener trabajo en la mina. Estas posiciones se manifiestan también de acuerdo a los grupos de edad: los mayores optan por la agricultura y el pastoreo, los más jóvenes desean trabajar en la mina, pero no tienen trabajo. En este conflicto intervienen también otros actores como son el propio Estado, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el juzgado de tierras de Sicuani, los juzgados de Espinar y la misma Casa Campesina en su rol temporal de asesoramiento y capacitación a comuneros de Antaycama y de Tintaya Marquiri sobre la legislación de tierras. La empresa estatal minera obtiene la expropiación de tierras a su favor y empieza la explotación de la mina, la construcción de tramos carreteros, de campamentos. Para sus trabajos contrata gente de la comunidad y de la zona, aunque mayormente trae trabajadores de fuera. Igualmente los funcionarios de la empresa realizan una serie de ofrecimientos a la comunidad inclusive firmando actas. Acuerdos que después incumplen al ser cambiados los funcionarios. Los comuneros hacen varias protestas referidas el incumplimiento de los acuerdos, la acción más resaltante en este sentido es una marcha que tuvo lugar el 21 de Mayo14 1990 en la cual participaron de 20.000 a 25.000 personas, pobladores de Yauri y de las comunidades afectadas. En esta protesta se obliga al ingeniero, entonces responsable de la mina, a salir y caminar descalzo con el pueblo. Acción confrontativa no (muy) violenta que logró el cumplimiento de algunas promesas. Asimismo se constituyó un comité de lucha, con diferentes representantes de la zona. Hasta la fecha esta comité esta tomando un rol de liderazgo en la gestión del conflicto con la mina. Otra etapa en la relación de la mina con la comunidad se da cuando la empresa es privatizada. En 1996 surge un nuevo conflicto por el proceso de venta de tierras de la comunidad hacia la empresa minera. La comunidad no tiene una posición única y hay muchas discusiones al respecto. Sin embargo, la junta directiva realiza una asamblea en la cual aprueban la venta de tierras a la empresa privada BHP Tintaya. Los comuneros que no

14 Se celebra este día cada año como día de dignidad

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estuvieron de acuerdo con la venta reclaman al respecto y dicen que la Junta Directiva comunal de esa época adulteró el acta de la asamblea, la cual no tenía el quórum necesario para aprobar el acuerdo de venta. La venta se realizó, la empresa minera posee documentos de haber pagado a todos los comuneros que fueron afectados. Igual que en el proceso de expropiación los comuneros que no estaban de acuerdo con la venta de tierras aún permanecen en sus tierras y la empresa minera viene haciendo que desocupen esa tierra de manera progresiva. En este periodo además se inicia un proceso judicial entre la mina y la comunidad sobre la adquisición de los terrenos, en un primer instante la comunidad recibe una sentencia a su favor, poco después la corte cambia su decisión a favor de la empresa y luego desaparece misteriosamente el expediente. En 1999, se fundó el comité regional de comunidades afectadas por minería (CORECAMI) en julio y luego el comité nacional de comunidades afectadas por minería (CONACAMI) en octubre. La iniciativa de constituir este comité surge porque no existía una organización especializada en el tema de minería. Miembros la federación campesina de Espinar (FUCAE), por ejemplo, trataron de apoyar a las comunidades afectadas, pero no lograron mucho por los diferentes intereses dentro de la federación. Con el apoyo de la ONG limeña Cooperación, CORECAMI se dedica casi únicamente al conflicto de la empresa BHP Tintaya con las comunidades afectadas. Las tareas de CORECAMI son: (1) La solución de todos los problemas que surgen por la presencia de la mina, sobre

tierras, sobre aguas y de carácter social, (2) Proponer leyes con otras instituciones y tratar de anular algunas leyes promulgadas

durante el gobierno de Fujimori. La ONG Cooperación en coordinación con CORECAMI

(1) Hizo una revisión de las negociaciones en 1982 y en 1996 en las cuales se han detectado varias fallas legales,

(2) Ejecutó un estudio de la calidad de las aguas y descubrió una severa contaminación, la cual dañó la reputación de BHP Tintaya de ser una empresa que cuidaba al ambiente.

(3) Gestiona la solución de problemas sociales que han surgido a raíz de la presencia de la mina. Han elaborado varios informes sobre el impacto de la minería, los cuales, con el apoyo de OXFAM, han sido difundidos a nivel internacional.

En el 2000, representantes de la población de Espinar con apoyo de la municipalidad y varias organizaciones locales llegaron a Cusco para protestar en la plaza mayor contra las autoridades departamentales y mineras sobre los impactos negativos de la mina y la falta de beneficios. Fue una actividad de confrontación no violenta, muy publicitada Esta marcha, la campaña con informes a nivel nacional e internacional, y la caída del gobierno de Fujimori, régimen corrupto en el cual personas y empresas con capital se

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sentían protegidas, causaron un cambio fuerte en la actitud de la empresa minera. Desde la oficina local y desde la oficina principal de BHP en Australia, se están tomando acciones para de mejorar la relación de la empresa con las comunidades y otros actores afectados. Otro actor principal en este proceso es el municipio provincial. El actual alcalde, que es ex directivo del FUCAE, es la primera autoridad provincial que toma abiertamente posición contra la mina. Después de la marcha se dio inicio a reuniones regulares entre la mina y el comité de lucha del cual el municipio y CORECAMI forman parte. El proceso de la concertación se puede dividir en tres fases: en las primeras 5 reuniones la mina tenía una posición muy dura y no hubo acuerdos. En las siguientes 5 reuniones la mina tuvo una actitud más flexible pero esto no se tradujo en acuerdos concretos. El comité de lucha estaba a punto de organizar un paro total en mayo del 2001. Este paro se anuló, la empresa se comprometió a aportar S/.800.000,- (aprox. US$ 230,000) para el sistema de agua potable de la provincia de Espinar y las dos partes están formulando un convenio marco con cinco líneas:

(1) Aportes para el desarrollo de la provincia de Espinar, (2) Medio ambiente, (3) Comunidades afectadas, (4) Oportunidades de trabajo para los jóvenes de Espinar, (5) Capacidad de negociar para los productores de la zona.

El 12 de agosto se formó el comité de aportes al desarrollo de la provincia de Espinar y para el 21 de agosto se planteó formar el comité que trabajará el problema de las comunidades afectadas. Otra exigencia del comité de lucha es tener un monitoreo permanente de la contaminación minera, pagado por la mina y supervisado por representantes del Estado, autoridades locales y miembros de las comunidades afectadas. En el marco de este proceso descrito en julio del 2001, se formó el comité de defensa de la cuenca del río Camisea, ésta es la cuenca más productiva de Espinar en la cual se están proyectando más actividades mineras en un cercano futuro. Otro cambio significativo es que en julio del 2001 se ha cambiado la oficina de relaciones comunitarias que ya existía desde la época de la empresa estatal por una gerencia de desarrollo social. En este proceso además se remplazó a la persona que había sido responsable durante años de las relaciones comunitarias por otra. No obstante estas mejoras en la concertación, los conflictos de tierras descritos duran hasta la actualidad. Las comunidades afectadas opinan que las exigencias del comité de lucha, CORECAMI y el municipio provincial son más dirigidas al interés provincial que al interés particular de las comunidades. Por lo tanto las comunidades, aunque son invitadas, muchas veces no participan en las reuniones entre la mina y el comité de lucha. Esta desconfianza no existe solamente en la comunidad Tintaya Marquiri, sino también en la comunidad Alto Huancani donde empezó un proceso de negociación en el año 2000, la negociación se llevó a cabo entre la mina y los comuneros sin involucramiento de terceros. El resultado de la negociación es que la comunidad se parceló y cada comunero negoció individualmente con la mina recibiendo precios distintos por sus tierras. Ahora, muchos comuneros de Alto Huancani lamentan esos acuerdos razón por la cual existen muchos conflictos entre ellos.

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Además parece que la mina tiene una doble cara en sus actitudes hacia ambos, el municipio provincial y las comunidades. Mientras la empresa tiene reuniones con el municipio de Espinar, hay una campaña para desprestigiarlo, aunque éste está, supuestamente, financiado por la mina. Asimismo la empresa minera tiene tres programas de radio en los cuales promueve su gestión. La respuesta de los actores afectados a nivel de provincia es un programa radial dirigido por el CORECAMI. La otra cara de la mina a nivel de las comunidades, se mostró el 2 de agosto del 2001, cuando una delegación de comuneros visitó la empresa para hacer un reclamo sobre problemas con su pastoreo y fueron golpeados por sus guardianes y mordidos por sus perros. Luego, la empresa se disculpó, y aparentemente las relaciones entre la comunidad y la empresa empiezan a mejorar. No ha sido posible monitorear esta promesa de la mina en el tiempo, ya que la última visita del equipo de investigación a Tintaya tuvo lugar el 14 de agosto. El presidente de la comunidad nos comentó el 14 de agosto que iba a viajar el 18 a Lima acompañado por una delegación de la comunidad para entregar una solicitud de cuatro puntos al Presidente de la República. Estos son:

1. Anular las deudas que, por impuestos no pagados, tiene la comunidad por tener un grifo y un volquete. Estas deudas suman más que US$ 100,000. Con el uso del grifo y el volquete la comunidad recibió ingresos, que según el presidente han sido utilizados sobre todo en apoyo social a los ancianos de la comunidad. Las deudas han sido el resultado de una mala gestión de las directivas anteriores.

2. Solicitar a la Presidencia de la República la donación de 1,000 hectáreas de tierras a la comunidad. En Tintaya Marquiri, la mayoría de comuneros sostiene que la empresa minera debe comprar terrenos que ahora pertenecen a uno o más propietarios individuales y que son colindantes a Tintaya Marquiri, a nombre de la comunidad, para que los comuneros tengan tierras de pastizales, así como para cultivos de sobrevivencia. Esto para que puedan dejar el uso de las tierras que actualmente cultivan y pastan, y que, legalmente, pertenecen a la mina.

3. Crear trabajo estable para los jóvenes. 4. Brindar capacitación a los comuneros.

Análisis de la gestión del conflicto Hasta 1991 la gestión fue realizada por la comunidad madre Antaycama, de la cual Tintaya Marquiri era un anexo. La comunidad Antaycama posee una larga experiencia de lucha reivindicativa por la tierra y por el precio de sus productos en el mercado local y regionalix. Frente a la expropiación de tierras la comunidad apela y logra que el gobierno aumente la suma que debía pagarse a la comunidad y en forma específica el pago a cada familia por las mejoras que tenían en los terrenos expropiados. Estas negociaciones deben verse en el marco de una comunidad que negoció con el Estado, pese a la completa desigualdad de poder. El presidente de CORECAMI opinó: “En realidad no se trató de una negociación, sino más bien de una simple expropiación de tierras”. La gestión se discutió entre las directivas de la comunidad, en las asambleas generales de Antaycami y en asambleas con el

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anexo Tintaya Marquiri. Como herramientas se utilizaron los acuerdos firmados en el libro de Actas de la comunidad y el memorial y la apelación que llevan a Lima. El gobierno encuentra que es engorroso hacer tratos con la comunidad madre y apoya que el anexo se independice y se reconozca como comunidad en 1991. El anexo también ve por conveniente independizarse para realizar trato directo con los representantes de la empresa minera. El reconocimiento sale mucho más rápido que otros porque el ministerio de agricultura acelera el trámite de Tintaya Marquiri. Desde 1991 son las directivas de la comunidad Tintaya Marquiri las que realizan el trato con los funcionarios de la mina. Cuando tienen un reclamo o solicitud a la Empresa minera, primero realizan una asamblea en la comunidad, luego el Presidente de la comunidad y algunos miembros de la junta directiva se apersonan a la empresa minera y conversan, exponen sus puntos de vista. Por otra parte, la empresa minera hace ofrecimientos a la comunidad, para ello, las autoridades comunales piden al representante de la mina que asista a la asamblea de la comunidad. En su libro de actas, consta la presencia de un funcionario de la mina que ofrece hacer alguna obra en beneficio de la comunidad y para dar fe de ello estampa su firma. Los comuneros acusan a algunos de sus directivos de haberse beneficiado personalmente en su trato con la mina a cambio de realizar concesiones a nombre de toda la comunidad. Esta desconfianza se acrecentó en 1996 a causa de un acta en la cual la comunidad aprueba la venta de sus tierras a la empresa Tintaya. Acta de la cual dicen que hay firmas que fueron hechas en forma posterior y fraudulenta. En el proceso de gestión de este conflicto hubo actos de confrontación violenta y no violenta por lo que se ha utilizado la negociación en trato directo. En la gestión del conflicto entre la mina y el anexo/comunidad Tintaya Marquiri los resultados positivos para la comunidad han sido un mejoramiento de los precios para sus tierras después la negociación de las directivas con la empresa minera. Después de estas negociaciones, sin embargo, surgieron conflictos graves a nivel interno del anexo/comunidad, porque los beneficios no han sido divididos igualmente y las directivas no tuvieron respaldo de toda la población. Otro problema es que la mayoría de los comuneros ha gastado todo el dinero obtenido y ahora están sin recursos económicos y sin recursos naturales: tierra y ganado que anteriormente aseguraban su sobrevivencia. Todos los procesos judiciales entre la mina y la comunidad que han costado a la población dinero y tiempo, terminaron (al final) a favor de la empresa minera. Una razón para esto es probablemente la diferencia en poder (económico) y otra la corrupción en el aparato judicial durante el régimen de Fujimori. Los impactos negativos de la presencia de la mina y los resultados limitados de la gestión del conflicto pudieron haber sido menos graves si hubiera habido desde el inicio más participación de terceros. Las posibles intervenciones incluyen: el fortalecimiento de la organización comunal para evitar conflictos internos, la capacitación ambiental, acompañar la gestión financiera de los comuneros quienes recibieron dinero para sus terrenos,

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conciliación y mediación entre la comunidad y la empresa, capacitación sobre derechos/legislación y la gestión de conflictos A nivel provincial las primeras acciones de gestión del conflicto han sido medidas de confrontación no muy violenta (el ingeniero de la mina descalzo) y no violenta (protesta en Plaza Mayor en Cusco), ambas protestas generaron mucha publicidad. Los resultados han sido positivos, en el sentido que se iniciaron procesos de concertación que han resultado en mejores beneficios. Al lado de estas acciones de protesta la gestión del actual alcalde, la participación de CORECAMI y Cooperación y el nuevo gobierno han producido un gran cambio en la gestión del conflicto, que resulta muy beneficioso para la población de la provincia. En este sentido se concluye en este caso que un cambio de la coyuntura política provincial y nacional, demostraciones masivas no violentas de diferentes sectores de la población y una campaña internacional de difusión, son factores claves en la gestión de un conflicto sobre recursos mineros. Estos hechos tuvieron lugar al mismo tiempo, y por lo tanto es concluir cuál de éstas ocurrencias ha tenido el mayor impacto. Pero sí se puede constatar que estos hechos en conjunto forman una sinergia en la solución del conflicto. Por otro lado es demasiado temprano para sacar conclusiones sobre el impacto de este nuevo desarrollo ya que la actitud de la empresa minera es muy inestable (la nueva política de la empresa minera tiene una duración de apenas cuatro meses, a partir de mayo del 2001). Asimismo las condiciones que permiten este cambio, coyuntura política favorable y una oficina principal (en Australia) que es sensible a una campaña de información, puede no ser definitiva. Otro factor clave en el desarrollo de esta fase de gestión es un acercamiento y una compatibilidad de objetivos entre los actores a nivel provincial y en las comunidades afectadas. Existe el peligro de que mientras la provincia inicia un proceso de desarrollo, la población más afectada no se beneficie. Impacto ambiental y social El impacto de la presencia de la mina en el medio ambiente es de contaminación. Los comuneros prestaron su apoyo para el sistema de alcantarillado que ellos mismos han implementado en su población, pero cuyos pozos de sedimentación a la fecha ya están colmados. Hay rebalse hacia una quebrada por la que pasa un riachuelo del cual la comunidad de Alto Huancané saca agua para consumo humano. La queja de los comuneros es por contaminación del agua, del aire, así como porque la mina trabaja a tajo abierto y el polvo afecta los cultivos y los pastizales. Igualmente por el material de desecho y desmonte de la mina. El conflicto entre la comunidad y la empresa minera por la conservación del medio ambiente empieza en 1992 con los reclamos de la comunidad. La primera acción es el pedido de los comuneros de que no se contaminen los riachuelos cuyas aguas usan ellos y sus animales. A partir de la privatización, la empresa minera ha realizado varias acciones

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para conservar el medio ambiente, por ejemplo una laguna donde mantienen la vida silvestre así como plantaciones forestales. La mina tomó estas medidas para mejorar el ambiente después de los reclamos sobre contaminación ambiental de la población, pero no se sabe hasta qué punto estas mejoras han sido el resultado de los reclamos, de nuevas leyes y regulaciones nacionales e internacionales o de cambios en las políticas empresariales. Pero continúan las actividades contaminadoras como la del agua de los riachuelos y el polvo que producen al trabajar a tajo abierto y que cubre los pastos y afecta la salud de los animales y los hombres, De acuerdo a la evaluación ambiental que realizó COOPERACCIONx: “Ninguna de las fuentes de agua que recibe influencia de las operaciones minero – metalúrgicas, está apta para su consumo doméstico”, igualmente afirman que hay contaminación de suelos y aire producidos por la actividad de la empresa minera. Se espera que estas pruebas, junto con el cambio de actitud de la empresa minera, la realización de una propuesta sobre monitoreo ambiental permanente y la formación del comité de medio ambiente como parte del convenio-marco, causarán un impacto ambiental positivo en un futuro cercano. La presencia de la mina genera impacto socio económico positivo como fuente de trabajo. Se han incrementado negocios como hostales, restaurantes, alquiler de habitaciones, y una mayor fluidez del comercio. Además, la mayoría de los comuneros ha recibido una suma significativa de dinero por la venta de sus terrenos. Sin embargo este dinero no ha sido utilizado en inversiones sostenidas lo que ha creado resentimientos entre los comuneros. La presencia de la mina tiene también impactos negativos en el aspecto socio económico de la población, en el sentido de que hay mayor grado de diferenciación entre los campesinos, hay campesinos en extrema pobreza que siguen cultivando la tierra y poseyendo pequeños rebaños; estos comuneros viven ahora no sólo en una crisis económica sino también en una crisis de identidad, viendo que su ganado no es suficiente para sobrevivir y que ellos tienen que depender de “regalos” de la mina y otras instancias. Por otro lado hay un grupo de habitantes de Tintaya Marquiri que ha renunciado a su actividad agrícola y tiene trabajo permanente en la mina. Son una minoría, pero influyen en la toma de decisiones de los demás comuneros. Además existe un grupo “intermedio” de 11 comuneros, quienes trabajan para la mina sin renunciar a su condición campesina.. En las comunidades afectadas y en la capital provincial Yauri, la presencia de la mina genera también el incremento de la delincuencia y de la prostitución así como un elevado número de madres solteras. Con referencia a la gestión de los impactos sociales negativos, el CORECAMI tiene como línea de trabajo el tratamiento de problemas sociales causados por la mina. A nivel provincial existe el comité para el desarrollo de la Provincia de Espinar (CODEPE) confirmado por los principales actores de desarrollo de la provincia.. Asimismo, el propuesto marco-convenio entre la mina y el comité de lucha tiene como objetivo mejorar el impacto. El resultado de estas iniciativas todavía no se ve a nivel de la comunidad Tintaya Marquiri, porque CORECAMI no cuenta con suficiente personal (no hay personal pagado), y todavía no tienen una relación de completa confianza con la comunidad, El

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CODEPE concentra sus esfuerzos a nivel de provincia y sobre todo la capital Yauri y por lo tanto no tiene mucha influencia sobre lo que ocurre en Tintaya Marquiri. El marco convenio todavía no ha sido implementado y por eso no se puede conocer los resultados 3.1.2 - Comunidades del distrito de Carhuayo y la Mina Manco Ccapac El estudio de este caso trata sobre las consecuencias de la presencia de una empresa minera que afecta directamente a cuatro comunidades campesinas (Ancasi, Hachacalla, Chilliuani y Tayancani). Aunque la mina se encuentra todavía en un estado de exploración, desde su llegada (denuncio), han surgido varios problemas y conflictos que están vinculados directa e indirectamente con su presencia. Es el primer conflicto minero en el cual la Casa Campesina ha tenido una experiencia sistematizada. Los problemas están directamente vinculados con la presencia de la empresa y se refieren a problemas de tierras por la construcción de campamentos de la empresa y problemas por el comportamiento del personal de la misma, es decir agresiones hacia la población y el incumplimiento de promesas. Indirectamente surgieron problemas entre los comuneros a favor y en contra de la presencia de la empresa minera y un conflicto sobre linderos entre dos comunidades sobre un terreno de pastizales, el cual supuestamente está destinado a un heli o aero-puerto. Historia del conflicto Ya durante la época colonial la mina fue explotada por los españoles, después de esto, hasta la presencia de la empresa minera existía una explotación artesanal para ingresos adicionales de la población local. En 1806 la mina fue explotada por Martín Garmendia en sociedad con Miguel Carazas Juan José Gartaño. Desde 1854 hay una explotación intensiva de la mina por parte del hacendado Francisco Garmendia. “Con el producto de la explotación de las minas de oro, Francisco extrae una considerable riqueza (Olivera, 1977)”. Se convierte en uno de los hombres más ricos de Cusco y tiene cargos públicos muy importantes, es así que es Vicepresidente de la República del gobierno de Manuel Pardo. “Mas o menos en 1880 la minas van a ser explotadas por una compañía de chilenos con el nombre de Minas Mancco Cápac. Luego entraron los Calvo (italianos) más o menos en 1900. En 1922, Leguía mandó estudiar la veta sin mejores consecuencias y luego se fundó Simón Bolívar Gold Mines. Al final por los años 1940, Mateo Kalafutovich trataría de explotarla sin fortuna (Olivera, 1977)”. En 1994, un representante de la empresa minera Coluccio Mining de Estados Unidos visita la zona por primera vez. En 1996 la empresa hace los trámites legales para denunciar los derechos mineros. El mismo año el gerente minero, en presencia del alcalde distrital, visita a las comunidades creando expectativas (carretera, construcción de salones comunales, tractor, colegios, introducción de maca) La población vio la presencia de la empresa en un primer instante como una oportunidad para mejorar el estándar de vida. Los primeros problemas vinculados con la presencia de la

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mina empezaron en 1997, un año después de la denuncia, en forma de agresiones del personal de la mina hacia la población, el incumplimiento de promesas por parte de la empresa, el uso ilegítimo de los recurso de las comunidades afectadas, la prohibición del paso a comuneros en sus propias comunidades, etc. Estos problemas ocurren en las comunidades Hachacalla, Ancasi, Chillihuani y Tayancani. Desde el año 2000 el problema en sí (hubo algunos roces a nivel personal antes de esta fecha) está convirtiéndose en un conflicto, por lo cual la Comunidad Chillihuani solicita a la Casa Campesina para que se les brinde asesoría sobre los derechos de la comunidad en esta situación, pedido que ha sido hecho también por la comunidad Hachacalla. Análisis de la gestión Se puede considerar las “negociaciones” entre la empresa minera y las comunidades sobre la construcción de campamentos como el primer acto de gestión de conflictos. Durante estas negociaciones hubo una enorme desigualdad referida sobre todo a la información. Los comuneros no conocían sus derechos, creyeron en la información incorrecta e incompleta dada por la mina, fueron impresionados por las (falsas) promesas de los gerentes de la mina, toda esta situación fue posible por la buena fe de las comunidades. El resultado de estas “negociaciones” fue negativo sobre todo para Ancasi, comunidad que firmó un acta en la cual se afirma la donación de un terreno para el campamento principal de la empresa minera a cambio de apoyo para la construcción de un comedor popular. El siguiente paso en la gestión del conflicto fueron los reclamos de comuneros individuales y comunidades ante la empresa minera. El efecto de los reclamos ha sido casi nulo, ni la empresa ni las otras instancias hicieron caso a las quejas, probablemente por la desigualdad de poder y la falta de información de las comunidades sobre sus derechos. Existen varios problemas secundarios vinculados con la presencia de la mina, por ejemplo el caso del conflicto de la Comunidad Anccasi con el administrador sobre pesca ilegal en una de las lagunas de esta comunidad. La comunidad reclamó en vano a este administrador. El consiguió hacer un denuncio en la agencia del Ministerio de Pesquería para pesca de consumo y uso comercial de la laguna. Esta fue una decisión cuestionable porque la laguna se encuentra dentro del territorio de la comunidad y porque desde hace algunos años la comunidad inició la piscicultura de truchas en esta laguna. Después de varios trámites en el Ministerio de Pesquería se logró anular el denuncio. Otro problema secundario es el conflicto sobre linderos entre la comunidad Chillihuani con la comunidad (ex-anexo) Casapata. En 1994 se aprobó el estatuto de las comunidades Chillihuani y Tayancani. Durante estas asambleas también se discutió el desmembramiento del anexo Ccasapata. La comunidad madre Chillihuani aprobó el desmembramiento y en 1999 Ccasapata recibió la resolución de reconocimiento como comunidad campesina. Sin embargo, la verificación de los linderos entre Chillihuani y Ccasapata tuvo lugar de una manera irregular con la presencia de un funcionario del Ministerio de Agricultura, personal de la mina y comuneros de Ccasapata, pero en ausencia de representantes de Chillihuani. Por lo tanto Chillihuani no reconoce los linderos que fueron establecidos en esta fecha y que determina la propiedad de un terreno de tierras pastizales que podría ser utilizado como heli- o aeropuerto.

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La Casa Campesina asesora en este conflicto a Ccasapata en el 2000, y a través de una solicitud de Chillihuani se planeó una conciliación en noviembre de ese año. En esta conciliación, sin embargo, sólo participaron algunos comuneros de Ccasapata, mientras los representantes claves no aparecieron. La solución de este conflicto se complica por varias razones: existe la cuestión del documento firmado por el Ministerio de Agricultura, un asunto como éste puede requerir un proceso legal. Por lo menos una parte de la población de Ccasapata no está interesada en la solución de este conflicto. A partir del 2001 luego el cambio de la directiva comunal de Ccasapata, esta comunidad tiene una actitud más positiva hacia la solución de este conflicto que se complica por la participación y el interés de la empresa minera y por la falta de equidad de poder y dinero entre los partes. Otro aspecto es que la coyuntura estatal (del gobierno de Fujimori) facilitó el tipo de arreglo que hizo la empresa minera con el Ministerio de Agricultura . A fines del 2000, la comunidad Chillihuani solicita el apoyo de la Casa Campesina en el conflicto con la empresa minera. Esta solicitud es seguida en escrito por Hachacalla y en forma verbal por Anccasi en el 2001. En Chillihuani y Hachacalla la Casa Campesina facilitó asambleas informativas sobre los derechos de la comunidad en el caso de la presencia de una empresa minera. Los primeros resultados son la fundación de un comité de líderes jóvenes con participantes de 7 comunidades, el cuál tiene como uno de sus objetivos mejorar la relación con la mina, reuniones en las cuales se la constituyó un comité para tratar el asunto con la mina y la propuesta de tener capacitación sobre leyes, reglas, derechos y obligaciones en cuanto a la presencia de una empresa minera en territorio comunal. Al mismo tiempo, la Casa Campesina ha tenido varias conversaciones con el gerente de la empresa minera, en las cuales se discutieron los hechos pasados y la necesidad de mejorar la comunicación entre la empresa y las comunidades y de tener espacios de concertación. Impacto social y ambiental Al inicio de las negociaciones, tanto el impacto ambiental como el social han sido negativos. A nivel ambiental, la empresa no cumple los requisitos legales, por ejemplo la realización de un estudio de impacto ambiental. Además la “fácil” adquisición de terrenos para campamentos ha causado algunos efectos ambientales secundarios, por ejemplo la tala de árboles y arbustos, el pastoreo ilegal y la pesca con dinamita por el personal de la mina. A nivel social se ve una ruptura en la estructura organizativa en los primeros años de la presencia minera, causada por la introducción de un nuevo recurso económico (trabajo en la empresa). Con referencia a los medios de gestión de conflictos se puede decir que la ausencia de éstos ha contribuido a la escalada de esta ruptura social. Por falta de información y poder de los comuneros en las negociaciones los gerentes de la mina tuvieron todas las posibilidades de cometer abusos y de incumplir sus promesas y obligaciones legales. Esta ruptura social se reflejó en el surgimiento de una división de las comunidades en dos partes: los aliados de la empresa y los comuneros que cuestionan cada vez más la presencia de la mina.

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Recién a partir del año 2000 se ve un impacto social positivo en la solución del conflicto. En un primer instante el consenso a nivel interno de las comunidades Hachacalla, Chillihuani y Anccasi crece para tomar acción colectiva contra la mina. A partir de estos acuerdos a nivel comunal empiezan las comunicaciones entre ellas y con un tercero, la Casa Campesina, para tratar el conflicto en una manera común. Producto de este proceso hasta la fecha es la constitución del comité intercomunal de recursos mineros. Igual que en Tintaya se trata de un proceso joven en la solución del conflicto. Los impactos ambientales de la presencia minera son pocos porque la mina todavía esta en fase de explotación y la gestión por lo tanto no ha sido dirigida a los aspectos ambientales. Sin embargo, el comité tiene como objetivo evitar dichos impactos de modo que cuando empiece la fase de explotación existirá ya una institución que los monitoree . Ambos impactos: sociales y ambientales son inciertos pero comparados con la situación de, por ejemplo, la población afectada por la mina Tintaya, en la cual recién después de 10 y con más fuerza 20 años de explotación cambió la gestión, se considera que las comunidades de Carhuayo han dado un paso adelante al lograr la concertación entre la empresa minera y las comunidades afectadas. 3.2 – Conflictos por tierra, agua, pastos y bosques en la comunidad Nueva Esperanza Ccapana en Quispicanchis Nueva Esperanza Ccapanaxi pertenece a la provincia de Quispicanchis en Cusco. Igual que Santa Barbara, Nueva Esperanza cuenta con una trayectoria larga de asesorías y capacitaciones facilitadas por la Casa Campesina y fue la otra comunidad donde se aplicó la gestión participativa en los conflictos en 1997, permitiendo así tener un diagnóstico que no es una imagen del momento sino que cubre varios años. En esta comunidad encontramos problemas de tierras, pastos, agua de riego, y bosques, dentro de la comunidad y con otras comunidades. Conflicto por bosques El problema por bosques tiene dos aspectos: por un lado porque al contrario de sus comunidades vecinas, Nueva Esperanza cuenta con plantaciones forestales, lo cual tiene como consecuencia robos y ventas ilegales de árboles a otras comunidades. Otro problema es la tala y venta ilegal entre comuneros porque se rompen reglas o no se actúa con claridad. El primer paso de la gestión de estos conflictos ocurrió en 1990 cuando la asamblea decidió repartir los árboles de una de las dos plantacionesxii de la comunidad en forma individual. Esta decisión sin embargo, no pudo frenar totalmente la tala clandestina por comuneros de otras comunidades, y además creó otro problema: la tala de árboles de otros comuneros por falta de claridad sobre su pertenencia. Desde entonces se está solucionando los conflictos en forma momentánea, a través del envío de notificaciones a otras comunidades, el tratamiento de conflictos y delitos de comuneros en la asamblea y el establecimiento de nuevas reglas, por ejemplo la prohibición de vender árboles con sus raíces y la orden de talar árboles comprados dentro de los siguientes quince días, porque existe el problema de

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comuneros que compraron árboles desde hace 9 años sin talarlos, para poder reclamar el derecho de posesión de la tierra donde crecen esos árboles. Conflicto por agua de riego El conflicto por agua de riego estudiado, se encuentra entre la comunidad Ccapana y la Asociación del mismo nombre, por uso de agua de riego del canal de Umakucho. Este problema surge cada año en la época de sequía. Se trata de un canal que fue construido en los años cuarenta en la época de la hacienda, durante la cooperativa y los primeros años de la constitución de la comunidad no existían problemas por el escaso uso de agua de riego. En 1991 este canal fue rehabilitado con apoyo de la ONG CCAIJO, proceso que fue acompañado de capacitación sobre las oportunidades de tener agua de riego, por ejemplo para bío-huertos. Desde esa fecha se incrementaron los problemas, porque ambas comunidades requieren cada vez más agua de riego por tener huertos y su creciente población. No existen reglas y acuerdos claros. La asociación Ccapana tiene la posición de que la comunidad Nueva Esperanza ya tiene su canal de riego (Ccatcamayo) y casi no ha aportado a la rehabilitación del canal, mientras Nueva Esperanza responde que participa en las faenas anuales de limpieza del canal, que el canal Ccatcamayo no alimenta los biohuertos de los comuneros de Nueva Esperanza que viven en la población Ccapana , que los riachuelos que alimentan al canal también pertenecen a Nueva Esperanza y que históricamente Nueva Esperanza siempre utilizaba parte de esa agua. Las juntas directivas y las asambleas no han entrado en conflictos graves, pero sí se envían notificaciones entre ellas cada cierto tiempo. Más grave es el conflicto a nivel de comuneros individuales ilustrándose en la ocurrencia de confrontaciones violentas con arma blanca (hasta el momento sin heridas mayores). Las soluciones a las que llegan son temporales. Por ejemplo la propuesta de los comuneros de Ccapana es la de hacer un nuevo canal paralelo al anterior separando las aguas del manante que les pertenece a ellos y así poder disponer de una parte del agua sólo para los comuneros de Nueva Esperanza. Esta propuesta ha sido rechazada por la Asociación para no perder una cantidad de agua. Una notificación en este año de la Asociación en la cuál se prohibió el uso de agua por parte de Nueva Esperanza fue respondida en la asamblea de esta comunidad, argumentando que en ese caso Nueva Esperanza prohibirá la venta y dación de árboles a la Asociación. Aunque no en forma oficial, parece que por el momento la Asociación cede, tomando en cuenta esta motivación, y permitirá igual que en años anteriores el uso de agua de Nueva Esperanza. Conflicto por pastos Como muchas otras comunidades, Nueva Esperanza tenía y tiene problemas con sus comunidades vecinas sobre invasión de animales en su comunidad y de sus animales en otras comunidades. El problema más grave ocurrió con la comunidad vecina Ullpo, cuando en 1989 un comunero de Ullpo invadía frecuentemente los pastizales de Nueva Esperanza Ccapana y los comuneros de Ccapana capturaron sus animales. Esta gestión arbitrariaxiii en el inicio del conflicto, capturando animales y poniendo multas a los invasores, fue efectiva pero no brindó una solución sostenida.

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Luego hubo un acercamiento entre las dos juntas directivas a partir de una citación y conciliación por parte del Ministerio de Agricultura, la cual fue el inicio de una gestión más sólida. Esto continuo en la verificación del lindero entre las dos comunidades y la colocación de hitos y la notificación para evitar daños a pastos y chacras fueron pasos que aseguraron una gestión sostenible a largo plazo. La solución de verificar el lindero y colocar hitos parece efectiva en el caso del conflicto entre Ullpo y Ccapana, sin embargo también existen casos en los cuales son más apropiadas otras soluciones. Mencionamos el caso de las comunidades cercanas Hachacalla y Carhuay., La primera comunidad tiene una abundancia de pastizales, mientras Carhuayo tiene una escasez de pastos pero buenas tierras agrícolas. Ahora Carhuayo paga renta (S/.5,- por mes por animal) para que sus animales pueden pastar en las tierras de Hachacalla. Asimismo Carhuayo compra el abundante abono de corral de Hachacalla para la fertilización de sus chacras. Conflicto sobre tierra entre dos comuneros Junto al análisis de estos conflictos ambos en Santa Barbara de Huallhua y Nueva Esperanza de Ccapana se evaluó el impacto de varios medios (locales y con el apoyo de terceros) que han sido aplicados en el pasado en el caso de conflictos sobre tierra entre dos comuneros. En las comunidades se llegaron a las mismas conclusiones: La negociación entre las partes es la gestión preferida de la gestión de un conflicto sobre tierras, pero a veces continúa un miramiento entre las partes, y el hecho que el acuerdo no esté documentado limita la sostenibilidad del mismo. La conciliación o mediación con apoyo del presidente y otros permite una solución más sostenible y un mutuo acuerdo. En el caso de arbitraje por la asamblea, puede haber desacuerdo de una de las partes. El apoyo de un tercero puede ser efectivo pero cuesta mucho más tiempo y dinero. En este sentido la asesoría y capacitación a personas claves de la comunidad para brindar herramientas y conocimientos para la prevención y gestión de conflictos es una intervención preferible. Conclusiones A base del análisis de la gestión de los conflictos estudiados en Nueva Esperanza Ccapana se concluye el siguiente: En el caso de Nueva Esperanza los comuneros tienen una buena capacidad de gestionar conflictos en una forma rápida (por ejemplo en comparación con su vecino: asociación Ccapana, la cual cuenta con un conflicto de una duración de treinta años, frenando el proceso de desarrollo en una forma dramática). La larga historia de asesorías, capacitaciones y herramientas de gestión probablemente contribuye a estas buenas capacidades de gestión.

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Sin embargo, al contrario de la situación en Santa Barbara de Huallhua, hay un surgimiento más frecuente de nuevos conflictos. Esto puede tener varias razones, mencionamos las discrepancias entre católicos y protestantes, la presencia de PRONAMACHCS que trabajó con el ex-presidente de la comunidad como presidente del comité de recursos naturales, lo cual causó tensiones entre las autoridades de la comunidad y la presencia de un mayor número de comuneros que están interesados en sus asuntos personales a costa de la comunidad. La gestión de conflictos es sobre todo una aplicación de la Ley de Comunidades Campesinas, pero con una interpretación propia en la elaboración del estatuto, el padrón de parcelas y el catastro comunal incluyendo el padrón de parcelas con la facilitación de la Casa Campesina. La aplicación del derecho consuetudinario se encuentra sobre todo en el rol de las rondas campesinas a nivel comunal y distrital, las cuales aplican formas de derecho y castigo que tienen su origen en la tradición de la zona y las prácticas de las fuerzas armadas. Aunque recién en 1990 Nueva Esperanza de Ccapana recibió su independencia después de haber pertenecido a una hacienda y cooperativa, existe una cultura en la cual la tradición y la “religión andina” juegan en rol importante. Esto se expresa en ceremonias como el pago a la tierra, en la apreciación de su cultura, por ejemplo manifestada a través un video sobre las costumbres de Ccapana que ganó un premio. Además en un estudio de H. Martinéz en 1962 revela que el hacendado manejó su hacienda aplicando las tradicionales formas de división de trabajo (división de los roles del hacendado, mayordomo, mandón, varayoc, ccollana, cayhua, arariwas, cañaris, contado, mulero, pongos, poguillos y el trabajo en mitani) Otro aspecto interesante que se detectó en el estudio de esta comunidad fue el intercambio de recursos naturales como estrategia en la gestión de un conflicto, utilizando la tenencia de árboles como argumento para recibir agua de riego. Esto enfatiza la importancia de hacer estudios y análisis en una forma holística tomando en cuenta más de un tipo de recursos naturales y viendo el contexto intercomunal. 3.3 - Conflictos por tierras en la comunidad Santa Barbara de Huallhua en Paucartambo Otra comunidad estudiada en Paucartambo es la de Santa Bárbara de Huallhuaxiv, esta ha sido elegida para la investigación, porque la Casa Campesina tiene una larga historia de trabajo con ella, entre otros apoyo con el saneamiento legal y físico de la comunidad, capacitación legal y organizativa, aplicación de instrumentos de gestión como el estatuto interno y el padrón de comuneros y un taller de gestión participativa de conflictos en 1997. Actualmente, la comunidad tiene dos conflictos notables: uno externo y uno interno, ambos vinculados con el recurso tierra. Esta ocurrencia de conflictos es lo más bajo de las diez comunidades en las cuales aplicamos un diagnóstico sobre conflictos. Conflicto sobre desmembramiento con el anexo de Huallapukyo

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El conflicto externo sobre tierras es sobre desmembramiento con el anexo de Huallapukyoxv. Historia del conflicto Empezó en los años ochenta, cuando los comuneros del anexo Huallapukyo se quejaron por la invasión de parcelas por parte de Santa Barbara y los de Santa Barbara reclamaron el uso impropio de recursos forestales por parte de Huallapukyo el incumplimiento de ellos de obligaciones comunales como la participación en faenas y el pago de cuotas. En 1990 se inicio el proceso del desmembramiento del anexo con asesoría de la Casa Campesina y a través de trámites en el Ministerio de Agricultura y los Registros Públicos. En 1997, se formalizó el desmembramiento y la fundación de “la asociación de pequeños productores San Juan de Huallapuqyo, con un pago de 2000 soles y “cariño” (regalos de Huallapuqyo a Santa Barbara: corderos, chicha etc.). En 1998, se colocaron los hitos con el apoyo de un topógrafo para marcar el lindero bajo acta de conciliación. Lo que queda pendiente es la Transferencia de Territorio. Análisis de la gestión del conflicto Igual que en otros casos el desmembramiento de un anexo, depende de la voluntad de la comunidad madre. El primer paso del desmembramiento es la negociación entre la comunidad madre y el anexo. En el caso de S.B. de Huallhua y Huallapuqyo, igual que en muchos otros, hay conflictos y problemas como la no participación en faenas y otras actividades comunales, sobre la ubicación del lindero entre el (ex)anexo y la comunidad, y sobre el uso de los recursos en la zona del linderaje (en este caso sobre todo sobre recursos forestales). El rol del tercero ha sido la asesoría de la Casa Campesina referida a la situación legal de ambas partes y los trámites necesarios y un proceso rápido de conciliación y apoyo con topógrafo en el caso de la colocación de hitos. El hecho de que todavía quede pendiente la transferencia de territorio no indica mucho sobre la capacidad de gestión de conflictos de Santa Barbara de Huallhua, ya que los únicos interesados en resolver este asunto son los pobladores de Huallapuqyo. Conflicto por tierra entre la comunidad y un comunero que transgrede las normas comunales. El otro conflicto pendiente es un caso por tierra entre la comunidad y un comunero que transgrede las normas comunales. En este conflicto la comunidad demuestra cómo ejerce presión sobre una familia de comuneros si éstos no respetan las normas sociales de su comunidad. Un comunero cometió adulterio, y la comunidad le exige que sea monógamo, al encontrar la reticencia de este comunero y sobre todo en el enfrentamiento el comunero ofende a las autoridades comunales y ellos deciden hacer respetar la comunidad así como su autoridad. El conflicto se agrava con la participación de un sectorista del Ministerio de Agricultura a quien las autoridades comunales llaman para que dé su opinión acerca de la posibilidad de que el comunero pierda sus tierras, si ellos deciden expulsarlo por conducta inmoral,

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revirtiendo éstas en beneficio de la comunidad. El sectorista opina que no es así y que el estatuto, que ha sido formulado por la comunidad con facilitación de la Casa Campesina no es correcto, lo cuál alarga el problema hasta la fecha. Conclusiones En general se puede decir que Santa Bárbara tiene muy buena capacidad para gestionar sus conflictos internos y externos. Esta capacidad es el resultado del proceso de refortalecimiento de la organización que la comunidad ha vivido. Muy probablemente la continua asesoría legal organizativa, el saneamiento legal y físico y la disponibilidad de herramientas de gestión han jugado un rol crucial en este proceso. La gestión local está basada, sobre todo, en los requisitos mencionados en la Ley de Comunidades Campesinas (por ej. Junta Directiva, Asamblea General, trámites legales, y uso de estatuto y libro de actas). Sin embargo muchos de estos requisitos han sido interpretados de una manera propia a veces con facilitación de terceros, por ejemplo, la elaboración del estatuto, el padrón de comuneros, el catastro comunal, incluyendo el padrón de parcelas. El derecho consuetudinario se ve sobre todo en costumbres como el “cariño” y el papel de los “mayores”. La escasez del uso de métodos propios en la gestión de conflictos puede tener su origen en el hecho que la comunidad solamente tiene su independencia desde 1983, después de haber pertenecido a una hacienda y una cooperativa, y luego porque la mayoría de los comuneros son evangelistas, que significa que la religión no influye ni estimula la práctica de costumbres tradicionales. Tal vez el problema más grande en la gestión de conflictos ha sido la duda sobre la validez del estatuto en el caso de conflicto sobre las tierras en el caso de la adultera. Esto indica el importante rol (negativo o positivo) de terceros en la gestión de conflictos internos y la necesidad de colaboración entre instituciones (en este caso el Ministerio de Agricultura y la Casa Campesina) en lugar de hacerse la competencia con un impacto negativo en la gestión de conflictos en comunidades. En el caso de Santa Barbara de Huallhua la solución de conflictos es más importante a nivel de prevención, que a nivel de la gestión misma. La buena organización, el sentido común y la capacidad de los directivos hace que apenas surjan los conflictos, sean solucionados en la fase inicial. Esto permite por ejemplo el funcionamiento armónico del complejo sistema de riego por aspersión de Santa Barbara de Huallhua, que está basado en la confianza mutua. y el respecto a las reglas y acuerdos. 3.4 - Conflicto por tierras entre las comunidades de Umana y Huaynapata, en Paucartambo En la provincia de Paucartambo, tenemos el caso de las comunidades Umanaxvi y Huaynapataxvii, ubicadas en la cuenca alta del río Mapacho o Paucartambo, entre los 3,500 msnm y los 4,800 msnm. Comunidades de puna y cordillera, cuya actividad mixta ganadera y agrícola, tiene la característica de que se dedican más al cultivo de distintas variedades de papa y a la crianza de ganado vacuno y ovino y en menor medida de camélidos sud americanos.

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Umana limita con la provincia de Quispicanchi y como su nombre lo indica es cabeza de la provincia de Paucartambo (uma = cabeza), porque a partir de Umana el río Paucartambo va descendiendo hacia la ceja de selva para desembocar en el río Tono e internarse a la selva baja, hacia el río Madre de Dios. Ambas comunidades son de campesinos en situación de extrema pobreza. Umana (de 3,548.75 has.) y Huaynapata (de 1,020 has.) tenían un conflicto por linderos en el sitio denominado Hatun Layminapata, que como su nombre lo indica es una loma de cultivo temporal y rotativo. Historia del conflicto Este conflicto por linderos se arrastraba aún desde época de la hacienda. Ambas comunidades hasta la década de 1970 eran haciendas pertenecientes a dos hermanos, los cuales no tenían bien precisados sus linderos en la parte de Layminapata y dado que se sembraba cada 5 años, el lindero preciso no era importante. El hermano que se adelantaba a sembrar en esa parte quedaba poseyendo ese sector por un año. Este conflicto se agrava entre 1994 y 1996 a raíz de que algunos comuneros de Huaynapata realizaron sembrío de papa en 1994, por ello los comuneros de Umana deciden adelantarse ellos ese año y hacer un barbecho en esa zona. Al enterarse de dicha acción los comuneros de Huaynapata se hacen presentes en el barbecho con lo que hubo un enfrentamiento violento. Los comuneros de Umana barbechan y se quedan a cuidar los terrenos. Solicitan la intervención del Ministerio de Agricultura, quienes dan la razón a Umana. Este conflicto tiene una confrontación violenta en la que resultan varios comuneros heridos y es la comunidad de Huaynapata la que inicia un juicio por usurpación de tierra a los comuneros de Umana. Es un juicio largo en el que ambas comunidades invierten tiempo y dinero, así como se desgastan sus relaciones, por cuanto había frecuentes enfrentamientos entre comuneros. En 1998, la comunidad de Umana pide el asesoramiento de Casa Campesina, la cual introduce los mecanismos alternativos de manejo de conflictos en forma sistemática obteniendo buenos resultados. Se trabaja con ambas comunidades en forma separada, se realizan varias asambleas informativas en cada una de las comunidades. Así mismo se trabaja con las juntas directivas en capacitación, en organización y fortalecimiento de la comunidad. Hasta que ambas comunidades, en sus respectivas asambleas comunales deciden arreglar el conflicto aceptando la mediación de Casa Campesina y finalmente entran en acuerdo y se dividen por la mitad los terrenos en conflicto. Se fija el día 16 de noviembre del 2000, para subir a la loma de Layminapata para hacer el saneamiento físico del lindero. Los grupos de faenantes de ambas comunidades cavan una zanja que fija el lindero físico entre ambas comunidades. Los presidentes de las juntas directivas bajan al pueblo de Paucartambo para poner una solicitud en el juzgado mixto solicitando el archivamiento del juicio. Análisis de la gestión del conflicto

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El tipo de solución de conflicto en este caso fue el de mediación, conciliación y negociación entre presidentes y juntas directivas de ambas comunidades, actuando como mediadora la Casa Campesina. Se han usado como herramientas de gestión del conflicto, el estatuto y el libro de actas. En saneamiento físico se dio a partir de la colocación de hitos en el lindero que acordaron establecer ambas comunidades. Este tipo de conflicto entre comunidades campesinas es bastante común y los juicios pueden durar muchos años. Sin embargo, un conflicto que no pudo resolverse por la vía judicial, se resolvió por la vía alternativa. Impacto social y ambiental El impacto social del manejo alternativo de este conflicto es que ambas comunidades retoman sus lazos de comunicación, de convivencia armoniosa y de cooperación en trabajos como la carretera Paucartambo-Umana (que pasa por Huaynapata) que vienen haciendo. En lo ambiental es un impacto positivo porque durante el conflicto existía la quema de pastos que afectaba sobre todo a Umana. Igualmente no podían sembrar en Layminapata por cuanto había enfrentamientos. Ahora ambas comunidades utilizan tanto los pastizales como la tierra de cultivo de una manera más armoniosa por lo que la resolución del conflicto tiene un impacto positivo en el ambiente.

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PARTE IV : CONCLUSIONES GENERALES. Integración de los diferentes mecanismos de gestión de conflictos en el ámbito rural de Cusco En todos los conflictos analizados en el contexto de esta investigación, la gestión de conflictos no es una actividad aislada sino un proceso en el cual los mecanismos (locales, alternativos y formales) de gestión forman parte. El impacto de la aplicación de los mecanismos de solución de conflictos, por lo tanto, sólo se puede entender viendo el proceso completo. Distinguimos los siguientes componentes en un proceso de solución de conflictos: · gestión local: negociación, mediación, conciliación, arbitraje, confrontación (violenta y

no violenta) · saneamiento legal: reconocimiento, título de propiedad, plan catastral · herramientas de gestión: libro de actas, padrón de comuneros, estatuto · saneamiento físico: colocación de hitos entre comunidades, catastro comunal · información, capacitación, asesoría legal-organizativa. · capacitación/asesoría sobre gestión de conflictos · diagnóstico y gestión participativa de resolución de conflictos · con apoyo de terceros: mediación, conciliación, arbitraje · trámites formales, proceso judicial

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CUADRO No 2 Los procesos de gestión de conflictos en los estudios de caso Tipo de gestión de conflictos

Conflicto Espinar

Conflictos Paucartambo

Conflictos Quispicanchi

Tintaya Marquiri UmanaHuaynapata

Entre comuneros

con Hualla-puqyo

perdida de tierras por adulteria

Mina Manco Cápac

sobre tierra entre comuneros

invasión de tierras porUllpo

canal deriego

bosques

Gestión local: Negociación Mediación Conciliación Arbitraje Confrontación (violento)

negociación, confrontación

Confronta-ción violenta

1: negocia-ción entrepartes

Confron-tación (invasión de S.B. de H. en1985)

2. concilia-ción conJ.D. 3 arbitraje en asamblea

Arbitraje sin resultados

Negocia-ción

concilia-ción y

Confronta-ción en la forma dequejas, hansolicitado el apoya delCentral deRondas

1: negocia-ción entre partes

2. concilia-ción conJ.D.

3 arbitraje en asamblea

confrontación (invasión de Ullpo,captura deanimales, arbitraje (multas). negociación

Confrontación entrecomuneros, notifica-ciones, negocia-ción

Concilia-ción y arbitraje

Saneamiento legal: - reconocimiento - título de propiedad - plan catastral

desmembramiento del anexo y título

Si si, todos losdocumentos

Si Si Si, todas lascomuni-dades.

si, todoslos documentos

Si Si Si

Herramientas degestión

tienen herramientas de gestión pero no lo utilizan

-libro de actas -padrón decomuneros -estatuto

Si si, todas lasherra-mientas

S.B. de H.: Todo Hualla-puqyo: si

si, perohay confusión sobre lavalidez del estatuto

Si, lo tienen pero no hacen uso delestatuto

si, todaslas herra-mientas

Ullpo nohace uso de los herramientos

Asocición Ccapana tienen documentos no actualizados, no hace uso

Si, han actualizado el estatuto referido al corte de árboles

Saneamiento físico: -colocación de hitos entre comunidades -catastro comunal

Catastro minero colocación de hitos

Catastro comunal

Colocación de hitosfalta la transferen-cia de territorio

catastro comunal

Solo Anccasi, tiene catastro comunal, existen varios problemas sobre linderos entre comuni-dades

catastro comunal

colocación de hitos

Nueva Espereranza tiene catastro comunal, Asociación Ccapana esta en proceso de parcelación

Catastro comunal

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Información, Capacitación, asesoría legal-organizativa.

En una forma muy limitada

En una forma muy limitada

Si Si Si,asesoría de la Casa Campesina

Si Si Si, delMinisterio de agricultura y luego de la Casa Campesina

Capacita-ción de CCAIJO y asesoría de la Casa Campesina

Si

Capacitación/ Asesoría sobre gestión de conflictos

No No En formapuntual

No En formapuntual

En Chillihuani y Hachacalla en forma puntual

En forma puntual

No A NuevaEsperanza de Ccapana en forma puntual

En forma puntual

Gestión participativa deresolución de conflictos

No

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No Si No Si No Si No Si, solo con N.E. de Ccapana

Si

Con apoyo deterceros:

No

-mediación -conciliación -arbitraje

Concilia-ción constado en acta

Mediación Mediación No No Mediación mediaciónpor elministerio de agricultura

No No

Trámites formales para gestionar un conflicto, procesojudicial

varios procesos, la mina compró los jueces

Varios, sin resultado

No No No Trámites formales en caso de la concesión de pesca, amenaza de la mina paratener procesos judiciales

Han recurrido en algunos casos, anterior-mente al Juez de Tierras y luego al Juez de Paz

No No No

15 No se incluye los talleres ejecutados en el marco de este estudio

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Por lo general, los procesos tienen algunos de los componentes mencionados y el orden cronológico es diferente en cada caso. Haber mencionado la complejidad del proceso de la gestión de conflictos en el cual los niveles y los mecanismos tienen una interrelación fuerte, sí lo consideramos importante dar atención al papel que juegan los mecanismos “alternativos” en los diferentes niveles. En la interacción entre los diferentes niveles de gestión de conflictos se considera a un lado los mecanismos en sí y al otro lado el papel de los actores. Como hemos visto anteriormente ambos a nivel local y con el involucramiento de terceros (en manera alternativa y formal) se utiliza la negociación, la mediación y la conciliación. Sin embargo existe una gran diferencia en la aplicación específica de estos mecanismos. A nivel del estado, la aplicación de dichos mecanismos esta incluida en varias leyes y en prácticas judiciales. Pero como explicamos en el capítulo 2, la regulación contradice en muchos casos con el carácter alternativo y flexible que tendría que ser sinónimo a estos mecanismos alternativos. En general, la legislación y la política del Estado tienen un impacto importante a nivel local de la gestión de conflictos. En la investigación se ve los casos de conflictos de comunidades con empresas mineras. En el caso de Tintaya, hasta el inicio de los años noventa la empresa era propiedad del Estado y las comunidades estaban en una posición de desventaja con muy poco poder en la gestión de conflictos, parece que la única acción exitosa fue la marcha de la población contra la mina en 1990. Durante el gobierno del Fujimori de 1990 a 1995 se ve, en los dos casos estudiados, que las empresas mineras se sentían protegidas por el Estado. En este sentido recién desde el cambio de gobierno en octubre del 2000 las empresas mineras están dando apertura a una mejor comunicación y concertación con las comunidades En los casos sobre los recursos tierra, aguas, pastos y bosques, se ve que la legislación y política sobre propiedad y posesión influye en la ocurrencia y gestión de conflictos. Antes de la reforma agraria había una distinción importante entre el hacendado y los colones, los conflictos eran “solucionados” unilateralmente por el hacendado. La herramienta más poderosa era la protesta violenta y no violenta de los colonos con apoyo de otras instituciones (p.e. las federaciones campesinas), en el caso de la hacienda Ccapana estas acciones ya antes de la reforma agraria dieron como resultado mejores condiciones laborales y propiedad y posesión de recursos naturales para los colonos. Después de la reforma agraria esta situación no mejoró mucho, incluso empeoró, por la gestión autoritaria de las cooperativas con administradores externos. Con la legislación y las políticas a favor de la constitución de comunidades y brindándoles una cierta autonomía en la administración de su justicia se ha abierto mejores condiciones para la gestión de sus conflictos, sin embargo en este proceso el fortalecimiento de la organización y el aprendizaje sobre cómo gestionar conflictos son componentes clave.

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En los casos estudiados además se puede observar el importante rol (negativo o positivo) de instituciones no estatales en la gestión de conflictos y la necesidad de colaboración entre instituciones en lugar de tener una competencia con impacto negativo referido a la gestión de conflictos en las comunidades.. Se ve un gran reto a nivel de los terceros de construir una propia interpretación de la aplicación de los mecanismos negociación, mediación y conciliación. En este informe se describió las formas desarrolladas por la Casa Campesina para poder responder a la realidad local y la coyuntura a nivel del estado. A nivel local existen muchas prácticas de negociación, mediación y conciliación a veces bajo otros nombres. Estas prácticas tienen su origen en prácticas ya existentes y en la interpretación propia de tendencias al exterior (leyes estatales, el surgimiento de la Rondas Campesinas etc.). Sin embargo, existe una gran diferencia en el nivel de gestión de conflictos entre las comunidades, dependiendo de la calidad de los directivos y otros líderes, el nivel general de la organización comunal y el nivel de capacitación e intercambio de experiencias. Otra conclusión en el caso particular de este estudio es la gran diferencia en el tratamiento de los conflictos mineros, comparados con los conflictos entre comuneros y entre comunidades en los casos descritos. La mayor razón para esta diferencia es la desigualdad de poder entre las partes. Prácticas locales de gestión de conflictos y los impactos La gestión local está basada sobre todo en los requisitos mencionados en la Ley de Comunidades Campesinas (por ej. Junta Directiva, Asamblea General, trámites legales, y uso de estatuto y libro de actas). Sin embargo, muchos de estos requisitos se pueden interpretar de manera propia con o sin la facilitación de terceros, por ejemplo, la elaboración del estatuto, el padrón de comuneros, el catastro comunal, incluyendo el padrón de parcelas. El rol del derecho consuetudinario en la gestión de conflictos en este estudio se ve por ejemplo en costumbres como el “cariño”, el cargo de ¨rematero¨, el papel de los “mayores” y las rondas campesinas. Factores importantes en este aspecto son la religión ( los católicos dan más importancia a las costumbres, que los evangelistas) y la historia (muchas comunidades pertenecieron hace poco a haciendas y cooperativas). La capacidad local de gestión de conflictos es el resultado del proceso de refortalecimento de la organización que la comunidad ha vivido. La asesoría legal organizativa de terceros, el saneamiento legal y físico y la disponibilidad de herramientas de gestión tienen un papel importante en este proceso. En los casos estudiados en los cuales no está involucrado un tercero con poder desigual (en este estudio: empresas mineras) la gestión local es el mecanismo más favorable para resolver conflictos. Referido a los “terceros” se ve grandes ventajas en los apoyos para fortalecer la gestión local en comparación a la gestión con involucramiento directa. Primero porque la inversión de tiempo y dinero es menor y segundo porque la gestión local atribuye más al (auto)fortalecimiento de la organización.

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El impacto de la gestión local de conflictos es sobre todo que conflictos no gestionados pueden frenar proceso de desarrollo que esta viviendo una comunidad en una manera determinante, en este informe se menciona el caso de la Asociación Ccapana. Luego: la capacidad de gestionar conflictos es parte integral de la organización comunal. En el caso que una comunidad no tiene las condiciones para gestionar conflictos (por falta de capacitación, consenso, confianza o mal uso de poder), esto se refleja en el estado de la organización comunal con consecuencias para el bienestar individual y colectivo. Otros impactos ambientales y sociales de la gestión local de conflictos se menciona en forma más amplia en el siguientes párrafo. El impacto de la gestión de conflictos El impacto ambiental de la gestión de conflictos se ve sobre todo en un aumento de la seguridad sobre linderos, en el mejoramiento de sistemas de manejo de recursos naturales y en mayor conocimiento sobre derechos, todo esto beneficia a la seguridad en el uso de recursos naturales. Ambas, la gestión local y la gestión con apoyo de terceros, tienen un efecto positivo. En los conflictos sobre linderos entre Umana y Huaynapata, Santa Barbara de Huallhua de Barbara y Huallapujyo y Nueva Esperanza de Ccapana y Ullpo, se observa que la colocación de hitos permite una gestión más controlada y sostenida de recursos agrícolas, forestales y pastizales. La gestión de los conflictos sobre agua en Nueva Esperanza de agua permite un uso más eficaz del agua y por eso una mejor cobertura agrícola, además hay menos ocurrencia de desperdicio de agua y mal estado de la infraestructura, y por lo tanto menos posibilidad de erosión espacial. La gestión del conflicto sobre recursos forestales permite que hay menos tala ilegal de árboles y que ya no se corta los árboles incluyendo las raíces, así evitando erosión de suelos. En el conflicto minero en Carhuayo hasta el momento no hay un impacto ambiental minero, viendo que la fase de explotación no ha sido iniciada todavía, pero la población esta mejor preparado,, por los procesos organizativos que se está dando, para evitar eventuales impactos ambientales negativos. A nivel secundario la población está luchando contra los efectos ambientales negativos causado por el personal de la mina: en el caso de la pesca con dinamito en el río Anccasi, el peligro de pesca en la laguna de Anccasi y del pastoreo y corte de arbustos y árboles. En Tintaya, recién a partir de 2000 el municipio de Espinar, CORECAMI y Cooperación están incluyendo el tema ambiental como prioritario en la agenda de las negociaciones con la mina. El impacto ambiental de el involucramiento de este tema, todavía no se puede indirectamente, pero sí el imagen de la mina como “ejemplo ambiental” ha cambiado drásticamente, y el informe sobre la calidad del agua de Cooperacción ha sido una de las principales razones para el cambio de la política de negociación de la empresa minera. Al lado de esto efectos positivos se concluye que aunque todos los conflictos sobre recursos naturales son directa- e indirectamente también conflictos “ambientales”, el aspecto ambiental de la gestión de conflictos sobre recursos naturales no siempre es considerada

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por las partes. En los conflictos mineros estudiados casi no ha sido incorporado el impacto ambiental en la gestión de los conflictos. En los conflictos sobre los recursos tierra, aguas, pastos y bosques la gestión de conflictos forma parte de un espectro más amplio de gestión sostenible de recursos naturales, incluyendo la toma de conciencia sobre quema de pastos, manejo de agua y bosques, conservación de suelos, etc. Un impacto socio económico es a nivel de los costos, ya que el manejo alternativo del conflicto reduce los gastos administrativos y judiciales y las partes en conflicto ahorran tiempo. En los casos de Tintaya y Umana-Huaynapata se observa ejemplos claros en que procesos judiciales han tenido nulos resultados y altos costos, mientras otros mecanismos de gestión de conflictos han sido más económicos, rápidos y efectivos. El impacto social más importante de la resolución del problema es que se crea un ambiente más favorable para el desarrollo de las respectivas comunidades. En los casos de Nueva Esperanza de Barbara de Huallhua y Nueva Esperanza de Ccapana, se ve que en comparación con comunidades vecinas, la atención a la gestión de conflictos permite tener mejores condiciones para los procesos de autodesarrollo que viven estas comunidades. En el caso de Umana-Huaynapata la gestión conflictos ha tenido sobre todo un gran impacto a nivel intercomunal en el sentido que ya no ocurren confrontaciones violentes yse ha retomado la costumbre de ejecutar actividades intercomunales (p.e. la construcción de una carretera). En Carhuayo la gestión de conflictos tiene un impacto social positivo en el sentido que se ha podido resolver algunas molestias relacionadas con la presencia de la mina que afectaron el bienestar en las comunidades y que se está actuando a un nivel intercomunal para afrontar los problemas relacionados con la presencia minera. En el conflictos con la mina Tintaya se ve que la presencia minera ha tenido un impacto social enorme: en las comunidades afectadas, en donde la población ha perdido su manera tradicional de vida y en dónde surgieron graves problemas sicológicos, sociales y económicos y en la población del capital provincial Yauri, pueblo que ha crecido enormemente, con problemas sociales como la prostitución, crimen, madres solteras etc. El impacto social a nivel de las comunidades afectadas es mínimo hasta el momento, los problemas sicológicos, sociales y económicos siguen y los beneficios que ha recibido la comunidad en muchos formas han sido en la forma de regalos no sostenibles y en sí causaron nuevos problemas (ejemplo del grifo y el volquete). A nivel provincial sin embargo se observa impactos sociales positivos y posibilidades para tener más en el futuro con la elaboración del “marco convenio”. Otras conclusiones La ocurrencia de conflictos y su gestión sobre recursos naturales que cruzan las fronteras de una comunidad pueden funcionar como inicios de acuerdos y actividades intercomunales que en el futuro pueden ser catalizadores de procesos más grandes de desarrollo, por ejemplo la constitución de un comité de jóvenes y un comité intercomunal en el conflicto minero en Carhuayo y la colocación de hitos entre Umana-Huaynapata, Nueva Esperanza-Urcos y Huallapuqyo-Santa Barbara. Otro aspecto interesante que se detectó en el estudio fue el intercambio de recursos naturales como estrategia en la gestión de un conflicto, utilizando la tenencia de árboles

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como argumento de recibir agua de riego y la renta de pastos y venta de abono de corral entre comunidades con muchos pastizales y comunidades con buenas tierras agrícolas. Esto enfatiza la importancia de hacer estudios y análisis en una forma holística tomando en cuenta más que un tipo de recursos naturales y viendo el contexto intercomunal. La integración de los resultados de esta investigación-acción en las actividades de Centro Bartolomé de las Casas La investigación-acción presentada ha sido útil para el Centro Bartolomé de las Casas en varios aspectos: La metodología investigación-acción brinda una oportunidad de articular más los programas principales del Centro de Estudios Andinos “Bartolomé de las Casas”. El Colegio Andino tiene como actividad principal las maestrías y las investigaciones de tesis de sus alumnos, la Imprenta y el Editorial publica trabajos científicos relacionados con la problemática andina y la Casa Campesina implementa actividades sociales a nivel comunal y de gobiernos locales. Se percibe que la investigación-acción es la metodología más apropiada para lograr una mejor sinergia entre las dos actividades principales del Centro Bartolomé de las Casas: la investigación y la acción social. El estudio y sus acciones han sido una oportunidad para sistematizar más que 15 años de experiencias directas e indirectas en el tema de gestión de conflictos. Esta sistematización sirve para la reflexión interna de la institución y para el aprendizaje para personas al interior y exterior de la institución. Para este proceso de aprendizaje sirven productos como el informe final, los artículos publicados, el vídeo de MASAL que incluye un parte sobre conflictos y los materiales educativos que serían elaborados posteriormente al proyecto, además la participación de los participantes del proyecto en eventos de capacitación, intercambio y socialización servirá este objetivo. Las acciones de los estudios permitieron algunas acciones posteriores, sobre todo referido a los conflictos mineros. En el caso de Carhuayo la asesoría al comité intercomunal de recursos mineros es una tarea asegurada que tendrá la Casa Campesina en los siguientes años. Otro producto secundario son contactos y coordinaciones para tratar los conflictos mineros en una forma más articulada a nivel regional y nacional. Un resultado importante de la investigación-acción son los resultados obtenidos durante los talleres y otras visitas a las comunidades del estudio. Mencionamos la gestión de los últimos trámites y la colocación de hitos para la resolución del conflicto Umana-Huaynapata, las asesorías en algunos conflictos pendientes de las comunidades Santa Barbara de Huallhua y Nueva Esperanza de Ccapana y la variedad de acciones en el conflicto con la Mina Manco Ccapac en Carhuayo.

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i i Los acuerdos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas han sido firmados por el Perú y han influido la legislación peruana, mencionamos: - Convención Internacional para la eliminación de toda forma de discriminación racial; - El Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales emitido en la conferencia General de la Organización internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, 1957. - El Convenio sobre pueblos Indígenas y Tribales de la conferencia celebrada en 1989 - El proyecto de Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y - El acuerdo sobre la Identidad y derechos de los pueblos Indígenas suscrito en 31 de marzo de 1995. ii El estado peruano distingue 81 grupos indígenas establecidos en su territorio nacional iii Aunque la historia de Perú conoce muchas protestas de la población (rural) contra gobernantes y terratenientes, sólo desde el inicio de este siglo, las opiniones de la población influyeron en las políticas de varios gobiernos. La primera influencia llegó a través de la corriente indigenista. La cual estuvo constituido de varios políticos y académicos, quienes descartaron que Perú es un país indígena y no español. Esta corriente que no contaba con mucha participación de la población indígena misma, presentó una imagen idealista de los indígenas, argumentando entre otros que la sociedad moderna/europea tiene una tendencia individualista, mientras la sociedad indígena tiende hacía la colectividad. La filosofía de esta corriente ganó simpatía en la política peruana, razón importante para el reconocimiento de las comunidades indígenas en los años veinte. iv Durante la reforma agraria se decidió cambiar el nombre de las “Comunidades de Indígenas” en “Comunidades Campesinas” (para la sierra) y “Comunidades Nativas” (para la selva), con el argumento que las palabras indio e indígena eran términos denigrantes. v El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código civil y la Ley de tierras, reglamentando que las comunidades Campesinas tienen diferentes formas de adquirir tierras y estas son: tierras originarias, tierras adjudicadas, tierras reivindicadas, tierras de desmembramiento, tierras adquiridas por compra-venta vi Con la ley general de las comunidades campesinas las comunidades campesinas y nativas tenían el derecho a inscribirse en los registros públicos. vii “La cultura colonial fue dominante sobre la cultura quechua, que tenia como consecuencias la obligación de hablar castellano, ignorando el idioma maternal quechua. Fue una época de explotación, servidumbre, sin derechos y implementación de fiestas religiosas. Los invasores españoles han venido para explotar las riquezas peruanos y han desactivado el desarrollo económico de la población indígena de la región. Las tierras de las comunidades originales han sido apropiadas por las haciendas, no hubo educación para los colonos. Los campesinos solo podían intercambiar sus productos (mediante trueque). Frente a los maltratos a los colonos se empezó a organizarse en sindicatos, movilizaciones y protestas, sacrificándose con muertos.” (citación en “Propiedad y Autonomía en Comunidades Campesinas en el Perú, proyecciones desde la población”, Laats, 2000) viii “Propiedad y Autonomía en Comunidades Campesinas en el Perú, proyecciones desde la población”, Laats, 2000 ix De esta comunidad fue Domingo Huarca, líder de la rebelión campesina de la década de 1920 en Toqroyoq. Su nieto es de Tintaya Marquiri y fue el primer Presidente de la Comunidad y uno de sus principales gestores. x “Los componentes ambientales, agua aire y suelo y los sedimentos de los lechos de los ríos evaluados, demuestran que las actividades minero – metalúrgicas de BHP Tintaya s.A. vienen causando impactos negativos en la calidad de las aguas y de los suelos.” Conclusiones. COOPERACCION: Evaluación Ambiental aire, Agua y Suelos, area de influencia de las de las operaciones mineras de B.H.P Tintaya S.A.diciembre 2000. xi Ccapana fue una hacienda hasta 1974, tenía una extensión aproximada de 16,000 has. xii La otra plantación esta hasta el momento intangible. xiii Es un mecanismo consuetudinario en el sentido que la comunidad tenía un cargo de “rematero” quien cogía al ganado que había hecho daños en las chacras y los dueños. Para poder recobrar su ganado pagaban una multa que era fijada de acuerdo a la decisión de la asamblea general.

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xiv Huallhua a 15 km del pueblo de Paucartambo, en la margen izquierda del río Mapacho y del riachuelo Huacrapunko. Rotación de papas y cebada. Fue hacienda propiedad de Clímaco Corrales B. Hasta antes de 1956 en que pasa a sus herederos y lo conducía su viuda. Es hacienda hasta 1972 xv Huayllapucyo, a 7 km del pueblo de Paucartambo, en la margen izquierda del río del mismo nombre. Fue hacienda propiedad de los herederos de Plácido Corrales en 1956. xvi Umana, a 40 km del pueblo de Paucartambo, en la margen derecha del río Mapacho. Fue hacienda, propiedad de Mario Ordóñez, hasta 1973. En 1980 son inscritos como grupo campesino. En 1984 presentan un recurso para convertirse en comunidad campesina. En 1986 son reconocidos como comunidad campesina. xvii Huaynapata, a 30 km del pueblo de Paucartambo, en la margen derecha del río Mapacho. Fue hacienda de Rómulo Ordóñez, fallecido antes de 1956. Pasó a poder de su viuda. En 1973 es afectada por Reforma Agraria con 24 campesinos jefes de familia beneficiarios y en 1987 se les reconoce como comunidad campesina, su título de propiedad sale en 1995.

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