EL PROCESO DE EUSKADI

“La clave es esperar a la sentencia de

Estrasburgo para saber qué dicta so-

bre la doctrina Parot y a que ETA res-

ponda a las recomendaciones del Foro

Social con pasos en el desarme para

ver si el proceso avanza”, explicaba

una fuente conocedora de los entresi-

jos del con"icto vasco.

El último Informe del Observatorio

Social, elaborado y hecho público el pa-

sado septiembre por Lokarri –Red Ciu-

dadana para el Acuerdo, la Consulta y

la Reconciliación-, mostró un “descenso

de la percepción positiva del proceso de

paz” en los ciudadanos, que valoraron,

a través de un cuestionario, la actual si-

tuación política y social dotándola de un

5,05 de puntuación en comparación con

un 7,7 sobre 10 puntos que los ciudada-

nos dieron a la Conferencia de Paz de

Aiete, que reunió a interventores interna-

cionales que invitaron a ETA a anunciar

el cese de'nitivo de la actividad armada

en el año 2011.

Dos años después de que la organi-

zación terrorista respondiera a aquella

invitación anunciando dicho cese de'-

nitivo y apostando por vías exclusiva-

mente pací'cas, la quietud del proceso

de paz es innegable y muchos encues-

tados alertaron de que “no es una prio-

ridad política” o consideraron que “no

hay voluntad de afrontarlo”.

El coordinador de Lokarri, Paul

Ríos, ha explicado a Orden y Ley que

la solución al actual bloqueo del proce-

so de paz sería que “ETA y el Gobierno

[central] tomasen decisiones unilatera-

les por considerarlas positivas para el

proceso de paz. Es difícil que ocurra,

especialmente, por parte del Gobierno

que parece ha tomado la decisión de no

contribuir”, lamentaba Paul Ríos, “ten-

dría que haber un acuerdo amplio entre

El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña

El Gobierno central se enfrenta a dos procesos soberanistas en Euskadi y Cataluña. En un proceso

de paz bloqueado tras dos años del cese definitivo de ETA, abordando la memoria, las consecuen-

cias de la violencia y la gestión de los presos, las expectativas del derecho a decidir en Euskadi se

alejan. Mientras, Cataluña presiona con convocar una consulta, cuya fecha aún no está determi-

nada, pero que genera controversia, en caso de que se produzca, por el rechazo de parte de su pobla-

ción, su posición futura en la Unión Europea y el impacto que podría tener en su economía. Ante

los intentos soberanistas de la Generalitat se plantea desde los ámbitos conservadores la posibilidad

de abordar una tercera vía que paralice la secesión de España.

Crónica de España 56 - 57

por Josune Murgoitio

@josmurgui

los partidos políticos con participación

ciudadana que establezca las bases

para solucionar los principales proble-

mas. No se me ocurre otra manera para

tener la legitimación su!ciente para que Gobierno [central] y ETA hagan algo nuevo”, explicaba Ríos.

En este mismo sentido, fuentes con-sultadas insistieron en que el Gobierno central no piensa mover !cha y dado el impacto de la crisis económica en Eus-kadi el proceso no tiene expectativas de que vaya a desarrollarse con rapidez. “El pacto del Partido Nacionalista Vas-co, Partido Socialista de Euskadi y Par-tido Popular se ha centrado en sacar los presupuestos e intentar resolver la cues-tión del desempleo”, añadía la fuente consultada que alertaba de que tras las últimas detenciones de los 18 dirigentes de Herrira “la izquierda abertzale está parada, a la espera de que se produzca el fallo de Estrasburgo y ver si ETA mueve !cha”.

PENDIENTES DE ESTRASBURGO

“Estrasburgo apoya tumbar la `Pa-rot´ y liberar a 64 etarras y 6 viola-dores”, titulaba el diario La Razón, a mediados de octubre, y subtitulaba la noticia con “preocupación del Go-bierno”. El diario ABC hacía lo pro-pio y titulaba una publicación como “Estrasburgo, dividido, se decanta por liquidar la `doctrina Parot´” y reitera-ba la preocupación del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que la inminente sentencia del Tribunal de Derechos

Humanos de Estrasburgo derogara la doctrina Parot -regulación legislativa que alarga la condena a presos por te-rrorismo al no aplicar bene!cios peni-tenciarios sobre el cómputo máximo de la pena establecida, sino al hacer-lo sobre la pena máxima establecida para cada uno de los delitos que cons-tituyen la condena- .

El pasado 10 de julio de 2012, el Tribunal de Derechos Humanos de Es-trasburgo condenó a España por haber aplicado de manera retroactiva la doc-trina 197/2006 a Inés del Río, etarra encarcelada que tenía que haber sido liberada el pasado 3 de julio de 2008 pero que al aplicarle la denominada doctrina ‘Parot’ continuó encarcelada. El Estado español recurrió y la causa tuvo lugar el pasado 20 de marzo.

Ante las informaciones que los dia-rios publicaron, el ministro del Inte-rior, Jorge Fernández Díaz, manifestó que “es vinculante” pero que hay vio-laciones de derechos en el mundo que “merecen más atención”. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recomendó que antes de tomar una decisión se pensase en los muertos ocasionados por ETA y en los familiares que tienen a sus seres queridos “bajo tierra”.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por Án-geles Pedraza, y que aglutina a 4.000 víctimas aproximadamente, aconsejó que “a la espera de lo que diga Estras-burgo, España tiene que mantenerse !rme y no permitir que decenas de te-

Paul Ríos, de Lokarri. (Foto: EP).

Independencia y socialismo es una reivindicación que se plasma en una de las paredes de la localidad guipuzcoana de Mondragón. (Foto: J.Murgoitio).

G U A R D I A C I V I LORDEN Y LEY

rroristas queden en libertad de un día

para otro sin cumplir lo que en su día

dictaminó un tribunal”.

El pasado 12 de septiembre se

cumplió un año de la excarcelación

del preso Bolinaga que se produjo por

su cáncer terminal. La AVT denunció

que “los doce meses solo han servido

para comprobar la humillación dia-

ria que su libertad ha supuesto para

las víctimas del terrorismo”. En este

sentido, la asociación destacó que ha

sido “un año en el que hemos visto

cómo por primera vez un preso era

liberado pese al criterio de la forense

de la Audiencia [Nacional], cómo era

aclamado por proetarras a su llegada,

cómo paseaba sin problemas toman-

do vinos por los bares de Mondragón

y cómo decía en una grabación que

no estaba en absoluto arrepentido ni

pedía perdón a sus víctimas”.

Desde la Asociación se alertaba

de que “para derrotar a ETA hace fal-

ta más que nunca que exista $rmeza

institucional” es necesario que “los

terroristas cumplan íntegramente sus

condenas” y para ello un “instrumento

fundamental es la `doctrina Parot`”.

DETENCIONES DE HERRIRA

La operación policial que el Gobier-

no central llevó a cabo contra los 18

dirigentes de Herrira, el pasado 30 de

septiembre, por pertenecer a la “cú-

pula dirigente” de ETA, según el Mi-

nisterio del Interior, causó sorpresa y

rechazo en gran parte de la sociedad

vasca. En la nota de prensa hecha pú-

blica por el Ministerio, se a$rmaba

que Herrira ocupaba “el vacío orga-

nizativo dejado por las ilegalizadas

Gestoras pro Amnistía y Askatasuna

para continuar manteniendo el con-

trol y la cohesión de los presos” y,

según el Gobierno, Herrira decidía “a

qué presos se les realiza un acto de

homenaje a su salida de la cárcel y a

quienes no, dependiendo de su perte-

nencia o no al colectivo de presos de

ETA (EPPK)”. El Juez Eloy Velasco,

instructor del caso, precintó las cua-

tro sedes de Herrira y ordenó cerrar

38 páginas web, 32 per$les de Twitter

y 125 en Facebook, según los datos

hechos públicos en la nota de prensa

del Ministerio del Interior.

“Suena a viejo y rancio, algo que

pensábamos que no iba a ocurrir nunca

más”, admitía Paul Ríos al preguntarle

su opinión sobre una operación poli-

cial cuyas características no se habían

apreciado en el transcurso del proce-

so de paz. “Herrira trabajaba con la

izquierda abertzale, lo han entendido

como un ataque y los pasos de ETA se

han detenido”, interpretaba la fuente

consultada. “Es una operación dispa-

ratada. Se les detiene por organizar ho-

menajes, si organizar un homenaje es

un delito, entonces detén a las perso-

nas que lo han organizado, resulta ade-

más que el Tribunal Supremo ha dicho

en varias ocasiones que un homenaje

en el que no se grite `Gora ETA´ no es

un delito”, explicaba Ríos.

La operación policial se justi$có

también en el “control” que supues-

tamente Herrira realizaba “en las cár-

celes para que los presos adopten so-

luciones individuales cuando resulta

Dirigentes de Herrira detenidos por la Guardia Civil el 30 de septiembre. (Foto: Ministerio del Interior).

Crónica de España 58 - 59

que Herrira es uno de los grupos que

ha apoyado las recomendaciones del

Foro Social para llegar a una solución

integral con pasos individuales”, aña-

día el coordinador de Lokarri. “Puede

ser muy discutible lo que Herrira hace,

pero yo los he visto comprometidos

con el proceso de paz y las decisiones

que ha habido en la izquierda abertzale

para avanzar en vías exclusivamente

pací$cas. A mí me resulta, todavía más

grave que el Gobierno haya tomado

una decisión así”, concluía.

CONSENSOS BÁSICOS

Desde el entorno de la izquierda

abertzale, y tras las últimas declara-

ciones de Arnaldo Otegi, líder encar-

celado por el caso Bateragune, cuya

condena es rechazada por una amplia

mayoría en Euskadi, se interioriza la

idea de construir una vía política en

Euskadi para avanzar en el desblo-

queo del proceso de paz: crear con-

sensos básicos para forzar a cada una

de las partes a que aporten. “ETA

tardó mucho tiempo en poner $n a

la violencia y siempre la justi$caba

en que el Gobierno [central] era un

opresor”, relataba el coordinador de

Lokarri, “ETA siempre olvidaba que

no puede defender a una sociedad uti-

lizando unos medios que esa sociedad

no quiere que se usen”.

Por parte del Gobierno central, Paul

Ríos adelantaba que “tendría que haber

cambiado la política penitenciaria porque

se lo había pedido el Parlamento Vasco, el

Gobierno Vasco y la mayoría de los parti-

dos, pero ha hecho caso omiso”.

“No demandamos que el resto de

fuerzas políticas compartan nuestro

punto de vista pero, al mismo tiempo,

no aceptamos que tengamos que re-

negar de nuestra trayectoria de lucha

y asumir el relato de los opresores”,

señalaba el último comunicado de la

organización terrorista ETA, hecho

público a través del diario Gara el pa-

sado 28 de septiembre con motivo de

la celebración del Gudari Eguna.

ETA cali$có de “justa y legítima”

su lucha porque “ha ayudado a la su-

pervivencia de Euskal Herria y a man-

tener abierta la puerta de la libertad”.

“ETA tiene un problema de exceso a

la hora de hablar porque tiene partes

que son muy interesantes en clave de

reconciliación, pero en cuanto añade

ese punto de `no nos arrepentiremos

nunca del pasado´ crea más confusión

y motivos para que haya gente molesta

y enfadada”, interpretaba el coordina-

dor de Lokarri.

Renegar de su trayectoria de “lucha”

y no querer asumir el relato “de los opre-

sores” creó malestar en la mayoría de

los partidos políticos que reaccionaron

insistiendo en la disolución de la orga-

nización terrorista, a excepción de Bildu

que lo interpretó como una tentativa de

“tender la mano a la paz”.

ETA se mostró dispuesta a abordar

un proceso en el que se reconozca “la

verdad, el sufrimiento y las responsabi-

lidades de cada cual”, y animaba, dada

la actitud de los estados español y fran-

cés de imponer en “todos los terrenos”

y negarse a “abordar vías dialogadas de

solución al con(icto vasco”, crear vías

pací$cas en Euskadi: “un proceso popu-

lar que haga frente a todos estos ataques

y nos libere de una vez por todas de las

cadenas que nos sujetan”.

“El comunicado decía que ETA

quería que la sociedad empujara el

proceso pero no reniega de su daño”,

interpretaba una fuente. “Es un co-

municado muy de consumo interno.

Desde el Foro Social hemos pedido

a los presos que reconozcan el daño

causado”, explicaba Paul Ríos que

admitía que en el último comunicado

se encuentra implícito el mensaje de

“reconocer el daño causado” pero no

queriendo arrepentirse “por si algún

miembro de ETA que está en la cárcel

o fuera dice que va a haber un arre-

pentimiento o que se va a promover

desde la dirección que haya un arre-

pentimiento”.

DERECHO A DECIDIR

En el contexto de bloqueo del proce-

so de paz, a la espera de que el fallo

del Tribunal de Estrasburgo aliente

a la organización terrorista a dar pa-

sos para avanzar en el desarme, im-

probable por la actitud del Gobierno

central que cree “no hay con(icto”,

opinaba Paul Ríos que añadía “no ven

que haya ningún bene$cio electoral

y consideran que pueden gestionar la

actual situación sin más”, las expec-

tativas de la izquierda abertzale de si-

tuar el derecho a decidir en el epicen-

tro de la actual situación se complica,

a diferencia de Cataluña que insiste

en celebrar un referéndum y presiona

al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su

posible secesión.

El Gobierno exige a la banda terrorista ETA que entregue las armas y anuncie su disolución. (Foto: Getty).

G U A R D I A C I V I LORDEN Y LEY

“Iñigo Urkullu se ha dado de plazo

en el 2020 para el derecho a decidir y la

izquierda abertzale está muy ocupada

con los presos y los juicios”, explicaba

una fuente conocedora de los entresi-

jos del con�icto vasco que interpreta

que la situación de Euskadi y Cataluña

es muy diferente. “En Euskadi primero

tenemos que solucionar la cuestión de

la violencia y los presos”, adelantaba

la misma fuente.

En la presentación del libro Cuan-

do la maldad golpea, el pasado 14 de

octubre en San Sebastián, el ex presi-

dente del Gobierno José María Aznar

pidió públicamente “poner �n al des-

falco de soberanía nacional” que están

llevando a cabo los nacionalismos. Sin

citar expresamente al País Vasco y a

Cataluña, Aznar aludió a que se pide

“lo imposible” y se provoca “el des-

guace de la nación y el Estado”.

El proceso soberanista anunciado

por el presidente de la Generalitat, Artur

Mas, presiona al Ejecutivo de Rajoy para

que acepte la celebración de una consul-

ta o referéndum sobre el derecho a deci-

dir, mientras el Gobierno central intenta

presionar a los empresarios en Cataluña

para que tomen distancia de Mas. La

población en Cataluña cuenta con adep-

tos al proceso soberanista, pero también

existen quienes rechazan una posible se-

cesión de España.

CATALUÑA EN LA CALLE

“La alternativa de Rajoy es la ruptura.

Ruptura es que no haya consulta en

Cataluña. El camino que hemos em-

prendido es un camino sin retorno,

cuyo �nal, si el Gobierno central no lo

remedia, son unas elecciones plebis-

citarias y una declaración unilateral

de independencia. Queremos que el

Estado tome conciencia de cuál es la

situación en Cataluña”, aseguraba una

fuente de la cúpula de Convergència

de Catalunya (CDC) tras la Diada Na-

cional que tuvo lugar el pasado 11 de

septiembre, una cadena humana que,

según el Gobierno catalán, congregó a

1,6 millones de catalanes, en estima-

ciones diferentes al Gobierno central

que la cifraba en 400.000.

A pesar de la expresión masiva en

pos del derecho a decidir, el liderazgo

de Artur Mas ha quedado seriamente

dañado después de perder 12 diputa-

dos en el Parlament y con ello la ma-

yoría absoluta que requería “blindar”

el proceso soberanista. A pesar de ello,

la suma de Convergència i Unió (CiU),

Esquerra Republicana de Catalun-

ya (ERC), ICV-EUiA y Candidatura

d’Unitat Popular (CUP) alcanza los 86

diputados en un Parlament que cuenta

con 135 escaños. En este sentido, lo

que para muchos supuso un fracaso de

CiU en las elecciones para otros no de-

bería servir de excusa para paralizar el

proceso soberanista, pues la suma de

los 86 diputados muestra una mayoría

social a favor del derecho a decidir.

En contraposición con la masiva

concentración que se produjo en la Dia-

da Nacional en apoyo al proceso sobe-

ranista que el Govern pretende llevar a

cabo, un menor número de personas se

concentró en la Plaza de Cataluña el día

12 de octubre, día de la Fiesta Nacional,

para responder a la pulsión soberanista

de la Generalitat. La concentración se

produjo a tres meses de que el Parlament

�jara fecha y pregunta para la consulta

por la secesión de Catalunya, aunque Ar-

tur Mas asegura en cada uno de sus actos

públicos que la consulta o el referéndum

de una posible secesión tendrá lugar el

próximo año.

El Ayuntamiento de Barcelona

cifró en 30.000 el número de perso-

nas que asistieron a la concentración,

mientras que la delegación del Go-

bierno lo elevó a 105.000 y la organi-

zación, bajo la plataforma `Som Ca-

talunya. Somos España´, en cambio,

a 160.000 personas. Durante el acto

masivo también se extendió una ban-

dera mixta de 100 metros y emblemas

europeos para enfatizar la voluntad de

que Cataluña siga formando parte de

la Organización Internacional. El por-

tavoz de los convocantes, José Domin-

go, declaró que se había “demostrado

la obviedad de que muchos catalanes

nos sentimos españoles y no queremos

que esto cambie”.

“La mayoría silenciosa ha roto su si-

lencio. La cadena humana independen-

tista no es la única imagen de Cataluña”,

declaraba la presidenta de los populares

catalanes, Alicia Sánchez-Camacho.

“Estamos orgullosos de ser catalanes

pero que nadie nos lleve a romper la

convivencia. La `senyera`y la bandera

española están en el corazón de todos y

es más lo que nos une que lo que nos se-

paraba”, añadía Camacho.

Mientras CiU y su socio de Gobier-

no Esquerra Republicana insistían en

la celebración de un referéndum que

permita a la ciudadanía decidir, Fe-

lip Puig, diputado en el Parlament y

El 12 de octubre, más de 100.000 personas se concentraron en la Plaza de Cataluña de Barcelona bajo el lema ‘Som catalans, somos España’. (Foto: M.A.Moya).

Crónica de España 60 - 61

miembro de Convergència Democràti-

ca de Catalunya, aseguró que prefería

una consulta pactada en 2015 antes de

forzar la máquina y adelantarla al año

2014, aunque el pacto CiU-ERC así lo

disponga. La presión de la Unión Eu-

ropea se aceleró también al recordar

que cualquier secesión de una parte

del territorio de un estado miembro

implica su expulsión inmediata de la

Organización Internacional.

Las declaraciones de Puig sobre

retrasar la consulta expresaban las du-

das que otros dirigentes nacionalistas

tienen porque consideran imposible o

muy difícil que la consulta pueda ce-

lebrarse si el Gobierno central recurre

ante el Tribunal Constitucional cual-

quier intento de llevarla a cabo. Sin

embargo, desde ERC no se aceptó la

posibilidad de abrir una tercera vía y

declaró que “no tenemos que especu-

lar sobre ningún escenario alternativo

porque debilitamos la principal herra-

mienta que tenemos, la consulta”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El presidente del Gobierno, Mariano

Rajoy, intentó aliviar, en el Comité

Ejecutivo del Partido Popular, el pa-

sado 14 de octubre (dos días después

de la concentración en Barcelona del

día 12 de octubre) la inquietud de los

barones del PP, que reclamaban una

reforma del sistema de 'nanciación

autonómico ante el temor de que Ca-

talunya pudiera recibir una trato de

favor a cambio de que se intentara

frenar los planes soberanistas de Ar-

tur Mas. El presidente del Gobierno

aseguró que la revisión del sistema

“hay que hacerlo para todos, con to-

dos”, y no “para favorecer a nadie”.

El Ejecutivo de Rajoy, presionado

por la supuesta contabilidad B del Par-

tido Popular y centrado en lavar su ima-

gen de los supuestos casos de corrup-

ción que le salpican, así como rescatar

la con'anza de ciudadanos golpeados

por el impacto de la crisis económica,

intentó por todos los medios tranqui-

lizar a los presidentes populares auto-

nómicos, después de que la líder del

PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho,

planteara limitar la solidaridad entre

los territorios, un principio esencial en

la Constitución española como una ter-

cera vía a la situación de expectativa de

quiebra de Cataluña con España.

La presidenta de los populares

catalanes reclamó a su partido “lide-

razgo para dar alternativa, respuesta

y solución al problema de Catalunya,

porque las cosas no se pueden que-

dar como están y no podemos estar

sin hacer nada”. Por ello, Alicia Sán-

chez-Camacho propuso a su partido

como una tercera vía al problema

soberanista una “revisión profunda”

del modelo de 'nanciación autonó-

mica y una “nueva transición” para

detener la construcción del proceso

soberanista.

Sin embargo, la propuesta de

Sánchez-Camacho no contempla ni

un sistema como el concierto econó-

mico vasco ni la salida de Catalunya

del régimen común de la Ley Orgánica

de Financiación de las Comunidades

Autónomas (LOFCA), sino que la pro-

puesta de “revisión profunda” se basa

en limitar el principio de solidaridad

de Catalunya con el resto del Estado.

“No se pueden aportar grandes recur-

sos a otras comunidades para pagar

subvenciones y, mientras estas bajan

impuestos, en Catalunya la presión 's-

cal es muy alta”, señalaba la presienta

de los populares.

“El PP siempre ha estado en con-

tra del actual modelo de 'nanciación,

pero la prudencia aconseja que se

cambie cuando sea posible hacerlo,

no en medio de una crisis sino en una

situación de crecimiento”, explicaba

la secretaria general del Partido Po-

pular, María Dolores de Cospedal, en

su comparecencia ante los medios una

vez concluyó el Comité Ejecutivo.

Por su parte, el presidente del

Gobierno se comprometió a publi-

car las balanzas fiscales antes del

final del año, pero adelantó que la

reforma de financiación autonómi-

ca no podía hacerse en los próxi-

mos tres meses. “La financiación

ahora no toca”, aseguró el ministro

de Hacienda Cristóbal Montoro en

un intento de zanjar el debate. El

presidente de la Comunidad de Ma-

drid, ante la expectativa frustrada

de hacerse con los Juegos Olím-

picos 2020 y aliviar así la deuda

pública de la comunidad autónoma

que preside, defendió “una reforma

que acabe con las injusticias y las

incoherencias del modelo actual”

y lograr así un modelo “donde los

que más aportan no sean maltrata-

dos por el sistema de financiación y

se vean representados los intereses

de sus ciudadanos”.

El día de la Diada, miles de catalanes salieron a las calles de Barcelona para reivindicar la independencia de Cataluña.

G U A R D I A C I V I LORDEN Y LEY