La independencia no es romanticismo: es un desgarro que tiene consecuencias muy graves para la convivencia y las condiciones de vida. El Gobierno debe actuar con tanta firmeza como proporcionalidad para restablecer el respeto a la Constitución frente a quienes la violan, manteniendo el consenso alcanzado con el PSOE y Ciudadanos. Y sin cerrar nunca las puertas a una negociación futura con los representantes de la comunidad catalana, siempre que se haga en la legalidad

El problema es que los conductores de este proceso no se comportan como políticos responsables. El Gobierno ha optado por pedir al Tribunal Constitucional que se notifique a 21 personas que deben abstenerse de todo acto que pretenda dar cumplimiento a la declaración separatista de la Cámara catalana. Figuran entre ellas Artur Mas, Carme Forcadell y otros cargos políticos, pero también representantes de Ciutadans, PSC y Catalunya Sí que es Pot, de los que no cabe pensar que endosen decisiones contrarias a la ley. También un funcionario, el secretario general del Parlamento catalán, una señal de que ni él ni otros funcionarios —por ejemplo, los Mossos d'Esquadra— podrán escudarse en haber recibido órdenes políticas para excusarse por la comisión de actos ilegales.

El diario británico Financial Times publica este jueves un duro editorial sobre elproceso soberanista catalán en el que tacha de "estupidez" la "carrera hacia la independencia" y avisa de que, aunque Madrid "no debe reaccionar exageradamente", es principalmente Cataluña quien debe dar primero "un paso atrás" para no "desencadenar una profunda crisis".

El diario sostiene que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contribuido a convertir el "reto político" catalán en un "impasse constitucional" pero añade que el presidente catalán, Artur Mas, ha "actuado chapuceramente" una y otra vez.

La puesta en marcha del proceso independentista aprobado el lunes viola, según la Abogacía, media docena de artículos de la Constitución y otros dos del Estatuto de Autonomía. Vulnera al artículo 1 de la Carta Magna, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español. Vulnera el 2, que afirma la indisolubilidad de la Nación española. Vulnera el 9, que establece que todos los poderes públicos -por tanto, también el Govern y el Parlament- están sometidos a la ley y a la Constitución, algo que también recuerda el Estatut en dos preceptos. Vulnera el 23, que garantiza la participación política de todos los ciudadanos -no sólo los de una autonomía- en pie de igualdad. Vulnera el 164, que indica que las resoluciones del TC tienen valor de cosa juzgada. Y, finalmente, vulnera el 168, que regula el procedimiento por el que la propia Constitución acepta ser modificada.

BERTA