EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU VINCULACIÓN CON EL...

“Vinculaciones de los Sistemas de Educación Superior con los Estados y la sociedad:

financiamiento, rendición de cuentas, compromiso social”

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EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU VINCULACIÓN CON EL ESTADO

Ing. Leopoldo Silva. Secretario Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México Dr. Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

● Resumen Las cifras disponibles permiten establecer una clara interrelación entre el nivel educativo de la población de un país y su nivel de desarrollo en todos los órdenes de la vida humana. En este marco, la educación superior juega un papel de especial relevancia, porque en ella se forman los perfiles profesionales que inciden en la política, la economía, las artes, la tecnología y la educación de la población. Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus sistemas de educación a través de un giro a su proyecto de nación, replanteando prioridades, estrategias y metas para así establecer políticas que hicieran del tema educativo una alta prioridad, desde la perspectiva de una visión de Estado. Diversos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lograron dar un salto cualitativo en sólo tres décadas al lograr alcanzar una cobertura prácticamente universal en sus sistemas de educación básica, media superior y superior. Para ello fue necesario aplicar políticas que implicaron esfuerzos sostenidos en el gasto social y educativo. Basta señalar que, como resultado de la aplicación de dichas políticas, la tasa de cobertura de la educación superior creció de manera significativa en países como Corea del Sur, Grecia, Islandia, España, Polonia, Hungría, Colombia y Chile, entre otros. En el caso de México, se han suscitado cambios en la educación superior. La matrícula ha observado un dinámico crecimiento: entre 1950 y 1970 pasó de 29,892 estudiantes a 252,236, y para 1980 era ya de 811,281 alumnos. En este lapso la cobertura nacional se duplicó al pasar de 6.3% a 12.9%.1 Este dinamismo se ha mantenido constante y la matrícula de este nivel educativo llegó a un millón 250 mil alumnos en 1990,2 y en 2015 a tres millones 500 mil. Este crecimiento se reflejó en un aumento de la tasa de cobertura, hasta lograr un 34.1% en el ciclo escolar 2014-2015.3 Datos oficiales más recientes

1 SEP. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Estadísticas Históricas 1893-2015. Disponible en:

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html 2 Ídem

3 Quinto Informe de Gobierno, 2016-2017. Anexo estadístico. pp. 263,299



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estiman la matrícula de educación superior en tres millones 763 mil alumnos y la cobertura en 37.3% para el ciclo escolar 2016-2017.4 Sin embargo, estos cambios habrán de consolidarse para quedar reflejados en el entorno económico y social. La sociedad necesita y espera contar con técnicos, profesionales y científicos cada vez más competentes. Asimismo, necesita una producción constante de conocimiento innovador para impulsar el desarrollo del país, fortalecer la participación de la ciudadanía, mejorar la competitividad y coadyuvar a lograr mejores niveles de vida en nuestra población. México carga con rezagos que no corresponden al tamaño de su economía. La tasa bruta de cobertura en educación superior en nuestro país se encuentra por debajo del promedio de América Latina (46.55%), lo que nos ubica por debajo de países como Chile (88.6%), Colombia (55.7%), Uruguay (55.6%) y Argentina (44.3%).5 La desigual distribución del ingreso en México hace necesaria la intervención del Estado en el proceso de financiamiento de la Educación Superior, pues de otra forma las familias de escasos recursos, que son la mayoría, quedarían sin acceso a la educación superior redundando en la persistencia de una baja cobertura. En México, según la tasa de cobertura de la educación superior, las instituciones públicas constituyen la principal vía para promover la movilidad social sobre bases duraderas. Éstas se han caracterizado por su impulso a la creatividad, la innovación, la formación de valores, la cultura y el respeto a los derechos humanos. El Estado debe fortalecer las que ya existen y crear las que sean necesarias para asegurar el acceso de los jóvenes. Y es por ello que es necesario analizar el financiamiento público a la educación superior. Los rezagos del país en educación superior, ciencia, tecnología y cultura, ponen en evidencia un apoyo insuficiente en el ámbito. Por su parte, las crisis económicas recurrentes que se traducen en incertidumbre presupuestaria, así como la insuficiencia de los marcos jurídicos federal y estatal, han limitado los esfuerzos de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para contribuir a resolver la insuficiente cobertura. En lo que respecta al papel de las Universidades en su responsabilidad hacia la sociedad y el Estado, cabe decir que México ha avanzado en materia de transparencia del gasto público, y las IPES, en tanto receptoras de financiamiento público, están obligadas a la rendición de cuentas. Esto es positivo ya que la transparencia es la manifestación más clara de la garantía que se ofrece a los ciudadanos de su derecho de acceso a la información pública, pues propicia la rendición de cuentas, la entrega de resultados y la

4 Ídem.

5 UNESCO Institute for Statistics. Tasa bruta de matrícula por nivel de educación (2015). Disponible en:

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142



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consecuente evaluación. En este marco, las Universidades deben encabezar la lucha por el acceso a la información pública, pues su quehacer cotidiano en la búsqueda de la verdad necesariamente se identifica con los valores de la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, vale resaltar que las IPES tienen el compromiso social de no sólo justificar la correcta aplicación de los recursos asignados sino que, de modo más extenso, deben formar en sus aulas a profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de su país, de modo tal que si actúan como líderes políticos, su función esté sostenida sobre bases éticas socialmente responsables. Se ha extendido una falsa concepción que minimiza la necesidad de una enseñanza con enfoque ético y social, por lo que el papel de las universidades deberá ser crear y distribuir conocimiento socialmente relevante, anticipándose para desempeñar un papel proactivo y comprometido en la transformación y el cambio positivo de la sociedad.

● Introducción Las naciones modernas basan su prosperidad económica y desarrollo social sobre robustos sistemas de educación y amplio apoyo a la investigación. Especialmente el nivel superior tiene un papel protagónico en el impulso al desarrollo de un país. Ante el estancamiento prolongado de la economía y el deterioro creciente de los niveles de bienestar en México, son reiterados los llamados y exhortos de la sociedad para construir un gran acuerdo nacional que permita establecer un nuevo modelo de desarrollo, socialmente más justo e incluyente. La educación superior, la ciencia y la tecnología, resultan de especial importancia para avanzar hacia una nueva vía de desarrollo económico, social y político. Reorientar recursos y esfuerzos crecientes a la generación y transmisión del conocimiento es, sin duda, la inversión más redituable para cualquier sociedad. Las Instituciones de Educación Superior (IES), particularmente las públicas, se constituyen en un espacio fundamental para fortalecer la competitividad económica e impulsar la movilidad social sobre bases duraderas. Son también un instrumento poderoso para la creatividad y la innovación, para la formación de valores y el impulso de una cultura de respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Por ello es necesario fortalecerlas y asegurar el acceso creciente de los jóvenes a sus aulas, laboratorios, recintos culturales y espacios deportivos.



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El reto educativo que enfrenta la nación es mayúsculo: más de cuatro millones 749 mil mexicanos de 15 años y más se encuentran en situación de analfabetismo y en rezago educativo total más de 30 millones.6 Asimismo, desde hace décadas, es considerable el número de mexicanos que han sido excluidos del sistema educativo y del mercado de trabajo: se estima que alrededor de siete millones de jóvenes, cuyas edades van de los 15 a los 29 años, no estudian ni trabajan.7

● Financiamiento de la Educación Superior Al inicio de cada periodo de gobierno, el Poder Ejecutivo elabora un Plan Nacional de Desarrollo que tiene vigencia durante la administración que asume el poder después de las elecciones, que se celebran cada seis años. De manera paralela la Secretaría de Educación Pública elabora el programa sectorial asociado (Programa Sectorial de Educación). En este programa se establecen los objetivos estratégicos, políticas, objetivos particulares, líneas de acción y metas para el periodo correspondiente. Por su parte, los gobiernos estatales establecen los planes y políticas en el ámbito de sus competencias. Las particularidades del Sistema de Educación Superior en México lo caracterizan como un entramado de gran magnitud, diverso, complejo y heterogéneo. La complejidad del Sistema de Educación Superior queda constatada por el hecho de que está conformado por once subsistemas:8 el subsistema de universidades públicas federales, subsistema de universidades públicas estatales, subsistema de educación tecnológica, subsistema de otras instituciones públicas, universidades tecnológicas públicas, universidades politécnicas públicas, subsistema de universidades públicas interculturales, instituciones particulares, instituciones de formación docente, subsistema de centros públicos de investigación y otras instituciones públicas. Aún frente a este complejo esquema, es innegable que para varias generaciones la educación superior creó oportunidades para ascender en la escala social y esto, en consecuencia, contribuyó al desarrollo de México. Sin embargo, las oportunidades educativas continúan siendo escasas para una importante proporción de la población, ya sea por sus bajos niveles de ingreso familiar o por encontrarse en regiones en la cuales no hay opciones educativas de nivel superior.

6 INEA. Población de 15 años y más en Rezago Educativo. Disponible en:

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal2015.pdf 7 Cálculos propios basados en datos de la OCDE y el CONAPO. 8 En 1999, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desarrolló una clasificación de las

Instituciones de Educación Superior que ha sido de gran utilidad. Basándonos en la propuesta de la ANUIES, se hace mención de los siguientes. Cruz, Y. y Cruz, A. (2008). La Educación Superior en México. Tendencias y desafíos. Revista Avaliação, Brasil.



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La tasa bruta de cobertura en Educación Superior en nuestro país se encuentra por debajo del promedio de América Latina (46.5%); asimismo, estamos en clara desventaja frente a naciones con nivel de desarrollo comparable al nuestro, como Chile (88.6%), Colombia (55.7%), Uruguay (55.6%) y Argentina (44.3%).9 Tal situación resulta incompatible con el tamaño de nuestra economía, decimoprimera a nivel mundial,10 y no corresponde con la aspiración de los mexicanos de forjar un destino más promisorio, con posibilidades reales de ascenso social. Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus sistemas de educación a través de un giro a su proyecto de nación, replanteando prioridades, estrategias y metas para así establecer políticas que hicieran del tema educativo una alta prioridad, desde la perspectiva de una visión de Estado. Al efecto cabe citar los casos de diversos países de la OCDE, que en sólo tres décadas lograron dar un salto cualitativo que hoy los distingue por contar con Sistemas de Educación Superior de cobertura universal. En efecto, en virtud de aplicar políticas de desarrollo que implicaron esfuerzos sostenidos en el gasto social y educativo, en los últimos años la tasa de cobertura de la educación superior creció considerablemente en países como Corea del Sur, Grecia, Islandia, España, Polonia, Hungría, Colombia, Colombia y Chile, entre otros. Por el contrario, México no ha logrado remontar la situación de rezago educativo que frena las posibilidades de brindar mejores expectativas de bienestar social para el grueso de la población: sólo 21% de la población entre 25 y 34 años y el 12% entre 55 y 64 años cuenta con estudios de nivel superior.11 Esto influye negativamente no sólo en las posibilidades presentes y futuras de desarrollo económico y social, sino en la fortaleza de la vida política mexicana y en la solidez del sistema democrático. Los rezagos del país en educación superior, ciencia, tecnología y cultura, ponen en evidencia una visión restringida y equívoca del papel estratégico que estas actividades pueden y deben desempeñar para orientar el rumbo del país, fortalecer la cohesión social y estimular el crecimiento económico sobre bases sólidas. En la última década, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ha intervenido para reasignar recursos presupuestarios adicionales a los propuestos por el Ejecutivo

9 UNESCO Institute for Statistics. Tasa bruta de matrícula por nivel de educación (2015). Disponible en:

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142 10

World Economic Forum. The Global Competitiveness Index 2017-2018. Disponible en: http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-

2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_MEX.pdf 11

Education at a Glance 2016 / OECD Indicators



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Federal, y de este modo se impidió un mayor deterioro del financiamiento de las IPES. Sin embargo, su actuación ha sido reactiva e insuficiente en tanto no resuelve el problema de fondo: la inexistencia de una política para el desarrollo de la educación superior, ciencia, tecnología y cultura con visión de largo plazo. Las IPES reciben, para el desarrollo de sus funciones, un subsidio anual del Gobierno Federal determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del presupuesto de las universidades públicas estatales, éste se integra con aportaciones del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales. El subsidio de los institutos tecnológicos federales es asignado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en un conjunto de lineamientos y criterios establecidos. En 2010 México dedicó 6.7% del PIB como gasto público en instituciones y en administración educativas, a la educación superior le correspondió 1.4% de ese gasto como porcentaje del PIB.12 Para 2017, el total asignado a la educación superior implicó una reducción del 6.4% en términos reales respecto a 2016.13 De manera adicional se han establecido programas especiales bajo la figura de subsidios extraordinarios destinados a mejorar y asegurar la calidad de la Educación Superior mediante los siguientes programas:

● Programa de formación de recursos humanos basada en competencias ● Programa nacional de becas ● Programa para la inclusión y equidad educativa ● Programa para el desarrollo profesional docente ● Fortalecimiento de la calidad educativa ● Subsidios para organismos descentralizados estatales ● Carrera docente en Universidades Públicas Estatales (UPES) ● Expansión de la educación media superior y superior ● Apoyos a centros y organizaciones de educación

Las universidades públicas acceden a estos fondos a través de concursos, con los cuales dichas instituciones amplían su margen de maniobra.

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Secretaría de Educación Pública (SEP). Principales Cifras del sistema Educativo Nacional págs. 78 y 87.

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11579/1/images/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf 13

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017: Función Educación.

Disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/noviembre/notacefp0442016.pdf



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El gasto federal en educación superior ha aumentado en términos monetarios de manera constante, sin embargo es posible observar que la velocidad de su crecimiento ha disminuido considerablemente desde 2014. Es notable el contraste de una tasa de crecimiento de 14% en 2014 respecto a 2013,14 con una tasa de crecimiento de solamente 4.9% para 2015 y de 5.1% para 2016, con respecto al año anterior en cada caso.

Gráfica 1. Gasto Federal en Educación Superior

a/ Comprende también el gasto de posgrado y de Ciencia y Tecnología.

b/ Cifras estimadas. El gasto federal corresponde al presupuesto aprobado para 2016.

Fuente: 4to Informe de Gobierno, pág. 245.

El marco jurídico vigente que regula la asignación del financiamiento público que compete a cada uno de los órdenes de gobierno y a las propias instituciones, resulta obsoleto e impreciso ya que el financiamiento público a la Educación Superior mantiene, en el mejor de los casos, una tendencia inercial sujeta a las coyunturas políticas y económicas, por lo que las instituciones educativas se ven obligadas a establecer planes de desarrollo limitados para sus funciones de docencia, investigación científica y humanística, así como el desarrollo tecnológico y la difusión de la cultura. Las metas de financiamiento público para la investigación y la educación superior son sistemáticamente incumplidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. El gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental está lejos de alcanzar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que debería ser destinado al rubro; la meta de este indicador, tal como fue determinada en la Ley General de Educación, es llegar al 1% del

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Arias, M., Lillo, A., Navarro, M., Perez, P. y Valdivieso, E. (2015). La Universidad y su Compromiso Socialmente Responsable. Revista

Teseo, España.



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PIB.15 Hasta el año 2016, la inversión solamente alcanza el 0.51% del PIB,16 sin mostrar una tendencia a aumentar.

Gráfica 2. Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) como porcentaje del PIB a/

a/ Precios de mercado en un año. Fuente: 4to Informe de Gobierno, pág. 239.

Además, los montos de recursos públicos asignados en los presupuestos anuales por lo general resultan insuficientes para apoyar la operación y expansión de las IPES y los centros de investigación manteniendo altos estándares de calidad. Los fondos de financiamiento extraordinario representan una fuente importante de financiamiento de las universidades públicas estatales; sin embargo, a partir de la fusión de programas que se implementó en 2016, actualmente sólo quedan nueve. Desde otra arista, la mayoría de las IPES y los centros de investigación continúan enfrentando presiones financieras asociadas a la maduración de la planta académica y a la rigidez de los esquemas de pensiones y jubilaciones, razón por la cual se hace necesario establecer mecanismos de financiamiento que permitan, simultáneamente, ampliar y renovar la planta docente y de investigación. Finalmente, es importante mencionar que las crisis económicas recurrentes que se traducen en incertidumbre presupuestaria, así como la insuficiencia de los marcos jurídicos federal y estatal, han limitado los esfuerzos de las Instituciones Públicas de Educación Superior para contribuir a resolver la insuficiente cobertura en México. Pero dados los problemas de financiamiento, ha sido necesario establecer mecanismos para la admisión, ya que la demanda es mayor que la oferta de lugares disponibles y esto con frecuencia afecta a las poblaciones más vulnerables.

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Cámara de Diputados, Ley General de Educación. Art. 25. 13 de julio de 1993. 16

Quinto Informe de Gobierno, 2016-2017. Anexo estadístico. p. 5



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La equidad debe ser una prioridad en toda política de educación superior. La ampliación del sistema debe favorecer especialmente a los estudiantes de poblaciones indígenas, marginadas económica y socialmente. En México, estas medidas se apoyaron en dos esquemas: el programa de becas en función de los ingresos (Becas Manutención), y la creación, en regiones marginadas, de nuevas instituciones como son las universidades tecnológicas, interculturales, institutos tecnológicos y universidades politécnicas. Sin embargo, sigue siendo necesario fomentar el crecimiento de la cobertura sin poner en riesgo los avances en materia de calidad.

● Rendición de Cuentas La transparencia es la manifestación más clara de la garantía que se ofrece a la ciudadanía de su derecho de acceso a la información pública, pues propicia la entrega de resultados. Y no hay mejor vía que la educación para que la transparencia tome vida en la sociedad. La educación, por su naturaleza integradora e incluyente, se convierte en un catalizador social que conduce a la población a mejores estados de bienestar,17 la cual debe permear en la formación que reciben nuestros niños y jóvenes en las instituciones educativas de todo el país y, por tanto, en la vida cívica y pública en general. La transparencia y el acceso a la información pública se constituyen como pilares indispensables de cualquier sistema moderno de rendición de cuentas, ya que de esto depende la información veraz, oportuna y comprensible en torno a los objetivos, metas y resultados gubernamentales. Es mediante estos mecanismos que el Estado puede probar su eficiencia, legalidad y obtención de resultados. En México se dio el primer avance en la materia el día 6 de diciembre de 1977, cuando se modificó el artículo 6o. constitucional en el Diario Oficial de la Federación para establecer que “…el derecho a la información será garantizado por el Estado”.18 Posteriormente, en 2002, se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en 2016, ésta se abrogó para dar paso a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos objetivos incluyen que el acceso a la información sea mediante procedimientos sencillos y que la información sea oportuna, relevante e

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Licano, F. (s. f.). John Dewey: Educación y Democracia. Revista de Educación y Cultura, México. 18

Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de diciembre de 1997, Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación.



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integral, además de que se promueve y fomenta una cultura generalizada de transparencia y acceso a la información pública.19 La reforma de 1977, mediante la cual se adicionó un segundo párrafo al artículo 6o. constitucional con siete fracciones, estableció los principios y bases con los cuales la Federación y los Estados se regirían para el ejercicio de acceso a la información, entre los cuales se estipula que la información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y que para acceder a la información no se necesita acreditar interés alguno o justificar su utilización.20 Las universidades públicas y demás IES a las que la ley otorga autonomía de conformidad con el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizando sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación. El autogobierno en su organización académica y autogestión administrativa no implica que las instituciones estén fuera de la ley, sino que se establece con miras a hacer más eficiente el gasto del presupuesto. En este contexto legal, con la entrada en vigor de la mencionada Ley Federal, se expresa que “los órganos constitucionales autónomos…, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información”. Frente a esto, las Universidades Públicas Autónomas, señaladas por esta disposición como sujetos obligados, emitieron en su momento normatividad en la materia y, a raíz de la reforma del año 2007 al artículo 6o. constitucional, se encuentran obligadas a actualizarla conforme a los principios y bases ahí establecidos. Sin embargo, es importante señalar que dichos órganos públicos tienen sus características singulares derivadas de su autonomía, prueba de ello es que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública las consideró dentro de una categoría especial y distinta a las entidades y dependencias del poder ejecutivo, agrupándolas entre “los demás sujetos obligados”21. Es claro entonces que las IPES, en tanto receptoras de financiamiento público, están obligadas a la rendición de cuentas aun sea bajo estatutos particulares, lo cual es positivo

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Cámara de Diputados. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 2o. 9 de mayo de 2016. México. 20

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. 20 de julio de 2007. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. 21

Cámara de Diputados. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 61. 9 de mayo de 2016. México.



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ya que la transparencia es la manifestación más clara de la garantía que se ofrece a los ciudadanos de su derecho de acceso a la información pública. Esto es terreno fértil para la rendición de cuentas, la entrega de resultados y la continua evaluación. Las sociedades actuales, entre otras características, se ven fuertemente orientadas a establecer mecanismos de rendición de cuentas y la búsqueda del respeto a los derechos humanos, por lo que las instituciones públicas en su interactuar con la sociedad y en la consecución de legitimidad se ven condicionadas por estos mecanismos. En una sociedad cada vez más pendiente del ejercicio de las atribuciones de las instancias públicas con recursos públicos, las Universidades están obligadas a evidenciar en su actuación no solamente legalidad, por lo que toca en el ejercicio de sus atribuciones, sino honestidad y racionalidad en el uso de los recursos que les han sido conferidos, coadyuvando con las instancias gubernamentales en el diseño e implementación de las políticas públicas.22 Con una postura incluyente y de apertura, los sujetos obligados por las leyes de transparencia y acceso a la información pública, podrán conocer las necesidades de información, estableciendo vínculos enriquecedores con la sociedad como beneficiaria de las actividades sustantivas de las Instituciones de Educación Pública. Esta situación genera una relación de control directo del contribuyente hacia el aparato estatal; en esa relación, el ciudadano se constituye como partícipe y corresponsable de su propio gobierno, elemento fundacional de toda democracia. Las Universidades deben encabezar la lucha por el acceso a la información pública, pues su quehacer cotidiano en la búsqueda de la verdad necesariamente se identifica con los valores de la transparencia y la rendición de cuentas.

● Compromiso Social Las IPES tienen un compromiso social que se traduce en una vocación de formar en sus aulas a profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de su país y que, si en el devenir de su formación profesional llegaran a actuar como líderes políticos, sostendrían su función sobre bases éticas socialmente responsables. Se ha extendido una falsa concepción que minimiza la necesidad de una enseñanza con enfoque ético y social, por lo que el papel de las universidades implica crear y distribuir conocimiento socialmente relevante, anticipándose para desempeñar un rol proactivo y

22

Sánchez, F. (2012). Gestión de la Transparencia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Una experiencia para compartir.

Transparencia, Educación y Universidades Públicas en México. Ciudad de México.



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comprometido en la transformación y el cambio positivo de la sociedad. Para afrontar estos desafíos se necesita una reforma en la política de la universidad desde la perspectiva del servicio público, pertinencia y responsabilidad social. Las universidades latinoamericanas, especialmente las públicas, han realizado esfuerzos por fincar el papel social que les corresponde en cuanto constructoras de conocimiento y formadoras de profesionales con concepciones de la sociedad caracterizadas por una mayor justicia y equidad. De este modo, responsabilidad social universitaria se traduce en la puesta en práctica de un conjunto de principios y valores generales que no deben concebirse como algo extracurricular o de extensión, sino como una forma de ser holística,23 que articula las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables ejercidos por profesionales igualmente responsables.24 Otra vertiente del compromiso social de las Universidades tiene que ver con garantizar la calidad y pertinencia de su oferta educativa. Como mecanismo principal para evaluar estas características, a partir de la década de los setenta se instrumentaron las Evaluaciones a la Educación Superior, pero no fue sino hasta la implementación del Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno Federal, que éstas se institucionalizaron. En este programa se establecieron como acciones prioritarias las evaluaciones interna y externa permanentes de las instituciones para impulsar la mejora de la calidad de los programas educativos y de los servicios. También se estableció como meta la creación de una instancia para articular un proceso nacional de evaluación de la educación superior. Para lograr este objetivo, la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) creó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) en 1989, la cual diseñó la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, sustentado en tres líneas de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la evaluación del sistema y los subsistemas de educación superior y la evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones.

23

La visión holística hace referencia a la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor

que la suma de sus partes. 24

Arias, M., Lillo, A., Navarro, M., Perez, P. y Valdivieso, E. (2015). La Universidad y su Compromiso Socialmente Responsable. Revista

Teseo, España.



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En 2001 se creó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y se inició la construcción de un Sistema para la acreditación de los programas educativos. La función del COPAES es regular los procesos de acreditación y certificar la capacidad académica, técnica y operativa de las agencias de acreditación.

● Retos Los retos del Sistema de Educación Superior se vinculan con su tamaño y complejidad. Algunos de estos retos son también consecuencia de la dificultad de lograr una coordinación efectiva de las políticas nacionales, estatales e institucionales, así como la discrepancia entre estas políticas y las costumbres, intereses, visiones y reglas del juego de los distintos actores. Los problemas que enfrenta la educación superior se concentran en una falta de recursos para financiar su operación, así como una insuficiente capacidad para ampliar la cobertura, avanzar en el mejoramiento de la calidad y pertinencia de su oferta educativa, y profesionalizar a su personal docente. La Educación Superior se debe constituir en un sistema innovador y dinámico que favorezca la colaboración interinstitucional y que promueva nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Para ello, las IPES deberán diagnosticar correctamente las necesidades sociales existentes y, con base en ello, diseñar programas que aseguren la pertinencia de su oferta educativa. Es necesario que las IES proporcionen a sus alumnos elementos para su desarrollo integral por medio de contenidos curriculares planteados en torno a la adquisición de competencias y habilidades, no solo de conocimientos. También, habrá que garantizarse los recursos humanos idóneos para la consecución de dichos objetivos. En el ámbito de la ciencia y la tecnología es preciso fomentar la vinculación Empresa-Instituciones de Educación Superior para que la investigación y desarrollo que se realiza en las IES realmente resuelva necesidades pertinentes al entorno productivo. En el fomento del arte y la cultura, es importante que las IES participen y coadyuven en la preservación de la multiculturalidad del país, además de fomentar las actividades extracurriculares relacionadas con las artes. Hace falta actualizar el marco jurídico vigente para establecer criterios de asignación de los recursos públicos que favorezcan la planeación a largo y mediano plazo del desarrollo de las Universidades Públicas. Asimismo, es preciso reforzar la operación de los fondos y



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programas de subsidio extraordinario, para que las Universidades Públicas puedan enfrentar sus rezagos más apremiantes. La mayoría de las IES y centros de investigación en México, continúan enfrentando presiones financieras asociadas a la maduración de la planta académica y la rigidez de los esquemas de pensiones y jubilaciones. Es necesario establecer mecanismos de financiamiento que permitan, simultáneamente, ampliar y renovar la planta docente y de investigación.

● Conclusiones

Las IES han contribuido al fortalecimiento de la democracia, la movilidad social y al desarrollo económico del país. El Estado debe favorecer su desarrollo para que coadyuven a la solución de los problemas nacionales. Para ello se requiere que las IES tengan una capacidad de respuesta y adaptación a la nueva realidad, caracterizada por un vertiginoso desarrollo del conocimiento. Para construir un México más justo y equilibrado socialmente es necesario reforzar el Sistema Educativo Nacional, con especial énfasis en el fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Pública. Con respecto al financiamiento de la educación superior, es imperativo instrumentar una política de financiamiento con visión de Estado ya que, pese a las tensiones que enfrenta el país y la incertidumbre económica, las IPES no han dejado de cumplir su misión. Están en paz y trabajando, compartiendo el objetivo común de forjar un futuro más promisorio para los mexicanos y, en ese sentido, contribuyen decididamente a la estabilidad y gobernabilidad. Es necesario construir los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno y las propias instituciones educativas de nivel superior, para realizar los cambios institucionales que permitan dar un renovado impulso al desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la cultura. Para ello se deben impulsar, como temas prioritarios de la Agenda Legislativa, las reformas jurídicas que confieran pleno sustento a la reorientación de las políticas de Educación Superior, ciencia, tecnología y cultura con una visión de largo plazo. Dichas políticas deben favorecer el financiamiento destinado hacia esas actividades fundamentales para el desarrollo nacional, y elaborar una estrategia de financiamiento



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plurianual del gasto público que asegure certidumbre y suficiencia a la planeación del conjunto de las IPES.



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● Bibliografía

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Gobernación.

Cámara de Diputados. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 61. 9 de

mayo de 2016. México.

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